Por: Laura Cano Periodista – Pares
Es 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, y en Colombia esta ha sido la población que ha promovido varios de los recientes escenarios de estallido social. Sin embargo, este impulso que ha dado la juventud a la protesta social ha dejado entrever, también, que es uno de los sectores con más exigencias y reclamos al Gobierno nacional.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el primer semestre de 2021 el desempleo juvenil alcanzó el porcentaje de 23.10%. Es decir, hay cerca de 1,57 millones de jóvenes desempleados en el país, mientras que los que se encuentran inactivos son cerca de 5.5 millones, habiendo alrededor de 5.2 millones ocupados. Hay que recordar que, para los últimos tres meses del 2020, el porcentaje de desempleo juvenil era del 18.7%, es decir que entre un año y el otro subió un poco más de 5 puntos porcentuales.
Vale la pena señalar que Riohacha es la ciudad con mayor tasa de desempleo, con el 31%, seguida de Neiva (29.60%), Ibagué (28.9%) y Armenia (28.1%). Por su parte, en Bogotá se reportó una tasa de desempleo del 28% y 378.000 jóvenes desocupados (118.000 más de los registrados en el mismo periodo de 2020). Adicionalmente, hay una condición de género que acentúa este panorama crítico para un sector de la juventud: en el reporte nacional, los hombres tienen un porcentaje de desempleo del 17.9%, mientras que para las mujeres es del 30.1%, es decir, 12 puntos porcentuales más.
Por otra parte, es en esta misma población en la que han recaído los problemas históricos y estructurales relacionados con el acceso a la educación, que es, quizá, una de las razones que da cuenta de los altos índices de desempleo (tanto las cifras actuales, como las que se han dado por años).
Mencionando algunos datos al respecto, según el Ministerio de Educación, anualmente se gradúan más de 600 mil estudiantes de calendario A. No obstante, según las últimas cifras que da el mismo organismo, entre 2015 y 2018, anualmente, en promedio fueron admitidos entre 35.000 y 44.000 estudiantes en instituciones de educación superior (IES). Vale la pena señalar que, en el marco de la pandemia por el covid-19, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) reveló que, luego de consultar a 88 IES, se comprobó que un 20% de estudiantes antiguos desertaron y que hubo una reducción del 17% en el número de estudiantes esperados que se matricularon para el segundo semestre de 2020. Asimismo, para el año 2017, en su informe sobre educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que Colombia tenía una cobertura del 45% en educación superior (muy por debajo de la media de los países que hacen parte del organismo, la cual está en 66%).
A esto se suman otro tipo de realidades como la precarización que hay tanto en ámbitos académicos como laborales, los cuales, por ejemplo, por un lado, tienen que ver con la poca infraestructura y capacidad para brindar espacios formativos de calidad; y, también, por otra parte, con la falta de garantías laborales, cuya ausencia puede evidenciarse hasta en el tipo de contratos que a muchas personas jóvenes les son asignados. Esta situación termina afectando la capacidad de acceder a fondos de pensiones, cesantías y hasta a algo tan básico como los servicios de salud.
Los reclamos de los jóvenes: la gasolina de la protesta social
Lo anterior es solo una parte del amplio abanico de los reclamos y demandas de los y las jóvenes, quienes además también son un constante foco de criminalización y vinculación a estructuras armadas ilegales o bandas criminales.
