Por: Odevida, Capítulo Perú En el marco de las movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado en Perú durante los últimos meses por causa de la crisis democrática e institucional, las mujeres peruanas se han visto afectadas de manera diferencial a causa de su género, sufriendo desigualdades frente a los hombres, así como múltiples y simultáneas discriminaciones basadas en prejuicios y estereotipos sobre atributos, roles de género y asignación de espacios y responsabilidades de las mujeres en la sociedad patriarcal machista. En este sentido, la respuesta de la autoridad frente a las mujeres se ajusta no solo a los estereotipos de género, sino a toda una cultura patriarcal que hace que las mujeres sean violentadas de manera diferenciada en contextos de protestas. Por ejemplo, cuando se produce la detención de mujeres en las protestas, las fuerzas intervienen basadas en un androcentrismo que ve al ciudadano como a un hombre letrado y urbano.Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos; por ejemplo, el acceso a útiles de higiene menstrual o son detenidas con sus hijos/as menores de edad o estos quedan en estado de desprotección. Si bien los hombres detenidos durante los operativos contra la movilización ciudadana en Perú fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza, las mujeres también se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexista y sexual, enfocada en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles de género, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, con el distintivo propósito de humillarlas y disciplinarlas por ser mujeres que presuntamente estaban participando en una manifestación pública en contra de la decisión de autoridad estatal. Todo esto sin mencionar otro tipo de afectaciones, como que en las protestas a los hombres se les ha asignado el rol de voceros y tomadores de decisiones, mientras que a las mujeres se les han dado las labores de atención a los heridos y todo lo relacionado con los cuidados sociales y familiares; además de que el cuidado de la familia y los hijos es un aspecto de sus vidas que deben seguir atendiendo independientemente de las manifestaciones sociales. Perú es un país con una democracia débil, aparentemente laica, en donde los grupos anti derechos consolidan avances, mientras que las mujeres enfrentan serias restricciones para el ejercicio y goce de sus derechos. Le invitamos a leer nuestro informe Impactos en el contexto de la movilización Ciudadana 2022-2023: profundizando desigualdades de género con toda la información y el análisis de la situación de las mujeres en el marco de las movilizaciones peruanas aquí:

Por: Línea Migración, Región y Frontera Como un “imperio del terror” ha sido catalogada la presencia del Tren de Aragua en Norte de Santander. El grupo criminal, oriundo de Venezuela y con centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua, se consolidó en 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, estableció alianzas con miembros del grupo y, en 2017, se convirtió en el líder carcelario más importante de Venezuela. A través de la ruta que recorren los migrantes, desde 2018 llegaron a distintas ciudades latinoamericanas, como Cúcuta y Villa del Rosario, ubicadas en zona fronteriza colombiana. La llegada del Tren de Aragua a Norte de Santander generó disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la banda Los Urabeños, encargados de controlar las trochas. No obstante, y de acuerdo con InSight Crime: “aunque la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en el departamento colombiano de Norte de Santander ha continuado, el conflicto con la guerrilla parece haber bajado de intensidad en 2022”. Considerando que el grupo opera impunemente desde Venezuela, y teniendo en cuenta su experticia para corromper oficiales al punto de lograr el control de sus actividades ilícitas desde la cárcel, el panorama resulta desalentador para los nortesantandereanos. El control del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de migrantes y la detonación de artefactos explosivos, son algunos de los delitos cometidos por la organización criminal en la zona fronteriza. Según una fuente consultada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el crecimiento de la banda coincide con el ingreso de los carteles del narcotráfico al departamento. Así, la convergencia de los actores ha generado una tercerización criminal, pues mientras las organizaciones mexicanas contratan al Tren de Aragua, estos, a su vez, han subcontratado para la realización de distintas actividades ilícitas. De acuerdo con La Opinión, los comerciantes de La Parada y del centro de Cúcuta deben acceder a las extorsiones, porque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) no ha logrado controlar los crímenes. La fuente consultada por Pares agregó que Norte de Santander es una caja registradora para los actores al margen de la ley. El Tren de Aragua, por ejemplo, hace seguimiento a los negocios y cobra con base en la facturación de ingresos. Versiones extraoficiales recibidas por el periódico en mención señalaron que las “vacunas” alcanzan los treinta millones de pesos y, además, los comerciantes son obligados a vender drogas en sus locales. En septiembre de 2022 fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua, por una extorsión de 25 millones de pesos a un comerciante. Amenazado de muerte junto con su familia, el afectado informó a las autoridades y se logró la captura cuando los delincuentes esperaban recibir tres millones de pesos en el parque Santander de Cúcuta. Tres meses después, en diciembre de 2022, también capturaron a dos miembros cuando pretendían cruzar la frontera con dos armas, 201 gramos de presuntas sustancias ilícitas y una lista de empresarios tachirenses para extorsionarlos. Asimismo, a través de un video y con artefactos explosivos en mano, intimidaron a un ciudadano en febrero del presente año. En la grabación, que posteriormente se hizo viral, los delincuentes aseguraron dar plazo hasta las 6:00 de la tarde, para la entrega del dinero solicitado y, mientras mostraban armas y artefactos, agregaron: “(Si no) vamos a tener que actuar en contra de los tuyos y en demostraciones que tal vez serán demasiado graves tanto para ti como para tus negocios. Tenemos 55 gramos de C4 con intención de detonarlo ya sea en tus negocios o en tu residencia. Motivo por el cual esperamos comunicación en el transcurso de las horas. De no hacerlo, de mañana para adelante vas a tener una guerra con nuestra organización, que no vas a poder soportar”. Carlos Suárez, comandante de la Policía del área metropolitana de Cúcuta, le dijo a Blu Radio que cuando los miembros del Tren de Aragua son judicializados, cambian de nombre para evadir su responsabilidad por los actos cometidos en años anteriores. Se han hecho llamar los de Saúl, los Alemanes, los Nazis y los AK47. La primera denominación corresponde a uno de los delincuentes de mayor peligrosidad, pues alias Saúl, quien tiene circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), es responsable de dos hechos ocurridos en Cúcuta durante 2022: una masacre contra cuatro músicos y la muerte de un policía en retiro. No obstante, la fuente consultada por Pares señaló que los diferentes nombres corresponden a la subcontratación, pues, por ejemplo, los AK47 son los responsables del sicariato. Las autoridades también han establecido los vínculos de estas nuevas denominaciones con el Tren de Aragua. En agosto de 2022, Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación, señaló que cinco integrantes de la estructura AK47, pertenecientes a la banda, fueron imputados por homicidio agravado y fabricación, trafico, porte o tenencia de fuego agravado. Los cargos debido a su responsabilidad en una masacre ocurrida el 27 de agosto de 2022, en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, donde asesinaron a cuatro personas. Además, en diciembre de 2022, cuatro venezolanos, tres hombres y una mujer, entre ellos un menor de 17 años, fueron secuestrados por el Tren de Aragua. Las víctimas viajaban desde Chile hacia su país, pero al llegar al Corregimiento La Parada (en Villa del Rosario), fueron ingresados a la fuerza y bajo amenazas a una bodega que tenía fachada de agencia de viajes. Horas después, los familiares de los secuestrados recibieron una extorsión de 100 mil dólares y un video donde amenazaban con armas de fuego a las personas privadas de la libertad. Frente al hecho fueron capturadas cuatro personas y se incautaron cuatro armas de fuego, setenta cartuchos 9mm y tres celulares. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Cúcuta ocupa el puesto 49 en el último ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hechos como la explosión ocurrida en el barrio El Callejón, el 23 de febrero de 2023, a las 6:40 de la tarde, han mantenido al territorio en esa lista desde hace varios años. Respecto a la granada, que dejó quince personas heridas y locales comerciales y vehículos afectados por las esquirlas, el coronel Carlos Andrés García Suárez le dijo a Infobae que: “todo indicaría que son cobros extorsivos a establecimientos de comercio”. Respecto al hecho, Pares conoció los estados de WhatsApp de José Manuel Acosta Mogollón, alias “Niño Valencia”, cabeza del Tren de Aragua en Cúcuta y su área metropolitana, 12 minutos posteriores a la explosión, el presidiario publicó tres videos del hecho delictivo y escribió: “cuando sienta el bum de este perreo intenso, es el chu chu que viene y no frena”. Además, agregó: “las cosas se hacen como digamos los dueños de la película (…) y eso va con todo el que no copee”. En octubre de 2022 también detonaron una granada en un bar de Cúcuta, dejando tres personas heridas; posteriormente, el 25 de noviembre, volvieron a cometer un ataque contra un hospedaje, sin dejar víctimas. Los actos evidencian el poder del grupo, incluso desde la prisión. Diego Villamizar, defensor de derechos humanos, denunció en Semana que el Tren de Aragua controla la cárcel Modelo de Cúcuta. Los integrantes del grupo tienen lujos, organizan fiestas con la participación de conjuntos vallenatos, consumen drogas, hacen videollamadas con teléfonos de alta gama y extorsionan a los demás reclusos por el uso de celdas, teléfonos e ingreso de alimentos o visitas. Según el veedor, la autoridad de la banda ha permitido el incremento de cocaína, tusi y marihuana al interior del centro pentenciario. Las investigaciones han revelado videos donde se observa a los presos construyendo piscinas en la terraza de la cárcel, modificando los pisos de las celdas con mármol y porcelanato, y disponiendo de una tienda o bar con neveras y heladerías. Según Ronna Risquez, autora del libro El Tren de Aragua. La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, y quien recibió amenazas junto con sus familiares al anunciar la publicación de su obra, antes de que los reclusos abandonen la prisión de Tocorón, los miembros del Tren de Aragua los reclutan para trabajar en países como Colombia, Perú, Chile o Ecuador. Aprovechando las condiciones de los exconvictos, obtienen mano de obra para sus crímenes en Venezuela o en el exterior. La libertad de los presidiarios en la cárcel, así como la continuidad de las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y la detonación de artefactos explosivos, genera cuestionamientos en la sociedad civil. La fuente consultada por Pares señaló que la gravedad del control ejercido por el Tren de Aragua aún no se dimensiona, porque las personas tienen miedo de hablar. Asimismo, señaló: “¿cómo las autoridades no van a saber todo lo que ocurre? Con un pie de fuerza tan importante, es evidente que hay una relación criminal entre la fuerza pública y las estructuras criminales”. Mientras tanto, los rosarienses y los cucuteños siguen obligados a vivir bajo la imposición de sus leyes y las consecuencias de no acatarlas, pues quienes se niegan a sus peticiones son declarados objetivo de la organización.

Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro anunció este lunes 13 de marzo que el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC establecerán una mesa de conversaciones de paz. El EMC es una disidencia de las FARC liderada por alias “Iván Mordisco”, la cual no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y que bajo ese argumento mantiene la posibilidad de entablar una negociación política con el Gobierno. El Estado Mayor Central (EMC), anteriormente conocido como la disidencia de la línea de “Gentil Duarte” según informes previos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cuenta con varias comandancias lideradas por importantes figuras de las antiguas FARC, como alias "Iván Mordisco". Dentro del EMC hay diversas comandancias entre las que se encuentra alias “John Mechas”, quien lidera el Frente 33 y alias "El Mocho” quien al parecer está a cargo del Comando Coordinador de Occidente, que es una confederación de diferentes frentes y columnas que operan en el Cauca, incluyendo la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño. Además de las columnas mencionadas anteriormente, hay otros grupos dentro del Estado Mayor Central (EMC). El frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, y el Frente 10, activo en Arauca. El Frente 33 está presente en el Catatumbo, mientras que los Frentes 36 y 18 operan en el nordeste antioqueño. Estos son considerados los principales grupos dentro del EMC. El anuncio del inicio de las conversaciones con este grupo se dio luego de que la Fiscalía anunciara que se levantaron las órdenes de captura contra 19 miembros del EMC. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó que en virtud de las facultades legales y constitucionales que posee el presidente de la República se anularon las órdenes de captura de estas personas. El fiscal también resaltó que de las 19 personas que se han beneficiado de la anulación de las órdenes de captura, 11 habían firmado el Acuerdo de Paz de La Habana. “Decidí suspender dichas órdenes de captura el día de hoy y es importante destacar que ninguna de esas personas solicitadas en la Resolución 039 (…) tiene órdenes de captura con fines de extradición”, expresó Barbosa en una declaración. Barbosa también puntualizó que en la lista excluye a Alonso Velosa, alias “John Mechas”, el líder principal del Frente 33 que opera en el departamento de Norte de Santander, una región que comparte límites con Venezuela, esto debido a que se señaló a alias “John Mechas” por ser el responsable del ataque armado al helicóptero que transportaba al entonces presidente Iván Duque en junio de 2021. Además, se le atribuye el atentado ocurrido días antes contra un puesto militar de la ciudad. Francisco Daza, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el Estado Mayor Central (EMC) ha adoptado un enfoque político debido a que esta disidencia nunca firmó un Acuerdo de Paz, ya que no estaban de acuerdo con los términos del acuerdo y, por lo tanto, no han participado en ningún proceso de negociación. A pesar de esto, Daza señaló que el EMC, al igual que la Segunda Marquetalia, es heterogéneo, es decir, está compuesto tanto por antiguos miembros de las FARC como por personas que no necesariamente formaban parte del grupo armado, pero que se unieron a la disidencia después del Acuerdo de Paz. El investigador también mencionó que al interior de este grupo hay nuevos reclutados. Daza prevé que esta negociación de paz se llevará a cabo en dos momentos. El primero será “más interno” y consistirá en una cumbre, que al parecer será este fin de semana, entre los diferentes comandantes del EMC, incluyendo alias “Iván Mordisco”, alias “Calarcá”, alias “Antonio Medina” y otros comandantes. En esta reunión, se designarán los delegados para la mesa de diálogo y posiblemente se establezca la agenda que el Estado Mayor Central presentará. El segundo momento se centrará en revisar las hojas de ruta para garantizar un cese al fuego bilateral efectivo. El investigador señaló que existen evidencias de que el EMC no ha cumplido con el cese al fuego acordado el año pasado. Por lo tanto, es importante establecer medidas para asegurar el éxito de la mesa de diálogo y evitar la continuidad de la violencia en el país. El anuncio del pasado lunes supone que el Estado Mayor Central (EMC) será el segundo grupo con el que el gobierno Petro buscará la paz, y se espera que este proceso, a diferencia del que se realiza con el ELN, se haga al interior del país. En medio del anuncio del inicio d elas conversaciones, el presidente de la República dijo: “comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (…) con esta posibilidad que inicia (…) dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el Gobierno”. Frente a este trino, Daza opina que es importante reconocer que las disidencias han crecido gradualmente desde su conformación, especialmente el EMC que ha aumentado en tamaño desde su constitución en 2019. Esto les ha permitido establecer una presencia territorial significativa a nivel nacional. Según investigaciones de Pares, el EMC tiene presencia en 119 municipios del país. Esto indica una importante presencia territorial del grupo armado en diferentes zonas de Colombia, especialmente en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Valle, Antioquia y Norte de Santander. De acuerdo con el último reporte de inteligencia citado por Francisco Daza, se estima que el Estado Mayor Central cuenta con al menos 3.400 integrantes en su estructura, de los cuales 2.149 son hombres armados y 1.331 son personas que participaron en redes de apoyo. Esta información demuestra la magnitud del grupo armado. Por tal motivo que el proceso de paz con el EMC, al igual que el proceso de paz con el ELN, representa un paso fundamental hacia la consecución de la Paz Total en Colombia. Esta oportunidad permite que los grupos armados abandonen la violencia y se integren en la vida política del país. Finalmente, según Francisco Daza, investigador nacional de Pares, estas negociaciones tienen un impacto positivo, ya que se espera que se presenten medidas humanitarias para la población civil en las zonas de influencia del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, Daza también señaló que esta mesa de diálogo enfrenta desafíos en términos de sincronización y de definir qué sucederá con la segunda Marquetalia y si se abrirá o no con este último grupo “una pista de negociación”, algo que aún es incierto. De acuerdo con Daza, esta nueva negociación con el Estado Mayor Central (EMC) esclarece la visión de una Paz Total y disipa cualquier ambigüedad en relación con la postura del Gobierno hacia cada grupo armado.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad En medio de una afanada reestructuración de la administración municipal de Itagüí ocurrida en 2011, en cabeza del alcalde encargado Luis Guillermo Pérez Sánchez (ficha política de Carlos Andrés Trujillo), el 30 de diciembre de ese año, a través del decreto municipal 1421, la Alcaldía de Itagüí creó una empresa industrial y comercial del estado, denominada Agencia de Desarrollo local de Itagüí (ADELI). Meses después, durante el primer año de la alcaldía de Trujillo en Itagüí (2012-2015), y bajo el decreto 1309 del 23 de octubre de 2012, se le dio continuidad a ADELI, luego de hacerle transformaciones internas para su regularización. Algunos concejales de la ciudad denunciaron en 2015 que la creación de esta empresa tuvo vicios de trámite. A causa de estas denuncias, en un fallo de primera instancia, dos años después, en 2017, el Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín determinó nulos los decretos y acuerdos que creaban y regulaban a ADELI, a pesar de que ya llevaba 6 años en operación. La administración municipal de Itagüí apeló el fallo, lo que permitió a ADELI seguir en operaciones con normalidad. Cuatro años después, en 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sala Quinta Mixta C, ratificó en segunda instancia la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín en el cual declaraba nula la conformación de ADELI. A causa de este fallo, la actual administración municipal de Itagüí, en cabeza de José Fernando Escobar (otra ficha política de Trujillo), volvió a crear ADELI de manera exprés, bajo el decreto 361 del 31 de mayo de 2021 y reestructurado bajo el Acuerdo 002 del 1 de junio de 2021. Las firmas que aparecen en este Acuerdo (exprés) 002 son las de Jorge Eliecer Echeverry y Johnatan Serna, ambos aliados políticos de Carlos Andrés Trujillo. En estos momentos la Procuraduría General de la Nación (PGN) adelanta investigaciones sobre presuntas irregularidades en ADELI, pues sostienen que esta empresa habría sido creada para saltarse la normatividad de contratación pública, la transparencia y la eficiencia en el gasto público, para solo contratar de forma directa mediante convenios interadministrativos; convenios que están siendo hoy investigados por la PGN. Así mismo, desde su creación hasta el 2020, ADELI solo contrató con la Alcaldía de Itagüí y con nadie más. A pesar de que para determinar si hay presuntas irregularidades respecto a la entrega de contratos a ADELI les corresponde a las autoridades realizar una investigación exhaustiva a las etapas precontractuales, contractuales y de seguimiento a estos proyectos, queda un manto de duda razonable sobre las relaciones y ciertas cercanías políticas de parte de Carlos Andrés Trujillo con los implicados en todo el proceso que ha vivido esta empresa desde su creación espuria desde el 2011. Lea el informe con todos los datos, el análisis y los anexos de los acuerdos, decretos y contratos de ADELI, aquí:

Por: Nataly Triana, Investigadora Nacional; y Mónica Castillo, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Un amplio sector de la oposición venezolana acudirá a elecciones en el mes de octubre para elegir un candidato unitario que represente a esta colectividad y compita con el oficialismo en las elecciones presidenciales del 2024. Esta unidad entorno a mecanismos democráticos es relevante, en especial cuando existen sectores de la oposición que se encontraban reacios y por primera vez han optado por participar electoralmente. No obstante, son claros los retos para dotar a estos comicios de transparencia, representatividad, legitimidad y legalidad. El gran dilema de revitalizar este sector, desde la promoción de las primarias, ha mostrado las dificultades que esta enfrenta a la hora de consolidar una base social que apoye las candidaturas de los partidos opositores. En ese sentido, lograr unidad en medio de la crisis de representatividad implica, sin duda, un reto contundente para motivar a la población de que el voto es una herramienta de cambio. Muestra de ello es la investigación sobre cohesión política de Datincorp, que da cuenta de la postura apática y desconfiada de los electores venezolanos, resultado de las decisiones de la oposición, sus políticas, polémicas, así como disolución del gobierno interino. Las fisuras al interior de los partidos y entre sus propios representantes son un reto vital a superar para conseguir una verdadera fuerza electoral. Gráfico 1. ¿Cuánta confianza tiene usted en los líderes políticos de Venezuela? Fuente: Datincorp De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la participación electoral en Venezuela está altamente mediada por mecanismos de cooptación o clientelares que permiten a los ciudadanos la obtención de algún beneficio a cambio de su voto. Estos mecanismos residen principalmente en el Sistema Patria, sistema a través del cual el Estado venezolano concede ayudas como el cobro del salario a funcionarios públicos y la recepción de contribuciones económicas. Esta dinámica ha sido explotada por el oficialismo con el fin de mantenerse en el poder a pesar de la crisis social, económica y humanitaria. En la experiencia de un sector de la oposición, estos mecanismos han impedido competir en igualdad de condiciones con el oficialismo. Sin embargo, pese a tal sabotaje, en las elecciones de autoridades locales y regionales del 2021 lograron tres de las veintitrés gobernaciones: Cojedes, Zulia y Nueva Esperta. Estos Estados son sumamente importantes para estos comicios, ya que podrían tener algunas bases sociales fortalecidas que permitan la promoción de estas elecciones. No obstante, la ausencia de estos mecanismos, la apatía electoral, la migración forzada, la falta de legitimidad de la oposición tras los escándalos de corrupción en los manejos de los activos extranjeros y las propias complejidades del sistema electoral venezolano son escenarios que debe sortear la Comisión Nacional de Primarias (CNP) para que este sector político pueda convertirse en una fuerza electoral competitiva en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué es la Comisión Nacional de Primarias de la Oposición? La Comisión Primaria es el ente encargado de organizar las elecciones primarias de la oposición venezolana en el 2023. Esta comisión está encargada de construir, aprobar e implementar el cronograma electoral, así como hacer cumplir el reglamento común para llevar las distintas campañas electorales. Este organismo tiene el propósito de llamar a la unidad política y para ello está conformado por respetados académicos y miembros de la sociedad civil como garantes, quienes tienen una considerable independencia partidista, siendo este aspecto fundamental para otros sectores que no pertenecen a la Plataforma Unitaria1. Esta comisión está presidida por Jesús María Casal, profesor en Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuáles son los principales retos de estas elecciones? Los principales retos para la elección primaria de la oposición son principalmente la fragilidad de la unión al interior de este grupo político y la gran cantidad de candidatos inhabilitados que tienen la aspiración de participar. Así mismo, en términos estructurales, el ventajismo institucional del gobierno venezolano también es un obstáculo en mecanismos esenciales como el Registro Electoral, el préstamo de las máquinas de votación y los colegios electorales. Oposición Fracturada e Inhabilitada La fragmentación interna que vive hoy la oposición venezolana no es un tema nuevo en la coyuntura política nacional, las disputas por y entre liderazgos han sido el talón de Aquiles de su relacionamiento. El camino que han recorrido en las últimas dos décadas ha mostrado la falta de coordinación de un proyecto político democrático, los intereses y ambiciones personales han limitado la discusión y toma de decisión entre sus representantes. En su afán de eliminar el oficialismo en Venezuela, se han quedado sobre la mesa acuerdos necesarios que logren unificar las ideas para materializarlo; sin ir muy lejos, mientras un sector busca la vía democrática, otros deseaban el uso de la fuerza y algunos sectores esperaban abrir un espacio de diálogo. La finalidad de defender la democracia ha quedado desdibujada entre una lucha de egos y protagonismos. Lo anterior se vio reflejado en las discusiones entre lo que hasta finales de 2022 fue el G4 (grupo de los cuatro partidos de oposición más representativos), que vienen del desgaste de sus políticas hasta los resultados que dejó el gobierno interino de Juan Guaidó. Sus controvertibles gestiones pusieron en duda la capacidad de la oposición y reforzaron la desconfianza de la ciudadanía venezolana frente a la posibilidad de cambio. Si bien su accionar causó ciertas disputas con el chavismo, al final no generó transformaciones significativas a la realidad política y social de Venezuela, ni con la propuesta del cese de usurpación, ni con el gobierno de transición y aún menos con la coordinación de elecciones. El declive de la imagen tanto de la oposición como del mismo líder del partido Voluntad Popular (VP) fueron algunos de los detonantes de la crisis de legitimidad y aceptación que enfrenta hoy todo el sector opositor. La rivalidad eterna entre estos partidos por mesianismos en la escena política llevó a que actualmente solo tres integren tal agrupación; luego de que Primero Justicia y Nuevo Tiempo lideraran y ejecutaran la iniciativa de disolver el gobierno interino de Juan Guaidó bajo el argumento de una decisión estratégica de regeneración de la oposición y los cuestionados manejos de los activos en el extranjero, VP reaccionó afirmando que se trató de un acto de traición. Ahora bien, esa serie de disputas no solo se gestaron dentro del G4 (ahora G3). Otra arista importante la juega el ascenso de Vente Venezuela en cabeza de María Corina Machado. La carrera por las primarias ha llevado a enfrentamientos entre gran parte de los representantes de la oposición, como lo pone en evidencia las últimas declaraciones de este partido, que ha acusado al G3 de desestimular la participación ciudadana, puesto que estos están a favor de la asistencia técnica del CNE a las primarias, a lo que se oponen férreamente. Lo anterior muestra que la falta de un discurso sólido que una a la oposición en la lucha hacia la democracia ha creado una atmósfera de división que no ha hecho más que impedir sus propias victorias electorales y darle significancia al régimen de Nicolás Maduro. En paralelo, de cara a una participación política libre y competitiva, la oposición debe hacer frente al dilema de las inhabilidades. De acuerdo con las fuentes de Pares, dentro de los criterios de postulación para las primarias se aceptarán candidatos inhabilitados. Sin embargo, eso plantea un problema estructural en caso de victoria de algún candidato o candidata inhabilitados, pues si bien se implementará el mecanismo de sustitución, esta dinámica podría recargar y desgastar el proceso electoral. Por tal motivo, es neurálgico que en los diálogos en México entre la oposición y el oficialismo se pueda negociar el aspecto de las candidaturas inhabilitadas para a las elecciones presidenciales del 2024. No obstante, esta posibilidad se encuentra lejana tras las recientes discusiones entre ambos sectores políticos entorno al incumplimiento del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano. Registro Electoral y Participación Política Otro de los retos que debe contemplarse dentro de las prioridades estratégicas de la Comisión Primaria, es cómo garantizar el acceso al voto tanto de la población residente como de quienes se encuentran en el extranjero. El profesor y politólogo John Magdaleno mencionó este como uno de los puntos esenciales dentro de la organización de las elecciones. La posibilidad de que los ciudadanos venezolanos puedan votar desde el exterior implica la colaboración del gobierno de Nicolas Maduro, el cual tiene a su disposición distintas embajadas. No obstante, estas no son ciertamente una garantía