El presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que convoca a la Consulta Popular. Lo hizo varias horas antes de salir a dar un discurso frente a la gente movilizada en Cali —que tuvo que esperarlo varias horas para escucharlo hablar—, con Simón Bolívar y una pequeña bandera de la “guerra a muerte” de fondo. Lo hizo, de acuerdo con Armando Benedetti, ministro del Interior, porque el plazo de la convocatoria se vencía el 12 de junio a las 12:00 am.
La mayoría de los ministros y ministras del gabinete firmaron el documento (aunque algunos lo hicieron a través de delegados, como es el caso del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, igual que la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, y el ministro de Minas, Edwin Palma Egea), luego de que el presidente se los exigiera en días anteriores, antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Con la firma de este decreto, al presidente Petro se le suma un frente más de disputa a los dos que ya tenía abiertos desde el fin de semana pasado. Por ahora, debe enfrentar una batalla jurídica y legal que se antoja larga por el concepto de la Consulta; debe confrontar al Congreso con el que se consolida el bloqueo institucional; y debe afrontar un escenario de precampaña donde la mayoría de los partidos no lo reconoce como garante del proceso electoral. Así estarían los escenarios del gobierno, que lanza su declaración de intenciones con este llamado a la Consulta Popular.
—Primer frente: el “decretazo” y la disputa jurídica que la abre
Finalmente, el gobierno dio el paso y decretó la Consulta Popular, en un momento de alta crispación política, en la que las tensiones entre las tres ramas del poder público están en un punto bastante álgido. Aun cuando continua el debate jurídico sobre la legalidad de la votación de la plenaria del Senado que terminó hundiendo la primera convocatoria, el gobierno decidió arriesgarse a firmarlo, bajo el argumento de que hoy se vencía el plazo por el cual el presidente podía convocar este mecanismo de participación ciudadana.
La respuesta —esperable y cantada desde días atrás— por parte del Congreso y de algunas figuras políticas fue demandar el decreto ante el Consejo de Estado, mientras que el gobierno, aventajándose a la respuesta jurídica, envió el mismo documento a control por parte de la Corte Constitucional.
La figura con la cual expidió el decreto se concentró en la excepción de inconstitucionalidad, el cuál es un mecanismo jurídico por el que una autoridad judicial o administrativa puede dejar de aplicar, en un caso concreto, una norma de rango legal, reglamentario o de cualquier otra índole, por considerarla contraria a la Constitución Política. La movida que hizo el gobierno Petro se basó en una lectura del hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la que señaló que el trámite de la votación de la Consulta Popular en el Senado tuvo vicios de forma y de fondo, por lo que su efecto jurídico como norma es inaplicable, pues viola la Constitución.
Este es nuestro fundamento legal sobre la consulta. pic.twitter.com/zjk8zZVro4
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
Esto es importante porque a partir de esa lectura jurídica es que empieza la batalla legal por lograr que la Consulta Popular sea votada o no el 7 de agosto, fecha en la que el presidente la convocó en el decreto firmado este 11 de junio, y que se dará en varios escenarios:
a). Por un lado, en la determinación jurídica si la votación en el Senado fue irregular o no. Frente a esto, ya hay un auto del Consejo de Estado que indicó que la votación fue legal y que el proceso de convocatoria de la Consulta debió cerrarse tras el hundimiento. No obstante, con el concepto de excepción de inconstitucionalidad, es claro que la Corte Constitucional tendrá que entrar a estudiar, como tribunal de última instancia, si esa votación fue irregular o no.
b). Mientras tanto, la lluvia de demandas (que comenzó inmediatamente después de anunciarse la firma del decreto) llegarán potencialmente a la Sección Quinta del Consejo de Estado (que dirime asuntos electorales y que, como lo señalamos en este artículo, ha sido el mismo lugar donde se han hundido las personerías jurídicas de algunos partidos jurídicos cercanos al bloque de gobierno, como Soy porque Somos, Fuerza Ciudadana, Independientes y Todos somos Colombia, así como también ha sido el tribunal donde se han perdido las investiduras de Roy Barreras, César Pachón y Alexander López).
