Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación El 13 de enero del 2025 Federico Gutiérrez ordenó borrar un mural en donde se le hacía un homenaje a las madres que duraron décadas buscando la verdad sobre lo que les había pasado a sus hijos. Una de ellas era Margarita Restrepo. Su hija, Karen Vanessa Restrepo, está desaparecida desde el 25 de octubre del 2002, unas semanas después de que Alvaro Uribe, como presidente de la república, ordenara la retoma de la Comuna 13 en la llamada Operación Orión. Como parte del caos de un país en conflicto, milicias urbanas del ELN se habían tomado ese sector de Medellín. Uribe, y su entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, ordenaron apagar con fuego el incendio. Está probado que Orión fue una de tantas operaciones en donde la fuerza pública se unió con los paramilitares para conseguir un fin. Fueron dos noches en las que nadie durmió en la Comuna 13. Los sobrevuelos de helicópteros, la gente sacada de sus casas, los gritos, los disparos y luego el silencio, los encapuchados vestidos de militar dando órdenes en sus calles.   Para el 25 de octubre de ese año Don Berna era el dueño de la Comuna 13. Ese día desapareción Karen Vanessa Restrepo. Desde ese día empezó una búsqueda incansable. En algún momento hasta dudó de su salud mental de tantas veces que le repitieron que estaba loca. Y se lo decían sicólogas, abogadas que tenían prestigio. ¿Cómo no dudarlo si ellas ni siquieran habían pisado una universidad? Porque Margarita no estaba sóla en su búsqueda. Luis Elena Galeano, por ejemplo, busca a su esposo, Luis Javier Laverde Salazar, desde el 9 de diciembre del 2008. Lo único que se supo de él es que unos hombres lo bajaron de un bus mientras regresaba a su casa.   Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación Las madres, hermanas, esposas, señalaban la Escombrera, afirmaban que debajo de esas toneladas de concreto estaban sus seres amados, buscados. Y las mujeres se unieron e iban cada día, con la foto del ser amado, a hacer guardia. Eran grupos de diez. Incansablemente, durante 13 años hasta que en el 2015 el Estado reconoció oficialmente que había que hacer una búsqueda en la Escombrera.   En Colombia la historia va en el caparazón de un caracol. Todo va lento, sobre todo cuando se trata de hacer justicia. En diciembre del 2024 la JEP encontró los primeros cuerpos en la Escombrera. Por el lugar donde estaban los orificios por donde entraron las balas se podría pensar en que fueron ejecutados. Se determinó que llevaban enterrados veinte años. Se formó toda una polémica entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP. Aún no se han revelado oficialmente los nombres, las identidades, lo único cierto es que las cuchas tenían razón. Alborozados los jóvenes de la ciudad quisieron homenajear a las señoras que, gracias a su persistencia, pudieron ser escuchadas. Hicieron un mural pero Federico Gutiérrez simple y llanamente decidió borrarlo lo que despertó el efecto contrario: por querer borrar la memoria buena parte del país quería saber más sobre Margarita Restrepo y las madres que lo han dado todo para saber la verdad. Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación   En esta entrevista Margarita Restrepo habla a fondo de sus años de búsqueda y no puede evitar dedicarle unos minutos al actual alcalde de Medellín quien está intentando hacer política con su dolor y el de los más de cien desaparecidos que posiblemente permanezcan debajo del concreto.

Por: Redacción Pares Los paramilitares movieron su maquina de muerte gracias, en parte, a la financiación que recibieron por parte de algunos empresarios o de multinacionales como Chiquita Brands. Sobre esta última la justicia norteamericana la ha condenado dos veces por financiar paramilitares. Pero en Colombia 10 de sus empresarios están a punto de salvarse a pesar de haber pruebas contra ellos. Todo porque el próximo 17 de septiembre el caso prescribirá. La estrategia de la defensa de estos empresarios ha sido la de dilatar al máximo el juicio que se les sigue. Por eso la fundación Forjando Futuros en cabeza de su lider, Gerardo Vega, están llevando una campaña para que impunidad no gane en este caso. Las víctimas serían las principales perjudicadas. Pero, recordamos de qué se trata el escándalo de Chiquita Brands.   Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron la United fruit company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca donde nació un premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos.   La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no sólo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad su perniciosa influencia se vio no sólo en el país sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa norteamericana en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en el 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización, Carlos Castaño. Recientemente Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda.   La noticia pintaba muy buena para las víctimas en Colombia. 16 demandantes habían obligado a pagar a la multinacional bananera 38 millones de dólares. Eso abría una puerta para que cientos de colombianos que habían sido víctima de despojo, desplazamiento y asesinato pudieran cobrar una jugosa tajada de indemnización. Una inyección económica que recibiría uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia. El cálculo que se hizo en el Reporte Coronell del pasado 26 de junio era claro: si las víctimas de Chiquita en Colombia recibieran una indemnización parecida a la que recibieron los 16 demandantes del fallo de West Palm Beach llevarían a la empresa a la bancarrota. Tendrían que pagar 16 mil millones de dólares.   Es acá donde aparece la figura del abogado Paul Wolf. Hace unos años este norteamericano logró ser el apoderado de 2.000 demandantes contra Chiquita Brands y les prometió hacerles justicia. Al parecer jugaba doble y se convirtió, según el Reporte Coronell en “el as bajo la manga” de la multinacional bananera. El pasado viernes 21 de junio apareció con un plan para resolver el problema de 2.500 demandas contra Chiquita. Según el abogado Pablo Rueda esto que presentó Wolf no es propiamente un acuerdo, para que sea, debe ser aceptado por las víctimas. En este plan las víctimas deberán aceptar, apenas, cinco millones y medio de pesos por persona asesinada.  Esta plata debe repartirse entre todos los dolientes del fallecido. Para esto realizó una compleja maniobra jurídica.   Esto le permite a Chiquita Brands pasar de pagar una multa que sobrepasaría los 4.000 millones de dólares a poco más de tres millones. Esta es una verdadera infamia. Las víctimas podrían apelar pero el argumento que les dará el abogado Wolf es que es mejor aceptar esa plata a seguir esperando una indemnización que se tardaría años en llegar. Esta decisión sólo afectará a las 2.000 personas que le dieron el poder a Wolf para ser representadas. Las otras deberán seguir luchando por la justicia.

