Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Este ha sido un trimestre particular en Colombia marcado por dos escenarios importantes. Por un lado, un tercer pico de la pandemia de covid-19 que, hasta el 14 de julio, ha cobrado la vida de 113.839 personas (y a través del Ministerio de Salud se han confirmado 4.548.142 casos positivos). Por otra parte, desde el pasado 28 de abril, en el país se ha vivido un estallido social que ha llevado a millones de personas a manifestarse en las calles ante distintas situaciones que se viven en Colombia.
En medio de estas complejidades, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Colombia, como parte de sus compromisos, publicó su más reciente informe respecto a lo que ha sido la implementación del Acuerdo de Paz en este segundo trimestre del año. Dicho documento hace especial énfasis en lo que, durante este tiempo, estuvo relacionado con la protección y seguridad de las y los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto, y las personas líderes y defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, se prestó atención a lo que ha tenido que ver con la sostenibilidad del proceso de reincorporación, la consolidación de la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, el fortalecimiento del diálogo constructivo entre las partes y el fomento de la reconciliación.
Bajo estos enfoques, fueron varios los planteamientos de la Misión. Por eso desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hacemos un resumen de algunos de los puntos y hechos más relevantes que tuvieron lugar en estos tres meses de acuerdo al informe:
En abril, tras la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de un auto de determinación de hechos y conductas en el caso 01 (el cual está enmarcado a partir de los casos de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad), exmiembros del secretariado de la otrora guerrilla FARC-EP presentaron sus respuestas al auto e incluyeron información en respuesta a los requerimientos específicos formulados por las víctimas acreditadas en el caso. Además, en este contexto, también reconocieron que había existido una política de secuestros en el antiguo grupo guerrillero y asumieron su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En medio de esto, las personas implicadas pidieron perdón y se comprometieron con aportar a la búsqueda de restos de las víctimas de secuestro que fueron asesinadas o murieron en cautiverio. En este mismo sentido, el 17 de junio, los excomandantes aportaron información a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para iniciar la búsqueda de 55 civiles e integrantes de la fuerza pública secuestrados por las FARC-EP.
Tras un ir y venir, en el pasado mes de mayo recibió luz verde una propuesta que desde el 2016 no había podido ser resuelta: las 16 curules para la paz. Durante este trimestre, la Corte Constitucional dictaminó que los 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes se aplicarán en los períodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030.
También durante el mes de mayo se conoció que Miguel Ceballos había presentado su renuncia como Alto Comisionado para la Paz. En su lugar entraría Juan Camilo Restrepo, quien se venía desempeñando como viceministro de Agricultura. La entrada de este funcionario fue puesta en cuestión, entre otras cosas, porque él se ha desempeñado como presidente de Augura, una agremiación que abiertamente puso sus esfuerzos en la campaña del “No” durante el proceso de los diálogos del Acuerdo de Paz, y que incluso hizo parte de los 37 donantes del comité “La paz es de todos”: la campaña gerenciada por Juan Carlos Vélez. Además, sobre esta agremiación hay que decir que ha tenido un trabajo constante con los sectores bananeros de Urabá, que han estado en desacuerdo con lo que se refiere a la Reforma Rural Integral y, asimismo, con el trabajo de la JEP. También hay que mencionar que, históricamente, varias asociaciones del gremio bananero han sido acusadas de apoyar cooperativas de seguridad privada.
Una de las situaciones que mantiene las alarmas encendidas es la violencia contra excombatientes. En estos tres meses, la Misión verificó 16 asesinatos de firmantes de paz (15 hombres y una mujer). Con estas, ya son 278 las personas firmantes asesinadas desde la firma del Acuerdo y, además, al respecto, también se denuncian 63 intentos de homicidio (59 hombres y cuatro mujeres) y 21 desapariciones (todos hombres) desde el 2016. Como se indica en el informe, los asesinatos se han concentrado principalmente en los departamentos de Cauca (48), Nariño (33), Antioquia (29), Caquetá (26), Meta (23), Norte de Santander (22), Valle del Cauca (21), Putumayo (20), Chocó (15), Huila (8) y Guaviare (7).
