Por: Laura Cano Periodista – Pares
Luego de varias semanas en las que varios sectores pedían la renuncia de Karen Abudinen al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a causa del escándalo por la pérdida de $70.000 millones con los que se pretendía llevar internet a zonas alejadas del país, finalmente el presidente Iván Duque solicitó la renuncia de la ministra, quien deberá dejar el cargo en los próximos días.
Esta decisión se tomó en medio de la moción de censura que enfrenta la ministra, proceso de control político en el cual también tambaleaba, pues recientemente se conoció que la bancada del Partido Liberal (la más grande en la Cámara de Representantes) había decidido votar a favor la moción de censura en contra de Abudinen.
“La bancada de Cámara del Partido Liberal en sesión virtual, el día 8 de septiembre de 2021, por votación mayoritaria ha aprobado votar favorablemente la moción de censura contra la ministra de la TIC, Karen Abudinen, para que sea separada de su cargo, por considerar que existen argumentos para atribuirle responsabilidad política”, se lee en el comunicado de los liberales.
Y es que justamente antes de que el presidente solicitará la renuncia de Abudinen, ya eran múltiples las exigencias para que la funcionaria dejara su cargo, y una de las acciones adelantadas fue la que se dio en el Congreso, en donde citaron a Abudinen a debate de control político y moción de censura.
Con todo esto, y como afirmaba Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a través de su cuenta de Twitter, quedan tres preguntas: “1. ¿En manos de quién quedará el Ministerio?, ¿nuevamente en manos de los Char o pasará a Vargas Lleras? 2. ¿Qué pasará con los 70 mil millones? 3. ¿Karen Abudinen será candidata a la Alcaldía de Barranquilla?”.
Por otro lado, hay que recordar que el proceso está siendo investigado por la Procuraduría desde el pasado 27 de julio: “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, comunicó el organismo. Y desde la Fiscalía se ha aseverado que se están realizando investigaciones a los funcionarios públicos del MinTIC que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. En la tarde del pasado 24 de agosto el organismo realizó una inspección en la sede del Ministerio para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados.
La denuncia de la pérdida de los 70.000 millones
Precisamente, hace unas semanas se conoció este escándalo relacionado a la celebración de un contrato por más de un billón de pesos entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados. A través de este acuerdo se pretendía llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. El contratista debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado como adelanto.
El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato.
Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esta situación, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato.
En efecto, la defensa de la Unión Temporal presentó una acción de tutela y esta fue analizada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico), quien decidió frenar el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Hay que señalar que, además, la Unión Temporal había afirmado que actuaron de buena fe y que tienen cómo probar que no tienen nada que ver con la emisión de pólizas falsas.
Con esta decisión judicial, las resoluciones del 19 de julio de 2021 y del 13 de agosto de 2021 quedarían suspendidas, así como cualquier decisión que hubiese sido tomada en los últimos meses, lo que incluye también los pagos que le habían sido impuestos a la Unión Temporal. Asimismo, se pondría freno a la decisión que se había tomado desde el MinTIC de entregar a ETB el contrato por $1,07 billones que le había sido caducado a la Unión Temporal Centros Poblados.
Este panorama indicaba que se abría otro capítulo en este caso. Sin embargo, el juez Alberto Mario Ospino, quien había ordenado frenar la caducidad del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTIC, decidió revertir la decisión dejando en firme las acciones tomadas por el MinTIC.
Tras todo esto, en la cartera se presentaron varias renuncias, entre ellas la del director de infraestructura de esta cartera, Camilo Jiménez, las de otros siete funcionarios de esta área y las de dos de las funcionarias más cercanas a Abudinen: la secretaria general del MinTIC, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela. Hay que mencionar que estas personas están vinculadas con este escándalo.
Adicionalmente, en medio de todo esto, Karen Abudinen comunicó que se habían embargado cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y de sus integrantes por su implicación en este hecho.
A esto se suma que, el pasado fin de semana, en su columna publicada en El Tiempo, Germán Vargas Lleras denunció que Abudinen también estaba relacionada con un contrato que presentaba irregularidades entre el MinTIC y la empresa 4-72. Sobre esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que sí encontró mérito para la apertura de una investigación administrativa sobre la contratación.
Lo que denunciaba el exvicepresidente era que en el contrato se había dado una presunta colusión (convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien) para unas licitaciones que se abrieron este año, y a pesar de las alertas que se hicieron, nadie del Ministerio tomó medidas al respecto.
Hoy, la renuncia parece ser una victoria para quienes, desde distintos sectores, insistían en la renuncia de Abudinen. Asimismo, se espera que, en efecto, las investigaciones puedan avanzar y esclarecer lo sucedido para que se conozca quienes fueron los responsables. Y, con mucha más urgencia, se espera que finalmente el proceso de conexión se lleve a cabo y que quienes se iban a ver beneficiados con la conectividad de internet pronto puedan hacerlo.