Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El jueves 10 de junio se despidió de Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se marchó luego de una visita relámpago que duró tan solo tres días –desde el martes 8– y que sirvió para conocer la situación actual de violación de derechos humanos en el marco del paro nacional que vive el país desde el 28 de abril.
Quien nos visitó es un organismo internacional creado hace mas de 60 años (1959) por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya labor es la de fortalecer la paz, la justicia, la libertad y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio occidental.
La visita surgió como respuesta a la petición que varias organizaciones de la sociedad civil le hicieron para conocer de primera mano –en el lugar de los hechos– la tragedia por la que está pasando el país. A la Comisión se le hicieron llegar una serie de informes, audios e imágenes con las que evidenciaba la grave violación de derechos humanos –asesinatos, lesiones personales, desapariciones y abusos sexuales– que estaba cometiendo la fuerza pública en el último mes y medio en el país.
La ciudadanía quería un árbitro neutral que le informara a la comunidad internacional lo que pasó y está pasando en el país; un organismo creíble para todas las partes y que tome distancia de los informes reiterativos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y que permita que se llame la atención al Estado colombiano para que las demandas sociales al respecto puedan ser atendidas.
La CIDH, gustosa, decidió aceptar la invitación y cumplir con su deber. Ejerció su mandato –dictado por la Convención Americana de Derechos Humanos– de monitorear la situación, presentar informes y hacer recomendaciones al Estado; y, además, cumplió con su derecho y deber, que tiene como organismo, de visitar los Estados miembros de la OEA: diseñó la conformación de la comisión, acordó los temas logísticos y programó la visita para tomar testimonio.
Pero el gobierno Duque no quería la visita de este organismo en el país. Les abrió las puertas a regañadientes. Deseaba, antes de la visita, tener un informe detallado de lo ocurrido: un documento construido a partir de sus propias investigaciones. Fue por la insistencia de los miembros de la Comisión de venir a al país que se tuvo que adelantar la visita. De allí que el Gobierno haya exigido seguir una metodología estricta para ingresar al país y observar la situación.
La Vicepresidencia de la República fue la que les puso las condiciones y les cambió las reglas. Les dijo que la visita no podía ser muy larga –solo de tres días–, que las personas que vinieran deberían ser pocas –tan solo tres de los siete miembros que componen la organización–, que no podría visitar muchos lugares de campo –únicamente algunas capitales–, y, finalmente, que no podían involucrarse en política, ni salir a las calles y mezclarse con la gente en las protestas. Estas reglas fueron aceptadas por la CIDH, a pesar de la autonomía que le da el artículo 53 de su reglamento; respetó la soberanía del país.
La visita de la CIDH estuvo integrada por la presidenta del organismo –Antonia Urrejola Noguera–, por dos comisionados –Joel Hernández y Stuardo Ralón– y por la secretaria ejecutiva –Tania Reneaum Panszi–; además, estas personas estuvieron acompañadas por la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación –María Claudia Pulido– y por el relator especial para la Libertad de Expresión –Pedro Vaca–.
Cuando la Comisión llegó al país se reunió con todos los actores que pudo. El primero en atender la visita fue el Gobierno nacional. Fue la señora de la casa, Martha Lucia Ramírez –que también cumple funciones de Canciller–, quien realizó tanto la recepción de entrada como de salida, siguiendo el respeto por los estrictos protocolos diplomáticos.
Asistieron a estas reuniones delegados de los tres poderes públicos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos de control. La CIDH escuchó al presidente de la República y su vicepresidenta, a sus ministros –entre ellos el de Defensa– y al director de la Policía y el Comandante del Ejército. Finalmente, hubo tiempo para atender a los presidentes de las altas cortes, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.
Todos estos le presentaron informe a la CIDH sobre las 19 personas fallecidas –en especial, los dos uniformados muertos–, las 1106 personas heridas, las 1253 lesionadas y las 178 investigaciones disciplinarias a la fuerza pública. Sobretodo, hicieron énfasis en las acciones vandálicas, en los saqueos y en los bloqueos de carreteras y vías públicas. Verdaderos actos de “vandalismo y terrorismo”. Todo esto en medio de un Estado que protege la protesta de forma pacífica.
