Por: Juan Manuel Rueda, Editor La paz se esconde detrás de una niebla espesa que la memoria histórica ayuda a despejar. Una memoria que debe contemplar contra-relatos a las narrativas oficiales sobre la guerra, impuestas por el gobierno de turno o cualquier grupo de poder. En este sentido, los relatos y memorias de los firmantes de paz son más que relevantes, son fundamentales para ayudar a despejar la niebla. Así lo entiende Joel Stängle, realizador alemán-estadounidense, director del documental La niebla de la paz(2020), que se estrenó en Colombia en febrero de este año. Stängle se adentra –junto a Carolina Campos, socióloga, quien fue la investigadora y productora del filme– durante varios meses a los campamentos de los ahora exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP durante el proceso de negociaciones de paz con el Gobierno Colombiano (2014 – 2016). La película acompaña a Teófilo y a Boris, dos reincorporados cuyas labores al interior de la guerrilla giraron justamente alrededor de la reconstrucción de memoria. Teófilo se dedica a entrevistar a sus compañeros de campamento para recoger sus memorias y Boris hace parte del equipo de comunicaciones de la guerrilla y tiene la tarea de registrar las negociaciones de paz en La Habana. Ambos buscan una caleta llena de imágenes, videos, grabaciones y memorias enterrada en una ubicación desconocida cerca al campamento en el que murió bombardeado Alfonso Cano. Stängle propone un contrapunteo entre las memorias que va recogiendo Teófilo haciendo entrevistas a sus compañeros y compañeras en los campamentos, algunas de las cuales vemos en pantalla; e imágenes inéditas del secretariado guerrillero y el equipo negociador del Gobierno en La Habana. Así, el montaje permite al espectador ir de la historia del hombre que llevaba consigo propaganda de la UP y fue agredido a machetazos por agentes del Estado y luego enterrado vivo, la de la mujer que fue obligada a prostituirse por parte de la policía para infiltrarse en las FARC y que luego confesó y se quedó en la guerrilla, o la de la enamorada que perdió a su compañero combatiente en un ataque del Ejército y que aún lo llora y lee la poesía que él le dedicaba; a los rostros de Timochenko, Jesús Santrich, Iván Márquez, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle o Iván Cepeda reunidos discutiendo, muchas veces preocupados y afanados, intentando construir el tan anhelado Acuerdo de Paz que detendría la guerra en las montañas de Colombia. De esta manera, La niebla de la paz construye su metáfora en distintos escenarios que nos llevan a la reflexión. Que la paz se esconde detrás de la niebla que cubre las montañas llenas de caminos que recorrieron los exguerrilleros y exguerrilleras haciendo sus vidas durante décadas de lucha armada, ahora historias de vida de personas reincorporadas a la vida civil que son memorias fundamentales para entender la historia del país. Que la paz se esconde detrás de la niebla de palabras, abogados y opositores de un proceso de negociación complejo, pero no imposible. Que la paz se esconde detrás de la niebla de la incertidumbre que viven los firmantes de paz intentando sacar adelante sus proyectos productivos, tratando de acostumbrarse a la vida en las grandes ciudades, personas comprometidas con un Acuerdo que abandonó el Estado, y que ahora deben enfrentarse a la pregunta que se plantea Teófilo al final de la película, ya como reincorporado, viviendo en Bogotá: “¿nos van a aceptar o nos van a matar?”. Que la niebla que esconde la paz se espesó aún más en la noche del 02 de octubre de 2016, cuando ganó el ‘No’ en el plebiscito, y vemos imágenes del secretariado de las FARC viendo en vivo los resultados, fumando puros frente a un televisor –un Iván Márquez serio, inexpresivo ante el resultado, nos recuerda que hoy se encuentra en las montañas nuevamente haciendo la guerra–. Así, vemos y sentimos las emociones, los rostros y los anhelos de los combatientes, del secretariado de las FARC y de los negociadores del Acuerdo de Paz desde 2014 hasta la firma en 2016. Transitamos por todas las ilusiones y desilusiones, mientras reflexionamos en los procesos de negociación que hoy se adelantan con el ELN y las disidencias de las FARC; el asesinato selectivo de firmantes del Acuerdo; la guerra con el Clan del Golfo que se atiza, y vemos cómo la niebla baja y se posa sobre el paisaje de Colombia. En la película se proyecta un video de archivo de las FARC, grabado en un año desconocido, que muestra un extraño ritual orquestado por 600 guerrilleros que subieron una alta montaña, llevando una guacamaya, para liberarla en honor a la lucha guerrillera. 600 guerrilleros y una guacamaya nos recuerdan que la vida en los campamentos guerrilleros formó comunidad y cultura para miles de personas que no solo merecen la atención que el Estado les prometió, sino la escucha de una sociedad que a muchos los empujó a la insurgencia y que ahora parece olvidarlos. Una sociedad que no solo debe una aproximación ética a la escucha del contra-relato de los firmantes de paz, sino que la necesita para comprenderse, ahora más que nunca, cuando la niebla desciende de nuevo y la paz vuelve a difuminarse. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El minero muerto, El barequeo, Intranquilidad por enajenamiento de las minas, Homenaje al trabajo, Las fuerzas migratorias o La mesa vacía del niño hambriento podrían ser los titulares de cualquier escrito periodístico o columna de opinión de esta semana en Colombia. Pero no es así, estos son algunos de los nombres que el maestro antioqueño Pedro Nel Gómez le dio a sus obras más importantes elaboradas en Medellín entre 1935 y 1936. A partir de 1932 –luego del regreso del maestro al país y después de su viaje a Europa, entre 1925 y 1930– Pedro Nel convirtió el Palacio Municipal de Medellín, que apenas se estaba construyendo, en su principal proyecto artístico para probar el fresco, una nueva técnica en pintura que él estaba ensayando. Las paredes de este simple pero majestuoso palacio de gobierno le sirvieron para retratar tanto las dinámicas de progreso que se vivían en la sociedad a comienzos del siglo XX como los grandes problemas políticos económicos y sociales que se tenían. Entre 1934 y 1938, cuando el maestro realizó estas obras, Colombia vivía un importante momento de su desarrollo económico y político, con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. A este gobierno liberal le tocó afrontar y resolver problemas fundamentales de la sociedad –que incluso hoy aún se sienten– en temas laborales, educativos, agrarios y religiosos. Y que lo llevaron a tomar decisiones tan importantes como el derecho a la huelga o la función social que debe cumplir la tierra en el país (Ley 200 de 1936). Aquella fue también una época en la que el gobierno de Medellín estaba realizando grandes inversiones en obras de infraestructura pública. En 1931 se construyó un sistema municipal de alcantarillado para la recolección de aguas sucias de las calles y en 1932 se inauguró la hidroeléctrica de Guadalupe. Además la ciudad tenía una industria floreciente que la había convertido en el referente nacional en hilos y tejidos. Todo esto quedó plasmado por el maestro Gómez en aquellas paredes, sitio que hoy alberga al actual Museo de Antioquia. Pero los frescos del museo también contienen la mirada crítica del maestro. Allí se retratan los grandes problemas del territorio. La economía colombiana para aquel entonces estaba enfrentando los estragos dejados por la crisis mundial de 1929, se vivía un amplio desempleo y un crecimiento demográfico acelerado. Además, las mujeres presionaban a las fábricas para entrar a laborar y ayudar con sus ingresos a los empobrecidos hogares que tenían. Pedro Nel se involucró con la sociedad mediante el uso de un pensamiento crítico que, además de abrir los ojos al público, supo plantear la necesidad de programas sociales y apoyos a la clase trabajadora –industriales y mineros– y a la población desplazada del campo que ahora comenzaba de nuevo a inundar las laderas de la ciudad. Así mismo, problemas sociales como el abandono estatal con las niñas y niños, que quedó en obras que perduran como La mesa vacía del niño hambriento, o las difíciles condiciones de trabajadores mineros en el fresco El minero muerto. Obras críticas pictóricas que lo hicieron ver ante la élite del país como un pensador socialista y revolucionario. De allí que entre 1950 y 1951, en plena época de la Violencia, el alcalde de Medellín, José María Bernal –quien también fue ministro y candidato a la Presidencia de la República–, cubrió con telas la obra Las fuerzas migratorias, que se encontraba en el salón principal de la Alcaldía, por tener mujeres desnudas, exhaustas o muertas de cansancio, como hoy lo deben de estar los miles de migrantes que transitan por el Tapón del Darién colombiano hacia Estados Unidos. Esos mismos espacios, que desde hace 88 años sirvieron de escenario para la discusión sobre los problemas del país y que hoy albergan una de las colecciones de arte más importantes del país y del mundo, el 16 de marzo de 2023 recibieron un conjunto de empresarios antioqueños, agrupados en la Fundación Proantioquia, para realizar su asamblea anual de socios y hacer el balance de las acciones ejecutadas con el objetivo de aportar a la transformación social. A este encuentro de empresarios antioqueños –que reunió a los directivos de ISA, Nutresa, Argos, Postobón, Sura, Haceb y Bancolombia, entre otros– fue invitado el Presidente de la República Gustavo Petro, quien pronunció un discurso al que podemos llamar de Diálogo y Acción. Luego de la presentación de la Fundación sobre sus programas de apoyo al desarrollo del departamento, pronunció un discurso de 24 minutos en el que habló de la necesidad imperante que tiene el país de realizar un diálogo nacional para acordar y hacer posible una transformación de la estructura económica y democrática. Según sus palabras, “no se trata de una moda”, “de un tema pasajero” o de “un simple devenir” de la historia. Se trata de una demanda social que desde hace muchas décadas el país está solicitando, una necesidad de hablar colectivamente para buscar consensos y soluciones y actuar en la transformación. Un gran diálogo de país que