Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Heraldo Alguien que conoce muy bien a Urabá se tomó un café conmigo. Le pregunté por H.H. El hombre puso los ojos en blanco “era el más sanguinario de todos, le gustaba matar con sus propias manos” después me describió la escena en la que degollaba a una persona en un taxi, dando una vuelta por Apartadó. Ever Veloza ha sido de los paramilitares que más han querido hablar, acaso resarcirse, acallar los demonios que lo atormentan. Desde la cárcel de Itagüí acostumbra a lanzar declaraciones que se convierten en llamas que encienden el bosque mediático. A propósito de la sentencia en Estados Unidos contra Chiquita Brands por su apoyo a grupos paramilitares Veloza se explayó. Es que la bananera se escudó en que habían sido obligadas a colaborar con las AUC, algo en lo que Veloza los contradice:  “En ningún momento fueron obligados, fuimos llevados como bien lo he dicho en Justicia y Paz. Cuando yo llegué a la zona bananera, la orden que me dieron fue ir y liberar todos los cultivos de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros e impedir que la guerrilla hiciera presencia, así que en ningún momento fueron obligados con un fusil en la cabeza”. José Ever Veloza en este momento tiene 56 años. Es tolimense pero trabajó como raspachín en el Guaviare. Fue de esos paras que primero militaron en las FARC. Ejerció varios oficios entre los que se cuentan el de taxista. En 1994 aterriza en Turbo. Entra a las AUC por cuenta de Vicente Castaño. Sufre atentados por parte de las FARC. Muestra la rudeza que pedían los paramilitares. En 1996 lo ascienden y es comandante del Bloque Bananeros. Su labor fue la de “limpiar” el Urabá de comunistas, de guerrilleros, siempre con la ayuda de la fuerza pública como él mismo ha confesado en las audiencias que ha dado en Justicia y Paz. El resultado son las más de 1.200 muertes que provocó, muchos asesinados directamente de su mano. Ese nivel de frialdad, de determinación a la hora de matar hizo que Vicente Castaño, después de ver lo que podía ser capaz de hacer en Urabá, le encomendó la misión de apropiarse, con el Bloque Calima, del Puerto de Buenaventura. Lo que generó cuando llegó, en el año 2000, es la misma guerra que aun se ve y se traduce en la disputa territorial de bandas como los Shottas y los Espartanos. Allí hizo una fortuna cobrando cincuenta dólares por kilo. Con el Bloque Calima H.H dejó estelas de horror como la que produjo la masacre del Naya en donde, entre el 10 y el 12 de abril del 2001, asesinaron a 27 personas. Algunas de las víctimas fueron niños. Veloza se desmovilizó con 452 de sus hombres. En las audiencias de Justicia y Paz ha sido uno de los comandantes paramilitares que ha estado más dispuesto a contar la verdad. Su testimonio será fundamental para conocer hasta el fondo la verdad de lo que sucedió con Chiquita Brands y su apoyo a grupos paramilitares en Colombia, un caso del que muchos quieren que no se sepa nada.

Por: Ghina Castrillón Torres.Politóloga feminista. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se denunció el asesinato de 321 personas trans y de género diverso en el mundo. Este número, similar a los 327 casos reportados el año anterior, evidencia que la violencia transfeminicida se mantiene en niveles alarmantemente altos. América Latina y el Caribe, con 236 casos, vuelven a ser la región con mayor número de asesinatos, representando el 73% de todos los casos a nivel mundial. La situación es particularmente grave para las mujeres trans y las personas trans femeninas, que constituyen el 94% de las víctimas. A nivel global, casi la mitad (48%) de las personas trans asesinadas cuya ocupación se conoce eran trabajadoras sexuales, pero este porcentaje se eleva al 78% en Europa. Lo que resalta la vulnerabilidad extrema en contextos de trabajo sexual. El alarmante número de asesinatos en América Latina y el Caribe, que constituye casi tres cuartas partes de todos los casos registrados, en donde Colombia ocupa el cuarto lugar con 21 casos, después de Brasil (100), México (51), Estados Unidos (31), resalta una crisis de garantía de derechos que requiere atención urgente. Y más aún desde una mirada interseccional, dado que la mayoría de estas víctimas son mujeres trans negras y de color, y trabajadoras sexuales trans, lo que añade discriminación racial y socioeconómica a la violencia transfóbica. Lo más grave es que estos números podrían ser mayores, ya que muchos casos no se denuncian o no se registran adecuadamente debido a la discriminación institucional y la falta de sensibilización en las autoridades competentes. Es realmente importante que los Estados adopten medidas concretas para prevenir la discriminación y la violencia contra estas comunidades. Además, porque la impunidad que caracteriza estos crímenes agrava la situación, profundizando la vulnerabilidad y sistematicidad de estas violencias. De ahí el llamado a reconocer los Transfeminicidios, porque es fundamental para entender las particularidades de la violencia contra las mujeres trans. La violencia transfóbica se sustenta en el cuerpo y la identidad