Así mismo, y para mantener el equilibrio en la escucha. La CIDH se reunió en otros lugares con las víctimas de la violencia del Estado. Se tomó nota de las versiones de los padres de las víctimas de las protestas, de los dirigentes de las centrales obreras y sindicales, de numerosas organizaciones sociales y grupos defensores de derechos humanos; al igual que de delegaciones de afrodescendientes, indígenas, mujeres y población LGBTIQ.
Incluso se escuchó a los partidos políticos y los empresarios exportadores. Como en el caso del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) –Bruce Mac Master–, esta escucha sirvió para mostrar la perspectiva que tienen muchos sectores empresariales del país: que las protestas son “verdaderos confinamientos colectivos impuestos, por medios violentos, a poblaciones y regiones enteras”.
En estas conversaciones se presentaron otras cifras –muy distintas a las del Gobierno– sobre las atrocidades cometidas por la fuerza pública contra quienes se manifestaron contra el gobierno del presidente Iván Duque: 51 muertes confirmadas por la Fiscalía, 90 personas desaparecidas y 2 mil personas heridas, además de casos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se denunció el excesivo uso de la fuerza pública –uso de armas de fuego y otras armas consideradas no letales–, así como el acompañamiento de esta con civiles armados.
En total, fueron más de dos mil personas y organismos con los que la CIDH se reunió. De ellos recibió información valiosa que fue recolectada, almacenada y transportada para ser procesada en las semanas siguientes. Se espera que a partir de esto se elabore un informe de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos y que dé cuenta de la autonomía de la CIDH.
Dicho informe se caracterizará, en primera instancia, por realizar un llamado de atención al Gobierno nacional por la enemistad que se logró detectar entre la ciudadanía colombiana y el gobierno Duque. Pues según Nancy Patricia Gutiérrez, consejera Presidencial para los Derechos Humanos, la CIDH vio “una estigmatización muy fuerte” y, además, percibieron un lenguaje “de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos”.
Por otra parte, el informe traerá una lista de recomendaciones para el Gobierno y sus organismos. Debido a la grave violación de derechos humanos, la CIDH insistirá en el derecho que tienen las y los colombianos a protestar, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y, sobretodo, insistirá en la necesidad de protección especial para la población más vulnerable. Además, recomendará escuchar a los y las protestantes para intentar dar una salida dialogada al momento actual.
Adicionalmente, se sugerirá, de manera respetuosa y teniendo en cuenta la soberanía del país, la revisión del diseño institucional que se tiene entorno a la fuerza pública debido a que se observan responsabilidades de las autoridades en la crisis de derechos humanos. Le dirán al Estado que es necesario revisar la manera como está estructurada la Policía y, en especial, su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a los cuales se les observó el uso de la fuerza de forma desproporcionada y desprovista de respeto por los derechos humanos.
Finalmente, la Comisión advertirá que, de no ser atendidas sus recomendaciones, el Estado podría verse involucrado en un proceso cautelar que podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede judicializar al Estado colombiano de manera autónoma. Poniendo nuevamente al país en una situación similar a la que ocurre con el genocidio de los miembros del partido de la Unión Patriótica (UP).
En conclusión, esperemos que la visita de la CIDH y el informe que resulte de esto –a partir de la información recogida en su visita de trabajo– sea escuchado con atención por el Estado colombiano. Que la presencia de la Comisión genere un cambio de actitud en el Gobierno en el sentido de dejar de cuestionar todo lo que venga de afuera y critique su accionar, en especial por parte del Sistema Interamericano. Además, que la presión internacional que se produzca a partir de esta visita sirva como herramienta para que se reduzca el uso de la fuerza y se avance en una solución negociada a este conflicto social y político.