Ante la situación anterior se han activado varias rutas tanto desde la JEP como desde la Policía, y también por parte de la UNP. La Misión informó que, hasta la fecha, se han aprobado 345 órdenes de protección: 43 de ellas para mujeres y 20 para medidas de protección colectiva. Sin embargo, hay 307 solicitudes pendientes de evaluación. La Unidad Nacional de Protección también ha avanzado en la cobertura de las vacantes de escoltas y ha contratado a 383 de los 686 escoltas adicionales ordenados por la JEP.
De acuerdo con lo dicho por la Misión, la Unidad Especial de Investigación les había reportado seis nuevas condenas relacionadas a ataques contra excombatientes, con las que se completaron un total de 41 (entre los 320 ataques investigados por la Unidad).
Otro hallazgo en este período fue que, a la fecha, cerca de 10.000 firmantes viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), por lo que es urgente pensar medidas tanto de protección como de atención a esta población.
Se señala que aproximadamente la mitad de los 13.589 excombatientes acreditados participan en proyectos productivos individuales o colectivos, y casi el mismo porcentaje ha recibido el apoyo financiero correspondiente. En este sentido, se menciona que 90 proyectos se han dado de manera colectiva: cuentan con la participación de aproximadamente 3.414 firmantes. Adicionalmente, en el período sobre el que se informa se aprobaron dos proyectos productivos colectivos nuevos.
Con este panorama y resumen general en mente, hay que decir que si bien la Misión identifica algunos avances, aún son muchos los pasos que faltan por dar desde muchos enfoques. Uno de los más urgentes tiene que ver con buscar y ejecutar acciones efectivas para frenar la violencia contra las personas firmantes de los acuerdos, quienes desde sus territorios han demostrado voluntad de paz, pero aún así viven con el peligro latente de ser asesinadas ante la desprotección a la que están expuestas.
“Esto está principalmente relacionado con las acciones de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado, la pobreza y las economías ilegales. La violencia continuada y la estigmatización contra excombatientes y miembros del partido Comunes es particularmente preocupante, especialmente en la antesala de las elecciones de 2022, cuando esperan participar activamente en el trabajo político a lo largo del país”, aseguró Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, durante la presentación del informe.
Hay que señalar que el informe hace una mención especial a las negociaciones con el ELN, afirmando que “las comunidades locales de las regiones afectadas por el conflicto, así como las organizaciones de la sociedad civil y los actores políticos, siguen pidiendo al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que reanuden las negociaciones de paz. El Representante Especial y un representante de la Iglesia católica han mantenido contactos con el Gobierno y el ELN para explorar la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz y dar seguimiento al llamado del Secretario General a un cese al fuego global”.
En medio de esto, se enfatizó en la urgencia de acelerar la implementación del Acuerdo, puesto que la acentuación del conflicto ha hecho que las víctimas de repertorios de violencia sigan aumentando. Por ejemplo, se señala que, solo en el periodo evaluado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas registró el desplazamiento masivo forzado de más de 7.400 personas en siete departamentos, lo que lleva a decir que desde el organismo se tiene registro de 29.000 personas que han sido desplazadas forzadamente en lo que va del año. Esto solo mencionando una de las tantas victimizaciones a las que se ven enfrentadas las personas que habitan las zonas que se están viendo más afectadas por las pocas acciones encaminadas a la solución del conflicto.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Una vez conocido el informe, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió al mismo, afirmando que “cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las FARC. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del Acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”.
Así las cosas, parece urgente que continúe la veeduría nacional e internacional a la implementación del Acuerdo, pues pareciera que institucionalmente se quisiera ir por la vía del negacionismo. Y esto mientras día a día siguen siendo constantes las noticias sobre asesinatos, masacres, atentados y desplazamientos en distintas regiones del país: hechos que agudizan la violencia especialmente contra personas que han puesto sus esfuerzos en la construcción de paz en zonas que por años han tenido que hacerle frente a estas situaciones.