Por: Juan Esteban Garzón López Colaborador – Fundación Paz & Reconciliación (Pares)
A raíz de la pandemia por covid-19, desde marzo de 2020 se cerraron los pasos fronterizos colombo-venezolanos de forma permanente. De esta forma, quedó suspendido todo tipo de paso regular y “seguro” por canales migratorios y transportes autorizados, salvo algunos casos especiales1.
A pesar de que el escenario fronterizo es apremiante por las perniciosas situaciones en términos humanitarios y de seguridad, el Gobierno nacional ha tenido un comportamiento bipolar y poco serio: anunció que extendía el cierre de las fronteras hasta el 1 de septiembre de este año para, luego de 24 horas, señalar que abría unilateralmente las fronteras2. Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado esta decisión y, aunque dice llamar al trabajo conjunto para la reapertura, sus acciones al respecto son bastante estériles, al igual que las de Colombia.
Las fronteras son la expresión máxima del poder político de un Estado (Colombia) puesto que le permiten diferenciarse de un otro (Venezuela) y mostrar su capacidad de agencia y coordinación para gestionar, de la mejor manera posible, las dinámicas sociales, económicas y políticas que allí suceden. Una de esas realidades que marca las dinámicas de una zona fronteriza tiene que ver con los fenómenos migratorios. Cuando se piensa en las fronteras estatales se vinculan esencialmente dos conceptos: población y territorio. Los Estados como Colombia necesitan siempre de un territorio delimitado donde ejercer su jurisdicción y de una población a la cual controlar y brindar atención.
El fenómeno migratorio en la frontera implica retos para Colombia y Venezuela tanto en términos territoriales como poblacionales, sobre todo por la densidad de los flujos migratorios en los últimos años: Colombia pasó de tener 31.471 migrantes de ciudadanía venezolana, en el 2015, a tener 1.742.927 en enero de 2021.
La situación presenta todavía un reto mayor cuando 983.343 de estas personas migrantes son irregulares, lo que hace muy difícil un mínimo seguimiento, control y acompañamiento sobre ellas. Con la situación de excepcionalidad, producto de la pandemia y el cierre de las fronteras, la irregularidad en la migración ha experimentado un crecimiento todavía mayor puesto que, como alternativa al cierre de los puestos de control migratorio, las personas migrantes optan por cruzar la frontera a través de pasos irregulares conocidos como trochas, en donde han expuesto su integridad con tal de pasar al otro lado de la frontera.
El espacio que comunica el departamento de Norte de Santander con el Estado de Táchira ha sido el caldo de cultivo para los pasos irregulares. A enero de 2021, la Policía metropolitana de Cúcuta ha identificado la existencia de más de 39 pasos irregulares que están distribuidos entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander. Sin embargo, se estima que son alrededor de 80 pasos en todo Norte de Santander.
Todo esto sumado al hecho de que antes del cierre este ya era uno de los pasos fronterizos más dinámicos de toda Latinoamérica y que, por lo tanto, mantener las fronteras cerradas no puede anular completamente este dinamismo. Allí, las personas migrantes de ciudadanía venezolana intentan pasar la frontera y establecerse en Colombia, hacer movimientos pendulares hacia el país para acceder a servicios esenciales como salud, alimentación, entre otras, o simplemente retornar a su país (movimiento que se ha incrementado por la pandemia y la disolución de los medios informales de subsistencia económica en Colombia).
Puntualmente, la zona de Táchira-Norte de Santander se ha caracterizado por su difícil control territorial. En esta zona geográfica hacen presencia organizaciones guerrilleras como ELN y Grupos Armados Organizados (GAO) como Los Pelusos, Los Rastrojos y El Clan del Golfo, quienes han llevado una disputa por el control territorial en los últimos años (Este informe de Pares puede interesarte: Sin dios ni ley: un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana). Allí la institucionalidad estatal encuentra muchas más amenazas al monopolio de la violencia física y fiscal.
La falta de control territorial permite que exista una territorialidad paralela o superpuesta que facilita la configuración de un sin número de situaciones alarmantes en términos de seguridad. Existe, entonces, una alta presencia de mafias dedicadas al tráfico de drogas, combustibles y alimentos, así como también redes de trata de personas, reclutamiento forzado, entre otras actividades ilegales a las que se ven expuestas las personas migrantes.
En lo corrido del año 2021, se han denunciado múltiples situaciones que involucran la falta de control territorial y la precaria situación de seguridad de la frontera. En Táchira existen más de 90 alcabalas o puestos irregulares en los que se cobran “impuestos” a los y las caminantes para poder transitar. Estos lugares han sido utilizados principalmente para la extorsión y el financiamiento de cuerpos armados de seguridad.