de las personas trans, lo que requiere un enfoque específico y diferenciado para su análisis. Es esencial reconocer las particularidades del transfeminicidio para poder desarrollar políticas y estrategias efectivas que protejan a las personas trans, así como se ha avanzado poco a poco en los feminicidios, aun cuando falta mucho más por hacer. Hago un fuerte llamado a las instituciones y a la sociedad en general a que reconozcamos la existencia específica de la violencia contra las personas trans y adoptemos un enfoque de género en las estadísticas delictivas. Los Estados deben investigar todas las violaciones de derechos humanos, incorporando enfoques diferenciados e interseccionales que respeten la identidad de las víctimas. El análisis de la violencia contra las personas trans, especialmente el fenómeno de los transfeminicidios, es crucial para entender y abordar la discriminación que enfrentan estas comunidades. Reconocerlos sería un gran paso para la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas trans. La violencia contra la comunidad trans no puede seguir siendo invisible. * Continuando con el objetivo del mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Ambito Juridico Este 20 de junio ha marcado un hito significativo en la legislatura colombiana con la aprobación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria en el Congreso de la República. Este proyecto, fundamental para el Gobierno Nacional, busca asegurar una distribución más equitativa y justa de la tierra, protegiendo los derechos de los campesinos y las comunidades rurales. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de jueces especializados encargados de resolver disputas y aplicar el derecho vigente, específicamente diseñado para salvaguardar la propiedad rural. Esta medida ha sido bien recibida dentro del ámbito legislativo, destacando el compromiso por parte del Gobierno en buscar justicia para los sectores rurales del país. La legislación, que será incorporada en la Constitución, establece la creación de juzgados de circuito, Tribunales Agrarios y Rurales, así como Centros de Servicios Judiciales y Administrativos, que trabajarán en apoyo a los jueces y tribunales agrarios. Además, define el proceso de selección y los requisitos para los jueces que desempeñarán funciones en estos nuevos organismos judiciales. "Este proyecto tiene como objetivo primordial proteger la propiedad rural sin ninguna disposición relacionada con la expropiación. Es una medida que busca fortalecer nuestra estructura judicial para garantizar acceso equitativo a la justicia agraria", explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante el debate legislativo. La importancia de esta ley radica también en su papel crucial en la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el único proyecto que materializa este compromiso. Se espera que los nuevos jueces de tierras contribuyan significativamente a resolver conflictos históricos en torno a la tenencia de la tierra, proporcionando un marco legal claro y accesible para los campesinos y comunidades rurales que han carecido de justicia agraria durante mucho tiempo. Tras la aprobación en el Congreso, diversas figuras políticas han expresado su apoyo y satisfacción. Humberto de la Calle, ex negociador de paz, destacó la importancia de que el proyecto no solo haya pasado el umbral requerido, sino que haya sido respaldado con un amplio consenso. "Esto envía un mensaje claro al Gobierno Nacional sobre la necesidad de diálogo y debate constructivo para el beneficio de todos los colombianos", mencionó De la Calle en sus declaraciones. Por su parte, la Senadora Sandra Ramírez subrayó en redes sociales la aprobación del proyecto de ley durante la conciliación de la Jurisdicción Agraria y Rural, destacando los votos mayoritarios a favor. El siguiente paso, según Ramírez, será la implementación efectiva de un tribunal especializado para abordar los problemas de tierras con los campesinos. Con esta aprobación, solo resta la sanción presidencial para que la ley estatutaria entre en plena vigencia. El gobierno de Gustavo Petro ha manifestado un claro interés en dar celeridad a este proceso, subrayando su compromiso con la justicia agraria como parte integral de sus políticas. Finalmente, la conclusión de este proceso legislativo podría estar marcando el inicio de una nueva etapa para la jurisdicción agraria en Colombia, con la promesa de futuras leyes ordinarias que complementarán este marco legal recién establecido.