Por: Nataly Triana Guerrero (Asistente de investigación) y Sergio Mesa (Colaborador) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El próximo 25 de julio habrá elecciones atípicas en el Municipio de Tarazá, Antioquia, debido al fallecimiento por covid-19 del alcalde Miguel Ángel Gómez del Partido Liberal. La Alcaldía será disputada por el candidato del Partido Conservador y Cambio Radical, Héctor Leónidas Giraldo Agudelo, y por el candidato del Partido Liberal, Dawinson Gómez Tamayo. Ambos candidatos con fuertes cuestionamientos
De acuerdo con la Registraduría, son 25.850 las personas habilitadas para ejercer el derecho al voto: 6.534 hombres y 12.316 mujeres. Serán instalados 10 puestos de votación con 57 mesas y 365 jurados.
El heredero
Dawinson Gómez es hijo del alcalde fallecido y su candidatura estaba en vilo por este vínculo familiar. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la resolución No. 2456 de 2021, revocó su decisión sobre la inhabilidad, permitiéndole a Gómez participar en la contienda electoral como heredero del caudal político de su padre.
Los cuestionamientos alrededor de Gómez estarían relacionados con dos procesos privados: uno con el Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia y otro con el Juzgado Municipal de Medellín. De acuerdo con las fuentes consultadas, por el carácter de reserva, se desconoce el asunto y el curso de estos.
Por otro lado, Dawinson arrastra los cuestionamientos adjudicados a su padre, quien, según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estuvo privado de su libertad en los años 2009 y 2010 por dos procesos penales: uno vinculado a peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Y el otro proceso estaba ligado a presuntos nexos con grupos armados, específicamente paramilitarismo. Este último se dio en función de los testimonios de Ramiro “Cuco” Vanoy, exjefe de las AUC, quien reveló que Miguel Ángel Gómez, como alcalde de Tarazá, en el año 2001, se benefició de la organización paramilitar en el municipio.
Los cuestionamientos no se detienen allí, pues este candidato, tras la muerte de su padre, heredó también las relaciones políticas con el Clan del cuestionado senador liberal Julián Bedoya, quien, según Pares, habría obtenido su título como abogado de forma irregular.
La relación de Gómez con Bedoya se demuestra, de acuerdo al investigador Sergio Mesa, por medio de la diputada María Eugenia Lopera, quien fue la representante de esta organización en la oficialización de la campaña de este candidato en nombre del grupo político del senador: Renovación Liberal.
El contrincante
Por su parte, Héctor Giraldo, según Mesa, tiene cuatro graves cuestionamientos soportados en sendas investigaciones penales llevadas por la Fiscalía: dos investigaciones disciplinarias en la Procuraduría Provincial de Yarumal, un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República (CGR) y una investigación por parte de la Unidad Nacional de Protección.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Mesa, las investigaciones penales que se encuentran activas son las siguientes:
Entre las investigaciones penales de mayor gravedad, se encuentra un proceso por presunto abuso sexual contra un menor de 14 años. Este aparente hecho habría sido cometido en 2012 y fue denunciado por la madre del menor en 2014. El proceso se ha logrado dilatar siete años tras haber quedado en libertad, en 2015, por supuesta inexistencia de pruebas para llevarlo a prisión.
Al respecto, en 2014, la Procuraduría de Caucasia abrió un proceso de intervención relacionado a las acusaciones por el presunto delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Actualmente esta investigación se encuentra activa y en curso ante la Fiscalía.
En relación con las dos investigaciones llevadas por la Procuraduría de Yarumal, estas se encuentran vinculadas a su gestión como alcalde del municipio de Tarazá en el periodo 2012-2015. La primera, de 2016, está asociada a unos hallazgos frente a los recursos del sistema de regalías en una obra del municipio de Tarazá. La segunda, de 2017, es sobre una presunta financiación de gastos de funcionamiento con regalías por parte del mismo municipio. De acuerdo con la última actualización de la Procuraduría, estas investigaciones se encuentran en etapa probatoria desde 2019.
Ante la Contraloría General de la República, Giraldo lleva un proceso por responsabilidad fiscal (PRF-2017-01156) en el cual le imputan un detrimento patrimonial por catorce millones cuarenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos.
De acuerdo con la investigación de Mesa, “en este proceso también se vinculó a Miguel Ángel Bustos Díaz, ex gerente del Hospital San Antonio, y a Argelia María Julio Vergara, ex secretaria de Planeación y Bienestar Social, quien luego fue gerente del Hospital de Nechí entre 2016 y 2019”.
Por último, la investigación en manos de la Unidad Nacional de Protección está sujeta al supuesto atentado contra Héctor Leónidas Giraldo, el día 30 de octubre de 2020, a manos de quien había sido su escolta: Julio Zurique. Según fuentes de Mesa, el escolta estaría buscando un principio de oportunidad al revelar que habría actuado presuntamente por petición de Giraldo para responsabilizar al fallecido alcalde Miguel Ángel Gómez, quien lo había superado en el reconteo de las elecciones del 2019 por 13 votos.
En los nexos políticos de Giraldo, se destaca que para el periodo 2012-2015 contó con el respaldo político de Mauricio Tobón, integrante del Clan político de Luis Pérez. Actualmente, cuenta con el respaldo político del representante a la cámara por Antioquia, Germán Blanco, quien, a su vez, pertenece al Clan Suárez Mira.
Un futuro incierto
Teniendo en cuenta los cuestionamientos presentados, el próximo domingo en Tarazá, quienes se disputarán la alcaldía son dos fuerzas políticas fuertemente cuestionadas que han dominado y/o tienen una herencia política en esta zona del Bajo Cauca.
Tarazá no solamente es un municipio que históricamente ha sido desangrado por la disputa de los grupos armados, sino que también ha sido un fortín de clanes políticos y candidaturas cuestionadas. Estos cuestionamientos se dan desde los partidos políticos que los avalan, las investigaciones propias de los candidatos y sus padrinos políticos: el senador Julián Bedoya y el representante a la Cámara Germán Blanco han dejado claro, a través del ejercicio de sus estructuras clientelares, que su único interés es la consolidación del poder en áreas estratégicas como Tarazá: un municipio priorizado por PDET, PNIS y, ahora, por las Circunscripciones Territoriales Especiales para la Paz.
La democracia y la consolidación de la paz en el Bajo Cauca se encuentran en riesgo mientras municipios ejes del conflicto armado como Tarazá se encuentren en manos de estructuras clientelares y candidaturas cuestionadas.