Según testimonios documentados de FundaRedes (2021), quienes están migrando deben “cancelar alrededor de 10 dólares americanos para poder ingresar o salir del Táchira, de los cuales 5 son para los cuerpos de seguridad (PNB, Politáchira, GNB, Cicpc, Ejército, Policía Municipal, e incluso el Saime), y 5 son para los grupos armados irregulares”. En otros casos, se ha denunciado que grupos guerrilleros invaden fincas, reclutan menores, exigen pago de servicios públicos y caminan armados libremente por el lugar.
Incluso se han registrado denuncias por presiones y amenazas a cargo de grupos armados ilegales para la participación de la ciudadanía en los pasados comicios del 6 de diciembre en Venezuela.
Junto a estos elementos se encuentra el factor poblacional, que recae precisamente sobre la individualidad y el cuerpo de las y los migrantes, en donde se cruzan principalmente dos factores: la salud pública y la irregularidad. Por un lado, las autoridades aseguran (pese a largos meses de experiencia que dicen lo contrario) que la medida del cierre de frontera se mantiene para reducir los problemas asociados con el virus, los contagios y sus derivadas complicaciones en términos de salud pública: puntualmente, en sostener la capacidad hospitalaria en ciudades como Cúcuta y San Cristóbal, en las que ya se ha reportado un colapso de los hospitales y una ocupación de las UCI del 100% en puntos críticos de los últimos meses.
Sin embargo, los problemas de salud pública van más allá de la capacidad hospitalaria y se refieren también a la disponibilidad y calidad del agua potable (falta de plantas de tratamiento y distribución), situaciones de desnutrición, reemergencia de enfermedades y barreras de acceso al sistema de salud, entre otros; todos factores que aumentan los riesgos asociados al contagio por covid-19 en la población migrante.
Si se le suman a estos factores que la población migrante irregular (que es aproximadamente un 56%) no hace parte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia, y que las personas migrantes que deciden volver a su país han sido acusadas por el Gobierno Venezolano como “bioterroristas” que buscan desestabilizar llevando el virus a Venezuela, se encuentra una situación sumamente grave en términos de crisis humanitaria, derechos a la salud y mantenimiento de la salud pública.
Por otro lado, lo que se ha visto en lo corrido del 2021 es una difícil condena para la población migrante a las situaciones de irregularidad en términos de seguridad. Además de que muchas de estas personas no tienen acceso a derechos básicos de atención social (razón por la cual muchas han intentado regresar a Venezuela), la falta de oportunidades y de empleo formal se ha traducido en un 97% de informalidad de personas venezolanas en Colombia.
Esta situación ha sido y es aprovechada por estructuras armadas ilegales que persuaden a la población migrante de participar en economías ilícitas, o que en el peor de los casos les convencen de ingresar a sus filas (Puede interesarte este informe de Pares: Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia Venezuela). También les someten a extorsiones, trata de personas, entre otras.
En últimas, la persona migrante también se sitúa en la frontera como un medio de explotación y utilidad para la criminalidad.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia (2020), los diferentes grupos armados cohabitan los territorios y hacen un uso instrumental de la violencia a expensas de una cesión de soberanía para el control y utilización de la población en actividades irregulares.
Sin lugar a duda, todas estas condiciones tienen una estable relación con el mantenimiento del cierre de las fronteras y la falta de cooperación entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela, pues se prolonga una situación de excepcionalidad en la que el accionar normal deja de ser la actividad de los Estados, dentro de los límites y garantías de su ordenamiento jurídico, para convertirse en la revocación persistente de toda intervención legal y administrativa que proteja el derecho a una vida digna y sana de la población migrante, y que realice un control territorial efectivo en contra de la criminalidad.
Las estrategias de limitación de flujo migratorio son ineficientes, puesto que no logran detener y excluir el paso de migrantes, sino que, por el contrario, les incluye en el territorio diferencialmente: exponiéndoles a situaciones humanitarias y de seguridad perjudiciales.
Aunque está demostrado que la apertura de la frontera reduce el paso irregular por las trochas (y, a su vez, los problemas de seguridad inherentes a esta situación) y que las estrategias coercitivas de control a la pandemia no son, integralmente, las más efectivas, se sigue manteniendo el cierre de las fronteras. Y la aversión por diferencias ideológicas entre Gobiernos no permite darle la prioridad política a buscar soluciones conjuntas para la crisis.
Se hace necesario, entonces, que los Gobiernos replanteen esta concepción de la frontera colombo-venezolana como una barrera que los separa y mantiene al margen de sus propias crisis territoriales y poblacionales, y que le apuesten a la cooperación internacional en términos humanitarios y de seguridad para posibilitar su funcionamiento como un punto de contacto entre pueblos donde se respeten y tutelen los derechos humanos, la seguridad plena y la salida asertiva de la crisis.
REFERENCIAS
1 Decreto 580 del 31 de mayo de 2021: “Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor. 4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes”.
2 Resolución 0746 de 2021 del Ministerio del Interior, que contrasta con el decreto 580 emitido solo unas pocas horas antes.
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