Por: Katerin Erazo, Periodista Aunque han pasado ya cuatro meses desde la aprobación de la Ley de Paz Total, el componente de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales sigue generando desacuerdos. El proyecto de ley de sometimiento presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal el pasado 15 de febrero, ha recibido diversas críticas (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). Este proyecto está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión. La Procuradora General, Margarita Cabello, expresó su desacuerdo con este proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales en un concepto entregado a la Comisión Nacional de Política Criminal. Según la Procuradora, hay siete puntos que no están claros en el documento que será discutido en el Congreso de la República, y considera que deben revisarse antes de que inicie el trámite en el poder Legislativo. Entre las preocupaciones mencionadas, se encuentran la falta de claridad en el problema que se piensa abordar y solucionar con la aprobación de la ley, así como el presupuesto disponible que se destinará para el sometimiento. También se cuestiona qué grupos se someterán a la justicia y la importancia de que los integrantes de las bandas aporten verdad plena sobre hechos cometidos en el marco de sus actividades ilegales. Además, pide que se aclare si los bienes en posesión del Estado por concepto de extinción de dominio serán contemplados como beneficios económicos para quienes se sometan y se exigen estándares y estrategias para garantizar una reparación adecuada a las víctimas. Por último, se expresa la preocupación de que se pueda dar un tratamiento penal diferente a los sometidos, lo que podría traducirse en beneficios judiciales. El Fiscal General, Francisco Barbosa, también ha manifestado preocupación frente a esta ley y afirmó que su objetivo es evitar que el narcotráfico se incluya en el proyecto de ley. Barbosa mencionó que se deben eliminar algunos artículos que plantean la suspensión de la ejecución de penas a conductas como la de pequeños cultivadores y afirmó que busca el sometimiento de las bandas ante la justicia en lugar de a una unidad especial dentro del organismo. Por esta misma línea, el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió al Gobierno que suspenda cualquier diálogo con grupos criminales y narcotraficantes, ya que estos grupos solo tienen un camino, someterse a la justicia, y no pueden recibir beneficios especiales como las FARC. Por tal motivo propuso que los narcos se sometan a la justicia ordinaria y paguen penas efectivas en la cárcel, Barreras explicó que esta la Ley de Sometimiento se encuentra en trámite y, una vez aprobada, los narcos podrán someterse a ella o ser sometidos por el Estado. “Para que una negociación de paz sea posible, se necesita un Estado fuerte, legítimo, capaz de imponer el Estado de derecho en las mesas de negociación y, para empezar, con los narcotraficantes no se negocia nada y mucho menos la ley”, agregó Barreras en el medio de comunicación Blu Radio. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), sugiere que es importante analizar si el diálogo con narcotraficantes podría detener la violencia y contribuir a alcanzar la Paz Total que se busca. Sin embargo, Valencia enfatizó que no hay ninguna posibilidad de establecer una negociación política con los narcotraficantes, ya que su accionar no tiene relación con un propósito rebelde, que es el requisito fundamental para negociar con grupos armados. A pesar de ello, es posible ofrecer soluciones que generen un alivio humanitario en los territorios, que es precisamente lo que se busca con la Ley de Sometimiento. El investigador afirmó que otorgar un reconocimiento político a los narcotraficantes sería "complicado". Según Valencia, si los narcotraficantes desean contribuir a la paz, tendrán que hacerlo a través de la justicia ordinaria, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia transicional o negociación política. Por otro lado, el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha expresado su descontento con el proyecto de ley de sometimiento, argumentando que permitiría "lavar" hasta el 6% de los bienes adquiridos por estructuras ilegales, lo que podría resultar en el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales como el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal y el concierto para delinquir. Según Martínez, esto es inaceptable y lo considera inconstitucional. Miembros del Clan del Golfo también expresaron desacuerdos por medio de Ricardo Giraldo, abogado de esta estructura que fue contratado para representar al grupo en posibles negociaciones con el Gobierno en el contexto de un acuerdo de paz integral. Giraldo afirmó que la organización ilegal está en desacuerdo con la propuesta de ley de sometimiento, argumentando que dicha ley no es aplicable a un grupo armado como El Estado Mayor de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ya que este grupo ilegal busca ser reconocido como actor del conflicto armado interno y desea diferenciarse de otras organizaciones criminales. Según Giraldo, el proyecto de ley "no sirve", ya que jurídicamente no se puede mezclar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una estructura con una organización militar compuesta por alrededor de nueve mil hombres en armas, con estructuras de la delincuencia organizada o llamadas GDO. Además, considera que si se analiza detalladamente la ley de sujeción, no cree que haya una sola persona que se someta a sus requisitos. Finalmente, se conoció que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo negociación política con el Clan del Golfo y discutir el tema de la extradición en la Ley de Sometimiento.  Mancuso también lanzó críticas al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, acusándolo de actuar de manera ideologizada y de desconocer la historia y el carácter político de las Autodefensas. “A propósito del proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno Nacional para trámite parlamentario y, en general, sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el gobierno denomina Paz Total, solicito muy respetuosamente a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas que, en el marco de sus competencias y compromiso con la paz de Colombia, convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia", indica en el comunicado. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, argumentó que la solicitud de Mancuso no es sorprendente, considerando que él formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El investigador nacional mencionó que es poco probable que el Clan del Golfo sea reconocido como un grupo político debido a las posibles complicaciones que esto podría generar, especialmente porque el Gobierno ya ha reconocido al ELN en el pasado. Esto podría causar problemas adicionales para el Gobierno si reconociera a este grupo con carácter político. Finalmente, señaló que existen ciertos aspectos de la ley de sometimiento que aún no están del todo claros, siendo uno de ellos la falta de claridad sobre los mecanismos para las penas alternativas (Ver: Novedades, debilidades y retos: un análisis del proyecto de ley de sometimiento a la justicia).

