Por: Redacción Pares Maduro parece desahogar su rabia, su impotencia contras las ONG en Venezuela. La decisión del gobierno Biden, a dos meses de entregar presidencia, de reconocer a Edmundo González oficialmente como el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio y el silencio que sigue manteniendo Gustavo Petro y el gobierno de Lula Da Silva, quienes siguen exigiendo las actas para reconocerlo como ganador, le han agriado los últimos días a Maduro.   Entonces la respuesta al interior del país es atacar las ONG que de manera valiente intentan vigilar que en el vecino país exista el debido respeto a los derechos humanos. Una de esas ONG es Provea. Su director, Oscar Murillo, fue citado este miércoles 20 de noviembre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, CICPC, por haber cometido, supuestamente, un delito contra la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, una ley que la propia Provea ha denunciado es una excusa para imputar a los críticos del régimen. Murillo es un reconocido periodista de la Universidad Católica Andrés Bello con sede en Guyana y defensor de Derechos Humanos desde el 2007. Es profesor, investigador y especialista en Derecho Laboral.  La citación no especifica detalles de su situación judicial. Además incumple con los más mínimos requisitos de forma.   En un país donde detienen a defensores de derechos humanos y los encierran sin dar demasiadas explicaciones la citación a Murillo nos conmueve y preocupa. La animadversión hacia Provea volvió a hacerse pública el pasado 30 de octubre cuando desde su programa televisivo, Con el mazo dando, el siempre belicoso Diosdado Cabello se refirió a esta ONG de la siguiente manera amenazante: Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos  (del asesinato) , van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”.   La razón de la inquina del régimen contra Provea es su labor valiente de denunciar el asesinato del defensor de derechos humanos Edwin Santos ocurrida el pasado 25 de octubre del 2024. Provea es una más de las ONG que vienen siendo perseguidos por el gobierno chavista. La CIDH determinó a comienzos del 2024 que los miembros de Provea se encuentran en situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos.   Se necesita denunciar esta persecusión y expresar públicamente la preocupación sobre la poca garantía que existen para defender los derechos humanos en la Venezuela de Maduro.

Por: Laura Bonilla Hace poco, en un foro, lancé una idea al público: ¿y si empezamos a separar la construcción de paz de las negociaciones con los grupos armados? Las recientes declaraciones del ELN refuerzan esta premisa: no firmarán la paz con este gobierno, y es posible que tampoco lo hagan con el siguiente. Creen que el tiempo está a su favor. Hoy, Colombia carece de herramientas ágiles para “sacarle gente a la guerra”. Mi propuesta se basa en dos puntos clave: el cierre de un ciclo de violencia y la baja representatividad actual de los grupos armados. Primero, el cierre de un ciclo de violencia tras la salida de las FARC como guerrilla con amplio control territorial. Durante décadas, ejercieron como gobierno alterno, regulando la economía local, imponiendo normas e incluso brindando ciertos servicios. Aunque sus métodos distaban de ser democráticos o justos, tenían un propósito tangible, reflejado en el acuerdo del 2016. Hoy, sin embargo, los grupos armados no tienen esa representación o propósito claro. El ELN, por ejemplo, plantea causas globales como la lucha contra el cambio climático y el modelo capitalista, pero mantiene una representación coercitiva, lejana a la participación libre. Sin las armas, como ellos mismos reconocen, su representatividad sería escasa. Ni hablar de grupos de creación reciente – aunque tengan tradición antigua – como la Segunda Marquetalia o las disidencias de las FARC agrupadas bajo el ala EMC – Mordisco o EMC – Calarcá. La fractura territorial de muchos de estos grupos y el esfuerzo grande que deben hacer para mantener un flujo de reclutamiento constante ha llevado a un agotamiento más que generalizado de la sociedad. Incluso para el caso de grupos como el Ejército Gaitanista (EGC) que llevan mucho más tiempo ejerciendo control territorial, los recursos para mantenerse en guerra implican reclutamientos extensivos y menos control. Muchas de las agendas de paz ciudadana, de organizaciones sociales, de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas o étnicas son blancos militares de todos los armados en competencia, situación que no ha sido posible incluir de forma eficiente en ninguna de las mesas de diálogo. Por esta razón mi segundo punto es la representación. Exceptuando al ELN, que parece desinteresado en la política tradicional, otros grupos buscan legitimación para pequeñas élites armadas. Por ejemplo, los Comuneros del Sur pretenden representación directa en instituciones públicas. Sin embargo, esta legitimación se ha construido a través de la violencia, desplazando liderazgos sociales, especialmente en comunidades campesinas e indígenas. El cruel asesinato de Jimmy Rosero, personero de Cumbitara, lo ejemplifica. La situación se agrava con otros actores como las disidencias del EMC, la Segunda Marquetalia o el EGC, que, en algunos casos, logran acuerdos informales con políticos tradicionales. Esto plantea un reto profundo: la construcción de paz no puede depender únicamente de negociar con actores que representan tan poco y que imponen su control por la fuerza. Pero hay otro tema, tal vez más fundamental para justificar mi propuesta. Colombia tiene desde los años noventa una sociedad civil fuerte y activa que tiene ya una agenda de paz. En estas negociaciones muchos de sus representantes, especialmente comunidades indígenas y étnicas han sido blanco de la lucha por controlar territorio que es incompatible con la existencia de liderazgos democráticos y civiles. Muchas de estas organizaciones se han quejado de haber sido dejadas atrás en el propósito de afianzar aceleradamente las mesas de negociación. Con esta argumentación, ¿qué tal si damos la vuelta a la paz e independientemente de lo que suceda con estos grupos el gobierno (probablemente el próximo) avanza en los programas y agendas de construcción de paz, descentraliza esfuerzos, los hace eficientes y además avanza en protección de organizaciones y comunidades?  Manteniendo siempre la puerta abierta a quién quiera dejar la guerra, por supuesto.

