Por: Laura Cano Periodista – Pares
Esta semana se conoció que otra ficha más del ‘Clan Aguilar’ estaba en una encrucijada judicial. Se trata del representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien el pasado miércoles renunció a su curul. Esto tras verse implicado en un proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por el escándalo relacionado a un supuesto entramado de corrupción en la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar. Finalmente, durante ese día, la renuncia fue aceptada en plenaria con 131 votos a favor y 15 en contra (Te podría interesar: Richard Aguilar: una ficha del clan político de Santander que cayó).
Hay que recordar que justamente un día antes, el 7 de septiembre, se había conocido que Ballesteros había quedado formalmente vinculado a la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en materia de contratación. Durante ese mismo día se conoció que los abogados del representante del Centro Democrático habían presentado su renuncia: el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Julio César Ortiz.
“Esta renuncia la presentamos ante su Despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado, especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia», se lee en el documento enviado al magistrado Héctor Alarcón, encargado del caso. Al respecto, es importante mencionar que en la indagatoria, citada para el 23 de agosto pasado, también Francisco Bernate, quien llevaba el caso, había renunciado al mismo.
Ballesteros es investigado por el Alto Tribunal, desde junio de este año, por presuntos hechos de corrupción mientras estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016. De esta forma, la Corte deberá también indagar si Ballesteros incurrió en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Esto se pretende esclarecer a través de la investigación de tres contratos: el primero es el 157 de 2014, firmado entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S por $1.188.804.830, bajo el objetivo de realizar mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector del municipio de Sucre, Santander. El segundo data del 23 de febrero de 2015 y fue realizado con la Unión Temporal Enciso Potable, por 472 millones de pesos, para una planta de potabilización de agua en Enciso, Santander. Justamente con esta misma unión temporal se celebró el otro contrato, el cual se realizó por 4 mil millones de pesos para el sistema de acueducto en el municipio de Landázuri.
Hay que recordar que todo este caso se estableció a través de la investigación que se le adelanta a Richar Aguilar, quien fue capturado el 27 de julio por el CTI de la Fiscalía. Los motivos que llevaron a la captura de Aguilar tienen que ver con una serie de denuncias que se relacionan con su gestión mientras fue gobernador de Santander, cargo en el que estuvo desde el año 2012 hasta el 2015 (periodo en el que se habrían suscrito una serie de contratos, a través suyo, en los que se acusa que hubo irregularidades).
Aguilar también es investigado desde el pasado mes de marzo por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción le abrió investigación formal por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Además, también se establece que pudo haber una posible concertación para delinquir, hechos en los cuales, al parecer, abusó de su poder y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva.
“Según las investigaciones que se han hecho, a diferencia de Aguilar, que fue capturado estando en ejercicio del cargo, Ballesteros podría hacerle ‘conejo’ a la justicia. Esto porque la información que existe es que, en ejercicio de sus funciones, habría participado del presunto entramado de corrupción de medio billón de pesos”, expuso al respecto Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).