Por: Redacción Pares La estrategia de Jaime Granados es más que clara: dilatar el juicio que se le lleva al expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos hasta que el caso prescriba el próximo siete de octubre. El método esta vez fue entutelar a la jueza Sandra Heredia. Desde comienzos de febrero el experimentado abogado intentó anular a la jueza quien ha demostrado en todo el juicio una imparcialidad que resultó siendo incómoda para el expresidente y su defensa. La tutela fue declarada como improcedente pero este 20 de marzo, mientras declaraba Fabio Rojas, abogado y exintegrante de la UTL de Alvaro Uribe en el Congreso, el juicio se interrumpió por este fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia: “Precisar que el proceso penal con radicado (...) que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez queda suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación”.   Rojas era el testigo número 16 que ha prestado declaración en el juicio que se le sigue al expresidente. En él han declarado personajes como el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien dio declaraciones explosivas como afirmar que sin la ayuda de las AUC la Seguridad Democrática, una de las banderas del gobierno Uribe, no habría sido tan efectiva.   Una vez se conoció el fallo de la Corte la jueza Heredia ordenó suspender el juicio de manera inmediata. El fallo llegó vía correo electrónico. Los que seguían la transmisión vía streaming vieron como la jueza leía lo siguiente: “Debo poner en conocimiento que en este momento está llegando una providencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde  revocan la decisión de primera instancia de una acción de tutela y me ordenan dar trámite a la recusación  en un término improrrogable de 48 horas”   Así que Heredia tendrá dos días para enviar el caso a su colega, el juez 45, quien deberá determinar si la tutela es improcedente o no. Con esto la defensa de Uribe se anota un gol de significativa importancia. Cobijado por el sistema penal, Granados y su defendido claramente le han apostado a la figura de la prescripción del caso. Es decir, si el próximo 8 de octubre no hay fallo en el juicio el expresidente saldrá completamente libre de culpa. El proceso judicial contra Uribe arrancó el 8 de octubre del 2019. En ese momento era senador y tuvo que renunciar a su investidura para que lo juzgara la Fiscalía. En ese momento el fiscal era Francisco Barbosa, íntimo amigo de su pupilo Iván Duque quien era el presidente de la república.   Personajes de la vida política nacional como el congresista Wilson Arias le han pedido al presidente que, si es inocente y quiere limpiar su nombre, renuncie a la figura de la prescripción y enfrente a la justicia de frente. Uribe no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que Granados en este momento se está frotando las manos.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Si, existen testimonio arrasadores sobre el Holocausto. El documental Noche y Niebla le mostró al mundo el horror que desataron los nazis. El realizador francés Alain Resnais, once años después de que los soviéticos descubrieran Auschwitz, abre el ojo del mundo y enseña las montañas de cadáveres, los rasguños en el techo, los pelos apilados en montículos, las latas de Zyklon vacías. Noche y niebla es el decreto por el que el Tercer Reich convirtió en política el exterminio de judíos. En apenas 32 minutos Resnais arrasa contra los negacionistas. ¿Cómo volvemos a creer en la civilización después de esto? Noche y niebla la pueden encontrar en la plataforma de Mubi    Otro francés, el exhaustivo Claude Lanzmann recogió testimonios de los sobrevivientes de los campos de exterminio y sin mostrar una sóla imágen de archivo nos regresa al infierno en Shoah, un megalito de diez horas. Este no sé donde se puede ver completo. Ninguna de las plataformas en Colombia lo ofrecen.   Fuera del circuito del cine comercial se ofrecen películas realmente significativas como El hijo de saúl o la inigualable Zona de interés, que se puede ver en nuestro país por Prime Video. Pero sin duda las dos películas fundamentales sobre el holocausto filmadas en Hollywood son la Lista de Schindler y El Pianista. Ambas, hasta diciembre del 2024, las podíamos ver en Netflix. Ya no están.   La primera de ellas fue realizada en 1993 por Steven Spielberg. Era un proyecto que estuvo a punto de realizar Stanley Kubrick pero su ambiciosa producción quedó varada como los ejércitos alemanes en el invierno ruso. Spielberg era resistido en ese momento por la crítica especializada. Creador del blockbuster con Tiburón en 1975, era visto como un cineasta de masas -como si Eisenstein no lo hubiera sido- y con mucha desconfianza creían que no iba a estar listo para un reto de ese tipo. Con un presupuesto de 22 millones de dólares Spielberg demostró su eficacia, recaudó 323 millones de dólares en todo el mundo y puso a hacer fila en el cine a jóvenes que jamás habían escuchado hablar del Holocausto. Sus tres horas y media no fueron un impedimento para que se convirtiera en un acontecimiento de multitudes. Ojalá el conflicto colombiano pudiera tener un narrador con la solidez de Spielberg para que no se nos olvide jamás la sangre que ha caído sobre esta tierra martirizada.   Entre los numerosos aciertos de la película se cuenta la elección de usar cámara al hombro, lo que le da a la película un tono documental que la hace aún más terrorífica -esto no sólo pasó, sino que está pasando, piensa el espectador- y un casting poderoso en donde descubre a dos estrellas que aún, tres décadas después, están muy vigentes: Liam Nesson y Ralph Fiennes.   Nueve años después Roman Polanski, quien era un niño polaco de 9 años cuando su madre murió en el campo de exterminio de Auschwitz, contó la historia de Wladyslaw Szpilman, quien en 1939 era considerado el intérprete más preciso de Chopin que eso, para un polaco, es como ser rey vallenato. Sus conciertos los transmitía en directo la radio polaca pero, apenas llegaron los nazis a Varsovia, todo se derrumbó para él. Sus padres fueron exterminados en campos de concentración y él pudo huir de ese horror refugiándose en una Varsovia completamente arrasada. Los recuerdos de Szpilman y los del propio Polanski se amalgaman en esta película monumental.   Como todos saben Polanski no sólo es un genio sino que también es un monstruo. Fue condenado por violar a una niña de 13 años en la casa de Jack Nicholson. Jamás pudo volver a los Estados Unidos desde su fuga en 1977. Aún así la academia le dio el Oscar en el 2002. Esta joya estuvo en Netflix hasta el pasado viernes. ¿Cuándo volveremos a ver estas películas? ¿Será que serán tragadas como nosotros en el río del tiempo?