Por: Redacción Pares Para nosotros, los miembros de la fundación Paz y Reconciliación, es una fortuna contar como líder y compañera a Laura Bonilla. No hay un tema del espectro político que no domine. Ya sea desde sus columnas escritas, en  debates en redes sociales o en espacios de opinión, queda claro que es de las analistas que mejor le tiene medido el pulso al país. Su profundidad teórica no es un impedimento para que, gracias a susofisticado estilo, sus opiniones puedan divulgarse masivamente. Por eso no nos sorprende que los reconocimientos lleguen.   Laura Bonilla, junto con León Valencia y un equipo de investigadores lideraron una gran investigación sobre los avances -y reveses- de la Paz Total de Petro. Saldrá bajo el prestigioso sello Penguin Random House para el mes de enero. En abril del 2024 fue una de las voces más destacas del libro Parapolítica, historia del mayor atentado contra la democracia en Colombia, bajo el sello Planeta. Laura, en el año 2004, encabezó junto a Valencia y la entonces investigadora Claudia López, el estudio que cambió la historia de este país a comienzos del siglo XXI, la Parapolítica, término creado por ellos así Gustavo Petro piense lo contrario.   A todos estos logros Laura le suma haber sido incluida en el TOP 10 de los líderes con mayor participación e incidencia en programas de opinión según la encuesta publicada por Datagrafia y que encabeza el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landinez. Tanto en televisión, como en medios radiales y redes sociales, la voz de Bonilla tiene un peso propio, su visión sobre el conflicto y el país es continuamente citada en artículos centrales de los principales medios colombianos como Caracol noticias, Caracol Radio, el País, El Tiempo o El Espectador. Este es otro reconocimiento a una analista que tiene una rara cualidad: escribir sobre la realidad con la belleza que lo hacen los poetas.

Por: Redacción Pares En un avión no sólo se mató Carlos Gardel. En un aeronave también se fue Jorge Gaitán Durán en 1963, y perdimos en Colombia a la mujer que cambió para siempre la historia del arte en Colombia, Marta Traba. Argentina pero con corazón colombiano, Traba fue una especie de sacerdotiza del arte en Colombia. Historiadora del arte de la Sorbona de París, fue esposa de Alberto Zalamea y su aparición en la naciente televisión colombiana le dio una popularidad que pocos colegas suyos han tenido en Colombia. Además tenía una columna en El Tiempo que lanzó al estrellato a muchos artistas y a otros los mandó a la hoguera del olvido. Amada y odiada, Marta Traba era honesta e implacable.   La historia del fatídico vuelo arrancó en París el sábado 26 de noviembre de 1983. El vuelo iba a Bogotá pero tenía que hacer una parada en el aeropuerto de Barajas. Allí sobrevino la tragedia. El avión era un Boeing, en ese momento era el aparato de vuelo más grande del mundo. Era comandado por el experimentado piloto Tulio Hernández, quien había arrancado en la aviación en 1948. Sin embargo cometió un error fatal: leyó mal la carta de navegación. Muchos años después, cuando se pudo escuchar el contenido de la caja negra, se escucha a la torre de control del aeropuerto de Barajas avisar del peligro que corría el vuelo. La respuesta de Hernández revelaba su confianza: “Cállate gringo” y es que calculó mal y empezó su descenso mucho antes de que tuvieran una pista de aterrizaje cercana. A 12 kilómetros de la pista de aterrizaje de Barajas chocaron contra un cerro cercano a Madrid. Murieron 181personas, otras 11 sobrevivieron con heridas gravísimas. Es recordado en España como el segundo accidente aéreo que dejó más víctimas fatales.   Lo que hace más terrible este accidente es que en él iban eminentes figuras de las artes y el intelecto latinoamericano. Estaban afincados en París y habían sido invitados por el gobierno de Belisario Betancur al país, al Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana. Además de Marta Traba en ese avión estaban Angel Rama, el magnífico crítico literario uruguayo que se exilió en Caracas y donde pudo construir la Biblioteca Ayacucho, la colección suprema de la literatura Latinoamericana. En el momento del accidente estaba casado con Marta Traba.  Estaban también la excepcional pianista Rosa Sabater, el novelista y político peruano Manuel Scorza, así como el escritor mexicano Jorge Ibarguengoitia.   Según el Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil esta fue la causa del siniestro: "La causa el accidente fue que el Comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno".   Entre las víctimas fatales se contaban colombianos, mexicanos, españoles, franceses, alemanes. Ese 26 de noviembre de 1983 el país se paralizó.Es que Marta Traba, entre otros logros, había logrado crear el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que hoy en día todavía tiene sus puertas abiertas y está más vigente que nunca. Era amiga cercana de Cortázar y su visión descubrió, entre otros monstruos al maestro Fernando Botero. Su voz, además de escucharse en la televisión, era vital para influenciar a los estudiantes que tuvo en universidades como la Nacional y los Andes donde fue profesora.   Marta Traba era una provocadora, una mujer que dejó libros como Homérica Latina en donde supo leer el contexto de su época, una de las más interesantes de la historia, además de haber creado la revista Prisma, hoy un tanto olvidada pero cuyo legado sigue vigente. El destino fue cruel, las llamas se llevaron una de las mentes más adelantadas de su época.

