Aspersiones aéreas con glifosato: una medida que no va a lo estructural

19 abril, 2021

Aspersiones aéreas con glifosato: una medida que no va a lo estructural

Esta es la quinta, y última, entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente

Por: Laura Cano y Sergio Saavedra

Esta semana estuvo en vilo un tema por el que desde hace años las comunidades afectadas han estado reclamando: las aspersiones aéreas con glifosato. Esto, luego que el Gobierno Nacional firmara el Decreto 380 de 2021 elaborado por el Ministerio de Justicia, mediante el cual se dio todo un marco legal para que esta política pueda ser aplicada. Éste se convirtió en un nuevo intento para que vuelvan las fumigaciones, y esta vez parece que tendrá luz verde… La decisión final para el regreso de las aspersiones está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, el que deberá evaluar los requisitos y determinar qué procede.

Con esto es necesario señalar algunos de los puntos que dicta el documento, pues, por ejemplo, se indica que los eventos en salud y las quejas, serán atendidas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). Asimismo, se pone sobre el papel que no podrán ser intervenidas las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los Parques Nacionales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

Claro, hay que resaltar que cuando se traten de tuteles, estas serán competencia  del Consejo de Estado, pues hay que recordar que recientemente también fue emitido el Decreto 333 y, más precisamente, en el numeral 12 se señala que cuando un ciudadano presente una acción de tutela contra decisiones tomadas por el presidente, la única instancia que la resolverá será el Consejo de Estado, anulando la competencia en este tema de los juzgados regionales, los cuales venían emitiendo decisiones a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas.

Justamente, una de esas disposiciones emitidas por un juzgado regional fue la dada por el Juzgado de Pasto el año pasado, cuando ordenó suspender las audiencias de la ANLA para el regreso de la aspersión aérea al considerar que no se cumplían con las condiciones suficientes para demostrar la participación real y masiva de las comunidades afectadas. E incluso, iniciando este año, luego que  el Gobierno certificó 104 municipios de Nariño para asperjar con glifosato, el mismo  Tribunal suspendió esa decisión por el mismo motivo. Hay que recalcar que dichas denuncias acerca de nula la participación de las comunidades en estas determinaciones, fueron alertadas por organizaciones campesinas y cocaleras.

Por otra parte, hay que nombrar, que según lo dicho por el Gobierno, erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $1.8 millones mediante la aspersión aérea, lo que, como argumenta, es el medio más económico, pues lo compara con lo que cuesta esto mediante aspersión terrestre ($4.8 millones), a través de los Grupos Móviles de Erradicación (GME) (3.2 millones), o por medio  de la Fuerza Pública (3 millones). Hay que aclarar que hay organizaciones que han alertado que este camino no es tan beneficioso económicamente como dice el Gobierno. Y es que además estos son costos económicos, pero, como se ha insistido, la discusión debería ir por otra vía…

Otra vía que tuviera principalmente en cuenta en lo que por años se ha venido insistiendo: los costos sobre el ambiente y la salud humana; la primera relacionada con la contaminación de recursos hídricos, así como al daño a cultivos lícitos, y la segunda afectación, y como ha quedado demostrado en diversas investigaciones, conectada con las consecuencias evidenciadas físicamente en irritación de los ojos y de la piel, daños en el sistemas respiratorio y a nivel pulmonar, mareos, descenso de la presión sanguínea, dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas renales. Pero lo que es más importante es la aparición de enfermedades de tipo crónico; desarrollo neurológico anormal, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos e incidencia en la aparición de cánceres.

Sobre esto precisamente, además, no solo han sido estudios científicos, también las comunidades que se han visto afectadas por este tipo de políticas han denunciado directamente las consecuencias de la aspersión. Marino Hurtado, líder del municipio del Timbiquí (Cauca), le contó a Pares que: “Todavía hay gente pidiendo indemnizaciones por los daños causados principalmente con cultivos que se dañaron y todavía no sabemos cómo recuperar. Situación que ha afectado a toda la comunidad, donde hay cerca de 14.000 habitantes, pues, por un lado, hay que decir, que hay comunidades que no tienen acueducto, y muchas veces ese químico era tirado al río sin ningún control, lo que afectó a la gente que se abastecía del río, donde además de consumirse esta agua, también se navegaba por ella”.

Por su parte, desde el Catatumbo Olger Pérez, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) narró lo siguiente: “En el año 2000 empezaron las fumigaciones, prácticamente fueron del 2000 al 2008 los años en los que se fumigó todo el campo del Catatumbo, no solo fueron los cultivos uso ilícito, también fueron los de pancoger, fumigaron los potreros, los nacimientos de agua, además de los campesinos a quienes les cayó el veneno y que a los pocos meses empezaron a tener enfermedades y después fallecieron”.