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de seguridad en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, es preocupante debido a la presencia y constante accionar de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Recientemente, la Defensoría del Pueblo denunció que la columna móvil Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC, estaría utilizando este municipio del Cauca como centro de operaciones militares y financieras, y, además, tendrían allí un centro de entrenamiento para niños, niñas y adolescentes que son reclutados para engrosar la fila de estas estructuras (Ver: El reclutamiento de menores: una herida a la que le queda mucho por sanar). “Luego de un breve entrenamiento, los menores son incorporados a las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dice que en las escuelas de entrenamiento se entrenan a menores durante tres meses, aproximadamente, para luego “graduarlos como guerrilleros”. El coordinador de Pares explicó que estas escuelas de entrenamiento para menores no son una práctica reciente de las disidencias, sino que han existido durante muchos años. Torres mencionó que esta guerrilla suele reclutar a menores a partir de los 15 años de edad. Gracias a una infiltración de inteligencia militar, Caracol Radio pudo informar, por medio de un reportaje, sobre el reclutamiento y entrenamiento de menores de edad en el Cauca. En diversos videos se muestra que los menores reciben capacitación en la construcción de campamentos, manejo de explosivos, sicariato, manejo de armas, acciones terroristas e inteligencia criminal. Durante estos entrenamientos, la organización ilegal les entrega a los menores una serie de guías para su adoctrinamiento y los divide en grupos según las tareas asignadas. También se les enseña a manejar armas a través de réplicas de madera, a mejorar sus posiciones de combate y las técnicas para evitar la detección. Las disidencias registraban a los menores con nombre, foto y alias en un archivo con el fin de reclutarlos en sus filas. Muchos de estos menores son reportados como desaparecidos por sus familiares. En este sentido, Juan Manuel Torres enfatizó en la importancia de que el Gobierno y el ICBF trabajen con las escuelas para implementar campañas de prevención y crear conciencia sobre esta problemática, la cual ha existido durante muchos años. El reclutamiento forzado de menores de edad en distintas regiones de Colombia es motivo de creciente preocupación para las autoridades del país. En respuesta a esta problemática, Luis Fajardo, vicedefensor de la Defensoría del Pueblo, junto con Vanessa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y otros funcionarios de la Defensoría Regional Cauca, presentaron una campaña para combatir el reclutamiento forzado de menores en la región del Cauca. La campaña incluye actividades para sensibilizar tanto a los menores como a sus padres, y también se han llevado a cabo diálogos con organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas, organizaciones de cooperación internacional e integrantes del Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento. Ante la difícil situación que viven los menores, cabe recordar que en 2021 el defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó una estrategia la cual tenía por nombre: “Estrategia defensorial: 2021, año contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”. Esta iniciativa se enfocó en la prevención, promoción, atención y divulgación de la problemática del reclutamiento forzado de menores. Además, se han implementado estrategias ante instancias del Estado para reconocer y buscar soluciones a esta problemática con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad. El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia es una tragedia subestimada en términos de su alcance y consecuencias. En el departamento del Cauca, este fenómeno aumentó en 2021 y 2022. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que: “se presentó un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022” (Ver: Los menores de edad también está viviendo la guerra en el Cauca). El Registro Único de Víctimas en Colombia también informó que entre 2021 y 2022, 68 indígenas y 28 afrocolombianos fueron reclutados por grupos armados y delincuenciales en los departamentos de Antioquia, Chocó y Cauca. Como resultado del reclutamiento se produce desplazamiento forzado y confinamiento en las zonas donde operan los grupos ilegales y las estructuras criminales (Ver: La sombra de la vinculación de menores de edad a la guerra cubre al Cauca). Según un informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, “los grupos armados ilegales siguieron reclutando menores de edad para la guerra. En 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual”. Luego de conocerse las declaraciones del defensor del pueblo, Carlos Camargo, el pasado jueves, 02 de marzo, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 005 de 2023 debido a la alta probabilidad de riesgo para la población civil, especialmente para los indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, que representan el 96% de los 37.000 habitantes de Toribío, Cauca. La presencia de grupos armados ilegales en la zona ha llevado a la paralización de la vida comunitaria y social, y la imposición de múltiples normas bajo pena de muerte para aquellos que las incumplen. La Defensoría del Pueblo advirtió que todos estos hechos violan los derechos humanos de la población civil y deben ser abordados de manera urgente por el Estado. “Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado, sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas con pena de muerte para quien las incumpla”, informó el defensor Camargo. Un ejemplo de ello es que los grupos armados impusieron varias restricciones a los negocios públicos, incluyendo la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la semana, la prohibición de estacionar motocicletas frente a los locales y la imposición de un horario de cierre. A esto se le suma que estructuras ilegales envían panfletos intimidatorios a individuos específicos y establecen normas como la prohibición de conducir vehículos con las ventanas cerradas o de usar cascos para los motociclistas. La Defensoría del Pueblo también destacó que han aparecido carteles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados, y se han producido amenazas y ataques constantes contra líderes indígenas del pueblo nasa por su papel en las actividades tradicionales. Juan Manuel Torres afirmó que la imposición de este tipo de reglas por parte de las estructuras ilegales es una forma de control que buscan ejercer en el municipio, debido a la disputa existente con el movimiento indígena y al interés de estos grupos armados en las economías locales. El coordinador de la Oficina Pares Pacífico explicó que en Toribío hay tres sectores que se disputan la gobernabilidad del territorio: los resguardos indígenas, como el resguardo San Francisco, el resguardo Toribío y el resguardo Tacueyó; la administración municipal; y los grupos armados. Estos últimos han cometido masacres contra los indígenas, lo que ha generado una creciente tensión en la zona. Torres sugiere que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones, como por ejemplo que las fuerzas de seguridad se mantengan al margen de estos hechos. Además, considera importante que la administración municipal tome acciones para controlar los establecimientos públicos y el tránsito, y brinde su respaldo al movimiento indígena, el cual es el más afectado. “Requerimos que se respalde el accionar, que se proteja la vida de los líderes y lideresas sociales (…) el movimiento indígena ha venido siendo golpeado por estas estructuras armadas durante mucho tiempo”, recalcó Torres. Según Juan Manuel Torres, Toribío es un municipio clave e histórico. Después de los acuerdos de paz, se convirtió en una de las primeras zonas donde surgió una nueva disidencia, conocida inicialmente como el Nuevo Frente Sexto. Este grupo se originó principalmente en Tacueyó, Toribío y Caloto, creando un triángulo famoso llamado "el triángulo de la marihuana". La topografía de Toribío ha convertido la zona en una ruta de paso para la actividad ilegal, dificultando muchas veces el acceso de las instituciones estatales. Tanto la disidencia Dagoberto Ramos como la disidencia Jaime Martínez surgieron en paralelo del Nuevo Frente Sexto, y se distribuyeron en la zona. La disidencia Jaime Martínez tomó todo el corredor de Buenos Aires y Jamundí, mientras que la disidencia Dagoberto Ramos controló todo el corredor Norte indígena, incluyendo Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. Ambas estructuras ilegales se están extendiendo, especialmente la disidencia Dagoberto Ramos. En el municipio de Toribío, que ha sido históricamente indígena, se lleva a cabo una lucha constante contra esta grave problemática. Juan Manuel Torres señaló que la Dagoberto Ramos ha abandonado los principios originales de las guerrillas, atacando a los movimientos indígenas e intentando controlar el pueblo para que “no se les escape de las manos”. En el departamento del Cauca, las disputas por el control en el marco del conflicto armado han dejado miles de víctimas y la situación sigue siendo preocupante para los menores de edad. La Defensoría del Pueblo señaló que el reclutamiento forzado de menores sigue creciendo debido al temor de las personas a represalias si denuncian a los grupos armados que los reclutan para la guerra. Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó a Pares que emitieron esta alerta temprana para prevenir a la comunidad sobre el control que los grupos ilegales están ejerciendo y su preocupación por el uso del municipio como centro de entrenamiento para menores. Además, la entidad señaló que esta alerta también busca llamar la atención del Estado sobre el riesgo inminente en este territorio y que tome las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se sigan agravando.