Por: Redacción Pares En Chile y en Colombia existen nostálgicos de la dictadura. Algunos dicen que si uno no se metía con los militares ellos no te hacían nada. Que Allende estaba llevando al desbarrancadero al país. Que se iban a volver como Cuba. Que Pinochet, si bien cometió algunos errores y excesos, fue un héroe. Por más de que se muestren cifras, los entusiastas de la dictadura de Chile van a seguir con sus ideas completamente fijas, inmutables.   Desde que el 11 de septiembre de 1973 sacaran a Allende del Palacio de la Moneda a bombardeo limpio, el régimen de Pinochet se caracterizó por su brutalidad. La tortura, la censura y la desaparición fueron su impronta. La Comisión Nacional Sobre Prisión Política entrevistaron a cerca de 35 mil personas para tener el universo más claro del nivel de salvajismo que había tenido la dictadura en las casi dos décadas en las que mandó. Los resultados se dieron a conocer en el 2011 y estas reportaron un número de víctimas superior a las 40 mil personas.   Los artistas se fueron, los que tenían voz propia. Algunos fueron torturados y masacrados como el gran Victor Jara. A mediados de los ochenta surgió en Chile una generación de valientes que, agotados de la dictadura, empezaron a moverse. Pinochet, con humo en la cabeza, creía que todavía conservaba las mayorías. Por eso aceptó medirse en un plebiscito. Le preguntaron a los chilenos si querían seguir respaldando a Pinochet. Ganó el No. El país había cambiado. El éxito sin precedentes de Los Prisioneros así lo corroboraba.   Nacieron en 1983. Habían bebido de las fuentes de Violeta Parra, Victor Jara, los Jaivas. La formación estaba compuesta por Jorge González, que era el cantante y compositor, un tipo duro que decía las cosas sin filtro, Claudio Narea y Miguel Tapia. En Colombia sus discos empezaron a llegar en 1987 y fue la locura. Acá nos preguntábamos ¿Cómo era posible que una banda desde Chile, desafiando a la dictadura, no le diera miedo desmantelar la burbuja chileno que hablaba de Milagros Económicos, respaldadas por la Escuela de Chicago, haciendo una canción tan dura sobre el desempleo como El baile de los que sobran? ¿Cómo podían ser tan directos contra la dictadura -y a la vez tan poéitcos- con canciones como ¿Quién mató a Marilyn? En 1988, en plena campaña por el No, en un concierto en Viña del Mar, Jorge Gonzalez no pudo ser más directo a dedicarle a Augusto,el general, el estribillo ¿Por qué no te vas, no te vas del país?     Gonzales y Tapia son los Lennon y McCartney chilenos, se conocieron en 1978 cuando tenían 14 años e iban al mismo curso. Sin importarles la represión estos muchachos en 1983 ya se llamaban Los Prisioneros pero sólo dos años después pudieron lanzar su primer disco. Sufrieron la represión, fueron censurados pero tuvieron la valentía de lanzar su Tren al sur en las barbas del monstruo. Era un rock supremamente comercial, todos lo consumían, pero era música revolucionaria, contestaría. Osea, Nerea y Gonzalez de verdad corrían riesgos al interpretar sus canciones. En Colombia cada vez que vinieron ha sido una sensación. Incluso cuando los egos de Gonzalez y Tapia hicieron irrespirable el ambiente y tuvieron que separarse.   En Chile aún se siguen burlando de Pinochet. Su cineasta más destacado, Pablo Larraín hizo en el 2023 la sátira maravillosa llamada El Conde, en donde mostraba a Augusto y a su familia como seres de más de 250 años que vivían eternamente gracias a sus condiciones de vampiros. El filme, aunque le trajo aplausos internacionales, fue visto como un agravio por mucha gente en Chile que, lamentablemente, anhela la feroz dictadura. La extrema derecha renace en todo el continente. Por eso hay que recordar siempre a grupos como Los Prisioneros, que consideraban que era un deber que tenían, como artistas y figuras públicas, decir la verdad y oponerse a un poder tan violento como el que ejercía Pinochet.

Por: John Correa Romero Fuente: MIN ENERGÍA La Mesa de Transición Energética Justa en Colombia representa un hito fundamental en la política energética del país, alineada con los compromisos internacionales y el desarrollo económico sostenible. Este espacio, liderado por el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, busca fortalecer la cooperación internacional para diversificar la matriz energética mediante fuentes renovables como la energía solar y eólica, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Qué es la Mesa de Transición Energética Justa? La Mesa de Transición Energética Justa es un mecanismo establecido para articular esfuerzos entre actores nacionales e internacionales en torno a la transición hacia un modelo energético sostenible y equitativo. En esta iniciativa, participan diversos actores, desde representantes de la sociedad civil hasta cooperantes internacionales, todos con el mismo objetivo: promover una transición energética que beneficie a toda la población colombiana. Fuente: MIN ENERGÍA Este esfuerzo está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que prioriza la transición energética como un pilar del crecimiento económico y social del país. Además, está directamente conectado con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, que buscan frenar los impactos del cambio climático mediante la reducción de emisiones y el uso de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Beneficios de la Mesa de Transición Energética Justa 1. Diversificación de la matriz energética:  La mesa impulsará proyectos que fomenten el uso de energías renovables como la solar y la eólica, lo que reducirá la dependencia del país de los combustibles fósiles, mejorando su sostenibilidad energética y cumpliendo con las metas de acción climática. 2. Desarrollo social y económico:  Al promover la transición energética en áreas rurales y vulnerables, como las Comunidades Energéticas en La Guajira, se busca no solo mejorar el acceso a energía, sino también fomentar el desarrollo económico local y contribuir a la construcción de paz. 3. Cooperación internacional:  Este mecanismo facilita la creación de alianzas estratégicas con países como Dinamarca y Alemania, así como con organismos multilaterales, para acceder a fondos y tecnologías que permitan la implementación de proyectos energéticos sostenibles. 4. Inclusión social y bienestar:  La mesa se centra en garantizar que la transición energética sea justa, es decir, que los beneficios del cambio hacia energías limpias se distribuyan equitativamente, impactando positivamente en la calidad de vida de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. Desafíos de la Mesa de Transición Energética Justa 1. Infraestructura y financiación:  La implementación de proyectos de energías renovables a gran escala requiere una infraestructura robusta y el acceso a fuentes de financiación significativas. La cooperación internacional será clave, pero la articulación efectiva de estos recursos puede ser un desafío. 2. Gestión y coordinación:  Uno de los principales retos es evitar la dispersión de esfuerzos. Alinear las iniciativas de todos los actores involucrados —gobierno, sociedad civil y cooperantes internacionales— en torno a objetivos comunes puede ser complejo y requiere una planificación y seguimiento detallados. 3. Impacto social en comunidades dependientes de combustibles fósiles:  La transición energética implica el desplazamiento de sectores económicos como el minero y el de los hidrocarburos, lo que podría generar resistencia en las comunidades que dependen de estos. Garantizar alternativas de desarrollo económico para estas áreas será un desafío clave. 4.   Cambio climático y metas globales:  Si bien Colombia ha avanzado en la transición energética, la magnitud de la crisis climática exige esfuerzos rápidos y coordinados a nivel global. La mesa enfrentará el reto de cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París mientras se asegura de que la transición sea inclusiva y beneficiosa para todos. La Mesa de Transición Energética Justa es un paso decisivo para que Colombia logre un futuro energético más sostenible, inclusivo y equitativo. Sin embargo, alcanzar estos objetivos requerirá superar retos complejos en términos de financiamiento, coordinación y equidad social. La clave estará en fortalecer la cooperación internacional y nacional, asegurando que los beneficios de la transición lleguen a todos los rincones del país.