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Semana y cuenta de wix 001Irma Franco Irma Franco fue uno de los 35 miembros del M-19 que entraron el 6 de noviembre de 1985 a las 11:35 de la mañana al Palacio de Justicia. La idea, descabellada, inoportuna, peligrosa, puso en peligro la vida no sólo de los que trabajaban en ese lugar sino de los 12 magistrados de la Corte Suprema que estaban amenazados por la intención firme que tenían de aprobar la extradición de mafiosos a los Estados Unidos. Hasta en la misma Comisión de la Verdad se habla de una táctica llamada “La Ratonera” en donde las Fuerzas Armadas, al saber que el comando del M-19 tenía el plan de tomarse el Palacio los dejarían entrar para encerrarlos allí y darles un golpe certero. Casi 24 horas después de combates, en donde no tuvieron jamás la intención de negociar y abrieron fuego casi que al instante, no atendiendo ni siquiera las súplicas del presidente de la Corte, Darío Reyes Echandía, quien suplicaba una y otra vez “¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el Presidente de la Corte!” Pero todo terminó con las llamas, las lenguas de fuego que se veían desde el centro de Bogotá. Murieron 101 personas, desaparecieron a 11. Una de ellas fue Irma Franco. Gracias a los archivos de video se pudo comprobar que la militante del M-19 salió caminando del Palacio de Justicia y se ve incluso haciendo fila entre los detenidos que fueron a dar en la Casa del Florero. Fue un caso parecido al del magistrado Carlos Urán, a quien se ve en los archivos de video salir con vida y luego su cuerpo fue reconocido por su esposa entre los que habían caído en el cruce de balas entre el M-19 y el ejército. Por este crimen fue condenado el general Arias Cabrales quien fue el cerebro de la sangrienta retoma. Durante muchos años se mostraron las pruebas y el responsable del verdugo de Irma Franco y su desaparición, se trata del general Iván Ramírez quien fue absuelto en el 2011 “por dudas razonables” a pesar de las evidencias que lo hundían. El pasado 19 de junio Iván Ramírez fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 31 años de cárcel. Ramírez no sólo estuvo involucrado en el holocausto del Palacio de Justicia sino que fue señalado por haber sido cercano a grupos paramilitares que asesinaron a Mario Calderón y Elsa Alvarado. Se celebró que se hubiera hecho justicia pero a las pocas horas se supo la verdad: el cumplimiento de la pena estará suspendida hasta que quede en firme. Otro de los recovecos de nuestra justicia, de nuestras leguleyadas, favorece a un criminal. Familiares de las víctimas del palacio se deben tragar un sapo más, se hizo justicia sólo a medias. La familia de Irma Franco afirmó que, más que penas eternas para sus verdugos, lo que necesitan para poder tener paz son los restos del ser querido que, aún hoy, no los tienen.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Ministerio de cultura y casa America El tema del pasado 19 de junio en el país fueron las opiniones que generó la declaración, por parte del gobierno de Gustavo Petro, de nombrar Patrimonio cultural de la nación el sombrero de Carlos Pizarro, comandante del M-19 que creyó sin resquemores en la paz y fue asesinado por fuerzas de ultra derecha mientras era candidato presidencial en abril de 1990. El sombrero de Pizarro se convirtió a comienzos de 1990 en un símbolo de la reconciliación. La foto en donde se ve envolviendo su pistola en la bandera de Colombia y entregándola llegó a ser tan potente como la propia paloma blanca de la paz. El M-19, tras su desmovilización, fue una de las fuerzas que ayudó a crear la nueva constitución colombiana. Sin embargo su  nombre sigue generando controversia. En un sector de la prensa la decisión del presidente de declararlo patrimonio fue un error. Vicky Dávila fue una de las periodistas que más duro le dio al gobierno por esta decisión y calificó a Pizarro como un “criminal”. Buena parte de la opinión nacional, a través de redes sociales, dio su versión sobre esto. En las últimas horas se publicó un comunicado por parte del ministerio del cultura en donde contradecía al presidente y afirmaba lo siguiente: "Es importante aclarar que dicho reconocimiento no constituye una declaratoria de bien de interés cultural". Este jueves 20 de junio el ministro de cultura, Juan David Correa, salió a los medios a aclarar el malentendido. Se mostró molesto por la publicación de un comunicado que no contó con su consentimiento. En una charla con Blu Radio Correa afirmó que la declaración se hizo mientras él estaba ocupado en un consejo de ministros. Fue tanta la rabia que se reunió inmediatamente con las personas que, por un tecnicismo, trataron de hacer quedar en ridículo al presidente: “No se me informó. (...) Una iniciativa absolutamente irrespetuosa, se me pasó por alto de una manera irrespetuosa sin tener en cuenta mi opinión". En la entrevista que sostuvo con Néstor Morales no descartó que entre las medidas que se tomen contra estos funcionarios esté el despido. Correa, con una amplia experiencia en el mundo editorial, resonó con fuerza el año pasado en medio de la polémica que suscitó la censura del libro La costa nostra, de la periodista Laura Ardila, por parte de Planeta. Correa, después de esa decisión, renunció a su cargo de editor. A las pocas semanas Gustavo Petro lo nombró ministro de cultura. Durante su gestión se ha encargado de logros como revivir para las nuevas generaciones una obra como La Vorágine que cumplió en marzo del 2024 un siglo de haber sido publicada. Con esta entrevista Correa dejó claro cual sigue siendo la intención del ministerio de cultura: seguir dándole trámite a la declaración de patrimonio al sombrero del comandante Pizarro.