Por: Luis Eduardo Celis La semana pasada, por enésima vez, vimos la tragedia que se repite y se repite, la furia desatada, la rabia desbocada, la sangre derramada, las vidas malogradas. Lo vivido en San Vicente del Caguán es historia vieja, repetida y ya conocida. Un libreto sabido y amargo: llegan jugadores al territorio, se generan expectativas, se dividen las comunidades, se ofrece o se “michicatea”, se acuerda y no se cumple, o se cumple a medias, y empieza la acción, pero es una acción con furia. Y el desenlace se lleva vidas y genera heridas y desconfianzas que pueden ser enormes y trágicas, como las que se viven en muchos territorios. Este gobierno liderado por un presidente como Gustavo Petro, con pasión y mandato por el cambio, y una vicepresidenta que viene de la Colombia postergada y excluida de respeto y derechos, puede hacer la diferencia y darle otro rumbo a los territorios donde se viven mil conflictos por tramitar y un orden de democracia por construir con las comunidades y los actores con intereses y presencia en ellos. Ordenar democráticamente los territorios es una prioridad ligada a la política de Paz Total. Es garantizar permanencia digna y con ejercicio de derechos. Es tener la capacidad para dialogar y concertar entre diferentes, entre comunidades, empresas y lograr propósitos y proyectos compartidos. Ordenar democráticamente los territorios implica contar con políticas legítimas y construidas por el mundo social, los gremios empresariales, la academia, los partidos políticos y los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Esta diversidad de conflictos territoriales requiere acción concertada para gestionarlos, capacidades locales, capacidad para no llegar a la furia y las heridas. La negociación con los armados en el marco de la política de Paz Total es una gran posibilidad para avanzar en esta enorme tarea. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) es una entidad gubernamental nacional que tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la educación superior de calidad mediante el otorgamiento de créditos educativos. Desde su fundación en 1950, el Icetex ha sido responsable de financiar los estudios de millones de estudiantes colombianos. El Icetex ha sido una alternativa importante para que los estudiantes colombianos puedan acceder a la educación superior, especialmente para aquellos que no tienen los recursos económicos para hacerlo. Según cifras de la misma entidad, entre 2015 y 2021, se han otorgado más de 1,5 millones de créditos educativos a nivel nacional. En 2021, el Icetex recibió un total de 155.000 solicitudes de crédito educativo, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año anterior. La pandemia del Covid-19 ha sido un factor importante en el aumento de las solicitudes de préstamos, ya que muchas familias han visto disminuidos sus ingresos y no pueden costear los gastos de la educación superior. Recientes intentos de reforma Las modificaciones propuestas por el gobierno en 2021 a una reforma al Icetex con el objetivo de hacerlo más eficiente y sostenible, incluyeron: La creación de un fondo de garantías para los créditos educativos, con el objetivo de reducir el riesgo crediticio del Icetex y facilitar el acceso al crédito para los estudiantes. La implementación de un modelo de financiación basado en el rendimiento académico y la empleabilidad de los estudiantes, con el objetivo de incentivar el éxito académico y laboral de los beneficiarios de los créditos educativos. La eliminación del requisito de codeudor para los créditos educativos, lo que facilitaría el acceso al crédito para aquellos estudiantes que no tienen un codeudor solvente. Sin embargo, a pesar de la importancia del Icetex para facilitar el acceso a la educación superior en Colombia, la institución también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Algunas de las críticas más comunes son: La alta tasa de interés de los préstamos, que puede llegar hasta el 14% anual. Algunos críticos argumentan que esta tasa es demasiado alta y dificulta el pago de los préstamos por parte de los estudiantes. La falta de transparencia en la asignación de los créditos educativos, que algunos críticos argumentan que está sesgada hacia estudiantes de estratos socioeconómicos más altos. La falta de capacidad del Icetex para garantizar la calidad de la educación que financia. Algunos críticos argumentan que el Icetex debería tener un papel más activo en garantizar que los programas de estudio financiados sean de alta calidad. ¿Qué propuestas de reforma ha planteado el gobierno Petro para esta entidad? El gobierno de Gustavo Petro ha planteado varias propuestas de reforma para el Icetex: Reducción de las tasas de interés de los préstamos: ha propuesto reducir las tasas de interés de los préstamos del Icetex para hacerlos más accesibles a los estudiantes. Aumento del presupuesto para el Icetex: el gobierno ha propuesto aumentar el presupuesto del Icetex para poder otorgar más créditos educativos a los estudiantes. Creación de un sistema de financiación mixto: en el que tanto el Estado como el sector privado aporten recursos para financiar los estudios de los estudiantes. Creación de un fondo de becas: crear un fondo de becas para financiar la educación de los estudiantes más pobres y vulnerables. Revisión de la política de condonación de créditos: el gobierno ha propuesto revisar la política de condonación de créditos del ICETEX para hacerla más efectiva y justa. Es importante destacar que estas propuestas aún no han sido aprobadas y que están en discusión en el Congreso de la República. En conclusión, el Icetex ha sido una herramienta importante para facilitar el acceso a la educación superior en Colombia, especialmente para aquellos estudiantes que no tienen los recursos económicos para hacerlo. A pesar de que ha sido objeto de críticas, las modificaciones propuestas por el gobierno podrían mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, es importante que se aborden las críticas de manera efectiva para garantizar que el Icetex pueda seguir cumpliendo su objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de calidad para todos los estudiantes colombianos.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Los Frentes de Seguridad se han convertido en los últimos años en un mecanismo ampliamente adoptado por las comunidades de los barrios de la ciudad de Bogotá para abordar las problemáticas de seguridad, sobre todo en las localidades y sectores con los más altos índices de actividades delictivas y de percepción de inseguridad. En esta misma línea, los Frentes de Seguridad también han sido incluidos en las políticas y estrategias de seguridad y convivencia a nivel nacional y distrital, con la intención de ser reforzados y aumentados en número. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha instado en algunas ocasiones a las comunidades a hacer parte de los frentes de seguridad existentes, o a formar nuevos, con el fin de que participen activamente en la mejora de las condiciones de seguridad en sus barrios (Infobae, 2021). En vista de lo anterior vale la pena revisar de dónde vienen los frentes de seguridad, cuál es su reglamentación, cómo se han incluido en la política pública y cuál ha sido su nivel de implementación en la ciudad de Bogotá, específicamente durante el mandato de Claudia López, de 2020 a 2022. ¿Qué son los Frentes de Seguridad? Los frentes de seguridad son organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional y formadas de manera voluntaria por los habitantes de un barrio o sector específico, que tienen el objetivo de vincular directamente a las comunidades con las actividades dedicadas a garantizar la seguridad y mejorar la convivencia pacífica en sus territorios. Esta figura se encuentra reglamentada desde 1995 a partir de la Directiva Permanente 14 de la Policía Nacional (Moreno Vanegas, 2021), la cual fue complementada y reiterada mediante el instructivo No. 213/DIROP-ASECI de 2002 y el No. 005 DISEC GRUPE de 2018 (Márquez, 2020). Normalmente operan a través de canales de comunicación en los que participan miembros y líderes de la comunidad, coordinadores por cuadras y agentes de la Policía del Cuadrante al que pertenece el barrio o sector. A través de estos canales se alerta sobre actividades consideradas sospechosas y sobre afectaciones a la seguridad y la convivencia; también se establecen sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para contribuir a esta actividad. Se busca, en últimas, tanto la disuasión como la acción oportuna por parte de las autoridades. Presentes en la planeación y la política pública Desde su reglamentación, los frentes de seguridad han sido incluidos en los distintos planes, programas y proyectos en cuanto a seguridad y convivencia en todo el país, pero interesa identificar cómo han sido referenciados en las políticas nacional y de Bogotá de los últimos años. Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC): este modelo se basa en la creación de unidades geográficas con características específicas (cuadrantes) a través de las cuales se determinan y organizan las actividades de la Policía Nacional a nivel territorial. Si bien aquí no se mencionan directamente a los frentes de seguridad, se resalta que el trabajo de la policía por cuadrantes debe estar articulado y coordinado con las comunidades, mencionando la figura de corresponsabilidad, que implica la responsabilidad compartida que tienen tanto las instituciones y la fuerza pública, como actores privados, cívicos y comunitarios en contribuir a la seguridad (Policía Nacional, 2014). Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana: en esta política formulada por el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se tiene como principio rector la inclusión, que hace referencia a la participación de la ciudadanía en la contribución a la seguridad y la convivencia basada en la corresponsabilidad. A este respecto se menciona a la participación cívica como un punto clave, para lo cual, los Ministerios de Defensa y del Interior serán encargados de promover y fortalecer los frentes de seguridad ciudadana (Ministerio de Defensa Nacional, 2019a, p. 57). Política de Defensa y Seguridad: también del gobierno de Iván Duque, en la que se plantea la figura de una Red de Participación Cívica que funcionaría como un canal de comunicación directo y constante entre la ciudadanía y las autoridades para enfrentar la delincuencia, así como otras situaciones referentes a la seguridad y la convivencia (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b, p. 58). Se menciona a los frentes de seguridad en cuanto a la posibilidad de que permitan articular a la Policía Nacional con las empresas de seguridad y vigilancia privada (p.61). Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá: formulado por la alcaldesa Claudia López para implementar en el periodo 2020-2023. En este plan no se hace referencia directa a los frentes de seguridad, sin embargo, existen algunos elementos que se podrían articular o complementar con estas organizaciones. Primero, se reitera la necesidad de la participación ciudadana en las acciones que se lleven a cabo en los territorios por parte de las instituciones y las autoridades. Se plantean los Planes Territoriales de Convivencia y Seguridad, que serían instrumentos para identificar zonas prioritarias y adelantar la articulación con las comunidades a la hora de generar intervenciones; para esto también se crea la figura de Grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y la convivencia en la ciudad. También se menciona el programa Policía de Vecindario, que buscaría un mayor acercamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía, incorporando a esta última en actividades de planeación, ejecución y evaluación en materia de seguridad, basado en el MNVCC y con un enfoque preventivo (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2020). Datos y cifras en Bogotá A pesar de que en el PISCCJ de Bogotá no se menciona directamente la creación o el fortalecimiento de frentes de seguridad, en los informes de seguimiento a la implementación de este plan sí se mencionan y se evidencian además algunas cifras sobre su evolución. En el informe de seguimiento del PISCCJ correspondiente al último trimestre de 2020, se menciona que, mediante el programa Policía de Vecindario, se fortalecieron varios frentes de seguridad con actividades de acompañamiento. En los informes trimestrales del año 2021 se menciona que se crearon 98 nuevos frentes de seguridad en la ciudad, se fortalecieron 453 frentes ya existentes, y se vinculó a 2993 personas a los mismos. Para el año 2022 se tienen informes de los primeros dos trimestres y en estos se registra la creación de 8 nuevos frentes, y el fortalecimiento de 200, vinculando a 1697 personas (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2023). Esto demuestra que los frentes de seguridad han sido un punto central en la implementación del plan y en las estrategias de seguridad y convivencia de las instituciones distritales y la Policía Metropolitana. Según datos de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional, en Bogotá existían, a julio de 2022, 1234 frentes de seguridad activos, siendo la localidad de Kennedy la que más frentes tiene, con 227, seguida por Ciudad Bolívar con 119 y Fontibón con 109. Para el caso de Kennedy sería importante revisar el impacto que han tenido los frentes de seguridad desde su creación, principalmente debido a la existencia de puntos críticos de seguridad en la localidad como lo son la zona de Corabastos y barrios cercanos como Patio Bonito, Tintal y María Paz, donde grupos delincuenciales como ‘El Tren de Aragua’ desarrollan distintas actividades ilícitas, incluso con la complicidad de agentes de la Policía Nacional (El Espectador, 2023). Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Policía Nacional, 2021. Consideraciones finales Se puede evidenciar que la figura de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá no sólo ha sido acogida por las comunidades que buscan soluciones a las problemáticas de seguridad, sino que también son una apuesta por parte de instancias institucionales y de la fuerza pública para intentar disminuir los índices de criminalidad en los barrios, buscando fortalecer la comunicación, la articulación y la coordinación entre la Policía y la ciudadanía. A este respecto, se hace necesario identificar y evaluar los impactos que han podido llegar a tener estos frentes en cuanto a la mejora, o no, de la seguridad y la convivencia en puntos críticos de la ciudad. Así mismo, sería importante analizar las formas en la que los frentes de seguridad crean relaciones entre la ciudadanía y la policía, y si estos poseen verdaderamente un carácter civil y comunitario, o si por el contrario su funcionamiento radica en últimas en las determinaciones de la Policía que, si bien es una institución de carácter civil, tiene un funcionamiento distinto al de las comunidades organizadas. También habría que preguntarse por los alcances y límites que tienen los frentes de seguridad en cuanto a las acciones que pueden o no realizar, a partir de la regulación existente, y hacer transversal la mirada desde la convivencia y la construcción del tejido social en los territorios, y no exclusivamente desde una mirada punitiva del mantenimiento de la seguridad ciudadana. Referencias Cuatro policías estaban al servicio del ‘Tren de Aragua’ en Kennedy (2023) El Espectador. En https://www.wradio.com.co/2023/02/06/cuatro-policias-estaban-al-servicio-del-tren-de-aragua-en-kennedy/ Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2021). Frentes de Seguridad Policía Nacional. En https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Frentes-de-Seguridad-Polic-a-Nacional/cmxv-8tb9 Informes de Seguimiento y Evaluación PISCCJ de la Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (2023). En https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pisccj/seguimiento-evaluacion Márquez, J. (2020). Los Frentes de Seguridad Local en Chapinero: un programa con potencial de implementación desaprovechado. Repositorio Institucional Pontificia Universidad Javeriana. Ministerio de Defensa Nacional (2019a). Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Diciembre de 2019. Ministerio de Defensa Nacional (2019b). Política de Defensa y Seguridad DPS para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Enero de 2019. Moreno Vanegas, M. A. (2021). Frentes de seguridad y modelo de seguridad por cuadrantes. Un desafío en la localidad de Barrios Unidos. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Bogotá, 2021. Policía Nacional. (2014). Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes MNVCC. Actualización 2.2. Bogotá. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (2020). Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá 2020-2024. Junio de 2020. Qué son los frentes de seguridad que Claudia López está invitando a formar (2021). Infobae. En https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/12/que-son-los-frentes-de-seguridad-que-claudia-lopez-esta-invitando-a-formar/