Por: Redacción Pares En la historia del conflicto colombiano nunca se ha visto un gobierno con tanta disposición para hacer la paz con el ELN. Las negociaciones con este grupo arrancaron hace 51 años, después del desastre de Anorí, en donde una mala estrategia estuvo a punto de que el ejército exterminara a este grupo guerrillero, empezaron a sentarse a buscar una salida negociada al conflicto. Pero cada acercamiento fue una derrota de la diplomacia.   El presidente Petro desde su posesión puso como prioridad buscarle una salida negociada al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional. Pero ha sido imposible la negociación. Se llegaron a acuerdos como la participación política pero el Comando Central, después de que el Alto Comisionado de Paz Otty Patiño decidiera sentarse a hablar con la disidencia de este grupo, el Frente Comuneros Sur, que opera en Nariño, las diferencias parecen irreconciliables.   En el día de ayer martes, 19 de noviembre, el jefe negociador de esta guerrilla, Pablo Beltrán, afirmó de manera tajante que el ELN no firmaría la paz con este gobierno y el asunto quedaría “para otros gobiernos”. La declaración completa fue la siguiente y se dio en días previos en los que se retomarán las negociaciones en Caracas: “Una meta acordada comúnmente con la delegación del gobierno, que es avanzar lo máximo posible hasta 2026, cuando concluya el presente gobierno, y  dejar este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad ”.   Desde el 3 de agosto del 2024, cuando no fue renovado el cese al fuego con esta guerrilla, las acciones del ELN aumentaron en regiones como Arauca y el Catatumbo. Escuchando lo que le pedían colombianos que viven en estos lugares el presidente decidió acercarse a la mesa de negociación. Sin embargo estas declaraciones de Pablo Beltrán le cayeron mal a Petro quien afirmó lo siguiente: “No creo que haya un próximo gobierno que haga la paz con el ELN”.   León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación y quien es un experto en mesas de negociación mostró su desazón en redes sociales ante estas declaraciones de Pablo Beltrán “No se como se les ocurre a los jefes del ELN decir que no firmarán la paz con el gobierno de Petro, que esperarán un nuevo gobierno, eso, además de ahondar en el pesimismo de la opinión pública sobre esas negociaciones, es cero diplomacia, cero consideración con un interlocutor que una semana después de la posesión presidencial envió una delegación de alto nivel a buscarlos en La Habana y a resolver el entuerto que había creado Iván Duque con el gobierno de Cuba generoso como la ha sido con la paz de Colombia”.   El pesimismo que rondaba este proceso se ahonda aún más con las desafortunadas declaraciones del Comando Central. Este rifi-rafe ¿Será el portazo definitivo con el que se cierra para siempre la posibilidad de una salida negociada con la guerrilla del ELN?

Por: Redacción Pares En el 2018 Gustavo Petro creía que podía ganarle el pulso en la segunda vuelta al candidato del uribismo y de los grandes medios de comunicación, Iván Duque. Aún las condiciones históricas no estaban dadas. Sin embargo, los 8 millones de votos que consiguió Petro eran un gran capital. La derrota fue amarga pero, conforme pasaban los días, se empezó a dar cuenta que las fuerzas de la historia inevitablemente lo llevarían a una victoria en el 2022. Duque llevaba dos meses en el poder cuando le estalló la primera gran protesta: el paro universitario del 2018. Durante todo el 2019 la inconformidad por el paquete de medidas que adoptó el gobierno de Iván Duque y que afectaban directamente a los sectores más bajos de la pirámide social, sacó a la gente a la calle.   Ese fervor se concentró el 21 de noviembre del 2019. Más de dos millones de personas salieron a protestar en todo el país. Aunque las centrales obreras convocaron, y algunos políticos como María Fernanda Cabal llegaron a hablar que se trataba de una “toma guerrillera”, lo cierto es que la indignación y las ganas de cambio eran legítimas. La Reforma Tributaria del ministro Alberto Carrasquilla -en su momento el hombre más odiado del país- que buscaba grabar el IVA a la canasta básica familiar, las reformas a la salud y a la pensión, y los incumplimientos con los acuerdos de paz, fueron los detonantes.   Pero no sólo era el paquete de medidas sino el cansancio que generaba un modelo que propiciaba el saqueo de recursos naturales, las privatizaciones, la imposición del modelo Neoliberal. Ese día el país se paralizó. La respuesta de Duque, lejos de la conciliación, fue la de sacar la fuerza pública a la calle. Las manifestaciones se mantuvieron varios días. El 23 de noviembre del 2019 todo el país conocería el nombre de DIlan Cruz. El joven bachiller del Colegio Ricaurte protestaba en la calle 19 con carrera cuarta, en pleno centro de Bogotá cuando fue alcanzado por una munición bean bag, un proyectil fabricado por Defense Technology y que fue disparada por el capitán del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez.  Durante dos días Dilan peleó por su vida en el hospital San Ignacio de Bogotá. Pero moriría el 25 de noviembre a causa de las heridas.   Fue como apagar un incendio con gasolina. La gente salió a la calle y sólo se entró cuando apareció la pandemia, en marzo del 2021. La agitación en las calles se trasladó a las redes sociales. Pero la muerte de Javier Ordoñez, joven estudiante de derecho, en septiembre del 2020 y la violenta represión a la Minga Indígena dejó servido para que en el 2021 se concretara, durante meses, lo que la historia conocería como el estallido social.   Lo que está prohibido olvidar fue la represión que desató el gobierno de Iván Duque durante las manifestaciones. En cinco días de protestas en mayo, generadas por la Reforma Fiscal de Duque, la Fuerza Pública dejó 19 muertos y más de 800 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo. La ONU y la Unión Europea le hablaron al entonces presidente y le dejaron ver su descontento por estas cifras. Las personas que perdieron sus ojos por heridas provocadas por agentes del ESMAD y sus balas de goma superaron el centenar. Finalmente, el 20 de junio del 2022, fue elegido de manera democrática el primer candidato de izquierda como presidente del país. Se daba el cambio que la gente pidió en las calles.   Iván Duque no ha sido juzgado por su responsabilidad en estos crímenes. El desprecio por los derechos es propio del fascismo. Durante los ocho años de gobierno de Alvaro Uribe, mentor de Duque, ocurrieron 6402 casos de ejecuciones extrajudiciales que se conocieron como los falsos positivos. Con la llegada de Petro a la presidencia se tramitó una ley que transformó el ESMAD. En estos dos años no han vuelto a ocurrir represiones como las que se vivieron durante los cuatro años de Iván Duque.

