Por: Isaac Morales Coordinador Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado – Pares
La reforma policial ha sido un tema que ha estado en boga desde hace un buen tiempo. Si se trata de establecer un punto de referencia reciente, podríamos hablar de las manifestaciones que se dieron en el marco del 21N de 2019, en las que además fue asesinado Dilan Cruz debido a una actuación indebida por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. La pandemia del covid-19 frenó las movilizaciones y, asimismo, la idea de una reforma policial; tanto así que proyectos de ley propuestos quedaron congelados en el Congreso Virtual.
Sin embargo, esta exigencia de reformar la Policía revivió nuevamente, en septiembre de 2020, cuando miembros de esa institución protagonizaron un hecho aberrante al quitarle la vida a Javier Ordoñez en la ciudad de Bogotá. Las manifestaciones y la respuesta que la institucionalidad dio a estos episodios acentuaron la idea de plantear una reforma urgente. Pese a todo, ha sido con el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril que la exigencia de una reforma real a la Policía ha tomado mayor protagonismo entre las exigencias de la ciudadanía (que lleva más de un mes en las calles expresando su descontento con el gobierno Duque).
Ahora bien, parece que con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia —que viene con el propósito de verificar la situación de violaciones a derechos humanos y las actuaciones indebidas por parte del Estado— el Presidente Duque decide anunciar vehementemente una “reestructuración” a la Policía Nacional y una modernización al Ministerio de Defensa con base en, al menos, 10 puntos clave:
La creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior de la Policía para que aborde de forma trasversal la prevención, protección y respeto por los derechos humanos.
La redacción de un nuevo Estatuto Disciplinario que busca reestructurar la Inspección General y definir mecanismos de supervisión y control al servicio de Policía.
Promover la profesionalización y el desarrollo policial a través de la creación de un nuevo centro de estándares al más alto nivel policial que busca el desarrollo integral de las y los uniformados en su formación y capacitación.
La definición de una serie de criterios para el uso legitimo de la fuerza por parte de uniformados y uniformadas a partir de la incorporación estándares internacionales.
Promover espacios de participación ciudadana para la transformación integral.
Incorporar el uso de tecnología que ofrezca mayor efectividad frente al delito. Esto implica el uso de body cams, drones y el fortalecimiento de los sistemas de cámaras de vigilancia.
Un nuevo modelo de vigilancia comunitaria que facilite el relacionamiento con la ciudadanía.
La creación de un nuevo viceministerio de seguridad ciudadana y el cambio de nombre del Ministerio de Defensa.
El mejoramiento de las condiciones de carrera y el reconocimiento a la trayectoria de las y los integrantes de la Policía Nacional.
La implementación de un nuevo uniforme para la Policía Nacional.
Sin duda, son puntos que se deben considerar al momento de promover una reforma policial que tanto se ha exigido, reconociendo que varios de ellos ya han venido siendo abordados al interior de la Policía Nacional dentro del proceso de Modernización y Transformación Institucional que desarrolla de unos años para acá. Sin embargo, al momento de hablar de una verdadera reforma policial, se deben considerar aspectos de cambio estructural más allá de la definición de nuevos componentes que no necesariamente llegan a representar un cambio real.
También es necesario hacer una precisión que permita comprender la necesidad una reforma policial estructural: la Policía Nacional de Colombia es una policía sui generis. Debido al contexto de violencia que ha vivido el país, se puede decir que es una fuerza policial militarizada. Es decir, aunque según la constitución su naturaleza es de carácter civil, hoy en día asume funciones de fuerza militar en determinados contextos y esto es determinante para comprender su actuar y hacia dónde debería apuntar su transformación.
Con relación a las declaraciones del presidente Duque sobre la propuesta de modernización y transformación de la Policía Nacional, es evidente que no existe una real intención de cambio estructural al interior de la institución. Por esta razón me gustaría hacer, en primer lugar, una serie de comentarios frente a los puntos propuestos por el Gobierno y, posteriormente, exponer algunas propuestas que deben ser analizadas en profundidad, pero que pueden ayudar a constituir una reforma policial real.
La creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior de la Policía puede funcionar, como un primer paso, para poner en el centro de las actuaciones policiales la prevalencia y el respeto por los derechos humanos (definido por la normativa nacional y los referentes internacionales). Sin embargo, si no se fortalece este componente en los procesos de formación policial, más allá de cursos complementarios con poca intensidad no se logrará nada.
Aunque es necesario actualizar el estatuto disciplinario, este debe estar acompañado de mecanismos concretos de supervisión y control (que aún no se conocen) que, efectivamente, prevengan la violación a los derechos humanos en el marco de la acción policial. Dicha supervisión puede ser desarrollada por agentes externos o asesores jurídicos que, de manera imparcial, evalúen el proceder de las y los integrantes de la Policía.
Antes de hablar de un nuevo centro de formación policial, o del cambio de nombre a la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) por el de Dirección Nacional de Educación (algo así como una “universidad para la policía”, como se ha planteado), se debe revisar el papel de la DINAE y el Proyecto Educativo Institucional con el propósito de reorientarlo a las necesidades del nuevo contexto de actuación policial (centrado en pilares fundamentales de la prestación del servicio de policía entendido como un servicio público holístico e integrador).
De hecho, actualmente existen resoluciones, manuales e instructivos para el uso proporcional y legitimo de la fuerza al interior de la Policía Nacional. Sin embargo, estos deben ser revisados y apropiados al momento de iniciar cualquier actuación de miembros de la Policía. En este aspecto también se debe considerar el acompañamiento de asesores jurídicos, por ejemplo, cuando se trate de intervenciones por parte del Esmad.