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Desde hace unas semanas los mineros del Bajo Cauca habían anunciado un paro indefinido como protesta a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional frente a las actividades mineras realizadas en la subregión, acciones amparadas en el Decreto 2235 que autoriza a la Policía Nacional a realizar la destrucción de maquinaria pesada y sus partes que sean utilizadas en la exploración y/o explotación minera sin autorizaciones y exigencias previstas por la ley. En ese sentido, desde el día 02 de marzo, se dio inicio al Paro Minero en el Bajo Cauca. Los mineros de los municipios de Zaragoza y El Bagre se movilizaron a Caucasia donde se realizó en principio una marcha pacífica que luego concluyó en el bloqueo de las vías principales del municipio. En los municipios de Zaragoza y El Bagre el comercio permanece cerrado desde el primer día del paro. En el caso de Caucasia, en horas de la mañana del día de hoy hombres en moto recorrieron el comercio y dieron la orden de cerrar los locales y establecimientos, lo cual generó una tensa calma hasta que, en horas de la tarde, un grupo de aproximadamente cien personas, según testigos, encapuchadas y sin ningún tipo de identificación irrumpieron en las instalaciones de la alcaldía del municipio y con piedras y palos rompieron vidrios e intentaron prenderle fuego. Ante la situación hizo presencia el ESMAD que a esta hora se encuentra en enfrentamientos con el grupo de personas que intentan ingresar a las instalaciones de la alcaldía. El panorama actual es confuso, pues no es claro si estas personas hacen parte de los manifestantes del paro minero, ya que la Alcaldía Municipal de Caucasia en publicaciones de sus páginas oficiales había manifestado su apoyo a la manifestación pacífica que se estaba realizando hasta el momento. Fotos: cortesía enlace territorial

Por: Esteban Salazar, @estebanalitic, Coordinador Línea Democracia y Gobernabilidad El 01 de marzo de 2023 se ha conocido, una vez más, que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una explosión descontrolada de partidos, ha decidido otorgar tres personerías jurídicas más: una para Independientes, movimiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero; otra para Andrés Pastrana como víctima del conflicto armado con su otrora Nueva Fuerza Democrática, que hoy de nueva no tiene mucho; y otra para Esperanza, Paz y Libertad -EPL. Quedan pendientes 16 solicitudes más y ya se cuentan 31 personerías jurídicas. La realidad de estas personerías jurídicas es que parecen ser más espurias que realmente promover la apertura democrática. La esencia misma del otorgamiento de las personerías jurídicas constitucionalmente se da por la capacidad de representación, la organización ideológica y la posibilidad de movilizar demandas sociales de los partidos políticos; pero no para cumplir los intereses personalistas de políticos, que es lo que pareciera estar sucediendo. La ley establece que el principio jurídico para otorgar las personerías se deriva única y exclusivamente de la capacidad de una colectividad de movilizar los suficientes votos para superar un umbral, que hoy se constituye en el 3% de cada corporación en el Congreso de la República. Lo que se traduce en alcanzar poco más de 500 mil votos. Así las cosas, la personería jurídica se materializa con la condición previa de la democracia representativa, en la que los partidos o movimientos que logren en la libre competencia democrática obtener los votos por encima del umbral, tendrán el derecho de otorgar avales durante los próximos 4 años en elecciones locales y nacionales. Sin embargo, ha habido 5 factores que han distorsionado este principio básico para el otorgamiento de personerías jurídicas, algunos derivados de decisiones de la Corte Constitucional y del CNE: La reparación política. El estatuto de la oposición. Curules indígenas y afro. Coaliciones de partidos y movimientos sin personería jurídica. Escisión. Reparación política Según lo estableció el CNE y la Corte Constitucional, en el marco del genocidio político cometido contra la Unión Patriótica (UP) en Colombia, se estableció en el marco jurídico la posibilidad de otorgar personerías jurídicas artificialmente como un mecanismo de reparación política a quienes han sido víctimas de la persecución violenta por banderas políticas en el país. A este antecedente se sumó el reconocimiento de personería jurídica para el Nuevo Liberalismo —por el asesinato de Galán—, Salvación Nacional —por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado—, el Partido Comunista —por la persecución política a este partido—, Verde Oxígeno —por el secuestro de Íngrid Betancourt—, Nueva Fuerza Democrática —por la persecución política a Andrés Pastrana— y Esperanza, Paz y Libertad —por la exguerrilla del EPL—. Estatuto de la Oposición Desde la Constitución de 1991 se estableció como mecanismo para superar el bipartidismo y otorgar garantías a la participación política la necesidad de crear un estatuto de la oposición. Solo fue hasta el Acuerdo de Paz en 2016 cuando se incluyó en el paquete legislativo del fast-track la necesidad de reglamentar este estatuto que empezó a operar por primera vez en las elecciones de 2018. En el marco del estatuto se establece que aquellos candidatos que ocupen el segundo lugar para cargos plurinominales —Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías— tendrán la posibilidad de ocupar una curul en la corporación pública correspondiente —a excepción del Congreso de la República, en donde el/la candidata/a a presidente que ocupe el segundo lugar, tendrá la posibilidad de ocupar una curul en el Senado; y el/la candidato/a a vicepresidente/a, tendrá la posibilidad de ocupar el cargo en la Cámara de Representantes—. En el caso de las elecciones presidenciales de 2018, tras la victoria de Iván Duque, quien quedó de segundo, Gustavo Petro, tomó la opción de ocupar la curul en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, ocupó la respectiva curul en la Cámara de Representantes. Si bien la regla general es que quienes superen el umbral por encima del 3% en el Senado o en la Circunscripción de Cámara de Representantes pueden tener personería jurídica, por medio de un artificio e interpretación cuestionable, el CNE extendió la posibilidad de otorgar personería jurídica al movimiento con el que se presentó Petro —Colombia Humana— a la Presidencia por haber obtenido una curul en el Senado y otra en Cámara de Representantes, y por haber sacado más de 8 millones de votos, a pesar de que estos votos no fueran para el Congreso, sino para la Presidencia. Esta misma situación se repitió en 2022, luego de la victoria de Gustavo Petro, en la que ocupó el segundo lugar Rodolfo Hernández, quien solicitó por esta misma vía la personería jurídica para su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, la cual, a pesar de haber sido aprobada por el CNE, enfrentó una suspensión por problemas con sus estatutos que se arregló recientemente y podrán presentar candidaturas en 2023. Curules indígenas y afro En aras de avanzar hacia un sistema democrático que garantizara la participación política amplia y diversa, desde la Constitución se estableció que, además de las circunscripciones de carácter nacional (Senado) y territorial (Representantes a la Cámara), se debía garantizar la participación mediante curules especiales indígenas, afro y raizal en Senado y Cámara, respectivamente. Estas curules especiales, las cuales tienen presencia en el Congreso y también son susceptibles de ser beneficiarios de la personería jurídica, se han enfrentado a diversos cuestionamientos por la instrumentalización de algunos políticos cuestionados con otros fines en el pasado, que no han sido los de representar a los indígenas, los