Por: Línea de Gobernabilidad y democracia Desde 2002 el Programa de Alimentación Escolar se institucionalizó como un programa social del Gobierno Nacional a cargo del Ministerio de Educación en un ejercicio de responsabilidades administrativas concurrentes con municipios y departamentos para reducir la deserción escolar en las instituciones educativas públicas. Implementaciones del programa tan exitosas como el que hizo la alcaldía de Lucho Garzón en Bogotá, invitaron a que el PAE se volviera nacional. Estandarizar el programa facilitó la expansión de la iniciativa que para el año 2011 pasó definitivamente del ICBF al Ministerio de Educación Nacional, asociando su desarrollo a la meta de tener coberturas universales, incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares Durante el año 2023 el presupuesto del orden nacional destinado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar aumentó, pasando de un poco más de 1 billón de pesos, a 1.2 billones, aumentando la cobertura al 79.4% de estudiantes vinculados al sistema. En este basto informe se toman los departamentos de Atlántico, Valle del cauca, Norte de Santander Antioquia y Chocó para evidenciar uno de los escándalos de corrupción que más indignan a los colombianos: el robo a los niños más pobres del país. Hay municipios, como Soledad, que están completamente dominados por políticos locales como es el caso de Eduardo Pulgar. Los contratistas del PAE salieron de su larga manga. El futuro del Programa de Alimentación Escolar tiene para Soledad un panorama de incertidumbre en manos de una operadora política de un ex senador condenado por corrupción que cada vez está más vigente detrás del telón de la política del país. En Barranquilla los que siguen manejando el PAE son los Char, amos y señores de la ciudad a pesar de los ruidos que generan. La capital del Atlántico ejecutó entre 2020 y 2023 un presupuesto superior a los 150 mil millones de pesos y que para 2024 espera llegar a los 99 mil millones de pesos, con un aumento de un 33% con respecto a los 66 mil millones que costó en la vigencia 2023. Dirigido, además, para atender a 130.000 estudiantes, ubicados en las 154 instituciones educativas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional. Los grandes contratistas del PAE en Barranquilla son familias como los Navarro Polanía quienes siguen mandando la parada a través de empresas suyas como la Vianda. En Antioquia uno de los grandes barones electorales, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo es quien ha manejado buena parte del PAE. En Antioquia este programa se convierte en una suculenta torta por lo cuantiosos de sus recursos. Tan solo en los municipios de Bello, Itagüí y el Distrito de Medellín se gastaron aproximadamente 730 mil millones de pesos entre los años 2020 a 2024. En Itagüí el control ejercido por el senador Trujillo es total. La comunidad se quejó del mal manejo del PAE en ese municipio e incluso en el 2022 el diario El colombiano tituló “La comida del PAE en Itagüí es incomible”. En dicha nota se mencionan diferentes irregularidades en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar de Itagüí (PAE), como demoras en la operación del programa y malas prácticas en la preparación de las raciones en sitio, evidenciando la inconformidad de los estudiantes, padres y docentes. En Medellín la llegada en el 2018 de Daniel Quintero constituyó cualquier otra cosa menos que el cambio que se esperaba. El caso de la Secretaría de Educación es uno de los más relevantes alrededor de la alcaldía de Quintero, ya que se vio inmersa en múltiples escándalos por la contratación del Programa de Alimentación Escolar. El más sonado fue por el contrato No. 4600085448 del 2020, efectuado con Colombia Avanza, donde se ve implicada la ex secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruíz por presuntas irregularidades. Conforme al análisis realizado durante el año 2020 hasta 2024, se evidencia que siempre participan las mismas empresas y en la mayoría de los casos se presentan como únicos proponentes, lo cual genera inquietudes en el proceso de contratación pues no hay más empresas interesadas en ejecutar el PAE de Medellín, siendo un PAE que ostenta valores bastante considerables. Este informe tiene un capítulo especial sobre el Chocó en donde le mete la lupa a uno de los departamentos más saqueados por la corrupción. Cúcuta no es la excepción. Lleva muchos años en manos de unos pocos contratistas. Durante los últimos 4 años, el PAE de la ciudad de Cúcuta ha tenido un valor de $139.418.780.300, habiendo sutiles variaciones a lo largo de cada año, siendo 2022 el año en el que más recursos tuvo (pues el valor inicial del contrato fue de $ 35.453.087.586), pero con un incremento cercano de $10 mil millones durante toda la gestión del alcalde Jairo Yáñez. Un denominador común a lo largo de estos años analizados ha sido la presencia de empresas y fundaciones vinculadas a megacontratistas y cárteles empresariales que han sido cuestionados en diversas regiones del país. Es reseñable la cantidad de lazos existentes con empresas y figuras relacionadas con el "zar de la contratación", Juan Carlos Manosalva, así como Carlos Duarte Valenzuela, quien hace parte de la red de contratistas y políticos que tiene control sobre el PAE en Santander, hasta la participación constante y permanente de empresas como Multiservicios Danisan S.A.S. en todos los procesos contractuales, por lo que las alertas activadas por veedores ciudadanos y otros proponentes sobre posibles conflictos de intereses y monopolización del programa no han cesado. Cali al ser una ciudad con más de 2 millones de habitantes cuenta con uno de los Programas de Alimentación Escolar más grandes del país, alrededor de más de 60 mil millones de pesos por año, son invertidos, con el propósito de suministrar raciones alimentarias a más de 150.000 estudiantes. Cali, como veremos en el exhaustivo informe, también presenta varias irregularidades en contratación. En este informe se encontrarán casos exóticos como la manera en la que se contrata en Itagüí, tierra del todopoderoso Julián Trujillo, senador conservador padrino de Olmedo López. Para hacer este informe se hicieron 75 derechos de petición y, esperamos, sirva de panorámica para contemplar el escándalo de corrupción más asqueante que pueda sufrir Colombia.

