Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El primero de junio de este año se inició en Colombia la inscripción de listas para la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Este es un proceso que se extenderá hasta el último día de agosto, justo tres meses antes de los comicios que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de 2021.
La elección de los Consejos de Juventud se ha pensado como un ejercicio democrático en el que las y los colombianos, entre 14 y 28 años de edad, elegirán a los miembros de los 1.097 Consejos Municipales de Juventud y de los 33 Consejos Locales en cinco ciudades –Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta–.
La elección de representantes en estos Consejos es un imperativo en el modelo jurídico colombiano. Se encuentra consagrado como derecho en el artículo 40 de la Constitución Política: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y ha sido ratificado con la Ley Estatutaria 1757 que regula la participación democrática.
El objetivo de los Consejos es que la juventud sea escuchada por los gobiernos municipales y distritales; que sus miembros tengan la posibilidad de ejercer una voz activa, crítica y comprometida frente a los problemas públicos y las decisiones políticas en sus respectivos niveles territoriales. A través de este mecanismo se intenta construir un relacionamiento bidireccional entre los jóvenes y las administraciones municipales para que aumente la legitimidad en los procesos democráticos y se fortalezca la gestión participativa en el territorio.
Lo que hace especial a este proceso electoral es que si las elecciones se hubiesen realizado un par de años atrás –justo cuando se aprobó la Ley Estatutaria 1885 en 2018– no se esperaría mucho, pues los jóvenes estaban acostumbrados a que el Estado agendara los mecanismos de representación, reduciendo la legitimidad de los sistemas de participación y logrando que con unos pocos votos se eligieran a sus representantes. Todo esto generando, finalmente, que las y los jóvenes pierdan interés en la participación y en la pretensión de incidencia.
Sin embargo, en un momento como estos –de protesta social y donde la juventud ha logrado posicionarse como un nuevo actor político– la situación cambia. La coyuntura social, política y económica del país ha creado otro escenario para la elección de los Consejos de Juventud. La coyuntura abrió una ventana de oportunidades para reflexionar sobre el impacto que pueden tener las personas jóvenes en la realidad actual del país y la región.
De allí que este año nuestra atención se dirija hacia qué pasará con el proceso electoral de estos Consejos. En Colombia, la juventud ha alcanzado la mayoría de edad. Estamos ante una muy buena oportunidad de sembrar las bases para una cultura política distinta: aquella de participación de los y las jóvenes en todos los procesos de la política.
En estas elecciones podrán participar todas las personas –entre 14 y 28 años– sin necesidad de tener cédula, y las listas pueden presentarlas, además de los partidos políticos, grupos de jóvenes independientes y aquellas organizaciones juveniles –deportivas, culturales e, incluso, de personas discapacitadas– que tengan personería jurídica.
En este escenario especial, el Estado tiene la responsabilidad, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cumplir con el calendario electoral: la inscripción de documentos para que las personas jóvenes voten, la entrega de formularios de recolección de apoyos de lista independientes y los programas pedagógicos de acompañamiento, protección, promoción y fortalecimiento del derecho a la participación democrática de los y las jóvenes.
En este año, la juventud tendrá la oportunidad de mostrar la madurez política alcanzada. Tendrá que ser muy juiciosa para inscribir sus candidatos y candidatas a partir del 28 de julio. Las listas podrán ser independientes, propuestas por los partidos políticos o movimientos políticos, o por procesos y prácticas de organizaciones juveniles; y, en todo caso, deben estar compuestas por una alternancia de hombre y mujeres.
Luego, contarán con tres meses para hacer las campañas políticas presentando sus propuestas. Este será el momento para dar a conocer los nuevos liderazgos –tanto individuales como colectivos– y cautivar a las y los jóvenes electores para que participen, se reduzca la apatía frente a estos procesos y se promueva la participación democrática.
En este proceso democrático, la juventud se enfrentará con un sistema político en el que es común que los funcionarios públicos defiendan los intereses del gobernante de turno; en el que los líderes tradicionales buscarán, de manera estratégica, cooptar el proceso; y en el que los grupos de interés lucharán por incidir nuevamente en las decisiones del poder.
En este escenario, los sectores juveniles tendrán el reto de blindarse contra la corrupción. Muchas musas les hablarán al oído con el objetivo de que les sirvan en sus fines politiqueros, ofreciéndoles dinero ante el no pago de remuneración por ser consejeros e impidiendo que los jóvenes actúen libremente y de manera informada en la solución de los problemas del territorio.
Pero esto no se puede permitir. La juventud deberá evitar que su voz sirva para representar los intereses de las personas mayores de 28 años. No es conveniente que se presente una cooptación de líderes juveniles en beneficio de actores con intereses individuales. Hay que decirles a estas personas que, en efecto, tienen otros lugares para defender sus intereses.
La juventud tendrá el deber ético en los territorios locales para que, de manera honesta y crítica, se incida en las decisiones públicas; para que quienes ostentan el poder lo hagan con responsabilidad; para que se tramite y se dé respuesta a sus vulnerabilidades económicas, laborales y educativas.
Es tiempo de que se unan con otros actores para trabajar conjuntamente con las comunidades y que incluyan en sus proyectos los procesos de base, creando confianza y mejorando el relacionamiento. Esto contribuiría a garantizar una desescalada de la violencia, exclusión y precariedad a la que ha venido siendo sometida la juventud en el país por tantas décadas.
En conclusión, estamos en un año que posibilita tener más cerca el sueño cumplido de que los y las jóvenes construyan su presente; de que los gobiernos municipales y distritales realicen un mandato de manera armoniosa con este sector de la población; de que les reconozcan el conocimiento que tienen de las dinámicas del territorio y su interés en mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas.
En los meses que vienen, la juventud tendrá la posibilidad de fortalecer las dinámicas de resistencia que hoy viene manifestando en la calle. Ahora tomará aliento para levantar la voz de la esperanza en los escenarios institucionalizados y forjar cambios. Participará activamente de aquellos escenarios creados para incidir en la toma decisiones que contribuyen al desarrollo local.
Finalmente, de esta experiencia dependerá la dinámica democrática de las elecciones de 2022, la reducción en la ola de protestas que se vive y el relacionamiento entre el Gobierno y la sociedad civil. Estamos ante un laboratorio político que servirá para que la juventud se adapte a las nuevas condiciones y realice cambios que la sociedad requiere y demanda.