Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El lanzamiento de la Fuerza de la Paz El pasado 21 de febrero el presidente del Congreso, Roy Barreras, lanzó su partido “La Fuerza de la Paz”, con el que tendrá la capacidad de dar avales para las elecciones regionales. Bajo el lema “la paz tiene partido”, en el salón rojo del Hotel Tequendama el senador del Pacto Histórico presentó su partido acompañado, entre otros, de varios exfuncionarios del gobierno Santos, incluyendo al propio ministro Alfonso Prada, que asistiendo se arriesga incluso a una investigación de la Procuraduría por participación en política. Dentro de los invitados “ilustres” estuvo el excontralor Carlos Felipe Córdoba, los exministros Germán Cardona, Mauricio Cárdenas, Mauricio Santamaría, Griselda Restrepo y Yesid Reyes, el exprocurador Fernando Carrillo y los excongresistas avalados por Cambio Radical Germán Varón Cotrino y Rodrigo Lara. Santos mismo dio un saludo, diciendo que, aunque está retirado de la política electoral, en la defensa de la paz le parecía “oportuna” la iniciativa de Barreras. Con el nuevo partido, Barreras logra por fin el sueño de tener su propia plataforma política y se vislumbra como una competencia incluso para la propia coalición del Pacto Histórico, dentro de la que se encuentra hoy. La Fuerza de la Paz obtuvo su personería jurídica después de escindirse del Partido Alianza Democrática Amplia (ADA), gracias a la cual Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, pudieron avalarse dentro de las listas del Pacto. En medio del panorama de la explosión descontrolada de partidos políticos, Roy por fin tiene su propia “chequera” de avales y un buen capital político para estas elecciones de 2023. Roy en la coalición de gobierno, ¿un opositor en casa? Desde el comienzo del trabajo del gobierno Petro en el Congreso la piedra angular ha sido Roy Barreras. Contra algunas voces del Pacto Histórico, como la de Gustavo Bolívar, Roy se quedó con la presidencia del Congreso y ha hecho un trabajo milimétrico, junto a David Racero y el ministro Prada para sacar adelante la agenda de Petro. Solo en el primer semestre de la primera legislatura lograron la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la reforma tributaria, la ley 418 (Paz Total – ley de orden público), la creación del Ministerio de la Igualdad y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Un Congreso andando como un relojito, trabajando horas extra y que ahora tiene como mínimo 31 reformas por delante. Sin embargo, los problemas han empezado a notarse con el trámite de la reforma a la salud. Aunque apenas desde el 16 de marzo arrancó formalmente su trámite, pues en el llamado a sesiones extraordinarias no se pudo, el inconformismo de Roy con la ministra de Salud y con buena parte de lo planteado en la reforma ha sido explícito. El mes pasado le concedió una entrevista a la Revista Semana, principal medio opositor del gobierno, en la que aunque dijo que estaba de acuerdo con el 90% de la reforma, consideraba que ella tenía una “posición un poco arrogante”. Como ha sido evidente con el pasar de los días, el gobierno apuntó alto en sus pretensiones con la reforma para poder negociar con los partidos políticos que están, de manera oportunista, en su coalición –el conservatismo, el partido de La U y el liberalismo–, pero también ha tenido que negociar con el propio Roy. Apenas hace unos días lograron “limar asperezas” con la ministra Corcho, y aunque Barreras dice que la coalición de gobierno está “sólida”, los rifirrafes que ha habido en público con otros miembros de la bancada, como el senador Alexander López, muestran otra cosa. El 09 de marzo, López le dijo a Roy “llevas tres meses atacando al gobierno del cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a ministros, ¿y ahora soy yo el de la mala leche? Lo notifico, el programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron” en un intercambio en Twitter. Wilson Arias también ha criticado a Roy. Justo después del lanzamiento de la Fuerza de la Paz dijo que tendría que elegir “entre la paz grande, de justicia social y la paz chica, neoliberal; entre ser proyecto clientelar y la renovación”. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, incluso señaló que aunque Roy “quiere aparecer como el gran conciliador entre el Gobierno y los que atacan. Ha conseguido algo: quitarle el discurso a la oposición”, lo que muestra que las críticas públicas de Barreras y muchas de sus posiciones no han sido para nada bien recibidas dentro del corazón del Pacto Histórico. Barreras, además, ha presentado duras críticas al proyecto de Paz Total del gobierno, en el que también ha habido críticas del ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y de Humberto de la Calle, ambos negociadores del proceso de paz con las FARC y cercanos a Santos. A principios de marzo le pidió al gobierno suspender conversaciones oficiales o extraoficiales con los narcotraficantes y señaló que el camino era la “aprobación de la ley de sometimiento”, aunque desde el gobierno la actitud ha sido la de buscar una negociación amplia con muchos actores que son difusos de definir en su carácter político y criminal. Asimismo, pidió a los voceros del gobierno descalificar la “justicia por mano propia” después de los eventos ocurridos en Caquetá que llevaron a la retención de algunos policías por parte de un grupo de campesinos. A pesar de que Roy sostiene que sigue siendo muy cercano a Petro, las diferencias ideológicas son manifiestas. “Petro es un líder de la izquierda y yo soy un hombre de centro, liberal social-demócrata” le dijo a Caracol. La Fuerza de la Paz: competencia sin asco En la presentación del partido quedó claro que Barreras no tendrá problemas en avalar candidatos cuestionados. Además de la polémica que surgió por la pretensión de acompañar a la exgobernadora del Valle y hoy presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, quien buscaría ese mismo cargo de nuevo, la Fuerza de la Paz también avalaría a Jorge Rey, cuestionado por presunto volteo de tierras, quien también busca de nuevo la gobernación de Cundinamarca. La Silla Vacía hizo un conteo completo de los candidatos que tendrían el apoyo del nuevo partido, que se convertiría en una piedra en el zapato para el Pacto en departamentos que fueron clave para la victoria de Petro, como el Valle del Cauca, Atlántico o incluso Bogotá, donde no se descarta que Barreras apoye a Rodrigo Lara. Barreras y otros santistas, como Alfonso Prada o Armando Benedetti, sin duda han sido operadores políticos excepcionales para Petro, pero en cualquier momento podrían armar “rancho aparte” y convertirse en una de las fuerzas opositoras del Pacto Histórico en las regionales. Es un negocio redondo el que hizo Roy: se subió al bus correcto en el momento correcto, acabó siendo presidente del Congreso y pieza clave para la aprobación de las reformas en la primera legislatura. Y a la vez, conformando una nueva casa para los santistas que de nuevo tienen un logo propio.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Entrevista con Paola Zavala Saeb, directora de la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA) México1 Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cómo es el contexto de violencia en México y cómo afecta a los jóvenes de hoy en Ciudad de México y en el país en general? Paola Zavala Saeb: a mí me preocupa la realidad mexicana con respecto a los jóvenes en dos cosas: 1a utilización de los jóvenes para cometer delitos muy graves, particularmente los homicidios, lo que me lleva a preguntas muy fuertes a nivel jurídico y ético. En México hace algunos años habíamos avanzado en una reforma penal en la que se trataba que los jóvenes no recibieran el mismo trato penal que los adultos. Actualmente los menores de edad tienen un sistema de justicia distinto, hay un sistema de justicia para adolescentes, en el que hasta los 18 años este tratamiento es diferente. Los centros de internamiento son completamente distintos, de casa hogar, donde les dan muchas capacitaciones, etc. Y sus penas son muy cortas, entonces lo que pasa es que están siendo utilizados por el crimen organizado, porque estos chavos, pues si llegan a pisar la cárcel, su pena será corta y saldrán, entonces aquí en México hemos hecho ya algunos estudios, que evidentemente están basados en testimonios de cuánto les pagan por matar a alguien y el promedio que hemos encontrado desde OCUPA son 6.000 pesos al mes, 6.000 pesos por vida cegada. Esto suena aterrador, que los jóvenes estén dispuestos a hacerlo por esa cantidad de dinero y cómo son usados. Y otros a los que ni siquiera hay que pagarles, que son cooptados desde muy temprana edad. Porque i tú estás en un entorno como el de estos barrios, en los que todo es violencia, todos tus compañeros hacen lo mismo, tus vecinos se dedican a la criminalidad y no es mal visto, hasta incluso es aplaudido por las familias, por las madres, por las novias, por las canciones, por la cultura, etc., lo que haces es adaptarte a ese entorno y entonces son jóvenes que piensan en el sicariato porque es un modo de vida, es como un nuevo estatus al cual aspirar y eso es muy grave. Ustedes lo tienen muy claro con Escobar, pero aquí también tienen al Chapo y algunos que también pueden ser vistos como héroes en cierto sentido, también llevados por las narco-series y todo esto. Son roles a los cuales aspiran los jóvenes, además cuando no tienen de donde más agarrarse, cuando no hay una estructura estatal educativa, cuando no hay posibilidades reales de subir en la escala social, me refiero a la económica, cuando todo tu entorno las posibilidades que ofrece son violencia, pues los chavos desde muy temprana edad empiezan a reproducir y a vivir esa violencia y además desde una perspectiva que antes no teníamos vista, que es sin culpa, con orgullo. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿qué ha hecho el Estado Mexicano para contrarrestar un poco esta violencia de los jóvenes en el país? ¿Qué programas, qué ideas o estrategias ha diseñado el gobierno específicamente para los jóvenes? Paola Zavala Saeb: las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Orador se contraponen muchísimo. Primero el presidente dice que “abrazos no balazos”, que la violencia genera más violencia en el discurso. Y pues hace ciertas cosas de política pública en las que a mí no me queda claro cómo inciden en la disminución de la violencia. Porque son política pública general, o sea es cierto que ha abierto nuevas universidades públicas, es cierto que apoya becas para mantenerte en las escuelas, sobre todo a nivel de estudio esto es importante, sin embargo sigue con la idea prohibicionista de las drogas muy arraigada, igual que Calderón, idéntico a quien declaró la guerra contra las drogas en México. En ese sentido tú estás todo el tiempo oyendo en la radio que las drogas destruyen y viene un aumento a la prisión preventiva oficiosa. En México, como tenemos una incapacidad absoluta para poder juzgar conforme a los derechos humanos a la gente, nos hemos puesto algunos límites constitucionales, entonces contemplamos la figura de la presunción de inocencia, entonces tu tendrías que ir a la cárcel con una sentencia condenatoria, o sea una vez que has vivido tu proceso que puede determinar que eres culpable. Pero en México no, hay una serie de delitos que puedes vivir el proceso dentro de las cárceles, en lo que averiguan si eres culpable o inocente con una acusación por parte del fiscal. Al principio lo hicieron para delitos muy muy graves como secuestro y homicidio, y ahorita son 30 delitos los que merecen prisión preventiva, ya porque son incapaces de comprobar la culpabilidad. Hoy la mayoría de las personas que caen a prisión por medio de la prisión preventiva oficiosa son jóvenes, es decir, tenemos un Estado súper punitivo y eso ha pasado con Andrés Manuel López Orador, se ha vuelto más punitivo y punitivo a gente que ni siquiera estamos seguros de su culpabilidad, que ya te sabes el perfil: pobres, sin defensa adecuada, sin terminar la educación básica, que evidentemente casi siempre que tienen una acusación tienen sentencias condenatorias. En Guajaca, un territorio con muchísima población indígena, el 100% de las acusaciones acaban en sentencia condenatoria. Evidentemente esto tiene una relación clarísima con temas de pobreza y de defensa inadecuada, hasta de temas de lenguaje de que no tuvieron ni traductor ni nada, resulta que ahí sí es eficiente el Ministerio Público y todos los que a los que acusan los condenan. Ahí hay una cosa muy grave que está afectando particularmente a las juventudes, que es la prisión preventiva oficiosa. Pueden estar en cárcel, la Constitución dice que dos años, pero la verdad es que todos están más de dos años y ese es un tema muy importante y no desapareció en México con este nuevo gobierno, incapaz de reconocer avances de otras administraciones y otros tipos de gobierno, cosas que hicieron y que tenían muchos aciertos. A mí me parecía un acierto una Subsecretaría de Prevención Social del Delito, y era una Secretaría que no estaba adscrita a Seguridad Pública, sino a la Secretaría de Gobernación, o sea tenía una perspectiva social y justamente se estaban haciendo investigaciones. ¿De dónde son los cuadrantes con mayor número de delitos?, ¿qué delitos se comenten?, ¿quién los está cometiendo? Pero cero incidencia pública diferenciada, o sea abrir escuelas, poner universidades no necesariamente se va a traducir en bajar los niveles de delincuencia, porque los chavos que están delinquiendo pues muy probablemente ya no están en la escuela, ya han sido cooptados y vienen de entornos que son mucho más complejos que solo hacer la preparatoria y no están entrando para nada a pensar los fenómenos delictivos de manera diferenciada, territorial, por delito, hasta por edades y por contextos en los estados, ni a nivel federal ni a nivel local, no hay una política de prevención real de la violencia y eso es lo que a mí más preocupada me tiene, eso no existe en México, lo que hay es una prevención desde el punto de vista policivo, militarista, que está pasando por el otro lado, si no quieres entrar al narco, tienes enormes posibilidades de entrar al ejército, o sea, el ejército es ahorita la instancia estatal más atractiva para un joven, porque te dan escuela, porque le dan con su familia, vivienda, créditos, becas, entonces la verdad es que si tú eres un chavo pobre de una comunidad como Michoacán, tienes dos opciones, o el narco o el ejército, y pues la gente hay muchos chavos que están siendo captados por el ejército con esta misma lógica de guerra y policía que no creo que nos lleve a ningún lado. Pares: ¿los jóvenes tienen en México alguna instancia que reglamente la participación política? Paola Zavala Saeb: en la Ciudad de México existe el Instituto de la Juventud y también existen instancias a nivel federal de México como país. Los institutos juveniles son parte del gobierno, pero desde ahí están vistos como instancias de gobierno en las que la participación está sobre todo ubicada a hacer programas, prevención, deporte, cultura, conciertos, capacitaciones, etc., pero no un tema de participación política. La participación política en todo caso se está promoviendo desde los propios partidos políticos. Cada uno empieza a aportar a su base juventudes o no. De hecho, el PRI tiene su base de jóvenes, también MORENA, Jóvenes con MORENA. Pero si me preguntas a mí, me preocupa que México en este momento vive una gerontocracia. La media del gabinete es de 75 años, el fiscal general de la nación tiene 82 años, muchas personas de nuestro gabinete son personas adultas mayores y hay poca participación de los jóvenes. A mí me llama mucho la atención ver que se está militarizando el país, que ya no hay policías civiles y que no hay un movimiento de jóvenes que lo esté cuestionando. ¿Por qué?, pues porque quienes hoy son jóvenes nacieron ya en un lugar militarizado, esto lleva 15 años, entonces su perspectiva ya es de un país militarizado. Lo que hay en este momento son dos movimientos de incidencia política importante: el movimiento de las diversidades sexuales y desde luego los feminismos, movimiento que llena las calles, y que ha cuestionado a este presidente, que llegó como con mucha legitimidad, lo que lo puso frente a las cuerdas. Fue el movimiento feminista en México, que es el que tiene muchas generaciones de mujeres, pero que es un movimiento juvenil. Ahora el 08 de marzo fue impresionante como se llenaron las calles no sólo de la ciudad, sino de todas las ciudades en México y eran jóvenes, mujeres jóvenes y en esa agenda de los feminismos hay mucha complejidad y diversidad, pero yo sí creo que el punto nodal de los feminismos en México es la violencia, no es solo evitar la violencia hacia nosotras, sino superar frecuentemente la violencia social entre todos y todas, entonces ahí es por donde yo veo a lo mejor como una semilla importante en las jóvenes. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cuál crees tú, serían esas demandas principales, esos reclamos gruesos de los jóvenes en México hoy? ¿Qué dispositivos se necesitarían para que esos jóvenes que están en esa situación de violencia extrema? ¿Cuáles podrían ser esas demandas? Si hubiese un estallido como el que hubo en Colombia, ¿qué crees tú que pedirían? Paola Zavala Saeb: yo creo que un cambio en la política de drogas. Pares: ¿por qué? Paola Zavala Saeb: porque si bien es cierto que nacieron en un contexto militar y todo eso, el referente histórico que tienen es que los tres partidos hegemónicos en México han usado la misma fórmula. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿cuáles son esos tres partidos? Paola Zavala Saeb: El PRI, El PAN y ahora MORENA, derecha, centro e izquierda, o sea, igualito los tres. Pares: como estamos acá, y ¿cuál ha sido el enfoque que han frente a las drogas? Paola Zavala Saeb: el punitivo y el apostar a los militares y a la prohibición, y al castigo, pero no ha resultado ser eficaz, mi miedo es que sea, al contrario, que, ya estando la mesa puesta, se exija un movimiento como el de Bukele. Miguel Ángel Rubio (Pares): un bukelismo. Paola Zavala Saeb: un bukelismo Pares: es una categoría que aparece en la ciencia política hoy, interesante. Paola Zavala Saeb: y le está funcionando, Miguel Ángel, en términos reales de disminución de homicidios, los ha bajado radicalmente. Miguel Ángel Rubio (Pares): ¿pero a qué costo, a un costo político? Paola Zavala Saeb: a la gente no le importa el costo, a ti y a mí nos interesa el costo. Pares: no, pero aquí somos víctimas de eso, es decir en Colombia hubo bukelismo antes de que Bukele se inventara eso, aquí tenemos 6.402 jóvenes asesinados durante el periodo de un presidente de la república. Paola Zavala Saeb: ¿de qué presidente? Miguel Ángel Rubio (Pares): elex presidente Uribe, los famosos falsos positivos, 6.402 jóvenes que el Ejército Colombiano y la policía asesinaron bajo la política de presión y de mostrar resultados, entonces había que mostrar resultados militares para que la imagen del presidente se mantuviera arriba y el Ejército iba matando, ni siquiera poniendo preso, ni siquiera cogiéndolos para meterlos a cárceles como Bukele, no, directamente los iban matando, les iban poniendo traje militar y las botas al revés y los hacían pasar como guerrilleros. Entonces, ¿qué costo tuvo esa política de seguridad democrática? Paola Zavala Saeb: ¿y bajó los índices? Pares: no bajó los índices de inseguridad, pero aumentó los índices de criminalidad. Hay un movimiento hoy muy poderoso que se llama “Las Madres de Soacha”, que son precisamente madres que exigen al gobierno que les digan donde están los cuerpos de esos muchachos asesinados. Porque aquí en Colombia tenemos un dicho, en la región paisa, que dice “de eso tan bueno no dan tanto”. Lo que quiere decir es que eso que parece tan excelente tiene su trampa y su gato encerrado. Paola Zavala Saeb: yo creo que es momento en México de irlo haciendo grande, porque creo que hacia allá van, mira cómo a Bukele sí le está funcionando y la gente no hace un análisis más profundo, la verdad la gente punitiva lo que quiere es que no la maten a ella, si matan al del frente pues ni modo, no o sea pues en algo andaba, es terrible Miguel Ángel Rubio (Pares): es una cultura del crimen, bueno interesante ese cuento. Bueno y el cambio en la política de drogas sería si la legalizaran, supongo. La legalización para bajarle la incidencia del narcotráfico, lo mismo que acá. Paola Zavala Saeb: y también creo que hay que empezar desde el discurso de la libertad, o sea yo creo que ya se agotó que el narcotráfico no tiene sentido como mercado, pero podríamos llegar con los jóvenes con el tema de la libertad, del control de riesgos, de pues es tu cuerpo manito, finalmente, ya más allá de todo eso, porque se está muriendo tantísima gente, porque otros deciden consumir, o sea, no tiene sentido.