Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El Acuerdo de Paz estableció un proceso de reintegración para los excombatientes de las FARC que querían dejar las armas y volver a la sociedad civil. Esto incluyó a muchos jóvenes que habían sido reclutados por la guerrilla cuando eran adolescentes y que ahora enfrentaban el desafío de reintegrarse a una sociedad que los veía como enemigos. El proceso de reincorporación ha sido difícil y complejo, con muchos desafíos y obstáculos para los jóvenes que intentan construir nuevas vidas para sí mismos. Uno de los principales desafíos es la falta de oportunidades económicas. Muchos de los jóvenes reincorporados no tienen educación formal o habilidades técnicas, lo que dificulta su capacidad para encontrar trabajo. Además, muchos de ellos han experimentado traumas y violencia durante sus años en la guerrilla, lo que dificulta su capacidad para adaptarse a la vida civil. Algunos también enfrentan estigmatización y discriminación por parte de la sociedad debido a su pasado como combatientes. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos jóvenes reincorporados están trabajando duro para reconstruir sus vidas y contribuir a sus comunidades. Algunos están recibiendo capacitación en habilidades técnicas y educación formal, mientras que otros están creando pequeñas empresas y proyectos comunitarios. Por ejemplo, en la región de Urabá, en el noroeste de Colombia, un grupo de jóvenes reincorporados ha creado una cooperativa agrícola que cultiva plátanos y otros cultivos, y ha establecido un negocio de turismo rural para atraer visitantes a la zona. El proceso de reincorporación de los jóvenes de las FARC ha sido un proceso complejo y difícil, pero también un proceso lleno de esperanza y posibilidad. A través de la educación, el trabajo duro y la creatividad, muchos jóvenes reincorporados están encontrando formas de construir nuevas vidas para sí mismos y contribuir positivamente a sus comunidades. La reincorporación de jóvenes en las filas guerrilleras es un tema complejo que requiere un enfoque integral y sostenible. Si bien el proceso de reincorporación de los jóvenes de las FARC ha tenido algunos avances, también se han identificado varios desafíos y limitaciones que deben ser abordados para mejorar el proceso. Con esto en mente, aquí presentamos algunas recomendaciones que podrían hacerse al Gobierno Colombiano en relación con la reincorporación de jóvenes en los diálogos con el ELN, para incluir en la mesa y los ciclos de negociación. Establecer medidas para abordar las causas subyacentes del reclutamiento de jóvenes por grupos armados, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la exclusión social. Esto implica invertir en programas y políticas que aborden las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables, y que brinden a las jóvenes alternativas reales y viables para su futuro. Fortalecer los programas de educación y capacitación para los jóvenes que buscan reintegrarse a la sociedad civil. Esto implica brindar una educación de calidad y formación técnica que les permita adquirir habilidades y competencias necesarias para acceder a empleos decentes y sostenibles. Además, es importante ofrecer oportunidades de capacitación para aquellos que tienen habilidades técnicas relacionadas con actividades económicas legales, como la agricultura y la pesca. Proporcionar asistencia técnica y financiera para apoyar a los jóvenes que quieren iniciar pequeñas empresas o proyectos comunitarios. Esto implica facilitar el acceso a microcréditos, subvenciones y otros instrumentos financieros que les permitan establecer sus negocios y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades. Fortalecer la atención psicosocial y de salud mental para los jóvenes que han sufrido traumas y violencia durante su tiempo en los grupos armados. Esto implica garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como promover la atención y el tratamiento de las secuelas físicas y emocionales del conflicto. Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva para cambiar la percepción pública de los jóvenes reincorporados. Esto implica fomentar la comprensión y el apoyo a los jóvenes reincorporados, así como promover su inclusión social y económica en las comunidades donde viven. En resumen, para abordar eficazmente el tema de la reincorporación de jóvenes en las filas guerrilleras, el Gobierno Colombiano debe implementar un enfoque integral y sostenible que aborde las causas subyacentes del conflicto, y brinde a las jóvenes alternativas viables para su futuro. Esto implica invertir en educación, capacitación, apoyo financiero, salud mental y atención psicosocial, así como promover la inclusión social y económica de los jóvenes reincorporados.

Por: Igor Parma, Internacionalista “La integración es más retórica que otra cosa, la integración europea es concreta, la integración de América del Norte es concreta, concretísima, la integración latinoamericana es discursiva”, dijo Petro en su discurso en la Cumbre Iberoamericana el pasado 25 de marzo. La integración latinoamericana siempre ha estado marcada por las desigualdades, los conflictos y la inestabilidad de la región. La Cumbre Iberoamericana fomenta un encuentro de los gobernantes de países de lengua española y portuguesa en una plenaria en donde puedan acordar estrategias de integración. Incluso actores políticos de fuera de América Latina —además de España y Portugal, miembros de la Conferencia Iberoamericana— pueden participar, como pasó en esta cumbre con la presencia del jefe de diplomacia europea, Josep Borrel, rompiendo una secuencia de ocho años sin presencia europea en la cumbre. En esta XXVII Cumbre, las expectativas para una América Latina ideológicamente cohesionada, con las mayores economías regionales con gobiernos de izquierda, creó altas expectativas políticas. Temas como la crisis climática, la inmigración, la seguridad alimentaria, los cuestionamientos sobre el sistema financiero actual y los derechos humanos son algunos de los temas que acercan a estos gobiernos ideológicamente similares en Latinoamérica. Incluso antes de la Cumbre ya se habían anunciado movimientos políticos que señalaban a un nuevo impulso de reintegración latinoamericana, como la declaración de que Argentina volverá a integrar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y anunciando la expectativa de que Brasil ratificaría en la Cumbre que seguiría esos mismos pasos. La Cumbre Iberoamericana parecía así un evento de demostración de fuerza de América Latina, en donde sería posible ver un ensayo de un nuevo impulso de reintegración latinoamericana. Desafortunadamente, lo que se pudo constatar fue un ensayo de ausencias, choques y diferencias entre los gobiernos, un escenario que demostraron, más que el potencial de integración latinoamericana, los retos que enfrentará la región en los próximos años. Ya en las presencias de los 22 estados miembros se pudo notar cierta diferencia de prioridades en algunos de los gobiernos. Lula, presidente de Brasil, confirmó su presencia a un viaje oficial a China, no a la cumbre, aunque la aplazara después cuando se enfermó el presidente brasileño. Su representación fue hecha por el Canciller Mauro Vieira. Además de la no presencia de Lula, ni el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, ni su canciller, Marcelo Ebrard, asistieron a la cumbre, con la presencia mexicana representada por el subsecretario mexicano Maximiliano Reyes. Por más que la presencia de las dos economías latinoamericanas más grandes se ha hizo sentir, su diferente jerarquización de representantes señala las diferentes prioridades de esos dos países en el escenario de integración iberoamericana. La ausencia de Nayib Bukele y Nicolás Maduro también se hizo sentir, con la representación salvadoreña hecha por el vicepresidente, Félix Ulloa, y la venezolana por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil. Entre los presentes, la cumbre trajo a la luz la diferencia entre los conceptos de izquierda en América Latina. En tonos conflictivos entre discursos, las sospechas y diferencias entre gobiernos furtivamente fueron introducidas en la agenda Iberoamericana. Boric, presidente chileno, dejó claro su aversión a la práctica de cancelación de ciudadanías a opositores políticos, conducida por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. En su discurso, tras hacer un recordatorio de la dictadura chilena, afirmó que “por eso, estimados colegas, no es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Lo hemos dicho antes, pero bien vale recordar que pareciera no saber, Ortega, que la Patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto”. Otra intervención del presidente chileno señala otro punto de conflicto entre las distintas izquierdas latinoamericanas. Gabriel Boric siguió su acusación a Ortega afirmando que “hoy vemos en el mundo entero nuevos riesgos y amenazas que acechan a la democracia que tanto ha costado construir […] los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con menos”. Esta posición, por mucho que sea directamente asociado en contexto con sus acusaciones a Nicaragua, señala también una divisa entre las izquierdas históricas de América Latina y las izquierdas modernas. Esta oposición se hace notar en una comparación con el discurso de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba. El gobernante cubano afirmó que “reiteramos nuestra firme solidaridad con los legítimos gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sometidos a persistentes intentos de desestabilización. Porque también los ha sufrido y conoce sus costos humanos, políticos y sociales, Cuba condena y rechaza el injerencismo que fractura los consensos.” Vemos en esos dos discursos los diferentes encuadramientos que ponen en cierta oposición diferentes izquierdas en América Latina. Tradicionalmente, tenemos las izquierdas herederas de los socialistas tradicionales, representados históricamente por Cuba y Venezuela, pero que vienen debilitándose ya desde hace una década. En oposición, con nuevas formulaciones teóricas y coyunturales, tenemos a ejemplo Chile, con Gabriel Boric, e incluso Lula que, por mucho que sea parte de las izquierdas tradicionales en su época de sindicalista, ablandó su discurso revolucionario con fines de ser elegido en su primer