Por: León Valencia
Director – Pares
La declaración del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ante la Comisión de la Verdad, puede ser de la máxima importancia para la reconciliación del país por distintas razones: por la escala de responsabilidades que deja ver, por la manera en que establece un hilo histórico entre las ejecuciones extrajudiciales —tan corrientes en nuestro degradado conflicto armado— y los llamados “falsos positivos”, y por la vinculación directa que hace del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exministro de defensa Juan Carlos Pinzón con los hechos. Es probable que desate un debate nacional. Si Uribe y Pastrana no pasan de agache —como acostumbran en estos casos— y se atreven a responder, sabremos mucho de lo que ocurrió.
Esta declaración de Santos no sólo tiene consecuencias hacia el futuro, tiene unas escandalosas implicaciones en el presente e interpela de manera directa al presidente Iván Duque y a su gobierno porque involucra al máximo dirigente del Centro Democrático, a la vicepresidenta y canciller, y al anunciado embajador en Washington.
La cosa es así: si Samper y Santos han concurrido a la Comisión de la Verdad a contar, a su manera, lo que ocurrió en sus mandatos, los expresidentes Pastrana y Uribe están obligados moralmente a seguir este camino. Más aun teniendo en cuenta que durante sus mandatos se produjo el 63% de todas las víctimas del conflicto armado. No pueden seguir eludiendo su responsabilidad.
La vicepresidenta y actual canciller del país, Marta Lucía Ramirez, fue la Ministra de la Defensa al comienzo del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez cuando arreciaron los falsos positivos. También está obligada moralmente a presentarse ante la Comisión de la Verdad. Esto lo debe saber la comunidad internacional.
Camilo Alonso de Jesús Ospina, quien ejerció como Ministro de la Defensa entre 2003 y 2006, en el duro primer mandato de Uribe, fue quien mediante directiva presidencial oficializó estímulos y premios para las Fuerzas Militares para darle manto de legalidad a los “falsos positivos”. No sólo está obligado a ir a la Comisión de la Verdad, es su deber comparecer voluntariamente a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Dice Santos en su declaración ante la Comisión de la Verdad: “Muy diferente la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario”. Según esta versión, Pinzón quería seguir negando este fénomeno brutal; quería que continuara este delito de lesa humanidad.
Esto no puede pasar desapercibido. Si, como dice Santos, Juan Carlos Pinzón tiene gran responsabilidad en el ocultamiento y promoción de los “falsos positivos”, no debería ir a Washington como embajador, sino a la Comisión de la Verdad y a la JEP a contar su verdad sobre lo ocurrido y a ponerle la cara a la justicia.