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Por raro que parezca, en especial con un gobierno de “izquierda”, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) –el organismo de crédito más importante del mundo– elogió este mes al gobierno de Gustavo Petro por el buen manejo macroeconómico que le está dando al país. En su comunicado de presa 23/90, sobre su Artículo IV de Colombia, felicitó a las autoridades económicas del país “por la notable solidez de sus políticas y marcos institucionales”. En el balance que entregó el organismo multilateral este 22 de marzo –luego de la visita de los funcionarios del Fondo a Bogotá a mediados de febrero y después recoger y contrastar la información que tenían de primera mano sobre las distintas variables de la economía– reconoció que el Gobierno nacional ha sabido asumir los retos que le impuso el periodo de pos-pandemia, caracterizado por una recesión mundial y graves problemas financieros. Para el Fondo resultan muy acertadas las políticas que han ejecutado los tomadores de decisiones, lo que ha permitido que Colombia se destaque entre las economías emergentes por ser una de las más dinámicas y prósperas, con un crecimiento económico del 7,5% para 2022. Incluso advierten que, a pesar del incremento proyectado del 1% para este año y del 1,9% para el próximo, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) es envidiable, si lo comparamos con otros países. En breve, para el FMI la economía colombiana se encuentra en una senda de crecimiento sostenible –que estima se eleve en los próximos años a 3,3%–, de allí su admiración y nota de felicitación en este último informe donde respalda “la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a las crisis”. Por eso, el informe concluye y certifica que “la política económica del país continúa siendo sólida y encaminada a corregir los desequilibrios macroeconómicos de la pandemia”. Estos buenos resultados son fruto de un manejo macroeconómico acertado, al menos, en cuatro tipos de decisiones. La primera se asocia a la reducción del déficit fiscal. El Gobierno nacional, en lugar de endeudarse y aumentar su gasto en época de pos-pandemia, ha adoptado una conducta de moderar el gasto y cumplir la regla fiscal. El déficit creciente del gobierno central, dejado por la pasada administración que subsidió el consumo de la gasolina, viene reduciéndose durante este nuevo mandato. Según las proyecciones del Fondo, la decisión de ajustar las tarifas de los combustibles hará que el hueco fiscal desaparezca en pocos años y mejoren las finanzas públicas. La segunda decisión importante ha sido la política monetaria restrictiva que viene aplicando el Banco de la República para controlar la inflación. La decisión del emisor de subir las tasas de interés permitirá controlar el nivel creciente de inflación y hará que en los próximos meses se disminuya gradualmente esta variable. Para el FMI, a finales de 2023 la inflación descenderá a niveles del 8,4% y en los dos siguientes años, al cierre del gobierno Petro, nuevamente el índice de precios al consumidor (IPC) volverá al 3% en promedio. La tercera decisión acertada del Gobierno es la de plantear una serie de reformas estructurales con las que se busca “mejorar la equidad y la inclusión social” y proteger a la población más vulnerable. Para el Fondo, las reformas a los sectores de la salud, las pensiones y los mercados laborales son necesarias y convenientes para el país en términos de reducir los desequilibrios internos, de allí que “vieron muy positivamente los objetivos de estas reformas”. En este sentido, según el organismo multilateral, el gobierno Petro está actuando de forma correcta al proponer y defender una serie de reformas económicas y sociales con las que busca promover la transformación productiva con justicia social. Valora el hecho de aprobar una reforma tributaria con la que busca incrementar el gasto social. Aunque reconoce también que este es un tema difícil, en especial con los poderes económicos pues afecta sus bolsillos, de allí que le pide al Gobierno “hacer reformas con cautela”. Estas reformas deben ser consultadas, dialogadas e implementadas con prudencia y cuidado, pues pueden afectar la estabilidad fiscal y financiera del país. Finalmente, la cuarta decisión importante es la de impulsar la transición energética. Esta es una tarea en la que también debe avanzarse con cuidado, mediante un plan a mediano y largo plazo. Esta es una meta estructural que debe impulsarse de forma gradual, pues transformar la dependencia de la economía en productos minero-energéticos como el petróleo y el carbón es una tarea de largo aliento. Pero debe ser una meta frente a la cual debe iniciarse desde ya, para que el planeta transite a una reducción de la emisión de carbono a una situación con un crecimiento económico más sostenible. En síntesis, el organismo económico multinacional felicitó al gobierno colombiano por el buen manejo que le está dando a su macroeconomía. Le dieron su bendición por su compromiso con la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación, las iniciativas de reformas sociales y la apuesta por la transición energética. Medidas que han permitido al país que se ubique en la senda del crecimiento sostenible. Una bendición que puede resultar incómoda para algunos sectores, en especial para los críticos del modelo neoliberal y de mercado que impera en Colombia y en el mundo. Pues saben muy bien que el FMI es tal vez el organismo que más defiende y protege las políticas de mercado y al sector financiero internacional. De allí que miren con desconfianza este tipo de honores que le hacen al país. Sin embargo, hay que ver lo positivo y estratégico que puede resultar esta mención de honor del FMI. Esta puede verse como una oportunidad para el país de acceder a créditos más baratos y con menos trámites para realizar inversiones y salir de posibles apuros financieros. La buena evaluación significa que las calificadoras de riesgo mejoraran la confianza inversionista en el país y los bancos prestamista le ofrecerán créditos a menos costos –Línea de Crédito Flexible (LCF) por aproximadamente 9.800 millones de dólares– debido, precisamente, a la “sólida resiliencia de Colombia”. Finalmente, un visto bueno externo que sirve para decirle a la sociedad y al mundo que el gobierno colombiano está trabajando decididamente en cumplir su promesa de desarrollar y desplegar el capitalismo. Que viene impulsando un modelo de mercado que apoya las transformaciones productivas, la industrialización y desarrollo económico, pero que está acompañado con unas políticas que buscan también la justicia social. Un modelo que logra impulsar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, provoca que este bienestar se derrame en todos los sectores sociales para reducir la pobreza y las desigualdades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación presenta su Balance anual de convivencia y seguridad ciudadana – Comparativo 2021 – 2022, ofreciendo una lectura general de la seguridad en las principales zonas urbanas del país. Los datos referenciados en el presente informe –que comprenden al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022– hacen parte del Sistema Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. El análisis presentado se hizo en torno a dos tipologías: Delitos de Alto Impacto Social y Resultados Operativos. De los Delitos de Alto Impacto fueron seleccionados un total de siete: Homicidios, Lesiones Personales, Hurto (a personas, a vivienda y a automotores), Extorsión y Amenazas. De Resultados Operativos se consideraron: Capturas, Incautación de Droga e Incautación de Armas. Ahora bien, sobre los territorios analizados se tuvieron en cuenta las aglomeraciones urbanas (que implican una ciudad principal y los municipios aledaños) que generalmente considera la Línea de Investigación para el seguimiento a hechos de coyuntura y análisis de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, estas son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Aquí las cifras más relevantes por Delitos de Alto Impacto y Resultados Operativos a nivel nacional: - Homicidios: 13.543 casos en 2022 que representan un aumento del 1,3%. - Lesiones personales: 110.358 casos para 2022, aumentando 4,7% con respecto a 2021. - Hurto a personas: 352.483 casos registrados en 2022, con un aumento del 29%. El 38,5% de los hurtos suceden a mano armada. - Hurto a residencias: 33.686 casos en 2022, aumento del 6,7% en comparativo a 2021. La gran mayoría de los hurtos a residencias suceden a las 0hrs. - Amenazas: 86.241 casos, con un aumento del 63,7%. Pitalito, Girardot, Barrancabermeja y Jamundí son loscinco de municipios con más casos por cada cien mil habitantes. - Extorsión: 8.632 casos en 2022, aumentando el 10,6% frente a 2021. El 46% de los casos ocurre mediante llamada telefónica. - Capturas: se capturaron 187.024 personas en 2022 (+2,6%). Los delitos con más capturas fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (48.315 capturas); hurto a personas (22.049 capturas); fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (14.995 capturas). - Incautación de estupefacientes: 722 toneladas incautadas en 2022, representando un aumento del 1%. Marihuana y Cocaína representan el 90% de las incautaciones. - Incautación de armas de fuego: 16.430 armas incautadas en 2022, aumentó 11,5% frente a 2021. Revólver (14.851 incautaciones) y Pistola (11.849 incautaciones) son las armas más incautadas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas, los análisis y contextos por aglomeración urbana y el resumen de organizaciones delincuenciales que operan en las aglomeraciones priorizadas, aquí:

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado 19 de marzo el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de derogar el decreto 2258 de 2022, por medio del cual se declaraba el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. Los detonantes de esta decisión fueron, por un lado, las denuncias de presiones e instrumentalización de mineros en el Bajo Cauca antioqueño por parte de este grupo criminal para mantener el paro y así evitar el aumento de las multimillonarias pérdidas derivadas de la acción de la fuerza pública en contra de la gran maquinaria de la minería criminal. Además de la agudización de hechos de violencia en el paro, como quema de buses, ataques a ambulancias y posteriormente el enfrentamiento con unidades militares en Tarazá. Esta situación constituye un reto para la materialización de la paz total en varios sentidos. En primera medida, porque el pacto de un cese bilateral al fuego con este grupo criminal para dialogar en torno a un eventual sometimiento a la justicia tenía como objetivo aliviar en cierta medida la situación humanitaria en los territorios, sin embargo, su accionar criminal nunca contribuyó a dicho propósito. Por el contrario, como lo reconoció Petro en recientes declaraciones, el Clan del Golfo se estuvo fortaleciendo en medio del cese, por medio de sus fuentes económicas ilícitas. En relación con esto, un segundo desafío tiene que ver con la expansión de este grupo criminal. Durante el 2022 La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) documentó la presencia del Clan del Golfo en 241 municipios de Colombia, sin embargo, en la actualidad tiene influencia en cerca de 270 municipios, alrededor del 24% de los municipios del país. Sus acciones armadas en lo corrido del presente año reflejan una especial concentración en departamentos como Magdalena, Sucre y Santander, principalmente a través de amenaza y homicidio. Además, hace pocos días, inteligencia del Estado reveló que el Clan del Golfo está compuesto actualmente por 3.618 integrantes, 1.435 de ellos en armas y 2.183 en redes de apoyo. No obstante, no hay consenso sobre el número de personas que la integran . El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció en declaraciones que las filas de este grupo ascienden a 5.000 hombres, mientras que Ricardo Giraldo, abogado representante de esta organización criminal, mencionó que la cifra ronda los 9.000 efectivos, siendo según esto, la estructura criminal más grande del país. A estos retos se suman las expectativas generadas por el gobierno en torno a la propuesta de un diálogo socio-jurídico con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales de alto impacto para su sometimiento a la justicia. El abogado del Clan ha expresado inconformidades debido a que ya existe un proyecto de ley a discutir en el Congreso con los términos del sometimiento y, en consecuencia, no tendría sentido la idea de diálogo socio-jurídico ni tampoco habría disposición de la organización criminal a someterse bajo estos condiciones. Otro reto de gran importancia es que el Clan del Golfo se ha constituido en un actor relevante dentro de fenómeno del Crimen Organizado Transnacional. En este sentido esta estructura criminal ha logrado consolidar un portafolio de negocios diversificado que contempla el dominio de toda la cadena de narcotráfico, la extracción de oro por medio de minería ilegal, la extorsión, el contrabando de armas, entre otros. Además, ha logrado permear en distintos niveles de la institucionalidad, por medio de la influencia en sectores políticos y de la fuerza pública. La extensión de sus redes en distintas esferas ha complejizado la manera de entender a este grupo armado y cómo opera en red con otros actores criminales de distintos niveles territoriales. Con base en lo anterior se podrían plantear tres escenarios. Inicialmente se prevé un incremento de las confrontaciones de esta estructura criminal con otros grupos armados y con la fuerza pública, y en este sentido, impactos para la población civil como desplazamiento y confinamientos, sobre todo en territorios donde el Clan del Golfo tiene mayor control territorial como el Urabá antioqueño y chocoano, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Allí la respuesta institucional frente al accionar de este grupo armado será esencial para evitar el incremento de violencia. Por otro lado, pese a la suspensión del cese al fuego, se plantea la posibilidad de seguir adelante con unos acercamientos entre el gobierno y el Clan del Golfo sobre la base de un sometimiento a la justicia. Velásquez ha mencionado la disposición de seguir explorando caminos conducentes a un sometimiento, independiente de la derogación del decreto. De igual forma, el Clan de Golfo ha manifestado seguir con su disposición de paz, si bien esto contrasta con el impacto de sus acciones armadas en los territorios. Por último, aunque el Clan del Golfo ha expresado consenso dentro de sus cabecillas frente a la paz total, se plantean dudas frente a la capacidad de alias “Chiquito Malo” para unificar al resto de la estructura en torno a ese propósito. Bajo este escenario es posible una fragmentación, que desemboque en disputas por el control de la organización o en la atomización de esta estructura armada, derivando en nuevas facciones. Hay que recordar que esta estructura criminal recientemente está pasando por un cambio de mando en sus cabecillas a raíz del asesinato de alias “Siopas”, quien era el segundo al mando. Al parecer este habría sido asesinado por “Chiquito malo” por cuenta de las diferencias que ambos tenían respecto a un eventual sometimiento a la justicia. Con la muerte de “Siopas”, alias “Gonzalito” quedó como segundo al mando. De hecho, el pasado 27 de marzo se conoció un video comunicado del Clan del Golfo por parte de sus comandantes, lo que ellos llaman la “Mesa de Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que aparecían “Gonzalito”, “Rodrigo”, “Joaquín” y “Jerónimo” (pero no “Chiquito Malo” o “Javier” por “cuestiones de salud”), expresando que responsabilizaban al gobierno de la problemática que podría causar la “decisión apresurada” de ordenar una ofensiva militar en contra del Clan del Golfo y la cancelación del cese bilateral al fuego con esta organización. Posteriormente ratificaron “nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la Paz Total”. En definitiva, los álgidos sucesos relacionados con el Clan del Golfo de las últimas semanas demuestran un escenario complejo para la paz total. Sin embargo, esta es una ventana de oportunidad para el gobierno de demostrar una política pública coherente de seguridad y defensa en la que se mantenga la acción contra los valores económicos estratégicos de este grupo armado, así como acciones tendientes a replegar su accionar y proteger a la población civil.

Por: Katerin Erazo, Periodista Los asesinatos de líderes sociales continúan en aumento en este 2023, a pesar de los esfuerzos por parte de las organizaciones civiles para detener esta ola de violencia. Un caso reciente fue el de Mariela Martinez Gaviria, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buchely, Tumaco. Según informaron sus familiares al medio de comunicación Caracol Radio, Mariela se encontraba en su hogar cuando seis hombres en motocicletas llegaron preguntando por ella. Uno de ellos le disparó varias veces, causándole la muerte. Esta lideresa social, también trabajaba en el área administrativa del hospital Divino Niño en su vereda. La noticia del su asesinato causó gran indignación en la comunidad local y en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes exigen justicia y protección para los líderes sociales. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, envió un mensaje de condolencias a la familia de la lideresa social y solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones. Sin embargo, muchos en la comunidad expresan su preocupación por la falta de protección y seguridad para los líderes sociales, especialmente en regiones como Tumaco, donde la presencia del Estado es limitada y los grupos armados ilegales tienen un gran control territorial. Otro de los casos recientes fue el del pasado 25 de marzo, en el que fue asesinado Gonzalo de Jesús Parra Forero, líder y presidente de la Asomipaz, una asociación de mineros artesanales en el departamento de Boyacá. El asesinato ocurrió en la vereda Zulia, en el sector el Guarumal del municipio Maripí, Boyacá. Según la información suministrada, el autor fue capturado pocas horas después por la Policía Nacional. Parra Forero pertenecía a uno de los programas de desarrollo y paz de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz y era miembro activo de la Red de Pobladores, Representante del Nodo Nororiental y cofundador de la Red de Mineros Artesanales de Esmeraldas. A este caso se le suma el del pasado martes 21 de marzo, en el que horas de la madrugada, la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona, municipio de Puerto Caicedo, fue sacudida por un acto violento que dejó como resultado la muerte de Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud. De acuerdo al informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hombres armados fueron los responsables del hecho. Diego, de 32 años, era comunero Nasa afiliado al cabildo Selva Hermosa y actualmente ejercía como fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén. Fernando Malpud, por su parte, era un reconocido finquero de la zona, quien vivía en la comunidad desde hace muchos años. La zona donde ocurrieron los hechos cuenta con la presencia de la estructura armada Comandos de Frontera, Ejército Bolivariano CDF-EB y el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC. Las comunidades rurales de Puerto Caicedo urgen acciones institucionales que esclarezcan los hechos y garanticen su vida e integridad. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se destaca que las comunidades siguen llamando a los actores armados a respetar y demostrar gestos de paz real en los territorios. Estos lamentables sucesos se suman a la larga lista de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Ver: (Siguen los asesinatos contra líderes sociales) Según la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en lo que va del año ya son 36 los líderes y lideresas sociales que han sido víctimas de la violencia, y desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, el número total de asesinatos ha alcanzado la cifra de 1.040. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, identificó que los departamentos con mayor incidencia de asesinatos de líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En cada uno de estos departamentos, se han registrado cinco casos, lo que representa un total de 15 líderes sociales asesinados. Estos casos equivalen aproximadamente al 41,6% del total de asesinatos de líderes sociales en lo que va del año. Ver: (Continúa la violencia contra los líderes sociales en Norte de Santander) Según Valencia, en la cifra de afectaciones y violencia en general, es común observar que Cauca y Nariño aparecen lamentablemente en los primeros lugares de los departamentos que registran mayores niveles de violencia por este tipo de hechos. Asimismo, el investigador nacional destacó que Cali es una ciudad que ha sido afectada por amenazas sistemáticas, particularmente en la comuna de Siloe, donde se han visto afectados líderes y lideresas sociales, quienes enfrentan múltiples formas de violencia. Varios de los asesinatos ocurren después de sufrir, señalamientos, persecución y amenazas. En este sentido, la ciudad de Cali es la que registra mayor número de amenazas sistemáticas contra personas defensoras en el país. Ante la ola de violencia contra líderes sociales, el Gobierno habría implementado un plan de emergencia para mitigar dicha situación. A pesar de esto, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Parte de las medidas a largo plazo incluían el desmantelamiento de organizaciones criminales, con la expectativa de obtener resultados positivos. Sin embargo, hasta el momento, la Comisión Nacional de Garantías no ha establecido un plan concreto ni ha desarrollado una estrategia completa para la reducción de la violencia contra líderes sociales. Ver: (Amenazan de muerte al excomisionado de la verdad y líder social Leyner Palacios) La Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos registró que durante los ocho meses de Gobierno de Petro, se han reportado 117 asesinatos de líderes sociales, superando las cifras de los años 2016, 2017 y 2018. Esto sugiere que es posible que la cifra siga aumentando, lo que es motivo de gran preocupación para el investigador nacional, Mauricio Valencia. Cabe añadir que los líderes sociales son las personas que ejercen como cabezas visibles en sus comunidades y en quienes recae gran parte de la responsabilidad de llevar a cabo la defensa de los derechos humanos en sus territorios. Estos líderes pueden estar luchando por diversas causas sociales, como la restitución de tierras o la sustitución de cultivos. También existen líderes comunitarios que luchan por la conservación de tradiciones culturales, incluyendo los afrodescendientes e indígenas. Es por esta razón que una de las recomendaciones para el Gobierno es dar una implementación precisa a las instancias creadas en el marco del Plan Nacional de Emergencia para mitigar la violencia contra líderes y lideresas sociales. El Ministerio del Interior tendría una gran responsabilidad en este plan, ya que debe activar las rutas de atención para abordar los casos de violencia contra los líderes y lideresas sociales de manera efectiva. Es importante recordar que dentro del Plan de Emergencia se crearon los Puestos de Mando Unificado por la Vida, que involucran a varias instancias, como la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército. Sin embargo, a pesar de esto, las cifras de asesinatos siguen aumentando, por lo que es necesario una mayor integración y articulación entre todas estas instancias, según Valencia. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, considera que el panorama es crítico debido a que las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales podrían aumentar en el futuro cercano. Además, Valencia señala que actualmente el Gobierno carece de una estrategia clara para mitigar los riesgos que enfrentan estos líderes y lideresas sociales, lo que indica la necesidad de una mayor labor y de una estrategia más sólida para abordar esta problemática.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 20 al 26 de marzo 2023 Los hechos más significativos de la semana en referencia al proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, son los siguientes: El senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro, integrantes de la delegación del Gobierno para el proceso de paz con el ELN, presentaron un informe en la plenaria del Congreso con los avances del proceso de negociación. Puntos que resaltó el senador Iván Cepeda: "El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos adelantó un proceso de diálogos y negociaciones con la guerrilla del ELN entre 2012 y 2018 en las ciudades de Caracas, Quito y La Habana". “A partir de 2014 se cumplió la etapa exploratoria que culminó con la adopción de la Agenda de Diálogos del 30 de marzo de 2016. La Agenda contenía seis puntos”. “Entre 2016 y 2018 se adelantaron las negociaciones sobre el primer punto de la Agenda, ‘Participación de la sociedad en la construcción de la paz’, y sobre el punto quinto ‘Cese bilateral de fuegos y hostilidades’, que tuvo un primer resultado en 2017 con el alto al fuego que duró 101 días”. “A raíz del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, se produjo la suspensión y luego prácticamente la ruptura de ese proceso de paz durante todo el período de gobierno”. “Como resultado de la ausencia de diálogos, en ese cuatrienio, según datos del Ministerio de Defensa, el ELN pasó de tener en 2017 2.972 integrantes a 5.851 en el presente”. “El ELN tuvo un aumento de presencia territorial, el cual llegó a su máximo en 2020 cuando se registró actividad en 212 municipios, 62 más que en 2018, año de inicio de ese gobierno”. “En relación con las zonas de influencia, entre 2017 y 2022 el ELN logró consolidar su presencia en las cinco principales ciudades y en 11 departamentos donde aumentó la confrontación entre el grupo guerrillero, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC: Arauca y zona fronteriza con Venezuela, Chocó, Cesar, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Guajira, Casanare, Bolívar, Nariño y Antioquia”. Sobre el desarrollo de los diálogos bajo el actual gobierno, resaltó Cepeda: “Hasta el día de hoy, el Gobierno Nacional ha cumplido las siguientes labores y dado los siguientes cinco pasos con relación al proceso de paz con el ELN: Reconoció formalmente el carácter político de la negociación con este grupo armado rebelde y en consecuencia decidió dar continuidad al proceso que se inició en 2012. Reinstaló la Mesa de Diálogos el 21 de noviembre de 2022 en la ciudad de Caracas. Realizó el primer ciclo de conversaciones entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de Caracas. Llevó a cabo el segundo ciclo de diálogos entre el 12 de febrero y el 12 de marzo en la Ciudad de México. Acordó con la delegación del ELN llevar a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el tercer ciclo de diálogos a partir de mediados del mes de abril de este año”. Como conclusiones, el senador Iván Cepeda destacó: “En pocos meses de diálogos efectivos, las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN han cumplido tareas que en otro tiempo llevaron años para ser realizadas: se definió el carácter político de estas negociaciones, se reinstaló la Mesa de Diálogos, se reglamentaron los trabajos de la misma, se cuenta con un consenso internacional de apoyo al proceso de paz expresado en la participación de diez gobiernos en el mismo, el respaldo de la ONU y la Iglesia Católica colombiana”. “Con meticulosidad y orden, en dos ciclos de conversaciones se ha llegado a la concreción de nueve acuerdos que definen la visión general del proceso, la agenda de diálogos y el comienzo del tratamiento de dos puntos de esa agenda”. “En el tercer ciclo de diálogos, próximo a realizarse, las delegaciones abordarán de lleno los primeros puntos de la agenda y comenzarán a construir el camino hacia el Gran Acuerdo Nacional a cuyo diseño invitamos desde ya al Congreso de la República y sus bancadas”. El senador Iván Cepeda dijo claramente que este proceso de paz tiene como objetivo la superación del conflicto armado y un horizonte de transformaciones que debe ser recogido en un Acuerdo Nacional. Aquí se puede consultar el texto del informe presentado por el Iván Cepeda: Estos fueron los puntos presentados por la senadora María José Pizarro en la presentación del informe sobre el proceso de diálogo y negociaciones con el ELN en el Congreso de la República el 22 de marzo de 2023: “Estamos en la encrucijada de abandonar el camino de la guerra, de construir una nación que pueda asombrar el universo o seguimos por las rutas de la guerra. Esas decisiones igualmente se toman en el Congreso de la República, con el sí o el no que se asuma en esta institución”. “Estamos en un momento distinto, es la primera vez que tenemos un gobierno alternativo que le apuesta a una Paz Total, a una paz completa, a una paz integral, con el Ejército de Liberación Nacional”. “Este proceso recoge las experiencias anteriores, para mi compañero, el senador Humberto De La Calle, estamos partiendo de esos acumulados. Tenemos el compromiso de caminar sobre lo acumulado, lo aprendido, los aciertos y errores”. “Tenemos la voluntad de discutir y llegar a acuerdos, podemos discutir sobre los distintos modelos de país, incluidos los distintos modelos de país que defienden las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República”. “Partimos de un principio: es el tiempo de la concertación, es el tiempo del diálogo, es el momento de darle paso a la civilidad y de cerrar las violencias que nos han ensordecido y que en el pasado no nos han permitido construir esa paz integral”. “Nuestra visión de paz parte de reconocer al otro como parte del problema y como parte de la solución también, no buscamos una paz ventajosa que doblegue a la contraparte, queremos una paz para la nación que incorpore y escuche a toda la sociedad colombiana y especialmente a quienes han padecido los horrores de la guerra y por eso en el centro de estos diálogos está la población colombiana en su conjunto”. “Queremos y hemos avanzado rápidamente, como lo ha informado el senador Iván Cepeda, para salir de la guerra y salvar vidas”. “La conformación de la delegación muestra esa diversidad, para escuchar, una delegación paritaria, ocho mujeres, ocho hombres, encabezada por un firmante de paz y constituyente, defensoras y defensores de derechos humanos, militares en uso de buen retiro, periodistas, un dirigente ganadero que además es parte de una de las fuerzas políticas que hoy se ha declarado en oposición, representantes de gremios económicos, ambientalistas, indígenas, afrocolombianos y dos congresistas que hoy les estamos presentando este informe y hacemos parte de la Comisión de Paz del Senado”. “Hemos tenido avances importantes: reconocer la paz como una política de Estado que nos permita avanzar hacia una cultura de paz, hemos acordado que lo que se va acordando se va implementando, muestra de ello es la caravana que se realizó en el mes de enero, en la que se recogieron trescientas propuestas que son parte del informe presentado a la vicepresidenta Francia Márquez”. “También se ha reconocido el estado de cosas inconstitucionales que se presentan en las cárceles colombianas, el ministro de Justicia estuvo presente para socializar la iniciativa de humanización de las cárceles y reforma penitenciaria que se va a discutir en el Congreso de la República”. “Acordamos una nueva agenda de paz que el senador Iván Cepeda ha presentado en detalle, resalto la participación de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y las transformaciones como puntos importantes, que hacen irreversible la paz, para no vivir nuevos ciclos de violencia”. “Aquí no se está planeando revisar el sistema económico, más bien revisar un modelo económico neoliberal que tristemente ha tenido vinculación con economías ilegales”. “El reconocimiento