Por: Redacción Pares Desde finales de julio la legitimidad de NIcolás Maduro en Venezuela está en su peor momento. Incluso un frente de presidentes progresistas, que en teoría debería haber sido su apoyo, Lula da Silva y Gustavo Petro, terminó de hundirlo. El puente que se establecería con ellos se hundió. Lo que exigían los dos presidentes era la presentación de las actas que corroborarían su victoria. Pero estas nunca han aparecieron. Es por eso que el gobierno de Joe Biden decidió el pasado 19 de noviembre declararlo presidente electo. Desde el 1 de agosto había reconocido su victoria en esas elecciones. Pero no se le había reconocido como presidente electo.   A través de su cuenta de X, el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo anunció de esta forma: El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo.  La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes ”   La respuesta de Venezuela no tardó mucho en hacerse oir. Lo hizo a través del canciller Yván Gil quien tildó la actitud de Estados Unidos como de ridícula. Desde comienzos de septiembre Edmundo González salió exiliado a España. Las preguntas se han sucedido como una avalancha. ¿Qué consecuencias tendría esta decisión? En dos meses comenzará el nuevo periodo presidencial de Donald Trump. Su posición sobre Venezuela es ambigua. Hay versiones que afirman que en privado, Trump se refiere a Maduro como “un gran hombre” ya conocemos la debilidad que tiene el magnate por los hombres fuertes. Maduro tendría que posicionarse para su nuevo periodo presidencial el 10 de enero. Trump lo hará el 20 de ese mismo mes.   Desde que Maduro se proclamó ganador de esas elecciones las manifestaciones se han hecho sentir en Venezuela. Por ahora la represión de las fuerzas del Estado han dejado 28 personas muertas, 200 heridos y 2.400 detenidos. La llegada al cargo de secretario de Estado de un duro opositor del régimen como es Marco Rubio, podria poner todo cuesta arriba para el chavismo. Independiente de la posición personal que pueda tener Trump con Maduro, queda claro que el no reconocimiento de Biden a su victoria le deja más complicado a los republicanos de reconocer al oficialismo.   La posición de Colombia ha sido de distancia y cuidado. La porosa frontera de más de 3.000 kilómetros, y el hecho de que Venezuela sea garante del proceso de paz con el ELN han hecho que el gobierno no sea muy contundente a la hora de expresar su posición. El que se ha pronunciado es el canciller Luis Gilberto Murillo quien si ha mostrado su contundencia: desde que no muestren actas no se puede reconocer esa victoria. Mientras tanto María Corina Machado, quien también ya salió de Venezuela, está haciendo una cruzada internacional para que condenen el régimen y reconozcan al legítimo ganador con más de 65% de la votación en las elecciones del 28 de julio: el señor Edmundo González.

