Por la defensa de la vida en Colombia, Perú y Venezuela: lanzamiento del ODEVIDA

31 agosto, 2021

Por la defensa de la vida en Colombia, Perú y Venezuela: lanzamiento del ODEVIDA

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra
Investigador
Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto – Pares

Hace un año, por motivo de la pandemia, encontramos situaciones comunes que viven personas líderes y defensoras de derechos humanos en algunos países de la región andina. Con la intención de profundizar en esta realidad, estudiamos los casos de Colombia, Perú y Venezuela.

Como resultado, intuimos que una perspectiva regional nos permitiría comprender a mayor profundidad las dificultades que atraviesa esta población. De este modo nos acercaríamos a la realidad de personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio que son victimizadas sistemáticamente.

Hoy pasamos de la intuición a la acción; de la mano de organizaciones expertas en los tres países, construimos una iniciativa que nos permite abordar esta problemática: el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

El pasado jueves 26 de agosto realizamos el lanzamiento internacional del ODEVIDA (presentación que es posible volver a ver aquí). Fue un evento gratificante que contó con la participación de Javier Ciurlizza, director de la Fundación FORD en la Región Andina; León Valencia y Ariel Ávila, de la Fundación Paz & Reconciliación (Colombia); Raúl Cubas, cofundador de PROVEA (Venezuela); Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos de CooperAcción (Perú); y Juan David Cárdenas, profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Colombia).

En resumen, el evento tuvo dos objetivos: por un lado, profundizar en los retos que existen para visibilizar la labor de personas líderes y defensoras de derechos humanos; y, por el otro, presentar el informe “Violencia en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos: una realidad que traspasa fronteras”: una investigación sobre los contextos de riesgo y violencia que vive esta población en los tres países. Dicho informe se encuentra disponible aquí.

A continuación, un resumen de las principales reflexiones que se dieron en el lanzamiento y que buscan hacer camino para mitigar la violencia contra líderes y lideresas sociales.

Reflexiones del lanzamiento

El lanzamiento inició con la intervención de Javier Ciurlizza, director de la Fundación FORD en la Región Andina, quien agradeció el espacio y saludó la participación de las tres organizaciones (Pares, Provea y CooperAcción) reconocidas por su trabajo en pro de la justicia social en Colombia, Venezuela y Perú, respectivamente.

Ciurlizza reflexionó en torno a una situación que se reproduce en muchas partes del planeta y que, en el caso latinoamericano, tiene sus propias características: el acortamiento o achicamiento de espacios, tanto sociales como institucionales, para la participación de la sociedad civil en problemas que le atañen.

Una de las razones de esto es el fortalecimiento de olas conservadoras en el mundo, que, basadas en percepciones de inseguridad, están dando lugar a nuevos autoritarismos y a una enorme polarización política basada en noticias falsas y distorsionadas sobre lo que es la sociedad civil y la protección de los derechos humanos.

Esta crisis se expresa, en el caso latinoamericano, en una enorme fragilidad, tanto de instituciones como de partidos políticos y organizaciones sociales, que evidencia un debilitamiento de los valores democráticos en el continente. En este contexto, líderes y lideresas sociales, que se encuentran en el frente del cambio social, son una preocupación principal de la Fundación FORD.

A partir de esto, se reiteró la importancia de trabajar en torno a estas problemáticas comunes que se evidencian, entre otras cosas, en la constante estigmatización por parte de Gobiernos autoritarios hacia la labor de personas defensoras de derechos humanos y hacia la protesta social, en las medidas normativas insuficientes para la protección de esta población, y en que la protección hacia líderes y lideresas sociales se asume como un problema de seguridad, dejando de lado sus riesgos diferenciales y su importancia para el fortalecimiento de la democracia.

León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), retomó esta idea, evidenciando que la organización social y la movilización colectiva son el motor para la profundización de la democracia en el continente. Mencionó los casos de Chile, Perú y Colombia, donde la protesta social ha logrado transformaciones inéditas en los últimos tiempos.

Desde la perspectiva de análisis de Pares, la violencia contra líderes y lideresas sociales es un problema con un trasfondo pavoroso que, en el caso colombiano, se remonta a los años más álgidos del conflicto armado y a la época de Seguridad Democrática de los Gobiernos Uribe Vélez. Desde 2018 esta violencia se desbordó, llegando a su punto más álgido en 2020.

Ante esta situación nace el ODEVIDA: una iniciativa que busca comprender las situaciones de riesgo a las que se enfrenta esta población, esperando incidir para que se respete, garantice y promueva la labor de personas defensoras de derechos humanos en estos tres países con profundas dificultades para su protección.

En el evento también participó Ariel Ávila, subdirector de Pares, quien hizo énfasis en que, a pesar de que las realidades son distintas en los tres países, hay por lo menos cuatro similitudes o fenómenos comunes en la victimización a líderes y lideresas sociales.

El primero de ellos tiene que ver con el perfil de las personas afectadas por la violencia. En el informe se encontró que son los liderazgos ambientales, sindicales y que promueven la defensa del territorio son los perfiles más victimizados sistemáticamente en los tres países. En el caso venezolano, la victimización se concentra en esta población cuando hace críticas hacia el actuar del Estado.

El segundo fenómeno común se relaciona con los lugares en los que ocurren afectaciones a personas líderes y defensoras de derechos humanos. Se identificó una sistematicidad de violencia en los territorios con actividades extractivas legales o ilegales, con valor ambiental y que suelen ser habitados por comunidades indígenas o negras, y/o en los que se han concentrado movilizaciones sociales en los últimos tiempos.

