En este año la dinámica violenta que se recrudeció en el 2020 no ha cesado. Las victimizaciones siguen siendo casi diarias, y lo más crítico, es que pareciera que el panorama no está próximo a cambiar. Solo en las últimas semanas se han reportado asesinatos de firmantes de paz (Fayber Camilo Cufiño Mondragón -14 de abril- y Pablo Ramírez Yate -1 de abril-), y a líderes sociales (Rafael Domico Curupia en Dabeiba, Antioquia -06 de abril- y Albeiro Hoyos en Anorí Antioquia -05 de abril-).
Adicionalmente, y siguiendo datos del Sistema de Información Sipares, en lo que va de abril se han registrado 14 hechos victimizantes; días en los que, además de los hechos mencionados anteriormente, también se han reportado desplazamientos forzados tanto en Cáceres, Antioquia, como en Pueblo Rico, Risaralda. Adicionalmente, en Antiqouia se alertaron confrontaciones armadas entre Los Caparros y el Clan del Golfo, mientras que en Tumaco hubo una incursión armada en el resguardo indígena Awa Palmal de Imbi. En esta misma zona de Nariño, en el barrio Obrero, hombres armados llegaron a la vivienda del joven José Arnold Vergara Hurtado, a quien condujeron a zona de manglar, en este mismo sector, y minutos después fue asesinado. Por otra parte, en Circasia, Quindío, La Plata, Huila y Santander de Quilichao, Cauca, fueron cometidas tres masacres –una en cada municipio-, en estas fueron asesinadas 11 personas.
A esto se suma que las a,enazas sigue siendo un pan de cada día: en Pajarito, Paya y Pisba, Boyacá se viene advirtiendo la reconfiguracion de grupos paramilitares luego que fueran entregados panfletos amenazantes a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta misma situación se repitió en Pore, Nunchía, Maní, Tauramena y Monterrey en Casanare. A esto se suma, que más recientemente, el Grupo armado organizado Caparros amenazó al alcalde encargado del municipio de Caucasia, Ferney Álvarez. Al parecer las amenazas de muerte se deben a una denuncia que realizó sobre la responsabilidad de este GAO por los reclutamientos de menores de edad.
Este escenario de zozobra también se vive en la región cercana al Bajo Cauca Antioqueño; el Sur de Córdoba, donde la semana pasada fueron amenazados más de 600 docentes por disidencias del frente 18 de las Farc. Amenazas a docente: una estrategia contra el tejido social
Si bien el panorama no es alentador, uno de los hechos que causa cuestionamientos son las más recientes amenazas contra estos docentes, que además hay que recordar, es el segundo hecho de este tipo en poco más de un mes, pues iniciando febrero fue denunciado que en Ituango el Frente 18 de las disidencias de las Farc amenazaron a 121 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar distintos cargos en la zona. Prácticamente la amenaza iba en el mismo sentido de las más reciente: los/as profesores asignados no podían llegar al municipio, y los que por esta convocatoria habían llegado a la zona debían abandonarla. Pues bien, esta vez el escenario no cambia mucho, y uno de los puntos a señalar es que tanto Ituango como la región del Sur de Córdoba hacen parte del Nudo de Paramillo, una gran región en donde las comunidades están enfrentadas a los embates de la violencia producto de la disputa entre los Grupos Armados PostFarc (GAPF) y las AGC o Clan del Golfo.
Ahora, trayendo a colación lo que está sucediendo en el Sur de Córdoba, hay que indicar que fue la Asociación de Maestros y Maestras de Córdoba, la organización que alertó sobre las amenazas que recibieron docentes a través de panfletos en los que se les prohibía el ingreso y se ordenaba salir del territorio a quienes ya había llegado a los municipios de la región, “coartando de esta forma la posibilidad de vinculación laboral”, se asevera en el comunicado de la asociación.