Promover la participación ciudadana y, sobre todo, de organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento y evaluación a procedimientos policiales debe ser fundamental no solo en el ámbito de la escucha, sino en la definición concreta de acciones que permitan cambios estructurales. La visión de terceros puede contribuir a este fin.
El uso de tecnologías es fundamental para la modernización de la Policía, sin embargo, estas deben ser utilizadas como promoción de la transparencia y la efectividad del actuar policial, no como una herramienta de persecución ni satanización de acciones legitimas como la manifestación social. Su óptimo uso es fundamental.
La actualización del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (MNVCC) es totalmente necesaria en la medida en que se debe unificar el concepto de “cuadrante” y definir procedimientos en el marco del servicio de vigilancia. Sin embargo, este ha estado en un proceso de actualización desde hace un par de años de la mano del DNP y asesores externos. Lo que no se entiende es por qué no se ha llevado a un buen fin.
La creación de un nuevo viceministerio de política de defensa y seguridad ciudadana no resuelve nada: los asuntos de seguridad ciudadana y convivencia deben ser tratados de manera independiente y con un carácter civil más que como problemas de seguridad nacional. Por ello, eventualmente se debe considerar la creación de un nuevo ministerio de seguridad ciudadana que integre las funciones de la Policía Nacional y otras entidades como la Defensa Civil.
Dignificar la función policial es fundamental para lograr un servicio de calidad, sobre todo centrándose en las bases de la institución, donde muchas veces las y los integrantes son obligados a cumplir turnos extenuantes y con poca remuneración.
El cambio de uniforme es realmente innecesario. Más allá de ser un simple cambio de imagen en términos estéticos, no significa cambios de fondo en el manejo de conductas y actuaciones en el marco del servicio.
Ahora bien, para plantearse una reforma policial es preciso entender que esto representa un proceso de mediano y largo plazo. Realmente no creo que cambios sustanciales se puedan dar de un día para otro, pero se deben empezar a considerar aspectos fundamentales que permitan hablar de una transformación real al interior de la institución policial. Para ello, me permito presentar cinco puntos clave de los cuales se pueda partir para dar inicio a dicha transformación.
Además de hacer una reestructuración a la Inspección General, esta debe excluirse de la Policía y considerarse como una suerte de organismo de control externo compuesto por juristas y asesores externos que de manera imparcial y objetiva realicen seguimiento, control e investigaciones frente a casos de abuso y violencia policial. Mantener la Inspección General dentro de la estructura de la institución, debajo de la Dirección General, puede generar conflictos de intereses y poner en riesgo su imparcialidad.
De la mano con esta propuesta, se puede considerar lo sugerido por varias voces expertas en el tema en relación con la necesidad de excluir a la Policía Nacional del sistema de la Justicia Penal Militar y que los procesos pasen a ser juzgados por la justicia ordinaria. Esto puede traer pros y contras en relación a la congestión del sistema de justicia y a los tiempos de las decisiones, pero puede traer como resultado investigaciones menos sesgadas. Este punto debe analizarse con especial cuidado.
La ampliación del proceso de formación policial. Actualmente, la mayor parte de integrantes de la institución, del nivel ejecutivo, se forman como Técnicos Profesionales en Servicio de Policía. Esto corresponda a cerca de un 80% del total de funcionarios, quienes pueden entrar a cumplir cualquier actividad básica del servicio (Vigilancia, Esmad, Protección, por poner un ejemplo). Esta formación, además de ser muy corta (ya que consiste en una serie de cursos con una duración de un año), no necesariamente responde a las necesidades que la sociedad colombiana puede exigir a un policía. Adicionalmente al proceso de formación, se realizan cursos de capacitación en unos plazos muy extensos solo cuando se busca un ascenso. Por ello, es preciso incluir procesos anuales de formación en materia de procedimientos policiales y derechos humanos.
Contar con un equipo de personas en capacidad de ofrecer asesorías jurídicas operacionales y que acompañe las intervenciones de la Policía Nacional, por ejemplo, en el control de multitudes y manifestaciones.
Liberar a la Policía Nacional de funciones que por su naturaleza no le corresponden como, por ejemplo, actividades de erradicación de cultivos ilícitos (que debería ser una tarea del Ejército), las funciones de Transito y Transporte (que, de hecho, la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana sugiere que se deleguen a las autoridades locales) o tareas de protección que deberían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección. Esto permitiría que las labores de vigilancia, control y patrullaje puedan contar con mayor cantidad de efectivos en las calles, ya que es de las mayores exigencias de las autoridades civiles.
En definitiva, plantear cambios estéticos y superficiales no responde a la necesidad de consolidar una transformación radical al interior de la Policía. Los cambios deben darse desde su estructura orgánica y deben empezar, por ejemplo, por concebir a cada integrante de la Policía como una o un funcionario público que debe formarse y capacitarse, y a quien se le deben brindar garantías dignas de trabajo. Esto se hace indispensable principalmente cuando se debe apuntar a un proceso de cambio en la mentalidad de quienes hacen parte de esta institución. Y, a su vez, este es un objetivo alcanzable únicamente en la medida en que existan procesos de acompañamiento psicológico y de formación constante. Asimismo, la reforma debe orientarse a desligar a la Policía de su vocación militarista y debe permitir pensarla como una institución que trabaja en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana, tal como es la naturaleza de las instituciones policiales. Los cinco puntos que he sugerido son solo una primera aproximación a lo que debería apuntarle el proceso necesario de reforma policial.