Por: Nicolás León Rodríguez El 2025 no ha sido un buen inicio de año en materia de seguridad para Bogotá. De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, es decir, 10% más que en 2024, situación que ya venía en aumento cuando se evidenció un incremento superior al 11%. Otros delitos como la extorsión (3,9%), el secuestro (125%) y las lesiones personas (8,2%) también continuaron en aumento. El crimen gana terreno en Bogotá Al menos desde el 2019, la Defensoría del Pueblo ha venido alertando de manera reiterada la expansión y fortalecimiento de grupos de delincuencia organizada en Bogotá (Defensoría del Pueblo AT 023 – 19; 046 -21; 010 -21; 004 – 2024). Estas alertas evidencian la reaparición de acciones violentas de grupos desarticulados, la exacerbación de los reportorios de violencia por parte de estos para el control territorial y el control de las rentas ilegales y la consolidación de los santuarios criminales. Asimismo, la consolidación de gobernanzas criminales a través de los que se ejerce control de la vida de los pobladores en localidades como Mártires, Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Suba, Kennedy Bosa, Ciudad Bolívar entre otras. Asimismo, en estos documentos se alerta sobre la utilización de repertorios de violencia que generan mayor impacto en el orden público de la ciudad. Es el caso de los hallazgos, incautaciones y/o activaciones de artefactos explosivos, los cuales se utilizan como muestra del interés de estructuras armadas demostrar el poder han ganado estos grupos en la capital (AT 004-24). Extraído de Defensoría del Pueblo. AT 004-24. En consideración, los recientes hechos de activación de artefactos explosivos en el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe ya habían venido siendo advertidos como parte de una dinámica de expansión de los grupos que hacen presencia en las UPZ La Sabana y Santa Isabel (en los Mártires) y Las Nieves y Sagrado Corazón (En Santa Fe), zonas aledañas a este barrio. En este sentido, es importante destacar la ubicación geográfica de San Bernardo como corredor estratégico para los barrios del sur al norte de la ciudad, así como un expendedor de estupefacientes para los barrios del centro y oriente de la ciudad. Los homicidios, por su parte, se han concentrado en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme y Santa Fe. Localidades estratégicas en las que organizaciones como Tren de Aragua, Los Camilos, Los Paisas, Los Venecos, Los Costeños, entre otras tienen presencia presencia y control territorial. En tal sentido, la evolución de la amenaza de las organizaciones delincuencias en la ciudad viene en aumento. Por un lado, por la intención de expandirse y controlar corredores estratégicos para la captación de rentas ilícitas, por otro, por la utilización de repertorios de violencia cada vez más cruentos que les permitan ganar ese control. ¿Incendiar el tablero? La estrategia de Galán  “ Implementar 125 Acción(es) conjuntas de intervención en áreas identificadas como críticas por la presencia de estructuras criminales ” es una de las macrometas del plan de gobierno “Bogotá Camina Segura”. Esta meta resume el accionar de la Alcaldía conntra de las estructuras delictivas en los últimos meses: intervenir en puntos estratégicos en donde se focaliza las actividades delincuenciales de estas organizaciones. Operativos, capturas, incautaciones. Hacer sentir que la institucionalidad manda. De acuerdo con el Alcalde Galán, en los últimos meses se han incrementado este tipo de intervenciones. El hecho más reciente intervención se dió en el barrio María Paz el pasado 17 de marzo, pero también destacan el gran operativo hecho en el barrio San Bernardo hace apenas una semana. Los problemas con este tipo de intervenciones son básicamente dos: por un lado, las respuestas por parte de las organizaciones pueden generar picos o nuevos ciclos de violencia; por otro, a costa de este riesgo, los resultados no son necesariamente efectivos si no están acompañados de una acción integral. Según la misma Alcaldía estas intervenciones habrían ocasionado la activación de artefactos explosivos en estas localizaciones. Desde Pares , ya se había alertado sobre la utilización de estos artefactos en 2024 en barrios como Claret en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el oriente de la ciudad en la Av. Circunvalar y en el barrio El Amparo y el barrio María Paz en la localidad de Kennedy. La mayoría de estas zonas habían tenido intervenciones de la Alcaldía con anterioridad. En entrevista con El País América,  el Secretarío de Seguridad Cesar Restrepo, reconoce los posibles efectos que tienen este tipo de intervenciones: “Hay dos formas de bajar la tasa [de homicidios]: acordar con los criminales para que no sean violentos [a cambio de dejarlos mantener sus negocios delictivos] o desmantelando el crimen, golpeándolos.  Nosotros no vamos a hacer acuerdos criminales, así que fuimos a la ofensiva ”. En tal sentido, barrios como San Bernardo, Santa Fe, Las Nieves, y otros barrios aledaños que asisten a la reconfiguración del control territorial por parte de estructuras criminales y de captación de rentas ilegales, se les suma las intervenciones recientes de las Alcaldías, generando un escenario que predispone el recrudecimiento de los repertorios de violencia. Asimismo, es necesario enfatizar que aunque se dé en el contexto de una competencia criminal, las víctimas no son únicamente pertenecientes a estas organizaciones. Contrariamente, la población de los barrios suele convertirse en escudo o ser fácilmente instrumentalizada por parte de los grupos, generando mayor riesgo de victimización. Desde el año 2019, la Defensoría lo ha venido alertando sobre esto en el contexto bogotano: “Este escenario complejo insta a las autoridades a evaluar los impactos de sus acciones para no aumentar la vulnerabilidad de la comunidad que habita, trabaja o visita estas localidades” (AT 