Por: Isabela Puyana Durante meses los medios de comunicación han informado sobre una posible escasez de gas en Colombia. Algunos titularon entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre que habría un racionamiento de gas, lo que levantó las alarmas de Colombia y puso en el ojo público un tema del que poco se suele hablar: sobre el sistema energético y las tarifas del servicio del gas.   Aunque la palabra racionamiento comenzó a difundirse como una verdad, esto nunca ocurrió. La verdadera noticia es que en esta fecha se realizó el mantenimiento a la redensificadora, medida que se realizó durante cuatro días y que, técnicamente se utiliza para asegurar el abastecimiento de gas en el país.  Esto hace parte de las muchas medidas preventivas para preparar el sistema eléctrico para el siguiente año y que se hace desde el 2016.   El ministro de Minas y Energía, Andres Camacho, se pronunció al respecto: “ Sobre la declaración del “razonamiento”, hay que señalar que es una medida de priorización para lograr que el país pueda desarrollar el mantenimiento de la regasificadora del Caribe por cuatro días. Un procedimiento que es rutinario y que se hace anualmente como una medida preventiva para tener todo preparado para el sistema eléctrico colombiano de cara a la sequía del 2025, pero no se trata de un razonamiento de gas para hogares ni para el comercio, no tiene ningún impacto para la ciudadanía”. Mateo Vega, Investigador de la Fundación Polen Transiciones Justas, experto en Justicia Climática, afirma que esta medida no fue algo que se inventó este Gobierno y que este procedimiento siempre ha ocurrido, sin embargo, en esta coyuntura en que las plantas térmicas necesitan gas, sí o sí, porque han estado operando en su máxima capacidad, es posible que haya un miedo generalizado sobre la disponibilidad del recurso que expone discusiones como si habrá o no suficiente recurso para el 2025 o si es necesaria su importación.   Todo esto sumado a que Durante la presentación del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (Icpet) en Santander el pasado 1 de agosto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló que, a pesar de que el gas no faltará, sí sería necesaria su importación para asegurar el suministro. Por eso, advirtió que el precio de este recurso podría aumentar.   “Hemos importado gas desde los últimos ocho años y, dependiendo de la necesidad del recurso, evaluaremos si habrá más demanda en importación. Probablemente el precio del gas natural aumentará en los próximos meses, pero el Gobierno está haciendo un esfuerzo al focalizar los esfuerzos y garantizar la oferta” , aseguró Roa en sus intervenciones .   Sumada a esta intervención, la directora de Gas Natural, Luz Stella Murgas, intervino ante los medios de comunicación ese mismo día: “el déficit que hoy tenemos de gas obliga a la importación, lo que nos hace perder 45 años de autosuficiencia de gas natural, esto justamente es lo que ha garantizado que sea el servicio público más económico de todos, aún así, importarlo podría amenazar el precio” . Agregó Murgas para Mañanas Blu.   El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho respondió a esta afirmación para una entrevista a Pares: “Una cosa es que exista déficit de gas y otra es déficit en la contratación de gas. Al hacer los balances de producción encontramos que hay producción suficiente”   El ministro aseguró que al revisar el mercado se encontraron fenómenos que hay que corregir: “el déficit en contratación se puede estar presentando por diferentes causas, una es que algunos agentes estén sobre contratados, otra que podría existir es que haya algún tipo de acaparamiento o que teniendo gas disponible no haya herramientas suficientes para comercializar, sin embargo, para cada uno de estos casos estamos tomando medidas”.   Por otro lado y según cuentas de Naturgas, a partir del próximo año, Colombia enfrentará una brecha entre su suministro interno de gas natural y la demanda total. Se prevé que el déficit de este combustible arranque en el 12% y se amplíe al 30% en 2026, y siga aumentando hasta que los yacimientos de aguas profundas cubran las necesidades locales, todo esto mientras Ecopetrol empiece a sacar la molécula de gas del mar Caribe en 2029.   Sin embargo el ministro Andrés Camacho respondió que de acuerdo con los datos del gestor del mercado, en un escenario de hidrología baja, se tendrïa que gestionar en el mercado un faltante de 36GBTU que es menos del 5% de la demanda nacional: “En un escenario optimista vamos a tener sobrante de 18 GBTU, como conclusión, desde el Gobierno no vemos una crisis” Afirmó Camacho

Por: Lizeth Serrato Contreras  A propósito de la ultima resolución emitida por el Gobierno en el marco de la reglamentación de las auditorias energéticas, surge una duda ¿es esta una acción nueva o antes se había puesto sobre la mesa el interés de estos monitoreos?                                              Muchas son las leyes y artículos que establecen los deberes y derechos de los ciudadanos sobre el servicio eléctrico en Colombia, por ello, en el artículo 2 de la Ley 143 de 1994 está reflejado que el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de sus funciones de regular, planean y coordinar el sector debe también hacer seguimiento a los procesos relacionados con la electricidad como servicio público en el país, especialmente sobre las grandes industrias que figuran como consumidores significativos; esta Ley también le asigna al MME establecer los puntos y/o criterios para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos energéticos; además de impulsar el uso eficiente y racional de la energía por parte de los consumidores.                                                                             Teniendo esto como partida se entiende entonces que el Ministerio de Minas y Energía (MME) en el ejercicio de sus funciones debe también auditar los espacios en los que la electricidad es un servicio público que beneficia a la población. A partir de la Ley 697 del 2001 se crea el PROURE, el cual se define como el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, pero también de las demás formas de energías no convencionales; dicho programa responde a la necesidad del Ministerio de revisar si toda la cadena energética cumple con los criterios de eficiencia y de uso racional. Una vez establecido, el 30 de diciembre de 2016 por medio de la resolución No. 41286 el MME adopta el Plan de Acción Indicativo para el desarrollo del PROURE PAI 2017-2022, el cual contó con el objetivo principal de definir las acciones estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética; de manera que se contribuya a la seguridad energética y al cumplimiento de compromisos internacionales en temas ambientales; generando impactos positivos en la competitividad del país y en el incremento de la calidad de vida de los colombianos. (MME, 2022. Pag,7). Desde entonces las acciones, tanto grandes como modestas, con relación a estos monitoreos han continuado, una de las más recientes fue la que el Ministerio de Minas y Energía realizó por medio de USAENE – OPTIM durante el periodo 2020-2021 en donde se realizó un estudio para establecer lineamientos políticos y técnicos para el cumplimiento en eficiencia energética, estudio que arrojo la ineficiencia de grandes consumidores, tecnologías ineficientes, falta de inversión, falta de regulación, en fin, un sinnúmero de ausencias que conllevan directamente a tener mayores ineficiencias, brechas en el ahorro y la optimización del servicio, lo que a efecto colateral complica el proceso de mitigación del cambio climático y coloca a Colombia mas lejos de cumplir su compromiso ambiental adquirido en la COP26: reducir un 51% las emisiones de CO2 a 2030.                           