Por: Isabela Puyana En un intento por mejorar la equidad y sostenibilidad en el sector energético, el Ministerio de Minas y Energía ha presentado nuevas propuestas de tarifas asegurando que podrían tener un impacto significativo en la reducción del costo de la energía que hoy pagan los colombianos, en especial en la región Caribe. Desde hace años, el Caribe colombiano ha enfrentado desafíos considerables en términos de acceso a la energía asequible y confiable. Las tarifas actuales han sido objeto de críticas por ser desproporcionadamente altas en comparación con otras regiones del país, lo que ha afectado negativamente a los consumidores y ha limitado el desarrollo económico local. Según el Ministerio, las tarifas de energía eléctrica comenzaron con una tendencia a la baja porque se asumió el pago de la deuda por la opción tarifaria, es decir,  el mecanismo que ayudaba a aliviar a los usuarios los pagos del costo de la energía en la pandemia, pero que debían pagarlos con saldos acumulados posteriormente y que incrementaron el costo de la electricidad entre otros factores, de tal forma que, varias de las entidades del ejecutivo llegaron a un acuerdo con las empresas comercializadoras del Grupo EPM. Por otro lado, la entidad señala que los resultados de política pública alineados con la Creg, tendrán un pacto positivo en la reducción de la tarifa de energía para la población más vulnerable.   El ministro de Minas y Energía, Andrés Camargo, asegura estar trabajando junto a  la Creg en flexibilización para garantías del mercado, revisión del precio de escasez, mecanismos de financiación de créditos y de financiación y renegociación de contratos y afirma que continuará el diálogo con los actores de la cadena para avanzar en mejores las condiciones actuales de aquellos que tienen que elegir entre pagar o comer. Después de varias negociaciones con empresas, durante el mes de julio Afinia disminuyó su tarifa 4.4% lo cual, según el Ministerio, beneficiaría  a más de 1,5 millones de personas en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre; mientras que la empresa Air-e disminuirá la tarifa 4% a partir del 15 de julio, lo que espera beneficiar a más de un millón de personas en Atlántico, La Guajira y Magdalena, sin embargo, son muchos usuarios los que aseguran que esto es poco para lo que se necesita y que no se han sentidos escuchados durante meses por el ministerio.   Según Karol Solis, politóloga que hace parte de la Liga de usuarios del Atlático envió una carta pública al presidente Gustavo Petro y al Ministro Andrés Camacho en el que expresa el inconformismo por el proceso sobre la investigación hecha por la periodista Paola Herrera para revista Cambio en el que denuncia a Alberto Ríos, gerente de la empresa Aire-e por un proceso de licitación de la energía en el este auto compraba energía para luego doblar su precio. Pero aún hay pronunciación sobre el tema. Así mismo, Karol Solis asegura que las manifestaciones de la reducción de las tarifas del 4% como un logro por parte del ministerio, cuando las denuncias en el caribe dan cuenta por manipulaciones en el cobro por un 40% aproximadamente, serían insuficientes para los más vulnerables.

Por: Redacción Pares Todos los gobiernos le apuntan a un legado. Conscientes del papel que les dará la historia, los presidentes saben que no pueden conformarse con que su paso por el Palacio de Nariño se limite a un retrato colgado en uno de sus salones. Desde su paso por el M-19 y por el senado Petro siempre fue un impulsor de las salidas negociadas a los conflictos.  Su promesa de campaña principal fue la de buscar sentarse a dialogar con la totalidad de grupos armados del país, un esfuerzo ambicioso que desató varios escándalos y que levantó críticas dentro de la oposición. La visita de Juan Fernando Petro, su hermano, y de Danilo Rueda, quien sería su primer comisionado de paz, a la Picota, a hablar con parapolíticos condenados, levantó suspicacia en un sector de la prensa que aún tilda estos encuentros como “El Pacto de la Picota”. La Ley 2272, o Ley de Paz Total se empezó a tramitar después del 7 de agosto del 2022, cuando Petro, por sus coaliciones, tenía la mayoría en el Congreso, por eso pudo tramitarse con celeridad. En noviembre del 2022 ya estaba lista. Sin embargo, en el informe que se lanzará este 16 de julio titulado ¿Plomo es lo que viene? Dos años de balance y retos de la Paz Total, “no se conoce otro documento que le dé forma. No hay una hoja de ruta y, en definitiva, no es fácil percibir un plan claro”. La paz ha tenido ya dos comisionados, primero Danilo Rueda y desde noviembre del 2023 Otty Patiño. Se han efectuado cuatro ceses al fuego de los que sólo sobreviven dos y se ha dialogado con siete grupos armados. Uno de los cuellos de botella que ha traído la instalación de mesas, pactar ceses al fuego, llegar a acuerdo es lo organizativo. Donde el avance ha sido más lento es en la provisión de agenda, capacidad, apoyo y recurso humano a los diálogos socio-jurídicos que es el nombre con el cual se conoce a los esfuerzos de diálogo para el sometimiento de grupos delincuenciales o estructuras del crimen organizado de alto impacto (ECOAI). Hoy en día se encuentran activos, pero en cuidados intensivos los diálogos entre Shottas y Espartanos en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), en Quibdó (Chocó) y en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Por otra parte, los acercamientos con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) y grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han utilizado varias formas de presión, incluyendo presión violenta a comunidades para ser incluidas en el proceso de Paz Total. Hasta el momento no se han presentado avances. Pero este informe en concreto identifica cuatro grandes retos de la Paz Total. 1.     Primer reto: el “politicómetro” y los incentivos no buscados de la ley de Paz Total para los grupos armados. Que tiene que ver con los cambios que se produce en el tipo de violencia organizada 2.     Segundo reto: información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto (EACAI), especialmente sobre el Clan del Golfo/EGC. 3.     Tercer reto: Negociar en un momento de expansión y crecimiento de grupos armados. Desde la sociedad civil informes como el que presentará la fundación Paz y Reconciliación el próximo martes 16 de agosto sirven para ir mandándole mensajes al gobierno del camino a seguir en la intrincada negociación. 4. Cuarto reto: La comunicación alrededor de los avances de la Paz Total. Desde el principio, la Paz Total ha sido percibida en la opinión pública como un objetivo inconmensurable o ambicioso en su consecución. Los avances en las negociaciones con los grupos que tienen mesas activas y la disminución de los indicadores de violencia, que forman parte de esta apuesta gubernamental, no han sido visibilizados de manera clara o suficiente por las diversas vocerías que la abanderan. A esto se suma la evidente escalada de violencia liderada por grupos como el EMC y el EGC, que opacan cualquier tipo de avances obtenidos por el gobierno en términos de resultados operacionales o acuerdos en las diferentes mesas de negociación. Ante esta situación, se hace necesaria una estrategia de comunicación más asertiva, enfocada en la pedagogización de la política de Paz Total, especialmente para su ejercicio de territorialización. Es fundamental que se proporcionen claridades sobre su ruta de implementación y los logros alcanzados hasta el momento.