046 de 2019). Por otro lado, aunque las intervenciones llegan a desestabilizar el desarrollo de la actividad delictiva, no garantizan una pérdida sobre el control de los negocios ilícitos por parte de estas organizaciones. Todavía más en barrios y cuadras de la ciudad que poseen un férreo control por parte de las organizaciones delincuencial. Para no ir tan a lejos, a casi un año del megaoperativo en Kennedy en el que participaron más de 500 uniformados de Policía , 90 hombres del Ejército , acompañados de helicópteros, drones y vehículos militares, realizaron numerosas incautaciones de estupefacientes, objetos cortopunzantes, armas de fuego y artefactos explosivos. Al día de hoy, María Paz y El Amparo, continúan siendo nodos de la criminalidad en la ciudad. En tal sentido, vale la pena preguntarse si desde el Distrito está haciendo uso de herramientas suficientes para la recuperación del control en estas zonas, o por el contrario (y como ocurre en El Amparo), a pesar de las intervenciones las organizaciones conservan su capacidad de para gobernar allí. Cabe mencionar igualmente, que el plan de Gobierno estipulo como meta la reducción de la tasa de homicidios a 8 puntos. lo que se traduce en reducirlos casi a la mitad de lo reportado en 2024 (15.1). En vista de lo expuesto en la estrategia de Galán, este objetivo parece cada vez más difícil de alcanzarse. Finalmente, durante 2025 la Alcaldía ha afirmado que se meterá de lleno con la recuperación del espacio público, sin embargo, no es clara la ruta a seguir luego de desarrollarse este tipo de intervenciones. Si se trata de una suerte de acontecimientos esporádicos, como ha sucedido en el barrio María Paz, o efectivamente hay una estrategia que permita acompañar la intervención policial para que las demás instituciones lleguen de manera integral a estas zonas. Hasta el momento, y con las consecuencias referidas, la criminalidad continúa aventajando a la Alcaldía de Galán.

Texto: Iván Gallo, fotos: Sergio Saavedra Se llama Gonzalo Acevedo, tiene 72 años y su vida cambió en abril del 2003. Ese día fue notificado oficialmente de que la empresa donde trabajó durante 30 años, Telecom, cerraba sus puertas para siempre. Hoy es martes 18 de marzo y un río de gente está entrando a la Plaza de Bolívar. Sindicatos, estudiantes, muchachos, viejos, es difícil encontrar un uniforme, un color definido. Sólo hay un común denominador, las treinta mil personas que caminan desde el parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar creen que en Colombia, históricamente, no existen las condiciones para tener un empleo digno. Esa fue una de las razones por las que eligieron, sin tener una ideología definida, votar por un gobierno que les prometía el cambio. La reforma laboral podía ser la respuesta a un país que, según el DANE, presenta una informalidad del 56%, y en donde sólo 1 de 4 de sus habitantes se pensiona. Por eso Don Gonzalo llevaba una pancarta que recordaba la masacre laboral que constituyó el cierre de Telecom en los años en los que Uribe tenía más del 70 por ciento de popularidad.   Nunca se pudo pensionar, ni él ni otros de sus ex compañeros que han decidido ir y llenar la Plaza de Bolívar en otro día frío de marzo en Bogotá. Al frente de ellos hay una tarima y una pantalla desde donde se transmite, sobre las once de la mañana, una sesión del congreso. La que habla es Esperanza Andrade, miembro de uno de los clanes que se han hecho poderosos en el Huila. Ella es una de las ocho congresistas que decidieron archivar la reforma laboral y no permitir que se discutiera en el senado, ella es una de las razones por las que los colombianos en Barranquilla, Santa Marta, Cali o Medellín decidieron salir a la calle en apoyo al presidente. Cada vez que Andrade daba un argumento por el que había decidido archivar la reforma la gente, en la plaza, bramaba. La llamaba “Mentirosa” y algunos adjetivos que no sería bueno publicar.   fotos: Sergio Saavedra  En los dos años y medio que lleva Petro como presidente jamás había convocado a tal cantidad de gente. Era una prueba de que no se puede confiar en las encuestas ni en los medios tradicionales. Petro está más vivo que nunca. Como asistente a la Plaza de Bolívar me llama la atención que pocos medios oficiales hayan reconocido que el lugar estaba a reventar, que de la carrera séptima hasta la calle 26 en Bogotá estaba completamente congestionado de personas. Sobre el mediodía, sin esperar a que saliera el sol, Petro apareció en la tarima de la Plaza y dio un discurso que duró dos horas.   Él sabía que este 18 de marzo había vuelto a ganar. Era ótra fecha de gloria, como lo fue el balconazo con el que resistió la embestida del procurador Ordoñez mientras fue alcalde de Bogotá o como ese 20 de junio del 2022 cuando le ganó la segunda vuelta de las presidenciales a Rodolfo Hernández. La calle volvía a ser suya. Por eso no dudó en afirmar que “empieza la consulta popular” A su lado un símbolo de su lucha, María José Pizarro, la hija del comandante de la guerrilla de la que él alguna vez hizo parte, la mujer que le entregó la banda presidencial el 7 de agosto del 2022. La Pizarro llevaba una camiseta que decía “Arriba los de abajo”. Los que estaban abajo de la tarima guardaban en silencio. Algunos se emocionaban hasta las lágrimas. Había una especie de electricidad en el aire. Una atmósfera. Alguna vez Hegel afirmó que había visto como Napoleón se había convertido, al menos por un momento, en la encarnación de un espíritu, de una idea de pueblo. Por unos segundos pasó eso en la Plaza de Bolívar. Olvidamos, por un momento, la sucesión de errores que ha convertido este gobierno en un caos, con episodios tan penosos como el consejo de ministros televisado, el protagonismo de personajes tan lejanos al progresismo como Laura Sarabia o el impresentable Armando Benedetti, por un momento olvidamos todo simplemente porque el pueblo creía lo que había visto: una marcha de un orden impresionante, en donde se bailó, se gritaron proclamas y se condenó a una clase dirigente que ha convertido en un lujo tener un trabajo digno en Colombia.   