Por: Redacción Pares Tulio Gómez hizo una fortuna con su cadena de supermercados Super Inter. La historia de superación de este manizalita es ampliamente conocida. Llegó a Cali a los 12 años y le tocó remangarse y trabajar en las galerías de Santa Helena y en el mercado de la Floresta. Hace treinta años compró junto a su cuñado, Raúl Giraldo, un supermercado que estaba quebrado en Siloé, una zona que no es de las más tranquilas de Cali. Le metieron plata, lo remodelaron y ahí funcionó el primer local de Super Inter. Los caleños saben muy bien de esta marca. Lo que no saben es lo que tuvo que aguantar Giraldo y Gómez. Los atracaron varias veces. Fue el negocio que hicieron con la papa lo que logró revertir la situación y consolidarse como un supermercado dedicado solo a los alimentos. La idea fue cultivar ellos mismos y dedicarse a la ganadería para que no existieran intermediarios. Hicieron una fortuna y antes de vender la cadena a uno de los grandes holdings empresariales, el grupo éxito tenían 49 tiendas y más de 3.000 empleados. Tulio Gómez siempre fue un hombre de fútbol. En el 2014 decide darse un gusto bastante caro: comprar al equipo de sus amores, el América de Cali. En ese momento el equipo vivía el infierno de jugar en la B. Logró, de su bolsillo, conformar un plantel listo a recuperar la categoría. Lo hizo y, además, consiguió que el América volviera a ser campeón. Don Tulio está acostumbrado a las causas perdidas, a los retos imposibles. Acaso por eso se sumó al equipo negociador que deberá hablar con la Segunda Marquetalia. En la noche del 19 junio se confirmó que Tulio Gómez hará parte del grupo negociador que viajará hasta Caracas el próximo 24 de junio encabezado por Armando Novoa. Según W Radio el dueño del América de Cali participará en la mesa de negociación como “miembro de apoyo”. A mediados de abril el gobierno confirmó los acercamientos con la Segunda Marquetalia, el grupo compuesto por firmantes de paz que abjuraron de los acuerdos de La Habana, en el 2019 tanto alias El Paisa, Jesús Santrich, Romaña, alias Walter e Iván Márquez cruzaron la frontera a Venezuela violando los compromisos firmados en los acuerdos. Crearon este grupo armado y juraron regresar al país para seguir luchando por su cansada revolución. En los últimos años han sufrido una serie de reveses como las muertes de El paisa, Romaña y Santrich. Incluso el propio Iván Márquez sufrió un atentado en el que llegó a especular sobre su deceso. Todos esos rumores se disiparon cuando apareció en un video y luego junto a Otty Patiño a comienzos de junio anunciando que él y su disidencia Farc se sienten listos para conversar con el gobierno. El grupo negociador que viajará desde Bogotá está conformado por: Gloria Arias Nieto, el ex gobernador Parmenio Cuellar, el coronel Joaquín Loayza, estarán María Camila Moreno y el actual subdirector de la ANT Gabriel Bustamante y como asesor Tulio Gómez. La mesa tendrá además un Comité Consultivo Técnico que será encabezado por el ex comandante de las FARC Joaquín Gómez.

Por: Gobernabiliad y Democracia. *Recolección y procesamiento de base de datos Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo) En Venezuela, se presenta 1 víctima de violencia político electoral cada 2 días. Entre marzo y mayo del 2024, en plena campaña electoral, se han registrado 25 hechos 38 víctimas únicas. De ellas, 17 pertenecen al grupo político de la dirigente opositora María Corina Machado. Hasta el momento, la Fundación Paz y Reconciliación no ha encontrado posibles victimas de violencia político-electoral que hagan parte de los partidos oficialistas o del bloque de gobierno de Venezuela. El 92% de los hechos victimizantes fueron realizados por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado venezolano. En el siguiente informe, presentado por la Alianza Rebelde Investiga y la Fundación Pares nos daremos cuenta de las pocas garantías que hay para ejercer la democracia en Venezuela. El 84,21% de víctimas se encuentran en el Distrito Capital (18); Estado Monagas (3); Estado Portuguesa (3); Estado Aragua (2); Estado Falcón (2); Estado Guárico (2) y Estado Miranda (2). El Distrito Capital concentra la mayor cantidad de víctimas, habiendo más del doble de víctimas por hecho victimizante en todo el país. Hasta el momento no se han registrado asesinatos. La violencia político-electoral en Venezuela se encuentra dirigida, en su mayoría, hacia las bases políticas de los partidos que participan tanto en las actividades de campaña, como a los militantes que acompañan los eventos y movilizan el voto a nivel local. No obstante, que una cifra alta de ciudadanos por fuera de las campañas también haya sido víctima denota que la violencia político-electoral en Venezuela también se dirige contra simpatizantes y potenciales votantes, lo que implica que las lógicas de competencia no se reducen hacia las candidaturas y las estructuras partidarias, sino también hacia la potencial base electoral con la que cuentan estos candidatos. Del total de víctimas recogidas en este informe, catorce (14) de ellas no tienen una filiación política clara, debido a que son ciudadanos de a pie o son periodistas a quienes no es posible declararles una coalición oficial (36,8%). El 63,2% restante corresponden a veinticuatro (24) víctimas que hacen parte de la oposición en Venezuela, de las cuales ninguna hace parte de la oposición moderada que tiene representación en la Asamblea Nacional, y todas hacen