del ambiente como víctima y la necesidad de llegar a acuerdos, no solamente para salvar la vida de las personas sino también para promover el cuidado de la casa común, estamos en línea con ese mandato de defender todas las formas de vida”. “Hemos llegado a acuerdos iniciales para tratar el tema del cese al fuego bilateral y nacional, con un marco de coincidencias que nos permita bajar la intensidad del conflicto y por supuesto recoger las experiencias anteriores de ceses del fuego, será temporal, con vocación de continuidad nacional y con mecanismos de verificación y monitoreo”. “También hemos hablado de la feminización de la mesa, nos hemos propuesto feminizar el proceso y esto ha implicado reconocer las voces de las mujeres colombianas en su más amplia diversidad y que esas voces estén presentes en estos diálogos”. Aquí se puede escuchar el conjunto de las presentaciones del senador Iván Cepeda y de la senadora María José Pizarro: 2. Ante el Congreso, Mesa de Diálogo Gobierno - ELN hace llamado a un Gran Acuerdo Nacional: https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4409-ante-el-congreso-mesa-de-dialogo-gobierno-eln-hace-un-llamado-a-un-gran-acuerdo-nacional?s=09 3. El miércoles 22 de marzo se reunieron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos para intercambiar sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016 y acordaron la realización de una reunión entre las personas que lideraron esa negociación: Sergio Jaramillo y Humberto De La Calle, que han presentado cuestionamientos a la agenda firmada con el ELN y a la implementación del Acuerdo. Esta sin duda será una gran posibilidad de diálogo e intercambio para escucharse mutuamente y encontrar un camino conjunto para tramitar los aportes y observaciones a una negociación por desarrollar y un acuerdo por implementar: https://elpais.com/america-colombia/2023-03-25/santos-y-petro-pactan-una-reunion-de-sus-negociadores-de-paz-en-cartagena.html?s=09 4. Desafortunadamente las acciones violentas de este conflicto se han manifestado en varias regiones: Bajo Cauca, Chocó, Catatumbo, Arauca. Es la dura realidad de un conflicto vivo en el que sufren muchas comunidades. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso instaló una nueva comisión para hacer seguimiento a los casos de corrupción en el país, llamada “Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública”, la cual se encargará de investigar y hacer seguimiento a los casos de corrupción en Colombia, así como de proponer medidas para prevenir y combatir este fenómeno que ha afectado negativamente a la sociedad colombiana durante décadas. La Comisión Anticorrupción fue instalada por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero (Pacto Histórico), y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Además, esta Comisión estará integrada por miembros de diferentes partidos políticos, entre los que se encuentran Jennifer Pedraza (Dignidad), Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez, Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Daniel Carvalho (Centro Esperanza), Carlos Ardila (Partido Liberal), Julio César Triana y Carolina Arbeláez (Cambio Radical). La Comisión tendrá un mandato de tres años. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que la Comisión tiene una función fundamental: trabajar en proyectos concretos para combatir la corrupción. Además, busca incentivar y unificar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control y la fiscalización de los recursos públicos. Pérez señaló que, aunque se trata de un control político, la Comisión no tiene competencia jurídica para juzgar casos de corrupción, ya que esta tarea corresponde a otras instancias como los tribunales. El asistente de investigación agregó que la Comisión tiene como objetivo principal articular procesos de investigación e información que involucren a actores políticos, académicos y centros de pensamiento, con el fin de identificar y prevenir casos de corrupción. En este sentido, la Comisión busca generar un enfoque preventivo que permita abordar la corrupción desde sus raíces y no solo tratar sus consecuencias una vez que se han producido. La corrupción afecta negativamente la economía, la política y la sociedad en general. En Colombia este fenómeno ha sido un problema constante durante décadas, ya que ha afectado todos los niveles de gobierno, desde las autoridades locales hasta los funcionarios del más alto nivel. En los últimos años hubo varios casos sonados de corrupción que fueron investigados por las autoridades y que generaron un gran impacto en la opinión pública. Uno de los casos más destacados de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción de Odebrecht, que se extendió por varios países de América Latina. Odebrecht, una de las mayores constructoras del mundo, fue acusada de pagar sobornos millonarios a políticos y funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas. En Colombia se reveló que la empresa había pagado sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos de construcción de infraestructura en el país. Entre los implicados estuvieron el exsenador Otto Bula y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quienes aceptaron cargos y recibieron condenas. También hay otros implicados en proceso de investigación y juicio, como el exsenador Bernardo Miguel Elías. Sin embargo, algunos han criticado que la justicia colombiana no ha sido lo suficientemente contundente en este caso y que aún hay muchos responsables que no han sido identificados o sancionados. Otro caso reciente de corrupción en Colombia es el escándalo de corrupción en la justicia conocido como el “Cartel de la Toga”. Este caso involucró a jueces y magistrados que habrían aceptado sobornos para manipular procesos judiciales a favor de algunos políticos y empresarios. La investigación del caso ha llevado a la detención de varios jueces y magistrados, entre ellos el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quienes recibieron sobornos a cambio de favorecer a personas investigadas por delitos de corrupción. El proceso continúa en curso y se espera que en los próximos años se den nuevas condenas y se esclarezcan más detalles sobre este caso de corrupción que ha conmocionado al sistema judicial colombiano. También está el caso “Carrusel de la Contratación” que fue un escándalo de corrupción en Colombia que se dio a conocer en 2010. Este caso involucró a varios empresarios, funcionarios públicos y políticos que participaron en un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos públicos en Bogotá. Entre los empresarios involucrados se encontraban Emilio Tapia, Julio Gómez, Eduardo Zambrano y Germán Olano. Entre los funcionarios públicos involucrados se encontraban el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, para ese momento senador de la República. Así como varios exconcejales y exfuncionarios de la administración pública. Todos estos personajes fueron investigados y algunos de ellos fueron condenados por los delitos de corrupción en los que participaron. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos de corrupción que han afectado a Colombia en los últimos años. Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas concretas para detener la corrupción en el país. Por esta razón, la Comisión Anticorrupción es un primer paso en esta dirección, pero se necesita un compromiso continuo y una voluntad política para lograr resultados efectivos. La Línea de Gobernabilidad y Democracia de Pares “aplaudió” la creación de esta Comisión, reconociendo que es un paso inicial importante en la lucha contra esta problemática. Sin embargo, es importante destacar que queda mucho por hacer en este sentido. La Línea recordó que hace aproximadamente un mes, la Fundación Pares presentó un proyecto a los congresistas, la presidencia y a la opinión pública sobre la creación de un tribunal anticorrupción, teniendo en cuenta que una de las promesas en la campaña del presidente Gustavo Petro fue la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa pretende llevar los casos de macrocorrupción a una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia e investigar y juzgar casos complejos y desarticular estructuras criminales que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de la ilegalidad. Ver: (Pares e Instituto Anticorrupción presentan a la opinión propuesta de Juicio Nacional Anticorrupción) Por esta razón, uno de los principales objetivos para esta Línea de Pares es asegurar que se investiguen y juzguen de manera efectiva los grandes casos de corrupción en el país. Según Juan Alejandro Pérez, además de la creación de esta Comisión, lo ideal sería que se implementen mecanismos efectivos para investigar y judicializar los casos de corrupción en el país, de manera que se asegure la justicia y se evite la impunidad. Es importante tener en cuenta que muchas personas han sido víctimas de la corrupción y, por tal motivo, merecen un reconocimiento como tales. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de protección y reparación para las víctimas de la corrupción, con el objetivo de garantizar sus derechos y lograr una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la creación de la Comisión Anticorrupción es una medida positiva y necesaria en la lucha contra la corrupción en Colombia. Sin embargo, se necesitan esfuerzos continuos y coordinados para lograr erradicar este flagelo del país, y para fortalecer la integridad y transparencia en todas las instituciones y sectores de la sociedad. La Fundación Pares, reconocida por su labor en la denuncia de grandes casos de corrupción, se encuentra comprometida en la lucha contra este flagelo. Por esta razón, su equipo está disponible para dialogar y proponer recomendaciones que puedan ser de utilidad en la lucha contra la corrupción en el país. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afirmó que en Pares están atentos a las invitaciones para participar en audiencias públicas y hacer que la lucha contra la corrupción siga siendo un tema prioritario en la agenda pública del país. Pérez también destacó la preocupación de Pares ante la alta corrupción e impunidad que se presenta en casos de corrupción en Colombia. Resulta fundamental que todas las instancias del Gobierno y de la sociedad civil trabajen juntas para combatir la corrupción y garantizar una administración pública transparente y honesta. La Fundación Pares se suma a esta tarea, con la convicción de que solo a través del trabajo conjunto y la implementación de medidas efectivas se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción en el país.