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador/ Iván Muñoz A Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, no le gustaba gastar balas para cometer sus masacres. Era como si los campesinos no se merecieran una muerte rápida. Tenían que sufrir. Además era meticuloso. Sus masacres duraban varios días. Una de las más atroces, la de Macayepo, en Sucre se perpetró entre el 9 y el 16 de octubre del 2000. Cadena había nacido en ese corregimiento, en septiembre de 1965. Se crio en una finca de cincuenta hectáreas, estudió hasta séptimo de bachillerato, ayudaba a una tía en una tienda, le gustaban las armas y las peleas de gallo. Conocía la zona, por eso duró tanto tiempo en ese lugar. Con los 80 hombres con los que entró recorrieron los corregimientos de La Palma, El Limón, El Floral y Cañas Frías buscando más enemigos, más cómplices de la guerrilla. En Macayepo ya habían asesinado a 15 personas. En la otra incursión mataron a otras 11 más. No usaron balas. A las víctimas las reventaron a punta de garrote y grandes piedras. Los cuerpos, despedazados, los dejaron podrirse así, en el suelo, una táctica del terror que practicaban Atila o Iván el Terrible. Tuvo tiempo para peinar los alrededores de Macayepo porque sabía que, gracias a la intervención de Álvaro García, la Fuerza Pública no iban a intervenir. Estaban de su lado. Incluso uno de los policías que con más ahínco hacía operaciones contra los paras, Rodolfo Palomino, había sido trasladado en los días previos. El senador fue condenado a 40 años de prisión por esta masacre. Tan sólo pagó la mitad del tiempo. El pasado 9 de julio fue puesto en libertad. La de Macayepo fue una de sus masacres más conocidas pero no fue la peor ni la más sangrienta. Ni la primera. Sus hombres, llamados el Bloque Montes de María, habían actuado, entre los días 16 y el 21 de febrero, asesinando a una cifra indeterminada de campesinos -el número va entre 60 y 100 víctimas, en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Lo que si es seguro, y sabemos gracias a la crónica de Alberto Salcedo Ramos titulada El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas  es que la primera víctima fue un campesino llamado Eduardo Novoa Alvis. Lo pusieron en la mitad de la cancha de microfútbol -y todo el pueblo obligado a ver- “le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído de la Casa de la Cultura”. Lo del Salado fue el regreso de las invasiones bárbaras. La operación tuvo dos responsables, Mancuso y Cadena. Una explicación a la saña con la que Cadena mataba a las personas fue la manera como murió su familia. Desde pequeño él se acostumbró a ser un informante del ejército. Siempre les comentaba por donde se movían los frentes que azotaban Macayepo. La guerrilla se vengó matando a parte de su familia. Esa fue su justificación para tanta sangre vertida. Tantas vidas arrebatadas. Según Verdad Abierta sus primeras masacres fueron la de Pichilin y Colosó. En ambas mató a 13 personas. Pero en el Salado le daría toda la libertad a su maldad. Poco después de la carnicería en el Salado visitaron Ovejas, también en Sucre, y mató a 24 campesinos. También a punta de mazazos. Le gustaba el mazo. Cadena había pactado con varios políticos poderosos de esa región. Ya mencionamos al “Gordo” García, pero también se reunía con Salvador Arana, el ex gobernador condenado por la muerte de el alcalde de el Roble, Jorge Eliecer Anaya, ex gobernador condenado por parapolítica y Eric Morris, también uno de los barones de la parapolítica en Colombia. Cadena además tuvo influencia en la elección de alcaldes de los siguientes municipios: an Onofre, Tolú, Toluviejo, Coveñas, Arjona, Sincé, Colosó. Desde el 2005 no se volvió a saber nada de Alias Cadena. Desapareció y algunos lo dieron por muerto. En el año 2021, en declaración ante la JEP, Arana afirmó: “A Cadena lo asesinaron los Paramilitares, lo sacaron con engaños de Ralito (Santa Fe de Ralito Córdoba) y lo asesinaron en una finca más adelante. Cadenas lo asesinaron porque amenazó con declarar contra todos los políticos, ganaderos, Empresarios y comerciantes de Sucre”. La única versión que existe sobre su muerte es la que contó Arana. Jamás se encontró su cuerpo. Sus víctimas no han podido ser reparadas.

No para la violencia de Maduro contra sus opositores Por: Redacción Pares Durante el mes de junio se presentaron 14 hechos victimizantes, que dejaron un saldo de 25 víctimas únicas. Esta cifra supera a la del mes de marzo, que con 9 hechos y 14 víctimas se había convertido en el más violento reseñado en este informe. El 95% de los hechos victimizantes fueron realizados por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado venezolano. Al igual que vimos en el primer periodo abordado, no se han presentado víctimas que hagan parte de estructuras políticas o militen en alguno de los partidos del bloque oficialista de gobierno. Durante los 3 meses y 21 días cubiertos en este segundo informe (5 de marzo – 26 de junio de 2024), Pares y ARI registraron 39 hechos violentos que han dejado un saldo de 63 víctimas únicas. Cabe aclarar que varias de estas víctimas pueden sufrir hechos victimizantes más de una vez, aunque por el momento y para efectos de este informe, no se han registrado casos de revictimización. Los hechos victimizantes se registran en 18 de los 24 Estados que conforman la entidad federal de Venezuela (75%), lo que implica que en junio hubo 5 nuevos Estados en los que se presentaron acciones de violencia político-electoral. En los últimos 3 meses y 21 días, la mayoría de los hechos sigue concentrándose en el Distrito Capital de Caracas (7); Estado La Guaira (5); Estado Monagas (3); Estado Delta Amacuro (3); Estado Miranda (3); Estado Portuguesa (3); Estado Aragua (2); Estado Táchira (2) y Estado Falcón (2). En 9 Estados se presentó solo un (1) hecho de violencia político-electoral, mientras que sólo en 6 siguen sin existir reportes de algún caso. De las 63 víctimas registradas hasta el momento, no se ha registrado ninguna a causa de homicidio y/o asesinato. La mayor parte de la violencia ha sido ejercida por acciones institucionales en las que se han registrado dieciocho (18) capturas, dieciséis (16) órdenes de inhabilitación, ocho (8) ejercicios de sanción fiscal, siete (7) órdenes de aprehensión, dos (2) allanamientos y dos (2) víctimas procesadas jurídicamente. Frente a hechos de índole irregular se han presentado ocho (8) amenazas. Frente a las candidaturas, no se ha presentado en el momento ningún ataque directo que victimice a quienes se registraron en el tarjetón electoral. Que la mayoría de los hechos victimizantes se concentren en los miembros de su comando de campaña y en los militantes de los partidos que los acompañan implica que la violencia se ejerce como método de amedrentamiento y debilitamiento contra las candidaturas sin tocarlos directamente, buscando ejercer presión sobre ellos. Para efectos de este informe, no se registró ningún hecho de violencia político - electoral contra algún candidato, miembro de partido, miembro de comando de campaña o miembro de cargos de elección popular oficialista. Como veremos en esta segunda parte del informe, periodistas, comerciantes y ciudadanos de a pie, que están en las campañas que no son oficialistas, han sido víctimas de persecución política.