parte de alguno de los partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria, la Mesa de la Unidad Democrática o alguno de los partidos firmantes del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023. El 91% de estos hechos han sido perpetrados por organismos del Estado. Aplicando leyes contra el odio, también han sido detenidos periodistas y creadores de contenido que apoyan a candidatos opositores al régimen. Entre marzo y mayo también fueron atacados comerciantes que le prestaron servicios a la candidata opositora María Corina Machado. Este informe que se presentará a continuación es una clara llamada de emergencia a la comunidad internacional para alertar sobre las escasas garantías que hay para la oposición y sus seguidores de participar en unas elecciones limpias en ese país: *Recolección y procesamiento de base de datos Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo)

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Fotos tomadas de: Plataforma Nacional de Juventudes y Pares El jueves 16 de mayo se llevó a cabo una Sesión Conjunta de la Cámara de Representantes con la especial participación del Consejo Nacional de Juventudes (CNJ) y la Plataforma Nacional de Juventudes (PNJ). Esta plenaria, denominada “Sesión Plenaria de la Juventud”, tuvo lugar en el Congreso de la República con el objetivo de establecer y discutir la agenda legislativa relacionada con las juventudes en Colombia. La plenaria se concretó gracias a los esfuerzos de la Comisión Accidental de Juventud, conformada por 34 representantes de diversos partidos políticos. Entre los líderes de esta comisión se encuentran Alejandro García, Representante a la Cámara por de Risaralda por el Partido Alianza Verde y Jennifer Pedraza, Representante a la Cámara de Bogotá por la Coalición Centro Esperanza, quienes han trabajado para incluir en la agenda legislativa proyectos de ley que cuentan con la participación de múltiples organizaciones, colectivos y procesos juveniles de todo el territorio nacional. A pesar de que el propósito de esta plenaria era debatir y votar sobre seis proyectos de ley, solo dos fueron aprobados: Proyecto de Ley 258 de 2023C: "Por medio de la cual la nación y el Congreso de la República enaltecen y reconocen oficialmente al primer colegio público de Colombia", otorgando dicho reconocimiento al Colegio Boyacá en la ciudad de Tunja. Proyecto de Ley Orgánica 300 de 2022C: "Por medio del cual se crean cupos adicionales en las universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a las zonas rurales". Esta ley busca reducir la desigualdad en el acceso a la educación superior entre jóvenes de zonas rurales y urbanas. La meta es formar una fuerza laboral agrícola joven y tecnificada, que impulse una revolución agrícola a nivel nacional con un incremento del 10% de los cupos de cada Institución de Educación Superior para jóvenes rurales. Los proyectos que quedaron pendientes para la próxima sesión programada para el martes 21 de mayo son los siguientes: Proyecto de Ley N° 252 de 2023 Cámara: "Por medio de la cual se incluye a las juventudes rurales en el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural, se garantiza su acceso a la tierra, a proyectos productivos, a formación académica y técnica, y se dictan otras disposiciones". Proyecto de Ley N° 078 de 2023 Cámara: "Por medio del cual se fortalece el emprendimiento juvenil y se dictan otras disposiciones". Proyecto de Ley N° 054 de 2022 Cámara (acumulado con el Proyecto de Ley 084 de 2022 Cámara): "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior Públicas y se dictan otras disposiciones". Proyecto de Ley N° 274 de 2022 Cámara: "Por la cual se crean medidas fiscales de prevención en salud pública en materia de tabaco, derivados sucedáneos o imitadores y se dictan otras disposiciones". Además de estos proyectos que se encuentran en trámite legislativo, la Comisión Accidental de Juventudes adelanta la radicación de otros proyectos de ley relacionados con las juventudes rurales, la salud mental y la educación superior. Además, se destaca el proyecto de reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, una de las principales luchas de los movimientos juveniles. Este estatuto ha demostrado ser insuficiente para sostener y fortalecer el subsistema de participación juvenil, evidenciándose en los últimos años una creciente deserción e inoperatividad de los Consejos de Juventud debido a la falta de incentivos, la escasa voluntad política de los gobiernos locales y las precarias condiciones de seguridad a las que muchos jóvenes se enfrentan. Se espera que el 20 de julio del presente año se radique el proyecto de ley para esta reforma. Esta "Sesión Plenaria de la Juventud" refleja un esfuerzo significativo para involucrar a los jóvenes en el proceso legislativo y abordar temas cruciales para esta población. La participación de representantes de diferentes partidos y la colaboración con organizaciones juveniles locales, regionales y nacionales pone sobre la mesa la importancia de estas iniciativas. No obstante, los desafíos siguen siendo considerables. La falta de incentivos y apoyo político, junto con las condiciones de inseguridad que enfrentan muchos jóvenes, son barreras que deben superarse para que estos proyectos tengan un impacto real y duradero. La próxima sesión será crucial para avanzar en los proyectos pendientes y demostrar el compromiso político y social del Congreso con la juventud del país.