La alcaldía de Bogotá, a esa misma hora, denunciaba la quema de unos SITP y daños a estaciones de Transmilenio. Acompañando esta marcha durante tantas horas, recorriéndola es factible creer que otra vez los infiltrados de siempre cumplieron su tarea. Los medios minimizaron al máximo una manifestación que recordó la del 5 de octubre del 2016 cuando miles de colombianos salieron a las calles a apoyar el plebiscito de paz del gobierno Santos y las FARC. Porque más allá de que fuera el gobierno Petro el que convocara era claro que la gente en Colombia está cansada de la injusticia laboral. Hay que sacudir el sistema. Sobre las dos de la tarde la marcha empezaba a disolverse. Los vendedores de banderitas de Colombia a cinco mil pesos y los que ofrecían la biografía de Petro edición pirata a veintiocho mil hicieron lo de la semana. Patricia Ariza, ex ministra de cultura de este gobierno y quien tuvo una relación difícil con el presidente lideró la marcha del colectivo de sobrevivientes de la Unión Patriótica. Cansada, caminó unos pasos hacia el colegio San Bartolomé y se sentó en la acera. Algunos la reconocían y le daban las gracias. Uno de ellos fue don Gonzalo Acevedo quien le agradeció los años de lucha haciendo teatro y desde las toldas de la UP. “Todos ellos sumaron -me dijo Don Gonzalo, preocupado porque la lluvia caería en cualquier momento sobre Bogotá- todos ellos se opusieron a una idea que terminó siendo una realidad, la de un gobierno neoliberal que terminaría arrasando con las empresas estatales. A nosotros no nos indemnizaron bien” decía con encono y cansancio. La vejez ya era más dura que la indignación.   En las noticias pasaban la última victoria del Atlético Nacional, los avances del metro de Galán y la nueva motosierra de Milei. No había espacio para mostrar el río humano que se movió esta mañana por Bogotá.   Fotos: Sergio Saavedra

Por: Redacción Pares El 18 de marzo, sobre el mediodía, la plaza de Bolívar estaba a reventar. Miles de entusiastas del presidente y sus reformas exigían a los ocho senadores que decidieron archivar la laboral que escucharan al pueblo, las cifras que daba el DANE sobre informalidad laboral, de un 56% y la contundencia de algunos números: de cada cuatro colombianos sólo uno se puede pensionar. Adentro en el congreso, específicamente en la comisión séptima, terminó la sesión en donde definitivamente se hundió la reforma la laboral. Inmediatamente sucedió esto el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, empezó a insultar al senador Alirio Barrera. El video se volvió viral. Entre las recriminaciones Mondragón afirmaba que no tenía cerebro para debatir “usted no dijo nada” le gritaba el del Pacto Histórico ante las pocas razones que esgrimió el uribista para hundir la reforma. Uno de los insultos que más fuerte se escuchó fue el de acusar a Barrera y a su partido de ser “Masacradores laborales”.   Alirio Barrera, en sus dos años que lleva como senador del Centro Democrático ha aparecido en medios más por sus escándalos que por el rigor de su UTL a la hora de pasar propuestas para ayudar a volver este país más próspero. El 26 de septiembre del 2022 su nombre apareció en todos los titulares del país. Después de que el entonces presidente del senado, Roy Barreras, afirmara que el congreso era un lugar “amigable con las mascotas” Barrera dio un golpe publicitario, llevó su caballo de paso fino. Mientras los medios le ponían el micrófono para que hablara el senador uribista decía que buscaba que lo dejaran entrar al recinto con el equino y que con este performance lo que pretendía Barrera era dejar claro que no se podían prohibir en Colombia los coleos, las cabalgatas, ni los toros. Unas semanas después Pasaporte, como se llamaba su caballo favorito, murió en su finca en Casanare. Aunque la causa de la muerte fue la picadura de una serpiente se especuló con que el traslado a Bogotá y la exposición mediática habría afectado el estado de salud del animal.   Casanare es la casa de Alirio Barrera. Fue en el 2020, gracias a Tomás Uribe, a quien le preguntaron si tenía intenciones presidenciales en las elecciones del 2022 fue enfático en decir que no, que el ungido sería Josué Alirio Barrera Rodríguez. Lo que afirmaba el hijo del expresidente era que tenía una historia suficientemente atractiva como para la gente no sintiera empatía. Nacido en 1977 en la vereda Monteralo del municipio de Aguazul, era el septimo de trece hijos de una familia de campesinos. Tomás Uribe contaba que Alirio, de joven, tuvo que vender melcochas para pagar su colegio, que su familia fue desplazada por la violencia cuando él tenía 17 años, dejaron todo para irse vivir a Yopal, que hipotecó la casita que tenía para comprar dos caballos y dedicarse a amansarlos,  con ellos llegó a una exposición equina en el 2009. El lugar era la sede de la Fuerza Aérea en Bogotá. El invitado de honor era el entonces presidente Uribe quien quedó prendado de Barrera al verlo cabalgar. Desde entonces Barrera se acercó a la familia presidencial y se convirtió en amansador de algunos caballos que tenía Uribe en su finca el Ubérrimo. Tomás contó con admiración como su papá le entregó en el 2015 el aval para que fuera candidato a la gobernación del Casanare del Centro Democrático. Ganó las elecciones y, según el uribismo, su gestión fue un éxito.   Alirio Barrera aún no ha sido presidente. Si fue senador en el 2022. Es una de las grandes figuras del uribismo de cara al futuro. Por ahora está cumpliendo su cometido. Fue uno de los ocho senadores que hundieron la reforma laboral que era tan necesaria del país. No es el mejor senador a la hora de debatir pero tiene dos cualidades que Uribe valora más que la inteligencia: es leal y disciplinado. Es un uribista pura sangre.

