Por: Guillermo Linero
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda.
En el curso de la semana pasada se hizo viral un video de una entrevista al entonces candidato a la presidencia de Perú, el señor Pedro Castillo, donde se le preguntaba si sabía qué era un monopolio y cuáles eran las empresas que lo practicaban en su país. El ahora presidente respondió con vacilación de apocado que “Zara, Falabella y Metro son monopolios porque aglutinan para sacar un beneficio personal o empresarial, sin importarles el Estado o el pueblo”. A lo que el periodista le cuestionó con tono de explicación: “Eso no es un monopolio, eso no tiene rostro social. Un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Si yo no quiero comprar en Falabella puedo irme a otro lado”.
Lo cierto es que el video se ha hecho viral bajo la opinión generalizada de que el periodista le dio lecciones a Castillo sobre lo que es un monopolio; pero la verdad es que yo percibí todo lo contrario: vi a un señor muy vivo aprovechándose de un intimidado. Y les señalo bajo tales adjetivos –vivo e intimidado– porque ninguno de los dos tiene la razón plenamente, al menos con respecto a la definición de monopolio, que no es en exactitud lo que el periodista implícitamente dijo –“obligar a la gente a que compre productos en determinado sitio”– ni tampoco lo que dice Castillo –“monopolio es aglutinar”, refiriéndose a la acumulación de productos–.
En efecto, el monopolio hoy en día no es que alguien compre todas las patillas existentes en el mercado y las acumule para luego, siendo el suyo el único sitio donde puedan comprarse, venderlas a punto de dañarse y por un alto precio. Ya no es así. El monopolio de hoy es una suerte de competencia imperfecta, y significa estrictamente los privilegios legales que le permiten a un único productor o a un grupo de productores controlar el precio de manera ventajosa frente a otros competidores.
Lo anterior trae consigo dos consecuencias. A los vendedores de la competencia, no tener la opción de bajar los precios: o vendes o no vendes. Y a las personas compradoras, no tener la opción de cuestionar los precios porque estos son legales: o compras o no compras.
De manera que el monopolio reside más en la capacidad de una empresa para crear, por intermedio de políticos y gobiernos, las reglas de juego de su sector de comercio. Y naturalmente los compradores –sin ser obligados a ello– terminarán comprándoles, pues de ir a otro sitio de la competencia no encontrarían mejores precios ni mejor calidad, precisamente porque la regulación sobre la competencia leal se los prohíbe. Es una paradoja, pero no es posible vender frescas y baratas las patillas sin caer en la competencia desleal.
Por otra parte, el hecho de que un productor o empresario pueda comprar políticos y mover gobiernos para hacer las reglas de juego a su medida, evidencia su músculo financiero; es decir, su capacidad para tomar ventajas sin bajar los precios, por ejemplo, desde la contundencia y factura de sus campañas publicitarias o con la presentación atractiva de sus productos. En fin, oportunidades agregadas que únicamente una empresa poderosa es capaz de asumir como inversión, pues las empresas monopolizadoras lo primero que cuidan es su imagen (cuidado bajo el cual aparentan ser favorecedores del consumidor y no lo contrario).
La verdad indiscutible es que la persona compradora se ve afectada es por esto: porque si hay un producto X, cuyo valor es de 2.000 pesos, y alguien que monopoliza (empresarios, congresistas y políticos) de pronto decide que en adelante valdrá 4.000 pesos, el comerciante que lo ofrezca en un valor menor a ese estaría desobedeciendo las reglas impuestas por su gremio y, también, por el Código de Comercio. Es lógico entonces que, en semejante contexto hipotético, donde el monopolio ocurre “legal” o escondidamente, la gente termine concluyendo que la realidad mercantil de ese producto es esa y no otra.
Pero lo más singular, en el caso de este tipo de monopolio al que me he referido –el fundado en la reglamentación de los precios y no en la acumulación de productos–, es que no es demandable. Personas productoras, empresarias y comerciantes afectadas por competencia desleal no podrán objetarla porque, en este caso, los monopolizadores cumplen con las reglas establecidas: a su monopolio le dio a luz la mismísima ley. Y aunque las leyes puedan demandarse, ello implicaría una vuelta político-jurídica muy larga.
Por su parte, la segunda acepción de monopolio, fundada en la acumulación de productos –práctica propia de empresas y comerciantes nacionales menores, pero sobre todo de tenderos e intermediarios–, no es el típico monopolio de las multinacionales, manejado por personajes políticos y gobernantes, sino el nacido de la propia argucia de pequeños comerciantes. En este caso, lo cual es aún más paradójico, la ley sí puede actuar porque quienes cometen actos de este tipo de competencia desleal no son quienes regulan las leyes, no son los grandes monopolios, y las acciones que pueden tomarse contra ellos están bien definidas en el Código de Comercio.
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En la misma entrevista, y también con argumentos falaces, el ilustre periodista le cuestionaba a Castillo su propuesta de replicar para la educación de las y los peruanos el modelo de Singapur, siendo este un modelo diseñado por la derecha de aquel país. Bueno, lo primero que habría que subrayar al respecto es que la educación en Singapur –lo que es un hecho universalmente reconocido– ha demostrado ser la mejor del mundo, gracias a un método fundado en la educación personalizada de muy alto rendimiento y eficacia.
Y lo segundo por mencionar es que en los países serios y en los modelos políticos, cualesquiera sean sus principios religiosos o ideológicos (y siempre y cuando estos sean bien intencionados), los sistemas educativos funcionan independientemente de las estructuras de financiación.
Igualmente, vale recordar que en el mundo de hoy no hay gobiernos de izquierda ajenos a las prácticas capitalistas, es decir, que no jueguen con el modelo de producción económica de la derecha. De modo que es una gran mentira que existan gobiernos de izquierda negados a usar el modelo de producción económica de la derecha, que es el modelo capitalista. Al capitalismo hay que usarlo, porque de lo contrario no podríamos sobrevivir en un mundo donde esas son las reglas y porque no hemos podido encontrar, hasta hoy, otra fórmula.
Así ha ocurrido desde los tiempos del trueque: cambiar una cosa por otra, cambiar un interés por otro. Que ahora se trate de papel moneda o de títulos valores no cambia en nada la figura comercial capitalista. En los estadios primigenios, igual alguien amanecía anunciando la escasez de las patillas o anunciando que el precio de un bulto de sal en adelante valía dos tinajas y no una como el día anterior. De modo que tal vez lo que haya que adoptar, para hacerle frente a los problemas de la economía, sean la decencia y la inteligencia, y exigírselas a quienes administran los países, para que piensen solidariamente en la equidad. Simplemente en la equidad, que significa no darle ventajas a nadie y no desproteger a ninguna persona.
De manera que el periodista en cuestión –que debe saber sobre lo que yo he expuesto, porque sin duda se habrá formado profesionalmente– es sencillamente malvado. Y el señor Castillo, como los sindicalistas y como casi todos aquellos que provienen del pueblo –el ahora presidente del Perú fue profesor y sindicalista rural– tiene una cultura tímida, insegura, probablemente por haberse formado en una cultura en la que impera el criterio de que las personas en condición de pobreza tienen menos capacidades intelectuales. Eso es lo que sucede en esa entrevista. Los dos protagonistas son víctimas de su propia realidad: uno por malvado y el otro por desprovisto.