nos ponga de acuerdo para introducir cambios al modelo económico y que sirva para redistribuir las tierras del país para afrontar la transformación productiva con equidad. En conclusión, el espacio que hace más de ochenta años sirvió para discutir y tomar varias de las decisiones más importante para la ciudad en asuntos públicos y que hoy preserva en sus paredes algunos de los frescos más importantes del país, sirvieron esta semana para que los empresarios de Proantioquia y el Gobierno colombiano se comprometieran en trabajar en un gran diálogo nacional, para que sea posible avanzar en la misión de transformar el modelo productivo. Un modelo económico que tenga en cuenta al mismo tiempo el campo, la industria, los saberes ancestrales y los conocimientos científicos, entre otros factores. Uno en el que se logre una transformación de la tierra, una modernización agraria democrática como base de la industrialización. Uno en el que florezca una producción industrial que se caracterice por el uso de energías limpias y con menos huella de carbono. Un modelo que por fin resuelva nuestros problemas, y que siguen siendo casi los mismos que hace noventa años denunció el maestro Pedro Nel, pero que debido a la falta de voluntad política tanto de los gobiernos como de las élites económicas parece que estuviéramos condenados a nunca superar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Realmente no ha bastado con la expedición de la Ley 2272 de 2022 denominada de "Paz Total", que en varios territorios de la nación, y específicamente en el Cauca, ha revivido la esperanza de un nuevo amanecer a partir del diálogo con las estructuras armadas presentes en la geografía rural y urbana. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 27 líderes y lideresas han sido asesinados durante los primeros tres meses del presente año, llegando a 1.436 las víctimas desde la firma en 2016 del "Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", momento de esperanza para las y los colombianos, que no duró más de un año. A la salida de las FARC-EP de los territorios de influencia político militar, fue reiterativo el llamado a los gobiernos Santos y Duque a copar esos espacios, fundamentalmente rurales, con la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad civil, y una significativa inversión social. Incluso propusimos la creación de una policía comunitaria más persuasiva que letal, dotada de bastones de mando y armas cortas, sin armas largas. Lo que no supimos leer en su momento es que la guerra, o por lo menos la capacidad de generar zozobra por parte de las denominadas disidencias, era funcional a la aplicación del modelo neoliberal imperante para la segunda década de este siglo. La muestra más clara de ello es que terminada la preocupación por las FARC como ejército guerrillero, se presentó la aparición en el debate nacional de los carteles del cemento, del papel higiénico, de la hemofilia, de los pañales, del azúcar, etc. La falta de atención de los gobiernos a las zonas más apartadas del país favoreció que las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas iniciaran una fuerte confrontación armada por el control territorial en nuestro Cauca. Hoy, más de 12 estructuras armadas se disputan el control en los campos, y los habitantes de veredas y corregimientos volvieron a ver las "comisiones", compuestas de cuatro o más unidades armadas, recorriendo las zonas, intimidando a la población y buscando apoyo popular a su presencia. Y como la guerra se degrada, en el afán de posicionarse en esas zonas para ejercer presencia y control sobre la vida cotidiana del campo y sus gentes, sembrar el terror se convirtió en elemento clave para afianzar su presencia. Por ello, disparar ráfagas de fusil contra miembros de la autoridad indígena, en el marco de un enfrentamiento entre dos de esas estructuras, es visto como normal por quienes conforman tales estructuras, así el resultado de la acción haya sido el asesinato de Wilson Bomba, concejal y autoridad tradicional indígena en el municipio de Caldono, norte del Cauca. En varias oportunidades hemos pedido de manera cordial y respetuosa a los mandos del Comando Coordinador de Occidente, que aglutina ocho de estas estructuras, así como a la denominada Segunda Marquetalia y al ELN, desarrollar diálogos humanitarios que permitan, con autorización de nuestro Gobierno Nacional, pactar puntos vitales para las comunidades rurales, como compromisos de las organizaciones armadas: respetar la vida de lideresas y líderes sociales y de derechos humanos; reconocer las tradiciones culturales y religiosas de las comunidades étnicas y del campesinado; permitir el libre desarrollo de las actividades asociadas a esas tradiciones; garantizar la actividad proselitista electoral de todas las tendencias políticas, sin vetos; y cesar de imponer a los pobladores la ley seca, toque de queda o los denominados "impuestos de guerra". Si no podremos tener los beneficios de la Paz total, que por lo menos lleguemos a acuerdos humanitarios para tener una mínima armonía, aunque no compartamos su forma de lucha ni su modo de operar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana; Línea Paz, Posconflicto y Derechos humanos Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño se han caracterizado por ser zonas de amplia explotación minera, principalmente de oro. Esta particularidad ha configurado distintas dinámicas de extracción que pasan por minería legal, minería ancestral e informal, y también minería ilegal a gran escala. Esta última ha sido impulsada y controlado por el Clan del Golfo, actor armado dominante en estas regiones del país, el cual ha logrado consolidar su control territorial en distintas esferas de la vida económica, social y política ante una institucionalidad que no ha logrado garantizar los derechos de la población que habita el territorio. Este escenario ha propiciado un espacio en el que convergen la ilegalidad, la vulnerabilidad económica y la violencia armada. En este contexto, se viene adelantando el Paro Minero que, a dos semanas de su inicio, ha aumentado las tensiones entre la población, fuerza pública, Clan del Golfo, alcaldías, gobernaciones e incluso altos cargos del Gobierno Nacional. A continuación, se hace una recapitulación de registros de prensa que contribuyen a entender el conflicto en la región. Como antecedente a la situación actual, se tiene una primera mención al Paro Minero en septiembre de 2022. Para entonces, el medio HSB Noticias recogió el testimonio de Rubén Darío Gómez Cano, vocero de la Confederación Nacional de Mineros, quien afirmó: El punto de partida es lo que se presentó la semana pasada y antepasada, cuando las fuerzas operativas destruyeron una serie de dragas, minidragas y pequeñas balsas de mineros ancestrales y tradicionales en el marco de la supuesta minería ilegal y el Clan del Golfo en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia (HSB Noticias, 24 de febrero de 2022). Lo anterior, con referencia a las operaciones de la fuerza pública en contra de la explotación aurífera a pequeña escala. Adicionalmente, el 19 del mismo mes, actores armados ya habían obligado la suspensión del transporte fluvial entre los municipios de Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca), afectando también los corregimientos de Charcón, en el municipio de Anorí. Después de cuatro días de paro en ese momento, se logró llegar a un acuerdo para el levantamiento de los bloqueos. En la mesa de conversación instalada en Caucasia participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes del Ejército y la Policía Nacional, representantes del gobierno departamental en cabeza del secretario de Seguridad y Justicia, Oswaldo Juan Zapata Luján, y el secretario de Minas, Jorge Jaramillo Pereira, así como voceros de los mineros artesanales. Los acuerdos quedaron plasmados en un documento de siete puntos en el que se acordó “la suspensión de operativos contra minidragas hasta que no se cree un protocolo que identifique y caracterice tecnología, máquinas y sustancias empleadas por los participantes de las protestas en sus labores mineras, y también que se propiciará un diálogo vinculante para lo que será la construcción de reformas al Código Minero” (RCN Radio, septiembre 2022). Imagen No. 1. Documento con los siete acuerdos entre el Gobierno y mineros del Bajo Cauca Antioqueño, septiembre 2022 Fuente: https://twitter.com/anibalgaviria/status/1573798365166534657/photo/1 Posterior a la firma del acuerdo, algunos mineros, inconformes con lo pactado, continuaron con los bloqueos de vías. Sin embargo, las protestas se apaciguaron rápidamente y no tuvieron un alcance mayor. En el siguiente gráfico se muestra la variación de casos de intervención de minas ilegales en las subregiones de San Jorge (Córdoba), Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño (Antioquia) de enero de 2022 a enero de 2023: Gráfico No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa Se observa una disminución de casos abrupta entre septiembre-octubre que pudo estar relacionada con el desarrollo del paro minero y la firma de los acuerdos. Aun así, a partir de noviembre vuelven a incrementar los casos, mostrando una tendencia creciente que va hasta enero de este año. Estos hechos se distribuyeron de la siguiente manera: Mapa No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa También el mes de septiembre fue el que más casos de incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal reportó, con un total de 109: Gráfico No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa Mapa No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa Estos hechos podrían estar relacionados con el descontento de los mineros artesanales y las retaliaciones de los grupos armados. De todas formas, hasta febrero de este año las acciones de protesta por parte de los mineros cesaron. El 11 de febrero de 2023, en el municipio de Nariño (Oriente Antioqueño), empezaron a circular mensajes en los que alias “Camilo”, cabecilla del grupo delincuencial Clan de Oriente, decretaba paro armado en el municipio. Según BluRadio, este paro “puede deberse a una retaliación, pues el día de ayer se destruyó una maquinaria con la que presuntamente el Clan de Oriente estaba realizando labores de minería ilegal en el río Samaná” (BluRadio, febrero 2023). La Policía desplegó un operativo en el municipio para garantizar el orden, de igual forma pidió a la población hacer caso omiso a estos mensajes. Por el momento, en esta región del departamento, el tema llegó hasta ahí. El 21 de febrero el gremio de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba envió un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el que exponían su punto de vista y lo que solicitaban para darle solución a la problemática presentada, y anunciaron que se prepararían para dar inicio al Paro Minero en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba a partir del 02 de marzo. Imagen No. 2. Pliego de peticiones de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba al Gobierno Nacional, febrero 2023 Fuente:https://www.facebook.com/elbagre/posts/pfbid02tmjsa7ZdFXeknSbNcnoEvARbvBswe5kWmNvN7wnXSSKsU2TDKsUjh8DmQr35n2n7l El 25 de febrero 500 mineros informales restringieron la navegabilidad del río Nechí, evitando que la compañía Mineros Aluvial S.A. continuara con sus labores. Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí declaró lo siguiente: Lo que estamos pretendiendo nosotros es que nos devuelvan tierras trabajadas por la minería, trabajadas por la empresa, tierras ya degradadas, donde produjeron un impacto ambiental enorme. No queremos tierras nuevas o vírgenes, las que ya trabajaron. Ya restringimos la navegabilidad para que Mineros Aluvial no pueda continuar con sus labores (Caracol Radio, febrero 2023). A lo anterior se le sumaron las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que luego de la realización de dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca afirmó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal. En el mismo sentido, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, anunció la reactivación de operativos en contra de la minería, anunciando mayores controles por parte del Estado. La ministra dijo: No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización (Revista Semana, marzo 2023). Frente estos anuncios algunas alcaldías del Bajo Cauca tomaron medidas preventivas, como suspensión de las clases en los colegios. Además, en Caucasia se instaló un Puesto de Mando Unificado por la Vida dado que el municipio sería centro de manifestaciones, pues hasta allí se movilizaron pequeños y medianos mineros de los municipios de Zaragoza y El Bagre. El 02 de marzo en la vereda El Bagre, la Fuerza Pública desarticuló 39 minas informales que pertenecían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y le dejaba rentas de más de 1.500 millones de pesos cada mes. En este operativo fueron destruidas 70 dragas, dos excavadoras, 110 motobombas y otros elementos de actividad ilegal. Según el coronel Manuel Gonzáles, comandante de la Brigada 14 del Ejército “esas intervenciones son la causa del paro” (BluRadio, marzo 2023). Desde el 02 de marzo los municipios de Nechí, Segovia, Yolombó, Cáceres, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Yalí, Tarazá, Caucasia y Vegachí, en Antioquia, se han visto afectados por los bloqueos. Los municipios La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y el sector La Ye, de la región San Jorge (Sur de Córdoba), también se han unido a las protestas ya que, según uno de los manifestantes: El Sur de Córdoba también viene involucrado en temas de quema de maquinaria, porque no es desconocido que en la parte de Ayapel se hace minería, entonces los pequeños mineros están trabajando y el Estado en su forma indiscriminada llega con su Ejército y Policía quemando las dragas, mini-dragas (El Tiempo, marzo 2023). En los días siguientes, debido a los desmanes y disturbios que tuvieron lugar en algunos municipios, entre los que se vio afectada la infraestructura de la Alcaldía de Caucasia, el cierre de vías y demás, se decretó toque de queda y a su vez se declaró la alerta hospitalaria en los municipios de Caucasia, Tarazá y El Bagre. Desde el inicio del Paro Minero el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, el gobernador de Antioquia y las autoridades han manifestado la injerencia del Clan del Golfo en las protestas. Frente a esto, este grupo armado ha emitido alrededor de cuatro comunicados en los que afirma no estar haciendo parte o estar presionando a los mineros a que protesten; sin embargo, se han conocido videos y denuncias en las que al parecer las comunidades estarían siendo víctimas de presión por parte de grupos armados. Mapa No. 3. Presencia del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, en regiones afectadas por el Paro Minero Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) La Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca RPG-BC, conformada principalmente por los seis alcaldes del Bajo Cauca, se pronunció en su momento haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que hicieran presencia en el territorio. Además, el secretario del Interior de Córdoba, Jairo Baquero, afirmó que pobladores de Córdoba, Sucre y Bolívar apoyan el bloqueo de los mineros del Bajo Cauca. En Córdoba, como respuesta a los bloqueos, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional instalaron un Comité de Orden Público Extraordinario, con el fin de articular operaciones para atender la seguridad en el territorio. La acción fue coordinada por la secretaria general de la Gobernación de Córdoba, Claudine Álvarez; al igual que el secretario del Interior, Jairo Baquero. De igual manera, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con un Puesto de Mando Unificado, el cual se mantiene activo desde la hora cero del bloqueo en las vías del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge cordobés. De esta manera, las acciones de “bloqueos de accesos o vías en protestas” se ha distribuido de la siguiente manera: Gráfico No. 3. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: seguimiento a prensa Mapa No. 4. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: seguimiento a prensa De igual forma se evidencia un aumento en los casos de protestas y manifestaciones en las cuatro subregiones analizadas: Gráfico No. 4. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Infovisible. Fuente: seguimiento a prensa Mapa No. 5. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: seguimiento a prensa En este contexto, el 08 de marzo de 2023 el presidente de la República envío una comisión especial para atender el Paro. La comisión estuvo liderada por los ministros y ministras del Interior, Defensa, Minas y Energías y Medio Ambiente, así como del director del Departamento Nacional de Planeación. En un comunicado de prensa publicado ese mismo día, desde la presidencia se rechazaron los hechos de violencia que se estaban dando en el contexto del paro y, adicionalmente, se propuso como primer punto de la agenda un plan de acción inmediata para atender humanitariamente a las poblaciones afectadas: Imagen No. 3. Comunicado de prensa de la Presidencia de la República sobre el Paro Minero Posteriormente, el día 09 de marzo, el Gobierno Nacional lanzó las propuestas del Distrito Minero y el Plan de Formalización para superar el Paro en Antioquia y como estrategia para hacer frente a la problemática histórica presentada en la subregión. Mientras se desarrollaban las mesas de conversación, sin evidentes soluciones al conflicto, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hicieron presencia en los distintos puntos donde se desarrollaban los bloqueos y llevaron a cabo operativos para desbloquear las vías de acceso y continuar con la destrucción de maquinaria aparentemente usada para la minería ilegal. Esto complicó aún más la situación de orden público, debido a que se presentaron disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública por parte de manifestantes, principalmente en los municipios de Tarazá, Caucasia y Cáceres, lo que llevó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a decretar toque de queda durante los días 10 y 11 de marzo (Infobae, marzo 2023). Hasta ese momento, en el marco de estos hechos de violencia habrían muerto dos personas y 25 habrían resultado heridas, siendo el municipio de Tarazá uno de los más afectados por la situación de orden público, en donde se reportó en la noche del domingo 12 de marzo el incendio de un peaje por parte de hombres encapuchados (El País, marzo 2023). Durante este mismo día, pero en horas de la tarde, se realizó un consejo de seguridad en Montelíbano, al sur del departamento de Córdoba, en el que participaron el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velázquez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Tras el desarrollo de este consejo, el presidente Gustavo Petro, en una declaración pública, comunicó que, en primer lugar, las mesas de negociaciones se levantaron debido a las exigencias de detener los operativos en contra de las actividades mineras ilegales, lo cual aseguró que rechazaba. También agregó que, en el marco del Paro Minero, se han presentado situaciones de vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como quema de ambulancias, confinamiento de la población civil, desabastecimiento y ataques a acueductos. Igualmente, reafirmó el rol de la fuerza pública en el territorio, asegurando que esta va a mantener su presencia y posiblemente va a aumentar el número de efectivos movilizados a la zona, que hasta el momento suman más de 10 mil. También aclaró la nueva estrategia para desmontar la minería ilegal: “habrá una línea de control a la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal”. Finalmente, el mandatario comentó que habría serios indicios de la participación del Clan del Golfo como principal impulsor del Paro y como responsable de los hechos violentos ocurridos en este contexto, y que, de ser así, no habría voluntad de paz por parte de este grupo armado, por lo que al día siguiente desestimó la posibilidad de establecer negociaciones con el Clan del Golfo en el marco de la Paz Total, terminando de volatilizar el escenario del Paro en Antioquia.