Panfleto amenazante que circuló en municipios del Sur de Córdoba
Tras ambas comunicaciones –tanto del grupo disidente, como de la asociación de maestros-, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, como se citó en El Heraldo, indicó que desde la Gobernación “rechazamos de manera categórica la amenaza contra los docentes y en general contra cualquier habitante de nuestro departamento. He pedido a las autoridades individualizar la situación en cada caso y de igual manera solicité las denuncias específicas de forma puntual por parte de cada uno de los docentes con el ánimo de poder brindar todas las garantías de protección de manera oportuna”. En total son 633 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de méritos para ser nombrados en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, o zonas de conflicto, concretamente en Tierralta, Valencia, en la subregión del Alto Sinú; mientras que en la subregión del San Jorge, los priorizados fueron Montelíbano y Puerto Libertador.
En relación con esto hay que decir que en el Sur de Córdoba hay fuerte presencia del Frente 18 de las disidencias, y Los Caparrapos en disputa con la AGC. Además, y partiendo de la premisa de que una de las problemáticas que agudiza el reclutamiento forzado es el problema estructural educativo, hay que nombrar que la Fundación Cordoberxia informó en el pasado mes de febrero, que 15 corregimientos del Sur de Córdoba de los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, estarían en alto riesgo de reclutamiento forzado de menores.
Además, en este amplio espectro de victimizaciones en la región, la Defensoría del Pueblo ha estado alertando desde 2018 el riesgo en que se encuentran las comunidades que habitan en esta zona, donde luego de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, se ha multiplicado la presencia de actores armados ilegales en el departamento. Como se señala desde el organismo, “de la defección inicial del Frente Virgilio Peralta Arenas de las AGC y de la configuración del Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruíz-Cacique Coyará de las FARC, se ha dado paso a actuaciones individuales de cada actor y complejas alianzas entre estos en áreas específicas”.
En esa amplia presencia de grupos armados ilegales hay que señalar que desde la Defensoría se alerta que todos están acudiendo al reclutamiento para fortalecer sus filas, y así poder continuar la disputa que hay en la región. En relación con esto desde Verdad Abierta un funcionario del organismo –que había solicitado al medio mantener en reserva su identidad-, había expuesto que “(…) Estos grupos –como una de las forma de vinculación de menores- van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”. Como se señaló más arriba es necesario hacer referencia a esto, puesto que la situación que ahora se denuncia de amenazas a docentes, como las denuncias de abandono estatal y falta de garantías de educación en las que han venido insistiendo quienes por años han desempeñado esta labor de enseñanza y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, tiene mucho que ver con las situaciones de violencia que afectan directamente a las y los menores.
En este sentido vale la pena señalar que en esta disputa los docentes no han sido ajenos a la guerra que le ha tocado a esta zona y al país en general. Hay que mencionar que en un estudio del año 2019 de la Fundación Compartir se logró establecer que 1.579 maestros/as de las zonas rurales del país han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años; 1.063 docentes (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población; 201 (12,7%) sufrieron secuestros; 200 (12,6%) fueron desaparecidos/as.
Justamente, y más puntualmente sobre este tipo de victimizaciones en Córdoba, la Defensoría del Pueblo publicaba un informe en el 2018 en el que se citaba que: “Una población afectada desde hace varios años por este fenómeno son los docentes. En 2012, durante una reunión, las directivas de la Institución Educativa Río Cedro – El Cedro, Moñitos, Córdoba- denunciaron las llamadas extorsivas y amenazas de las que era objeto el docente Jorge Eliecer Zabaleta. Éste debió abandonar la localidad, en compañía de su esposa y dos hijos menores de edad, luego de que personas que se identificaron como integrantes de los Urabeños, amenazaran con asesinarle a él y su familia si no pagaba la suma exigida”.
En relación con todo lo anterior desde Pares se habló con una persona líder y docente, con quien se dialogó acerca de las amenazas recibidas recientemente, pero también respecto al panorama actual de la región, que a su vez está atravesado por un contexto histórico de esta zona. Pares: ¿En qué contexto, puntualmente con los docentes, se da esta amenaza que fue informada por parte de Ademacor?