Junto con su arribo a esta sección, las demandas buscarán que se impongan medidas cautelares hasta que el Consejo de Estado tome una decisión y falle, con la finalidad de que se suspenda todo el proceso de la Consulta hasta nuevo aviso. Para ello, el gobierno también se aventajó esta vez y, al enviar a control de constitucionalidad la medida, salvaguarda que toda decisión de fondo de la Corte se tome una vez realizados los comicios.
Al mismo tiempo, adelantándose a la lluvia de demandas ante el Consejo de Estado, buscarán apelar a la existencia de un conflicto de competencias entre las cortes para dejar sin efecto las medidas cautelares hasta que se decida de fondo qué tribunal debe estudiar el caso.
c). Lo que conlleva a que, en últimas, en medio de la disputa jurídica, el siguiente paso recaiga en el Registrador Nacional, Hernán Penagos. En este caso, esta figura termina siendo importante porque en sus manos tiene la decisión de reconocer el decreto y dar inicio al proceso, o abstenerse. La primera salida, según La Silla Vacía, implicaría que, si Penagos acepta de inmediato el decreto, debe solicitar la financiación y asignación de recursos del proceso electoral al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, para luego, por urgencia manifiesta, abrir un proceso de licitación para la logística del evento, y luego hacer público el calendario electoral.
No obstante, Penagos puede abstenerse de tomar una decisión, aduciendo que, con las demandas existentes y el control de constitucionalidad en ciernes, prefiere esperar un fallo de fondo, o puede apelar al mismo concepto jurídico del decreto, la excepción de inconstitucionalidad, para curarse en salud y esperar a que sea la Corte quien tome la decisión de si la Consulta finalmente es legal o no.
Lo que sí queda de manifiesto es que es probable que la disputa jurídica y legal sea larga, y que al final la Consulta, antes que caerse, termine siendo aplazada mientras las cortes resuelven sus diferencias y toman una decisión de fondo.
—Segundo frente: las tensiones con el Congreso y la discusión de la Reforma Laboral
Mientras la plenaria del Senado de la República comenzaba la discusión de la revivida reforma laboral, luego de haber suspendido la sesión del pasado lunes 9 de junio tras el atentado al senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro firmaba el decreto de convocatoria a la Consulta Popular, cerca de las 4:15 pm.
Tras la firma, el mismo presidente, desde su cuenta de X, indicó que sólo retiraría la Consulta si el Congreso cumplía con su deber constitucional y aprobaba el texto que ya venía concertado desde Cámara, mismo que era la base de la ponencia alternativa propuesta por Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, y que se sometió a votación en primer lugar en esa corporación.
No obstante, esta ponencia fue negada con 57 votos contra 32. La respuesta del Pacto Histórico vino luego con la votación de la ponencia mayoritaria aprobada en la Comisión Cuarta de Senado el pasado 27 de mayo, en la que votaron negativo al proyecto. Aun así, la ponencia de la revivida reforma laboral fue aprobada con 67 votos por el SÍ y 25 por el NO.
Ante la negativa del Senado por no mantener el texto en Cámara y tras la firma del decreto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, declaró ante la plenaria del Senado que el gobierno seguiría acompañando hasta el último instante y agotando todas las instancias restantes el debate sobre la reforma laboral. Esto se manifestó luego en la votación del primer bloque de artículos, en la que la mayoría de los partidos del Congreso tuvieron unanimidad y que quedó 85 votos por el SÍ y 5 por el NO.
Finalmente, y ante la avalancha de proposiciones a los puntos más álgidos de esta reforma (como el recargo nocturno, la jornada dominical y otros temas), el Senado votó en su mayoría por conformar una subcomisión que reconciliara y articulara la mayor parte de las propuestas de modificación al articulado, para consolidar un solo bloque este jueves 12 de Junio, y evacuar lo más pronto la reforma.
La apuesta del Congreso para detener la convocatoria de la Consulta (tanto de la primera, decretada, como de la segunda, en trámite para ser discutida el mismo jueves o el próximo lunes) es aprobar en poco tiempo la reforma y disputarla a voto limpio en el escenario de conciliación en Cámara, para quitarles razón de ser a ambas convocatorias y dejarlas inviables en la práctica porque el argumento por el que fueron convocadas se habría resuelto al aprobarse la reforma.