Esto es solo una muestra, que, como afirmaba Marilem Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos y lideresa campesina del departamento del Cauca, pareciera que ahora “el problema del glifosato pareciera que se quiere borrar de un brochazo”, pues aun con todo esto se sigue insistiendo institucionalmente en irse por el camino de las aspersiones aéreas con este químico como parte de esta guerra antidrogas, que lo único que ha dejado a su paso es la agudización de los conflictos que se viven en los territorios.

Con esto es necesario traer a colación que según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Colombia en 2019 se registraron 154.000 hectáreas  de hoja de coca, lo que, como se informó, significaba una reducción del 9% respecto al 2018, año en el que las hectáreas fueron 154.000. Asimismo, hay que decir que iniciando año en la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa se aseguró que, supuestamente, para 2020; Colombia alcanzó la cifra más alta de erradicación de cultivos ilícitos con más de 130 mil hectáreas. En ese momento desde la Fundación Paz y Reconciliación se alertó que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadraban, e Incluso, que podrían estar siendo infladas.

Esto, como se explicó en su momento, se evidenciaba en cuatro puntos desarrollados por Ariel Ávila:

  • Si se analiza la cantidad de contingentes militares que hay para la erradicación frente a las hectáreas erradicadas las cuentas no dan. En dicho caso, habría zonas en las que los contingentes militares tendrán que trabajar 24 horas, no dormir, no comer; para poderse acercar a esa cifra.
  • Hay departamentos con erradicación muy alta, además sustitución voluntaria a través del PNIS y, a pesar de ello, a finalizar el periodo las hectáreas de cultivo de hoja de coca aumentan.
  • Este escenario obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía.
  • Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto.

Este año, primero, se insiste en la aspersión aérea con glifosato bajo el argumento de la seguridad nacional, y por otra parte, el Ministerio de Justicia afirma que a febrero  se habían erradicado 7.234 hectáreas de cultivos ilícitos, más del doble que en el mismo periodo del 2020, cuando se erradicaron 3.405. Es decir, se puede agudizar tanto el panorama de las cifras del 2019 y las denuncias que surgieron con éstas, como las afectaciones que han venido haciendo evidentes las comunidades.

¿Qué soluciona la aspersión aérea?

Esa es la pregunta que surge con todo lo ocurrido esta semana, pues los líderes, lideresas y expertos en el tema, además de las personas que habitan los territorios donde anteriormente se han llevado a cabo este tipo de políticas, han sido insistentes en decir que, uno, históricamente esto no ha reducido el problema, y, por el contrario, ha estado lejos de solucionarlo estructuralmente.

Esto partiendo en que, por ejemplo, se ha afirmado que una vez se erradica hay una resiembra casi que inmediata, pues “el campesinado va a resembrar una, dos hasta tres veces. Además, no se está tratando el tema como debería ser; al narcotraficante no le pasa nada, pero al campesino que siembra se le está tratando como narcotraficante. Adicionalmente, por ningún lado se le está dando un sentido social, siendo este enfoque el que debería ser principal, pues si hay inversión en el territorio el campesino no va a sembrar coca. A esto se suma que lo que han resaltado son los atropellos militares, y ahora con el envenenamiento de nuestras tierras, aguas y bosques”, advirtió José David Hernández Gandía, coordinador de COCCAM en Antioquia y delegado a la comisión política nacional.

Ese sentido social del que hace referencia Hernández fue retomado por todas las fuentes consultadas por Pares. Marino Hurtado, aseveró que: “La fumigación el Gobierno la ha convertido en un negocio, le sacan provecho, pues contratan a sus amigos y ahí saca ganancias. Desde que se ha hecho fumigación en Colombia eso no ha sido una solución, pues fumigan y dejan la gente ahí, sin ningún proyecto; a cambio de fumigación no hay nada y con ese panorama la gente vuelve y siembra. La solución en mi concepto es llevarles a los campesinos proyectos productivos y promover la demanda de lo que estas comunidades producen”.

Además, Marino agrega que en la falta de alternativas “está el problema, pues al no encontrar cómo subsistir, la gente empieza a desplazarse, pues, ¿qué se queda haciendo allá? Esto es un problema grave, porque la gente en su territorio tiene una cultura, unas costumbres y entonces también es una afectación a ese ámbito. Puntualmente en el caso de Timbiquí es un ataque mortal, pues nuestras costumbres son muy diferentes a las de los blancos, a la de los mestizos”.