Hay dos situaciones que hay que decir en relación con la amenaza. Por un lado, hay un grupo de docentes que durante años se desempeñaron en labores de enseñanza en medio del conflicto en el Sur de Córdoba. De esos docentes unos pudieron profesionalizasen, a otros el conflicto les impidió salir y estudiar, pues a toda persona que salía de la zona, los grupos armados asumían que eran los que llevaban y traían información. De hecho, hubo un docente que se llamaba Elkin Gómez que lo asesinaron porque llevó una cámara al municipio donde trabajaba, pero ese aparato lo había llevado porque lo necesitaba para su proyecto de grado, el cual requería hacer unos registros de su trabajo. Eso le costó la vida.
Por otro lado, en el Decreto 882 de 2017 se decía que se debía hacer un concurso cerrado de docentes, para dar la oportunidad que quienes habían hecho esta labor la pudieran seguir haciendo en sus territorios y que no fueran desvinculados, esto evitando la contratación de docentes de otros lados. Pero, resulta que el Ministerio de Educación abrió la convocatoria y la mayoría de profesores no pasaron el concurso.
En los territorios en los que ellos/as estaban venían aportándole a la reconciliación, a la paz, incluso en contextos tan adversos como los actuales. Ese trabajo se verá afectado si quienes empiezan a ejercer esa labor son ajenos a las dinámicas de la región, pues hay que resaltar que es una zona permeada y controlada por los actores armados, y además, por ejemplo, en el casco urbano no habría presencia de estos docentes, ellos/as irían solo a zonas rurales y en estos puntos todo se complejiza más, pues además los riesgos son mayores para estas personas, pero a su vez para la comunidad y para los/as niños/as. Entonces, por un lado, está el riesgo al que los grupos armados exponen a estos docentes, pero también, está la problemática de las pocas garantías laborales de los docentes que venían laborando en el territorio y sobre quienes debe haber una especial protección, pues además de estipularse en reglamentos jurídicos, también debería darse por lo que han venido construyendo en los municipios.
Pares: Laboralmente hay un vacío institucional, y esto es lo que usted exponía en la anterior respuesta. Para los maestros/as que han venido ejerciendo por años esta labor, ¿cuáles son las condiciones que ahora tienen?
Las condiciones son críticas y desfavorables. Hay una masacre laboral y una constante vulneración de los derechos, cuando, por ejemplo, a mí junto con mis compañeros/as nos tocó educar con las balas; nos tocaba meternos debajo de los pupitres o tirarnos al rio para salvaguardar nuestras vidas. Debíamos de alguna forma ver cómo se enseñaba en la región porque hubo años donde nadie quería ir a estas zonas dado el conflicto armado, y eso se entiende, pero ahora que hay condiciones diferentes –no completamente favorables- sí quieren contratar gente de afuera mientras que aquí no se ofrecen alternativas para quienes ejercimos esta labor. Eso duele. Y sobre todo, porque el mismo Acuerdo de Paz establece como medida de reparación la garantía laboral, y el Gobierno lo incumplió a través del Decreto 882.
Pares: Por otro lado, ¿en este momento cuál es la situación de seguridad en la región?
La situación de seguridad en el Sur de Córdoba está muy compleja porque hay presencia de diversos actores armados. Anteriormente se sabía que en ciertas zonas estaban ejerciendo el control grupos específicos, pero ahora ni se sabe quiénes son. Claro, tenemos conocimiento que está el Clan del Golfo, Los Caparros y las disidencias de las Farc, principalmente, pero sus dinámicas son complejas, por lo que hay una constante disputa.