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Uno de los principales problemas que ha generado la idea del "poder constituyente" promovida por el Gobierno Nacional  y Gustavo Petro desde el 15 de marzo de 2024 en Puerto Resistencia, Cali, es la falta de claridad. Esta idea ha sido en gran medida abstracta y vaga, resultando confuso tanto para las bases sociales, en las que el gobierno afirma que se origina este "poder", como para los sectores políticos institucionales, los gremios empresariales y la burocracia colombiana. Se puede rastrear la definición de poder constituyente en Antonio Negri , el fallecido filósofo italiano, quien es uno de los principales teóricos de la corriente operaísta dentro del llamado post-marxismo, y que ha sido uno de los principales referentes teóricos de Gustavo Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá en 2011. Negri concibe el poder constituyente como una fuerza constante y persistente que busca mantener vivas las tensiones revolucionarias con el objetivo de generar diversos proyectos políticos emancipadores. Según Negri, "el pueblo" o "las multitudes" tienen la capacidad de impulsar transformaciones institucionales que no necesariamente implican una modificación del sistema político vigente. La idea de Poder Constituyente y Asamblea Nacional Constituyente no son lo mismo. Si bien una Asamblea Nacional Constituyente puede surgir como consecuencia de un proceso iniciado por el poder constituyente, no todos estos procesos se traducen en una transformación institucional formal. El poder constituyente puede ser una fuerza contestataria, una forma de democracia radical que provoca tanto continuidades como rupturas en el contexto político nacional, que puede trascender los límites del sistema político establecido, construyéndolo, moldeándolo o cuestionándolo. Según la socióloga chilena Marta Harnecker, el poder constituyente tiene como objetivo crear nuevas formas de participación política desde las bases sociales . Estas nuevas formas de participación, según Harnecker, deberían integrarse en un sistema de toma de decisiones que influya en las dinámicas de poder, especialmente en la capacidad de legislar, que debe responder a las necesidades de la sociedad y no estar limitada únicamente al ámbito parlamentario. La vía está por revivir un Acuerdo Nacional que nunca se concretó En su discurso inaugural de la segunda legislatura del Congreso, el 20 de julio de 2023, Gustavo Petro dilucidó los primeros esbozos de un gran “Acuerdo Nacional”  con los partidos políticos y los diferentes sectores de la sociedad civil, que buscaba dos cosas. Por una parte, pretendía romper el estancamiento político en el que se había sumado el gobierno, tras la ruptura de la primera coalición con el Partido Conservador y el Partido de la U en abril de 2023 —que terminaron en la independencia—; por otro lado, quería evitar el bloqueo político que la oposición le había planteado como estrategia para evitar la aprobación de su agenda de reformas al cierre de esa primera legislatura. No obstante, las negociaciones para lograr este “Acuerdo Nacional” pronto se vieron opacadas por el contrapunteo entre el gobierno y la oposición por movilizar a sus bases en las calles, junto con la preferencia del gobierno por negociar con los congresistas de manera individual, antes que someter a discusión y negociación la mayoría de sus proyectos con los partidos independientes y opositores. Del mismo modo, el gobierno logró generar algunos avances con sectores económicos importantes del país  en la construcción de este acuerdo, como la reunión realizada con los “cacaos” el 21 de noviembre de 2023, en la que Gustavo Petro logró construir una agenda con los empresarios alrededor de las necesidades de un posible diálogo nacional, alrededor de la promoción de proyectos productivos y una agenda de desarrollo económica ligada a la defensa del medio ambiente y la educación. La idea de un nuevo Acuerdo ha vuelto a tomar fuerza desde que fuera aprobada la reforma pensional en Senado, a finales de mayo de 2024. Aunque el presidente Petro señaló que la aprobación de la pensional demostraba que existía un ambiente propicio para generar este Acuerdo, la caída del proyecto de ley de educación como derecho fundamental mostró que muchos sectores del bloque progresista no están dispuestos a negociar los puntos fundamentales del paquete de reformas a cambio de su aprobación. La apuesta de Cristo: el Acuerdo Nacional para mover las reformas sin llegar a un escenario constituyente El ministro Juan Fernando Cristo ya no está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de la búsqueda y la consolidación de un Acuerdo Nacional cuyo pacto pueda, eventualmente, proponer la idea de Constituyente como una posibilidad —entre otras que ese pacto decida— para implementar los acuerdos alcanzados. Así lo dejó claro en una entrevista que le brindó a Patricia Lara Salive, para la Revista Cambio . Cristo pretende aterrizar la idea del “poder constituyente” de Petro sin apelar a un cambio constitucional radical que transforme la institucionalidad existente en el país. La tesis del Santismo, expresada por el mismo expresidente Santos y ratificada por gran parte de la institucionalidad colombiana, es que la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas posibles para generar las reformas sociales  que necesita en este momento el país. Lo que puede significar que Cristo puede buscar un punto medio dentro de la construcción de un nuevo Acuerdo Nacional a través de reformar, en algunos casos, elementos puntuales de la Constitución, sin que aquello implique derogarla. Los riesgos, en cualquier caso, radican en los resquicios que dejan estos procesos, por donde se pueden colar propuestas regresivas. Además, Cristo deberá enfrentar el desafío de conciliar las expectativas de los sectores más progresistas frente a las reformas, con la necesidad de lograr acuerdos políticos viables con otros sectores políticos distantes del gobierno y evite un distanciamiento de las bases sociales del gobierno. El reciente proceso de negociación del proyecto de ley de educación como derecho fundamental en la Comisión Primera del Senado generó resquemores entre los miembros del Pacto Histórico, quienes consideraron que las concesiones hechas a la oposición debilitaron el carácter reformista del proyecto original, lo que ha despertado temores sobre el futuro "diálogo nacional" propuesto por el gobierno, más si se tiene que cruzar las “líneas rojas” que el gobierno ha establecido para cada proyecto de ley.  Existe inquietud de que, para lograr consensos con partidos independientes y de oposición, se tengan que hacer concesiones en proyectos de ley clave. En este contexto, Cristo podría necesitar implementar una estrategia de negociación diferente a la utilizada hasta ahora por el gobierno en sus interacciones con el Congreso. Es importante recordar que la reciente negociación entre sectores independientes, la oposición y el bloque gubernamental para aprobar el proyecto de educación como derecho fundamental provocó un paro por parte de FECODE, que pudo haberse extendido al movimiento estudiantil universitario. Esta situación presenta una ambivalencia: por un lado, refleja la idea del "poder constituyente" que promueve el gobierno, fomentando la movilización política y la defensa integral de las reformas por parte de estos sectores. Sin embargo, también genera el riesgo de que estas mismas bases sociales puedan volverse críticas con el gobierno que las ha impulsado, especialmente en un escenario donde el gobierno necesita de la movilización de las mismas. El Gobierno Nacional es nombre propio.