Así, uno de los llamados, que está lejos de ser solucionado con la aspersión aérea, es evitar “ que los/as campesinos se deban desplazar, irse a las ciudades a improvisar, cuando la vida de éste ha sido siempre el campo. Pero si no hay ayudas reales, esto muy difícilmente va a pasar, pues el que se podría decir que ahora está invirtiendo en el campo es el narcotráfico, lo que ha llevado a que el campesinado se aferre más a esa economía –cultivos de uso ilícito-, pues les genera ganancia; lo que siempre se le ha pedido al Gobierno, pero nunca lo ha hecho. Si el Estado se deja suplantar por el narcotráfico, cada día va a ser más difícil cambiar esto”.

Lo principal: soluciones escuchando a las comunidades

El Decreto 380 de 2021 deja escrito que la participación ciudadana efectiva deberá garantizarse antes, durante y después la ejecución del programa de erradicación, no obstante, dicho punto pareciera ir en contravía de las consideraciones que insistentemente han venido haciendo las comunidades, lo que deja en entredicho la participación a la que dice el Gobierno Nacional estarle apostando.

Así, hay que mencionar que, según el Unodc para el 2020 –inicios- habían sido erradicadas 41.370 hectáreas de forma voluntaria y asistida, y para ese momento se habían vinculado 99.097 familias beneficiarias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-. De las cuales, 67.237 corresponden a cultivadores de ilícitos, 15.000 campesinos que no cultivan ilícitos, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.860 son recolectores de hoja de coca. Estas familias están ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos. Sin embargo, a pesar de estas cifras solo el 2% de las familias en el PNIS han podido arrancar proyectos productivos diferentes a la coca.

Esto pone sobre la mesa que las comunidades han estado lejos de ser el centro de la agenda del Gobierno Nacional respecto a este tema, que además, como se ha denunciado, ha incumplido constantemente con acuerdos a los que se habían llegado con las personas que habitan los territorios priorizados, por ejemplo, para la implementación del PNIS, y sin bastarle, ahora sigue empecinado con una política que ha sido ampliamente rechazada: la aspersión aérea de glifosato.

Por eso se vuelve una prioridad hacer eco a las propuestas que han sido reiterativas desde quienes han estado directamente relacionados con esta problemática, que en principio parten del diálogo y el reconocimiento de procesos que por años se han desarrollado desde organizaciones campesinas y cocaleras, por ejemplo.

“La solución es el diálogo, una esperanza de diálogo para la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos con garantías de demanda. Que la gente pueda recibir dinero a cambio de sus productos. La fumigación produce más problemas, más pobreza, más violencia. Necesitamos presencia del Estado antes que fumigación. Necesitamos proyectos y que nos lleve a una solución pronta”, advierte Marino Hurtado.

Desde la COCCAM, José Hernández adiciona que  se ve urgente “la implementación del PNIS, pues este programa, con todos los baches que tiene, es el único que está diseñado para una transformación del territorio. Es el único que se pensó para que el campesino se salga del cultivo de uso ilícito sin represalias, pues se permite que se cambie esta economía ilícita a una licita, pero lo único que hace falta es implementarlo; lo más importante. (…) El Estado debe dar las garantías de aspectos como lo son cadenas de comercialización para los productores, es decir, plantas de transformación, acopios, cooperativas, vías terciarias y, en general, un engranaje entre las instituciones y los ministerios trabajando hacia un mismo lado para que el campesinado pueda transformar sus productos y venderlos, no como materia prima, sino como un producto transformado para que la ganancia le quede directamente”.

Que a la fecha estas propuestas, que si bien parten desde lo individual, representan un panorama colectivo, no estén siendo la solución a la que el Gobierno Nacional decida apostarle, sigue demostrando que todavía el problema histórico y estructural del campo está lejos de ser resuelto, pues incluso dándose pasos con el Acuerdo de Paz “Duque prefiere no implementarlo y continuar con algo que no ha dado resultado”, comenta Olger Pérez desde el Catatumbo, región donde el regreso de las aspersiones, como puntualiza el líder, es “echarle más gasolina al fuego; al conflicto que persiste en esta región; pues con esta política seguramente va a haber un desplazamiento masivo de campesinos, se van a aumentar los enfrentamientos y esto lo que va a traer es desesperación, muerte y dolor; lo que siempre hemos vivido en esta zona”.

Por último, hay que mencionar, que así como en el Catatumbo, la profundización del conflicto y las victimizaciones es un riesgo general con esta medida que está promoviendo el Gobierno Nacional, todo, mientras “el campesino siempre ha reiterado que existe voluntad de sustitución, siempre y cuando se garantice una política agraria eficaz, pues la solución no es violenta, armada, ni atentando contra la naturaleza”, concluye Pérez.


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Artículo por: Laura Natali Cano Murillo @ | Publicado: Hace 4 semanas

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