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 13 al 19 de marzo del 2023 1. La semana inició con una entrevista a Sergio Jaramillo en W Radio en la que presentó varias críticas a la agenda firmada entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Los puntos críticos que presentó Sergio Jaramillo fueron los siguientes: * Una agenda enorme en la que se discuten temas muy amplios, por ejemplo: modelo de desarrollo y régimen político; tal amplitud hace inviable esa negociación. * Con una agenda tan amplia los tiempos pueden ser demasiado lapsos, eso vuelve inconcretable la agenda. * El planteamiento de pactar un cese bilateral al inicio del proceso es improcedente, esto no genera estímulos para la negociación. * El planteamiento de que se pacta y se implementa es improcedente, esto tampoco ayuda a un cierre de la negociación, esto puede ir al "infinito" (expresión mía). * No queda claramente establecido el tema de las armas, esto puede llevar a "una paz armada", el ELN se queda con las armas y hace una veeduría armada, algo totalmente censurable. * No se ve una secuencia en el proceso. En síntesis, Sergio Jaramillo tiene una crítica a la agenda pactada y no ve viabilidad en este proceso y estas fueron sus críticas a lo que considera que es una agenda totalmente a favor de los intereses del ELN. No comparto las críticas formuladas por Sergio Jaramillo a la agenda firmada, creo que él se mantiene en el formato de que el ELN no ha tomado la decisión de dejar las armas, en lo cual tiene razón, que no han madurado la decisión de salir de su proyecto armado y que eso hace inviable la negociación. Sin decisión tomada de abandonar las armas, ningún proceso es viable, creo que es el planteamiento central de Sergio Jaramillo, y espero no estar colocando argumentos que no ha expresado explícitamente, pero que yo interpreto de sus análisis. Un poco de historia. El expresidente Juan Manuel Santos, desde el momento en que fue elegido, tomó una decisión que fue definitiva para el curso de las negociaciones de paz. Santos decidió buscar un proceso de paz con las FARC, su valoración era que las FARC estaban maduras para un acuerdo viable y tomó otra decisión, esperar a concretar el diseño de un proceso y una agenda con las FARC y luego, si buscar al ELN, consideraba que el ELN no estaba maduro para un proceso de paz viable y eso hacía inconveniente pensar en un proceso simultáneo con las FARC y el ELN, y mucho menos viable pensar en una sola mesa. Las cosas fueron así: una vez firmada en secreto la agenda con las FARC en la Habana en agosto del 2012, el Gobierno designó a Frank Pearl para informarle al ELN que Colombia tenía un proceso y una agenda pactada con las FARC, y que le proponía al ELN iniciar un proceso de diálogos y negociaciones en la perspectiva de construir un acuerdo de paz. El gobierno Santos quería un proceso con el ELN que guardara la misma lógica del que había pactado con las FARC: una agenda concreta y centrada entre el Gobierno y el ELN. En ese momento el ELN tenía otra lógica de proceso: una agenda abierta y centrada en la participación de la sociedad. Yo creo que Frank Pearl batalló con argumentos y persistió en ese propósito, eso se nota en el relato que hace Antonio García, primer comandante del ELN en su libro, y quien negoció con Pearl la construcción de esa agenda entre 2014 y marzo de 2016 cuando se firmó en Caracas, una agenda abierta y centrada en la participación de la sociedad. Hay relatos de personas que han comentado de una reunión en enero de 2016 en el Palacio de Nariño en la que el presidente Santos mostró su insatisfacción por la agenda construida con el ELN y declaró que era una agenda inviable e inconcretable. Las declaraciones que ha dado Sergio Jaramillo frente a la agenda firmada en México, que guarda la misma estructura que la agenda firmada en 2016, con ampliaciones y detalles, guarda la misma lógica de argumentación que tuvo el expresidente Santos y que Sergio Jaramillo mantiene en el análisis. Ante las críticas formuladas por Sergio Jaramillo yo diría que es cierto que el ELN no ha tomado la decisión de abandonar su proyecto de "Resistencia Armada", que solo va a tomar esa decisión si ve un horizonte de transformaciones en marcha y logra construir con el Gobierno y con la más amplia participación de la sociedad una visión compartida de paz y esa visión hace parte de un "Acuerdo Nacional", como lo ha propuesto el mismo Gobierno, y premisa que además ha quedado consignado como propósito en "El Acuerdo de México", como el Gobierno Colombiano y el ELN han nombrado la agenda. Frente a la crítica de que es una agenda abierta y en la que se plantea discutir el modelo de desarrollo y el régimen político, debo afirmar que este Gobierno ha ganado para cambiar el modelo de desarrollo en lo que se considere pertinente y sea viable, al igual que la forma del ejercicio de la política, lo cual, por ejemplo, parte de sacar la violencia de la política. Con respecto a lo de que no es democrático discutir el modelo de desarrollo con una minoría armada como el ELN, lo que daría para una amplia discusión, solo argumentaría que en esta negociación lo central es la participación de la sociedad y veremos qué tan amplia y democrática será esa participación. Sobre la crítica de que es inconveniente pactar un cese bilateral desde el inicio, que esto no estimula la búsqueda de un acuerdo, debo decir que el cese bilateral y de hostilidades —por precisar este universo de hostilidades— es un clamor de las comunidades que hoy sufren la violencia en sus territorios y que si bien ese solo llamado humanitario es importante, tengo que decir que este proceso no se va a desarrollar por la presión militar, sino por construir dinámicas transformadoras, visión compartida de paz y certeza de cumplimiento, en donde entra el tema de pactar e implementar, pues estamos hablando de transformaciones y nuevas realidades que son de interés y necesidad de las comunidades y los territorios, quizás asuntos de interés de amplios sectores. Eso lo veremos en los próximos meses y puede ayudar a darle ritmo y confianza a todos quienes participan de este proceso de paz. A la crítica de que no se ve una secuencia en este proceso, respondería que sí hay una secuencia que va de la participación a las transformaciones y que estas se han categorizado de corto, mediano y largo plazo; de tal forma que es posible y deseable que veamos implementación de transformaciones acordadas este año y que se puedan implementar de manera inmediata, o por lo menos iniciar su implementación este mismo año. Frente a que no está establecido la dejación de armas, diré que uno de los propósitos del proceso según queda establecido en la agenda firmada es la superación del conflicto armado y que el tema del acuerdo sobre las armas está en la agenda, ya su discusión y concreción está por verse, como lo estuvo en el proceso adelantado con las FARC y en el que igualmente había voces que afirmaban que las FARC nunca entregarían las armas al Estado Colombiano, y así fue, no las entregaron, las depusieron ante la ONU. Las anteriores consideraciones pretenden animar el diálogo sobre lo planteado por Sergio Jaramillo, protagonista de primera línea del importante e histórico acuerdo logrado con las FARC y cuyas críticas deben ser valoradas con argumentos. Esta voz crítica debe servir para darle ritmo y concreción a un proceso que está iniciando y que debe mostrar resultados de participación en los próximos meses, tema a abordar en el tercer ciclo a desarrollarse en La Habana en el mes de abril, al igual que el importante punto del cese bilateral de fuego y hostilidades. Aquí se puede escuchar la entrevista a Sergio Jaramillo: Aquí se puede leer la transcripción de la entrevista a Sergio Jaramillo: 2. Inmediatamente terminada la entrevista a Sergio Jaramillo, W Radio entrevistó al senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación negociadora del Gobierno Colombiano para el proceso de paz con el ELN. En esta entrevista Cepeda defiende la agenda pactada, que recoge la agenda firmada por el gobierno del expresidente Santos y el ELN. * Es una agenda con sustancial mejoría. * El punto de las armas está pactado, el punto de llegada del proceso es la superación, la terminación del conflicto armado, el tema de las armas se discutirá en su momento. * El ELN debe terminar sin armas, no es posible un acuerdo de paz con el ELN en armas. Aquí se puede escuchar la entrevista al Senador Iván Cepeda: Aquí se puede leer la transcripción de la entrevista al Senador Iván Cepeda: 3. El mismo lunes 13 de marzo, el senador Humberto De La Calle, quien lideró junto a Sergio Jaramillo el proceso de paz con las FARC, envió una carta pública a José Félix Lafaurie, en la que igualmente señala que en la agenda pactada hay ambigüedad frente al tema de las armas y critica el formato de acordar e implementar sin haber cerrado la negociación de manera global. Igualmente, en la carta el Senador De La Calle señala la abierta oposición que desplegó José Félix Lafaurie al acuerdo con las FARC y cómo ahora sí apoya un proceso que considera mucho más comprometedor por la agenda pactada. Aquí se puede consultar la carta del Senador Humberto De La Calle a José Félix Lafaurie: 4. La carta de Humberto De La Calle fue respondida por José Félix Lafaurie. La respuesta inicia con esta afirmación: "armado de prudencia, confianza y buena fe, y con el ánimo de servirle a la paz de Colombia, aunque fui declarado su enemigo, me he sentado en la mesa de negociaciones con el ELN". Y termina con esta afirmación: "lo invito, doctor De la Calle, a aportar su conocimiento y experiencia, a seguir haciendo comentarios para mostrar caminos y señalar peligros. Lo invito a que miremos hacia delante […] porque allá está la paz". Aquí se puede consultar la carta de respuesta de José Félix Lafaurie. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-19-2023-de-la-calle-miremos-hacia-delante Importante seguir en este intercambio de valoraciones y propuestas frente a un proceso que está iniciando y que debe ganar ritmo de participación de la sociedad luego del tercer ciclo, y en el que hay que aprovechar estas semanas para que diversas dinámicas de sociedad comprometidas con este proceso preparen sus propuestas para el momento en que se abran formalmente las dinámicas de participación que el Gobierno y el ELN deben proponer. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Fundación Pares Para @confidencialcol Es el nombre de la película ganadora del Oscar, pero también podría ser el título de más de una estrategia del gobierno. Especialmente de su política de paz en la que todos hemos puesto esperanzas, pero de la que en realidad sabemos muy poco. Para rematar, el presidente Petro hizo unas declaraciones contra el acuerdo de paz con las FARC, en las que asegura que el Acuerdo quedó mal hecho, para sufrimiento de los miles de combatientes desesperados por el incumplimiento y especialmente afectados por el reciente desplazamiento del ETCR de Mesetas. Como el título de la película, la Paz Total requería que se cumplieran la totalidad de las premisas bajo las que se formuló la idea: todos los actores, negociar al mismo tiempo y en todas partes, con un equipo demasiado pequeño para el tamaño del reto, mientras otras agendas estatales iban a su ritmo adelantando otras reformas. Sin esas premisas, la mesa está totalmente coja y hay que replantear qué hacer. Recapitulemos. Por una parte, ya no están todos los actores (ya no hay mesa con el Clan del Golfo) y la ley de sometimiento, si bien es un buen negocio para quienes están en la cárcel, no necesariamente para los que están por fuera. Es una ley que se hizo para los grupos que sientan que su posición peligra y prefieran ganar un 6% que perder el 100. Ese no es el caso. Si no es el Clan del Golfo quien se someta a esa ley, se pueden hacer negociaciones con grupos menores como Los Pachenca en la Sierra Nevada, pero sin grandes impactos. Si uno queda afuera, la Paz Total ya no es total, y volvemos al bucle del reciclaje de grupos. Con el ELN se hizo un pomposo cierre del segundo ciclo y se anunció una agenda importante, que se ha defendido con ahínco por parte de la mesa. Incluso José Félix Lafaurie dirigió un comunicado a Humberto de la Calle explicando por qué para su sector, el ganadero, fue más fácil aceptar la negociación con el ELN que con las FARC. Pero al mismo tiempo, el ELN en sus pronunciamientos defiende con demasiada vehemencia sus recientes ataques tanto a la fuerza pública como a la población civil, escudados en que son ellos los llamados a “limpiar” el territorio de los males que lo aquejan. Con las disidencias también el gobierno está en una posición complicada. Por muchos baches que tenga el Acuerdo con las FARC, su cumplimiento es una obligación del Estado Colombiano, y especialmente la protección de la vida de sus firmantes debe ser una prioridad. En zonas como Arauca, Meta-Guaviare, Putumayo, Cauca y Nariño, no está funcionando ningún cese y por el contrario las cifras muestran un preocupante aumento de la agresión de todos los grupos contra las organizaciones sociales, especialmente las indígenas. Incluso, la presión de los grupos a las organizaciones comunitarias está completamente desbordada. Ahora mismo hay más frustración entre grupos que ambiente de negociación. Y la única mesa que está instalada, que es la mesa del ELN, insiste en que son el único grupo que tiene el carácter político necesario para que se hable de proceso de paz. Una es la frustración de la ciudadanía y sus manifestaciones, y otra es la frustración de prácticamente todos los grupos armados del país, al mismo tiempo y en todas partes. Finalmente, pareciera que el gobierno no entendiera que el mundo de hoy no es el mismo mundo en el que negoció el presidente Santos. La comunidad internacional, que otrora acompañó tan fervorosamente el proceso de paz e incluso hizo su mejor intento para que éste no fuera completamente saboteado, está agotada de apoyar un estado que incumple, y en una región poco importante para la geopolítica de hoy. A la menor duda retirarán su apoyo. Diplomáticamente, eso sí. Sin garantes internacionales, es difícil mantener los apoyos que requiere un proceso de paz. A esto hay que darle una vuelta. El gobierno debe volcarse a la presencia territorial, esa sí con método, recursos e instituciones. La Paz Total necesita con urgencia la seguridad humana que se ha anunciado por parte del gobierno, pero que aún no llega. Es imperativo que el estado haga presencia territorial. Y sí, en muchos casos esta presencia debe ir acompañada de fuerza pública. Con total respeto a los derechos humanos, por supuesto. De lo contrario, la cancha de los incentivos, que es donde se juega la realidad, seguirá estando gravemente desbalanceada en contra del Gobierno, de la ciudadanía y de las comunidades que son quienes actualmente sufren las confrontaciones violentas. Ningún grupo negocia donde cree que ya ganó. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Congreso de la República inició este jueves 16 de marzo un nuevo periodo de sesiones ordinarias, en el que se discutirán importantes proyectos para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que las sesiones ordinarias son un periodo establecido en el calendario legislativo de un cuerpo colegiado, como el Congreso de la República, durante el cual se realizan reuniones plenarias en las que se discuten y se toman decisiones sobre proyectos de ley, temas de interés nacional, informes y otras iniciativas presentadas por los miembros del cuerpo legislativo. Estas sesiones tienen una duración previamente establecida, que suelen durar tres meses, y se convocan automáticamente, sin necesidad de una convocatoria especial. Por su parte, las sesiones extraordinarias fueron las que se llevaron a cabo en febrero, son aquellas que se realizan fuera del periodo de sesiones ordinarias y solo pueden ser convocadas por el presidente de la República con el fin de que el Congreso se reúna para discutir y tomar decisiones específicas sobre temas determinados. Estas sesiones tienen una duración máxima de 30 días y solo pueden ser convocadas para abordar puntos específicos que han sido previamente definidos por el Primer mandatario. Durante los próximos tres meses se espera que se acelere la agenda legislativa, que aborda temas como las reformas pensional, laboral, política, ley de sometimiento, código minero y reforma a la salud. Según el asistente de investigación de Pares, los debates específicos sobre lo que le interesa al Gobierno pueden llegar a darse en sesiones permanentes, el cual es el “mecanismo que tiene el Congreso para bloquear una agenda y discutir un tema en específico, es decir, solo discutirían un único tema hasta que se acabe la sesión”. El próximo miércoles 22 de marzo habrá un debate de moción de censura contra la actual ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este debate fue solicitado por la oposición política. La moción de censura es un mecanismo que tiene el poder legislativo para evaluar y, en su caso, destituir a un ministro en ejercicio. Este proceso se lleva a cabo mediante un debate en el Congreso, en el cual los legisladores pueden cuestionar la gestión del ministro y evaluar si este está cumpliendo con sus funciones de manera adecuada. Si se obtiene una votación mayoritaria en contra del ministro, este deberá renunciar a su cargo. La moción de censura es una herramienta importante de control político y permite a los legisladores hacer responsable a un ministro de su gestión, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Juan Alejandro Peréz también mencionó que el 29 de marzo sería el primer debate, este año, de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que será liderado por el senador David Luna, de Cambio Radical. Cabe añadir que el ministro ya había sido citado en el mes de noviembre del año pasado. Entre otras novedades que traerá este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República se destaca, según el medio de comunicación WRadio, el reciente ingreso de Cambio Radical a la coalición de oposición, partido que ha solicitado garantías en su nueva participación. En medio de este panorama, el Gobierno se esfuerza por mantener unida su coalición conformada por los partidos Liberal, Conservador, de La U y el Pacto Histórico, pues de ello dependerá la aprobación de sus iniciativas, que han sido objeto de importantes debates en el país. Los aliados del presidente en el Capitolio tienen como meta aprobar la mayor cantidad de proyectos antes del 20 de julio, fecha límite en la que el Pacto Histórico continuará presidiendo Cámara y Senado. Posteriormente, el Partido Liberal asumirá la dirección de las plenarias (Ver: La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?). El presidente del Senado, Roy Barreras, expresó su confianza en que esta legislatura será memorable, ya que el Congreso tiene “la responsabilidad y la posibilidad de liderar las reformas que el país necesita con la decisión soberana de sus miembros”. Barreras agregó que, en este contexto, es fundamental que se trabaje en conjunto para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta Colombia, en especial en temas que han sido criticados como las reformas pensional, laboral (Ver: Centrales obreras presentan propuestas para la reforma laboral), política y a la salud (Ver: Reforma a la salud, ¿manzana de la discordia?). Durante el inicio de dichas sesiones ordinarias, Barreras informó que el próximo martes 21 de marzo, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro presentarán un informe ante el Congreso acerca de su labor como miembros de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cepeda anunció que expondrán el estado actual de la mesa y de los diálogos de paz ante el Senado de la República (Ver: Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN). Finalmente, Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, señaló que esta Línea espera que se apruebe la ley de sometimiento y la reforma de salud, aunque en cuanto a las reformas pensional y laboral, la situación no es muy clara. Además, la Línea también espera que la coalición se mantenga unida, ya que esto influiría en las perspectivas políticas. Pérez también destacó que este Gobierno ha demostrado habilidades de negociación en medio de ciertas dinámicas, gracias a la presencia de dos figuras clave como Roy Barreras y Alfonso Prada. Por lo tanto, la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares espera que continúen negociando y busquen soluciones viables para cada reforma, en especial, para que la ley de sometimiento se apruebe lo más pronto posible (Ver: Novedades, debilidades y retos: un análisis del proyecto de ley de sometimiento a la justicia).