Por: Redacción Pares Antes de la reforma de Álvaro Uribe la ley estipulaba que desde las 6 de la mañana hasta las seis de la tarde era considerada una jornada de trabajo como diurno. Esta ley estaba desde 1950 y estipulaba que la jornada nocturna iría desde las 10 de la noche hasta las seis de la mañana. La ley 789 del 2002, promovida por el gobierno Uribe lo cambió todo. La jornada diurna iría desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se eliminaban de tajo el pago de las horas extras. La excusa era que había que combatir un desempleo que estaba en el 16% y esto serviría para atenuarlo. Las metas del gobierno contemplaban un aumento de 60 mil puestos de trabajo. La tragedia sobrevendría para la gente que trabajaba en horario nocturno ya que dejaron de percibir un recargo nocturno equivalente del 35%.   Según un artículo de Las 2 orillas titulado “La reforma laboral de Uribe lleva jodiendo a los trabajadores colombianos los últimos 20 años” se explica de qué manera esta medida del ex presidente hundía a los trabajadores y beneficiaba a los empresarios:   “El trabajador debió sacrificar el 66,6 % del valor total que por el dominical percibía antes de la reforma.  Así, de no existir la reforma, este trabajador recibiría $14.457 adicionales al valor de su día ordinario de trabajo. Al desaparecer todo tipo de recargo, el impacto negativo para el trabajador es doble: se limita a recibir sólo el valor de un día ordinario de trabajo, además que no goza del derecho al día compensatorio, dejando de percibir un 33,3 % en dinero y otro 33,3 % en especie. Las mismas implicaciones tiene para el trabajador la ampliación de la jornada de 6 horas diarias y 36 semanales. Esta modalidad ya existente para actividades iniciadas a partir de la Ley 50 de 1990, fue extendida por la Ley 789 de 2002, sin distinción de antigüedad, a todas las empresas que laboran sin solución de continuidad y a todos los días de la semana. Según el OMTSS, durante el segundo semestre de 2003 solamente 62.000 asalariados del sector privado urbano trabajaron 36 horas semanales (1,3% del total), y no de todos ellos se tiene la certeza de que hayan sido vinculados bajo la modalidad de turnos continuos de 6 horas diarias”. Los horarios actuales de la jornada laboral, que quedaron en el 2017, jamás volvió al horario diurno original, el de 1950. Quedó fue de 6 de la mañana a nueve de la noche. Otro de los cambios que trajo la reforma de Uribe fue la disminución de los recargos dominicales y festivos, que pasaron de remunerarse con un cargo extra del 100 por ciento al 75 por ciento. Los ocho congresistas que están buscando hundir la reforma laboral sin que esta pase por un debate en el congreso tienen algo en común, sus profundas raíces uribistas. Uribe sólo está enfocado, desde hace meses, en hacerle campaña contra una reforma que beneficia a los trabajadores y afecta a los empresarios. Esa es la razón del encono contra la reforma que acabaría con una ley que ayudó a que los ricos en este país fueran más ricos y los pobres más pobres.

Por: Guillermo Linero En su libro, Cómo Nace el Derecho, el jurista italiano Francesco Carnelutti explica con una prosa afable y apta para todos los públicos, la seriedad e importancia de hacer las leyes. En el mentado libro, compara ese oficio de hacer las leyes con el de un humilde constructor que, ladrillo tras ladrillo, erige un inmenso edificio. En efecto, los legisladores han de forjar, ley tras ley, el “gran edificio de la justicia social”. La justicia social, que no tiene otro propósito, cualquiera sea el tinte político de los legisladores y de los gobernantes, distinto a la protección de los derechos de los pobres y a crear políticas -precisamente leyes- para el desarrollo económico y equitativo de la sociedad entera. En tal sentido, los legisladores están obligados única y estrictamente a viabilizar las reformas que aseguren dicha equidad y no para obstaculizarlas. Empero, siendo la justicia tan amplia y universal, apenas hacemos uso de ella por medio del cerrado sistema del derecho- que en la gran ciudad de la justicia -para seguir el imaginario de Carnelutti- ocupa solo un edificio, el derecho, y un solo lugar, el Congreso, donde nacen las leyes que le dan forma, por ejemplo, al sistema de derecho colombiano. Una institución, la del Congreso, que de estar integrada por juristas y no por políticos (pues la mayor parte de estos últimos aspiran a ser, o lo son, jerarcas, emperadores, reyes y dictadores), y de no estar ocupada por quienes prefieren lo caótico, otros serían nuestros modos y maneras, y no estaríamos embelesados por las premisas de la “cultura traqueta” tales como: “el que reza empata”, de nuestra costumbre religiosa; “la gente de bien es la poseedora de bienes” de nuestra tradición moral y; “no es tan malo robar al estado”, de nuestra conducta cívica. Por tal razón, en Colombia, como en la mayor parte de los estados civilizados (no importa si ruines o bárbaros, sino los que siguen la noción de una civis), están llamados a fabricar las leyes quienes hayan sido elegidos popularmente, y no es requisito para ello que sean abogados o juristas. Así de claro lo explica el mentado profesor italiano: “Si los juristas son los obreros calificados del derecho, no todo en derecho es obra de ellos…. Las leyes, pues, están hechas, si no precisamente solo, por lo menos también por hombres que no han aprendido a hacerlas”. No obstante, es el derecho el método formativo más eficiente cuando se trata de progresar como grupo o como sociedad. Por esa importancia del derecho, las leyes han de crearse con la seriedad que se toma un constructor cuando, ladrillo tras ladrillo, forja un gran edificio que de caerse moriría mucha gente. En consideración a ello, no podemos esperar de quienes hacen las leyes nada distinto a un talante fabril especial, a una formación cognitiva mínimamente garante de nuestra seguridad y progreso, y que estén nutridos de correcta moral y de buenas costumbres; que tengan de rigor el cumplimiento de la ética y de la cívica, en fin, que entiendan, más por sentido común y por estar desprendidos de religiones e ideologías, cómo entre los mismos miembros de una especie no es connatural auto aniquilarse. Ya es hora de decirle adiós al temible hombre lobo de Hobbes. En los tiempos del siglo XXI, el siglo de los derechos colectivos y medioambientales, hay que vencer la incultura política y reconstruir, no en términos utópicos sino esperanzadores, la realidad de un futuro inmediato en el cual sea posible trabajar, festejar, jugar, disputar…, en sana convivencia. Con todo, valga decir que eso solamente ocurriría si al Congreso integrado por no juristas, un día empiezan a llegar personas, sino doctos en leyes, al menos con talante cívico y mediana escolaridad. En este contexto de iletrados, es natural que algunos senadores no puedan visualizar, por ejemplo, los efectos futuros de la reforma laboral. Si no saben poner en práctica el principio teleológico del derecho, no entenderán que si los trabajadores recibieran mejores sueldos crecería el consumo y por efecto infalible crecerían también las utilidades de los empleadores que surten las necesidades del consumo. Desafortunadamente, en las sociedades gobernadas por regímenes deshumanizados, cambiar en favor de todos resulta difícil y, cuando esta visión trasciende al ciudadano corriente y se vuelve común entre quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes y fabricar el derecho, entonces comienza el reinado de la mediana escolaridad, como es el caso de algunos senadores y representantes a la Cámara que han llegado allí por cuenta de las armas o el dinero, e incluso con sospechosos títulos universitarios. Por eso produce indignación que a 40 millones de colombianos -buena parte de ellos sin educación académica ni estabilidad económica- les dañen la posibilidad de su progreso social y familiar, seres como los ocho senadores que, desprovistos de talante ético y moral, hundieron la reforma laboral.