como centros de votación, puesto que además de comprometer disposiciones por parte del oficialismo, solo serán accesibles para quienes cuentan con residencia legal. Ahora bien, la dificultad no radica exclusivamente en la colaboración del oficialismo, sino también en la cantidad considerable de embajadas que, según fuentes de Pares, se encuentran cerradas. De acuerdo con ACNUR, existen siete millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de quienes la mayor parte residen en América Latina y el Caribe. Para el 2022, A.C Súmate estimó alrededor de un millón de venezolanos fuera del país que, pese a que se encontraban en edad para votar, no estaban inscritos en el Registro Electoral. A lo anterior se le suma que actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene una deuda pendiente entorno a la actualización de la información de los ciudadanos en el Registro Electoral. Conforme a fuentes de prensa, el CNE no ha implementado una campaña para inscribir en este registro a jóvenes votantes y tampoco ha presentado facilidades para movilizar las máquinas de inscripción fuera de las Oficinas Regionales Electorales (ORE). Este proceso en las embajadas es mucho más complejo, según denuncias recibidas por Pares, estas actúan con discrecionalidad, obstaculizando en sí la inscripción a este registro. La relevancia del registro electoral se debe no solo a que permite conocer a los ciudadanos habilitados para votar y que facilita el cambio de centros de votación según la residencia, sino también a que determina el nivel de representatividad que puede tener la oposición entre quienes están habilitados para votar. Estas fallas en el registro electoral, según Paola Bautista, responden al oportunismo y a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, al ventajismo institucional en Venezuela. Para contrarrestar esta dinámica, Bautista propone ejercer una presión política internacional, específicamente regional, por parte de Estados como Colombia, Chile y Brasil, que han expresado su solidaridad con Venezuela y que, además, han sido los países con mayor impacto ante la ola migratoria venezolana. Transparencia y Legitimidad A este entramado se superpone la gestión técnica de las elecciones y el rol que podría jugar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Recientemente la Comisión Nacional de Primarias ha solicitado el apoyo técnico del CNE, para lo que han establecido una comisión técnica que determine las condiciones que deberían cumplir, sin que esto signifique entregar el control de las elecciones y poner en riesgo la identidad del elector. En la actualidad el CNE designó una comisión técnica para evaluar el uso de los centros de votación, la tecnología y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, fuentes de Pares han coincido en que existe la posibilidad de que el CNE no brinde todas las facilidades para lograr un proceso amplio y transparente. Pese a que no se ha concretado su participación en estos comicios, la situación ya sugiere escepticismo por parte de algunos sectores opositores, como María Corina Machado, quien se opone a la intermediación de este organismo. Conforme a las investigaciones de Pares, los riesgos de fuga, corrupción y mecanismos de corrupción electoral no residen necesariamente en el software electoral, por el contrario, tienen lugar en las reglas de juego de las elecciones y la cercanía que algunos de los miembros del CNE puedan tener con el oficialismo. Esto traería implicaciones negativas en términos de transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia. No obstante, no se puede desconocer que sin esta asistencia técnica la ejecución de las elecciones sería casi que imposible en términos logísticos. De no realizarse en los centros de votación y/o colegios electorales que estén al alcance de la población, es necesario proponer espacios confiables que permitan la seguridad del material electoral y la facilidad de movilización de los ciudadanos. Así, a la espera de candidatos confirmados, el panorama de las elecciones primarias de la oposición en Venezuela es aún vacilante. Lo único cierto es que, para esta contienda electoral, se viene un camino álgido y laborioso

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Hace 250 años, el padre de la ciencia económica, Adam Smith, se encontraba trabajando en la escritura de su gran libro Una Investigación sobre la naturaleza y causa de la Riqueza de las Naciones. En esta obra, que se considera la base intelectual del sistema de mercado, el gran científico de la economía nos argumentó sobre la importancia de la libertad de empresa y de comercio para aumentar la riqueza y el bienestar social. A pesar de lo generoso que fue Smith con los empresarios, resaltando su sacrificio al invertir su dinero en la economía, supo también advertir sobre los riesgos que existen cuando los hombres del mismo ramo de negocios se reúnen. En sus palabras, este tipo de agentes inician sus reuniones buscando “entretenerse o divertirse”, pero terminan siempre sus conversaciones “en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios”. Esta conjetura que Smith realizó al inicio de la formación del capitalismo, sobre una práctica social en su tiempo, se ha convertido en una ley de conducta de los empresarios en el mundo actual. Es normal escuchar cómo empresarios de todo tipo –sea de medicamentos, de gasolina o de pañales– se reúnen y conspiran para controlar la oferta de bienes, reducir la calidad de los procesos productivos o aumentar el precio de un servicio. Un caso de este tipo viene ocurriendo en Colombia y la región desde comienzos del año pasado en la industria del transporte aéreo. El 29 de abril de 2022 la prensa informó lo que debería haber sido una buena noticia para el país, pues dos empresas colombianas se unían para enfrentar los estragos económicos causados por la pandemia y dejar atrás el fantasma de la bancarrota, además de enfrentar el fenómeno del incremento de los precios en los hidrocarburos. Avianca informó que había comprado el 100% de las acciones de la compañía colombo-peruana Viva Air. Y de inmediato se encendieron las alarmas. La supuesta buena noticia resultaba para el país en un atentado contra la libertad de empresa y de comercio, además, se convertía en un riesgo para el bienestar de los usuarios-consumidores del servicio público de transporte aéreo. En una columna que publiqué en su momento, titulada Avianca y Viva Air, una alianza que perjudicará a los usuarios, advertía sobre “las consecuencias que traerá para los usuarios la fusión. En especial, hay que advertirles a los reguladores sobre los efectos que conllevará la inminente concentración del mercado. Las alianzas han perjudicado a los consumidores y han afectado el bienestar social”. En especial, en un mercado cautivo, “caracterizado por una falta de sustitutos y con un control oligopólico sobre las rutas troncales, que hace escasa la competencia”. De allí que sugería la elaboración de “un estudio detallado que aventure efectos negativos y la manera de evitarlos. Daños que podrían aparecer para los empleados, acreedores, proveedores y accionistas, pero, lo más seguro, es que afectará negativamente la calidad en el servicio de los millones de usuarios que tiene el nuevo holding”. Desde aquel anuncio se han tenido, por lo menos, tres grandes momentos en este proceso: el primero ocurrió en agosto de 2022, el ocho de ese mes las empresas aprovecharon el cambio de gobierno y el revolcón en los cargos públicos para entregarle al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la solicitud de autorización de la integración de las dos compañías, en la cual desaparecería Viva Air y se constituirá otro holding empresarial llamado Avianca Group International Limited (Avianca Group). Pensaban alegremente que esta coyuntura de cambio de gobierno serviría como cortina de humo para que se aceptara con facilidad esta propuesta integracionista. En su lugar, los organismos reguladores se dieron cuenta de la situación irregular e ilegal. Advirtieron que la compra del 100% de Viva Air por parte de Avianca se había dado sin las autorizaciones respectivas y que se estaban violando claramente la regulación colombiana. El segundo momento ocurrió el 04 de noviembre del mismo año, cuando la Aerocivil negó la solicitud de integración a ambas empresas. Para el ente regulador no existían suficientes motivos para aprobar la unión, ya que la empresa no dio signos de crisis económica y, además, la unión tendría profundas implicaciones operacionales que atacarían directamente tanto la libertad de empresa como el bienestar de los usuarios-consumidores. El tercer momento está ocurriendo en estos días. Luego de la negación por parte de la Aerocivil, Viva Air y Avianca Group han interpuesto una demanda de segunda instancia para que se avale la integración. Las dos empresas más grandes del transporte aéreo en el país, la primera con cerca del 40% del mercado y la segunda con el 20,9% –las demás son Latam con 20%; Wingo, 4,5%; Easyfly, 4% y Satena, 2,2%–, esperan que a más tardar este viernes 17 de marzo de 2023 se les dé respuesta “positiva” a su solicitud. Las empresas, por supuesto, no se han quedado quietas esperando la respuesta. Durante los últimos 10 meses, la inmensa inversión exige que se sigan moviendo las fichas y avanzando en su meta comercial. Buscan convertir