Por: Luis Eduardo Celis Arauca lo tiene todo para salir de las violencias con las que coexiste desde hace cuarenta y tres años, cuando se instalaron con profundas raíces en este bello y vital territorio. Para avanzar en la enorme tarea de salir de profundos conflictos de orden social, político y económico en los que se afincó el ELN, hay que actuar con imaginación y propuestas ya construidas desde el importante tejido comunitario y organizacional existente en el departamento, que hay que recordar fue promovido y acompañado por los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, en cuyos mandatos se promovieron las cooperativas agrarias, las juntas de acción comunal y la asociación de usuarios campesinos, la ANUC, ese formidable proceso social que se mantiene vivo en Arauca y que tiene la responsabilidad de seguir trabajando por una Arauca en paz. El principal conflicto a resolver hoy en Arauca es la desconfianza de una parte de la sociedad araucana, la del mundo social organizado que fue traicionado y maltratado por el Estado Colombiano que, luego de darles tierra, los apoyara y ayudara a organizar entre 1958 y 1972; cuando vinieron las demandas, las protestas y los conflictos, los gobiernos de Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen fueron incapaces de darle salidas adecuadas a estas crisis, vino la desconfianza profunda y allí surgió el ELN, que ha mantenido hasta el día de hoy arraigo en Arauca. La Paz Total debe tener como prioridad a Arauca. Por allí pasa la negociación y el acuerdo por construir con el ELN, para ello se requiere acción conjunta entre el Gobierno Nacional, con el liderazgo de la oficina del Alto Comisionado de Paz, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y el mundo social y gremial, para promover la participación y la construcción de las transformaciones a implementar en el corto, mediano y largo plazo, como lo establece la agenda firmada entre el Gobierno y el ELN en Ciudad de México el pasado 10 de marzo. El Plan Nacional de Desarrollo en proceso de discusión y formulación en el Congreso de la República debe también contemplar una acción en Arauca. Los temas estratégicos identificados desde hace años y los cuales se deben actualizar en la dinámica de participación que van a ofertar el Gobierno y el ELN, luego del tercer ciclo a realizarse en La Habana en abril, son los pilares para una Arauca en paz. Restañar la desconfianza es el puente a construir. Tarea de gobierno y sociedad Araucana, difícil, pero posible. Se deben concertar con el mundo campesino araucano las condiciones para potenciar su proyecto de vida, su economía, sus derechos sociales, su cultura, que pasa por la posibilidad de contar con los mecanismos para permanecer en su territorio sin la zozobra de que alguien los vaya a despojar de lo suyo. Arauca requiere superar la incomunicación física que hoy tiene, sus vías no son las trochas de la colonización de los años sesenta, pero incluso ahora en el siglo XXI son medias trochas, una vergüenza para un territorio que le ha aportado tanto a la economía colombiana. Las vías de la Soberanía y la Ruta de Los Libertadores pueden ser construidas por la industria del petróleo hoy presente en Arauca en concertación con el Gobierno Nacional. El petróleo tiene mucho que ver con la Arauca de las últimas cuatro décadas y hoy sufre los rigores de un conflicto armado plenamente vivo y actuante, hay que hacer un juicioso y sereno diálogo para ver una ruta de cambio en la que el petróleo juegue un papel de paz y democracia de calidad en este reto de construcción de acuerdos, transformaciones y visión compartida de paz. Arauca lo tiene todo para ser un protagonista de la Paz Total, la construcción de un acuerdo de paz del que participe el ELN, eso se juega en los próximos meses, hay que jugar ese partido tan importante, nadie en Arauca debe quedar por fuera, no es fácil pero es posible. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El líder indígena y concejal Wilson Andrés Bomba Piamba, de 31 años, fue asesinado en el municipio de Caldono, Cauca, en las últimas horas. Según información preliminar, hombres armados habrían atacado una comisión de la Guardia Indígena en la que se encontraba Bomba. En este mismo hecho resultó herido el coordinador de la Guardia, César Peña. Las autoridades ancestrales de Sa’th Thama Kiwe denunciaron que este ataque se dio en el marco de fuertes combates entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el ELN, que iniciaron el día de ayer a las cuatro de la tarde. En los enfrentamientos, comuneros miembros del proceso organizativo fueron atacados con armas de fuego, quedando atrapados en el fuego cruzado. En días anteriores Bomba Piamba había solicitado un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección que se encontraba ahora en etapa de análisis y reevaluación, ya que contaba con algunas medidas debido a la grave crisis humanitaria y de violencia que se vive en este territorio. Situación que ya había sido alertada por la Defensoría del Pueblo, que emitió dos Alertas Tempranas, la 040 de 2020 y la 019 de 2022, las cuales señalan que hay un incremento de la violencia debido a la exacerbación del conflicto armado y la disputa territorial que se viene presentando en el departamento del Cauca. Los grupos armados ilegales buscan incrementar los cultivos de uso ilícito y laboratorios, y ejercer el control sobre rutas para la comercialización de drogas (Ver: Control social y centro de entrenamiento para menores: disidencias de FARC tienen en vilo a Toribío) El asesinato del concejal del municipio de Caldono generó gran indignación en la sociedad colombiana. Voces de rechazo no se han hecho esperar y líderes políticos e indígenas se han pronunciado al respecto. El representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Óscar Campo, expresó su solidaridad con la familia del concejal y con el Concejo Municipal de Caldono. Campo manifestó su preocupación por la situación de crisis que atraviesa el país en materia de seguridad e hizo un llamado a cambios en el gobierno del presidente Gustavo Petro para lograr la Paz Total en Colombia. Por su parte, el exsenador de la República y líder indígena, Feliciano Valencia, también repudió el asesinato de Wilson Andrés Bomba Piamba y expresó su solidaridad con la familia y la comunidad. Valencia destacó la valentía y visión comunitaria del concejal, quien era una autoridad ancestral del resguardo San Lorenzo de Caldono. Además, hizo un llamado a la sociedad para que no permita que la guerra siga arrebatando vidas en Colombia y para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas del país. La senadora Aida Marina Quilcué afirmó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la situación que se vive en el Cauca es una realidad que ha persistido durante mucho tiempo, tanto en el marco del conflicto armado como en la actualidad en el posacuerdo, pues se ha agravado la lucha por el control territorial (Ver: EMC FARC-EP sigue la guerra en el Cauca, a pesar de cese bilateral con el Estado). Quilcué destacó que las comunidades indígenas, campesinas y rurales son las más vulnerables y quienes se encuentran en mayor riesgo en esta situación de inseguridad. De acuerdo con el enlace de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) para el norte del Cauca, el municipio de Caldono es un área de gran importancia para el ELN, específicamente para la columna Milton Ortiz, y para el Estado Mayor Central (EMC), a través de la columna móvil Dagoberto Ramos. El enlace de Pares explicó que las dinámicas del conflicto armado han impactado fuertemente este municipio debido a dos razones principales: en primer lugar, su ubicación estratégica, que permite acceder al oriente caucano y al norte del departamento; y en segundo lugar, su ubicación en una zona de cordillera. Las disputas territoriales han dejado a la población civil y a los pueblos étnicos atrapados en medio de los enfrentamientos entre grupos armados. Actualmente, la situación en Caldono es extremadamente difícil, tal como lo explicó la senadora Aida Quilcué. Se ha observado un fuerte control territorial en el norte del Cauca por parte de estructuras del Estado Mayor Central (EMC), lo que se ha traducido en acciones como extorsiones, amenazas y obligación de participar en reuniones bajo amenaza de multas. Además, estas estructuras ilegales están atentas a los recursos de las familias en los territorios y exigen pagos en función de esto. La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) ha monitoreado la situación en zonas como Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono, donde estas prácticas son comunes. Según el enlace de Pares para el norte del Cauca, en el municipio de Argelia los habitantes también están viviendo una situación difícil, ya que se encuentran confinados desde los primeros días de febrero debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como la Segunda Marquetalia y la columna Carlos Patiño del Estado Mayor Central. Como resultado, unos 800 menores de edad no han podido regresar a las aulas ya que no se garantiza la seguridad para hacerlo. La senadora Aida Quilcué informó a Pares que se han presentado denuncias y propuestas para generar procesos de diálogo en los territorios afectados por el conflicto armado, no solo con los grupos armados, sino también con las comunidades afectadas. Según Quilcué, las autoridades y las comunidades se han estado autoprotegiendo y han creado mecanismos de control social y territorial para garantizar su seguridad. La senadora envió un mensaje al Gobierno y fue que “los diálogos de paz deben ser en el marco de lo que esta viviendo la gente en los territorios”. Finalmente, la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares ha informado que el número de líderes asesinados en lo que va del año 2023 ha llegado a 26 con el reciente asesinato de Bomba Piamba. Además, es importante mencionar que en la región de Caldono existen grupos armados ilegales como el ELN, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente-Estado Mayor Central, así como otras bandas de carácter local. La situación de violencia en la zona sigue siendo motivo de preocupación tanto para las comunidades indígenas como para la población en general.