Por: Luis Eduardo Celis La política de Paz Total asume los enormes desafíos y retos para tramitar el conjunto de violencias organizadas y sobre todo las raíces en las que se han soportado desde hace más de seis décadas, insistiendo en que son viejos conflictos no tratados que han mutado en nuevos ciclos de violencia quizás con nuevas características y adaptándose al contexto, pero sin perder sus raíces donde logran su permanencia. Si se quiere, es un permanente reciclaje, con nuevos actores, herederos de otros armados, con nuevos énfasis y quizás variaciones circunstanciales, pero manteniéndose en viejas circunstancias que no cambian y les dan soporte: ausencia de democracia, conflictos por el territorio y su uso, regulación de economías e inexistencia de un estado social y de derecho, por mencionar temas de fondo a tramitar y que están en el interés y compromiso del gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. La política de Paz Total viene desplegándose hacia el conjunto de actores que hacen violencia de manera sistemática y que tienen control de territorios y comunidades, afectando sus derechos y vulnerando sus existencias, no es un pequeña geografía, por el contrario han crecido en los últimos seis años, en medio del incumplimiento del Acuerdo de paz pactado con las FARC en 2016 y de la persistencia por mantener el control sobre importantes rentas del narcotráfico y de minería en el caso de los herederos del paramilitarismo, hoy principalmente agrupados en esa red que es el Clan del Golfo, o en el viejo alzamiento armado del ELN, la última de las organizaciones rebeldes y ese archipiélago procedente de las FARC, que siendo una minoría en relación con los que pactaron la paz, por el incumplimiento del gobierno Duque, han crecido de manera considerable. Hemos visto estos días la respuesta del Clan del Golfo a la política de control territorial desplegada por el Gobierno Nacional ante la acción desenfrenada por mantener el control de la minería en el bajo Cauca, un control por supuesto criminal, autoritario y depredador del medio ambiente, muy lejos de las prácticas ancestrales de la población campesina y minera de este territorio con el cual el gobierno tiene canales de comunicación y concertación de políticas que reconocen sus derechos a mantenerse en sus regiones, en el marco de una acción regulada y responsable con el medio ambiente. Esta tarea de concertar con la población y proteger sus derechos, entre los que se encuentra sacarlos de la esfera del control del Clan del Golfo o de otros ilegales, no es tarea fácil, pero es la que se debe hacer. Por supuesto que hay que persistir en un entendimiento con el Clan del Golfo, desde la política de sometimiento que ahora se discute en el Congreso de la República, no hay que desfallecer y pensar que solo queda el camino de la acción militar y policial, que por supuesto hay que mantener y que junto con asumir un ordenamiento democrático de estos territorios, con garantías para la población, son los asuntos centrales a seguir trabajando, donde la oferta de reducción de penas y posibilitar que mantengan porciones de los recursos acumulados de manera ilegal son pilares de un sometimiento para estas mafias que tienen una oportunidad de salir de la ilegalidad y ser parte de estos territorios respetando la Constitución del 91. Hay en curso consultas de lo que se denomina el Estado Mayor Central de las FARC (así no nos guste esta denominación), esperemos que pronto se vea un proceso de entendimiento con estas disidencias del proceso anterior, allí hay una importante presencia territorial que puede ser parte de importantes agendas de desarrollo y construcción de paz, si se logra un entendimiento posible y en el marco de las políticas trazadas por el presidente Gustavo Petro en su importante agenda de cambio, que tiene en los temas territoriales una prioridad como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso de la República. El proceso con el ELN cuenta con una agenda, una mesa que viene trabajando de manera comprometida y ganando en ritmo y que tendrá en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba, luego de la semana santa, el importante reto de pactar un cese bilateral de fuego y hostilidades y tener unos diseños de participación que involucren a una diversidad social, gremial y política para trabajar por una visión compartida de paz y de país soportada en las transformaciones pertinentes y necesarias para avanzar en democracia de calidad, equidad y superación de tantas exclusiones. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado su informe de la situación humanitaria en 2022, es la descripción del sufrimiento que siguen viviendo muchas comunidades, un sufrimiento y vulneración de derechos que nos llama a persistir en la política de Paz Total, aquí lo pueden consultar: El CICR lleva 54 años en Colombia, agradecer el trabajo que adelantan sus 504 integrantes, de los cuales el 86% son colombianas y colombianos y el otro 14% son mujeres y hombres de 28 nacionalidades. esas 504 personas todos los días acompañan a las comunidades que sufren de manera directa estas violencias a superar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial; Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria que se ha agudizado de manera incremental durante los últimos tres años y que a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno Nacional y la Iglesia, que consiguieron des-escalar la violencia en la zona urbana, en lo rural la situación no ha mejorado y, por el contrario, tiende a empeorar a raíz del control social y restricciones a la movilidad que han impuesto las disidencias de las FARC y a los últimos anuncios sobre que se termina el cese bilateral con el Clan del Golfo, en el marco de las discusiones sobre la Paz Total. Toda esta situación llevó a que el día 22 de marzo, nueve consejos comunitarios de Buenaventura y comunidades indígenas realizaran una marcha desde el casco urbano hasta el sitio conocido como “El Gallinero”, ubicado en la entrada de la ciudad, en donde realizan un bloqueo que ha dejado parcialmente incomunicada la ciudad-puerto con el interior del país. El propósito es exigirle al Gobierno Nacional acciones que garanticen la vida digna en sus territorios y a los grupos armados ilegales que cesen las violencias en contra de la población civil. Se trata de los consejos comunitarios de Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquin, Yurumanguí y Naya; que conforman, en su mayoría, el Palenque el Congal del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Estos consejos comprenden el 95% de la extensión territorial de Buenaventura, zona donde la guerra no ha dado tregua, principalmente por la limitada implementación del Acuerdo de Paz de la Habana de 2016. Las guerras que no dan tregua en la zona rural A finales del año pasado el presidente Gustavo Petro anunciaba que Buenaventura sería el laboratorio de la Paz Total. No se trató de un anuncio vacío, sino reconociendo las complejidades de las guerras que se están desarrollando en la ciudad de manera simultánea, especialmente en la zona rural, donde aún la Paz Total parece no hacer eco. En los ríos de Buenaventura tienen presencia las cuatro grandes estructuras armadas ilegales que hay en el país: el ELN, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), la Segunda Marquetalia y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo. Estas se disputan a sangre y fuego el control territorial, la minería ilegal, la producción primaria de la coca, las rutas entre los ríos y la salida al océano Pacífico. La situación más compleja se vive en Calima y Yurumanguí. En Calima, desde inicios del año pasado, la población ha sido víctima de la disputa entre el ELN y las AGC. Desde el Bajo Calima se han desplazado alrededor de 3.000 familias hacia el casco urbano de Buenaventura y a ciudades como Cali. Además, veredas han quedado totalmente confinadas por los reiterados enfrentamientos entre ambas agrupaciones (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial). En cuanto a Yurumanguí, este se ha convertido en el epicentro de la disputa entre la Columna Móvil Jaime Martínez del CCO y la Segunda Marquetalia, esta última que está en alianza con el ELN. En este corregimiento, junto al Naya, Cajambre, Mayorquin y Raposo, los grupos armados ilegales ejercen una fuerte presencia forzada en medio de los caseríos y la población civil, además de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como los asesinatos de Edinson Valenzuela (30 de octubre de 2021), directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y Arley Cuero, directivo veredal en Cajambre. También se han presentado desapariciones como las de Edinson Valencia y Abencio Caicedo, autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Yurumanguí, quienes el 28 de noviembre de 2021 emprendieron un viaje hasta el río Naya y a la fecha se desconoce su paradero (Ver: En Yurumanguí faltan dos constructores de paz). Algo similar ocurrió en noviembre del año pasado, cuando 4 personas que salieron desde la bahía de Buenaventura con destino a Yurumanguí fueron interceptadas en el camino sin volverse a saber de ellas. Entre las víctimas se encontraba un firmante de paz. El clamor de las comunidades Ante la difícil situación humanitaria que deben enfrentar, el constante riesgo y el desespero, las comunidades se tomaron las vías de hecho con el único propósito de que se les permita vivir en paz y dignidad en sus territorios ancestrales. Las comunidades hacen un llamado al Gobierno, en especial al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, para abrir una mesa de diálogo que gire en torno a 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público, de los cuales, resaltan cuatro: Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades, entre ellos, no estar en medio de la población civil ni sus dinámicas organizativas y no hacer más retenes ilegales en los territorios, que como denuncian líderes, retienen sus documentos de identidad y sus celulares para revisarles el contenido. Que, en un gesto de buena voluntad y compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo. Que se establezca una ruta, para que, en un tiempo no mayor a cuatro meses, los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios. Adelantar e implementar en el menor tiempo posible un plan de saneamiento del territorio contra la minería ilegal con maquinarias pesadas, control del narcotráfico (factores como expansión de la siembra de coca, insumos y laboratorios) y demás economías ilegales que dificulten la vida de las comunidades en el territorio y sustenten la guerra. Liderazgos bonaverenses y el llamado al Gobierno Nacional Se han iniciado los primeros acercamientos presenciales entre la comunidad y el Gobierno Nacional, de acuerdo con Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura: “de ayer a hoy nos han hecho varias llamadas. Aquí en Buenaventura hoy hay una comisión que la está encabezando la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior. Nosotros estamos solicitando la presencia del Alto Comisionado de Paz y del ministro del Interior, y ahí para allá digamos quienes se sumen. Igual nosotros vamos a atender el llamado que nos están haciendo ahora, entre una hora vamos a estar ahí conversando”. Frente a la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Mario Angulo entiende que su agenda es muy apretada para tanto que se trata de abarcar, pero manifiesta como central la necesidad de que se cuente con una comisión que estudie la realidad de los territorios con estos actores armados, pero que además se propicie la participación de las comunidades, el cuidado de la naturaleza y la protección de los liderazgos. Asimismo, la lideresa Maricruz, de Yurumanguí, resalta que lo que se está demandando es “una acción principal para proteger la vida en los territorios que tiene que ver con que se revisen los acuerdos bilaterales que se están haciendo en el marco de las distintas negociaciones que está haciendo este Gobierno, porque no es posible que el Gobierno desde el nivel nacional esté haciendo unos acuerdos y en los territorios nuestros esté la situación, o sea, tan jodida, tan crítica de retenes, de confinamiento, de reclutamiento, de señalamiento”, que como lo resalta Maricruz son acciones que violan los derechos que se tienen como pueblo, de ahí la urgencia de la revisión de la situación por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en la construcción de la paz. Finalmente, la lideresa María Riascos, de la cuenca del río Anchicayá, le dice al Gobierno Nacional que “las comunidades necesitan que el alivio humanitario sea real y que sea ya, no podemos seguir esperando y que el Estado Colombiano, el Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez avancen a través de quien tienen que avanzar en esos diálogos de paz, porque es que las comunidades están pasándola muy mal y somos los que hemos vivido el embate de la guerra, somos los que hemos perdido nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros amigos, hemos sido los que hemos salido desplazados del territorio y también somos los que vamos a pagar ahora en supuestamente tiempos de la Paz Total”.