afro y los raizales; sino la de intereses particulares. Estos son los casos del Partido de Integración Nacional, del cuestionado Yahír Acuña; y de los movimientos étnicos en los que participó el parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. Actualmente, aunque se ha depurado dentro de estas curules y aspiraciones las representaciones políticas, sigue siendo un vehículo de aprovechamiento para la consecución de personerías jurídicas. Estos son los casos de Alianza Democrática Amplia (ADA), que surgió de Alianza Democrática Afrocolombiana y se convirtió posteriormente en fundador del Pacto Histórico; Colombia Renaciente, creado tras el ingreso del Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente al Congreso en las elecciones legislativas de 2018; Partido Ecologista Colombiano, colectividad que nació del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo que, cabe recordar, fue el que avaló a Miguel Polo Polo; y Partido Demócrata Colombiano en San Basilio de Palenque, el primer partido de origen palenquero que recibe personería jurídica en el país. Coaliciones de Movimientos políticos con y sin personería jurídica Estirando cada vez más el caucho, el CNE ha ido ampliando sus interpretaciones para otorgar personerías jurídicas en donde ha hecho extensiva esta posibilidad a movimientos políticos que no tienen personería jurídica y, a pesar de que sus miembros llegaron al Congreso avalados por otros partidos en coaliciones, ha fragmentado la personería jurídica para que cada congresista, por cada movimiento al que representa, pueda solicitar su propia personería jurídica por ser una representación de un movimiento dentro de una coalición que tiene representación en el Congreso. Sobre este aspecto, Independientes de Daniel Quintero obtuvo recientemente la personería jurídica, luego de haber puesto dentro de la coalición del Pacto Histórico a miembros de su movimiento, a pesar de estar avalados por la Colombia Humana. Escisiones Este es otro de los casos que más generan distorsiones democráticas sobre el otorgamiento de personerías jurídicas. Según lo establece el CNE, aquellos partidos que han decidido escindirse, podrán obtener personería jurídica en las partes que se decidan escindir. Este es el caso del surgimiento de Dignidad, como escisión del Polo Democrático. También es el caso de La Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras que viene de haberse escindido del Movimiento ADA, el cual obtuvo su personería jurídica por un consejo comunitario afro y ahora permitió la creación artificial de un partido a Barreras y al santismo. Conclusiones En suma, lo que se observa en los últimos cinco años es una clara distorsión en el sistema político-electoral sobre la forma en la que se ha otorgado personerías jurídicas por fuera de la regla general. Al menos 12 de los 31 partidos son nuevos o no cuentan con las condiciones primordiales para constituirse: la representación política, una agenda programática y la capacidad de movilizar demandas sociales. Por el contrario, en el espectro ideológico de izquierda, centro y derecha, es un grave problema poderlos categorizar o matizarlos. Es más, esta “explosión” artificial de partidos se sustenta en el fortalecimiento de proyectos personalistas que no responden al interés general, no ofrecen disciplina de partidos ni seguridad y garantías jurídicas para la participación ciudadana. Más partidos, en el contexto colombiano, no es más o mejor democracia. Y menos cuando se trata de interpretaciones artificiosas de magistrados de un CNE que es escogido por el Congreso de la República y, en su mayoría, responde a los intereses de los partidos más fuertes. Basta solo con ver cuál es el papel actual de liderazgo o promoción de proyectos políticos serios en la actualidad, de Íngrid Betancourt (Verde Oxígeno), Enrique Gómez (Salvación Nacional), Andrés Pastrana (Nueva Fuerza Democrática), los hermanos Galán (Nuevo Liberalismo), entre los demás casos de personerías jurídicas artificiales, para comprobar que lo único que han servido es para favorecer personalismos oportunistas.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La participación política de las mujeres jóvenes en Colombia ha sido un tema de discusión importante en los últimos años. A pesar de que la Constitución de Colombia garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, las mujeres jóvenes a menudo enfrentan barreras para participar activamente en la política. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, en las elecciones regionales de 2019, habla apenas de que un 33,6% de candidatas mujeres. En las elecciones locales de 2019 el porcentaje de candidatas mujeres fue del 34,1%. A nivel nacional, el porcentaje de mujeres en cargos públicos electivos es del 15,7%, según el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Además, según un informe de ONU Mujeres, las mujeres jóvenes a menudo tienen obstáculos para ingresar a la política debido a la falta de acceso a recursos, redes y oportunidades. En cuanto a la participación de las mujeres jóvenes en los Consejos Municipales de Juventudes, el informe "Participación Política de las Mujeres Jóvenes en Colombia: una radiografía de sus retos y oportunidades", publicado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela que en el periodo 2016-2019, el 46,8% de los miembros de los Consejos Municipales de Juventudes eran mujeres. Sin embargo, a pesar de este aumento en la participación de las mujeres jóvenes en los consejos municipales de juventudes, todavía existen desafíos significativos en cuanto a su participación en la política en general. Según el mismo informe del PNUD, el 41,4% de las mujeres jóvenes entrevistadas indicaron que no se sienten empoderadas para participar en la política y el 71,1% dijo que no ha recibido capacitación para mejorar sus habilidades de liderazgo. Así pues, a pesar de estos desafíos, hay un número creciente de mujeres jóvenes que están participando activamente en la política, particularmente en instancias como los Consejos Municipales de juventudes. Los Consejos Municipales de Juventudes son órganos de participación ciudadana que tienen como objetivo fomentar la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones locales y promover sus derechos. En estos consejos, los jóvenes pueden presentar propuestas y proyectos para mejorar la calidad de vida de su comunidad. En Colombia, las mujeres jóvenes están participando cada vez más en los Consejos Municipales de Juventudes. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, se ha observado un aumento en la participación de las mujeres jóvenes en estos consejos, donde están liderando proyectos relacionados con la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente. Además, en el departamento de Córdoba, las mujeres jóvenes han liderado la creación de redes de apoyo para promover su participación en la política y mejorar sus habilidades de liderazgo. Estas redes han permitido a las mujeres jóvenes tener una voz más fuerte en la toma de decisiones locales y en la promoción de sus derechos. Aunque aún queda mucho por hacer para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres jóvenes en la política, el aumento de su presencia en los Consejos Municipales de Juventudes es un paso en la dirección correcta. Esto demuestra que las mujeres jóvenes están dispuestas a asumir roles de liderazgo y hacer una contribución significativa a sus comunidades. En conclusión, la participación política de las mujeres jóvenes en Colombia está en aumento, especialmente en instancias como los Consejos Municipales de juventudes. Si bien todavía enfrentan desafíos, el aumento de su presencia en estos espacios es un signo alentador de que las mujeres jóvenes están dispuestas a liderar y hacer una diferencia positiva en sus comunidades.