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En las últimas 3 semanas, posterior al cierre de la segunda legislatura, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 cambios en su gabinete, en la línea de un remezón ministerial que, a diferencia de los anteriores, ha sido progresivo y lento. De estos 6 cambios, los últimos dos han generado ruido en la opinión pública, en especial por la recomposición de fuerzas políticas en el marco de un nuevo Acuerdo Nacional que el gobierno quiere construir de cara a los próximos 2 años y a la tercera legislatura que se abre en el Congreso el 20 de julio. En los últimos 2 días salieron la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y la ministra de Educación, Aurora Vergara, y entraron Helga María Rivas y Daniel Rojas respectivamente. Catalina Velasco:   La saliente ministra de Vivienda fue una de las ministras más longevas dentro del gabinete del presidente Petro, habiendo sido designada como ministra el 11 de agosto de 2022. Economista de la Universidad de los Andes; especialista en Derecho Urbanístico y en Políticas Públicas y Gestión Urbana de la Universidad Javeriana; magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan y doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado, fue secretaria de Planeación de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá entre 2006 y 2007; secretaria de Hábitat de la administración de Samuel Moreno entre 2008 y 2009, y vicepresidente de Servicios Públicos y Regulación del Grupo de Energía de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro entre 2012 y 2013. Fue considerada cuota cercana de los liberales cercanos a las propuestas de Gustavo Petro, aunque la mayoría de los directivos de ese partido no la reconocieron como militante. Velasco tuvo que capotear un escenario adverso durante su gestión, que estuvo marcada con los efectos económicos de la pandemia y con la implementación del subsidio “Mi Casa Ya” , que generó posteriores diferencias con el presidente y llevaron, eventualmente, a su salida. Las altas tasas de interés —que ralentizan el acceso a créditos de vivienda—, la desaceleración económica, la reducción lenta de la inflación y el golpe de la pandemia al sector de la construcción ambientaron la gestión de Velasco. Además, la saliente ministra de Vivienda fue el pararrayos que canalizó los reclamos del gremio de la construcción frente a sus críticas por los pocos incentivos para reactivar a uno de los sectores que más tiende a empujar la cifra de empleabilidad y crecimiento en el país, especialmente frente a las cifras de ventas de vivienda, que se redujeron un 62,9% en 2023. No obstante, el punto de mayor tensión durante la gestión de Velasco se concentró en la disputa por el futuro del programa “Mi Casa Ya”, un programa de subsidios que surgió en 2015, durante la gestión de Juan Manuel Santos y de su entonces ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que permitía a personas que devengaran entre 2 y 4 salarios mínimos adquirir su casa con aportes del gobierno nacional. El gobierno Petro cambió los criterios de asignación del subsidio para buscar una mayor focalización del programa, luego de que Velasco señalara la necesidad de comenzar a limitarlos debido a los recortes presupuestales y reducir el gasto público que endeudó al país en tiempos de pandemia. Con estos cambios, se ralentizaron los procesos de asignación del subsidio, lo que terminó en la reducción de la venta de inmuebles, junto con una caída en la oferta de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y el riesgo de no cumplir la meta de cobertura de 50 mil viviendas, lanzada por el gobierno nacional a inicios de 2024. Velasco tuvo que entrar a negociar con Camacol para garantizar que se iban a financiar 17 mil viviendas y que no se iba a cortar dinero para la financiación del programa y, con ello, calmar las aguas. ¿Quién es Helga María Rivas? La entrante ministra de Vivienda es arquitecta de la Universidad de los Andes, con especialización en Diseño Urbano, que ha estado en el sector público desde finales de la década de los 90, cuando fue gerente general de la Caja de Vivienda Popular e hizo parte del Comité de Reconstrucción de Armenia, posterior al terremoto de 1999. Rivas también estuvo en el Departamento Nacional de Planeación y fue secretaria de Hábitat de Gustavo Petro entre 2012 y 2015. Llegó al gobierno Petro en enero de 2024 a dirigir el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de la atención para la reconstrucción, gestión del riesgo, adaptación y reactivación económica en el marco de desastres a causa del cambio climático. La ministra entrante llega a apagar el incendio frente a los pocos incentivos para la compra de vivienda y la desaceleración económica del sector de la construcción, especialmente debe resolver los cuestionamientos y las críticas del gremio empresarial, liderado por Camacol, que demanda la intervención del gobierno y la ampliación de los programas de subsidio de vivienda para reactivar el sector, así como honrar la palabra y los acuerdos alcanzados por la saliente ministra. Aurora Vergara: los “pecados” de la ministra moderada Aurora llegó al gobierno nacional en medio del primer remezón ministerial, sucedido tras la ruptura de la coalición de gobierno en abril de 2023. Desde su llegada, asumió el reto de construir e impulsar las dos principales reformas en el ámbito educativo, reclamadas por el movimiento estudiantil y los sindicatos de maestros desde hace varios años. Por un lado, consolidar el proyecto de ley que buscaba que la Educación fuera proclamada derecho fundamental en la Constitución, y por el otro, una potencial reforma de la Ley 30 de 1993 de Educación Superior, que quedó en el congelador desde agosto de 2023. Su resultado legislativo fue, cuanto menos, limitado. Aunque abrió la construcción del proyecto de ley a diferentes movimientos estudiantiles y otros sectores ligados al sector educación, la Ley Estatutaria se radicó en septiembre de 2023, pasó por la Comisión I de Cámara de Representantes en diciembre de 2023, y llegó en marzo de 2024 a la plenaria de la misma corporación, hasta que aterrizó en la Comisión I de Senado el pasado junio. Ante el panorama de bloqueo político que existió por parte de la oposición y los independientes para mover el debate y la votación de este proyecto, la ministra abrió el escenario de negociación con estos partidos para consolidar una propuesta de proyecto de ley que fuera votada y pudiera superar su trámite hacia la plenaria de Senado. No obstante, esta negociación generó resquemores y choques al interior de la base política del gobierno, que llevó a que FECODE se levantara en paro durante varias semanas. Al mismo tiempo, la ministra debió enfrentar la tensión generada sobre del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Nacional, que giró alrededor de la autoproclamación del candidato José Ismael Peña como rector, tras varias irregularidades presentadas en el proceso de elección, desde el método de votación utilizado hasta la firma del acta de nombramiento, que la ministra inicialmente no ratificó. Esta situación generó un paro estudiantil que duró más de 3 meses, ambientado por las presuntas denuncias de corrupción contra la exrectora Dolly Montoya y otros profesores del Alma Máter, un gobierno de interinidad del Consejo Superior Universitario, denuncias de nulidad ante el Consejo de Estado, choques entre los diferentes representantes de este mismo Consejo, hasta el nombramiento de dos nuevos representantes que permitieron rehacer la votación y nombrar a Leopoldo Múnera como rector. No obstante, la copa que rebosó el vaso frente a la gestión de Aurora Vergara tuvo que ver con el paro de maestros, posterior a que la Fiduprevisora entró a administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en el mes de mayo, y luego de que la misma fuera sancionada por la Superintendencia de Salud  tras recibir más de 2100 reclamaciones de usuarios (en su mayoría docentes), luego de que el gobierno buscara centralizar la administración de la salud de los profesores en manos de la entidad. ¿Quién es Daniel Rojas, el nuevo ministro de Educación? El ministro entrante a la cartera educativa es economista de la Universidad Santo Tomás y estudiante de maestría de Economía de la Universidad Nacional. Exmilitante del Polo Democrático Alternativo, trabajó como asesor de políticas públicas en la Secretaría de Integración Social y como secretario en el área de Planeación Territorial, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Posteriormente fue asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar en Políticas Macroeconómicas y llegó al gobierno de Gustavo Petro como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde 2022. Es uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente, tanto así que fue director encargado de la Dirección Nacional de Planeación, tras la salida de Jorge González. Su nombramiento ha generado bastante ruido, no solo porque es considerado uno de los principales “enroques” del gobierno Petro en su gabinete, sino también por sus posturas políticas, que algunos políticos y figuras públicas consideran como “extremas”. No obstante, Rojas deberá asumir varios retos posteriores a la salida de Vergara, especialmente en la agenda legislativa, en la que deberá consolidar un nuevo proyecto de ley estatutaria de educación y apretar el acelerador frente a una potencial reforma de la Ley 30 de 1992.  Su cercanía con el movimiento estudiantil a nivel nacional y su capacidad de negociación y diálogo con las bases sociales educativas que respaldan al gobierno buscarán profundizar la idea de “poder constituyente” dentro de uno de los principales sectores de votantes del gobierno nacional, más cuando las reformas educativas deberán pasar por comisiones parlamentarias donde los independientes y opositores tienen mayorías, y donde el poder constituyente podría servir como herramienta de presión para flexibilizar las condiciones de negociación y evitar un escenario similar al que vivió Vergara en el cierre de la segunda legislatura.