No obstante, esa disputa no será fácil, más sabiendo que el escenario del gobierno en la plenaria de la Cámara es bastante más favorable. Aun cuando algunos de los partidos pueden apelar a la Ley de Bancadas para frenar a los bloques cercanos al gobierno al interior de sus propias estructuras, lo cierto es que el riesgo de que la discusión se quede en un punto muerto y el plazo para aprobar la reforma pase, sigue siendo bastante alto.
—Tercer frente: la campaña (pre)electoral de cara a 2026 y la disputa con los partidos políticos
Tras el atentado del 7 de junio, el presidente convocó, a través de su ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Comisión de Garantías Electorales, con el objetivo de establecer lineamientos de seguridad y protección para los precandidatos presidenciales en el inicio de campaña hacia 2026. La invitación se realizó luego de un consejo de seguridad y de varios llamados del gobierno a la concordia, además de que insistió en que el encuentro era de carácter institucional y no político, enfocado exclusivamente en discutir garantías electorales y condiciones de seguridad para los aspirantes. A esta comisión solo asistió el Partido Verde, el Pacto Histórico, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General.
No obstante, 9 partidos políticos, los de oposición y los partidos independientes de origen tradicional, junto con los partidos cristianos (Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, La U, MIRA, ASI, Colombia Justa y Libres, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción) rechazaron la convocatoria del presidente, argumentando falta de garantías para un proceso transparente y denunciando “evidentes sesgos” del gobierno contra la oposición, señalando un clima de hostilidad por parte del Ejecutivo.
Los partidos manifestaron que no reconocen ni a Gustavo Petro ni a Armando Benedetti como garantes del proceso electoral, por lo que le solicitaron al procurador general, Gregorio Eljach, que liderara la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral.
Esta fue activada luego, el martes 10 de junio, luego de que Eljach convocara una Comisión de Seguimiento, a la que asistieron 14 partidos: todos los de la oposición y todos los independientes (Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático, ASI, MIRA, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Colombia Justa y Libres, LIGA, Dignidad y Compromiso y AICO).
Luego, los partidos políticos, bajo la vocería de Efraín Cepeda, declararon que tampoco reconocían seguridad en el ejercicio prelectoral por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por lo que esperaban, bajo la coordinación de este sistema de vigilancia y control, reunirse por su parte con las Fuerzas Militares y la Policía para coordinar estrategias de seguridad futuras. Esto, luego de que el mismo presidente y Augusto Rodríguez, director de la entidad, reconocieron irregularidades en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay antes del atentado.
Las declaraciones no cayeron bien en el gobierno. El presidente Petro, a través de su cuenta de X, señaló que él era el comandante supremo en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y que no podían solicitar una reunión sin tener en cuenta a él. La tesis luego cayó sobre sus bases políticas y sociales como una insinuación a un potencial “golpe de Estado” y desconocimiento de las instituciones.
—A modo de cierre: ¿existe o no una ruptura institucional?
Con la reciente firma del decreto de la Consulta Popular y el llamado de los partidos a reunirse de manera particular con la Fuerza Pública, las acusaciones por considerar que el gobierno o el Congreso han dado un “golpe de Estado” han crecido como espuma en las redes sociales y han tenido eco en la mayoría de los medios de comunicación del país.
No obstante, siguiendo la posición de varios teóricos de las ciencias políticas, como Giovanni Sartori o Juan Linz, la comprensión de la idea de una “ruptura institucional” en estos momentos también dependerá del lugar ideológico y la posición política desde donde se enuncie y se lea esta coyuntura.
Desde una perspectiva institucionalista y liberal, el gobierno ha cometido una ruptura institucional en tanto transgredió las reglas fundamentales que rigen al sistema político, al abrir una disputa jurídica sobre una decisión que el Senado votó, de alguna u otra forma, conforme a lo establecido en la Ley Quinta, para justificar el decreto de una Consulta Popular que fue negada por el Senado.
No obstante, desde una lectura alternativa, el decreto de la Consulta no rompería ese marco institucional porque aún responde a un esquema jurídico e institucional que no desconoce ni los marcos de legalidad en sí. Es decir, que el gobierno apele a una narrativa jurídica para defender el decreto hablaría de que no desconoce el marco institucional en el que se encuentra establecido. Es la misma lectura en la que se sustenta Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, para indicar que no es irregular ni ilegal las acciones que el gobierno está tomando a cabo para realizar la Consulta.