Con lo anterior se concluye entonces que el Ministerio de Minas y Energía en definitiva tiene su brújula direccionada asertivamente, porque a la hora de publicar la resolución 40412 de 2024 vuelve a poner sobre la mesa la necesidad imperativa de auditar a los altos consumidores y evaluar el deber que estos tienen por Ley, además de reafirmar el compromiso con la eficiencia energética, con la protección medio ambiental y con la Transición Energética de Colombia por medio de un seguimiento a las dinámicas de la energía en los sectores con alto índice de consumo.                                 Bibliografía Ministerio de Minas y Energía. (2022). EFICIENCIA ENERGÉTICA: AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN GRANDES INDUSTRIAS . Obtenido de https://www.minenergia.gov.co/documents/6104/220203_An%C3%A1lisis_de_Impacto_Normativo-_Auditorias_energ%C3%A9ticas_Industria_Version_final.pdf

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En medio de choques entre el bloque de gobierno y el bloque de independientes y opositores en Senado, se levantó la sesión que elegía al nuevo magistrado de la Corte Constitucional que entrará a reemplazar al saliente Alejandro Lizarazo, luego de que se diera un empate improbable de 50 votos cada uno entre las candidaturas de Miguel Efraín Polo, apoyado por el gobierno, y Claudia Dangond, apoyada por la mayoría de los partidos tradicionales y opositores. Tras ello, apareció un voto “fantasma” que descuadró las cuentas y generó un manto de sospecha de presunto fraude en el proceso electoral. No obstante, la disputa por la magistratura de la Corte Constitucional ha venido calentándose desde al menos un mes atrás. Con 3 candidatos de tendencia conservadora y de posiciones independientes frente a la defensa de la institucionalidad y de la constitución, el Consejo de Estado sentó posición en la disputa que tienen las Altas Cortes contra el gobierno, marcada por el ambiente de un presunto “lawfare”  y de desplantes de uno y otro lado. Para la mañana de hoy está convocada una nueva votación, que podría decantarse hacia Dangond, en medio de los llamados de los sectores políticos tradicionales de mantener la independencia de la Corte ante una posibilidad de que el gobierno quiera poner a su candidato para movilizar su idea de Constituyente, esta vez, bajo decretos. La mesa está servida para romper el desempate, más cuando algunas fuentes del Congreso que hablaron con prensa indicaron que la mayoría de Dangond es frágil. La terna con la que el Consejo de Estado contestó al gobierno El 22 de octubre de 2024 el Consejo de Estado publicó la terna final de candidatos para reemplazar al magistrado Alejandro Lizarazo en la Corte Constitucional. Se decantó por 3 nombres, que tienen en común compartir posturas conservadoras en su lectura del derecho y por sostener tesis que respaldan la independencia y el respeto a la división de poderes y la supremacía de la Constitución como defensa de la institucionalidad colombiana. No obstante, la inclusión de Miguel Efraín Polo  como candidato generó ruido , especialmente por la exposición de motivos y justificación para su candidatura ante el Consejo de Estado, que generó ruido en la misma Corte Constitucional. Polo enfatizó su capacidad de tomar decisiones independientes, sugiriendo que no estaría alineado automáticamente con el gobierno de turno ni con intereses específicos. Para reforzar esta postura, citó un precedente: su propuesta de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1277 de 2023, relacionado con restricciones a los contratos de concesión minera en el marco de la emergencia social en La Guajira, una medida impulsada por el Ejecutivo. Fuente:  El Tiempo. También cuestionó la práctica de la Corte Constitucional de revisar tutelas dirigidas contra otros tribunales. Afirmó que entre 2016 y 2024, el 69% de las acciones de tutela adoptadas en Sala Plena tenían como objetivo decisiones de otras cortes, una situación que calificó como insostenible y que, según él, requería una revisión estructural. Este punto caló demasiado para que el Consejo de Estado se terminara decantando por él, y motivó que la Corte Constitucional publicara un comunicado señalando que la cifra real era 50.5%. Según El Tiempo , Polo Rosero, abogado con especialización en Derecho Financiero por la Universidad del Rosario, cuenta con un posgrado en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y otro en Derecho Comparado de la Universidad Complutense. Actualmente, ejerce como conjuez del Consejo de Estado y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Rosero ha construido una carrera sólida en el ámbito jurídico, destacándose como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional, donde trabajó junto a Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Vladimir Fernández Andrade, este último exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro. Además, fue asesor en el Senado para Germán Vargas Lleras y Rodrigo Lara entre 2008 y 2009. Su perfil cuenta con el respaldo del Pacto Histórico, algunos de los votos del Partido de la U, sectores liberales y el apoyo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Estas alianzas parecen estar movidas por su percepción como el candidato menos conservador de la terna, aunque realmente no existen muchas certezas sobre su posición, debido a que es magistrado auxiliar y no puede sentar posturas públicas sobre ciertos temas. Se sabe que tiene posiciones conservadoras en términos de derechos sociales, pero le hace atractivo para el gobierno su defensa de una corte mucho más “cercana al ciudadano” y con un enfoque fuerte frente a minorías y poblaciones subalternas, como lo relató Cambio en este artículo . Esta terna también la conforma Claudia Dangond , quién según el diario El Tiempo , es abogada y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con una segunda maestría en Políticas de Desarrollo para América Latina del London School of Economics (LSE). Actualmente, ejerce como docente en la institución donde se formó. Dangond Tiene una relación bastante cercana con el Partido Conservador. Trabajó como consultora interna y fue su candidata al Senado en 2014, campaña en la que abanderó la equidad y las garantías para el acceso a la educación. Sin embargo, no logró una curul, quedándose a poco más de 2.000 votos. Desde entonces, su candidatura ha contado con el respaldo activo de Efraín Cepeda, presidente del partido, quien ha hecho lobby en su favor. Fuente: El Espectador. Dangond también ha sido columnista  