Por: Ximena Sierra Investigadora regional en el Bajo Cauca – Pares
La crisis humanitaria que hoy se presenta en el municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, es la muestra del fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Iván Duque, que, a tres años de su mandato, no ha podido garantizar la seguridad en esta zona del país. Según registros que tiene la Unidad de Víctimas y la Personería municipal de Ituango, hasta el día de hoy, 26 de julio de 2021, serían 3.721 personas, pertenecientes a 1356 familias provenientes de 29 veredas, las que se han desplazado desde el pasado 21 de julio y se encuentran en el casco urbano del municipio. A esto se le suman los desplazamientos de cuatro veredas del municipio de Peque que limitan con Ituango. Según la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca (REDOSC), serían 35 personas de 12 familias las que han llegado desplazadas en las últimas horas al casco urbano del municipio de Peque. Y es probable que con el pasar de las horas las cifras aumenten.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos hecho seguimiento a la situación de seguridad que se está presentando en el municipio de Ituango. Los desplazamientos que hoy se registran son resultado de la confrontación que sostienen por este territorio el grupo armado organizado (GAO) ‘Clan del Golfo’ y el grupo armado Post-FARC (GAPF) ‘Frente 18’. Ituango tiene un valor estratégico para estos GAO, pues desde allí pueden hacerse con el control del Nudo del Paramillo, región que representa un área estratégica para el desarrollo de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Quien controle dicho territorio tendría garantizada una retaguardia que le permitiría incursionar en Urabá, Chocó, la costa atlántica, Antioquia y conseguir el tránsito hacia el sur de Bolívar. Además de lo anterior, es una zona donde actualmente hay intereses de proyectos mineros multinacionales.
A lo anterior se suma la emergencia que se vive a raíz de las fuertes lluvias que se registraron el pasado 22 de julio, ocasionando el derrumbe de la vía que comunica a Ituango con la ciudad de Medellín y dejando, así, en estado de confinamiento a la población de ese municipio. Los derrumbes en la vía impiden el ingreso de víveres y otros insumos vitales para atender la emergencia humanitaria y las necesidades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas de Ituango.
Una tragedia advertida
En el 24 de enero del año 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta AT 004-20, donde anunciaba el riesgo de seguridad de las veredas que hoy se encuentran desplazadas en su totalidad por la presencia del ‘Clan del Golfo’ y de los GAPF frentes 18 y 36. En esta alerta, la Defensoría hizo 26 recomendaciones a las diferentes instituciones de orden nacional y local que hacen presencia en el municipio y que están en la obligación de garantizar la seguridad de la población.
A las alertas emitidas por la Defensoría se le suman las realizadas por diferentes organizaciones sociales como el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquía y la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca, que en el año 2020 advirtieron del riesgo de la denominada operación “mil”, que buscaba el control por parte del ‘Clan del Golfo’ del municipio de Ituango, y del despliegue del “COMANDO ANTIPARAMILITAR” de las disidencias del Frente 36 y 18, que buscaban frenar la expansión del ‘Clan del Golfo’.
El pasado 15 de febrero se registró un desplazamiento masivo en Ituango. Para ese entones, 1.028 personas fueron desplazadas desde las veredas. Y hoy nuevamente estas personas vuelven a ser víctimas del accionar violento de estos grupos armados y de la lucha que sostienen. Cinco meses después se evidencia que las recomendaciones y alertas que se realizaron para prevenir estos desplazamientos no han sido tomadas en cuenta y que las acciones del Gobierno nacional, departamental y municipal han sido insuficientes e ineficaces para garantizar la seguridad y los derechos de la población.
Una estrategia de seguridad que no funciona
A tres años del Gobierno del presidente Duque, la situación de seguridad en el departamento de Antioquia y en el municipio de Ituango es desalentadora.
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), entre los años 2019 y 2020, en Ituango se han registrado 2.669 personas desplazadas (cifra que ya fue superada con los dos desplazamientos masivos que se han presentado en 2021). Por otra parte, las tasas de homicidio en Ituango, durante los años 2019 y 2020, fueron de 116,70 y 165,53 por cada 100.00 habitantes. Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado 20 homicidios en Ituango que representan una tasa de homicidios de 70.87 por cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, el asesinato de personas líderes sociales en 2021 en este municipio de Antioquia no se detiene. El 10 de enero fue asesinado Luis Alfredo García, integrante de la organización de campesinos de Ituango. Al parecer el GAO responsable del hecho habría sido el ‘Clan del Golfo’, que acusó al campesino de haber pertenecido al frente 18.
A la difícil situación que se vive en materia de seguridad en Ituango, la respuesta institucional se centra en ofrecer recompensas que permitan dar con los autores del hecho, como lo hizo el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suarez, quien ofreció 50 millones de pesos por información sobre alias ‘Camilo’, presunto responsable de las amenazas a los campesinos y campesinas que causaron el desplazamiento masivo de estas 29 veredas. Esta acción hace parte de la estrategia de seguridad que se ha planteado desde el Gobierno nacional para combatir a las estructuras armadas ilegales y que centra su estrategia en la captura o dada de baja de los cabecillas de los diferentes GAO y en la lucha antidrogas, desconociendo otros factores generadores de violencia, como lo ha sido el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la falta de garantías para el proceso de reincorporación de las personas excombatientes firmantes del acuerdo de paz, del antiguo ‘Frente 18’, que fueron desplazadas el 15 de julio de 2020 al municipio de Mutatá debido a amenazas y al asesinato de 12 excombatientes del ETCR Román Ruíz, ubicado en la vereda Santa Lucía.
Los recientes desplazamientos masivos de familias campesinas, líderes sociales y funcionarios públicos, que se han presentado en Ituango (entre los años 2019, 2020 y 2021), complejizan la grave situación de seguridad que se vive al norte del departamento de Antioquia, donde las alianzas y disputas entre los tres principales grupos armados ilegales en enfrentamiento (‘Clan del Golfo’ y GAPF Frentes 18 y 36) se han convertido en la principal causa de distintos tipos de violencia contra los y las habitantes de esta zona del departamento de Antioquia.
Desde Pares hacemos un llamado al Gobierno nacional para que cumpla con los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y para que garantice la prevención, la atención y la no repetición de estos hechos victimizantes que afectan hoy a la población del municipio de Ituango.