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana En conmemoración del 8 de Marzo, la línea de investigación Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) entrega el segundo balance sobre Violencias Basadas en Género (VGB), abarcando el análisis comparativo entre 2021 y 2022. Lo anterior, a manera de un aporte práctico para informar, visibilizar y –una vez más– poner sobre la mesa la realidad con referencia a los feminicidios, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Para el análisis de estos delitos, se consideran los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), así como del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. Estas cifras, son consideradas como los datos oficiales por parte del Estado en lo que respecta a dichos delitos; guiando los ejercicios de toma de decisión en materia de gestión pública para abordar las VBG. Adicionalmente, se aclara que para este informe se tienen en cuenta las ciudades que conforman las cinco áreas metropolitanas que son priorizadas por la línea de investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana en cuanto a seguimiento de prensa y demás labores de seguimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta. Algunos de los datos clave del balance: - En 2021 hubo 185 feminicidios, en 2022, 167, esto es una disminución del 9,7% de los casos. El 47% de los feminicidios suceden en casas de habitación, y entre las víctimas el 34,7% son mujeres entre los 31 y 40 años, y el 27,5% entre los 41 y 50 años. - Los delitos sexuales aumentaron en un10,44% de 2021 a 2022, 25.151 a 27.285 casos. El 52,84% de las víctimas corresponden a personas entre los 11 y 20 años, y el 15,3% a niños y niñas entre los 0 y 10 años. - Para el año 2022 se reportaron, a nivel nacional, un total de 133.965 casos de violencia intrafamiliar, lo cual significó un aumento de un 14,3% con respecto al 2021, en el que la cifra de casos fue de 117.142. El 72,8% de las víctimas fueron mujeres en 2022. Le invitamos a leer el informe completo aquí:

Por: Oficina Pares Pacífico Presentamos este informe de análisis sobre violencias basadas en género y desplazamiento en Buenaventura para el período 2017-2022. Este producto surge de un convenio entre la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) para visibilizar las violaciones a los DDHH en Buenaventura en el periodo del posacuerdo. Las mujeres viven violencias basadas en su género que se pueden agudizar en contextos de conflicto armado como el que se vive en Buenaventura, dada la instrumentalización de los cuerpos feminizados que se reconocen como escenarios de disputa por parte de los miembros de los diversos grupos, aprovechando el estado de vulnerabilidad y lo que culturalmente pueden representar las mujeres para las comunidades en las que se espera generar afectación. De 2017 a 2022 se registraron en la ciudad: - 38 homicidios de mujeres, de los cuales 10 se tipificaron como feminicidio. - 1.654 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.434 se cometieron contra mujeres, el 86,7%. - 704 casos de delitos sexuales, con un 85% de víctimas mujeres. El desplazamiento forzado es otro de los flagelos que el conflicto armado ha llevado a Buenaventura. De hecho, el 87,8% de las víctimas reportadas en la ciudad entre 2017 y 2022 son desplazados y desplazadas. De acuerdo a datos del RUV de la Unidad de Víctimas (2022), un total de 57.876 víctimas se han registrado durante estos 6 años en Buenaventura. De estos, 26.578 son hombres; 31.246 mujeres y 52 pertenecientes a la población LGBTIQ+. Así, en medio de este contexto, además de las Violencias Basadas en Género, el desplazamiento es el hecho que genera más víctimas en Buenaventura y el 54% de las personas que aparecen reportadas como desplazadas desde 2017 a 2022 en la Unidad para las Víctimas son mujeres, siendo la población más golpeada. De ahí la importancia de reconocer acciones encaminadas a reconocer que las mujeres requieren una especial atención, por las mismas violencias que viven en razón de su género y además por las violencias que viven en el marco del conflicto que vive Buenaventura. Le invitamos a leer el informe completo Boletín No. 2 – Violencias basadas en género y desplazamiento en Buenaventura con toda la información y el análisis, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A cuatro meses de haberse aprobado la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, se tiene claro que el componente que mayores críticas tiene es el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Frente a los otros cuatro componentes –la implementación integral del Acuerdo con las FARC, las negociaciones políticas con el ELN, las conversaciones con las Disidencias y la Segunda Marquetalia, y los diálogos vinculantes con la sociedad civil–, a pesar de los desacuerdos, los cuestionamientos son menores. Paradójicamente, las críticas a este componente no han provenido de las organizaciones criminales, estas, por el contrario, estas han sido muy receptivas con la propuesta gubernamental. Desde el principio han manifestado con cartas y comunicados su deseo de iniciar acercamientos con el Gobierno, han delegado en abogados poderes para que los representen y, además, han buscado pactar ceses al fuego y de hostilidades y cumplir lo prometido. Las críticas, en su lugar, provienen de algunos partidos políticos y de grupos de la sociedad civil, quienes ven en la propuesta de ley de sometimiento un tratamiento especial a los criminales, esto, a pesar de que la norma insiste en que este es un tema de justicia ordinaria. Para los apáticos es inaceptable que el Gobierno quiera “negociar con hampones”, como si estos grupos tuvieran alguna ideología política; y cuestionan la propuesta de ley, pues se les ofrece a criminales “incentivos” para que se acojan a la justicia. Desean, en cambio, que los “bandidos” sean perseguidos y capturados por la Fuerza Pública, judicializados y encarcelados para que paguen por sus acciones. Esta situación de cuestionamiento y malestar ciudadano evidencia, por lo menos, tres asuntos presentes en la sociedad colombiana. La primera es lo incómoda que la ciudadanía se siente frente a estos actores armados. El crimen organizado es un fenómeno que se ha generalizado en el país. Es casi imposible hallar un sitio en el territorio nacional –sea un municipio, un barrio o una vereda– en el que no tenga presencia una organización delictiva o criminal. Su presencia se ha convertido en una variable que todo mundo reconoce y detesta. Las organizaciones criminales han experimentado un crecimiento asombroso en los últimos 20 años. Son grandes conglomerados, medianas empresas y pequeños emprendimientos dedicados a negocios ilícitos: trafican con drogas, extorsionan a comerciantes e industrias y poseen un extenso portafolio de actividades ilícitas, con el que logran regular la venta de arepas o gaseosas y ofrecer al mismo tiempo sofisticados armamento a otras organizaciones criminales o servicios de seguridad privado. La segunda situación que se evidencia es lo poco acostumbrado que estamos a negociar con organizaciones criminales. Son cuarenta años de negociaciones de paz con grupos guerrilleros o alzados en armas, las cuales, a pesar de los vacíos, han dejado buenas experiencias, de allí que hemos aprendido a tolerar y aceptar las negociaciones políticas y, por tanto, la oposición a nuevas mesas con el ELN y las disidencias de las FARC es menor. Pero la experiencia con las negociaciones y los sometimientos de organizaciones criminales no ha sido satisfactoria. Tanto la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín, en los noventa, como la desmovilización de los grupos paramilitares, en el dos mil, no dejaron buenos resultados: no hubo verdad, ni justicia, ni reparación. De allí que la gente tiene muchas reservas con los procesos de paz y los sometimientos de los criminales. Finalmente, tenemos que reconocer que como sociedad conocemos muy poco a estas estructuras criminales. Estamos frente a un fenómeno que cambia permanentemente, tanto en el tiempo como en el espacio, pues una cosa eran los negocios en el decenio de 1980 y otra lo es hoy: mientras hace cuatro décadas los criminales se dedicaban al tráfico internacional de cocaína o al sicariato, hoy los negocios son la extorsión y la prostitución; o mientras en Bogotá crece hoy la extorsión y el microtráfico, en el Urabá lo hace el tráfico de personas, y en otros lugares la minería ilegal, la deforestación o los juegos de azar. No estamos en presencia de simples negocios, sino de complejas actividades económicas con una diversidad de redes y alto grado de organización. Hoy conviven en el país grandes empresas criminales –Grupos armados organizados (GAO)– que tienen presencia en varios territorios y muchas relaciones con el exterior. Hay también