gobierno y, en esta nueva elección, se eligió por una coalición que lo obligará a renunciar al modelo tradicional y acercarse a las nuevas izquierdas. Otro atrito que se hizo fuerte en la cumbre fue entre Colombia y Perú, en lo que Petro defendió el expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde su intento de disolver el congreso peruano. Petro afirmó que “Pedro Castillo debería estar aquí, el golpe se lo dieron a él”. Esta intervención culminó a que Perú retirara de forma definitiva a su embajador de Colombia. Las diferentes conceptualizaciones de izquierdas, sumadas a sus diferentes prioridades, se tradujeron en dos resultados que muestran que un nuevo ensayo de integración latinoamericana tiene todavía muchos retos a resolver. En primer lugar, los dos diferentes proyectos latinoamericanos: uno dirigido por la Celac, en el cual México buscaba junto con Argentina una hegemonía regional, pero que hoy es cuestionada por la actuación presidencial mexicana frente a Iberoamérica. El segundo dirigido por Argentina y Brasil con la revitalización de Uasur, con la expectativa de que Brasil vuelva a la organización en los próximos días. Esa revitalización significaría una integración más acelerada, no de la América Latina, sino de la América del Sur. El segundo resultado, más bien clasificado como una deficiencia, fue la imposibilidad de la cumbre lograr un acuerdo sobre su propuesta de reforma del mercado financiero mundial, que sería planteada por el gobierno brasileño en el encuentro del G-20 el año próximo. Este acuerdo fue delegado a los ministros de Hacienda y Finanzas de los Estados miembros. Por más que lograron plenamente acuerdos en tres de sus cuatro objetivos principales —clima, seguridad alimentaria y brecha digital—, la cumbre reveló que una posible integración latinoamericana tendrá necesariamente que afrontar diversos retos. Las diferencias ideológicas de los mandatarios regionales son todavía profundas y pueden descarrilar el proceso de integración latinoamericana, tornándolo difuso y poniéndole escollos que se volverán insuperables.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC liderado por Iván Mordisco iniciarán formalmente una mesa de diálogo en los próximos días, en un intento por poner fin a décadas de conflicto armado en el país. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, anunció que el diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) ha concluido su fase de exploración, luego de que los altos comandantes de esta organización se reunieron con miembros del Gobierno el pasado 10 de abril en las Sabanas del Yarí, encuentro que fue posible gracias a la suspensión temporal de las órdenes de captura que la Fiscalía había emitido contra 19 miembros de esa organización (Ver: Gobierno y Estado Mayor Central de las FARC iniciarán negociaciones de paz). A esta reunión asistió el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, miembros de su equipo de trabajo y delegaciones de acompañantes y observadores de organizaciones multilaterales del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y de sectores de fe. En esta fase, el Estado Mayor Central de las FARC comunicó que designará a cinco de sus miembros para integrar el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) nacional, el cual será instalado formalmente el próximo 26 de abril. Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el MVMV es una estructura integrada por múltiples actores institucionales de cooperación internacional y la iglesia. El propósito del MVMV es acercarse a territorios específicos y verificar si se está cumpliendo o no con los ceses al fuego. Cabe añadir que el EMC el pasado 03 de abril había anunciado, a través de un video, que iniciaron la cumbre de mandos en algún lugar de los Llanos del Yarí. Este encuentro reunió a los hombres que lideran los 23 frentes que hacen presencia en diferentes lugares de Colombia. En esta reunión interna, al parecer, se definieron los puntos que ellos pondrían sobre la mesa que se instalará con el Gobierno. En el video se observó a seis comandantes sentados en una mesa en medio de dos banderas. Mientras de fondo suena el himno de la extinta guerrilla, un hombre lee un comunicado en el que expresan su “voluntad política para buscar la paz con justicia social” y piden reciprocidad de las autoridades colombianas. Aunque la reunión estaba prevista para febrero, hubo demoras en la suspensión de las órdenes de captura de varios de los comandantes por parte de la Fiscalía General de la Nación. La posibilidad de realizar esta reunión estaba dentro de los acuerdos a los que llegó el gobierno de Gustavo Petro con esta organización durante la fase exploratoria. En el registro audiovisual aparece Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, quien lidera esta facción de las disidencias y fue el primer comandante que anunció que se apartaba de lo que estaban negociando sus compañeros en La Habana, a través de un comunicado, el 06 de julio de 2016, cuatro meses antes de la firma del Acuerdo. El próximo domingo 16 de abril, desde el departamento del Caquetá, se espera que el grupo armado presente las conclusiones de estos días de reunión que tuvieron y también revele los nombres de los voceros para poder pasar de la fase de exploración a la etapa formal de diálogo. En el inicio de las negociaciones formales se darán a conocer las metodologías de diálogo y los mecanismos de participación, y se nombrarán a quienes integrarán la delegación negociadora por parte del Estado Colombiano. Danilo Rueda aseguró que las negociaciones se llevarán a cabo en un lugar que aún no ha sido determinado y que contarán con la mediación de un grupo de países amigos de la región. Según el investigador nacional de Pares, Francisco Daza, la metodología que podría utilizarse en este diálogo es la implementación de mesas territoriales. Esto significa que, a diferencia de la mesa de diálogo que se está llevando a cabo con el ELN, esta mesa podría desarrollarse en Colombia. Daza destacó que es probable que se realicen conversaciones en la mesa sobre cuestiones territoriales, pero habría que ver si eso implica que al ser territorial haya participación de la sociedad civil, sin embargo, es algo que aún no se ha confirmado. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, destacó la importancia de la mesa de negociaciones como una oportunidad única para poner fin a la violencia en el país. “Estamos comprometidos a lograr una paz duradera para Colombia, y creemos que este proceso de negociación es un paso crucial en esa dirección”, afirmó Rueda. El anuncio de las negociaciones llega después de años de esfuerzos por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Cabe recordar que en 2016 se firmó un acuerdo histórico que buscaba poner fin al conflicto armado y establecer una paz duradera en el país. Sin embargo, el acuerdo no fue firmado por el Estado Mayor Central de las FARC. Francisco Daza explicó que la mesa de diálogo con el grupo armado EMC posiblemente se basará en algunos puntos del Acuerdo de 2016. Según Daza, el EMC podría tomar algunas partes del Acuerdo con las que no estaban completamente de acuerdo y, a partir de ahí, se establecerían algunos puntos de discusión. Además, mencionó que es probable que se expongan las razones por las que no estuvieron de acuerdo con ciertos temas del acuerdo de ese entonces. Este grupo armado, anteriormente conocido como la disidencia de la línea de “Gentil Duarte” según informes previos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cuenta con varias comandancias lideradas por importantes figuras de las antiguas FARC, como alias “Iván Mordisco”. Dentro del EMC hay diversas comandancias, entre las que se encuentra alias “John Mechas”, quien lidera el Frente 33 y alias "El Mocho”, quien al parecer está a cargo del Comando Coordinador de Occidente, que es una confederación de diferentes frentes y columnas que operan en el Cauca, incluyendo la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño. Además de las columnas mencionadas anteriormente, hay otros grupos dentro del Estado Mayor Central (EMC). El frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, y el Frente 10, activo en Arauca. El Frente 33 está presente en el Catatumbo, mientras que los Frentes 36 y 18 operan en el nordeste antioqueño. Estos son considerados los principales grupos dentro del EMC. El proceso de negociación será largo y complejo, y se espera que se aborden una amplia gama de temas, desde la reintegración de los combatientes a la sociedad hasta el desarrollo económico de las regiones afectadas por el conflicto. Sin embargo, el hecho de que ambas partes estén dispuestas a sentarse a la mesa de negociación es un paso importante. Cabe destacar que la próxima mesa de diálogo con el EMC sería la segunda negociación formal con grupos armados en el gobierno de Petro, ya que la primera se lleva a cabo actualmente con el ELN y está por iniciar su tercer ciclo. Según el investigador nacional de Pares, esta mesa se diferenciará de la del ELN por su impacto a nivel territorial. Aunque ambos grupos comparten algunas zonas de presencia, el EMC tiene una presencia hegemónica en diferentes partes del país. Por esta razón, se espera que los avances en las voluntades de este grupo se reflejen en el territorio. Además, se espera una nueva agenda que represente un acuerdo 2.0. Esto se diferencia del ELN, que viene con un “pliego” de hace muchos años frente al cual no se movía. El anuncio de la mesa de negociaciones fue bien recibido por la comunidad internacional, que expresó su apoyo al proceso de paz en Colombia. La ONU afirmó que está dispuesta a proporcionar todo el apoyo necesario para ayudar a ambas partes a alcanzar un acuerdo de paz sostenible y duradero. Por último, el investigador nacional Francisco Daza afirmó que el futuro de la mesa de diálogo dependerá de la voluntad real del Estado Mayor Central (EMC) de participar en un proceso de paz total a través de una salida negociada. Asimismo, destacó que la mesa tendrá garantías y futuro siempre y cuando existan bases claras sobre las solicitudes del Gobierno a este grupo armado. Sin embargo, el futuro de la mesa dependerá no solo de la voluntad, sino de los hechos y de la evidencia de que el EMC realmente desee cesar la violencia en las zonas donde tenga presencia.

Por: Odevida El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) Capítulo Venezuela presenta su informe Venezuela: mujeres y lideresas sociales y políticas, víctimas de violencia y represión, en el que se visibiliza la situación de violencia que afecta a las mujeres lideresas sociales y políticas en el contexto de crisis que vive Venezuela, y las violaciones a sus derechos humanos que han sido invisibilizadas por el Estado. Odevida ha acompañado a organizaciones de mujeres familiares de presos políticos y mujeres sindicalistas que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos a los que son sometidas las defensoras en contextos de represión y criminalización, así se pudo identificar que la represión del Estado Venezolano se ejerce de manera diferenciada sobre las mujeres lideresas sociales y políticas en razón de su género. Según la ONG Foro Penal, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron catalogadas como presas políticas en Venezuela. El 33% de estas mujeres refirieron haber sido sometidas a torturas y tratos crueles durante su detención y reclusión por parte de los agentes del Estado. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela ha documentado casos de abuso y violencia sexual contra estas mujeres detenidas por parte de funcionarios del Estado, policiales y militares principalmente, pero también por parte de agentes paraestatales y grupos armados irregulares. Cabe destacar que la persecución y represión también ha afectado a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró de enero a diciembre de 2022, 396 ataques o incidentes de seguridad. De estos, 267 (67%) tuvieron como afectadas a organizaciones de derechos humanos, 120 (30%) tuvieron como víctimas a defensores de derechos humanos y 9 (3%) fueron defensoras de derechos humanos. Frente a estos hechos, Odevida recomienda eliminar las disposiciones discriminatorias que contengan los Códigos Civil y Penal venezolanos, debiendo aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género; garantizar legislativamente la paridad; implementación de un sistema de recolección de data estadística sobre la violencia contra la mujer, desglosados por indicadores de género, entre otras. Lea el informe completo aquí:

Por: Ghina Castrillón Torres; Dennis Arley Huffington, Investigadores Territoriales Oficina Pares Pacífico El proceso de paz urbana en Buenaventura se encuentra en crisis debido a nuevos enfrentamientos entre Shottas y Espartanos, los cuales vienen ocurriendo desde hace cinco días. La desaparición, tortura y asesinato de alias "Súper" habría sido el motivo de la reactivación de las confrontaciones en los barrios de la ciudad. Alias "Súper" formaba parte de los voceros designados por los Shottas en las negociaciones que esta agrupación, junto a los Espartanos, adelantan con el Gobierno Nacional en el marco de la Paz Total, que tiene a Buenaventura como territorio piloto. De acuerdo con lo expresado por el Alto Comisionado para la Paz, el vocero de los Shottas habría sido torturado y posteriormente asesinado. Sin embargo, esta información no se ha podido oficializar porque se desconoce el paradero del cuerpo. Se espera que sea encontrado pronto para esclarecer los hechos. El llamado es a fortalecer el proceso, superar la crisis y continuar con los acercamientos para lograr la paz urbana. Hay que reconocer que se ha logrado disminuir los índices de violencia bélica en el casco urbano del distrito. Sin embargo, la crisis es de confianza y hace evidente el desgaste de un acuerdo que parte del clamor ciudadano. Pero está soportado en la voluntad de los grupos delincuenciales y, por lo tanto, es frágil. Por lo que situaciones como la muerte de uno de sus integrantes o las desavenencias por la repartición de zonas para cobros de impuestos pueden romper un proceso que ha sido destacado como un laboratorio primordial de la Paz Total. ¿Se rompió la tregua? De acuerdo con las autoridades y diversos medios locales de comunicación, la desaparición de alias "Súper" se dio el 01 de abril, previo al inicio de Semana Santa. Desde entonces, hubo tensiones por posibles retaliaciones que se hicieron realidad el domingo 09 del mismo mes, cuando se reportaron enfrentamientos en la comuna 12 de la ciudad. El alcalde encargado, Arlinton Agudelo, afirmó que la tregua no está rota, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguró que el proceso sigue y que es una crisis que se puede superar. Pero en las calles de Buenaventura la sensación es de temor a que se regrese a un escenario de guerra urbana. Los habitantes de las comunas 7, 10 y 12 han reportado balaceras tanto en la noche como a plena luz del día. En medio de esta zozobra, se han completado ya cinco días y se han reportado un par de homicidios. Además, se han conocido videos compartidos en redes sociales de sujetos patrullando las calles con armas de fuego de alto alcance, como fusiles y subametralladoras. Existe preocupación entre la población civil, los intermediarios y el propio Comisionado de Paz por las confrontaciones que se han presentado en los últimos días en Buenaventura. Al romperse el acuerdo, se podría desencadenar un nuevo incremento en los homicidios y delitos de alto impacto, y esta nueva oleada de violencia podría desarrollarse de manera aún más cruel debido al fortalecimiento económico y armado que han tenido los grupos en los últimos seis meses a través de sus economías ilegales, sumado al ciclo de venganzas que se están incubando. Tensiones en las negociaciones por el control de las economías ilegales El proceso ya venía tensionado por supuestos incumplimientos entre integrantes de los grupos en la división de sus zonas de injerencia delictiva y se hizo pública desde la semana anterior cuando dieron a conocer dos comunicados que pusieron en alerta a las autoridades y sembraron incertidumbre entre la población civil sobre la solidez del proceso de paz. En dichos comunicados, ambos grupos, sin ningún miramiento, hacen claridades sobre cómo se lleva a cabo el pago de las extorsiones, haciendo alusión al acuerdo que tienen de distribución de zonas para dichos cobros. Advierten que los pagos se deben hacer se manera equitativa para las dos agrupaciones, situación que comerciantes y empresarios vienen denunciando desde el inicio de la tregua, manifestando el aumento de este delito, el cual ha obligado a cerrar varios establecimientos comerciales en la ciudad. No obstante, a pesar de lo que manifiesta el gremio de comerciantes, de acuerdo a los reportes oficiales, la extorsión en la ciudad ha tenido una disminución considerable, como se muestra en la siguiente gráfica: Gráfico No. 1 Elaborado por: Oficina Pares Pacífico. Fuente: SIEDCO Se evidencia un comportamiento diferente en el número de casos, pasando de 58 casos en el primer trimestre de 2021 a 76 casos en el mismo periodo de 2022, y a 25 en el mismo periodo del 2023, reconociendo que puede haber subregistro, por lo que desde la Oficina Pares Pacífico se manejan la siguiente hipótesis sobre dicha disminución: Lo que realmente hay es una reducción en las denuncias por parte de las víctimas, y esto se debe a una mayor presencia y control criminal por parte de los grupos armados después de la tregua e inicio del proceso de paz que permitió a los integrantes de estos grupos retornar a zonas y lugares que por las fronteras invisibles, asesinatos selectivos y amenazas, no podían transitar. A esto se le suma la desconfianza que hay entre sectores de la ciudadanía con los operadores de seguridad y justicia, debido que en el distrito hay un fuerte rumor de que parte de la institucionalidad está cooptada por la delincuencia organizada. Si bien no existe prueba o indicio alguno sobre la veracidad de este rumor, se ha convertido en un mito urbano que obstaculiza el acceso a la justicia y la actuación de las autoridades para hacerle frente a este tipo de delitos. Aún así no deja de ser preocupante que estos grupos estén emitiendo este tipo de comunicados en un momento en el que se busca consolidar la Paz Total. A pesar de haber manifestado su intención de paz, estas acciones muestran que todavía ejercen un fuerte control de la extorsión en la ciudad como base de su sustento ilegal. Por ello es menester que las autoridades actúen de manera inmediata para recuperar la gobernabilidad sobre la ciudad que se le ha cedido a la delincuencia con consecuencias lamentables para la cotidianidad de los hogares como lo es el tener que pagar una canasta familiar por encima del promedio nacional en un contexto de altos precios de los alimentos. Posibles escenarios y recomendaciones de la Oficina Pares Pacífico Desde la Oficina Pares Pacífico se manejan como hipótesis tres posibles escenarios después de que se violara la tregua entre Shottas y Espartanos: Primero: la ruptura total del proceso de paz urbana y el levantamiento de las negociaciones. Aunque se considera el menos probable, no se puede descartar que pueda ocurrir, máxime cuando aún no hay una ruta jurídica clara y aprobada que permita pasar de la fase exploratoria hacia el sometimiento. Si esto llegase a ocurrir también es posible que las guerras rurales se entrelacen con la urbana. De acuerdo con las palabras del Alto Comisionado de Paz en Blu Radio, donde afirmó que “todo esto obedece a que hay una intervención de un nuevo grupo que tiene pretensiones y objetivos en Buenaventura”, ya se estarían configurando nuevas alianzas criminales en la ciudad. Según los análisis de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), podría tratarse de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pares había dado a conocer que este escenario podría llegar a suceder en un artículo titulado Buenaventura Acorralada. Allí se había advertido sobre la posibilidad de que las guerras rurales y urbanas se entrelazaran, lo que representaría una crisis en el proceso de paz urbana, donde los protagonistas serían Shottas aliados con las AGC y los Espartanos con el ELN y la Segunda Marquetalia. Segundo: Que las fricciones actuales se logren superar con nuevos acuerdos entre Shottas y Espartanos con el Gobierno Nacional y el proceso continúe en el estado en el que estaba antes de la desaparición de alias ‘Súper’. Sería el escenario ideal, pero las garantías en materia de seguridad para los voceros y participantes deben cambiar. El Estado debe brindarles la protección necesaria y, de ser posible, trasladar toda la comisión negociadora a una ciudad capital hasta que haya una mayor consolidación del proceso que permita, por lo menos, iniciar con el desarme por parte de los grupos armados urbanos. Tercero: Iniciar mesas de negociación por separado. Lo ocurrido con alias ‘Súper’ fragmentó profundamente la confianza entre ambas agrupaciones criminales, por lo que continuar en una mesa conjunta, además de ser difícil, puede ser poco beneficiosa si no se logra recuperar la intención real de hacer la paz. Sus voceros no se sienten seguros o haya vendettas contra los demás voceros. Por ello, una alternativa sería la de continuar los diálogos de manera independiente. Si bien el Gobierno Nacional desde un inicio exigió que debía ser de manera conjunta, también hay que reconocer que, con la designación de Buenaventura como Laboratorio de Paz Total, no se pueden permitir el fracaso en un proceso que ha dejado en los últimos meses resultados positivos a pesar de estar en etapa exploratoria. Para el presidente Petro sería un golpe político si no se llega a consolidar el proceso en la ciudad, pues podría poner entre dicho las negociaciones que se quieren iniciar por los acercamientos con estos grupos en otras ciudades. Si no se aborda adecuadamente la resolución ante esta situación de crisis, existe el riesgo de que se presente un recrudecimiento de la violencia en la ciudad, como se vivió en 2021 y 2022, lo cual representa un duro golpe para la Paz Total que ya está llena de incertidumbres. Por lo anterior, es fundamental que se reconozca la importancia de una mirada integral y territorializada de la Paz Total en Buenaventura para prevenir que los grupos se fortalezcan financieramente y contener el reclutamiento de jóvenes. Por esta razón como oficina en el Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación le hacemos un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y a los miembros de los Shottas y Espartanos, para que no desistan y continúen trabajando activamente a la construcción de la paz en Buenaventura. Aun reconociendo las situaciones complejas que han llevado a los recientes sucesos de violencia: es momento insistir en la paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante la última semana, se han reportado alrededor de 10 incidentes similares en varias ciudades y municipios del país, donde se han encontrado explosivos, panfletos y banderas relacionados con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto ha generado alarma y zozobra en diferentes regiones del país, incluyendo Bogotá, Antioquia, Medellín, Cali, Cauca y Barrancabermeja. Según Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el hecho de que el ELN haya distribuido estos panfletos es una forma en la que el grupo busca mantener su presencia en la opinión pública y demostrar que sigue siendo relevante en la vida nacional. Para Celis, esto es una estrategia comúnmente utilizada por el grupo desde su creación en 1964, ya que les permite mantenerse activos en un conflicto que aún no ha sido resuelto. Algunos de los hechos registrados durante los últimos días ocurrieron el 10 de abril en San Cristóbal, al sur de Bogotá. La aparición de una caja sospechosa generó alarma entre los habitantes de la zona. La secretaria de seguridad de Bogotá confirmó que se desactivaron los explosivos y que no se produjo ninguna explosión. Sin embargo, alrededor de las 3:00 p.m. de ese día, sí se registró la detonación de una de las bombas panfletaria en la misma zona. Las autoridades aseguraron que se mantienen comprometidos en mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de los ciudadanos de Bogotá, y llamaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar sus derechos y libertades. El mismo día, en el municipio de Itagüí, Antioquia, se encontraron dos artefactos explosivos de bajo poder en el Parque del Obrero, acompañados de un panfleto del ELN. La rápida intervención de las autoridades permitió la ubicación de los artefactos en labores de patrullaje y la posterior llegada de personal experto en explosivos, quienes desactivaron uno de los artefactos artesanales de mecha lenta. Sin embargo, uno de los elementos explotó sin dejar heridos, según la información preliminar entregada por la alcaldía. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a estar alerta ante la presencia de paquetes sospechosos y a informar de inmediato a la policía para evitar situaciones que afecten. También el 10 de abril, en los barrios San Rafael y La Victoria de Cúcuta, se encontraron artefactos panfletarios del frente de guerra Urbano Nacional del ELN que tenían como objetivo activarse contra la población civil, atribuidos al comandante en jefe Camilo Torres Restrepo de este grupo armado. Ante esta situación, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, pidió a las autoridades que refuercen la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales, según el defensor, están ganando cada vez más poder. Villamizar señaló que “la seguridad ha fracasado en Cúcuta y Norte de Santander, el terrorismo y la criminalidad se ha tomado la región y que es el producto de un Gobierno que solo premia a la criminalidad y a los grupos armados”. Debido al hallazgo de los panfletos, las autoridades emitieron una alerta máxima que fue enviada a las diferentes unidades de la fuerza pública encargadas de combatir el terrorismo. “Estamos en alerta máxima”, señaló, al medio de comunicación Semana, una alta fuente de inteligencia. Por otro lado, uno de los hechos más recientes se registraron este 11 de abril, en la ciudad de Cali, donde se encontraron panfletos en una caja abandonada en la vía pública de la galería Santa Elena, lo que generó un operativo especial por parte de las autoridades para investigar su origen. Los explosivos que fueron instalados en la ciudad estuvieron acompañados de un panfleto en el que el ELN expresa rechazar el asesinato de líderes y las masacres en el país. Sin embargo, no es claro cómo se relaciona el rechazo a estos hechos con la acción de instalar explosivos y banderas alusivas a la organización. Por su parte, las autoridades de esta ciudad también pidieron a la comunidad que esté alerta y que informe cualquier actividad sospechosa en sus comunidades. A pesar del mensaje que dejó el ELN, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, condenó los actos del grupo armado y pidió al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En esta misma fecha, el 11 de abril, también fue hallado un nuevo artefacto explosivo en la vía La Paralela, en Medellín, acompañado de panfletos del ELN. La caja de icopor sospechosa fue vista en la madrugada del martes y verificada por personal de antiexplosivos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó del hallazgo en sus redes sociales y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, aunque el objeto fue abandonado en un sitio sin cámaras de seguridad cercanas. Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, estos casos suceden de forma reiterada por distintos frentes, especialmente el frente Camilo Torres que es el que hace presencia en las zonas urbanas. Para Fernández, el grupo armado estaría enviando varios mensajes. En primer lugar, sostener en el tiempo su presencia en opinión pública, especialmente después de la violenta acción que tuvo lugar hace unas semanas en el Catatumbo, la cual dejó siete personas muertas y nueve heridas; en segundo lugar, expresar con sus acciones que el ELN cuenta con una organización unificada que tiene acciones a nivel nacional, y no necesariamente una desarticulación que medios han descrito entre los delegados de las mesas de diálogo y los frentes de guerra; y en tercer lugar, mostrar su capacidad territorial en el país. Es importante recordar que el ELN y el Gobierno retomaron la mesa de diálogo de paz con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia la política de Paz Total, por la que el presidente Gustavo Petro ha estado trabajando. Según la investigadora nacional de Pares, este proceso funciona a través de ciclos de diálogo, en los que las delegaciones de las distintas partes, incluyendo el Gobierno, el ELN y la sociedad civil, se reúnen para materializar entre ciclos lo que se va acordando en las mesas. Ver: (Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN) Fernández describe que una vez que se cierra la mesa, las delegaciones vuelven a sus lugares a cumplir acuerdos y a consultar con sus bases sobre qué temas pueden continuar negociando en el siguiente ciclo. Actualmente, nos encontramos entre el segundo y el tercer ciclo, que se llevará a cabo en Cuba. Durante este período, según la investigadora, se ha observado una mayor tensión, especialmente por parte del ELN, hacia el proceso de negociación, teniendo en cuenta la bomba en el Catatumbo, el aumento de retenes, los panfletos y artefactos explosivos instalados en distintas zonas del país. La investigadora nacional afirmó que se espera que en el tercer ciclo de negociación se alcance un acuerdo sobre el cese de hostilidades, ya que hasta el momento el ELN no ha firmado ningún cese. Fernández señaló que, al menos hasta este tercer ciclo, podrían seguir ocurriendo hechos como los registrados hasta ahora, e incluso nuevas acciones. Lo más preocupante son las acciones con explosivos que se instalan en distintas zonas, incluyendo barrios urbano populares y vías transitadas como la Panamericana, ya que podría dejar víctimas civiles ajenas a las hostilidades del conflicto. Por esta razón, se espera que el Gobierno lleve a la mesa de negociación alguna estrategia que permita al ELN acogerse a las exigencias no solo del Gobierno, sino también de la sociedad civil que llama a la participación.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Nos contaron los mayores que el bienestar social y la igualdad de oportunidades fueron las banderas y los sueños que signaron la vida política de personajes desde Galán el comunero, Policarpa Salavarrieta, María Cano, López Pumarejo y su “revolución en marcha”, Quintín Lame, el “indio” Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Camilo Torres y Bateman, entre otros; fuesen sus acciones resultado de una actividad individual o representasen una voluntad y un anhelo colectivos. Los pensamientos, luchas y apuestas desde postulados socialistas y comunistas, pasando por pensadores liberales como Uribe Uribe más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo sindicalista, o la apuesta de Álvaro Gómez Hurtado con su postulado de la crisis del régimen y el acuerdo sobre lo fundamental, hasta la apuesta de Álvaro Leyva Durán por la solución político del conflicto armado; todos estos se enfrentan a los efectos sobre la población del arrollador modelo económico capitalista, desde inicios del siglo XX, en un país premoderno; a su mentalidad y su infraestructura institucional con énfasis en la inversión en la industria y la agro-industria cercana a los aeropuertos y al neoliberalismo con su apertura económica, responsable del atraso y la pobreza de las regiones en la Colombia profunda. La Constitución del 91 es lo más cercano al acuerdo sobre lo fundamental, hoy expresado en el Pacto Histórico para avanzar en el camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, colocando lo social en el centro de la agenda política, como en su momento lo hizo la carta magna, por la que pasamos de ser un estado de derecho, a ser un estado social de derecho, quizás la mayor conquista de la papeleta que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente como voluntad popular, no de la vieja clase política que secuestró la institucionalidad para su beneficio económico. Varias generaciones desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX han procurado construir ambientes de bienestar comunitario, desde las aguerridas luchas obreras de Chicago, con su huelga de 1886 que conquistó las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. En Colombia, esa construcción se refleja en: los esfuerzos de reforma agraria liberal de Pumarejo; las conquistas laborales en la lucha de María Cano; las tomas de tierra lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); la creación de las cuatro grandes centrales obreras; la imponente oleada de paros cívicos con sus pliegos y la movilización ciudadana, casi siempre por acceso y tarifas de servicios públicos; la emergencia del movimiento indígena, la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y la conquista del reconocimiento como etnia de los pueblos afro, en el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993. Estos avances sociales y políticos de reconocimiento a nuestra diversidad étnica, cultural, religiosa y de género, consignados en la Constitución del 91, se vieron truncada con la presencia emergente de una nueva clase mafiosa que hizo uso del “conglomerado” narcotraficante para mantenerse aferrada al poder, con la complicidad de esa oligarquía que ha controlado las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial). Sirviéndose de las instituciones para financiar las campañas políticas y con el manejo burocrático de retornar los favores recibidos, la clase política tradicional fue labrando la pérdida de credibilidad en las instituciones. La “juntanza”, la “minga”, la “conversa” de un pueblo que se expresó incluso bajo el temor a los efectos de la pandemia del Covid-19, una nueva generación de muchachos y muchachas que, como les han quitado todo, para perder no tenía nada, las calles volvieron a ser habitadas en un hermoso matrimonio campo ciudad. El resultado final: un nuevo gobierno, un programa para hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”. Este es un momento de transición, la alternatividad ha ganado el Gobierno, pero el poder lo conserva la oligarquía, que mediante sus grandes medios de comunicación continúa su práctica a base de mentiras, determinadora de la opinión de los más desfavorecidos. De resaltar las palabras del presidente Gustavo Petro en el discurso del triunfo el 19 de junio del año anterior: "nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud". Con 20 senadores y 30 representantes a la Cámara, siendo la fuerza política más grande, no alcanza a tener la mayoría necesaria para la toma de decisiones, de ahí que el “acuerdo nacional”, conseguido inicialmente con varios partidos tradicionales, garantizaría el paso de las reformas estructurales, sin desconocer las lógicas fricciones, por ser estos beneficiarios de los anteriores gobiernos. El cambio, la mágica palabra que unió mayoritariamente a los colombianos votantes, avanza en su concreción, lentamente, primero diseñando para luego implementarse, no se puede opacar la destinación de un subsidio significativo para las mujeres cabeza de hogar con niños menores, el esfuerzo por volver lo público a la administración estatal, los derechos laborales dignos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la entrega de los dineros de la salud directamente a las IPS, en fin, éste, con sus errores y aciertos, es nuestro gobierno, así lo vemos desde el Cauca digno y rebelde. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 03 al 09 de abril La semana inició con un pronunciamiento del Comando Central del ELN que tituló Para que todos cumplamos, fechado el lunes 03 de abril. El pronunciamiento se hizo luego de una semana de duras críticas al ELN por el ataque a la patrulla militar en el Catatumbo y las múltiples reacciones ante este duro hecho militar de una confrontación que no para. En el primer punto del pronunciamiento, el ELN reafirma que son una organización cohesionada y que tienen una apuesta en común frente a los diálogos en curso con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “1. Para quienes hablan que no hay unidad en todo el ELN y que existen diferencias a nuestro interior y que nos aconsejan realizar consultas, les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la Delegación de Diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del Primer Ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso”. El segundo punto hace referencia a que se les quieren hacer imposiciones con presión "mediática": “2. A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un ‘cese el fuego multilateral’ sin haber sido pactado en la Mesa de Diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”. En el tercer punto expresan que han planteado en la mesa de diálogo y negociaciones con el Gobierno situaciones presentadas en la confrontación armada, de manera particular unos hechos en Buenaventura, donde el ELN afirma que siete de sus integrantes fueron asesinados fuera de combate. Consideran frente a los hechos del Catatumbo que hay una "inercia del conflicto", que tanto sus acciones militares como las de las fuerzas armadas gubernamentales deben ser analizadas. “3. A la Mesa de Diálogos enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del Cese el Fuego Unilateral de fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca, no hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común”. En el cuarto punto señalan las presiones mediáticas ante un conflicto que continúa y que se trata de superar mediante diálogos y negociaciones. Ante un conflicto armado vivo y por superar el ELN sigue actuando, así como lo hacen las fuerzas armadas gubernamentales. “4. Varios analistas y las empresas mediáticas del establecimiento como Caracol, RCN, Semana y Blu Radio han señalado que las Fuerzas Armadas gubernamentales son legítimas y pueden atacarnos y nosotros no. Así podría ser si el ELN no fuera una Organización Alzada en Armas contra el Estado, y en eso andamos ya 60 años. La realidad es esa y no podemos actuar de otra manera, esa es la realidad que estamos tratando de superar por medio del diálogo. Por eso acudimos a la Mesa y no usamos la estrategia mediática como la está usando el Gobierno”. El COCE del ELN insiste que los puntos de un cese bilateral al fuego (no hablan del amplio concepto de hostilidades) está acordado en la agenda y será tratado en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba. “5. Existe un Proceso de Diálogos en curso, donde hay una Agenda acordada, son temas que aún no han sido negociados, está previsto en el siguiente ciclo en Cuba poder trabajar el punto referido a Participación de la Sociedad y un Cese Bilateral al Fuego. Será en la Mesa donde los discutiremos, no haremos el juego para que temas de la Mesa se condicionen con una presión mediática, hay unos protocolos y normas pactadas que deben respetarse”. En el sexto punto hacen referencia a los diálogos regionales que se ha propuesto el Gobierno adelantar para escuchar las valoraciones y propuestas de las comunidades que siguen sufriendo la continuidad de esta violencia y resaltan la importancia de que el Gobierno no solo escuche sino cumpla con las demandas de estas regiones donde hay responsabilidades. “6. No es negativo que el Gobierno realice diálogos regionales para escuchar demandas a las comunidades en las regiones, pero que les cumpla, es la responsabilidad de los gobernantes, y lo primero que la sociedad que lo acompañó a las urnas espera es cumplimiento a los Pliegos que le entregaron un día antes de la posesión a Gustavo Petro y Francia Márquez”. Y en el séptimo se reafirman en que tienen interés en "trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones": “7. Para concluir, Colombia puede estar segura que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones, para que sea más democrática, más equitativa y justa. Estamos en función de trabajar por el diseño de la Participación de la Sociedad y avanzar a un Cese el Fuego Bilateral”. Aquí pueden leer el pronunciamiento del Comando Central del ELN: https://eln-voces.net/para-que-todos-cumplamos/ Y la semana culminó con una entrevista en la edición dominical de El Tiempo a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano para el proceso con el ELN. En esa entrevista Otty presentó los siguientes mensajes: "Creo que se impone la discusión en torno al cese del fuego porque otros temas importantes como la participación o las acciones de dinámica humanitarias son muy difíciles de hacer si ese asunto no está definido". "No vamos a esperar un cese del fuego definitivo y absoluto, sino uno que permita que la gente participe". "El tema de la participación está muy ligado con temas de democracia. Esta, por supuesto, propende a una discusión no puramente académica, sino que se trata de generar acciones que transformen los territorios en donde la gente está. Pero sin cese del fuego todo se vuelve muy difícil". "Creo que las declaraciones de Antonio García muestran disposición. De hecho, este tema del cese del fuego ya había sido pactado en el ciclo anterior". "Nosotros queremos que los diálogos transcurran de una manera cordial y transparente. Sin embargo, por lo que ha pasado en las últimas semanas hay unas dudas razonables que siente el país. La principal es si el ELN quiere o no la paz. O si quiere sentarse en una mesa para fortalecerse política y militarmente, y desde luego esa duda la tienen que resolver son ellos, a través de las palabras y de los hechos". "El tema del fin del conflicto tiene que ver con qué hacer con las armas, y desde luego hay muchas dudas de los guerrilleros que están en el monte". "Yo pienso más en el fin de los armados que en el fin de las armas. Esa tranquilidad hay que empezar a dársela también a las comunidades". "Ellos básicamente lo que relatan es una acción en Buenaventura donde hubo un ataque del Ejército contra un campamento de ellos. Qué fue exactamente lo ocurrido no está claro. Lo que ellos dicen es que hubo gente que se rindió y luego la mataron". "En este periodo de Gobierno no se está premiando la cantidad de sangre derramada ni la cantidad de vidas que se pierden, sino, por el contrario, se está valorando a las Fuerzas Militares es por las vidas que se salvan, y eso incluye guerrilleros". "La idea es que en la medida que vaya habiendo acuerdos, hay que ir buscando la manera de ir desescalando el conflicto, que las armas se vayan volviendo cada vez más inútiles, y por eso los procesos de cese del fuego y hostilidades tienen que ir aumentando su dimensión". "Como un elemento tranquilizador, pero también de apremio, nosotros les hemos planteado la necesidad de que hagamos los acuerdos lo más rápido que se pueda, para que la implementación empiece en este mismo periodo". "Yo creo que esta negociación debe ser el eje fundamental de la ‘paz total’. Creo que no lo hemos logrado, pero debería ser un eje fundamental, dado el carácter político que reclaman el ELN, y por tal motivo ellos deberían entender un poco la complejidad en la que se está". "Creo que va a haber una negociación de paz con ellos. Las negociaciones de paz no son fracasadas o exitosas porque entre ambos puntos hay una gama de posibilidades. Quiero que sea una negociación muy vital, que no sea solamente el desarme, sino que les brinde a las comunidades y a los propios exguerrilleros seguridad y posibilidades de desarrollo". El tono de la entrevista a Otty Patiño es mesurado, con argumentos y reflexiones sobre esta compleja negociación, lo cual muestra su talante de hombre reflexivo y de amplia experiencia para liderar el equipo de Gobierno y liderar este importante reto. En el intermedio de la semana se dio una álgida polémica y críticas a unas declaraciones del primer comandante del ELN, Antonio García, sobre una columna de la Periodista María Alejandra Villamizar, quien tiene una notable carrera tanto en el cubrimiento del conflicto armado, y que como funcionaria del Gobierno para las negociaciones con el ELN. De hecho, hizo parte del primer equipo negociador durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estas "amenazas" en su cuenta de Twitter: Este debate sobre las supuestas amenazas del primer comandante del ELN llevó a que Twitter cerrara su cuenta. Ante esta situación, Antonio García escribió el siguiente texto: “Democracia es abrir, no cerrar 6 de abril de 2023 por Antonio García. No es la primera vez que me cierran una cuenta en las Redes Sociales; esta vez, es una buena oportunidad para intercambiar sobre estos fenómenos informativos. Yo no he salido a decir mentiras por medio de mis mensajes o trinos, no he anunciado públicamente acuerdos que no se hayan pactado en la Mesa. Por el contrario salí a clarificar que se estaba mintiendo. Eso puede verificarse en lo que ha venido aconteciendo en la Mesa de Diálogos que tenemos con el Gobierno colombiano. Pienso, no es delito pensar o ¿también ya lo es?, es más delito mentir que aclarar que se está mintiendo. Es quizá eso lo que incomoda. Referido a los mensajes que ocasionaron molestias al Presidente Petro es conveniente revisarlos para mirar si estoy amenazando o intimidando. Los mensajes son los siguientes: << 1. A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. 2. Los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. 3. Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que "puño y puño no es pelea". 4. María Alejandra dice que "nadie es eterno en mundo", refiriéndose al ELN. 5. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: "sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver" >>. Conozco físicamente a María Alejandra y he conversado en persona, a Vicky no, pero he hablado en más de una oportunidad por teléfono, jamás las he ofendido o amenazado, además nunca me lo han dicho. Por el contrario, últimamente Vicky me ofrece una entrevista, cosa que agradezco. Sería bueno conocer si en alguna legislación del mundo es delito de amenaza decir que alguien se "le subió a la cabeza a otra". Desde niños lo usamos en nuestras familias cuando decimos a un hermano: "se te subió mi papá a la cabeza"; o en la escuela, el colegio o la universidad: "se te subió el profesor a la cabeza". También en las colectividades políticas se usará: "se te subió el jefe a la cabeza". Como no conozco en persona a Vicky, no podría decir si sea capaz de subirse físicamente en la cabeza de María Alejandra; tampoco considero que ella la deje subirse. Pero lo que digo sólo es simbólico, imaginativo, y son ellas quienes deben examinarse y ya. Si no soy objetivo pueden reírse de mis equivocaciones. Así es la vida. La broma, el chiste, la ironía tiene sus límites y debe usarse con cuidado y respeto; el mundo fuera otro si Cervantes no hubiese escrito a Don Quijote, el origen del mundo de la Novela. Incluso la poesía también tiene sus planos, que no son la realidad misma, sino que la crea y la recrea, la hace distinta, sin negarla. Los dos siguientes mensajes los entendemos los combatientes y valen para ambos bandos en una confrontación: "puño y puño no es pelea" o que "los dolores nos duelen a ambas partes". Ya el tema de la canción de Darío Gómez, lo colocó María Alejandra luego de llamarme "anciano" cosa que agradezco, pues es sinónimo de sabiduría, la tomo por el lado amable. Tome su gusto expreso, si me hubiese dicho que le gustaba Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti, Elton John u Juan Luis Guerra, hubiese salido, de pronto mejor. No me dio esa oportunidad, pues no me gusta la música de despecho, pero la respeto. Que por estos trinos se solicite que se me cierre la cuenta diciendo que estoy amenazando a alguien no es objetivo, pues con trinos no insulto a nadie, como me llaman algunas personas: Criminal, asesino, etc. Lo escucho y ya. Son decires y a nadie he amenazado por que me lo digan y hay muchos ejemplos. Existen otras personas, militares, políticos, empresarios más armados que yo que hablan y dicen cosas más graves que los chistes o bromas que yo expreso. Por estos medios y en mis intercambios sólo uso y usaré palabras, los que me han escuchado en espacios de interlocución podrán decirlo. Por fortuna, la filosofía que se dice sustenta las redes sociales es una oportunidad de darle voz a las personas y permitir que su voz se pueda dejar escuchar. Es lo que he oído decir y en eso tendrá la palabra Elon Musk, maestro en estas lides, voz y autoridad en Twitter. La democracia es abrir y no cerrar la oportunidad de escucharnos”. El Domingo 09 de abril María Alejandra Villamizar escribió esta columna en el diario El Espectador. Aquí la pueden consultar: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/maria-alejandra-villamizar/el-eln-ya-hizo-todo-menos-la-paz/ Por último señalar que la delegación de Gobierno le propuso al ELN realizar una reunión antes del tercer ciclo y el ELN no estuvo de acuerdo. El tercer ciclo está programado para iniciar el 02 de mayo en La Habana. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo Los líderes de los partidos Conservador y Liberal, Efraín Cepeda y César Gaviria, llevarán a cabo reuniones separadas con sus respectivas bancadas para analizar la propuesta de reforma de la salud presentada por el Gobierno, la cual ha sido objeto de diversas críticas. Recordemos que el Partido Liberal, seguido del Partido de La U y luego del Conservador, se retiraron de la discusión de la reforma de la salud. Estos dos últimos partidos debido a que el último borrador presentado no incluyó nada de lo acordado con el Gobierno en las reuniones previas. Se tiene previsto que la reunión del Partido Conservador se lleve a cabo el martes 11 de abril, mientras que la del Partido Liberal tendrá lugar el miércoles 12 de abril. Durante estas reuniones, los líderes de cada partido evaluarán la posibilidad de adoptar una postura unificada en relación al tema en cuestión. Es importante destacar que se buscará establecer una línea de acción clara y coherente en ambos partidos. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que en estas reuniones posiblemente no solo se aborde el tema de la reforma a la salud, sino que también se discutirán las estrategias que cada partido adoptará para afrontar los debates sobre las reformas pensional y laboral, además de la reforma penitenciaria y la ley de sometimiento. Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, evaluará la posibilidad de que la bancada de su partido actúe con la ley de bancada en relación a la iniciativa del Gobierno. Por su parte, César Gaviria, director del Partido Liberal, sostendrá dos reuniones separadas el día 12. A las 4:00 p.m se reunirá con los senadores y a las 6:00 p.m con los representantes a la Cámara, con el fin de reafirmar la decisión de no apoyar el proyecto presentado por la ministra Carolina Corcho. En una declaración reciente, Gaviria señaló que la posición de su partido “siempre ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud”. Según Juan Alejandro Pérez, en estas reuniones es probable que los líderes de los partidos llamen a la orden a los miembros de sus respectivas bancadas y se negocie en grupo y no de manera individual. Esto significa que es posible que se exija que la votación a la reforma a la salud sea en bancada. A pesar de que esta reforma no ha sido bien recibida por algunos partidos, incluidos los Liberales y los Conservadores, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud, Jaime Urrego, señaló que es necesario cambiar el sistema de salud y que se aceptan críticas y aportes. Asimismo, destacó la importancia de la construcción democrática y el fortalecimiento institucional en este proceso. Cabe añadir que entre los puntos claves de la reforma a la salud, se destaca la descentralización de la ADRES, entidad encargada de administrar los recursos del sector salud, para fortalecer el mecanismo de giro directo hacia clínicas y hospitales del país. Además, se plantea la creación de un sistema de información que haga público en qué y cómo se gastan los recursos que se invierten, con el fin de atacar el robo de recursos en el sector. Otro punto importante es la eliminación de las EPS y la implementación de los Centros de Atención Primaria como primer contacto del paciente con el sistema de salud. Para ello, se prevé establecer más de 2.500 centros de salud que atenderían a alrededor de 20.000 colombianos cada uno. Sin embargo, esta propuesta ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que se refiere a la estructura de planta y personal de cada centro. Según el análisis de Juan Alejandro Pérez, el gobierno Petro enfrenta un desafío para reconstruir la confianza de su coalición. Pérez sugiere que si el Gobierno quiere que la reforma sea aprobada, deberá replantear su manera de negociar y priorizar los proyectos de ley, incluyendo la ley de sometimiento, la penitenciaria, la laboral y la de salud. Según el asistente de investigación, el Gobierno debe entender que en este momento hay una "tormenta" de situaciones que deben replantearse y estudiarse, como la seguridad, especialmente con las elecciones locales programadas para octubre. Juan Alejandro Pérez también indicó que existe la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias para discutir en mayor detalle proyectos como la reforma de salud. En caso de que esto suceda, es probable que las sesiones se lleven a cabo a finales de junio o mediados de julio, pero dependerá del desarrollo de los debates en los próximos días.