el nuevo holding en el más grande y poderoso de la región. En esta lógica, Avianca Group se ha reunido frecuentemente con otros empresarios, como la empresa chilena SKY y la brasileña GOL, para construir una empresa llamada Grupo ABRA que se ubicaría entre las veinte empresas más grandes del mundo, con 280 naves. Por su parte, en el mercado interno, Viva Air viene aplicando como mecanismos de presión la parálisis de sus actividades comerciales. El 04 de marzo suspendió sus operaciones de manera temporal. Está ha buscado presionar al Estado mediante el descontento de los usuarios con la posible pérdida de sus recursos –pues la empresa vendió hasta por un año sus tiquetes– y la congestión en las salas de los aeropuertos. Además ha insinuado el despido de sus 1200 empleados si la situación no se arregla a su favor. De lograrlo, es decir, de causar el efecto que buscan las dos empresas y que las autoridades regulatorias les autorice la integración, estaríamos en una situación de monopolio en este mercado. Las dos empresas –que movilizan entre ambas más de 15 millones de pasajeros– tendrían 59 rutas nacionales, por las que se moviliza el 93,7% del tráfico aéreo del país, y en 16 de ellas el 100%. Este es un momento clave para que los distintos organismos del Estado se unan y dialoguen. Para que la Aerocivil, las superintendencias de Industria y Comercio (SIC), y de Sociedades, y el Ministerio de Transporte analicen los efectos de la integración en los usuarios y la industria. Que cumplan a cabalidad sus papeles de regulación, vigilancia y control para que no se perjudique a los actores del sistema: a las empresas su derecho a la libre competencia y a los usuarios-consumidores su bienestar social. En breve, que el Estado, mediante sus organismos, se conviertan en defensores de los derechos constitucionales y de las virtudes económicas del capitalismo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 06 al 12 de marzo del 2023 Ha concluido el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, desarrollado en México entre el 13 de febrero y el 10 de marzo, cuatro semanas de trabajo intenso y productivo. De este segundo ciclo hay que resaltar el buen ambiente de trabajo que han mantenido las partes y la agenda firmada, titulada "Acuerdo de México", en reconocimiento al compromiso y apoyo de este país, siempre solidario y comprometido con una Colombia en Paz. Recordemos que allí se adelantó un intento de paz en 1992, en lo que se conoce como los diálogos de Tlaxcala, en los que participó el ELN, junto a las FARC y una pequeña disidencia del EPL, durante el gobierno del expresidente César Gaviria. Son cuatro los propósitos que se han planteado el Gobierno Colombiano y el ELN al adelantar este proceso de paz: Superar el conflicto armado que ha tenido lugar por seis décadas. Erradicar la violencia para tramitar las contradicciones políticas, económicas y sociales. Pactar transformaciones democratizadoras. Avanzar hacia la reconciliación nacional. En el preámbulo del "Acuerdo de México" se hace énfasis en: El deseo de cambio en la sociedad colombiana. La necesidad de la más amplia participación social: del mundo urbano, rural, de los pueblos afros e indígenas, de las mujeres y los jóvenes. Que el horizonte de este proceso es contribuir a "un acuerdo nacional" que busca ser la síntesis de la participación y las transformaciones a promover, lo cual se liga a "una visión compartida de paz". La participación de las mujeres, los jóvenes, los pueblos afrocolombianos, indígenas, la población LGTBIQ+ y del cuidado de la tierra. Para el desarrollo de estos cuatro propósitos, el Gobierno Colombiano y el ELN estructuraron una agenda sobre los siguientes ejes: La participación de la sociedad en la construcción de la paz: el ELN ha sido consistente desde la década de los 90 en su planteamiento de que un proceso de paz es con la participación y protagonismo de la sociedad. Y ahora tiene un interlocutor en el gobierno del presidente Gustavo Petro que cree y tiene compromiso en que la sociedad en toda su diversidad debe trabajar por las transformaciones pertinentes y pendientes, y ello es perfectamente constitucional y viable. En la participación de la sociedad está la energía para construir un horizonte de transformaciones y lograr una "visión compartida de paz" y "un gran acuerdo nacional". Democracia para la paz: en este punto se hace énfasis en examinar las raíces de los conflictos, cómo abordarlos, trabajar sobre dinámicas que hagan viable y con mayor calidad la participación para afrontar los conflictos y sus procesos de transformación. Transformaciones para la paz: en este punto se busca acordar el cambio que haga viable una "visión compartida de paz" y el "gran acuerdo nacional", es una secuencia de participación de la sociedad, democracia para la paz y transformaciones para la paz. Víctimas: en este punto está el planteamiento de que hay que reconocer a todas las víctimas y todos los responsables, se encuadra en el derecho internacional y en los principios rectores de: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como novedad viene el planteamiento de "la asunción del medio ambiente como víctima". Fin de conflicto: en este punto están los temas de seguridad para los integrantes del ELN, el tema de las armas, que por supuesto está en el horizonte final del proceso y que con claridad establece que una de las finalidades del proceso es superar el conflicto armado y la violencia en la política. Plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el ELN: en este punto resaltamos la formulación de que puede haber acuerdos de implementación en el corto, mediano y largo plazo, que es una de las estrategias de la política de Paz Total, clave en este proceso entre el Gobierno y el ELN. Aquí se puede consultar el texto del "Acuerdo de México". Bitácora: 1. La vicepresidenta Francia Márquez, estuvo presente en el cierre del tercer ciclo, tuvo tres intervenciones, aquí la que realizó ante la mesa en pleno con la presencia de la comunidad internacional que acompaña este proceso. 2. Aquí se puede escuchar las presentaciones en el cierre del segundo ciclo, que mantienen ese tono de acción compartida entre el Gobierno y el ELN, y de marcar una ruta de acción con la agenda firmada. 3. De las palabras de Otty Patiño, jefe de la delegación de diálogo del Gobierno Colombiano, resaltar la cita de las palabras de Carlos Pizarro Leongómez, quien lideró el acuerdo de paz del M-19, firmado un 09 de marzo de 1990, hace 33 años, historia plenamente vivida por Otty Patiño y por el presidente Gustavo Petro: "no nos referimos al fugaz cuatrienio de un gobierno, sino a la construcción de un tiempo histórico, que por la dimensión de las búsquedas y por sus objetivos posee la capacidad de seducir la voluntad de la nación. Estamos intentando abrir una pausa en nuestra historia de barbarie para que viva y vibre la inteligencia, en nuestras manos está construir las bases de la nación que asombre el universo." 4. Pablo Beltrán tituló su texto para la clausura del II Ciclo en México Convocamos a todos a construir la paz. Hace énfasis en la construcción de un acuerdo nacional, en la ruta de las transformaciones, en la importancia de la agenda para que sirva a las mayorías de Colombia. Plantea que este debe ser un esfuerzo democratizador para una vida digna, nadie debe quedar por fuera y todos deben participar. Dice que hay que frenar en seco la pobreza que agobia a dos terceras partes de Colombia y asumir las responsabilidades de todos. Explica que se avanza en la discusión de la participación de la sociedad y en cese bilateral, y que solo la paz hace viable a Colombia. 5. Silvana Guerrerom de la delegación del ELN, leyó el pronunciamiento de la mesa sobre lo avanzado en el punto de participación de la sociedad para la paz: "Las deliberaciones que se desarrollarán en el tercer ciclo, partirán del principio de construir sobre lo construido". "Se retomarán las propuestas expresadas en las audiencias preparatorias realizadas entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre del 2017, en Tocancipá, Bogotá y las realizadas de manera virtual". "Así como lo contenido en el acuerdo Fundamentos de la participación, al que se llegó en junio de 2018". "La participación, como lo reza la nueva agenda, será el corazón de este proceso de paz". "La participación trabajará por establecer un diagnóstico de los problemas de la democracia en el país y con base en ello formular las transformaciones básicas para la paz y los cambios que se requieren". "La participación como lo señala la agenda, será vinculante y transformadora". Aquí la lectura del comunicado por parte de Silvana Guerrero: 6. Hay un texto de lo avanzado en este segundo ciclo sobre cese bilateral, el texto fue leído por Dayana Domicó, integrante de la delegación del Gobierno Colombiano. "Tomando como referencia la nueva agenda, el Gobierno Colombiano y el ELN anunciamos el inicio del tratamiento del cese del fuego en la mesa de diálogos de paz". "El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral, es el derecho internacional humanitario, esto implica acciones y dinámicas humanitarias, para bajar la intensidad del conflicto". "Facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria". "Es un proceso que se va dando a lo largo del proceso de los diálogos, no se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso". "Toma como referencia el acumulado de experiencias previas, tales como el acuerdo de cese al fuego bilateral temporal y nacional de 101 días llevado a cabo en 2017". "Desde esta perspectiva las partes han identificado puntos coincidentes para un diseño básico de carácter bilateral y nacional: temporal con vocación de continuidad, sujeto a evaluación conjunta, a partir de un cese recíproco de operaciones ofensivas, manteniéndose las defensivas, con mecanismo de veeduría, verificación y monitoreo". Lectura del texto conjunto sobre cese bilateral: 7. Los países garantes y acompañantes que hacen parte de este proceso expresaron su satisfacción por lo avanzado en este segundo ciclo. "A los países garantes se nos otorgó la responsabilidad de defender la perspectiva del derecho a la paz y la no injerencia, apoyando el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos." "Nos congratulamos y reconocemos la determinación del trabajo constructivo de las partes durante estas semanas de trabajo". "Somos testigos de la importancia de la participación social en las negociaciones y en la implementación de los acuerdos para alcanzar la paz en distintas regiones del mundo". "Las buenas prácticas nos han demostrado que cuanto más amplia ha sido esta participación, mayor ha sido la duración, legitimidad y el impacto positivo del resultado de las negociaciones". 