Por: Redacción Pares Foto tomada de:Verdad Abierta Todas las investigaciones apuntan a que las Fuerzas Armadas sabían que el M-19 entraría al Palacio de Justicia ese miércoles 6 de noviembre de 1985. Incluso la Comisión de la Verdad habla de una estrategia usada por los uniformados llamada “La ratonera”, táctica que produciría la muerte de 101 personas. Meses antes se había hecho un estudio de seguridad debido a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban amenazados por el Cartel de Medellín debido a su indeclinable voluntad de efectuar el tratado de extradición con los Estados Unidos: se haría realidad la peor pesadilla para Pablo Escobar. El estudio arrojó como resultado la inminencia de un ataque del M-19 al Palacio de Justicia. Dos días antes de la toma, en una extraña decisión, la policía decidió retirarse del lugar y dejar como responsables a una empresa de vigilancia privada. Cuando a las 11:30 de la mañana de ese 6 de noviembre de 1985 los 35 guerrilleros entraron al Palacio se dieron cuenta de lo fácil que era ingresar. Si hubieran tenido un poco más de perspicacia se habrían dado cuenta de la verdad: los estaban esperando. No se puede eximir al M-19 de un hecho tan violento, tan absurdo como el de tomarse el Palacio de Justicia para obligar al presidente de la república a un juicio público. Es increíble encontrar tanta torpeza en una toma en donde ni siquiera se había contemplado la posibilidad de un plan de fuga. Además, atacar a esa Corte Suprema era ponerse del lado de los carteles de la droga. Es difícil explicar tantos errores. Además, ¿No sabían cuales oficiales estaban en la cúpula de las Fuerzas Armadas? Aunque ya no era el ministro de defensa, Fernando Landazábal tenía en 1985 una alta influencia en las tropas. Según el investigador Steven Dudley, fue uno de los más acérrimos instigadores de la violencia que se generó en torno a la Unión Patriótica. En 1984 renunció a su cargo como protesta contra su jefe directo, Belisario Betancur, quien se reunió con miembros del M-19 en una exploración de una probable mesa de negociación. Era tal el temor que Belisario le tenía a sus militares que en vez de sancionar a Landazábal por lo que era evidentemente un acto de insubordinación, lo premio con una embajada en Bélgica. La retoma, liderada por el general Arias Cabrales. En el 2011 se convirtió en el primer general colombiano en ser condenado por un crimen. Caerían sobre él 35 años de prisión. Hasta ese momento la única sanción que caía sobre Arias fue cuando en 1990 fue destituido por orden del entonces procurador general -en ese momento ese cargo se llamaba Inspector General- Alfonso Gómez Méndez. Años después ejercería sin problema la rectoría de la Universidad Militar. Para la historia universal de la infamia está la respuesta del Coronel Plazas Vega dada a un medio de comunicación colombiano cuando afirmó que lo que estaba haciendo en la sangrienta retoma fue “defender a la democracia maestro”. La retoma dejó un saldo escalofriante de muertos, 101, entre ellos los 11 magistrados de la Corte que el Estado estaba obligado a proteger, y 11 desaparecidos. Desde hace 39 años el Colectivo de Abogados José Alvear ha intentado en que la justicia avance en la investigación de los crímenes que cometieron los militares durante la retoma. Este 19 de junio se dio un paso muy importante al condenar al general Iván Ramírez por la desaparición de Irma Franco, ex guerrilla del M-19, quien llegó a salir viva del Palacio, tal y como se comprueba en videos en donde ella aparece haciendo fila entre los detenidos que fueron a dar a la Casa del Florero. La condena dice lo siguiente: “La desaparición de Irma Franco fue el resultado de la coordinación que se dio entre los órganos de inteligencia, que se encontraban en la Casa del Florero, para disponer qué retenidos tenían qué tratamiento, de manera que para quienes, definitivamente, serían sujetos de un “tratamiento” diferente, porque para esas autoridades era claro que se trataba de subversivos. No se registraban los trámites realizados con ellos; lo que se constituye en un claro indicio de que la intención con estas personas era desaparecerlas”. Lo que se espera es que sigan cayendo condenas contra los oficiales que participaron en la retoma. Según el Colectivo Alvear esta misma generó “graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de la alteración de la escena del crimen y la falsedad en documentos públicos, hechos probados por cuatro condenas penales contra militares involucrados y en la condena contra el Estado colombiano emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- que ordenó investigar y castigar a todos los responsables, así como reparar integralmente a todas las víctimas”. Vale recordar cual era la línea de mando de la Fuerza Pública  en ese momento: el comandante en jefe de las fuerzas militares, el señor presidente Belisario Betancourt, fallecido; el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, fallecido; el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, fallecido, el comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, quien tenía a su disposición el DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez, y la Policía, que estaba bajo el mando del general Víctor Alberto Delgado Mallarino. Ramírez, el recién condenado, era uno de los oficiales más importantes para la inteligencia. En 1998 Estados Unidos le había retirado la visa por un informe de Human Right Watch. En investigaciones se ha visto vinculado a grupos paramilitares tan terribles como el que estuvo a cargo del asesinato de Jaime Garzón y los investigadores del Cinep Elsa Calderón y Mario Alvarado. Fue absuelto en el 2011 por una duda razonable. Hoy se hace justicia.