Por: Redacción Pares Hace unos cinco años el Tren de Aragua dejó de ser algo parecido a una pandilla carcelaria para estirar sus tentáculos por el continente. Todo arrancó en la cárcel de Tocorón en Aragua. El líder de la organización es Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como “Niño guerrero” por quien se pide una recompensa de cinco millones de dólares.  Guerrero cometió su primer crimen al asesinar a un policía en Aragua. Se fugó dos veces pero su última reclusión, en el 2012, le sirvió para crear un círculo de confianza compuesto por: Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, y Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica” Desde una cárcel en el estado Aragua, el Tren, gracias también a la inoperancia del gobierno Maduro, ha logrado convertirse en una organización criminal transnacional, así lo sancionó el departamento de estado de EEUU. Según la comunicación:  “La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”, afirmó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris de perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales, seguiremos utilizando todas las herramientas y facultades para perseguir a organizaciones como el Tren de Aragua, que se aprovechan de poblaciones vulnerables para lucrarse, participar en actividades criminales transnacionales y abusar del sistema financiero estadounidense”. El gobierno Maduro, quien ha recibido críticas en el continente por la incapacidad que ha tenido a la hora de enfrentar a estos criminales, realizó una redada en septiembre del 2023 en donde participaron entre 11 mil policías y militares venezolanos en la cárcel de Tocorón. Lo único que perdió el grupo fue su base de operaciones ya que sus líderes lograron escapar. Según Insight Crime “El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. El nombre del grupo puede tener su origen en un sindicato de una obra ferroviaria que nunca concluyó. Pero Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, convirtió el Tren de Aragua en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón”. El Tren de Aragua, el auge, su expansión, su poder, está sustentado en los huecos de forma del propio gobierno venezolano que le ha dado autonomía y control a jefes criminales dentro de las cárceles, esto se conoce como Pranes. Fue tanta la libertad que tuvieron los presos en Tocorón que se encontró en el penal un club nocturno, un zoológico y una pisicina. Además de juegos infantiles para los niños que van a visitar a los criminales. En Colombia, justamente en la frontera con Venezuela, en el barrio conocido como La Parada, el Tren de Aragua se disputa palmo a palmo las entradas y salidas por las trochas. Allí mueven personas, autos y armas. Fue en este lugar, en el 2018, cuando la pandilla comienza a volverse transnacional. En ese momento arrancaba el éxodo de venezolanos que, desesperados por la situación de su país, vieron como única oportunidad de prosperidad escapar de sus fronteras. Entre los años 18 y 23 se expanden a Perú y Chile en donde, por medio de préstamos ilegales, secuestros y extorsión, el Tren se consolida como un grupo criminal en buena parte de los países latinoamericanos. La decisión del Consejo de Estado comprende una recompensa de 12 millones de dólares por dar con los líderes de la organización. Con esta medida Estados Unidos le da prioridad máxima a una banda que en Colombia, sobre todo en sectores de frontera, ha creado un verdadero imperio y que desde cárceles colombianas son uno de los grupos que manejan la extorsión, el delito que más ha crecido en el país en el último año.

Por: Redacción Pares A punto de cumplir dos años el gobierno Petro, la Fundación Paz y Reconciliación lanzará el próximo martes 16 de julio el gran informe sobre Paz Total, un análisis sobre un tema en el que el gobierno espera dejar legado. Mucho se ha hablado desde medios de comunicación sobre el crecimiento de grupos armados aprovechando negociaciones y ceses al fuego. Esto no es fáctico. Existen variables que no se han tenido en cuenta y que se abordarán en este gran informe. Lo cierto es que la propuesta de Paz Total también ha traído puntos positivos al país. Una de ellas es la liberación de las 33 personas que el ELN tenía en cautiverio. Y si, mientras el EMC viene incrementando su incidencia en el departamento del Cauca, en algunas regiones como el Catatumbo, Norte de Santander, se observa una disminución en secuestros, homicidios y extorsiones, junto con avances hacia la Paz Total gracias a la reducción de acciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos armados presentes. Existe una narrativa  de correlacionar la paz con el incremento de algunas violencias y con una situación preocupante de orden público, el crecimiento de bandas delincuenciales, estructuras criminales urbanas, un incremento de la capacidad de los mercados ilegales en zonas urbanas y una criminalidad organizada más sofisticada no es correcta. La oferta de paz no es causante de estos fenómenos, pero la narrativa de que sí lo es puede llevar a que la sociedad colombiana pierda el foco en lograr la paz y abandone los esfuerzos presentes, y la implementación necesaria del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC-EP en 2016. Los indicadores de violencia vienen subiendo desde los años de Iván Duque. La pandemia y, sobre todo, la cuarentena, fue decisiva, por ejemplo, para que muchos grupos armados trasladaran su accionar a las ciudades. Esto podría explicar el incremento de delitos como la extorsión en ciudades. Es indudable que en regiones como Buenaventura, lograr crear una mesa de diálogo entre Shottas y Espartanos, con todos los inconvenientes que ésta ha tenido, ha resultado beneficioso para el puerto. Las muertes han disminuido en un 70%, y en a finales del 2022 se completaron 85 días sin que en este lugar hubiera un solo asesinato. Instalar tres mesas de diálogo y declarar cinco ceses al fuego, de los cuales sólo quedan vigentes dos, sólo puede verse como algo positivo teniendo en cuenta que la única salida lógica que existe para un conflicto es la negociada. De estos meses, que cada una además carga con sus crisis particular, han surgido 33 acuerdos. Uno de los más importantes es el de participación firmado entre la mesa negociadora del gobierno y el ELN, que podría significar el principio de esta organización guerrillera como un partido político. Un proceso que es lento pero que debe comenzar en algún momento. Los desafíos, los cuellos de botella, los balances y los mensajes que, como fundación, Pares podría dejarle al gobierno sobre Paz Total, saldrán en el informe del próximo 16 de julio al que estamos invitando desde ya a leerlo y discutirlo. No se pueden sacar conclusiones fáciles. La Paz Total debe ser pensada y analizada con la complejidad que tiene y que pretende.