Hay mucha desconfianza y miedo en el territorio, y esto es a raíz de las constantes vulneraciones. Por ejemplo, nosotros/as los/as docentes somos defensores de la vida y protectores de los/as niños/as e insistimos por entornos escolares seguros, pero en este momento el reclutamiento forzado y la prostitución de las niñas son grandes preocupaciones. Hay una red de proxenetas a través de los actores armados que se llevan niñas de 12, 15 años para los capos o jefes paramilitares. Esto se volvió uno de los riesgos más críticos para todas las mujeres, pues además no sabemos cómo actuar, ya que vemos que cada vez estas estructuras controlan más. Lo otro es la poca confianza con entes institucionales por la permeabilidad que tienen los actores armados con estos organismos por medio de personas que trabajan en estas instituciones. Es muy grave, todo está muy delicado, pasan cosas, nadie dice nada y quienes alzamos la voz inmediatamente recibimos amenazas.
Pares: Este panorama de la problemática educativa, ¿cómo está relacionado con esto que usted está denunciando respecto a estos riesgos a los que están expuestos niños y niñas?
En el sector rural del Sur de Córdoba se labora mediante una figura de educación contratada, ésta siempre está llegando al territorio entre marzo y junio y termina en noviembre, lo que significa que es muy fácil que no se dé el ciclo completo de educación, lo que genera, a su vez, que se acelere un proceso de afectación a la educación que se ve en que, por ejemplo, los niños de 14 y 15 años se encuentran todavía entre los grados 4, 5 o 6, y cuando ellos/as llegan al casco urbano a finalizar sus estudios no pueden ser recibidos, pues están por fuera del rango de edad quedando así sin poder continuar sus estudios.
Con ese panorama el grupo armado se convierte en una posibilidad, pues ven que allí podrían llegar a tener más garantías; eso es lo que se dice en el discurso para reclutar; les ofrecen cerca de un millón por estar allí, o, a las niñas les brindan motos, ropa, joyas y, por supuesto, dinero. Así las cosas, dentro de su proyecto de vida ya deja de estar la escuela. Esta es una situación que desenlaza de todo este problema histórico con las garantías de educación que siempre ha puesto a los/as menores como presa fácil de los grupos armados ilegales.
Pares: ¿Cómo funciona puntualmente esa educación contratada a la que hace referencia?
Con la educación contratada en Córdoba, por ejemplo, estas plazas de ahora no entraban en concursos de la CNSC. Fue hasta ahora, con este concurso que pasó, que se incluyeron plazas de algunas zonas en este tipo de dinámicas. Que la contratación sea así, y lo haya sido por tanto tiempo, ha generado que esta contratación sea parte de una hegemonía, una corrupción política en el departamento. Esto porque la educación contratada es un fortín para los grupos políticos.
Pares: Con todo esto: las pocas garantías laborales, las amenazas, el contexto violento y el modelo de contratación. ¿Cuál es el mensaje que hoy se envía al Gobierno Nacional y entidades departamentales sobre esta situación?
Nosotros/as pedimos que realmente se reglamente el Decreto 882 que contempla el recurso del concurso docente, para que se garantice, primero que todo, la estabilidad laboral de quienes ya estaban en el territorio. Es decir, que se estudien las formas de cómo se quieren hacer las cosas. Y por supuesto, que haya inversión. En esta subregión se debe hacer una alfabetización responsable, ojalá, en manos de quienes conocen las dinámicas de la región.
Ahora, hay que decir, que en este momento ya hay muchos docentes desvinculados y otros están esperando que lleguen sus remplazos para que suceda lo mismo, y esto además de lo expuesto, también ha provocado que en esa restructuración muchos niños/as estén sin clases, lo que fortalece que para muchos/as de ellos sea una opción vincularse a estructuras armadas o coger otros rumbos lejos de las escuelas. Sobre todo, en tiempos como estos donde se ha complejizado más el acceder a clases por el limitado acceso a recursos que exige tener la virtualidad, y que en la región no son fáciles de tener.
Puntualizando, es caótica la educación en el Sur de Córdoba, no solamente desde el hecho de amenazas a docentes, sino también de las no garantías de educación. Hay muchos jóvenes que quieren seguir validando su bachillerato, pero no hay opciones, ni siquiera infraestructura. Aquí no hay espacios de recreación, de cultura. Realmente los derechos están en crisis en la región y no hay respuestas, ni acciones.