Además, esta población también ha sido el blanco de hechos tan graves como algunas de las masacres cometidas en el último año. Hay que traer a colación los hechos ocurridos durante el 2020: durante varias semanas fueron noticia los hechos victimizantes cometidos contra jóvenes. Uno de ellos, conocido el 11 de agosto de 2020, se presentó cuando, en una caseta de vigilancia de un cañaduzal cercano al barrio Llano Verde en Cali, fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco menores: Luis Fernando Montaño de 15 años, quien era estudiante de octavo grado en el colegio Instituto Los Ángeles de Dios; Álvaro José Caicedo de 14 años, quien heredó el nombre de su papá, un hombre que se dedica a la soldadura en el barrio caleño; Jean Paul Cruz Perlaza de 16 años, quien llegó a esta zona en el 2013 junto a sus padres (José Rogelio Cruz y Sandra Perlaza) y sus dos hermanos tras ser desplazados de Buenaventura; Jair Andrés Cortés Castro de 14 años, hijo de Ruby Cortés, hermano de Eliza Mina Cortés y nieto de Wilson Cortés; y Léider Cárdenas de 15 años, un joven de una familia que vivía del ‘rebusque’ diario en Llano Verde, y quien, además, era aficionado al deporte, al fútbol, especialmente.
Poco tiempo había pasado cuando más familias tenían que despedirse a causa de la violencia en contra de sus familiares. La noche del sábado 15 de agosto de 2020 otros 9 jóvenes fueron asesinados en Samaniego, Nariño, luego que 4 hombres armados ingresaran a una casa, ubicada en la vereda Santa Catalina, donde dispararon en forma indiscriminada. En este hecho las víctimas fueron: Brayan Alexis Cuarán de 25 años, oriundo de la ciudad de Pasto; Sebastián Quintero de 23 años, quien también tenía una especial inclinación por el fútbol; Laura Michel Melo Riascos de 19 años, hija de Gloria Riascos; Byron Patiño de 25 años, un joven que estaba a poco de graduarse como contador; Óscar Andrés Obando 23 años, estudiante de la Escuela del Deporte del Valle del Cauca; Rubén Darío Ibarra de 20 años, estudiante de auxiliar de enfermería del Politécnico San Juan de Pasto; Daniel Steven Vargas Jurado de 22 años, estudiante de radiología; Elian Benavides de 19 años, estudiante de grado once, quien había sido seleccionado por un club de fútbol de ese México; y Yésica Zúñiga Jaramillo de 26 años, quien trabajaba en Samaniego y era proveniente de Cartago.
Un día después se conocería que el 12 de agosto habían sido asesinados dos hermanos, Jeison Fajardo Ruiz y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años, respectivamente. Ambos eran oriundos de Caquetá y habían llegado al municipio El Patía, en el sur del Cauca, donde además de quitarles la vida también los torturaron.
Un hecho similar había ocurrido días antes en Leiva, Nariño, donde fueron asesinados otros dos menores: Cristián Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años), quienes iban en camino desde Balboa al municipio nariñense para dejar sus tareas en el colegio San Gerardo, pues ante la poca la poca conectividad en el sector, esta opción era la que tenían los menores para cumplir con sus responsabilidades académicas. No obstante, en una de sus rutinas que en medio de la pandemia se convirtieron en cotidianidades, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas.
Por otra parte, han sido las y los jóvenes quienes se han convertido en las mayores víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Sobre esto hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento preventivo más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país.
Respecto a estos datos, hay que anotar que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y los 18 años. El 33% de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59% fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y dos a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”.
Una suma de motivos
A todo lo anterior se suma un descontento social generalizado que ha llevado a que en los últimos meses se haya retomado el paro nacional. En este escenario de movilización, los y las jóvenes han sido los protagonistas, no solo por ser quienes mayoritariamente llenan las calles, las plazas y, en general, los escenarios de protesta, sino porque también son quienes están promoviendo la organización en barrios, en puntos de resistencia y distintos espacios comunes. Sin duda, este papel activo de las juventudes ha inyectado fuerza al paro nacional, pero también ha puesto en el foco que los y las jóvenes son una de la poblaciones que están más se están viendo afectadas por la precarización social, económica, laboral y educativa que, en general, está afectando al país.
Hoy, Día Internacional de la Juventud, nos sumamos a los llamados por brindar más garantías a las y los jóvenes en los distintos ámbitos que atraviesan las realidades de esta población, por fomentar la educación superior gratuita y de calidad, por propiciar espacios laborales dignos y por apalancar espacios seguros y oportunidades que realmente pinten panoramas diferentes para las juventudes del país.