Por: Redacción Pares En Argentina, en el fútbol, existen dos religiones. Los bilardistas y lo menotistas. Los primeros son los pragmáticos, los que creen que Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo de 1986, tiene razón al afirmar que lo único que importa en el fútbol es ganar. A César Luis Menotti, hombre de izquierda, le gustaban las formas. Era un lírico. Sin embargo fue Menotti quien tuvo la desgracia de ser el técnico escogido para dirigir la selección en 1978, cuando la dictadura de Videla mandaba. Argentina había sido elegida como la primera sede sudamericana del mundial desde Chile en 1962, pero desde el 24 de marzo de 1976 la bota militar mandaba en ese país. Un golpe liderado por Videla había depuesto la democracia. El 1 de junio de 1978, acompañado por los obispos que lamían su bota, Videla fue la figura principal de la inauguración de “el mundial de la paz” como llamó la Junta Militar a la competencia. Sin embargo, a cuatrocientos metros del lugar donde se efectuaba la ceremonia, el estadio de River Plate, en la ESMA se torturaban estudiantes. Era la Escuela de Mecánica de la Armada y en ese lugar funcionó el mayor centro de detención, tortura y desaparición de personas de la última dictadura militar de Argentina, entre 1976 y 1983. Pero las voces de las víctimas no alcanzaban a ser escuchadas por las algarabía concentrada en los 70 mil espectadores que colmaron las graderías del estadio de River Plate. Fue día cívico. En el momento en que se hacían coreografías para darle apertura al mundial, las Madres de Plaza de Mayo eran valientes y demostraban de qué estaban hechas. Aprovecharon además la presencia de periodistas de todo el mundo para contar las historias de sus hijos desaparecidos. La dictadura se esforzó por mostrar la mejor cara de su país. Pero, durante el mundial, se contabilizan por lo menos cincuenta desaparecidos en el mes que duró el campeonato. Nueve de ellos eran mujeres embarazadas. Sus hijos tuvieron el destino de muchos: se los dieron a familias cercanas a la dictadura que ansiaban tener un hijo. El día que Argentina jugó la final del mundial contra Holanda habían jugadores de ese país que tenían miedo de ganar. El ambiente podría ser tan hostil como el que sintieron los atletas olímpicos extranjeros durante las olimpiadas de Berlín en 1936, organizadas por el partido Nazi o el mundial de 1938 organizada por la Italia fascista. Se cuenta que en la Esma los torturadores pararon su tarea y vieron la final con los que torturaban. Ebrios de poder, después de que Kempes destrozara a la Naranja Mecánica, decidieron sacar a los muchachos torturados, los metían en un carro e incluso les dejaban sacar sus cabezas por las ventanas para que gritaran. Nadie los escuchó. El país había salido a la calle, ebrio de alegría. Eran puros papelitos blancos. Algunos de ellos que sobrevivieron contaron este momento de angustia como la constatación de que vivimos en un mundo absurdo. Menotti cargaba una culpa sorda. Ardiles, ídilo de ese equipo, comentó años después que en algún momento se preguntaba ¿Qué implicaciones podría tener cada gol que él metía? Incluso, en el imaginario latinoamericano, se habló siempre de un arreglo con Perú para dejarse hacer los seis goles que necesitaba por parte de Argentina para pasar a la final. El punto es que esa primera Copa del Mundo le dio a la dictadura, por unos pocos años, la extraña certeza de que a punta de triunfos deportivos serían eternos. La Guerra de las Malvinas sería la cachetada definitiva.

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza. Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Desde el final de la segunda legislatura, el 20 de junio, hasta ahora, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 nuevos nombramientos en su gabinete ministerial, buscando contrarrestar las bajas cifras de ejecución presupuestal, como las bajas tasas de ejecución de proyectos que algunas de las carteras presentan hasta el día de hoy. En el marco del relanzamiento el nuevo “acuerdo político” luego de la aprobación de la reforma pensional en las postrimerías de la última legislatura, estos nombramientos han generado la pregunta de si el gobierno, en búsqueda de tender puentes con sectores políticos más distantes, abriría la burocracia o reencaucharía a la mayoría de sus funcionarios más leales. Con los nombramientos conocidos hasta el día de hoy, parece que el gobierno ha decidido evitar entregar sus carteras a los partidos, pero tampoco engrosa la fila de sus alfiles dentro del ejecutivo. Así queda por el momento el panorama. ¿Petro se encasilló en sus alfiles más leales? La mayor parte de los funcionarios que son cercanos al gobierno nacional se encuentran en los departamentos y unidades administrativas de la Presidencia de la República. Es aquí donde se manifiesta en su totalidad el enroque de figuras cercanas a Gustavo Petro dentro de altos cargos en su gabinete. Para el tercer remezón ministerial —que, dicho sea de paso, fue mucho más progresivo y lento que los anteriores— la mayor parte de los cambios en los gabinetes tienen un sentido mucho más técnico que político. Exceptuando el nombramiento en el Ministerio de Educación, a las carteras de Agricultura, Justicia, Transporte y Vivienda llegaron viceministros con experiencia en sus carteras. Sólo debe resaltarse el caso de Helga María Rivas, ministra de Vivienda, que durante la Alcaldía de Petro fue su secretaria de Hábitat entre 2012 y 2013, y el caso de María Constanza García Alicastro, quien fue secretaria de Movilidad de Bogotá en 2014. Junto con lo anterior, debe indicarse que la mayoría de los nombramientos son de figuras con alta relevancia y producción académica. La mayoría de los nombramientos pretende profundizar las agendas de reforma social que el gobierno pretende cumplir en estos próximos dos años sin generar mayor ruido, por lo que el gobierno también envía un mensaje a los partidos políticos, en la que no abrirá el gabinete para transar o negociar su agenda legislativa. La mayoría de los cambios a nivel ministerial no representan cuotas políticas de los partidos políticos ajenos a la coalición de gobierno. En el caso de Daniel Rojas, ha sido cercano al proceso de progresistas, Bogotá Humana y la Colombia Humana, lo que lo convierte en el único nombramiento cercano en el que el gobierno amplía la cuota del Pacto Histórico dentro del consejo de ministros. Con estos nombramientos, el Pacto Histórico tendría representación de 6 ministros en los 19 que componen a todo el gabinete, mientras que el Partido Comunista tendría a 1 ministra (Gloria Inés Ramírez), el movimiento político En Marcha —que perdió su personería jurídica en mayo de 2024— tendría también 1 cuota, con el Ministerio del Interior en su poder, 1 ministro devenido del movimiento político Marcha Patriótica, 1 