8. José Félix Lafaurie, integrante de la delegación de Gobierno para los diálogos y el proceso de paz, hace su balance sobre el segundo ciclo y la participación de la sociedad. "Dejamos México con una agenda para iniciar los temas de la negociación con el ELN, con la participación de la sociedad en la construcción de la paz”en primer lugar, que no es de poca monta, pues involucra la concepción misma de nuestra democracia. En principio me pregunto: si la verdadera paz, no la del cese de la violencia, sino la del bienestar para todos es también responsabilidad de todos, ¿cómo alcanzarla con una total ausencia de cultura de participación?". Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Después del anuncio del presidente Gustavo Petro de descartar cualquier posibilidad de negociar con el Clan del Golfo en busca de una paz duradera, quedan algunas incertidumbres sobre cómo actuará este grupo ilegal en el futuro. Por esta razón, se consultó a Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien señaló que el presidente no considera al Clan del Golfo como un actor político. Según el investigador, esto podría ser malinterpretado por el grupo ilegal, ya que ellos han presentado al Clan del Golfo como un actor político que tiene influencia y realiza actividades sociales en las zonas donde opera. Según Francisco Daza, esta postura del presidente podría tener implicaciones graves, como posibles retaliaciones armadas por parte del Clan del Golfo para demostrar su fuerza y control social en las zonas donde operan. Esto podría llevar a situaciones similares a las que se vivieron durante el paro armado del Clan del Golfo en mayo del año pasado. Entre el 5 y el 10 de mayo de 2022, el Clan del Golfo llevó a cabo un paro armado en respuesta a la extradición de su líder máximo, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", a Estados Unidos. Según un balance hecho por la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, se registraron un total de 145 afectaciones en nueve departamentos y 77 municipios del país, siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados. (Ver: Balance del paro armado del Clan del Golfo) Dentro de las consecuencias del paro, se reportaron 22 homicidios, 21 ataques a establecimientos comerciales, 91 ataques a medios de transporte, tres enfrentamientos armados, cuatro bloqueos de vías y la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en al menos 10 municipios. El paro armado del Clan del Golfo puso en evidencia la extensión de su presencia territorial en el noroeste del país y en la costa atlántica, donde logró consolidarse como el actor armado predominante. Según el investigador nacional de Pares, estas consecuencias podrían repetirse en el futuro para que esta organización criminal muestre su poder en los territorios. Además de las consecuencias mencionadas, también se podría considerar la situación del paro minero en el Bajo Cauca, donde se sospecha que el Clan del Golfo está involucrado. De acuerdo con Daza, esto podría indicar que la organización criminal quiera retomar este tipo de paros armados de manera más amplia, no solo en Bajo Cauca, sino en otras zonas del país en donde tienen presencia como: Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Sucre. (Ver: Disturbios en Caucasia: así transcurre el Paro Minero en el Bajo Cauca) Según Francisco Daza, el presidente Petro tomó una posición acertada al descartar la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, ya que, en su opinión, este grupo no tiene una agenda política ni voceros, a diferencia de otros grupos armados como el ELN y las antiguas FARC que tienen una larga historia y trayectoria en la lucha armada. El investigador también se refirió a la Ley de Sometimiento y señaló que está siendo objeto de múltiples modificaciones, y una de ellas es que el Clan del Golfo podría quedar excluido, ya que, según Daza, el presidente Gustavo Petro es quien tiene la última palabra sobre con qué grupos se negocia y con cuáles no, puesto que él define quiénes son los grupos políticos y quiénes los grupos de crimen organizado. Es importante destacar que además del Clan del Golfo, existen otros grupos ilegales que también deben ser considerados en el proceso de Paz Total. En este sentido, el investigador mencionó la importancia de que el Gobierno tenga planes alternativos en caso de que estos grupos armados no quieran someterse a la justicia o no muestren interés en el proceso de paz. Cabe resaltar que todos los grupos que han expresado su interés en participar en el proceso de paz también buscan evitar el sometimiento, ya que desean negociar y obtener un reconocimiento político que les permita acceder a ciertos beneficios y evitar algunas consecuencias, como la prisión. El investigador señaló que existen ciertas exigencias que los grupos armados deben cumplir para entrar en la Paz Total, entre ellas: cesar las hostilidades contra las fuerzas públicas, dirigir sus acciones para detener la violencia contra la sociedad civil y realizar gestos humanitarios como la liberación de secuestrados, como ha hecho el ELN. Francisco Daza señaló que hay varias etapas que deben ser consideradas después de todo lo sucedido. El resultado final dependerá también de lo que ocurra con la ley de sometimiento, los ajustes necesarios que se le haga y los filtros en el Congreso. Asimismo, habrá que esperar hasta junio, cuando finaliza el plazo del cese al fuego, para saber qué sucederá después. Según el investigador, la gran pregunta es qué pasará después de esa fecha límite. Es por esto que para Daza es fundamental que el Gobierno aclare las dudas que la ciudadanía tiene sobre cómo actuará una vez finalizado el plazo del cese al fuego, ya que es una incógnita importante que necesita ser resuelta. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, el Clan del Golfo está presente en aproximadamente 241 municipios. Esta estructura ilegal es el sucesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha mantenido el control sobre las zonas históricas de la AUC. Actualmente, opera mediante una fuerza de élite conocida como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que está compuesta por hombres fuertemente armados y tiene gran presencia en los departamentos Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Antioquia.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo La credibilidad en los muestreos, encuestas, etc., cada día es más cuestionada en nuestro país y en el departamento del Cauca. Y es por la forma poco profunda, o por lo menos no seria, con que algunas firmas o medios informativos se dan a la tarea de posicionar candidatos. La muestra más reciente de ello es la nada acertada encuesta informal del medio virtual Meridiano Regional. Inicio por comentar el poco conocimiento de los procesos al interior de los partidos, de hacer una labor investigativa o por lo menos indagar con los y las dirigentes de los partidos, movimientos y organizaciones sociales sobre nombres. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones que conforman el Pacto Histórico, su proceso democrático da como resultado que en el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), su elección interna saca del escenario de candidaturas a los compañeros Gilberto Muñoz Coronado y Feliciano Valencia; igualmente el parecido ejercicio dentro del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) elimina como precandidato al profesor Oscar Salazar. Tres “candidatos” presentes en el muestreo. En los últimos ejercicios electorales se ha denunciado la creación de “perfiles falsos” para votar por el candidato que dicen, igualmente sería el candidato quien “pague” la encuesta, e incluso se construyen “bodegas” con numerosas personas para manipular a los votantes, creándoles mentirosos resultados y direccionando a la opinión. No es mi interés en ningún momento generar acciones contra medio informativo alguno, pero este llamado surge de creer eso sí que la claridad, la investigación y el compromiso con la verdad, es comportamiento ético, de muchísimos periodistas y sus espacios; ahora en su mayoría virtuales, en relación a lo que se difunde. ¿Son los medios de comunicación los autorizados por el Consejo Nacional Electoral para hacer encuestas y muestreos?, ¿estamos ya en los tiempos definidos por la ley? Como se lee en un comentario en la referida situación: de un momento a otro se dificulta el ingreso a la plataforma, mientras la “registradora” aumenta sobre un candidato; limitando de esta manera el derecho a estar bien informada la población. ¡Totalmente seguro de que la verdadera encuesta… es el 29 de octubre! Link post de Facebook mencionada: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02URRocgjdz39ThbSAKnvpFUEKTXNgM3ma2YZjr5iDZR8GtLyNvAqZi9CcYq6VWCUVl&id=851424944887797&mibextid=Nif5oz *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luara Bonilla, para @confidencialcol Si hay una expresión que resuma al gobierno de Gustavo Petro es la famosa frase del excomandante del M19, Jaime Bateman: “hay que preparar el gran sancocho nacional”. Pero un sancocho también requiere método y cuidado. El orden en el que se colocan los ingredientes, la calidad de estos, el fuego, la leña, determinan si es un éxito o un fracaso. Con la Paz Total es igual. Ahí es donde tenemos que mejorar, especialmente cuando se está tratando de la apuesta más ambiciosa que ha tenido el país para tener una sociedad más pacífica e incluyente. Creo que es normal que cuando se tienen más respuestas que preguntas se llegue a ejecutar una idea sin pararse a analizar las consecuencias. También es fuerte la tentación de ubicar siempre la responsabilidad en los enemigos. Pero esa curva de aprendizaje, tan natural en cualquier lugar, en Colombia tiene el correlato de la violencia más larga del mundo respirándole al cuello. Cualquier chispa prende el fuego, cualquier error lo estalla todo. Y tiene razón en eso el presidente, los saboteadores son muchos y la incertidumbre no ayuda. La ecuación de la Paz Total es paradójicamente sencilla: desactivar todos los factores de violencia organizada, especialmente el narcotráfico, reconocer el carácter político de la última guerrilla del continente y además quitarles poder estructural a las mafias y a las violencias. Hasta aquí suena todo muy lógico, ¿pero qué pasa si nos equivocamos en las premisas? Varias cosas están pasando en diferentes territorios, que retan la cosas que consideramos verdades. Es una especie de explosión de expectativas en un contexto altamente violento. Y una cosa es lidiar con la frustración acumulada y justamente rabiosa del movimiento campesino que ha pasado décadas firmando acuerdos incumplidos y otra es lidiar con la frustración de los pequeños y medianos mineros en medio del control territorial de un grupo armado. Sí, es necesario que aceptemos que los grupos armados controlan territorio y población, y en eso hay mucho más que un ansia de apropiación de rentas ilegales. Esa premisa, la de que no hay grupo puro, es totalmente cierta. ¿Entonces, qué está fallando? ¿Por qué no cesa la violencia? La hipótesis que quiero aventurar en esta columna es que todos los actores del sancocho de la Paz Total tienen la percepción de que ganarán, porque perciben al actor más grande y fuerte –en este caso a las Fuerzas Armada – como ausentes del juego. En eso, el ELN exige en la mesa de diálogo que el Estado limpie a Arauca de disidencias, algunos grupos cruzando la frontera incluso piensan que podrán negociar títulos mineros en el marco de la Paz Total, y los frentes del Chocó y Nariño están listos a disparar y a conservar territorio. Mientras tanto, el Clan del Golfo se asegura sus provisiones y su control en un momento de incertidumbre, haciendo lo que más saben hacer los grupos de violencia organizada en Colombia: utilizar población civil. Ante la incertidumbre, cada uno de ellos busca acumular el bien que les permitirá una mejor posición en la negociación: mayor control territorial. En el sur del país, la agrupación conocida como el Estado Mayor Central de las FARC se postula a sí misma como una organización político militar, cuando hace meses en el Putumayo amenazaba los liderazgos sociales que intentaban construir una economía alternativa a la coca. Ahí, ellos se impusieron, considerando incluso enemigos a los antiguos proyectos de sustitución alternativa de la coca. Este caso, el del Putumayo, hace que la premisa de que en esos territorios todos los campesinos quieran sembrar tranquilamente coca porque es lo que más les produce, de forma libre, y que el actor armado es un simple cobrador de rentas, es falsa. La coca también fue impuesta de forma violenta, aunque rentable. Y aquí viene mi otra hipótesis, tal vez mucho más polémica a los ojos de mis colegas violentólogos: el narcotráfico ha sido motor de la violencia, pero hoy la violencia en sí misma es una economía ilegal y tal vez la más rentable de todas. Eso quiere decir que hay más variables a considerar en un proceso de acercamiento y negociación con los actores armados, pero especialmente hay que responder a la pregunta: ¿cómo logro que la violencia deje de ser rentable? Sobre esto tratarán mis columnas posteriores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Ha terminado en México el segundo ciclo del proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Estos son los diez logros más importantes que dejan estas cuatro semanas de trabajo. 1. Se cuenta con “La Agenda de México”, que es el derrotero para adelantar este proceso de paz. En esta agenda se mantiene la estructura ya establecida en el proceso entre el gobierno Santos y el ELN, siendo los ejes estructurantes que se reafirman: participación de la sociedad, trabajar por una democracia que le dé soporte a una Colombia en paz y las transformaciones necesarias que puedan confluir en una visión compartida de paz. 2. La agenda firmada le da fuerza a la participación de las mujeres, los pueblos étnicos y la importancia de asumir el potencial natural y su restauración como fundamento de todo este esfuerzo de acción social y ciudadana. 3. El Gobierno Colombiano y el ELN coinciden en que hay muchas exclusiones y antidemocracia por superar, que es mucho el sufrimiento vivido y que todos los responsables deben asumir sus responsabilidades para poder avanzar. Ese derrotero de reconocimientos coloca la perspectiva de que asumiendo que son muchos los actores y responsables de estas largas violencias se puede avanzar. 4. Sobre la participación de la sociedad para la construcción de la paz y de manera específica en este esfuerzo compartido entre el Gobierno y el ELN, se reconoce por las dos partes que ya tienen un conjunto de propuestas formuladas en las audiencias de Tocancipá en octubre de 2017 y otras audiencias realizadas en el mes de noviembre del mismo año, igualmente lo avanzado en el último ciclo en La Habana con el expresidente Santos en julio de 2018. Estos insumos tienen importantes propuestas que colocan a los territorios y los temas identificados como referentes para lo que será, en palabras de Silvana Guerrero de la delegación del ELN, la propuesta que la mesa haga en lo que se considera es el “corazón” de este esfuerzo de paz. 5. En cuanto al cese bilateral, faltando por precisar el delicado tema de “hostilidades” y no solamente el parar los tiros mutuamente, también se reconoce que hay que partir de la experiencia de lo aprendido en el cese bilateral que se logró entre octubre de 2017 y enero de 2018, el cual ha sido el único bilateral y de una duración significativa. Si se parte de esta experiencia y se logra que tenga viabilidad en los territorios donde permanece la confrontación, que sea “temporal con vocación de continuidad” y cuente con veeduría y verificación, es mucho lo avanzado para lograr establecer las bases de ese propósito de una negociación en un ambiente de paz y salir del tercer ciclo de Cuba con los lineamientos y el detalle para lograr establecer el cese bilateral de fuego y hostilidades. 6. En este segundo ciclo se presentó el informe de la Caravana Humanitaria adelantada de manera conjunta por el Gobierno y el ELN, con la participación de las organizaciones étnico territoriales de afrocolombianos e indígenas y el acompañamiento de la comunidad internacional e iglesias. Sin duda, de esa caravana lo aprendido y sus compromisos son aspectos clave no solo para ese par de territorios, igualmente lo son para otras zonas donde se pueden adelantar acompañamientos similares en comunidades que sufren. 7. La presencia del ministro de Justicia Néstor Osuna, que presentó en la mesa las iniciativas del Gobierno para avanzar en una reforma penitenciaria necesaria y pertinente para superar una crisis ya prolongada, una amplia vulneración de derechos y una ineficacia en la acción resocializadora que debe tener la permanencia en estos centros de reclusión. Sobre este propósito el ELN mostró identidades con lo que propone el Gobierno y allí está su interés por la situación de los seiscientos veinte presos que afirmó Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN, permanecen en cárceles colombianas. El tema de presas y presos del ELN debe ser asumido de manera pronta y eficaz por el Gobierno. 8. El ambiente de trabajo conjunto y disposición a afrontar que se puede avanzar en una dirección compartida queda ratificado en este segundo ciclo por Gobierno Colombiano y de ello es evidencia la agenda firmada y los compromisos de continuidad. 