en El Nuevo Siglo y en El Tiempo, donde ha plasmado y tirado línea sobre la mayoría de los temas que ha regulado la Corte Constitucional y con los que no se encuentra de acuerdo, como el aborto, la eutanasia y el consumo recreativo de drogas. Asimismo, se ubica en el mismo espectro de abogados y juristas que considera que la Corte Constitucional se extralimita en sus funciones al tomar decisiones sobre temas que deberían ser legislados por el Congreso, así como también sobre el alcance de las tutelas sobre sentencias judiciales, argumento similar al que sostiene Polo. El último ternado fue Jaime Humberto Tobar , abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y con una maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien es actualmente magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su especialización en derecho privado, administrativo y arbitramento, áreas donde ha concentrado la mayor parte de su experiencia. Fuente: X (anteriormente Twitter). Aunque contaba en un principio con el respaldo de Germán Vargas Lleras y de una facción de Cambio Radical que no apoyaba a Dangond, junto con el apoyo aislado de algunas figuras como Alejandro Carlos Chacón, su perfil es percibido como el menos político de los candidatos. No obstante, su apoyo se cayó en los últimos días, aun cuando organizaciones como Causa Justa por el Aborto lo consideran el menos conservador y el que mayores posibilidades tenía de defender decisiones sobre autonomía personal y asuntos de género en la Corte. Un voto “fantasma” y un empate improbable: crónica de la primera elección en el Senado Fuente:  El Tiempo. Desde la mañana, la elección del sucesor de Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional se perfilaba como una contienda apretada y polarizada. Los tres candidatos, Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar, expusieron sus propuestas  frente a un Senado dividido que inició la sesión mucho más tarde de lo planeado, excusándose en que no había quórum suficiente porque una buena parte de los senadores estaba en una de las audiencias públicas sobre la Jurisdicción Agraria, que se extendió hasta esa hora. Cerca de medio día inició la sesión. Dangond destacó la independencia institucional que debería tener la Corte Constitucional, mientras que Polo apeló a su trayectoria jurídica como carta para venderse, y Tobar resaltó su experiencia académica y en el derecho privado. Sin embargo, las apuestas estaban decantadas desde antes de iniciar la sesión entre Dangond, impulsada por la oposición (Centro Democrático, Cambio Radical) y los partidos independientes (un bloque del Partido Liberal, Conservador); y Polo, apoyado por sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro (Pacto Histórico, un bloque del Partido Verde, Partido de la U y otro bloque del Partido Liberal). Tras la exposición de los candidatos, los senadores comenzaron a votar con tarjetones en un proceso que aparentaba ser un trámite normal. No obstante, al momento de escrutar los votos, surgió la sorpresa : había 103 papeletas depositadas en la urna, pero solo 102 senadores registrados en el recinto, debido a que estaban 3 ausentes: José David Name (P. de la U); Alfredo Deluque (P. de la U) y Richard Fuelantala (AICO). El resultado, además, fue un empate improbable: 50 votos para Dangond y 50 para Polo, con dos votos en blanco. Este "voto fantasma" desató una tormenta política de inmediato, con acusaciones cruzadas entre los bloques y demandas de transparencia, incluyendo la revisión de las grabaciones de seguridad dentro del hemiciclo del Senado. La anomalía opacó el empate entre los dos principales contendientes y dejó en el aire la legitimidad del proceso. El hallazgo del voto adicional generó una oleada de reacciones dentro del Congreso. Senadores como Antonio Correa, del Partido de la U y cercano al Ejecutivo, y Jonathan Pulido —“JP” Hernández—, del Partido Verde, denunciaron la irregularidad como un “ataque a la democracia”. Mientras declaraciones de indignación iban y venían , María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, comenzó a moverse para recoger firmas y obligar a la presidencia del Senado a realizar la votación. Del mismo modo, Ariel Ávila demandaba garantías para que se repitiera el proceso. Por otro lado, otros sectores, liderados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sugirieron suspender la sesión. La tensión escaló con acusaciones de fraude entre ambos bandos. A pesar de los intentos de conciliación, los ánimos se caldearon. Sostenido sobre lecturas y conceptos jurídicos que solicitó, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, optó por suspender la sesión, argumentando que era necesario aclarar el origen del voto de más antes de continuar. Según un congresista que dio declaraciones a El Espectador, Cepeda levantó la sesión presuntamente porque se dio cuenta que había perdido los votos para que Dangond rompiera el empate. Al cierre de la jornada, Cepeda aceptó la apelación para que la sesión no se levantara. Con el quórum roto, debido a que no estaban los 53 senadores mínimos para votar de nuevo —solo habían 47—, 44 senadores votaron porque se reanudara la sesión y 3 votaron en contra. No obstante, Cepeda se mantuvo en su postura y convocó la nueva sesión para el día de hoy, martes 19 de noviembre, a las 10:30 am. Lo que nadie se esperaba es que Polo tuviera un amplio apoyo en el Senado, especialmente por la operación que montó Cepeda y los partidos opositores para lograr que Dangond se quedara con la nominación de la magistratura. De hecho, los intentos por repetir la votación garantizaban que Polo conservara sus 50 votos, la suspensión, permitiría que en una futura sesión Dangond rompiera el empate con los votos de los ausentes. Ganó la segunda postura. Lo que se viene: ¿es legal la convocatoria a una nueva elección? Fuente: Página del Senado de la República de Colombia. Algunos congresistas están apelando  al artículo 135 de la Ley Quinta, que reglamenta al Congreso de la República, en la que se indica que cualquier convocatoria para una elección debe realizarse con 3 días de antelación, por lo que llamar a nuevas votaciones (sin siquiera tener claro si el proceso debe repetirse desde el inicio o solo en su fase decisoria) tal como lo ordenó Cepeda en la tarde del lunes sería irregular. El temor de la mesa directiva del Senado es que sea demandada la elección por esta irregularidad y se caiga cualquier nombramiento. Con respecto a los 3 votos ausentes de José David Name, Alfredo Deluque y Richard Fuelantala, es probable que, siguiendo sus tendencias de votación frente a proyectos de gobierno y sus declaraciones, terminen decantando la decisión hacia Dangond. Deluque y Name hacen parte del bloque del Partido de la U que es distante al gobierno, mientras que Fuelantala ha votado a favor de los principales proyectos del gobierno. No obstante, en emisión de W Radio de la mañana de hoy, Julio Sánchez Cristo ha señalado que lo que puede terminar decantando la votación hacia Miguel Efraín Polo es su amistad con Germán Vargas Lleras, que tiene dividido el voto de su partido entre el nombrado candidato y Dangond.