Por: Isabela Puyana Laura Peña Peláez es una mujer que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC apostó por transformar un territorio como Puerto Asís en el Putumayo. Según un informe de la FIP sobre Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Puerto Asís en el 2029, Puerto Asís es un municipio emblemático a nivel nacional por el desarrollo del conflicto armado en la región del Bajo Putumayo, el arraigo de la economía cocalera y la presencia de diversos grupos armados que han generado fuertes impactos humanitarios.   Con el inicio y desarrollo de los diálogos de paz en La Habana, se dio un desescalamiento de las acciones armadas entre 2015 y 2016. Diferentes dinámicas de violencia en la región se transformaron con la firma y el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Aunque la desmovilización de las FARC ha sido positiva en términos de desescalamiento del conflicto, se ha generado un clima de incertidumbre entre las comunidades por cuenta de la profundización de algunas violencias, especialmente amenazas y regulaciones sobre la movilidad en zonas rurales. Es justo en ese contexto que Laura, una mujer de Armenia, Quindío llegó hace 12 años motivada por la posibilidad de generar cambios a través del trabajo comunitario y el cuidado de la naturaleza. “Desde que llegué a Puerto Asís me he dedicado a emprender en el tema turístico, sobre todo adelantando proyectos comunitarios, construyendo un tejido social, todo esto en la Vereda Playa Rica. Cuando llegué a esta vereda me abrumó el tamaño, el color y la riqueza de los ríos, sabía que el cuidado de las personas también depende del cuidado de esas corrientes”. Laura ha trabajado desde la Vereda Playa Rica, ubicada a 20 minutos de Puerto Asís en el Putumayo, donde vive una comunidad de pescadores que se ha comprometido durante años con el cuidado del medio ambiente: “Se dedican a pescar, sembrar árboles, proteger las semillas que alimentan a los peces y cuidar las especies”, dice Helena Toro, lideresa y representante de la comunidad. Playa Rica-Foto Laura Peña También hace parte de la Asociación ASOOPAP, esta es una Asociación de pescadores artesanales y productores agropecuarios en la que han trazado gracias al trabajo y guía de Laura cuatro líneas de acción: La pesca artesanal, la agricultura y el cultivo tradicional, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y el turismo de naturaleza comunitario. Según Laura, es a partir de estas líneas que es posible establecer reglas claras sobre cómo se desempeña cada trabajo para no generar impactos irreversibles a las especies y a las aguas. En el departamento del Putumayo y en especial en Puerto Asís, Laura se ha dedicado a ser guía profesional de turismo. Es la fundadora de la Agencia de Viajes y Operador Turístico Putumayo Tours que trabaja de manera comunitaria con habitantes de la zona para aprender sobre sus costumbres y para enseñar a los turistas a cuidar del ecosistema.  “Nosotros vivimos en una comunidad en Playa Rica ribereña. Vivimos a orillas del río Putumayo. El río Putumayo es nuestra columna vertebral desde la comunidad, pues se convierte en nuestro medio de vida desde la pesca, el recurso del agua del medio ambiente y también la carretera y el local de acceso para llegar a cualquier lugar: para ir al pueblo, para tener todos los servicios que necesitamos, como la salud, las compras y la educación”. Playa Rica-Foto Laura Peña Hoy Laura y la comunidad de Playa Rica son beneficiarios de del programa “Descarbonización del Amazonas” impulsado por Pares, la Fundación TEJ, el Centro de pensamiento de Transición Energética y Open Society, por el que recibirán una lancha con la cual se pueda hacer la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial incorporando paneles solares. Gracias a este proyecto, se busca disminuir la contaminación del agua, por la sustitución del combustible Diesel. También hacen parte de las escuelas TRANSFORMATEJ en las que se lleva conocimiento sobre bases conceptuales de la transición energética a las poblaciones. Laura asegura que las Escuelas pueden ayudar a inspirar nuevas alternativas de vida para generaciones futuras y que han alentado a la comunidad: “Nosotros en Playa Rica tenemos acceso limitado a la energía eléctrica, ya que sólo se vive con algunos paneles solares y empezar a tener estos espacios de la escuela de Transición Energética Justa tiene unos efectos muy importantes en la comunidad. Sin energías renovables en un futuro, no habrá turismo. Primero es poder capacitar, informar y dialogar sobre estos nuevos procesos. Ese es un punto muy ganador de estas escuelas y la transmisión de este conocimiento”. Laura Peña, quien viene trabajando como líder y fomenta el fortalecimiento de los lazos comunitarios afirma que estas iniciativas, que además se construyen con personas del territorio, ya que las clases las dictan profesores de la zona, son esenciales para fortalecer procesos comunitarios. Playa Rica-Foto Laura Peña “A nosotros la TRANSFORMATEJ nos está enseñando esas nuevas formas de la energía, de acceder al recurso, pero que, en este proceso de querer y necesitar la energía eléctrica, podemos tomar mejores decisiones a través de una transición, que sea más amigable más amistosa con nuestra naturaleza, nuestra casa, nuestro hogar, que es precisamente la selva y este paisaje amazónico”. Laura le apostó a vivir a Puerto Asís, no sólo porque cree en la paz, sino también por el amor a la vida y el cuidado de la biodiversidad coincide que la transición energética justa debe llegar a todos lados. “Creo que todas las áreas rurales de nuestra región necesitan saber y conocer estas alternativas de adaptación. Llegar a la selva, al territorio, a la llanura amazónica que es donde nosotros estamos. Las energías limpias renovables de una transición más amigable y que tenga un efecto más duradero deberían ser una opción para todos y sobre todo para la calidad de vida de las comunidades”.