9. La ratificación del protocolo que sustenta la participación del grupo de países acompañantes conformado por Alemania, España, Suiza y Suecia, el cual se logró construir en el desarrollo de este segundo ciclo, en el que el Gobierno Colombiano y el ELN reafirman la importancia de su trabajo, acompañamiento y compromiso con este proceso de paz. 10. La reafirmación por el Gobierno Colombiano y el ELN de que Cuba ha sido un socio comprometido y perseverante en este esfuerzo de paz, que siempre se ha contado con su trabajo, compromiso y profesionalismo, ratificado con creces durante el gobierno del expresidente Iván Duque que maltrató a Cuba y su gobierno al desconocer la existencia de un protocolo de ruptura. Volver a Cuba es la ratificación de todo el aporte de la isla para una Colombia en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Los jóvenes tienen un papel fundamental en todos los ámbitos sociales y su importancia no debe ser subestimada. Desde la política hasta la cultura, pasando por la economía y la tecnología, los jóvenes están liderando cambios y transformaciones que impactan de manera positiva en la sociedad. En la política, los jóvenes son una fuerza cada vez más activa y comprometida en la defensa de sus derechos y en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. En muchos países del mundo, los jóvenes están liderando movimientos sociales que buscan la reforma de las instituciones y la participación activa en la toma de decisiones políticas. En la cultura, los jóvenes están impulsando nuevas formas de expresión artística y creativa que reflejan las inquietudes y los valores de su generación. Desde la música o el cine hasta la moda y la literatura, los jóvenes están rompiendo con los moldes tradicionales, pero de igual manera explorando nuevas formas de comunicación y de representación. En la economía, los jóvenes son el motor del emprendimiento y la innovación, creando nuevas empresas y proyectos que generan empleo que le brindarán riqueza a sus comunidades. Además, los jóvenes están liderando la transformación digital de la economía y la sociedad, desarrollando nuevas tecnologías o modelos de negocio que están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Con el propósito de brindar apoyo y oportunidades a la población juvenil en sus comunidades, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha colaborado con ellos en diversos ámbitos sociales. Para lograr este objetivo, Pares cuenta con la Línea de Jóvenes, la cual es coordinada por Miguel Ángel Rubio. Rubio destacó que en 2021 los jóvenes expresaron su apoyo a demandas sociales y territoriales que generaron una nueva agenda política en el país. A través de marchas y protestas contra la injusticia, esta población alzó su voz, aunque esto los hizo objeto de estigmatización y señalamientos. Según el coordinador, fue la participación activa de los jóvenes en este movimiento lo que llevó a la elección de Gustavo Petro como presidente, quien ha sido reconocido por sus posturas en el estallido social. De hecho, Petro ha nombrado a Gabriela Posso como consejera para las juventudes en un intento por reconocer el papel de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa. En la actualidad, la Línea de Jóvenes liderada por Rubio tiene varios proyectos en el horizonte. Uno de ellos es la organización de un gran encuentro en la ciudad de Buenaventura en colaboración con otras 15 organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este evento es que los jóvenes puedan establecer una agenda conjunta de interlocución con el Gobierno Nacional sobre temas importantes como la Paz Total, los diálogos de paz con el ELN y el diálogo pendiente con la primera línea. Además, se espera que los jóvenes definan una agenda social, política y económica que se convierta en un mandato nacional para el país y para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este proyecto futuro ha generado un gran interés entre organizaciones de la sociedad civil, las cuales han expresado su disposición para unirse a la propuesta que cuenta con diversos proyectos. Según Miguel Rubio, se planea recopilar recursos económicos y metodológicos para que los jóvenes puedan hacer oír sus voces en el ámbito sociopolítico. De esta manera, se busca dar visibilidad a las demandas de los jóvenes para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. “Hoy los jóvenes son transformadores del territorio, haciendo lectura política y dando las discusiones más gruesas en el congreso y en el Gobierno”, destacó Miguel Ángel Rubio. Desde febrero la Fundación ha estado en conversaciones con diversas organizaciones de la sociedad civil y académicas, con el propósito de conformar un comité promotor y otro organizador, así como de buscar los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto en la ciudad de Buenaventura. El objetivo del proyecto es consolidar un encuentro que pueda materializarse gracias al esfuerzo conjunto de estas entidades. Miguel Ángel Rubio explicó que se escogió Buenaventura como sede del evento por dos razones principales. En primer lugar, debido a que el Gobierno ha implementado allí los pilotos de Paz Total, puesto que esta ciudad ha sido gravemente afectada por el conflicto armado y el reclutamiento de jóvenes en actividades ilegales. En segundo lugar, porque la Fundación cuenta con una importante presencia en la ciudad, especialmente en su labor con las comunidades negras y afrocolombianas. El coordinador también destacó que la Fundación desea llevar esta iniciativa a zonas que suelen ser olvidadas por otros programas. En resumen, la elección de Buenaventura como sede del encuentro se debe tanto a su relevancia estratégica como a la fortaleza y experiencia de la Fundación en la zona. Miguel Ángel Rubio señaló que actualmente existe cierto descontento entre los jóvenes con el Gobierno actual. Esto se debe a que no están viendo los resultados esperados del Plan Nacional de Desarrollo ni de las propuestas gubernamentales. No obstante, la juventud sigue atenta a que se cumpla lo prometido por el presidente en cuanto a aspectos sustanciales. Por esto, aunque hay cierta insatisfacción, los jóvenes mantienen su compromiso y expectativas en relación a las promesas de desarrollo del Gobierno. “Si no se cumplen, seguiremos desde las organizaciones civiles y juveniles reportando estos incumplimientos para que los jóvenes queden como prioridad en la agenda política”, señaló el coordinador. La Fundación ha tenido experiencias previas de acompañamiento a jóvenes, las cuales han dado importantes resultados. Un ejemplo de esto son las Escuelas de Liderazgo Juvenil de la Fundación Pares, que han sido establecidas en cuatro ciudades diferentes: Pereira, Cúcuta, Buenaventura y Pueblo Rico, Risaralda. Estas escuelas han arrojado importantes hallazgos, entre los que destaca el descubrimiento de jóvenes con formación política. En definitiva, gracias a la labor de la Fundación se ha logrado evidenciar la importancia del liderazgo juvenil y su potencial para el desarrollo de la sociedad. Rubio destacó que Pares ha logrado formar a dos consejeros municipales de juventud. Además, en la Escuela de Liderazgo de Pueblo Rico se ha trabajado con una líder de la diversidad sexual que ha asumido un papel destacado en la promoción de dicha temática. En Buenaventura se han logrado establecer casi 15 organizaciones de jóvenes, en su mayoría afrocolombianos y de comunidades negras, gracias a la labor de la Escuela de Liderazgo. Por su parte, en Cúcuta, se ha establecido una escuela fronteriza que coincidió con la apertura de la frontera con Venezuela. En resumen, la Fundación ha logrado importantes resultados en la formación y liderazgo de jóvenes en diferentes regiones del país. Este año, la Línea de Jóvenes ha realizado un importante ejercicio al posicionar a los jóvenes en primera línea de discusión y en la agenda nacional. Como resultado de todos los frutos obtenidos, se espera que estos proyectos permitan una mirada política, social, cultural y económica prevalente sobre los jóvenes del país, lo que a su vez contribuirá a mejorar su posición y permitirá una renovación de los liderazgos políticos y sociales. Es un propósito clave de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) formar una nueva élite política en el país, no solo con gobernantes, sino también con empresarios, educadores, académicos y jóvenes que hoy en día están mostrando importantes rasgos de liderazgo. Por esta razón, se espera que tanto otras organizaciones como el Gobierno apoyen estos proyectos, de modo que finalmente se logre una reivindicación de la agenda juvenil en Colombia y se trace un camino para que todos los jóvenes que tienen propuestas e ideas para una buena transformación del país puedan ser escuchados y tomados en cuenta. Finalmente, el coordinador de la Línea Juvenil de Pares, Miguel Ángel Rubio, informó que se está buscando una proyección internacional para expandir las estrategias que han desarrollado en Colombia. "Hemos iniciado conversaciones con México para explorar la posibilidad de replicar nuestras estrategias con organizaciones sociales de ese país. Esperamos que este esfuerzo también dé resultados positivos, tal como ha sucedido con otros proyectos".