El tercero es con respecto a los repertorios de violencia o las formas en que se victimiza a líderes y lideresas sociales: el señalamiento o estigmatización por parte de funcionarios de cada Gobierno en los tres países, las amenazas, los homicidios, así como otras tácticas para la intimidación y el silenciamiento de organizaciones sociales o políticas.

El último factor común es que, tanto en Colombia como en Perú y Venezuela, hay una crisis del sistema político que se evidencia en una crisis de representación y de generación de espacios para la participación política y de la sociedad civil, así como una desconexión con el modelo de desarrollo por parte de esta.

Tras la participación de Ariel Ávila, intervino Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos de CooperAcción (Perú). Hizo un diagnóstico de la situación de riesgo de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en el país, reconociendo que la violencia selectiva es un problema en crecimiento.

De este modo, mencionó cuatro factores de riesgo:

Primero, que la pandemia favoreció la expansión de las economías ilegales en varias regiones del Perú, lo que está generando escenarios de disputa por recursos y zonas estratégicas. Esto ocurre, especialmente, en contra de comunidades indígenas. El fenómeno se produce, sobre todo, en Junín, Pasco, Ucayali y Amazonas.

Segundo, la expansión de proyectos extractivos formales que también entran a disputar el territorio con comunidades y organizaciones sociales, buscando la obtención de recursos. En este caso, esta realidad va de la mano con la criminalización y la estigmatización hacia la protesta social.

Tercero, la inestabilidad política y la fragilidad de la democracia. Solo en dos años, Perú ha tenido tres presidentes, lo que ha desembocado en masivas movilizaciones sociales que han sido reprimidas a través de la violencia.

Por último, las movilizaciones laborales se intensificaron en el país producto de la crisis económica derivada de la pandemia, lo que generó un factor de riesgo para personas líderes y defensoras de derechos humanos debido a la estigmatización y señalamientos contra sus labores. La intimidación a través de largos procesos judiciales y la acusación por delitos graves se convirtió en una forma de acallar y frenar la actividad de las organizaciones laborales.

Luego del esbozo de este panorama, participó Raúl Cubas, cofundador de PROVEA (Venezuela), y se refirió a la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos en el país. Inició dando un contexto de la situación política en Venezuela, marcada por la muerte del expresidente Hugo Chávez y el posicionamiento de Nicolás Maduro. Desde esa fecha, inició un proceso acelerado de deterioro del proyecto político chavista que se dio a la par que aumentaban las intimidaciones y la estigmatización hacia esta población.

Se evidenció una crisis humanitaria compleja que lleva ya seis años y que se encuentra caracterizada por la violación sistemática de los derechos humanos, especialmente contra dirigentes políticos, líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.

Durante estos últimos años, el Ejecutivo viene desarrollando distintas iniciativas institucionales que criminalizan el disentimiento y las críticas a su actuar. Un ejemplo de esto fue la creación, en 2020, de un cuerpo antiterrorista que tiene facultades excepcionales para investigar o allanar, y que fiscaliza a las personas críticas al Gobierno bajo delitos como terrorismo o narcotráfico.

Este panorama, agravado por el Gobierno de Nicolás Maduro, aumentó el nivel de victimizaciones e intimidaciones en contra de la sociedad civil, especialmente en contra de lideresas y líderes tanto sociales como políticos.

La última intervención estuvo a cargo de Juan David Cárdenas, profesor asociado de la Universidad de La Sabana que, en alianza con Pares, realizó un estudio sobre el papel de los medios de comunicación en la realidad de líderes y lideresas sociales en Colombia.

Inició su participación señalando que el lenguaje es la forma en que se moldea la realidad y el instrumento a través del cual se configuran las claves para entender un problema. Frente a la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos, evidenció que un lenguaje que prioriza la violencia tiende a reproducir fenómenos como la estigmatización, los prejuicios y los señalamientos.

A partir de esto, se hizo un estudio sobre el cubrimiento y el tratamiento de los medios a las noticias relacionadas con líderes y lideresas sociales. En este se encontraron cuatro escenarios donde el lenguaje puede estar construyendo violencia:

Primero, cuando el lenguaje acompaña relatos violentos; segundo, cuando el lenguaje se utiliza para justificar una muerte; tercero, cuando el lenguaje conduce hacia la violencia, especialmente en espacios como las redes sociales; y, por último, cuando el lenguaje es, en sí mismo, un acto violento.

Estos escenarios del lenguaje se normalizaron, en muchos casos, en el paisaje comunicativo y en la forma en que los medios tratan acontecimientos relacionados con líderes y lideresas sociales. Por ejemplo, en más de la mitad de las noticias analizadas se evidenció que hay una preponderancia en las cifras y en los conteos de violencias, sin profundizar en los casos específicos.

El 41% de las noticias hablan simplemente de una situación de seguridad y de orden público, por lo que se enmarca la problemática bajo un lente de inseguridad que no responde a las realidades por las que ocurren afectaciones a líderes y lideresas.

Esto promueve una lógica de la securitización que hace que el Estado responda a estas afectaciones mediante el incremento de la Fuerza Pública, escoltas, pero sin tratar de forma integral las causas estructurales de esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población.

Finalmente, el evento cerró con preguntas tanto de periodistas de los tres países como del público general. Estos interrogantes permitieron profundizar en el contexto de riesgo de personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela.


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Artículo por: Juan Camilo Rodríguez Guerra @ | Publicado: Hace 3 semanas

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