Por: Redacción Pares El 19 de marzo del 2020 el mundo sólo estaba enfrascado en un sólo tema: la pandemia. Súbitamente había dejado de ser un tema aislado, restringido sólo para la sección internacional de las noticias. El virus Covid 19 había llegado al país y se empezaban a tomar medidas. Ese día, para cientos de personas en el Putumayo, todo se nubló. Marco Rivadeneira, histórico lider social que se encargaba de promover las bondades que tendría la sustitución de cultivos en ese departamento.   Rivadeneira fue presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís Putumayo (ASOPUERTOASIS). También integraba el Comité Nacional de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coerupa). Asimismo, el líder social pertenecía al Congreso de los Pueblos, quienes manifestaron su repudio. Señalaron desde su cuenta en la red social Twitter: “Compañero Marcos las balas te arrebataron la vida, pero tus sueños seguirán dejando tu huella y legado por un país para la vida digna.”   Marco había avanzado más que nadie en su territorio para apuntarle a la sustitución de cultivos. El Putumayo es una de las zonas del país más afectada por la utilización de la hoja de coca como ingrediente para una de las drogas con mayores indices de adicción y destrucción en el mundo, la cocaína. Uno de los acuerdos a los que se llegaron con las FARC en el proceso de negociación fue la de sustitución de estos cultivos. Rivadeneira a través de la organización que presidía, ASO-PUERTOASIS, llegó a un acuerdo el 6 de agosto del 2019 con el ministerio del interior para crear otras alternativas paralelas al cultivo de la hoja de coca. La erradicación forzada no era una solución. Sabía la complejidad que traía esto a un departamento con la alta influencia que tenían los grupos armados alli.   La última aparición pública de Marco Rivadaneira fue el 3 de marzo del 2019, en una reunión convocada por la Mesa por la Vida que se efectuó en Puerto Asis, que tenía el respaldo de la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión de la verdad. Allí líderes como Rivadaneira expresaron el miedo causado por las amenazas de muerte, por el acoso constante de los grupos armados hacia ellos y su labor. Marco tenía razón. Dos semanas después lo asesinaron. Su muerte no pudo ser llorada ni tener la repercusión que tendría el asesinato de un líder de su arrojo y valentía, la cuarentena asumida para contrarrestar la pandemia, nos encerró a todos y ni siquiera nos permitió llorar a uno de los hombres que más luchó por la transición a otros cultivos en el Putumayo y dejar a un lado la coca sin mayores traumatismos. Por eso su recuerdo y legado están vivo cinco años después de su muerte.

Por: Redacción Pares   La única lucha efectiva contra la pobreza es poder articular la triada que compone a una democracia: el Estado, la Sociedad Civil y la empresa. La pluralidad de realidades de la población está representada en la sociedad civil, es quien debe exigir al Estado que rinda cuentas de sus deberes, su participación activa garantiza la resolución de problemas de una sociedad concreta y mejora la calidad de sus servicios. En Colombia esa triada no está lo suficientemente bien conformada como para no tener los problemas sociales que padecemos. Por eso nace Ranquin social, como prueba de que la sociedad civil sigue viva y fuerte en Colombia.   Desde este principio de año azaroso se empezaron a expresar preocupaciones sobre la subsistencia de las organizaciones sociales en el país por la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la ayuda que se entrega a Colombia por medio de USAID. Se había creado un lazo muy fuerte entre esta agencia de cooperación y la sociedad civil. Pero, en una sociedad líquida, todo se transforma, sobre todo las ONG. Por eso, Pares e Isópolis, apoyadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, Capitol y la EAFIT, idearon el Ranquin social en Colombia. El objetivo es visibilizar el mundo social con el sector privado y estatal quienes podrían entender como el sector social puede traer mayores prácticas para que sus proyectos sean más sustentables y sostenibles. Lo que se busca es visibilzar el trabajo en diferentes secotres, desde las comunidades y comunidades de base.   Tal y como lo dijo León Valencia, fundador y director de la fundación Paz y Reconciliación, en el país existen 212 mil organizaciones sociales. Ranquin Social puede ser el puente que necesita la sociedad civil para trabajar de la mano de las empresas privadas y del mismo estado. La salida de USAID de Colombia podría ser la oportunidad para modernizar el sector social. Así como sindicatos como Asocaña o la Federación Nacional de Cafeteros han enfocado parte de sus recursos para mejorar las regiones donde se explotan sus recursos, Ranquin Social podría lograr algo histórico: que las mineras y las petroleras empiezan a destinar parte de sus ganancias en las regiones, en la creación de escuelas, de carreteras, de un mejoramiento del capital social.   Con base en decisiones basadas en datos, el Ranquin Social medirá y visibilizará la influencia de las organizaciones sociales. Por eso, en octubre del 2025, se hará una ceremonia de premiación de las ONG que puedan lograr sus objetivos.   Cuando se cierra una puerta se pueden abrir otras y esto es lo que se ofrece a través de Ranquin Social, la posibilidad de que por fin puedan trabajar unidas en Colombia el sector social, el privado y el estatal. El resultado sería el mejoramiento de las condiciones de vida de las regiones más olvidadas del país.