Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
ElConsejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal es una entidad civil mexicana que sigue los temas de seguridad y convivencia, y que, desde hace una década, elabora un listado de las ciudades más violentas por tasa de homicidio en el mundo. Para el 2020, Cúcuta se ubicó en el puesto 43 entre 50 ciudades con una tasa de 37.75 (por cien mil habitantes), lo que corresponde a 325 homicidios. Esta es una muestra de los graves temas que allí ocurren desde hace décadas y que se han agravado en los últimos cinco años, donde se puede afirmar que, luego del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, se dio inicio a un nuevo ciclo de violencias no solo en Cúcuta, sino en Colombia.
Cúcuta es el epicentro de unas dinámicas de ilegalidad cruzadas por narcotráfico, extorsiones cada vez más ampliadas y un conjunto de contrabandos donde sobresale el de drogas, pero igualmente los hay de armas, personas, alimentos y todo lo que se mueva en este territorio de frontera. Esto con el agravante de que, en medio de la fracasada política de ruptura diplomática con Venezuela y la nula coordinación entre las autoridades de Colombia y el país vecino, los ilegales han hecho fiestas y hoy tienen el control de la frontera.
La realidad de Cúcuta, con sus dinámicas de ilegalidad y violencia, no se puede entender sin ubicarse en el contexto regional y sin tener presente que lo que ocurre en el Catatumbo, siendo vecinos, se articula con la ciudad y su área metropolitana. Allí, desde finales de 2019, se vive una expansión del ELN que, triunfante en su confrontación contra ‘Los Pelusos’, decidió fortalecer su presencia en todo el corredor fronterizo que va de Cúcuta a Tibú y emprendió una confrontación con ‘Los Rastrojos’ (que tenían desde hace años control de pasos fronterizos para el paso de narcotráfico hacia Venezuela). De esta confrontación, donde el ELN movió fuerzas del Catatumbo y Arauca, se dio un debilitamiento de ‘Los Rastrojos’, que debieron acudir a las AGC – Clan del Golfo para seguir en esta confrontación. Al día de hoy, este conflicto no ha parado y el ELN, poco a poco, ha venido con un mayor control.
La acción violenta en el área rural de Cúcuta, sostenida durante varios meses y que las autoridades no han podido controlar (por ineficacia o falta de decisión, o por una combinación de ambas), es una nueva evidencia del fracaso del Gobierno del presidente Iván Duque en desarrollar políticas adecuadas para lograr el sometimiento de los grupos ilegales (como son ‘Los Rastrojos’ y AGC) o una negociación viable con el ELN; pero ni lo uno ni lo otro, y a menos de un año de finalizar su mandato, la administración Duque se raja en los temas de seguridad y convivencia: hoy todos los indicadores han subido desde el inicio de su Gobierno en 2018.
Cúcuta es una ciudad importante por su tamaño, economía y posición fronteriza. Allí se vive una crisis sostenida de seguridad que amerita un diálogo del Gobierno nacional, municipal y departamental con las organizaciones de sociedad civil que expresan su preocupación. Es importante el pronunciamiento que ha hecho un grupo de organizaciones de derechos humanos de la región, acompañadas por otras de carácter nacional: se debe atender este diálogo urgente para una ciudad y una región donde las cifras de homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos se han mantenido al alza en los últimos años.
* Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.