ministro que tiende puentes con el Partido de la U y que posee al partido “Gente en Movimiento”, y 8 ministros serían independientes, con posturas cercanas al progresismo. De los ministros que son cercanos, la mayoría tienen representación porque responden al electorado y las bases sociales que eligieron a Petro. Estos ministros son claves para el gobierno en su idea de consolidar su base hacia las elecciones de 2026, pero aún conserva operadores políticos importantes como Mauricio Lizcano y el recién llegado Juan Fernando Cristo. La mayoría de los alfiles del gobierno siguen en las dependencias administrativas del ejecutivo El nombramiento de Daniel Rojas se convierte en el segundo de un ministro que llega desde una oficina administrativa del ejecutivo. El primero fue el de Luis Carlos Reyes, que llegó desde la DIAN hacia el Ministerio de Comercio en junio de 2024. Sin embargo, el nombramiento de Rojas se convierte en el primero que Petro realiza de una de sus figuras más cercanas, tras haber traído a Guillermo Alfonso Jaramillo en abril de 2023. Con estos últimos 6 nombramientos, así queda conformado el círculo más cercano del gobierno de Gustavo Petro dentro de los principales cargos de la rama ejecutiva: El impacto de los nombramientos en las relaciones con el Congreso y el “Acuerdo Nacional” La mayoría de estos nombramientos no genera mucho ruido en el Congreso, especialmente porque las relaciones con el parlamento se concentrarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Fernando Cristo. Al ser nombramientos con carácter técnico, en su mayoría no se observa que pueda existir un cambio de dirección en las formas como estos ministerios realizan su lobby institucional, al mismo tiempo que tampoco se dilucida un cambio fundamental sobre el rumbo que puede tomar su gestión. Al mantener la continuidad de los cargos es muy probable que las políticas impulsadas desde cada cartera se mantengan, al mismo tiempo que las negociaciones con el Congreso no van a tener un volantazo notable. No obstante, se puede señalar que el ruido se genera desde la cartera de Educación, con el nombrado ministro Daniel Rojas, con quien las negociaciones para los proyectos de ley de Educación como Derecho Fundamental y la Reforma a la Ley 30 van a tender a cerrarse. Rojas se caracteriza por ser una de las principales figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro y de los que más confianza genera al interior de su gabinete, al mismo tiempo que ha manifestado en la opinión pública ser uno de los principales defensores del proceso constituyente y del proyecto progresista del gobierno. Su postura política podría convertirse en un contrapeso a la idea de diálogo y acuerdo nacional que en estos momentos está construyendo el ministro Cristo, especialmente frente a las potenciales negociaciones de los proyectos de ley educativos que el gobierno quiere evacuar en los próximos dos años y que deben pasar tanto por la Comisión I de Senado (en la que los sectores independientes y oposición poseen suficiente control y votos), como por la plenaria de la misma corporación, en la que el gobierno depende de acuerdos con sectores del Partido de la U, del Partido Conservador y algunos liberales de línea gavirista para poder tener peso en votos.

Por: LíneaPaz Territorial y Derechos Humanos En una jornada cargada de significado histórico, Tarazá dio un paso trascendental el pasado viernes 5 de julio al presentar la creación de su Consejo Consultivo de Mujeres. En el acogedor salón de juntas de la Alcaldía Municipal, 23 lideresas sociales se congregaron para dar vida a un nuevo capítulo en la lucha por la equidad de género en el municipio. El evento, marcado por la emoción y la esperanza, tuvo como objetivo principal socializar el Decreto número 050 del 05 de julio de 2024, el cual establece la estructura y funciones del recién creado Consejo Consultivo de Mujeres de Tarazá. Desde líderes comunitarios hasta activistas de derechos humanos, todas las mujeres presentes expresaron un firme compromiso con esta iniciativa que promete fortalecer su participación en la toma de decisiones locales. Un esfuerzo conjunto por la equidad Este logro no fue obra de un solo actor, sino el resultado de una colaboración ejemplar entre la Alcaldía de Tarazá, la Oficina de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y el Espacio de Diálogo Construyendo Paz Bajo Cauca. Este último es un escenario donde confluyen alrededor de 11 organizaciones de la sociedad civil (mujeres, víctimas, campesinas, indígenas y comunidad diversa) que hacen parte de varios municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño (Caucasia, Cáceres, Nechí y Tarazá). Con el acompañamiento de la Fundación Paz & Reconciliación y el apoyo de la Embajada de Noruega, están generando acciones e iniciativas en los territorios para contribuir a la paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización a través del fortalecimiento de capacidades y el fomento del diálogo social. El impulso para la creación del Consejo surgió de la capacitación facilitada por el movimiento feminista Ruta Pacífica de Mujeres, la cual inspiró a las participantes de Construyendo Paz Bajo Cauca a buscar un espacio formal de representación en Tarazá. Con el apoyo del enlace de género de la Alcaldía, Yair Duran, y la asesoría técnica de ONU Mujeres para la subregión del Bajo Cauca, se materializó esta visión de empoderamiento femenino y participación activa en la política local. Desde la fase inicial de planificación hasta la celebración del evento de socialización del decreto, las lideresas del Espacio Construyendo Paz Bajo Cauca jugaron un papel crucial al movilizar recursos y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del Consejo Consultivo de Mujeres. Este esfuerzo conjunto subraya la relevancia de las alianzas entre el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil para promover cambios significativos en la comunidad. Un compromiso con el empoderamiento femenino El Consejo Consultivo de Mujeres no solo representa un avance hacia la equidad de género en Tarazá, sino también un espacio vital para el diálogo y la concertación en la formulación de políticas públicas con perspectiva de género. Se espera que este órgano promueva activamente la inclusión y la igualdad en todas las esferas de la vida municipal, garantizando así un futuro más justo y próspero para todas las ciudadanas y ciudadanos de Tarazá. En conclusión, la creación del Consejo Consultivo de Mujeres es un testimonio elocuente del compromiso del Espacio de Diálogo Construyendo Paz Bajo Cauca y la Alcaldía de Tarazá con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Es un paso firme hacia un municipio donde la voz femenina no solo es escuchada, sino también valorada en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos.