Por: Walter Aldana Político Social Alternativo En los últimos 20 años, más como promesa que como realidad, durante los periodos de campaña los candidatos y candidatas han predicado la "lucha frentera" contra la corrupción, que en lo público afecta al erario, la calidad de vida y el diario vivir de los colombianos y caucanas todos. Los anuncios de meter en cintura la manera descarada de robar y el actuar antiético de los corruptos fueron seguidos de la promulgación de las leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022, y la creación de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación que se sumaría a las funciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. A la cabeza de esa unidad, el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira designó a Luis Gustavo Moreno con la pomposa definición de "zar anticorrupción". El resultado no pudo ser peor, aunque sí esperable: más de cincuenta billones de pesos por año se perdieron por la corrupción en la institucionalidad, mientras el gran "zar", quien se mostraba como máximo exponente de la ética, se lucraba cobrando coimas por cerrar procesos contra corruptos, y terminó preso el 07 de marzo de 2018. De buena fe se creyó que las medidas adoptadas pondrían el tatequieto a tan abominable práctica, pasando por alto que quienes hacen las leyes y el ejecutivo que las propone mayoritariamente tienen vínculos con la clase comerciante e industrial que les financia sus campañas políticas con la aspiración de ser favorecida con normas de su conveniencia. Por ello es entendible que el referendo contra la corrupción se haya perdido el 26 de agosto de 2018, cuando participaron solo 11 millones de las 36 millones de personas aptas para votar, no logrando configurar el 51% necesario para ser aprobado, quedando ante el mundo como un país tolerante con la corrupción y haciendo evidente la inmensa influencia de la clase oligárquica por medio de los grandes medios de comunicación bajo su control. Como complemento a las normas anticorrupción, el establecimiento creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP 1), que obliga a los entes territoriales y a los institutos descentralizados a subir a esta página su historia de contratación, lo que hizo creer que era otro paso más en la brega por el uso limpio de los recursos públicos. Para tranquilizar a las ciudadanas y ciudadanos y dar apariencia del "compromiso de los gobernantes" con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, se creó el SECOP 2, que en esencia es la posibilidad que tiene el proponente y el ciudadano de ser visibles en los procesos de contratación. Ahora bien, si existen los mecanismos para ejercer control, ¿por qué no funcionan y aumenta la corrupción? La respuesta es sencilla: el veneno está en los pre pliegos y los pliegos en los que se amarran los contratos entre administradores y proponentes corruptos y, siendo así, todo control se hace sobre lo perversamente determinado. Contratistas que hacen los pliegos, consorcios o uniones temporales que compran contratos o pagan para que otros no se presenten y veedurías con poca capacidad técnica, enfrentadas al gobernante por no haber votado con él, son el telón de fondo de la corrupción rampante que desangra los presupuestos públicos y condena a los más vulnerables al desamparo oficial. Finalmente, tres cosas debemos hacer en el departamento del Cauca al respecto: formular una política pública de transparencia; crear nodos especializados de veeduría, formados, capacitados y participando desde la identificación de la necesidad hasta la ejecución de los proyectos; e impulsar ferias de contratación que son, ni más ni menos, la socialización de las oportunidades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La defensa de los derechos humanos es una labor fundamental y necesaria en cualquier sociedad democrática, pero también es una tarea peligrosa, especialmente en regiones donde existen conflictos socioambientales y económicos. En este sentido, resulta de gran importancia destacar la labor que hacen las personas en defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto latinoamericano que vive democracias aún frágiles y con múltiples violencias. Este es el trabajo que hace el Observatorio para la Defensa de la Viuda (Odevida) en Colombia, Perú y Venezuela, y en esta nota queremos destacar los informes recientes de Odevida Perú. Uno de los recientes informes hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, y Entre Pueblos, para Odevida, titulado Luchas y desafíos para la protección efectiva de defensores y defensoras de DDHH en Cajamarca, Perú, publicado el 20 de febrero, menciona que en el departamento de Cajamarca, Perú, la labor de los defensores y defensoras de DD.HH. enfrenta grandes riesgos debido a la oposición de sectores económicos poderosos y la falta de protección estatal efectiva. En este informe también se destacan los principales escenarios de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos en esta región, además revela que desde el año 2004, 13 defensores y defensoras han perdido la vida en el departamento de Cajamarca, principalmente en contextos de protesta social. También asegura que los ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos han ido en aumento en los últimos años. El documento también señala que la violencia y las amenazas no solo se dirigen a los defensores y defensoras en sí, sino también a sus familias y comunidades. Por tal razón se menciona la importancia de proteger a quienes trabajan para garantizar los derechos humanos en la región. Según la investigación, esta población enfrenta una serie de riesgos, incluyendo la intimidación, violencia física, amenazas, discriminación y la criminalización. Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentra la falta de protección efectiva por parte del Estado, ya que a pesar de que el Estado Peruano ha establecido medidas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, estas medidas no se implementan de manera efectiva en la región de Cajamarca. Además, se registró que hay una falta de recursos y de capacitación para las instituciones encargadas de proteger a los defensores y defensoras. Cabe añadir que las mujeres defensoras de derechos humanos en la región enfrentan mayores riesgos debido a su género y al trabajo que realizan. Según la investigación, las mujeres defensoras sufren discriminación, acoso y violencia sexual, lo que limita su capacidad para ejercer su labor de defensa de los derechos humanos. Esta situación es la que se denuncia en otro informe de Odevida Perú titulado Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género, publicado el 16 de marzo de 2023, en el que se destaca la importancia de diseñar sistemas integrales de cuidado que tengan como objetivo la universalización en el acceso y la calidad de los servicios, basados en la corresponsabilidad social y de género. Además, llama la atención sobre la necesidad de crear conciencia respecto a la contribución valiosa de las defensoras de derechos humanos para la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad y el sostenimiento de la democracia. Este informe también señala la importancia de respetar los estándares internacionales de derechos humanos en las iniciativas de ley que se propongan o aprueben y de revisar y mejorar la formación de las y los abogados y de los efectivos policiales, incorporando la enseñanza y valor de los derechos humanos y la atención especializada en violencia de género. En resumen, el informe destaca la necesidad de abordar las desigualdades de género en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y de fortalecer los sistemas de cuidado y protección de los derechos humanos. Frente a esta problemática que resaltan ambos informes, se destaca que es fundamental diseñar sistemas integrales de cuidado que permitan el acceso universal y de calidad a los servicios, con una corresponsabilidad social y de género. Otras de las recomendaciones que señala Odevida Perú es incluir la generación de un mecanismo para exigir la debida diligencia empresarial; la promoción de una reforma normativa para considerar la criminalización como una forma de agresión; el fortalecimiento de medidas de protección y el acompañamiento para las personas defensoras criminalizadas, y la atención de todos los casos de violencia contra ellas. Además, sugiere fortalecer la gobernanza del Mecanismo Intersectorial con la participación de la sociedad civil y los poderes del Estado y asimismo incorporar avances importantes en el Plan Regional a la "Ruta de atención en violencia de género con enfoque territorial"; aprobar un protocolo sectorial para brindar protección a las defensoras y fortalecer la respuesta frente al acoso virtual. Por otro lado, en el informe Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género también se resalta la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de las defensoras de derechos humanos en la realización de los derechos de las mujeres y la democracia. Entre las recomendaciones, este informe destacó la importancia de que el Parlamento respete los estándares internacionales de derechos humanos al proponer y aprobar iniciativas de ley, y que los abogados y efectivos policiales reciban formación en derechos humanos para identificar posibles vulneraciones de derechos y desactivar las masculinidades hegemónicas que reproducen la violencia de género. Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le dijo a Pares que algunas de las recomendaciones frente a esta problemática contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú es que el Estado Peruano debe investigar los crímenes contra los derechos humanos, sancionar a los responsables, terminar con los estados de emergencia y la militarización de algunas zonas del país. Miguel Jugo también señaló que es importante realizar las acciones políticas dirigidas a resolver la crisis política, una de ellas es el adelanto de las elecciones. Finalmente, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recomendó a la sociedad que exija al Estado el respeto al estado de derecho, al equilibrio de poderes y a las organizaciones autónomas, tales como el Sistema Electoral y la Defensoría del Pueblo, así como al Poder Judicial y al Ministerio Público para lograr verdad y justicia. “También se recomienda al Ejecutivo la reparación a las víctimas, la reforma de los servicios de seguridad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la búsqueda de una solución política para resolver la crisis”, puntualizó Miguel Jugo.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad. Hacia un cambio de la política antidrogas; un Brasil garante de la.paz en Colombia y el estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias.” Eso escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter el 02 de enero de este año, al momento de la ceremonia de inauguración del presidente Lula, en Brasil, por su tercer mandato. Los dos países vivieron al tiempo un cambio político similar. De Bolsonaro a Lula en Brasil y de Duque a Petro en Colombia. Cómo constató el profesor Mauricio Jaramillo en entrevista a Contra Reloj: “Petro ha despertado en el progresismo latinoamericano una suerte de expectativa muy grande”. En efecto, la conexión entre Petro y Lula ya se había mostrado fuerte incluso antes que Petro fuera electo por el pueblo colombiano. En uno de sus discursos, Lula dijo que, por más que no estuviera acostumbrado a interferir en elecciones en el extranjero, pedía que los y las colombianas votaran por Petro “para que desde octubre, Brasil y Colombia puedan unirse a otros países y construir una América del Sur fuerte, con integración política, económica, cultural, para que tengamos un bloque muy fuerte para negociar con otros bloques en todo el mundo”. Los dos países poseen un histórico de aproximación también en las gestiones anteriores de Iván Duque y Jair Bolsonaro. El 19 de octubre de 2021 firmaron siete acuerdos de cooperación en Brasilia. Esos acuerdos se suman a unos memorandos de entendimientos —que se pueden entender como un compromiso futuro de cooperación en determinadas áreas— y una carta de intención, en un total de 15 instrumentos oficiales entre los dos países. La cooperación Colombia-Brasil, aunque se presente robusta en número de instrumentos, todavía no se ha traducido ni por Petro ni por Lula en hechos. Ambas gestiones enfrentan ahora retos en sus gobiernos. Petro con el hundimiento de la reforma política y la dificultad de la Paz Total, así como las tensiones alrededor de las reformas de los sistemas de salud, laboral y de pensiones que están en discusión, y Lula con obstáculos en la gestión de la economía y dificultades para componer y mantener la mayoría para la aprobación de reformas importantes como la tributaria, prometida por su ministro de Economía, Fernando Haddad. Se entiende que en este contexto la cooperación regional no sea una prioridad en la agenda de los dos países. Sin embargo, una cooperación en la región amazónica ofrece una oportunidad de integración a bajo costo que puede aproximar A los dos países y conferirles protagonismo en el escenario latinoamericano. Si bien hablar de la Amazonía es siempre un asunto sensible en el escenario internacional y regional, el diálogo Colombia-Brasil se facilita por una serie de factores coyunturales. Primero porque las políticas de frontera brasileras son coordinadas bajo el concepto de “faixa de fronteira” que agrupa los países vecinos a Brasil en tres grandes arcos: Norte —involucrando desde las Guayanas hasta Perú—, Central —Bolivia y Paraguay— y Sur — Paraguay, Argentina y Uruguay—. En el arco Norte, Colombia y Brasil se constituyen como las dos mayores economías. Además de eso, hay un reconocimiento en Brasil de problemas en común que enfrentan los dos países en la región, como “incursiones de mineros brasileros y extranjeros, acción de redes internacionales de tráfico de cocaína y pasta de coca, cercanía con áreas del conflicto colombiano y una incertidumbre en relación al comportamiento indígena en relación a estas cuestiones”. Ahora que los gobiernos de Colombia y Brasil se acercan ideológicamente, se presenta una posibilidad de desarrollo regional. Es cierto que coordinar políticas en esta región es algo complejo que demanda una gran cantidad de capital político, que necesitaría también coordinar y definir conjuntamente cuestiones que en cada nación de por sí ya son complejas, como el status de tierras indígenas, el desarrollo y la transformación. Sin embargo, podrían formularse cooperaciones para la región amazónica que sean sencillas, no demandarían mucho capital político —una vez que son espacio común entre los países— y permitirían un protagonismo colombiano y brasilero en una iniciativa que resonaría en el contexto latinoamericano y que podría por fin colaborar a la integración y fortalecimiento regional, algo a lo cual ambos gobiernos aspiran. Una de esas posibilidades se encuentra en el intercambio de tecnología. Brasil empezó a utilizar satélites para monitorear y señalar operaciones de minería ilegal en su territorio. Esta nueva metodología mostró resultados de caídas de hasta el 78% de nuevas alertas en sus territorios. Una cooperación tecnológica tiene beneficios adicionales también, además de su simple utilización. El uso de herramientas tecnológicas permite un rebosamiento en el desarrollo de diversas áreas. Es un efecto secundario del intercambio de tecnología, distintas áreas están vinculadas y todas se desarrollan de la mano. En esta situación, un desarrollo en tecnologías de vigilancia por satélite trae beneficios no solo en el empleo y coordinación de satélites, sino que se suman beneficios para las telecomunicaciones, para sectores de alta tecnología y conlleva beneficios que se pueden traducir al área de seguridad nacional. La cooperación Colombia-Brasil enfocándose en la Amazonía sería además un fuerte impulso para la cooperación e integración latinoamericana. Si bien Colombia ya se hace presente en 14 de los 18 bloques que componen el sistema Interamericano de integración regional y subregional según la CEPAL, hace mucho tiempo, el país tiene dificultades en protagonizar esfuerzos de integración regional. Se puede entender que, por largo tiempo, Colombia y sus presidentes estuvieron justamente ocupados con las consecuencias de su conflicto interno, sea en el combate a los narcos, o en el conflicto con las guerrillas, los retos presentados en el escenario doméstico dificultaron la acción internacional más allá de este ámbito. Sin embargo, hay señales por parte del presidente Petro recientemente de que, con el desarrollo de la Paz Total, es hora buena de que Colombia empiece a tener un protagonismo mayor en el área ambiental. Es lo que explicó el presidente Petro en la cumbre Iberoamericana cuando dijo: “no podemos perder los tiempos en una guerra, cuando los tiempos de la humanidad se están acortando por la crisis climática”. Petro señala así que uno de los cambios que pretende su gobierno es dejar de mirar solo hacia adentro de Colombia, con las espaldas al extranjero, revirtiendo así un movimiento de retracción internacional enfocado más en relaciones bilaterales, como hizo el expresidente Duque, por ejemplo con la salida de Colombia de UNASUR. Buscar cierto protagonismo regional puede ser un reto para Colombia, puesto que el escenario latinoamericano es complejo, multifacético y con grandes áreas de competencia y potencias regionales como Brasil, Argentina y Chile. Enfocar este impulso inicial en la macro agenda climática y, además, en la Amazonía, representa para Colombia una oportunidad de protagonismo por dos razones de la coyuntura actual, de las cuales se puede aprovechar la gestión Petro. La primera es que ya hay un organismo regional para la Amazonía, la OTCA —Organización del Tratado de Cooperación Amazónica—, que cuenta con un numero de Estados miembros reducido (solamente Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela toman parte una vez que son los países amazónicos). El segundo factor coyuntural es, como ya mencionado, la victoria de Lula en Brasil. Lula fue uno de los presidentes en la historia de Brasil que más utilizó la diplomacia presidencial. Esos dos factores coyunturales presentan a Colombia una ventana de oportunidad por componer un escenario en el que Colombia y Brasil son las potencias más fuertes del bloque y en la que su impulso puede más fácilmente direccionar la acción regional. Petro puede usar este espacio para avanzar su agenda ambientalista y de integración latinoamericana con poca resistencia, incluso encontrando un espacio de enfoque para su propio proyecto de diplomacia presidencial, evidenciado recientemente en su anuncio de que convocará una conferencia internacional para el diálogo en Venezuela. La cooperación Colombia-Brasil se presenta de esta manera como una oportunidad de consolidación de un esfuerzo que ya ocurre en una coordinación entre los dos países. Sería una oportunidad de afrontar problemas que acometen a ambas naciones, como la minería ilegal, la polución de acuíferos y la deforestación de la selva amazónica. Enfocarse en el escenario amazónico permitiría un campo de acción en el que el protagonismo colombiano se haría sentir más fuerte y no costaría mucho capital político, pues podría enfocar sus acciones de manera que afronten un espacio común a los estados miembros de la OTCA. Sería también un espacio en el que Colombia no tendría la competencia por el liderazgo regional de otros países latinoamericanos, alejándose de escenarios posibles, como la vuelta de la Unasur, protagonizada por Brasil y Argentina, o la acción de integración regional de Mercosur, bloques de los cuales Colombia no toma parte (Unasur) o al menos no cómo algo más allá de un estado asociado (Mercosur).

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 27 de marzo al 02 de abril Algunas consideraciones sobre el momento del proceso Gobierno Colombiano – ELN: Siempre la pérdida de vidas humanas nos debe convocar al rechazo y el llamado a proteger la vida, bien lo hace el gobierno al repudiar el ataque del ELN en el Catatumbo. La dura realidad es que hay un conflicto vivo, pero me pregunto por qué razones el ELN no distensiona. Mi respuesta es que opta por mostrar fuerza, que el conflicto continúa y que la única forma de parar esa confrontación es en la mesa acordada y de manera bilateral. Uno puede criticar la línea de actuación asumida por el ELN, que es políticamente nefasta y ahonda el repudio ciudadano. Pero ellos, el ELN, no tiene incorporado en su ADN político la variable opinión ciudadana. Para ellos no existe y actúan en concordancia, pareciera que prefieren ser temidos a ser amados o respetados. En mi consideración el ELN continúa parado sobre su proyecto estratégico: "resistencia armada", que tiene su eje central de realización en el territorio donde actúan como "estado paralelo". Por ejemplo, en el Catatumbo han venido fortaleciendo su presencia en los últimos siete años, luego del Acuerdo de Paz con las FARC. Esta persistencia en su proyecto de "resistencia armada" no significa que el ELN esté "jugando" o actuando "con la doble" al estar sentados en una mesa de diálogo y negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su planteamiento político, están "explorando" la posibilidad de salir de la "resistencia armada" mediante el proceso de paz hacia a un acuerdo que contenga una visión compartida de una Colombia en paz. Si le preguntamos al ELN ahora si está dispuesto a dejar las armas, creo que su respuesta sería: depende de si es posible construir una visión compartida de país, que se soporta en la más amplia participación de la sociedad y de unas transformaciones que hagan realidad esa visión compartida de paz. Estamos inmersos en la crisis de una violencia organizada de la que participa el ELN, esa violencia se debe superar y el único camino viable es mediante una mesa de diálogo y negociaciones como la que está en funcionamiento entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Tanto el Gobierno Colombiano como el ELN coinciden en adelantar este proceso con un cese bilateral de fuego y ambas partes pueden igualmente pactar sobre el amplio universo de hostilidades que hacen parte de estas violencias. Hay que iniciar a la mayor brevedad posible el tercer ciclo pactado para Cuba y allí acordar el cese bilateral. Ante el ataque del ELN al puesto del Ejército Nacional, esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro: 2. Otty Patiño, como jefe de la delegación de diálogos del Gobierno Colombiano en el proceso con el ELN, sacó un pronunciamiento en el que rechaza el ataque: 3. La reacción del Senador Iván Cepeda fue: 4. La Senadora María José Pizarro, integrante de la delegación del Gobierno Colombiano para los diálogos y negociaciones con el ELN, se pronunció en el siguiente sentido: "repudio contundentemente el asesinato de los miembros de la fuerza pública en el Catatumbo, mi abrazo a sus familias y a la institución. La guerra ensordece, el clamor nacional es por la paz y la vida. Analizaremos con el presidente el camino a seguir". 5. El viernes 31 de marzo se dio la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para analizar la situación creada por el ataque del ELN a la patrulla militar, en esta reunión participó la delegación de Gobierno, los países garantes, los países acompañantes, la Misión de la ONU y la Iglesia Católica. Al final de la reunión hubo declaraciones de Danilo Rueda y Otty Patiño. Los principales mensajes presentados por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, son los siguientes: “La reunión desarrollada y el acompañamiento de los países garantes y acompañantes es un respaldo a este proceso”. “Hoy se vive un traspiés, hemos compartido un mensaje desde muchas comunidades donde el Ejército de Liberación Nacional actúa, un mensaje de solidaridad con las familias de los soldados muertos y también un mensaje perentorio para que el ELN actúe en consecuencia con sus ideales políticos”. “Nada justifica con cese o sin cese este tipo de situaciones que generan desesperanza en la sociedad colombiana, pero que en lo particular afectan a los pobladores de todos estos territorios, que están hastiados de la violencia”. “Estas comunidades han convocado al presidente de la República y a la delegación de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro a desarrollar una serie de escenarios de escucha donde ellos quieren compartir de manera inmediata sus preocupaciones, sus iniciativas inmediatas de acuerdos humanitarios perentorios y exigentes a todas las partes y en particular al Ejército de Liberación Nacional”. “Hay una disposición del gobierno en su actitud de escucha a las comunidades para responder lo más pronto posible a esta solicitud y exigencia”. Adicionalmente hemos conocido la preocupación de la comunidad internacional respecto a la situación en que se encuentra esta mesa de conversaciones. Coincidimos profundamente en que estos hechos dolorosos, que hoy están expresando una crisis de este proceso, no amainan, sino que, por el contrario, fortalecen la construcción del proyecto de paz de este gobierno. No es con más muertes, de ningún colombiano, de ninguna colombiana, como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Esperamos que escuchen al pueblo colombiano, que escuchen a las comunidades, este gobierno del cambio ofrece ese espacio y esas posibilidades y pueden perder la oportunidad en este momento de la historia de ser artífices de la ética de la vida y de la ética de los cambios que merecen nuestro país. 6. El mensaje presentado por Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: “hay dos grandes interrogantes que se pusieron en esta conversación con el presidente, frente a los cuales él enfatizó mucho: el primer gran interrogante que creo resume, es la gran indagación, la gran interpelación que hay, si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse, fortalecerse en sus territorios, fortalecerse como organización o si por el contrario su estadía en la mesa significa una real vocación de paz. Esto está unido con otro elemento fundamental, el ELN se reclama como una organización política, pero ese reconocimiento como organización política tiene que ver no solamente con algo que se escribe en el papel, sino fundamentalmente con actitudes y hechos, porque la paz es la demostración más clara y la consecuencia con lo que se habla y se discute en la mesa, es la demostración más clara de que se es una organización política o se es una organización que usa lo político para fortalecerse en otros aspectos, esas son las dos grandes interpelaciones que se están planteando aquí, interpelaciones que está haciendo la comunidad nacional, que está haciendo la comunidad internacional, y me parece que esta pregunta, pensando que el ELN y todavía con la esperanza que el ELN como organización que se considera a sí misma, una organización política, debe responder. Sobre todo con las comunidades que ellos dicen defender o frente a las cuales ellos dicen tener apoyos, frente a una comunidad internacional que ha abierto de par en par sus brazos para acompañar este proceso durante todo este tiempo y no solamente acompañarlo de una manera física, sino también aportando recursos técnicos, iluminación política e incluso recursos económicos para que este proceso de paz funcione. Esa indagación en este momento de crisis es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience el tercer ciclo es absolutamente necesaria una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN en relación con este proceso”. 7. Análisis de los hechos del Catatumbo por parte de Camilo González Posso, director de Indepaz y Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. 8. Intercambio de valoraciones entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la mesa de diálogos y negociaciones con el ELN y Juan Camilo Restrepo, quien fue jefe de delegación para el proceso con el ELN durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y Pilar Molano, una víctima del ELN. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Luis Eduardo Celis Esta semana se llevó a cabo en Washington el décimo Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre la administración del presidente Joe Biden y la administración del presidente Gustavo Petro. Este es el espacio en que se revisan los temas de interés común y la agenda de la relación binacional de dos países que hemos mantenido un fluido diálogo y acción compartida. Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial desde hace más de medio siglo, hacia allí van una variedad de productos: petróleo, café, manufacturas, frutas, banano, flores y, por supuesto, desde los años setenta, marihuana y cocaína que tantas tristezas han traído y que nos ató a la fracasada guerra contra las drogas, de la cual no hemos podido salir. Hoy con un gobierno de cambio en Colombia hay voluntad e interés en que esa fluida relación con los Estados Unidos contribuya a esta agenda de transformaciones, sin duda que se requiere mucho diálogo y concertar políticas en una diversidad de temas, entre los cuales, a parte del delicado tema de drogas y el imperioso asunto de reformular las estrategias para enfrentar una compleja economía del narcotráfico plenamente globalizada, tenemos otros temas de mutuo interés con los Estados Unidos, entre los que resalta la protección de la Amazonía y un tratamiento diferente a la migración. Del diálogo de alto nivel desarrollado esta semana salen muchas rutas de actuación común entre Colombia y Estados Unidos. Se ha enriquecido esa fluida comunicación que ha caracterizado la relación entre la administración Petro y la administración Biden, que ha desvirtuado los prejuicios y señalamientos malsanos que pronosticaban que este gobierno de izquierdas y con arraigo popular tendría días tormentosos con Washington. La realidad ha sido muy diferente, desde el respeto y la voluntad de acción compartida hoy se cuenta con una fluida y diversa relación sobre los asuntos de interés común. Los Estados Unidos pueden hacer mucho por los prioritarios asuntos del desarrollo rural y las oportunidades para millones de familias campesinas que requieren mejorar sus condiciones de vida. Si se persiste en ese diálogo constructivo que ha imperado entre los dos gobiernos se podrán encontrar caminos donde se articulen las necesarias reformulaciones a las políticas antidrogas y el vital asunto de protección del Amazonas, en ambos temas plenamente ligados hay mucho por hacer de manera conjunta entre los Estados Unidos y Colombia. Como ya fue señalado hay interés desde el gobierno colombiano en discutir los temas migratorios que tienen en el continente importantes flujos poblacionales de Suramérica, Centro América y desde África y Asia hacia los Estados Unidos. Este es un tema de enormes complejidades, vital para los Estados Unidos y en el que hay mucho por hacer, de ahí la importancia de la conferencia propuesta por el presidente Petro al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se llevará a cabo en el segundo semestre de este año y en la cual se deben trazar propuestas para establecer con los Estados Unidos mecanismos y formas de asumir este enorme tema en una relación de diálogo y cooperación, de un asunto que lleva a repensar las condiciones económicas, de ejercicios de derechos y de posibilidades de movilidad poblacional, tema duro y urgente de tratar. Volviendo a los temas claves de la relación entre Colombia y Estados Unidos, tocados en este dialogo de alto Nivel, DAN, por supuesto que fue tocado el de la política de Paz Total, donde el gobierno del presidente Petro, se ha propuesto superar todas las violencias organizadas y donde hay tanto por dialogar y concertar con los Estados Unidos, en tanto ha sido enorme su involucramiento desde sus intereses de acción frente al narcotráfico y su permanente seguimiento a los temas de seguridad con una visión regional y allí Colombia siempre ha tenido un lugar destacado en los intereses de los Estados Unidos, como poder mundial y líder en el hemisferio. Una fluida y respetuosa relación entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, ha quedado ratificada con lo vivido esta semana en Washington hay muchas tareas por desarrollar y así quedo en las conclusiones de esta importante jornada. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Reza el viejo adagio popular que "las hojas del árbol no dejan ver el sol", y es lo que nos sucede: son tan grandes las necesidades básicas insatisfechas que nuestras energías institucionales se van en los temas obvios (aumento en la cobertura de salud, mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa, etc.), perdiendo de vista temas cruciales hoy para la convivencia, la seguridad y la inclusión social. Debemos retomar estos asuntos en un gobierno humano en el cual, primero que la plusvalía, esté el bienestar de la persona. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de la implementación en nuestro departamento de la política pública de atención y garantías para nuestras hermanas y hermanos venezolanos que hoy deambulan por las carreteras de nuestro Cauca y se instalan "laboralmente" en el municipio donde vean alguna oportunidad (dicho sea de paso, en décadas anteriores más de tres millones de compatriotas fueron acogidos en el país hermano). Esa política está contenida en el documento CONPES 3950 del 23 de noviembre de 2018 "Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela", y en el Decreto 216 de 2021 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”, con vigencia de 10 años, y que creó el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal. De igual manera, es preciso promover la política pública social para habitantes de la calle, en el marco del Decreto 1285 de 2022, cuyo objetivo es garantizar la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de esta población, mediante su atención integral, rehabilitación e inclusión social, con definidas competencias de los entes territoriales (municipios y departamentos) en su implementación por medio de Planes de acción territoriales, los cuales deberán incluir metas, acciones, responsables, recursos e indicadores. Una política de protección a los animales debería ser fomentada en el Cauca, en aplicación de la Ley 1774 de 2016 que establece: "el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física". Ello deberá implicar la revisión de la práctica de las corridas de toros y la sustitución de los vehículos de "tracción animal". Asumir que los animales son seres sintientes sujetos de derechos, lleva a la institucionalidad y a las personas a ser garantes de sus derechos. De otra parte, reconocer la necesidad de generar una coexistencia pacífica y armoniosa con nuestros ríos debe ser parte de la agenda departamental, en atención a la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y estableció órdenes orientadas a garantizar su conservación y protección, para que ello no quede en poesía. En el marco de las competencias del ente territorial departamental y con sujeción a nuestras realidades presupuestales, estas políticas, entre otras más, deberán ser consignadas para su implementación en un programa de gobierno orientado a hacer del Cauca una potencia de vida. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad A inicios de 2023 el gobierno Petro se propuso presentar su paquete de reformas con las que busca materializar sus propuestas de campaña. El gobierno nacional, con el fin de adelantar el debate de una de esas reformas, la de la salud, citó a sesiones extraordinarias desde el 06 de febrero hasta el 15 de marzo. Estas sesiones no sirvieron de mucho para el gobierno, de hecho, en el afán de generar consensos, los partidos de La U, Liberal y el Conservador aumentaron los costos políticos respecto a su apoyo a las reformas de Petro y, para finales de marzo de este 2023, los ya mencionados partidos que pertenecen a la coalición de gobierno son la piedra en el zapato para que las reformas se materialicen. La reforma a la salud El documento original propuesto por la ministra Carolina Corcho era muy ambicioso y poco viable para varios sectores políticos. De hecho, recién se radicó ante el Congreso de la República la reforma que buscaba transformar el sistema de salud en Colombia, las primeras figuras políticas en oponerse a tan ambicioso proyecto fueron César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, líderes de los partidos Liberal, Conservador y de La U, respectivamente. Un artículo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) evidenció que uno de los caminos que podría tomar la reforma a la salud, una vez presentada ante el Congreso, sería acordar varios de sus artículos con las bancadas liberales, conservadoras y de la U que, al sumar sus curules, conforman mayoría en ambas cámaras (Senado y Cámara de Representantes). En efecto, el partido Liberal, Conservador y de La U presentaron ante el gobierno un articulado con el que aspiraban modificar algunos puntos controversiales de la reforma. Entre estas modificaciones se acordó un sistema mixto entre lo público y lo privado. Así mismo, el sistema tarifario de la salud no contemplaría un precio exacto, sino que su precio dependería de la calidad del servicio. Sin duda alguna, el punto que más generó controversia fue la eliminación de las EPS. Respecto a este punto, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro acordaron con el presidente Petro mantener la figura de las EPS, con giro directo por parte del la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y sin integración vertical. Ahora bien, el proceso para la presentación de la reforma a la salud ante el Congreso ha sido muy controversial porque, por un lado, su proceso representó el primer punto de quiebre del gabinete de Petro, que tras varios desacuerdos al interior de su equipo ministerial destituyó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Y hasta último minuto los puestos de Cecilia López en el ministerio de Agricultura y José Antonio Ocampo en el ministerio de Hacienda estuvieron en duda. Por otro lado, se observó cómo los distintos procesos de concertación de la reforma a la salud se dieron sin la participación de la ministra de Salud, Carolina Corcho; pues varios de sus artículos estaban siendo negociados a puerta cerrada entre el presidente Petro y los partidos Conservador, Liberal y La U. Lo que siembra dudas sobre la capacidad de la ministra Corcho para ser una figura conciliadora de la reforma. Pese a lo anterior, el Partido Liberal ha declarado que no apoyará la reforma a la salud, debido a que Corcho no tuvo en cuenta las modificaciones que solicitaba la bancada para apoyar el proyecto. Por la misma razón, después de ver el último texto de ponencia radicado, los partidos Conservador y La U se bajaron del apoyo a la reforma. Con esta decisión la reforma a la salud está en cuidados intensivos, pues en el primer debate en Cámara de Representantes el gobierno necesita 12 votos de los 21 votos para seguir adelante. Sin liberales, conservadores y de La U, no están los votos necesarios para su aprobación. No obstante, el gobierno, según Daniel Coronell, tiene la estrategia de negociar con cada congresista de los partidos de la coalición que ya no apoyan la reforma a la salud, veremos si esta estrategia, que terminará siendo muy cara, le funciona a Gustavo Petro. Reforma política La reforma política inició su quinto debate en la Comisión Primera del Senado, cargada de artículos polémicos que fueron criticados desde el 2022 y que no hacían otra cosa que alimentar a los clanes políticos y partidos tradicionales en el país. Eran varios los ‘micos’ que adornaban esta reforma, que para muchos era ‘la reforma de la politiquería’. Una de las propuestas más criticadas era la del denominado artículo ‘Roy Barreras’, que les permitía a los congresistas ser nombrados ministros, adicionalmente, este artículo proponía que si el congresista renunciaba a su cargo como ministro, podía volver a su curul sin ninguna inhabilidad, lo cual rompe con el principio democrático de la separación de poderes. Otra propuesta controversial eran las listas cerradas, que en un principio se presentaron como la mejor alternativa para acabar con la corrupción y garantizar la paridad de género. Dicha propuesta terminó desdibujada al plantear que en las próximas elecciones legislativas de 2026 se tendría en cuenta el orden de la elección de 2022 para conformar las listas cerradas, es decir, los actuales congresistas ocuparían los primeros puestos de las listas de sus partidos en 2026. Esta propuesta, además de desincentivar la equidad de género, le daba la posibilidad a los líderes de los partidos de elegir a dedo los candidatos que conformarían las listas, lo que pondría en riesgo la democracia. El último ‘mico’ era el artículo que habilitaba el transfuguismo, pues este permitía que los congresistas elegidos por voto popular pudieran cambiar de partido político sin tener que renunciar a sus curules, eliminando así el riesgo de caer en doble militancia. La ponencia presentada para el nuevo debate puso en tensión las relaciones entre el ejecutivo y algunas fuerzas políticas que hacen parte de la coalición de gobierno, como el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde. En consecuencia, la reforma política no logró tener el apoyo necesario en la Comisión Primera del Senado, lo que desencadenó en que el presidente Gustavo Petro le quitara el apoyo a la reforma y Roy Barreras retirara la reforma tras argumentar que el documento actual no contaba con ningún tema progresista. Cabe señalar que la reforma política era la moneda de cambio de Petro para lograr que el Congreso apoyará sus otras reformas, como la de salud, la laboral, pensional y la ley de sometimiento. Petro, al darse cuenta que esta reforma además de no satisfacer a los partidos tradicionales para apoyar sus reformas estaba desgastando a sus principales aliados políticos —el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde—, decidió quitarle cualquier tipo de apoyo. Si bien el gobierno anunció que volvería a presentar una nueva reforma política, su avance será complejo, porque si la nueva reforma política se presenta en el segundo semestre de 2023, prácticamente empezaría con el pie izquierdo, debido a que la mayoría de congresistas estarán enfocados en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es uno de los proyectos más importantes para el gobierno nacional, pues es la hoja de ruta con la que el presidente Gustavo Petro plantea las bases que regirán la administración nacional durante su mandato y que será clave para la transformación territorial. En este orden de ideas, el 20 de marzo fue radicado en el Congreso el informe de ponencia con el que se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley sobre el PND 2022-2026, el cual se denominó “Colombia: Potencia mundial de la vida”. Desde su radicación, varios han sido los artículos que han generado controversia en el Congreso. El primero se refiere a las facultades extraordinarias que el PND le otorgaría al presidente de la República. Esta condición especial le permitiría a Petro resolver asuntos importantes por decreto en lugar de tramitar un proyecto de ley ante el Congreso. Así mismo, con estas facultades, las cuales tienen una duración de seis meses, Petro podría poner en marcha políticas públicas como la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Otro aspecto inquietante en el PND es la prohibición de los nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón y petróleo. Lo preocupante de esta propuesta es que el proceso hacia la transición energética implica cambios estructurales en la economía para dejar de depender de la industria petrolera como principal generador de divisas en el país. Más aún, según la Contraloría, los procesos de transformación productiva y sus impactos en el mercado laboral no se verían reflejados a corto plazo, teniendo en cuenta que el periodo del PND son cuatro años, sino que se requieren políticas sostenidas de industrialización y apoyo de otros sectores estratégicos, de los cuales sus resultados lograrían consolidarse en una o más décadas. Finalmente, la cereza del pastel es el artículo que autoriza la celebración contratos de manera directa con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro, a través de asociaciones públicas. Lo controversial de esta propuesta es que de ser aprobado el PND con este artículo se habilitaría la contratación a dedo, lo que podría promover conductas de corrupción. Así mismo, la Procuraduría General aseguró que estas modalidades de contratación “podrían llevar a la desviación de recursos públicos con fines políticos o electorales”. El proceso que le resta al PND es ser presentado en las plenarias de la Cámara de Representantes y luego en Senado, pues ya se surtió en comisiones conjuntas el debate por parte de las comisiones económicas del Congreso. El Congreso tiene como fecha máxima el 07 de mayo para analizar, debatir y aprobar el proyecto de ley. Seguramente el PND será aprobado por el Congreso antes del 07 de mayo, ahora bien, el reto del gobierno es que le aprueben los artículos fundamentales para aplicar su reforma territorial en los próximos tres años de mandato. Reforma Laboral La reforma laboral representa un gran reto para el gobierno Petro, pues, por un lado, el mandatario buscará reforzar las prestaciones sociales de los trabajadores y, por otro lado, la reforma seguirá poniendo a prueba el apoyo que tiene el gobierno nacional entre los legisladores para aprobar esta y otras reformas que el gobierno tiene pensado tramitar en el primer semestre del 2023. Al igual que la otras reformas, la laboral no se ha salvado de las críticas. Uno de los temas más álgidos que pone a debatir esta reforma es lo referente a las contrataciones de los trabajadores, pues varios gremios han argumentado que al aumentar los costos de contratación se correría el riesgo de elevar la tasa de desempleo y por ende aumentar el número de trabajadores en el mercado informal. De igual forma, se ha argumentado que la reforma laboral pone en riesgo el empleo de aproximadamente 80 mil personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales, pues la propuesta de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, busca implementar la laboralidad obligatoria, lo que quiere decir que las empresas a cargo de estas plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores con horario e ingreso fijo, acabando con la alternativa que tienen muchos trabajadores de determinar su tiempo laboral. Adicionalmente, esta propuesta obstaculizaría la opción que tienen muchas personas en situación de desempleo de trabajar en estas aplicaciones digitales, pues para trabajar en estas tendrían que pasar el proceso que cualquier trabajador formal realiza, esto es, enviar una hoja y aprobar los distintos filtros que imponga la empresa a la que se aplique. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el incremento en los costos laborales, el cual se calcula que es entre un 35 a un 50 por ciento, podría dejar desempleados a más de medio millón de personas. Por lo que, de acuerdo con este gremio, la reforma laboral no sería una solución al problema de informalidad, por el contrario, dificultaría la obtención del empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, el panorama que rodea a la reforma laboral no es muy alentador porque, por un lado, el gobierno no cuenta con el apoyo de parte de los gremios económicos y, por el otro, su proceso en el Congreso se complica sin el apoyo de la bancada conservadora, que está de acuerdo con los reclamos de los sindicatos. A esto se suman los reparos que ha hecho el partido de La U, que considera que la reforma promueve la informalidad. Por parte del partido Liberal, aún no es claro el apoyo a la propuesta del gobierno. La reforma laboral será presentada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inicialmente, para ser aprobada en Cámara, el gobierno necesitará 12 votos de los 21 que hay. Sin el apoyo del partido Conservador, la reforma laboral lograría pasar a debate en Senado. No obstante, las otras reformas que ha presentado el gobierno nacional han evidenciado que los partidos Liberal, Conservador y de La U suelen trabajar en bloque, lo que eventualmente —de no lograr un acuerdo con estas bancadas— podría resultar en la caída de la reforma laboral en el Congreso. Y ahora, ¿qué va a pasar? Con todo esto surge la pregunta sobre cuál es el futuro del gobierno, sus reformas y la coalición de gobierno. La caída de la reforma política y la inestabilidad que presentan las denominadas reformas sociales como la reforma laboral, la reforma a la salud y, posiblemente, la reforma pensional, evidencia la crisis de gobernabilidad que está atravesando Gustavo Petro que, entre otras cosas, es causado por la rebeldía de partidos que hacen parte del gobierno como el Conservador, el Liberal y de La U al no apoyar las reformas. A esta situación de las reformas sociales se suma la situación en el Congreso de la Paz Total. La situación de seguridad en el país ha dado pie a que la denominada ley de sometimiento colectivo sea muy criticada, en especial por el fiscal General de la Nación y la procuradora General de la República. En el proceso la ley de sometimiento seguramente será reducida pero aprobada por el Congreso, con el único problema que el camino de las transformaciones que se hagan en el legislativo dará pie a que lo aprobado sea muy parecido a mecanismos que ya establece la ley actual sobre beneficios respecto al sometimiento individual. Esta situación de una posible crisis futura se ve alimentada por el surgimiento de un líder de oposición potencial, Germán Vargas Lleras, quien dejó su columna en El Tiempo e hizo que el partido Cambio Radical se declarara en oposición al gobierno. Esto demuestra que con el pasar de los meses el gobierno nacional enfrenta una creciente resistencia y alguien como Vargas Lleras puede unir a esa oposición. La caída de la reforma política no es más que la crónica de una muerte anunciada sobre lo que podría sucederle a las otras reformas que se encuentran en proceso de ser presentadas ante el Congreso, esto es, renegociación de los partidos tradicionales (Conservador, Liberal y La U) directamente con Petro, cambio sustancial del contenido de las reformas y finalmente el hundimiento del proyecto en el Congreso. Desde el inicio del gobierno Petro se planteó la complejidad detrás de mantener su coalición, en especial mantener en ella a partidos como La U, el Liberal y el Conservador. Para el primer trimestre de este 2023 se evidenció la complejidad ya anunciada y parece que es solo cuestión de tiempo para que sea en bloque o uno a uno que los ya mencionados partidos salgan de la coalición de gobierno. Esto pasará con mayor razón porque este año son elecciones locales y estos partidos quieren mantener o crecer políticamente en los territorios y si se mantienen con el gobierno, ante la situación actual que vive el país, especialmente en temas de seguridad, sus electores sin duda alguna se lo cobrarían en las urnas. Ante la situación actual a Gustavo Petro se le debe resaltar que volvió a poner en la agenda pública el debate sobre las transformaciones sociales en el país, cosa que en el gobierno de Iván Duque nunca pasó. Pese a ello, Petro debe preguntarse si su estrategia de presentar todo un paquete importante de reformas es la más adecuada para lograr las trasformaciones sociales o si debe bajar sus expectativas y priorizar la presentación y aprobación algunas de las reformas y leyes presentadas. Además de ello debe pensarse su política de seguridad, pues a partir de las decisiones que tome respecto a temas de la Paz Total su coalición sobrevivirá más o menos tiempo.

Por: Odevida Según datos del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), de 2019 al 07 de marzo de 2023 han sido asesinadas 104 mujeres lideresas en Colombia: 22 en 2019, 34 en 2020, 28 en 2021, 14 en 2022 y seis en lo que va de 2023. El registro de asesinatos contra lideresas sociales es una violencia que no cesa y, por el contrario, todo indica un alza en estos indicadores de no tomar los correctivos necesarios en materia de seguridad priorizando un enfoque de género. Los asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos han tenido un epicentro notable en la región suroccidental del país. En 2022, el 71% de estos de estos asesinatos se concentraron en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, departamentos en los que hay fuerte presencia de Grupos Armadas Organizados (GAO), como lo son: el Clan del Golfo, el ELN y los Grupos Armados Pos FARC (GAPF), así como presencia de economías criminales que han sido combustible de la guerra. En relación al 2023, se han presentado seis asesinatos contra lideresas, concentrándose especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, cada uno con dos y tres hechos respectivamente. De manera tal que, en perspectiva, desde 2022 estos dos departamentos se han constituido lamentablemente como epicentro para la vulneración de la vida de mujeres lideresas, sumando ambos diez casos en total, es decir, un 50% de los casos. De los 20 asesinatos desde 2022 a la fecha, los liderazgos que se han visto más afectados son los comunales, con cinco casos, es decir, mujeres lideresas que fungían como presidentas o integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de sus localidades o corregimientos. En segundo orden, los liderazgos indígenas son quienes se han visto más afectados, con un total de cuatro casos, que se concentran en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Los liderazgos comunales e indígenas componen el 45% del total de casos, lo que nos podría indicar que los tipos de organización más victimizados, en este universo de datos, son indígenas y comunales. La actividad de las mujeres lideresas se ve afectada en los territorios controlados por los grupos armados, pues las normas de regulación social impuestas por estos limitan mediante acciones de amenaza, hostigamiento e intimidación, principalmente, el pleno ejercicio de sus luchas; además en los territorios en disputa, las lideresas son propensas a ser señaladas de pertenecer o colaborar con uno u otro GAO, lo que aumenta el riesgo a ser víctimas de violencias. A su vez, las mujeres son sometidas a violencias muchas veces al interior de sus propias organizaciones, de sus círculos familiares y de la sociedad en su conjunto debido a que su ejercicio político es identificado como una amenaza a los roles tradicionales que supuestamente deben asumir, vinculados con el cuidado y circunscritos al ámbito doméstico. La identificación de responsables intelectuales y materiales de estos hechos, así como el esclarecimiento de los casos, tiene porcentajes muy bajos de eficacia por parte de la Fiscalía, en este sentido, los perpetradores permanecen impunes y las garantías de no repetición son escasas. Existe un porcentaje de casos que asciende casi hasta el 80% sin una responsabilidad determinada de un Grupo Armado Organizado (GAO) o actor no identificado, esto equivale a 81 asesinatos sin esclarecer del total de 104 casos, mientras que en el caso de los Grupos Armados Pos FARC (GAPF) se ha identificado su participación en 14 oportunidades. Lea el informe completo con toda la información, el análisis y dos testimonios de dos lideresas colombianas, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de inseguridad en Barranquilla y el Atlántico es un tema que preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades. En el debate de control político realizado el pasado 28 de marzo en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez anunció que se va a realizar un consejo de seguridad la próxima semana para abordar este asunto. El consejo de seguridad también tiene como propósito abordar las amenazas recibidas por algunos periodistas de El Heraldo, luego de que hombres armados ingresaran a las instalaciones del medio de comunicación con la intención de publicar una entrevista que habían realizado ellos mismos. Según se informa, estos hombres armados buscaban ser tenidos en cuenta en los diálogos de Paz Total liderados por el Gobierno de Gustavo Petro y exigieron que se entrevistara al líder de su estructura ilegal. Desde el año 2021, la situación de seguridad en Barranquilla se ha complicado debido a las disputas entre bandas criminales y organizaciones armadas que compiten por el control de las rentas ilegales y las rutas en esta zona. Entre las organizaciones involucradas en estas disputas en Barranquilla, se encuentran el Clan del Golfo, los Costeños y los Rastrojos Costeños. Además, se ha registrado recientemente la presencia de Los Pepes, que también está en conflicto con los Costeños. Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) considera que la situación en Barranquilla es preocupante en los últimos tres años debido a las acciones del crimen organizado y la delincuencia común, que se han agravado con el tiempo. Esto ha llevado a que Barranquilla sea considerado como uno de los puntos más complejos en materia de seguridad del país. El coordinador Isaac Morales señala que la situación de inseguridad en Barranquilla conlleva varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, destaca la intensa confrontación entre las organizaciones delictivas y criminales. En segundo lugar, menciona que hay un aumento significativo en los casos de extorsión, pero las amenazas han disminuido, lo cual resulta extraño para él, ya que ambos fenómenos suelen estar relacionados. Morales sugiere que posiblemente las personas no estén denunciando las amenazas, lo que dificulta la medición precisa del aumento de este tipo de situaciones. Según la Línea Convivencia y Seguridad de Pares, en 2021 el hurto a personas aumentó un 27%, mientras que la extorsión y las amenazas también experimentaron un aumento significativo del 38% y 110%, respectivamente. En 2022, estas tendencias preocupantes se agravaron aún más, con aumentos del 48% en el hurto a personas, 122% en la extorsión y 22% en las amenazas en comparación con el año anterior. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana). Esto refleja que la situación de inseguridad en el Atlántico es alarmante, lo que ha generado una percepción negativa en la ciudadanía. Según la Línea de Seguridad de Pares, en 2022 la percepción de inseguridad en Barranquilla superó el 64.3%, lo que es mucho más alto que el promedio nacional. Los hechos violentos suelen ser más frecuente en los barrios y zonas cercanas al río Magdalena. Esto se debe a que esta zona es utilizada para el tráfico de drogas y contrabando en general. El coordinador de la Línea ha destacado que Barranquilla es un punto clave en términos geográficos, ya que su cercanía con Santa Marta y Cartagena puede estar propiciando la propagación de acciones criminales hacia la costa caribe. Se han registrado varias masacres en diferentes lugares y fechas. Entre ellas, se encuentran las ocurridas en el barrio San José en mayo de 2022, en el puente de La Cordialidad con Circunvalar en julio de 2022, en el barrio Montes en agosto de 2022, en el barrio Las Flores en septiembre de 2022. En lo que va del año (2023), la línea de convivencia y seguridad ciudadana ha reportado un total de cinco masacres en el área metropolitana de Barranquilla. El 29 de enero se registró una masacre en el barrio El Santuario en Barranquilla, donde cuatro personas fueron asesinadas y seis resultaron heridas. El 7 de febrero se registró otra masacre en el barrio Primero de Mayo en Soledad, dejando tres personas muertas y tres heridas. El 19 de febrero, en el barrio San Vicente en Soledad, tres personas murieron y tres resultaron heridas. Además, el 14 de marzo se reportó otra masacre en el barrio Las Flores de Barranquilla, dejando un total de 18 personas muertas y 30 heridas. La última masacre registrada fue el 19 de marzo en el sector La Loma del barrio Villanueva en Barranquilla, donde cinco personas fueron asesinadas y 14 heridas. En total, en lo que va del año 2023, se han registrado 18 personas asesinadas y 30 heridas debido a estas masacres. La Línea ha explicado que después de la ocurrencia de masacres siempre se convoca un consejo de seguridad, donde se reúnen algunos líderes para debatir sobre la inseguridad y llegar a algunas conclusiones. Sin embargo, la Línea destaca que nunca se toma una acción preventiva por parte de la alcaldía después de estos consejos. Según la opinión de Isaac Morales, parece que los consejos de seguridad son meramente formales o protocolares y no se toman acciones efectivas en el fondo. Morales cree que si se convoca un nuevo consejo de seguridad, solo se ofrecerán nuevas recompensas para capturar a personas específicas, sin abordar las causas subyacentes de la inseguridad. Por lo tanto, el coordinador opina que este próximo consejo no solucionará el problema de fondo. El coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad de Pares recomienda que las autoridades locales de Barranquilla tomen medidas mucho más completas para abordar la situación actual. Entre estas medidas se incluiría el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia. Morales considera que es necesario hacer una revisión exhaustiva de la institucionalidad para identificar qué comandantes operativos en cada sector de la ciudad y municipios cercanos, como Soledad, están logrando resultados efectivos. Además, Isaac Morales señala que no se debe atribuir toda la responsabilidad de la seguridad a la policía, sino que también es necesario que la alcaldía y la gobernación estén al frente de este tema. Morales propone que se soliciten refuerzos a la Fiscalía en asuntos de investigación judicial y que se establezcan estrategias más orientadas a abordar el problema de la inseguridad en la ciudad. El coordinador enfatizó que aunque una gran parte de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana es atribuible a los grupos armados, no se debe ignorar que también hay otras formas de delincuencia, como la delincuencia común o la delincuencia organizada a un nivel medio, que opera diariamente en las calles sin estar necesariamente vinculada a un grupo ilegal. Sin embargo, Morales destacó que los recientes hechos indican que existe un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Ante este panorama, resulta crucial que se adopten medidas concretas para hacer frente a estos hechos violentos. De lo contrario, la situación seguirá igual o incluso puede llegar a empeorar, según advierte Isaac Morales.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico “No hay una política de desarrollo rural en el distrito, pero sí posiblemente está la norma de extracción, claro, de que nuestra riqueza vaya a fortalecer grandes ciudades. Pero no hay una política, contrario, de que nos fortalezca internamente para evitar desplazamiento, los malos usos de los recursos naturales (…) Aquí solo estamos esperando que haya una catástrofe. No hay un diseño para que nosotros vivamos dignamente en el territorio (…) estamos tomando decisiones de supervivencia”. Palabras de líder social de Yurumanguí, Buenaventura Estas palabras de un líder social de Yurumanguí resaltan el desespero por la situación humanitaria que actualmente se vive en las zonas rurales de Buenaventura, pero a su vez reflejan la esperanza que sienten quienes insisten en movilizarse y visibilizar lo que se está viviendo en el territorio. Complementando a la frase “no hay una política de desarrollo rural”, es clave señalar que dicha ausencia se tiene que responder con el interrogante de ¿qué ha pasado con la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? Pregunta que también abarcan elementos de la política de seguridad e iniciativa de diálogo de paz que actualmente es impulsada desde el Gobierno Nacional y que anunció a Buenaventura como laboratorio para la Paz Total, que si bien logró resultado en la zona urbana, no se ve reflejada en las zonas rurales, en donde continúan los enfrentamientos y desplazamientos masivos (Ver: Primeros resultados de la paz en Buenaventura: cifras del delito 2021-2022). Movilización y acuerdos logrados por la vida en el territorio Como acto de respuesta y visibilización de la difícil situación humanitaria que se está enfrentando en los territorios rurales de Buenaventura, los constantes riesgos y el desespero, las comunidades llevaron a cabo la Movilización Cultural Por la Vida en el Territorio, en el sector reconocido como El Gallinero, durante los días 22 y 23 de marzo (Ver: Por la paz y la vida protestan las comunidades rurales en Buenaventura). Las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional, al Comisionado de Paz y al ministro del Interior, para abrir una mesa de diálogo y trabajar sobre 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público: De estos puntos se resaltan los siguientes: Que los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse para desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades. Que, en un gesto de compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo. Que se establezca una ruta para que los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios. Frente a los puntos demandados, Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, en entrevista para la Oficina Pares Pacífico, resalta que “de esos 20 puntos hay unos 3 o 4 puntos más importantes para nosotros. Entre ellos, es que cuando el Comisionado de Paz haga esos acuerdos con los autores armados, se tenga en cuenta la realidad de los pueblos. En este caso, del Pacífico, del Sur Occidente, pero de todo un país. Porque los acuerdos bilaterales, hasta entonces, están sirviendo solamente para que el gobierno no ataque a los actores armados, pero todos siguen haciendo todas las actividades lesivas. Y acá han llegado hasta a hacer retenes en las comunidades”. A partir de dicha movilización de los días 22 y 23 de marzo, el día 24 de se llegaron a unos acuerdos entre el Gobierno Nacional y el gobierno distrital con los consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales del Proceso de Comunidades Negras – Palenque Regional El Congal y Articulados: Los acuerdos logrados se agrupan en cinco temas centrales: Proceso de negociación de la paz. Medidas de protección colectivas. Asistencia humanitaria. Fortalecimiento a las organizaciones y consejos comunitarios. Reparación integral colectiva. Entre los acuerdos se encuentran la concertación de rutas de verificación, la realización de mesas técnicas de discusión, reuniones presenciales, pronunciamientos públicos, disposición de acompañamientos, entre otras actividades, que se espera que realmente contribuyan a la mejorar la situación humanitaria que hoy viven las comunidades rurales en Buenaventura. Para cada uno de los puntos se establecieron compromisos especificando responsables y fechas de ejecución, siendo, además, firmado por la viceministra para el Diálogo Social; el director de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; el asesor del despacho de la oficina del Alto Comisionado para la Paz; el alcalde distrital; entre otros funcionarios, así como también fue firmado por varios delegados comunitarios representantes de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas-territoriales. Persisten los enfrentamientos en las zonas rurales de Buenaventura Aún con los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional, distrital y las comunidades étnico-territoriales, en el marco de la protesta y movilización cultural que tuvo lugar en el sector conocido como El Gallinero en Buenaventura el pasado 22 y 23 de marzo, tan sólo tres días después, el 26 de marzo, se presentó el desplazamiento masivo hacia el casco urbano de aproximadamente 114 familias de la zona rural, más exactamente de la cuenca del Río Cajambre, en donde quedaron otras familias confinadas a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio. Las 400 personas que salieron de Cajambre se suman a los cientos de personas de Yurumanguí y a los miles del Bajo Calima que fueron desplazadas. En cada cuenca reportan afectaciones y se suman a las difíciles situaciones que se vive en Buenaventura y que profundizan la crisis humanitaria que se ha mantenido durante los últimos 3 años. De ahí la insistencia de las comunidades en exigir un acuerdo humanitario y que desde la Oficina Pares Pacífico se viene alertando (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). Recordando, además, que en enero del presente año el Gobierno Nacional lideró la denominada Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el Río San Juan, con el objetivo de conocer de primera mano los requerimientos de las comunicades de la región afectadas por el conflicto. Caravana que se enmarcaba en los diálogos con el ELN, pero vale la pena recordar que en Buenaventura hay presencia de distintos grupos armados y que se desarrollan tres guerras: una en las cuencas de los ríos del sur entre las disidencias del Frente Jaime Martínez de las FARC versus una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; otra guerra es la del Bajo Calima y el Bajo San Juan, entre el ELN y una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo; y la tercera y de mayor concentración que está en pausa por los acuerdos entre Shottas y Espartanos. ¿Qué sigue para las comunidades rurales de Buenaventura? Lograr la Paz Total en Buenaventura implica poner el foco no sólo en las manifestaciones del conflicto armado, que claramente hay que atender de manera urgente, sino que también implica concentrar esfuerzos en analizar varios elementos que contemplen un enfoque integral que aborde la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, empleabilidad, oportunidades de generación de ingresos, además de los acuerdos humanitarios para lograr garantizar la real protección de la vida en el territorio. Un ejemplo de ello es hacer seguimiento y tomar medidas frente a los PDET, que tienen como objetivo el impulso del desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado, contemplado en el Acuerdo del Teatro Colón, y que para el caso de la subregión del Pacífico Medio presenta serios retrasos, lo que no ha permitido centrar esfuerzos en el desarrollo rural. Destacando cifras como las expuestas en el último informe de la Agencia de Renovación del Territorio, que para agosto del 2022 exponía algunos elementos como: Entre los años 2019 y 2021 la Unidad de Restitución de Tierras entregó 1.956 predios en municipios PDET, de los cuales la subregión del Pacífico Medio no se vio beneficiada. Para el periodo 2018-2021 la Agencia Nacional de Tierras formalizó y adjudicó 264.883 hectáreas, de las cuales ninguna fue formalizada en el Pacífico Medio. Frente a los créditos aprobados a los pequeños productores agrícolas para el 2021 se resalta que mientras en las subregiones del Alto Patía y Norte del Cauca representan un total del 23,5% de dichos créditos, los mayores rezagos los presentan Pacífico Medio y Chocó con un 2,5% y un 1,4% respectivamente. Lo anterior refleja lo corto que se han quedado los PDET en el Pacífico Medio que contribuyen a la profundización de la desigualdad y la crisis en la región. De no atenderse de manera integral las problemáticas expuestas, se corre el riesgo de que las comunidades rurales en Buenaventura sigan viviendo en medio de una crisis social y económica, además de la profundización de la crisis humanitaria por la presencia de los distintos grupos armados que se disputan el control del territorio, y que cada vez sea más difícil conseguir soluciones en el corto plazo que logren atender lo urgente. Las comunidades continúan haciendo un llamado desesperado al Gobierno Nacional, apelando a la supervivencia, porque, como lo plantea el líder social de Yurumanguí: “la lucha debe continuar y uno debe estar permanente y perseverante porque la ley lo que hace es simplemente dar un derecho y reconocer el derecho, entonces el trabajo lo tenemos que hacer las comunidades (…) Solamente unidos podemos digamos, resolver todas las situaciones que tenemos, de lo contrario, lograríamos cosas, pero no lo esperado, lo soñado”.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la madrugada de hoy 29 de marzo, un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, dejó un saldo de nueve militares muertos y ocho heridos. Los uniformados fueron atacados con tatucos mientras prestaban servicio en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito. El Batallón Especial Energético y Vial N10, que brinda seguridad en la zona, recibió apoyo aéreo para evacuar a los heridos y apoyar a las tropas en tierra. La Gobernación de Norte de Santander rechazó el atentado contra los uniformados y expresó su repudio a esta acción criminal. La gobernación destacó que estos hechos no contribuyen a lograr la paz por la que tanto a trabajado el pueblo de Norte de Santander. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que entre las víctimas militares se encuentran dos suboficiales identificados como Brayan Gómez Gamboa y Juan Benavidas Bohórquez, así como siete soldados identificados como Kevin Acevedo Osorio, Herzel Fernández Bonivento, Johan Gómez Helves, José David Pusiana, Fabio Epiayú y Puana, Rafael Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana. El ministro de Defensa expresó su repudio ante los hechos ocurridos y manifestó que estos no contribuyen en lo absoluto a la paz. Además, señaló que estos actos parecen contradecir los propósitos de alcanzar la paz en medio del conflicto armado y que la situación es realmente complicada. El ministro ofreció sus condolencias a las familias y rindió homenaje a los soldados que dieron su vida en servicio de todos. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, también expresó su total repudio ante el ataque y lamentó que estos actos hayan sido perpetrados por grupos al margen de la ley que se alejan de los objetivos de paz. En respuesta a este acto violento, Gustavo Petro convocó a una reunión con la delegación del Gobierno que participa en la mesa de diálogos con el ELN. Además, se informó que se extendería la invitación a los países que han servido como sede para estos contactos, como Cuba, México y Venezuela. La reunión se llevaría a cabo en los próximos días, posiblemente el próximo lunes, 3 de abril. Durante la reunión convocada por el presidente, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Otty Patiño, afirmó que se exigirá un cese al fuego, ya sea parcial o temporal, ya que este es un clamor nacional y es necesario para avanzar en los demás puntos del proceso. Patiño destacó que hay una obligación moral con el país de reducir las confrontaciones y hostilidades que debilitan la confianza en la mesa de diálogos y no ayudan a poner fin al conflicto. Otro de los pronunciamientos al respecto fue por El senador Iván Cepeda, quien también condenó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En la misma línea, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) lamentó estos hechos violentos y destacó la necesidad de que se logre un cese al fuego con este grupo armado. Además, subrayó que la fuerza pública debe mantener sus acciones en contra del ELN y no descuidar las zonas donde este grupo tiene mayor presencia. El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las voces que expresaron su rechazo al atentado y también hizo una crítica al proceso de paz con el ELN. La Fundación Pares intentó contactar a varios delegados tanto del ELN como del Gobierno, sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Ver: (Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN) Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este hecho es lamentable, especialmente teniendo en cuenta que el ELN ha expresado su voluntad de paz. Es importante destacar que en anteriores procesos de negociación en Colombia también se han presentado situaciones similares, incluso en aquellos donde se acordó un cese al fuego con las partes guerrilleras involucradas en las negociaciones. Un ejemplo de ello fue en 2013 cuando se colocó una bomba en el Cauca durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Este tipo de ataques han puesto en riesgo la mesa de diálogo en ocasiones anteriores, pero no han significado la suspensión total de las negociaciones. Por esta razón, la investigadora nacional de Pares señaló que esto es algo que ya ha ocurrido en negociaciones pasadas. Para Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de Pares, es crucial seguir avanzando en el proceso de diálogo y negociaciones, y adelantar el inicio del tercer ciclo en La Habana, Cuba, en el que se discutirá el punto sobre el cese bilateral. Sin embargo, Celis destacó que el ELN podría estar enviando un mensaje claro con este hecho violento: que el conflicto sigue latente y que la fuerza pública sigue siendo su enemigo, lo que sugiere que el grupo armado no considera que estas acciones vayan en contra de la mesa de diálogos. Otro de los puntos para abordar cómo debe actuar el gobierno en respuesta al atentado y a las negociaciones con el ELN, la investigadora nacional Camila Fernández destacó que el gobierno ya está tomando medidas que podrían tener un buen resultado. En particular, señaló que la convocatoria de una consulta con los delegados es un paso positivo, ya que permite establecer una ruta que reconozca a todas las partes involucradas en la mesa de diálogo, y así responder de manera coordinada y efectiva a este tipo de acciones que ponen en riesgo las negociaciones. Además, Camila Fernández destacó la importancia exigir al ELN un cese al fuego. Según la investigadora nacional de Pares, es fundamental que si se está avanzando en los diálogos de paz, se reduzca la violencia no solo a través de la voluntad de las partes, sino también mediante un acuerdo bilateral que especifique qué acciones no son permitidas durante las negociaciones y cómo se llevará a cabo el proceso de desescalamiento. Por otro lado, Luis Fernando Celis también mencionó que el ELN informó en febrero pasado sobre la muerte de nueve de sus integrantes en Buenaventura, lo que evidencia la persistencia del conflicto en diferentes territorios, incluyendo el Catatumbo. Durante los diálogos de paz, se han reportado muertes de combatientes del ELN en el Valle y Chocó como resultado de operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas armadas. Se estima que alrededor de diez guerrilleros han sido asesinados en Chocó y Buenaventura. Por otro lado, en Arauca, se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, debido al control territorial en la zona. Estos enfrentamientos han dejado a varios guerrilleros asesinados por grupos armados. Sin embargo, según Celis, el ELN ha intensificado su accionar militar en las últimas semanas, realizando ataques a oleoductos en 10 ocasiones en Arauca y en varios puntos, incluyendo el Chocó, sumado a los hechos violentos ocurridos hoy. Ver: (ELN amenaza industria petrolera en Arauca) Las víctimas de estos conflictos se presentan en ambos bandos, cabe recordar que en los últimos días, se han presentado varios ataques y enfrentamientos armados en diferentes partes de Colombia, con mayor impacto en la fuerza pública. El 10 de marzo, tres policías resultaron heridos en un ataque con explosivos en la carretera que conecta Cúcuta y Ocaña, cerca de Sardinata. El 16 de marzo, en otro ataque en la carretera hacia Tibú, dos militares resultaron heridos. El 17 de marzo, hubo combates en La Curva, Sardinata. El 19 de marzo, un sargento del ejército murió en combates con el ELN, y dos miembros de ese grupo también perdieron la vida. El 21 de marzo, un suboficial resultó herido en los combates. Además, el 22 de marzo, el ELN secuestró a un escolta de la Unidad Nacional de Protección por más de 24 horas. El 26 de marzo, un soldado murió en un ataque con explosivos en Chocó. Finalmente, esta semana, el grupo armado perpetró un ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que ha sido objetivo de varios actos violentos por parte de este grupo armado. En los hechos violentos recientes en el Catatumbo, es relevante mencionar que entre las víctimas se encontraban jóvenes de entre 18 y 19 años que estaban prestando su servicio militar. Este hecho cuestiona una de las promesas de campaña del presidente, quien había manifestado su desacuerdo en enviar a jóvenes a campos de batalla. La investigadora nacional de Pares, Camila Fernández, lamentó que la población joven en Colombia sea una de las más afectadas por la violencia del conflicto armado, con altas cifras de víctimas que sufren las consecuencias de la guerra, entre ellos, jóvenes que prestan sus servicios militar y jóvenes que viven en zonas rurales. Catatumbo es un territorio que comprende múltiples localidades en Norte de Santander, el cual se distingue por ser una de las áreas del país con mayor prevalencia de plantaciones de coca. Además del ELN, diversos grupos armados, como el frente 33 de las disidencias de las FARC, el EPL y bandas delictivas, también tienen presencia en esta zona.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El lanzamiento de la Fuerza de la Paz El pasado 21 de febrero el presidente del Congreso, Roy Barreras, lanzó su partido “La Fuerza de la Paz”, con el que tendrá la capacidad de dar avales para las elecciones regionales. Bajo el lema “la paz tiene partido”, en el salón rojo del Hotel Tequendama el senador del Pacto Histórico presentó su partido acompañado, entre otros, de varios exfuncionarios del gobierno Santos, incluyendo al propio ministro Alfonso Prada, que asistiendo se arriesga incluso a una investigación de la Procuraduría por participación en política. Dentro de los invitados “ilustres” estuvo el excontralor Carlos Felipe Córdoba, los exministros Germán Cardona, Mauricio Cárdenas, Mauricio Santamaría, Griselda Restrepo y Yesid Reyes, el exprocurador Fernando Carrillo y los excongresistas avalados por Cambio Radical Germán Varón Cotrino y Rodrigo Lara. Santos mismo dio un saludo, diciendo que, aunque está retirado de la política electoral, en la defensa de la paz le parecía “oportuna” la iniciativa de Barreras. Con el nuevo partido, Barreras logra por fin el sueño de tener su propia plataforma política y se vislumbra como una competencia incluso para la propia coalición del Pacto Histórico, dentro de la que se encuentra hoy. La Fuerza de la Paz obtuvo su personería jurídica después de escindirse del Partido Alianza Democrática Amplia (ADA), gracias a la cual Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, pudieron avalarse dentro de las listas del Pacto. En medio del panorama de la explosión descontrolada de partidos políticos, Roy por fin tiene su propia “chequera” de avales y un buen capital político para estas elecciones de 2023. Roy en la coalición de gobierno, ¿un opositor en casa? Desde el comienzo del trabajo del gobierno Petro en el Congreso la piedra angular ha sido Roy Barreras. Contra algunas voces del Pacto Histórico, como la de Gustavo Bolívar, Roy se quedó con la presidencia del Congreso y ha hecho un trabajo milimétrico, junto a David Racero y el ministro Prada para sacar adelante la agenda de Petro. Solo en el primer semestre de la primera legislatura lograron la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la reforma tributaria, la ley 418 (Paz Total – ley de orden público), la creación del Ministerio de la Igualdad y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Un Congreso andando como un relojito, trabajando horas extra y que ahora tiene como mínimo 31 reformas por delante. Sin embargo, los problemas han empezado a notarse con el trámite de la reforma a la salud. Aunque apenas desde el 16 de marzo arrancó formalmente su trámite, pues en el llamado a sesiones extraordinarias no se pudo, el inconformismo de Roy con la ministra de Salud y con buena parte de lo planteado en la reforma ha sido explícito. El mes pasado le concedió una entrevista a la Revista Semana, principal medio opositor del gobierno, en la que aunque dijo que estaba de acuerdo con el 90% de la reforma, consideraba que ella tenía una “posición un poco arrogante”. Como ha sido evidente con el pasar de los días, el gobierno apuntó alto en sus pretensiones con la reforma para poder negociar con los partidos políticos que están, de manera oportunista, en su coalición –el conservatismo, el partido de La U y el liberalismo–, pero también ha tenido que negociar con el propio Roy. Apenas hace unos días lograron “limar asperezas” con la ministra Corcho, y aunque Barreras dice que la coalición de gobierno está “sólida”, los rifirrafes que ha habido en público con otros miembros de la bancada, como el senador Alexander López, muestran otra cosa. El 09 de marzo, López le dijo a Roy “llevas tres meses atacando al gobierno del cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a ministros, ¿y ahora soy yo el de la mala leche? Lo notifico, el programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron” en un intercambio en Twitter. Wilson Arias también ha criticado a Roy. Justo después del lanzamiento de la Fuerza de la Paz dijo que tendría que elegir “entre la paz grande, de justicia social y la paz chica, neoliberal; entre ser proyecto clientelar y la renovación”. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, incluso señaló que aunque Roy “quiere aparecer como el gran conciliador entre el Gobierno y los que atacan. Ha conseguido algo: quitarle el discurso a la oposición”, lo que muestra que las críticas públicas de Barreras y muchas de sus posiciones no han sido para nada bien recibidas dentro del corazón del Pacto Histórico. Barreras, además, ha presentado duras críticas al proyecto de Paz Total del gobierno, en el que también ha habido críticas del ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y de Humberto de la Calle, ambos negociadores del proceso de paz con las FARC y cercanos a Santos. A principios de marzo le pidió al gobierno suspender conversaciones oficiales o extraoficiales con los narcotraficantes y señaló que el camino era la “aprobación de la ley de sometimiento”, aunque desde el gobierno la actitud ha sido la de buscar una negociación amplia con muchos actores que son difusos de definir en su carácter político y criminal. Asimismo, pidió a los voceros del gobierno descalificar la “justicia por mano propia” después de los eventos ocurridos en Caquetá que llevaron a la retención de algunos policías por parte de un grupo de campesinos. A pesar de que Roy sostiene que sigue siendo muy cercano a Petro, las diferencias ideológicas son manifiestas. “Petro es un líder de la izquierda y yo soy un hombre de centro, liberal social-demócrata” le dijo a Caracol. La Fuerza de la Paz: competencia sin asco En la presentación del partido quedó claro que Barreras no tendrá problemas en avalar candidatos cuestionados. Además de la polémica que surgió por la pretensión de acompañar a la exgobernadora del Valle y hoy presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, quien buscaría ese mismo cargo de nuevo, la Fuerza de la Paz también avalaría a Jorge Rey, cuestionado por presunto volteo de tierras, quien también busca de nuevo la gobernación de Cundinamarca. La Silla Vacía hizo un conteo completo de los candidatos que tendrían el apoyo del nuevo partido, que se convertiría en una piedra en el zapato para el Pacto en departamentos que fueron clave para la victoria de Petro, como el Valle del Cauca, Atlántico o incluso Bogotá, donde no se descarta que Barreras apoye a Rodrigo Lara. Barreras y otros santistas, como Alfonso Prada o Armando Benedetti, sin duda han sido operadores políticos excepcionales para Petro, pero en cualquier momento podrían armar “rancho aparte” y convertirse en una de las fuerzas opositoras del Pacto Histórico en las regionales. Es un negocio redondo el que hizo Roy: se subió al bus correcto en el momento correcto, acabó siendo presidente del Congreso y pieza clave para la aprobación de las reformas en la primera legislatura. Y a la vez, conformando una nueva casa para los santistas que de nuevo tienen un logo propio.