Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Se acerca la finalización del periodo legislativo en Colombia y, como es común, algunos proyectos hacen carrera para ser aprobados, mientras que otros están bajo la posibilidad de que se hundan. En este sentido, algunos sectores han empezado a insistir en la necesidad de que sean aprobadas algunas iniciativas por parte del Congreso.
Así, por ejemplo, el presidente de la República hace algunas semanas pidió prioridad para la reforma del Código Disciplinario propuesto por la Procuraduría. Con este proyecto se pretenden modificar algunas facultades y procesos del organismo, para lo que además se necesitaría la contratación de cerca de 500 personas más. Una vez se conoció este proyecto, que fue radicado en marzo por Margarita Cabello, se alertaron sobre varios riesgos que podría traer esta reforma —que además, se argumentó que respondía al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gustavo Petro por la destitución e inhabilidad que le impuso, en 2013, el entonces procurador Alejandro Ordóñez—.
Por una parte, se ha venido alertando respecto a las facultades que se le entregaría a
la Policía Judicial para realizar interceptaciones, inspecciones corporales, allanamientos, seguimiento de personas, vigilancia, entregas vigiladas y retención de correspondencia. Adicionalmente, las voces que se han opuesto al proyecto han cuestionado el aumento de la planta de personal de la Procuraduría con cerca de 500 empleados más, lo cual, según algunas aproximaciones que se han hecho, equivaldría a un costo de 87.000 millones anuales. Y de forma más estructural, se ha cuestionado en la concepción de la reforma un presunto desconocimiento de fondo del fallo en el caso Petro.
Aún con este panorama, el pasado 01 de junio las comisiones primeras de Senado y Cámara, en sesión conjunta, le dieron el ‘Sí’ a la reforma, la cual hoy en plenaria del Congreso fue finalmente aprobada. En el Senado logró 53 votos a favor y nueve en contra, y en la Cámara alcanzó 102 votos a favor y 28 en contra.
“Por un lado, hay que decir que Margarita Cabello siempre ha sido una ficha de Uribe en la rama judicial. Por otra parte, con la aprobación de la reforma, a pesar de los cuestionamientos, la bancada de oposición siente que los nuevos poderes que se le darán a la Procuraduría se podrían utilizar con fines de persecución a dirigentes políticos. Asimismo, este proyecto que pasó la procuradora estuvo escrito prácticamente por el uribismo con sus intereses políticos, lo que lleva a cuestionar si realmente se hizo la reforma que pedía la CIDH, pues pareciera que no se hace una reforma sustancial, sino que se crean unas figuras para perseguir a la oposición”, analizó al respecto Julián Martínez, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares.
Por otra parte, mientras el Congreso daba luz verde a la reforma impulsada por Margarita Cabello, se hundió la propuesta de matrícula cero en la Comisión Sexta del Senado con cinco votos en contra y dos a favor. Esta propuesta se había convertido en una exigencia constante, pues dada la crisis económica que para muchas personas significó la pandemia, fueron millones las familias que vieron afectados sus ingresos, lo que, por ejemplo, se ha visto reflejado en la deserción de muchos y muchas estudiantes de educación superior que no podían costear la matrícula.
Hay que recordar que este tema empezó a estar sobre la mesa, por lo menos en el último año, luego de que estudiantes de la Universidad Industrial de Santander hicieran una toma pacífica exigiendo que el Gobierno nacional financiara la matrícula —principalmente la de estudiantes de universidades públicas—. En este punto es importante mencionar que la gratuidad de la educación superior y la oposición a la privatización de esta se han convertido en banderas históricas de las luchas del movimiento estudiantil. Especialmente en estos dos puntos pareciera insistirse por lo menos desde los años 90. Desde entonces, generalmente ha resaltado, en políticas públicas, el crédito estudiantil por encima de inversiones directas a las instituciones de educación superior, en este caso, públicas.
Siendo esto así, la decisión tomada recientemente por el Congreso es un paso hacia atrás en lo que respecta a una exigencia que ha estado presente por décadas, pero que en el último año se había convertido en urgente. Por esta razón, en noviembre había sido radicado este proyecto por parte de la bancada de oposición, el cual finalmente fue hundido bajo el argumento de los altos costos fiscales que significaría implementar la matrícula cero.
Hay que señalar que, durante los últimos semestres, algunas universidades han venido implementando la matrícula cero. No obstante, lo que se planteaba con la iniciativa era cubrir el 100 por ciento del valor de la matrícula durante los dos semestres del 2021, beneficiando a más de 620.000 estudiantes de pregrado y a cerca de 44.000 estudiantes de posgrados de 32 universidades públicas del país. Sobre esta decisión, la ministra de Educación, Victoria Angulo, aclaró que la propuesta del Gobierno es diferente y sí tiene financiación. Esto debido a que hace algunas semanas, Iván Duque había anunciado una reasignación presupuestal para garantizar el segundo semestre de estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3.
Adicionalmente, durante esta semana también se conoció que el periodo legislativo que iniciará se inaugurará con la radicación del proyecto para la Reforma Tributaria 2.0, es decir, se presentará el articulado el próximo 20 de julio. «Me siento en el deber de decir, que el Ingreso Solidario que está por expirar el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal (nueva reforma tributaria) el 20 de julio, y no podemos dejar a estas familias desamparadas en esos recursos necesarios», dijo Duque durante su intervención en la Vitrina Turística de Anato.
Hay que traer a colación que fue precisamente el proyecto de reforma tributaria presentado hace algunos meses el que impulsó el estallido social con el paro nacional, que incluso llevó a que Duque pidiera que se retirara la reforma y, días después, ocasionó la renuncia de Alberto Carrasquilla, quien se desempeñaba para ese momento como ministro de Hacienda.