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Especrtador y Semana En medio de la polémica por la declaración del sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, el Senador Inti Asprilla, lanzó un contundente trino que pone en tela de juicio la autoridad moral de JP Hernández para criticar este reconocimiento. En su cuenta de X, Asprilla escribió: Las palabras de Asprilla subrayan una aparente incoherencia en la postura de Hernández, sugiriendo que su cercanía política con figuras y estructuras derivadas del M-19 le restan autoridad moral para criticar la reivindicación del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural. Cabe recordar que el 18 de junio, el Ministerio de Cultura y el presidente Gustavo Petro reconocieron al sombrero utilizado por Carlos Pizarro, líder del desmovilizado grupo guerrillero M-19, como Patrimonio Cultural de la Nación. Este acto generó múltiples reacciones en el país. “Este sombrero es un símbolo de paz. Indudable. Y debe quedar aquí. Será patrimonio. Este es un patrimonio del amor. Así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño”, afirmó Petro. JP Hernández, una figura de la oposición, expresó su rechazo en un video publicado en su cuenta de X. En el video, Hernández argumentó que Carlos Pizarro no es un héroe y calificó la acción del presidente como una burla a las víctimas del conflicto armado. “Me permito como Senador rechazar esta burla de Petro a las víctimas, es cínico que pretenda exaltar como héroe a un exguerrillero del grupo violento y sanguinario M19, con el que cometieron múltiples crímenes y hasta terrorismo! Pizarro No representa la cultura de Colombia”, escribió Hernández. Hernández también criticó la decisión en el contexto de la crisis actual del país, mencionando problemas económicos, de salud, educación e inseguridad. “Es impresionante que en medio de tanta crisis que atraviesa el país, problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, ahí está que los mismos de Fecode le están protestando, problemas de inseguridad y orden público. Este señor, que al parecer se está es como enloqueciendo, salga a reconocer patrimonio cultural el sombrero de un tipo que perteneció a un grupo terrorista”, dijo. Hernández insinuó que esta acción podría preceder el reconocimiento de otros elementos asociados a figuras controvertidas de la historia reciente de Colombia, como miembros de las Farc o las AUC. “No sé qué viene ahora, si declarar la hedionda toalla de Tirofijo o las gafas de Santrich, o ahora que son tan cercanos con Mancuso, declarar el sombrero que tenía Carlos Castaño como patrimonio cultural”, añadió. Otros opositores de Gustavo Petro también se pronunciaron. El abogado Abelardo de la Espriella acusó al presidente de reivindicar símbolos de la “mafia”, mientras que la senadora María Fernanda Cabal llamó a prohibir la exaltación de criminales o terroristas. Cabal también sugirió que este reconocimiento podría ser una estrategia para impulsar una posible candidatura presidencial de María José Pizarro, hija del fallecido Carlos Pizarro. Por su parte, María José Pizarro defendió la medida y reafirmó su compromiso con el legado de su padre. “Llevo más de dos décadas recuperando su memoria, luchando contra la impunidad y reivindicando su figura como un símbolo de paz para Colombia. Su estirpe jamás traicionaremos, su legado está en nuestro ADN y en nuestra memoria”, escribió en su cuenta de X. Esta controversia evidencia las profundas divisiones en la sociedad colombiana respecto al legado del M-19 y el papel que juegan sus exmiembros en la política actual.

Por: Iván Gallo, editor de contenidos Foto tomada de: Wikipedia La extrema derecha puso en boca de sus políticos y también de sus periodistas -la primera línea del uribismo, como los clasificó Margarita Rosa de Francisco- la indignación que le generó el homenaje de Gustavo Petro al comandante Carlos Pizarro al convertir su sombrero en Patrimonio Cultural de la Nación. Se escucharon voces que no dudaron de calificar a Pizarro como un criminal. Se equivocan feo los que así lo llaman. Pizarro fue quien abrió la puerta, dentro de los grupos armados, a la salida negociada al conflicto. La primera vez que existió una intención real de diálogo de un grupo guerrillero fue el ELN en 1975, después del descalabro que significó para ellos la derrota en Anorí, que estuvo a punto de destruirlos. En 1982 Belisario Betancur se sentó a hablar con las FARC, comandadas por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, en los diálogos de la Uribe. Se sentaron las bases de la participación política a través de la creación de un partido, la UP, pero todo terminó en la matanza por todos conocida y que dejó más de 5.000 militantes de izquierda asesinados. La historia de las negociaciones entre los gobiernos nacionales y las guerrillas ha estado plagada de incumplimientos y traiciones. El primer en creer en que, a pesar de todo, el diálogo era la única salida posible fue Pizarro. Su primer gran enseñanza fue el perdón. La retoma sangrienta del Palacio de Justicia por parte de los militares fue un claro ejemplo del objetivo que tenían oficiales como Fernando Landazabal, Arias Cabrales o Plazas Vega de vengarse del M-19 después de haberlos dejado en ridículo con sus publicitados golpes: la recuperación para el pueblo de la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cantón Norte y la toma de la embajada de República Dominicana. Influenciados por las doctrinas de seguridad norteamericanas, en donde era intolerable permitir cualquier disidencia de izquierda, una parte del ejército se asoció con paramilitares y decidieron exterminar a lo que oliera a marxismo. Mientras el ELN y las FARC se radicalizaban, Pizarro creyó en la paz. Dejó pasar los asesinatos de Iván Marino Ospina, Luis Fayad, Toledo Plata, la misteriosa muerte del líder y fundador del M-19 Jaime Bateman, fue más grande que el clima hostil que rodeaba el país. 1989 fue el año en el que Pablo Escobar decidió declararle la guerra al Estado colombiano: un avión de Avianca explotó en el aire mientras surcaba el cielo bogotano, un bus repleto de dinamita estallaba frente a la sede del DAS, asesinaban en la plaza de Soacha a Luis Carlos Galán, bombas estallaban