Por: Katerin Erazo, Periodista La reforma política ha sido un tema recurrente en la agenda política de los diferentes gobiernos. Desde hace varios años se ha hablado de la necesidad de hacer cambios significativos en el sistema electoral y político, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y fortalecer las instituciones. La discusión alrededor de esta reforma siempre ha sido compleja y polémica. En el Congreso los diferentes partidos políticos han tenido posturas encontradas y se han presentado múltiples propuestas que no han logrado consenso. El gobierno Petro también presentó su reforma política en septiembre de 2022. Sin embargo, esta acaba de caerse, luego de que el presidente Gustavo Petro y los miembros del Pacto Histórico expresaran su desacuerdo con la ponencia del proyecto de reforma política que se estaba discutiendo el día de ayer en la Comisión Primera del Senado. A través de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico pidió al presidente archivar la reforma política, argumentando que se habían introducido "micos" que demuestran la falta de voluntad política de algunas bancadas para modificar las reglas de juego. Entre las principales críticas que se han hecho se encuentran la falta de medidas efectivas para detener la corrupción y promover la transparencia en la política, la ausencia de financiación estatal para las campañas electorales, la falta de paridad y alternancia en las listas cerradas y la puerta giratoria que permitiría a los congresistas ser ministros y volver a ocupar la curul durante el periodo legislativo, si lo desean. Petro señaló que la reforma política no aporta a un avance en la calidad de la política, ya que no contempla temas progresistas como la financiación estatal de las campañas y la igualdad de curules para hombres y mujeres. En este sentido, el mandatario señaló la necesidad de hacer cambios más profundos en el sistema político y electoral del país. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el proceso de reforma política es un acto legislativo que ya ha había superado una primera vuelta de debates, los cuales se llevaron a cabo en cuatro etapas: una en la Comisión Primera del Senado, otra en la Comisión Primera de la Cámara y dos más en las plenarias del Senado y la Cámara (Ver: Lo que se aprobaría de la reforma política). Durante este proceso de conciliación se modificó el texto que sería sometido a una segunda vuelta de debates, a través de consensos entre las distintas fuerzas políticas. Según Pérez, la reforma política que acaba de hundirse, era la "moneda de cambio" del Gobierno para lograr que los partidos tradicionales de su coalición, como el de La U, el Liberal y el Conservador, aprobaran sus reformas sociales. Sin embargo, esta situación estaba generando discusiones internas en el Pacto Histórico y en el Partido Verde, que son partidos que posiblemente acompañarán a Petro durante su mandato. En este sentido, la no aprobación de la reforma política podría tener un impacto significativo en la estabilidad política y la capacidad del gobierno para avanzar con sus propuestas legislativas (Ver: Los puntos clave de la reforma política de Gustavo Petro). El día de ayer, durante la sesión de la Comisión Primera del Senado, el presidente de la corporación, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes con un gesto poco común: romper en pedazos la ponencia sobre la reforma política en curso. Durante su discurso, Barreras expresó su posición sobre la propuesta gubernamental. La reacción de Barreras evidenció la fuerte oposición que existe a la reforma política y el grado de polarización que ha generado entre los distintos actores políticos. El presidente del Congreso hizo un llamado al Gobierno y al ministro Alfonso Prada para que retiraran la reforma la cual, según su criterio, "ya no tiene absolutamente ningún sentido". El presidente del Senado reiteró su oposición a la lista cerrada obligatoria, una de las medidas incluidas en el proyecto y aseguró que es necesario "escuchar la voz del pueblo" en un tema tan importante como el de la reforma política. Algunos sectores consideran que la reforma es necesaria para fortalecer la democracia, mientras que otros la ven como una maniobra oportunista para beneficio de ciertas élites. El futuro de la iniciativa es incierto, pero lo que queda claro es que Barreras no se quedará callado ante lo que considera una amenaza a la estabilidad institucional del país. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, el hundimiento de la reforma política es un hecho positivo, ya que esta iniciativa no habría logrado solucionar los problemas del sistema de partidos ni reforzar las ideas partidistas o ideológicas. En cambio, habría corrido el riesgo de perpetuar las llamadas "dictaduras de bolígrafos" en los partidos, es decir, la concentración del poder en un pequeño grupo de dirigentes que toman decisiones sin consultar a las bases ni fomentar la participación ciudadana. Según Pérez, es necesario buscar soluciones más integrales y participativas que permitan fortalecer la democracia y la representatividad de los partidos políticos en el país. Además, el asistente de investigación de Pares sostuvo que es necesario avanzar hacia una idea realista sobre qué debe ser y qué no debe ser para fortalecer la democracia, el sistema electoral y el sistema de partidos en Colombia. Juan Alejandro Pérez enfatizó en dos aspectos fundamentales que, a su juicio, deben ser considerados en la construcción de una nueva reforma política. En primer lugar, Pérez destaca la importancia de contar con una base sólida de fundamento técnico para la elaboración de la reforma, la cual debe estar orientada hacia el cambio y la evolución necesaria para mejorar el sistema político en el país. En segundo lugar, considera que es urgente transformar el Consejo Nacional Electoral, un órgano electoral encargado de investigar campañas, pero que es elegido por los mismos partidos políticos. Desde la Línea de Pares se hace un llamado a la reforma o eliminación de este Consejo Nacional Electoral para garantizar una mayor transparencia y equidad en el proceso electoral (Ver: La reforma al Consejo Nacional Electoral debe ir primero que el Código Electoral).

Por: Igor Parma, Internacionalista Existen muchas definiciones de lo que son los derechos humanos (DD.HH.), es una discusión muy larga que se sitúa en un espectro amplio de derechos y culturas. Sin embargo, hay un consenso internacional en sus principios, según la caracterización que hace UNICEF. Esos principios son: universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, y rendición de cuentas y Estado de Derecho. Entender así los DD.HH. significa decir que estos se aplican a todos, no pueden renunciarse ni arrebatarse, son indivisibles, están relacionados y confieren igual dignidad a todos. Es entender que cada persona, por su simples condición de ser humano, los tiene en toda su plenitud. Que se violen los derechos humanos no quiere decir que quienes lo hacen los vayan a invalidar en sus discursos. Esto se constata en el hecho de que es casi imposible encontrar un gobernante que se defina en contra total de los derechos humanos. El consenso internacional frente a la necesidad de los derechos humanos es algo que caló con fuerza en las relaciones entre los países, oficializado desde la implementación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006. Al día de hoy, es virtualmente imposible encontrar a líderes o países que no hayan ratificado la mayor parte de los 18 tratados internacionales de derechos humanos, con la mayoría absoluta de los países del Sistema ONU como parte en, al menos, diez de los 18 tratados. Es por este consenso que la oposición y eventual corrosión a los derechos humanos no se construye por oposición ante estos, sino que la estrategia preferida por populistas y aquellos que buscan concentrar el poder es hacer un encuadre distinto en el discurso –porque toda acción política es precedida por un discurso–: niegan las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus países o culpan a otros de estas. Es lo que hace Bukele cuando afirma que “son más importantes los derechos de la gente honrada [que los de los encarcelados]” o cuando Maduro dice que los hechos de violencia contra los derechos humanos son por parte de “pequeños grupos que queman, que atacan […] quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas”. Ortega también utiliza de la misma estrategia asegurando que “prisioneros que inventan que los están torturando […] simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua ante los organismos internacionales manejado por yanquis”. Vemos que los gobiernos que efectivamente están violando los derechos humanos no niegan su importancia, sino que los encuadran de otra manera, culpando a otras organizaciones de las violencias que ellos mismos producen. Cuando confrontamos informes y misiones de verificación encontramos que, en efecto, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son orquestadas por el gobierno, que hay encarcelamientos arbitrarios sin el debido proceso en El Salvador y que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no son invenciones. Los tres gobiernos se asemejan en sus estrategias de negar, rechazar e ignorar estos informes, y luego la estrategia por ellos preferida y que más resuena entre aquellos que les apoyan: decir que a las organizaciones de los derechos humanos no les interesan de hecho los derechos humanos. Lo que afirman es que estas organizaciones son actores políticos que desean desestabilizar su gobierno o que, en palabras de Bukele, “no han defendido los derechos humanos de la gente honrada (…) la gran mayoría de la gente honrada, a nadie le importan sus derechos”. Lo que logran estas estrategias discursivas es formular una excusa, un espantapájaros que no da cuenta de lo que sucede en la realidad. Es desenfocar el hecho de que hay violaciones a los derechos humanos en sus países, violaciones que les generan beneficios rentables, que les permiten concentrar poder y tomar control del aparato de violencia del Estado. Por este motivo es que la acción de organizaciones de defensa a los derechos humanos tienen que enfocarse en la acción estatal, a través de los principios de rendición de cuentas y del Estado de Derecho. Es entender que violaciones a los derechos humanos pasan dentro de un contexto amplio, un contexto de busca de poder, por control del aparato estatal que debilita las estructuras democráticas, dificulta el retorno a una normalidad que no les tenga en el poder y persigue enemigos políticos bajo una autoridad propia al Estado. Las funciones de las organizaciones de defensa a los derechos humanos se tienen que enfocar así en las víctimas de la violencia estatal, no por ser organizaciones de amigos de pandilleros –como afirma Bukele–, sino porque la violencia estatal suele ser una herramienta de concentración de poder, de instalación de dictaduras. Los argumentos que son utilizados por los gobiernos que sistemáticamente violan los derechos humanos son nada más que excusas: cuando dicen que el esfuerzo de derechos humanos es conducido por el gobierno estadunidense es algo sin sentido, pues los EE.UU. son signatarios solamente de cinco tratados internacionales y no representan una referencia en el campo; decir que son grupos fascistas que violan derechos humanos en Venezuela es intentar encubrir que las violaciones son orquestadas por organismos gubernamentales con fines políticos; igualmente decir que las organizaciones de derechos humanos solo se ocupan de los derechos humanos de los criminales, o que son organizaciones amigas de pandilleros, es más que falso, también se configura como un intento de encubrir que no hay actualmente un claridad de los crímenes por los que se están encarcelando a los ciudadanos de El Salvador y que la misma “gente honrada” que Bukele dice defender puede ser encarcelada por esta falta de claridad. Las organizaciones de derechos humanos y todos quienes las apoyamos debemos alzar las voces en protesta en contra del apoyo popular a los gobiernos que violan los derechos humanos, que encubren con sus discursos de aparente interés estos derechos las miles de víctimas de su accionar. Debemos buscar fortalecer al Estado, garantizando que su violencia no exceda lo que es justo. Es garantizar el debido proceso de juicio justo, garantizar que el Estado tenga una prestación de cuentas transparente, accesible y que permita una rotación de poder, elecciones libres y sin coerción, que sean sistemas democráticos sostenibles. La pérdida de derechos humanos es algo que no necesariamente pasa de golpe, pero sí despacio al principio. Los líderes populistas lo hacen siempre con alguna excusa, algún propósito que de inicio suena digno. El problema es cuando empiezan con los abusos y se sobrepasan en sus medidas para supuestamente solucionar el problema. Es ahí cuando se deben alzar las voces en protesta para que el apoyo popular no les cubra hasta que consoliden el control estatal y de las instituciones.