Por: Katerin Erazo, Catalina Lema y con la colaboración de Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN) La crisis climática es la principal amenaza que enfrenta la humanidad en la actualidad, según las conclusiones del  Informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), pues este fenómeno afecta directamente los medios de vida que tiene la especie para garantizar su supervivencia y bienestar, como son la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, entre otros. Colombia, por su grave situación en materia de seguridad y por la brecha de desigualdad, es uno de los países con menor capacidad de adaptación al cambio climático. Esto lo ubica dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, según Pacto Global[1]. Una de las estrategias más aceptadas y recomendadas en las instancias internacionales para abordar la crisis climática es la descarbonización, que consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir de forma significativa y sistemática las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN). Estas estrategias implican el replanteamiento de varias actividades económicas, especialmente las que dependen de la explotación de carbón e hidrocarburos para la generación de energía, responsables del 50% de las emisiones totales de GEI, así como las dependientes del modelo de producción agrícola actual, responsable de cambios en los suelos y del 14% de las emisiones de GEI. El aporte de Colombia a las emisiones globales de GEI es muy bajo, pero el país tiene alto riesgo de que los efectos globales de este empeoren las condiciones de pobreza, desigualdad y riesgos en materia de seguridad. Estas condiciones responden a dinámicas económicas dentro del modelo extractivo, que se han llevado a cabo de manera irregular y en detrimento de los derechos, especialmente de comunidades indígenas, mujeres, afro y jóvenes. La línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento a conflictos socioambientales relacionados especialmente con la explotación de carbón en el país. Esta actividad ha llevado a la vulneración de los derechos de quienes habitan en los territorios en donde se desarrolla la explotación de carbón. Al igual que otras actividades de explotación de los suelos, que contribuyen a la emisión de GEI, la minería de carbón a de los suelos ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola a partir de procesos de desplazamiento forzado y despojo. Por esto, urge que el país redirija su economía hacia una transición justa frente a la crisis climática. Minería de carbón y conflictos socioambientales El carbón es uno de los principales insumos para la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento (materia prima para la construcción de infraestructura) y la producción de combustibles líquidos. Todas ellas, actividades necesarias para el sostenimiento de la forma de vida actual. En Colombia, la explotación carbonífera ha estado asociada a la alianza económica entre algunas élites políticas e inversionistas extranjeros en el país, pero no necesariamente ha implicado un crecimiento económico en las regiones. En cambio, ha generado procesos de desplazamiento forzado, despojo, afectación al acceso a los servicios públicos y ecosistémicos. Esto ha derivado en una alta conflictividad en los territorios con explotación de carbón y en entorpecimientos a la implementación de los varios intentos de reforma agraria en el país. Consecuentemente, ha afectado el desarrollo de otras actividades de subsistencia como la agricultura. Casos como el documentado por la Comisión de la Verdad sobre las tierras concesionadas en La Jagua de Ibirico, Cesar, han develado el funcionamiento de alianzas entre empresas carboníferas y grupos paramilitares. Estos últimos se encargaban de la expulsión de los habitantes de los territorios de interés para las empresas y, posteriormente, estas podían adquirir las tierras a muy bajo precio. De la misma manera, una investigación realizada por el CINEPP encontró que predios del sur de La Guajira, que habían sido adjudicados a beneficiarios de la reforma agraria, fueron transados para que la vocación de sus suelos para uso agrícola cambiara por la de explotación de carbón a gran escala. Estos predios fueron también adquiridos por mineras y despojados de su objetivo inicial para la titulación campesina. Esto, mediante procedimientos irregulares de la institucionalidad encargada y aún a costa de las grandes pérdidas que la actividad extractiva había generado y que tuvieron que ser asumidas por el Estado. Las concesiones fueron impulsadas por los gobiernos especialmente entre los años 70 y 90, en un afán por demostrar resultados inmediatos en materia económica, a costa de los estudios ambientales y sociales previos. En años recientes, y desde inicios del presente siglo, las organizaciones sociales de las comunidades cercanas a las minas han desarrollado procesos de movilización social y participación ciudadana para detener los impactos de la actividad minera. Sus principales consignas son el acceso al agua potable y la destinación de suelos para usos agrícolas. También, se suman a estas, las demandas por los derechos de los trabajadores de ese sector. La pérdida de los medios de subsistencia es una realidad y una preocupación permanente para las comunidades cercanas a las minas. En 2022, las comunidades del municipio de Barrancas, sur de La Guajira, junto al movimiento sindical, realizaron bloqueos a la operación de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; los bloqueos fueron levantados tras la instalación de una mesa técnica para el abastecimiento de agua en La Guajira, como una nueva acción para dar cumplimiento a las sentencias que ya han regulado el asunto previamente pero que no han sido acatadas debidamente. En San Vicente de Chucurí, Santander, la Resistencia Ante la Minería y el Extractivismo (RAME) y otras organizaciones sociales se han movilizado en contra de nuevas pretensiones empresariales de realizar minería de carbón a cielo abierto. En este y municipios aledaños, desde 2005 opera la mina San Luis, a cargo de Cymcol Ingeniería S.A.S., que realiza explotación de carbón a cielo abierto y subterránea. De acuerdo con líderes territoriales, la concesión minera en San Vicente abarca zonas de interés turístico y de vocación agrícola. La actividad extractiva de carbón afecta el desarrollo de estas actividades económicas, así como otras formas de vida relacionadas con la protección ambiental, que la comunidad ha buscado impulsar en el Plan de Manejo Básico Territorial. Además de las afectaciones ambientales, territoriales y a la salud de las comunidades, grupos armados han violentado a las organizaciones y líderes que se oponen a la minería de carbón y a otras economías extractivas. ¿Puede la descarbonización ser una aliada de la paz? A parte de ser una apuesta por la mitigación de emisiones de GEI, en países como Colombia, con alta conflictividad asociada a las economías de explotación, la descarbonización se presenta como una oportunidad para desescalar la violencia y saldar la deuda histórica con las comunidades más afectadas por estas actividades. En ese sentido, su implementación debe estar alineada con los conceptos de seguridad humana y seguridad alimentaria a nivel local, territorial y nacional. Las estrategias, proyectos e iniciativas en pro de la descarbonización tienen un respaldo internacional y legal en los compromisos adquiridos por Colombia y otros países a través de acuerdos internacionales y locales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). A nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050) describe 9 pilares para cumplir con lo pactado en estos acuerdos: el conocimiento y la gobernanza climática, la gestión integral de la biodiversidad, la producción y el consumo sostenible, una transición justa para la fuerza laboral, el desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones, el desarrollo urbano integral en las ciudades-región, la diversificación de la matriz energética, y la movilidad e infraestructura sostenibles. Sumado a ello, después de un largo proceso impulsado principalmente por organizaciones de la sociedad civil y defensores ambientales, en 2022 Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú. Este pacto plantea mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana equitativa, que pueden ser aplicados en la construcción de las estrategias de descarbonización en el país, lo que puede no solo ayudar a disminuir la crisis climática que vive Colombia, sino también puede llegar a frenar el conflicto armado que ha sido otra de las grandes problemáticas por la que ha pasado Colombia. [1] https://www.pactoglobal-colombia.org/news/colombia-esta-entre-los-11-paises-mas-vulnerables-a-la-crisis-climatica-ee-uu.html#:~:text=Los%20once%20pa%C3%ADses%20son%20Colombia,tienen%20la%20capacidad%20de%20adaptarse%E2%80%9D.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En respuesta a la matriz mediática que está girando alrededor de la idea de una crisis de seguridad nacional, la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta suinforme Mitos y realidades de la Paz Total, con datos y tendencias sobre la violencia en Colombia desde el año 2019 hasta la actualidad, analizando las cifras de violencia homicida y otros repertorios de violencia asociados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, los homicidios de líderes y lideresas sociales, las minas antipersona y los eventos de restricciones a la asistencia humanitaria. Variación de homicidios El análisis de los homicidios es uno de los indicadores básicos para medir la temperatura de la seguridad a nivel nacional. La violencia homicida viene en aumento en el país desde el año 2021, cuando se presentaron 25.530 casos, un 17% más que en el 2020 (21.870 casos). En 2022 se presentaron 25.850 homicidios, un punto porcentual más que en 2021. Aunque la variación porcentual de homicidios de 2021 al 2022 no es alta, hay que destacar que en algunos departamentos los homicidios crecieron de manera considerable, como en el caso de Arauca, cuya variación fue del 109% (190 homicidios en 2021 y 398 en 2022). En este departamento el repertorio de violencia no sólo es incremental, sino que da cuenta de la disputa armada entre grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y el ELN. En otros departamentos como Bolívar, cuya variación de homicidios 2021-2022 fue del 43% (457 casos en 2021 vs. 652 casos en 2022), el número de casos se concentra en la ciudad de Cartagena, que varió un 51% (245 casos 2021 vs. 369 casos 2022), pero esto no responde necesariamente al accionar de grupos armados organizados, sino más bien a un fenómeno de extorsión y amenazas por parte de bandas delincuenciales. Desplazamientos forzados, reclutamiento de NNA, confinamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales A nivel nacional el desplazamiento forzado, medido en hechos victimizantes, y las denuncias por utilización de menores decrecieron en un 12%. Sin embargo, departamentos como Arauca y Vichada registran hechos muy por encima del promedio nacional, siendo Arauca el departamento más afectado con un incremento del 568%, lo que da cuenta nuevamente del intenso conflicto entre disidencias y ELN. En el caso de la utilización de menores, si bien hay decrecimiento en las denuncias, de acuerdo a la información de organizaciones sociales y de derechos humanos en terreno, esta situación obedece a una disminución de la denuncias debido a las diferentes barreras de acceso para interponerlas y la creciente violencia en contra de autoridades y liderazgos indígenas, que en departamentos como el Cauca son quienes más se resisten al reclutamiento forzado y a la utilización de niños, niñas y adolescentes. La tendencia nacional del confinamiento también lleva una curva ascendente desde el año 2016 con el peor incremento del 2019 al 2020, cuando se presentó una variación del 122%. De 2020 a 2021 hubo una disminución del 29% de los casos (44.285 casos en 2020 a 31.253 en 2021), y se presentó un leve incremento a 2022 del 5% (32.688 casos). Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales se registra una curva similar. Un pico en 2020 con 233 casos, que cayó a 136 casos en 2021 (-39%) y que subió a 180 en 2022 (variación del 32%). Si bien comparativamente el 2022 tuvo un mejor desempeño con respecto a las cifras presentadas durante el 2020, también es evidente que la tendencia de homicidios contra líderes y lideresas sociales aumentó ostensiblemente con respecto al año inmediatamente anterior 2021. Si analizamos cómo se distribuyó territorialmente el asesinato de líderes y lideresas podemos observar que este flagelo se presentó en al menos 29 de los 32 departamentos del país, concentrándose específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. Estos seis departamentos concentran el 60% de toda la violencia contra los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Una diferencia considerable en relación con otras zonas del país. Sobre las acciones de la fuerza pública Durante el 2021 y el 2022 el repertorio de acciones de la fuerza pública tuvo disminuciones pequeñas en acciones como la incautación de marihuana y minas ilegales intervenidas, que es natural en años de cambio de gobierno. Entre los resultados operativos que se incrementaron está la incautación de clorhidrato de cocaína. Respecto a los homicidios contra miembros de la fuerza pública se continuó la tendencia a la baja, registrando una disminución de seis homicidios del 2021 al 2022 y de 27 eventos de lesión. Ceses al fuego Aún no existen estadísticas consolidadas que permitan afirmar con certezas hasta qué punto los ceses al fuego existentes se cumplieron. Sin embargo, a partir del monitoreo de Pares se pueden observar puntos de inflexión que dan luces al respecto. Los ceses al fuego tuvieron problemas de diseño desde un inicio, en tanto al no estar acompañados de mesas de negociación instaladas, la verificación se dificultó. Otro error de diseño que se advirtió desde la sociedad civil fue que la firma de ceses al fuego bilaterales no implicaba desescalamiento de la violencia contra civiles, en tanto una de las principales causas es la disputa violenta por el control territorial de grupos enfrentados entre sí. De esta forma, los incentivos eran completamente insuficientes. Algunos análisis y conclusiones Este análisis encuentra que si bien es importante atender de forma urgente la crisis de seguridad y violencia en Arauca, Chocó, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, y en general en todos los territorios en disputa, la matriz mediática que señala una crisis general de seguridad nacional no es acertada. Por el contrario, el país sigue con tasas de mejora en varios de sus departamentos y ciudades. De igual forma, la fuerza pública ha continuado activa, aunque es necesario recuperar credibilidad en la presencia territorial de la misma. Desde el punto de vista de la política de paz, muchas son las recomendaciones y virajes necesarios, porque está claro que los errores de diseño, sumados a un exceso de expectativas hacia los actores armados y baja capacidad operativa del gobierno, sí han producido escenarios de violencia multi-actor que son sumamente delicados de manejar, como en el caso de Arauca, o como lo fue en el Bajo Cauca Antioqueño durante el paro minero. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas, los análisis y contextos, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta columna de opinión, que tiene aires de reseña de libro, está dedicada a presentar la antología de textos Un país por descifrar, publicado este año por el sello Editorial Universidad de Antioquia con apoyo del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad. El libro hace parte de la Colección Claves Maestras, con la que la editorial busca recoger las voces escritas y los pensamientos de las profesoras y los profesores más destacados e influyentes de esta alma mater, la misma que este año cumple 23 décadas de existencia. En este se recogen 120 columnas de opinión que la maestra María Teresa Uribe de Hincapié publicó en el periódico El Colombiano entre 1985 y 1987. Son escritos en los que se analiza un momento crucial de la historia política del país: acoge hechos tan trágicos como la Toma del Palacio de Justicia, que dividió la historia del país y sirvió para contar, a partir de allí, las víctimas del conflicto armado; o el protagonismos que alcanzó el narcotráfico como combustible del motor de la guerra en el país. La manera como está organizado el texto –en cuya división participaron varios profesores de la casa de estudios de la que hizo parte la maestra– tiene la virtud de mostrar la vigencia de su pensamiento. Pues proponen una división de temas que recoge asuntos de interés general, como los asociados al conflicto armado y las negociaciones de paz; al igual que asuntos de cultura política y ciudadana, vinculados a las transformaciones que durante ese tiempo se estaban dando en torno a la descentralización administrativa de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Igualmente, es un texto que tiene un interés para públicos más específicos: aquellos que buscan siempre, en los escritos de la maestra, sus grandes contribuciones al análisis del conflicto armado y la construcción del Estado nacional en Colombia. Las reflexiones que María Teresa realiza las hace en un momento histórico que le permitieron ahondar en sus intereses académicos, pues se estaba gestando la descentralización del poder y forjando otros relacionamientos regionales; además, las violencias y las guerras estaban generando transformaciones en las acciones colectivas y los derechos de la ciudadanía. En síntesis, aunque son textos que están escritos para una coyuntura específica, llama la atención la actualidad del pensamiento de la columnista. Allí encontrarán asuntos casuísticos y aleatorios como “De volcanes, atentados y revelaciones” donde habla de la tragedia dejada por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz en noviembre de 1985, que coincide con la alerta naranja que hoy estamos viviendo. También, como temas estructurales y no superados, asociados a las múltiples guerras que hoy persisten o al asesinato de líderes sociales y políticos, está “El tiempo del exterminio” sobre el genocidio de la UP. Fueron cerca de tres años de continua reflexión que sirvieron a la profesora para presentar sus análisis en temas muy diversos. Quedando evidenciado su amplio saber de la realidad colombiana y también su habilidad para abordar los temas que deberían estar en la agenda pública. Por ejemplo, en sus artículos sobre Mujeres y Feminismo  (pp. 237-252) habló de “El decenio de la mujer” y en el fortalecimiento del movimiento feminista en Colombia, además del “reto de consolidar y hacer cumplir las determinaciones adoptadas en el país durante el decenio” (p. 241). Incluso, a la maestra le quedó tiempo, en aquellos años de turbulencia, para reflexionar sobre su amada alma mater y criticar “La soledad de la Universidad” y la violencia contra la comunidad académica, al igual que la necesidad de defenderla, pues en la primera semana de agosto de 1987, en la Universidad de Antioquia, “en menos de diez días habían muerto cinco estudiantes y dos profesores” (p. 355). Valiosas reflexiones in situ que le sirvieron a la profesora para que, una década después, la invitaran los directivos de la Universidad a reconstruir su historia, la cual en 2003 celebró sus primeros dos siglos de existencia. Son escritos cuidadosamente elaborados, con títulos llamativos en los que se nota, en su trabajo, el esfuerzo por usar metáforas y analogías —como “El aprendiz de brujo” y “Las dos caras de Jano”—, o dichos populares —como “Contame más bien cuentos de vivos” o “En un bosque de la China…”— para llegar, con un lenguaje sencillo, a un público más amplio. Con lo que queda demostrado, una vez más, el compromiso de la profesora como intelectual con el país y con desarrollar una escritura “tranquila, clara y sumamente provocadora” (p. 16), como lo señala su compañera de trabajo y presentadora del libro, la profesora Liliana López. Son 12 secciones y 120 columnas de opinión que, durante cerca de tres años, sirvieron a la profesora para hacer una mirada crítica del país. En Un país por descifrar nos encontramos con un texto que ayuda a descubrir los hilos del poder en Colombia y que debido a su potencia analítica muy bien podría haberse llamado “Descifrando un país”, título que la profesora no hubiese aceptado debido a que —como dice la profesora López— atesoraba “el valor de la humildad” y tenía un constante deseo de dejar planteadas hipótesis y no solución de casos. En conclusión, este es un bello libro con el que la Editorial Universidad de Antioquia hace un homenaje a una profesora y líder intelectual, que abandonó su cuerpo en enero de 2019, pero que supo con sus palabras y reflexiones quedarse para siempre entre nosotros. Supo con su don de maestra ganarse el respeto de todos y convertirse en “la figura de intelectual que marcó el rumbo de los estudios politológicos en el país” (p. 13) y que hoy continúa guiando con su prosa rigurosa y pensamiento crítico la mente de muchos analistas que siguen sus trabajos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.