en las esquinas, era un país en guerra, con la extrema derecha desatada con sus paras y mafiosos y aún así Carlos Pizarro decidió envolver su arma en la bandera de Colombia, entregarla y lanzarse a la presidencia de la república. Fue el 9 de marzo de 1990 en el caserío de Santo Domingo, cerca al casco urbano de Tacueyó. Con su voz disolvió la lucha armada del M-19 “Por Colombia, por la paz, dejad las armas" "¡Oficiales de Bolívar, rompan filas!". Pizarro sabía los riesgos que corría. María José Pizarro incluso recuerda cuando fue la última vez que vio a su papá. Fue en un restaurante en Bogotá, en un breve momento en el que la apretada gira que tenía que realizar se lo permitió. Él ya sabía que lo iban a matar. Ese día la reunión fue en un restaurante llamado Tamarindo que queda a la vuelta de la Casa Medina. Alguien lo regañó porque no llevaba chaleco antibalas. Desparpajado, Pizarro gritó entre risas “¿Y para qué llevo eso? Ellos saben que llevo chaleco anti-balas, si me van a matar me dispara en la cabeza y listo”. La lógica demoledora desarmó a María José y a los que lo acompañaban. A ella le dijo esa noche que estuviera preparada, que ella tenía que saber que a él lo iban a matar pronto. En abril de 1990 ya habían sido asesinados en esa campaña Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo Ossa. A pesar de la certeza de la traición Pizarro le dejó claro a Navarro Wolf, al mismo Gustavo Petro, a sus lugartenientes políticos que ya no había ninguna posibilidad de retomar la lucha armada. El compromiso con la paz fue total. El 26 de abril de 1990 fue asesinado Carlos Pizarro en un avión de Avianca por un sicario que pertenecía a la Casa Castaño. Al asesino lo ultimaron los hombres del DAS dentro del avión para que no hablara. No fue sólo la orden de un paramilitar envuelto en una nube de bazuco sino que contó con el apoyo de fuerzas armadas, de alguno que otro político, de la “primera línea de la extrema derecha”. La respuesta a su muerte ya la tenía preparada el propio Pizarro: tragarse la rabia y seguir con la paz. El tiempo le ha dado la razón y 32 años después de su asesinato su propia hija le puso la banda presidencial a uno de sus hombres, a Gustavo Petro. Pizarro y su legado deben vivir y deben ser recordados en cada escuela, en cada calle, en cada joven: el único camino es la reconciliación. Pizarro no fue ningún criminal. Criminales los que no sólo se alegraron de su muerte sino los que lo quieren borrar de la historia.

Por: Redacción Pares En la Arenosa ni siquiera las hojas de los árboles se mueven sin intervención de los Char. Por eso el PAE pasa por ellos. El programa de alimentación escolar en la capital del Atlántico debe atender a 130 mil estudiantes ubicados en 154 instituciones educativas. Entre el 2020 y 2023 ejecutó un presupuesto de 150 mil millones de pesos y para este año la cosa aumentó en un 33% ya que se ejecutarán 99 mil millones de pesos. En los años de Jaime Pumarejo, ficha de los Char, le tocó afrontar los problemas derivados de la pandemia y, desde el 2022, en atender a población migrante. Todo el PAE se centró en ampliar cobertura. Esto le hizo ganar a la alcaldía de Barranquilla reconocimiento al ser escogida como la primera ciudad anfitriona en Colombia del Foro Mundial de la Alimentación. Debido al alto presupuesto la administración ha venido contando con varios operadores para distribuir estos recursos. Pero al final se contratan casi que a los mismos lo que ha creado un oligopolio en la contratación del PAE centrado en estas empresas: Fundación Semillas de Prosperidad – FUNSEP Fundación Barranquilla Solidaria – FUNBASOL Generación Colombia S.A.S Servicios de Alimentación NP S.A. Esta última es un conglomerado empresarial de la reconocida marca La Vianda, propiedad de la familia Navarro Polanía. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación de la línea de democracia que se publicará la próxima semana titulado Pae: el negocio del hambre en Colombia, esta familia está compuesta por “María del Socorro Polanía y Ricardo Navarro, miembros de la alta sociedad barranquillera, con más de cuarenta años de experiencia en el sector de alimentos. Sobre ellos no recaen acusaciones o procesos formales, lo que sí se puede afirmar es que son uno de los grandes megacontratistas que se mueven en el departamento, más si se tiene en cuenta que desde 2020 a hoy han tenido participación en la operación del PAE tanto en el departamento del Atlántico como en Barranquilla.” En la pandemia Jaime Pumarejo se hizo muy conocido en el país empacando y entregando mercados. Con la Vianda se hizo la mayoría de la contratación para hacer esta entrega humanitaria, más de 122 mil millones de pesos. La contraloría inició incluso una investigación preliminar por presuntos sobrecostos. Es que el negocio de los mercados con la familia Novarro Polanía concentró un 58% de los recursos de la primera ola de contratación en pandemia. Elsa Noguera, entonces gobernadora del Atlántico, les dio los suministros del PAE en los años 2020, 2021 y 2022. Aunque ahora luzcan flamantes en clubes sociales de la ciudad, La Vianda empezó en 1980 como un modesto negocio familiar de almuerzos creado por Ricardo Navarro Rodríguez. En Colombia, según Forbes, se estima que el 70% de las empresas no logran sobrevivir a la primera generación y el porcentaje aumenta a 85% de la segunda a la tercera. Los Navarro Polanía son la excepción. Ahora entregan 120 mil almuerzos diarios a empresas como Monómeros y cervecería Águila. Incluso en los últimos años -sobre todo después de la pandemia- se están preparando para dejar de ser un negocio familiar y convertirse en un holding. La investigación que está por hacer pública la fundación PARES le quita el velo a uno de los temas de corrupción más espinosos del país, la ejecución y entrega del Plan de Alimentación Escolar. Allí podrán enterarse a profundidad de cómo funciona en departamentos como Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. Espérelo.