Por: Odevida, Capítulo Perú En el marco de las movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado en Perú durante los últimos meses por causa de la crisis democrática e institucional, las mujeres peruanas se han visto afectadas de manera diferencial a causa de su género, sufriendo desigualdades frente a los hombres, así como múltiples y simultáneas discriminaciones basadas en prejuicios y estereotipos sobre atributos, roles de género y asignación de espacios y responsabilidades de las mujeres en la sociedad patriarcal machista. En este sentido, la respuesta de la autoridad frente a las mujeres se ajusta no solo a los estereotipos de género, sino a toda una cultura patriarcal que hace que las mujeres sean violentadas de manera diferenciada en contextos de protestas. Por ejemplo, cuando se produce la detención de mujeres en las protestas, las fuerzas intervienen basadas en un androcentrismo que ve al ciudadano como a un hombre letrado y urbano.Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos; por ejemplo, el acceso a útiles de higiene menstrual o son detenidas con sus hijos/as menores de edad o estos quedan en estado de desprotección. Si bien los hombres detenidos durante los operativos contra la movilización ciudadana en Perú fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza, las mujeres también se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexista y sexual, enfocada en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles de género, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, con el distintivo propósito de humillarlas y disciplinarlas por ser mujeres que presuntamente estaban participando en una manifestación pública en contra de la decisión de autoridad estatal. Todo esto sin mencionar otro tipo de afectaciones, como que en las protestas a los hombres se les ha asignado el rol de voceros y tomadores de decisiones, mientras que a las mujeres se les han dado las labores de atención a los heridos y todo lo relacionado con los cuidados sociales y familiares; además de que el cuidado de la familia y los hijos es un aspecto de sus vidas que deben seguir atendiendo independientemente de las manifestaciones sociales. Perú es un país con una democracia débil, aparentemente laica, en donde los grupos anti derechos consolidan avances, mientras que las mujeres enfrentan serias restricciones para el ejercicio y goce de sus derechos. Le invitamos a leer nuestro informe Impactos en el contexto de la movilización Ciudadana 2022-2023: profundizando desigualdades de género con toda la información y el análisis de la situación de las mujeres en el marco de las movilizaciones peruanas aquí:

Por: Línea Migración, Región y Frontera Como un “imperio del terror” ha sido catalogada la presencia del Tren de Aragua en Norte de Santander. El grupo criminal, oriundo de Venezuela y con centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua, se consolidó en 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, estableció alianzas con miembros del grupo y, en 2017, se convirtió en el líder carcelario más importante de Venezuela. A través de la ruta que recorren los migrantes, desde 2018 llegaron a distintas ciudades latinoamericanas, como Cúcuta y Villa del Rosario, ubicadas en zona fronteriza colombiana. La llegada del Tren de Aragua a Norte de Santander generó disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la banda Los Urabeños, encargados de controlar las trochas. No obstante, y de acuerdo con InSight Crime: “aunque la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en el departamento colombiano de Norte de Santander ha continuado, el conflicto con la guerrilla parece haber bajado de intensidad en 2022”. Considerando que el grupo opera impunemente desde Venezuela, y teniendo en cuenta su experticia para corromper oficiales al punto de lograr el control de sus actividades ilícitas desde la cárcel, el panorama resulta desalentador para los nortesantandereanos. El control del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de migrantes y la detonación de artefactos explosivos, son algunos de los delitos cometidos por la organización criminal en la zona fronteriza. Según una fuente consultada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el crecimiento de la banda coincide con el ingreso de los carteles del narcotráfico al departamento. Así, la convergencia de los actores ha generado una tercerización criminal, pues mientras las organizaciones mexicanas contratan al Tren de Aragua, estos, a su vez, han subcontratado para la realización de distintas actividades ilícitas. De acuerdo con La Opinión, los comerciantes de La Parada y del centro de Cúcuta deben acceder a las extorsiones, porque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) no ha logrado controlar los crímenes. La fuente consultada por Pares agregó que Norte de Santander es una caja registradora para los actores al margen de la ley. El Tren de Aragua, por ejemplo, hace seguimiento a los negocios y cobra con base en la facturación de ingresos. Versiones extraoficiales recibidas por el periódico en mención señalaron que las “vacunas” alcanzan los treinta millones de pesos y, además, los comerciantes son obligados a vender drogas en sus locales. En septiembre de 2022 fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua, por una extorsión de 25 millones de pesos a un comerciante. Amenazado de muerte junto con su familia, el afectado informó a las autoridades y se logró la captura cuando los delincuentes esperaban recibir tres millones de pesos en el parque Santander de Cúcuta. Tres meses después, en diciembre de 2022, también capturaron a dos miembros cuando pretendían cruzar la frontera con dos armas, 201 gramos de presuntas sustancias ilícitas y una lista de empresarios tachirenses para extorsionarlos. Asimismo, a través de un video y con artefactos explosivos en mano, intimidaron a un ciudadano en febrero del presente año. En la grabación, que posteriormente se hizo viral, los delincuentes aseguraron dar plazo hasta las 6:00 de la tarde, para la entrega del dinero solicitado y, mientras mostraban armas y artefactos, agregaron: “(Si no) vamos a tener que actuar en contra de los tuyos y en demostraciones que tal vez serán demasiado graves tanto para ti como para tus negocios. Tenemos 55 gramos de C4 con intención de detonarlo ya sea en tus negocios o en tu residencia. Motivo por el cual esperamos comunicación en el transcurso de las horas. De no hacerlo, de mañana para adelante vas a tener una guerra con nuestra organización, que no vas a poder soportar”. Carlos Suárez, comandante de la Policía del área metropolitana de Cúcuta, le dijo a Blu Radio que cuando los miembros del Tren de Aragua son judicializados, cambian de nombre para evadir su responsabilidad por los actos cometidos en años anteriores. Se han hecho llamar los de Saúl, los Alemanes, los Nazis y los AK47. La primera denominación corresponde a uno de los delincuentes de mayor peligrosidad, pues alias Saúl, quien tiene circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), es responsable de dos hechos ocurridos en Cúcuta durante 2022: una masacre contra cuatro músicos y la muerte de un policía en retiro. No obstante, la fuente consultada por Pares señaló que los diferentes nombres corresponden a la subcontratación, pues, por ejemplo, los AK47 son los responsables del sicariato. Las autoridades también han establecido los vínculos de estas nuevas denominaciones con el Tren de Aragua. En agosto de 2022, Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación, señaló que cinco integrantes de la estructura AK47, pertenecientes a la banda, fueron imputados por homicidio agravado y fabricación, trafico, porte o tenencia de fuego agravado. Los cargos debido a su responsabilidad en una masacre ocurrida el 27 de agosto de 2022, en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, donde asesinaron a cuatro personas. Además, en diciembre de 2022, cuatro venezolanos, tres hombres y una mujer, entre ellos un menor de 17 años, fueron secuestrados por el Tren de Aragua. Las víctimas viajaban desde Chile hacia su país, pero al llegar al Corregimiento La Parada (en Villa del Rosario), fueron ingresados a la fuerza y bajo amenazas a una bodega que tenía fachada de agencia de viajes. Horas después, los familiares de los secuestrados recibieron una extorsión de 100 mil dólares y un video donde amenazaban con armas de fuego a las personas privadas de la libertad. Frente al hecho fueron capturadas cuatro personas y se incautaron cuatro armas de fuego, setenta cartuchos 9mm y tres celulares. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Cúcuta ocupa el puesto 49 en el último ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hechos como la explosión ocurrida en el barrio El Callejón, el 23 de febrero de 2023, a las 6:40 de la tarde, han mantenido al territorio en esa lista desde hace varios años. Respecto a la granada, que dejó quince personas heridas y locales comerciales y vehículos afectados por las esquirlas, el coronel Carlos Andrés García Suárez le dijo a Infobae que: “todo indicaría que son cobros extorsivos a establecimientos de comercio”. Respecto al hecho, Pares conoció los estados de WhatsApp de José Manuel Acosta Mogollón, alias “Niño Valencia”, cabeza del Tren de Aragua en Cúcuta y su área metropolitana, 12 minutos posteriores a la explosión, el presidiario publicó tres videos del hecho delictivo y escribió: “cuando sienta el bum de este perreo intenso, es el chu chu que viene y no frena”. Además, agregó: “las cosas se hacen como digamos los dueños de la película (…) y eso va con todo el que no copee”. En octubre de 2022 también detonaron una granada en un bar de Cúcuta, dejando tres personas heridas; posteriormente, el 25 de noviembre, volvieron a cometer un ataque contra un hospedaje, sin dejar víctimas. Los actos evidencian el poder del grupo, incluso desde la prisión. Diego Villamizar, defensor de derechos humanos, denunció en Semana que el Tren de Aragua controla la cárcel Modelo de Cúcuta. Los integrantes del grupo tienen lujos, organizan fiestas con la participación de conjuntos vallenatos, consumen drogas, hacen videollamadas con teléfonos de alta gama y extorsionan a los demás reclusos por el uso de celdas, teléfonos e ingreso de alimentos o visitas. Según el veedor, la autoridad de la banda ha permitido el incremento de cocaína, tusi y marihuana al interior del centro pentenciario. Las investigaciones han revelado videos donde se observa a los presos construyendo piscinas en la terraza de la cárcel, modificando los pisos de las celdas con mármol y porcelanato, y disponiendo de una tienda o bar con neveras y heladerías. Según Ronna Risquez, autora del libro El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, y quien recibió amenazas junto con sus familiares al anunciar la publicación de su obra, antes de que los reclusos abandonen la prisión de Tocorón, los miembros del Tren de Aragua los reclutan para trabajar en países como Colombia, Perú, Chile o Ecuador. Aprovechando las condiciones de los exconvictos, obtienen mano de obra para sus crímenes en Venezuela o en el exterior. La libertad de los presidiarios en la cárcel, así como la continuidad de las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y la detonación de artefactos explosivos, genera cuestionamientos en la sociedad civil. La fuente consultada por Pares señaló que la gravedad del control ejercido por el Tren de Aragua aún no se dimensiona, porque las personas tienen miedo de hablar. Asimismo, señaló: “¿cómo las autoridades no van a saber todo lo que ocurre? Con un pie de fuerza tan importante, es evidente que hay una relación criminal entre la fuerza pública y las estructuras criminales”. Mientras tanto, los rosarienses y los cucuteños siguen obligados a vivir bajo la imposición de sus leyes y las consecuencias de no acatarlas, pues quienes se niegan a sus peticiones son declarados objetivo de la organización.

Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro anunció este lunes 13 de marzo que el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC establecerán una mesa de conversaciones de paz. El EMC es una disidencia de las FARC liderada por alias “Iván Mordisco”, la cual no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y que bajo ese argumento mantiene la posibilidad de entablar una negociación política con el Gobierno. El Estado Mayor Central (EMC), anteriormente conocido como la disidencia de la línea de “Gentil Duarte” según informes previos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cuenta con varias comandancias lideradas por importantes figuras de las antiguas FARC, como alias "Iván Mordisco". Dentro del EMC hay diversas comandancias entre las que se encuentra alias “John Mechas”, quien lidera el Frente 33 y alias "El Mocho” quien al parecer está a cargo del Comando Coordinador de Occidente, que es una confederación de diferentes frentes y columnas que operan en el Cauca, incluyendo la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño. Además de las columnas mencionadas anteriormente, hay otros grupos dentro del Estado Mayor Central (EMC). El frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, y el Frente 10, activo en Arauca. El Frente 33 está presente en el Catatumbo, mientras que los Frentes 36 y 18 operan en el nordeste antioqueño. Estos son considerados los principales grupos dentro del EMC. El anuncio del inicio de las conversaciones con este grupo se dio luego de que la Fiscalía anunciara que se levantaron las órdenes de captura contra 19 miembros del EMC. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó que en virtud de las facultades legales y constitucionales que posee el presidente de la República se anularon las órdenes de captura de estas personas. El fiscal también resaltó que de las 19 personas que se han beneficiado de la anulación de las órdenes de captura, 11 habían firmado el Acuerdo de Paz de La Habana. “Decidí suspender dichas órdenes de captura el día de hoy y es importante destacar que ninguna de esas personas solicitadas en la Resolución 039 (…) tiene órdenes de captura con fines de extradición”, expresó Barbosa en una declaración. Barbosa también puntualizó que en la lista excluye a Alonso Velosa, alias “John Mechas”, el líder principal del Frente 33 que opera en el departamento de Norte de Santander, una región que comparte límites con Venezuela, esto debido a que se señaló a alias “John Mechas” por ser el responsable del ataque armado al helicóptero que transportaba al entonces presidente Iván Duque en junio de 2021. Además, se le atribuye el atentado ocurrido días antes contra un puesto militar de la ciudad. Francisco Daza, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el Estado Mayor Central (EMC) ha adoptado un enfoque político debido a que esta disidencia nunca firmó un Acuerdo de Paz, ya que no estaban de acuerdo con los términos del acuerdo y, por lo tanto, no han participado en ningún proceso de negociación. A pesar de esto, Daza señaló que el EMC, al igual que la Segunda Marquetalia, es heterogéneo, es decir, está compuesto tanto por antiguos miembros de las FARC como por personas que no necesariamente formaban parte del grupo armado, pero que se unieron a la disidencia después del Acuerdo de Paz. El investigador también mencionó que al interior de este grupo hay nuevos reclutados. Daza prevé que esta negociación de paz se llevará a cabo en dos momentos. El primero será “más interno” y consistirá en una cumbre, que al parecer será este fin de semana, entre los diferentes comandantes del EMC, incluyendo alias “Iván Mordisco”, alias “Calarcá”, alias “Antonio Medina” y otros comandantes. En esta reunión, se designarán los delegados para la mesa de diálogo y posiblemente se establezca la agenda que el Estado Mayor Central presentará. El segundo momento se centrará en revisar las hojas de ruta para garantizar un cese al fuego bilateral efectivo. El investigador señaló que existen evidencias de que el EMC no ha cumplido con el cese al fuego acordado el año pasado. Por lo tanto, es importante establecer medidas para asegurar el éxito de la mesa de diálogo y evitar la continuidad de la violencia en el país. El anuncio del pasado lunes supone que el Estado Mayor Central (EMC) será el segundo grupo con el que el gobierno Petro buscará la paz, y se espera que este proceso, a diferencia del que se realiza con el ELN, se haga al interior del país. En medio del anuncio del inicio d elas conversaciones, el presidente de la República dijo: “comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (…) con esta posibilidad que inicia (…) dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el Gobierno”. Frente a este trino, Daza opina que es importante reconocer que las disidencias han crecido gradualmente desde su conformación, especialmente el EMC que ha aumentado en tamaño desde su constitución en 2019. Esto les ha permitido establecer una presencia territorial significativa a nivel nacional. Según investigaciones de Pares, el EMC tiene presencia en 119 municipios del país. Esto indica una importante presencia territorial del grupo armado en diferentes zonas de Colombia, especialmente en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Valle, Antioquia y Norte de Santander. De acuerdo con el último reporte de inteligencia citado por Francisco Daza, se estima que el Estado Mayor Central cuenta con al menos 3.400 integrantes en su estructura, de los cuales 2.149 son hombres armados y 1.331 son personas que participaron en redes de apoyo. Esta información demuestra la magnitud del grupo armado. Por tal motivo que el proceso de paz con el EMC, al igual que el proceso de paz con el ELN, representa un paso fundamental hacia la consecución de la Paz Total en Colombia. Esta oportunidad permite que los grupos armados abandonen la violencia y se integren en la vida política del país. Finalmente, según Francisco Daza, investigador nacional de Pares, estas negociaciones tienen un impacto positivo, ya que se espera que se presenten medidas humanitarias para la población civil en las zonas de influencia del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, Daza también señaló que esta mesa de diálogo enfrenta desafíos en términos de sincronización y de definir qué sucederá con la segunda Marquetalia y si se abrirá o no con este último grupo “una pista de negociación”, algo que aún es incierto. De acuerdo con Daza, esta nueva negociación con el Estado Mayor Central (EMC) esclarece la visión de una Paz Total y disipa cualquier ambigüedad en relación con la postura del Gobierno hacia cada grupo armado.