empresas medianas, cuyo accionar es en una gran ciudad o una región y que se les conoce como grupos delictivos organizados. Finalmente, pululan por todos lados microempresas u organizaciones criminales difusas, con accionar en un barrio o sector que venden drogas y que no se imaginan ni les interesa saber quién es el que le suministra los bienes ilegales que ofrecen. En síntesis, muchas personas repudian la propuesta de una Paz Total con las organizaciones criminales, pues su vida cotidiana está afectada por los negocios criminales, no hay experiencias positivas que generen confianza en el proceso que se inicia y son un fenómeno social que se desconoce casi en su totalidad, a pesar de convivir con él. Las víctimas no quieren pasar de nuevo por la situación de escuchar largos silencios en las audiencias públicas o recibir miserias de sus victimarios sabiendo que están tapados en plata. A pesar de las críticas, hay que reconocer que este componente de la Paz Total abre algunas ventanas de oportunidades para la sociedad. Una, es que permite enfrentar el componente que más violencia genera en el país. El crimen organizado se ha convertido en un gran cáncer que es necesario atender y controlar. La opción de sometimiento colectivo abre la posibilidad de reducir el fenómeno criminal, aunque sea por un tiempo, pues hay que ser realistas, mientras no se acabe con los incentivos económicos seguirán apareciendo empresarios de este tipo. Son actores criminales que tienen las capacidades para subsistir, permanecer, mutar y sobrevivir en un entramado organizativo e institucional. Otra, es que tenemos una oportunidad con la propuesta de Ley de Sometimiento de avanzar en el conocimiento en este cambiante fenómeno. La Ley propone que será compromiso de los acogidos brindar información valiosa sobre el accionar de las organizaciones, la forma de operar y de ejercer violencia en los territorios. Y aquí seamos soñadores: para las víctimas se abre la posibilidad de acceder a la verdad y obtener reparación, incluso esta es una idea incorporada en la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Nacional –artículo 168, Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)–. Esta es una magnífica oportunidad para conocer el lado oscuro de la luna, para tener información sobre su estructura externa y el relacionamiento con otras organizaciones –redes–. Para indagar por la manera como internamente operan en el mundo criminal y con ello saber sobre sus jerarquías, establecimiento de mandos y burocracias. En especial, para conocer los factores de permanencia del crimen organizado en Colombia. Pues, a pesar de las políticas de seguridad, estas agrupaciones criminales siguen surgiendo y expandiéndose en el país. Continúan vinculando a la población y sus jóvenes en el uso de la violencia para seguir operando sus negocios ilegales. De allí que será necesario avanzar en conseguir información de primera mano para tomar mejores decisiones; información que nos sirva para construir una radiografía y un análisis de sus estructuras y actividades en todos los territorios y dar pasos más firmes en un problema que nos está destruyendo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Garzón y Natalia Reina, Línea de Democracia y Gobernabilidad El 03 de marzo de 2023, nuestro medio aliado de la Red Lidderat, Citará News, en compañía de otros reputados periodistas, convocaron el primer debate de precandidatos a la Alcaldía de Quibdó. Al llamado asistieron los precandidatos Walter Arango, Luis Gregorio Mosquera, Jader Cuesta, Modesto Serna y, virtualmente, Santiago Blandón y Darwin Lozano. Estos dos últimos abandonaron el debate por temas de conexión después de la primera ronda de preguntas. En este primer encuentro se trataron principalmente dos temas: desarrollo económico y seguridad. Lamentablemente desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no pudimos hacer seguimiento a todo el encuentro por problemas de transmisión, pero aplaudimos que se hagan estos ejercicios que le permiten a la ciudadanía conocer las ideas que llevarán los candidatos a sus campañas sobre los temas que deben resolverse en la capital chocoana. Sobre el primer tema, empleo y desarrollo económico, las respuestas de los candidatos variaron, pero la mayoría coincide en buscar caminos para aumentar el interés inversionista en Quibdó. Walter Arango mencionó la posibilidad de reinvertir los impuestos para bajar la tasa de desempleo. Luis Gregorio Moreno habló de las posibilidades de crear un capital semilla para los emprendedores quibdoseños, algo así como $5000 millones para la primera fase. Por su parte, Jader Cuesta fue el más incisivo al decir que hay que definir el modelo de ciudad porque hoy Quibdó “no tiene un producto ni una eficiente prestación de un servicio que lo identifique”. Habló de un programa, “Empleos para la paz”, que suena bastante factible porque serían apenas 600 empleos en oficios varios, como el de barrer las calles. Modesto Serna centró su respuesta en los asuntos culturales, en tener en cuenta la idiosincrasia y trabajar de la mano de los dueños del territorio, en este caso, los Consejos Comunitarios y las comunidades indígenas. Para él “la educación es una aliada estratégica para la generación de empleo”. Finalmente, de los candidatos que respondieron virtualmente, Blandón habló de reactivar el campo y crear empresa a escala industrial, de invertir en sectores como el de las gaseosas. Darwin Lozano de la importancia de desarrollar políticas públicas, sin hacer énfasis en cuáles y por qué. Sobre la promoción del desarrollo económico, Blandón habló de incentivar el turismo y del desarrollo de un modelo de competencia con perspectiva de género. A su vez, Modesto Serna habló de lo que podríamos denominar un tipo de “autarquía”, que en Quibdó se produzcan los productos que se consumen y no todos tengan que provenir de otros municipios o departamentos del país. También de la necesidad de crear un fondo de emprendedores para que las personas no deban recurrir a las economías de préstamo informales o “gota a gota”. Jader Cuesta explicó su idea de centrarse en la producción de más de 150 productos que podrían hacerse en Quibdó y que con ello podría haber una proyección de “más de 500 empresas”. Fue, a su vez, el precandidato que más énfasis hizo en la importancia de mirar campos de desarrollo laboral como la programación, pues hoy es de los que más demanda y mejores salarios tiene. Al abordar los temas de seguridad, hay que tener en cuenta que en Quibdó la seguridad se ha deteriorado en el último año y que la principal queja de sus habitantes está relacionada con la extorsión y con el aumento en la tasa de homicidios, principalmente de hombres jóvenes. Las respuestas de los candidatos variaron entre lo imperioso de crear empleos y alternativas para que los jóvenes no se vinculen a los grupos armados ilegales y la necesidad de mejorar el pie de fuerza de la policía. Ninguno de los candidatos planteó programas muy específicos para que los jóvenes no se vinculen a las economías criminales. Walter Arango, por ejemplo, mencionó que se debe conocer lo que “ellos” (los jóvenes) quieren y pedirle ayuda al Gobierno Nacional para los recursos. Por su parte, Luis Gregorio Mosquera propuso que se destinaran recursos para la construcción de escenarios deportivos y volvió a mencionar los capitales semilla para promover emprendimientos. Jader Cuesta habló del vínculo entre el empleo y el desincentivo a entrar en los grupos armados y puso sobre la mesa, de nuevo, la necesidad de promover la enseñanza de ciencia y tecnología para ello. Modesto Serna prefirió hacer hincapié en el mejoramiento del aparato de fuerza pública, particularmente el de la policía. Sobre cómo mejorar la seguridad, el único que se distancia del aumento de pie de fuerza y la capacidad de acción de la policía es Jader Cuesta, que insiste en que el problema pasa por las oportunidades que tienen los jóvenes para no alimentar las redes criminales. Los demás coinciden, a grandes rasgos, en que la seguridad se mejora si la policía tiene mejores condiciones y mayor número de uniformados para actuar. La carrera por la Alcaldía que hoy ocupa Martín Sánchez Valencia apenas comienza. Sánchez Valencia llegó allí siendo conservador y por el acuerdo entre liberales (el cordobismo) y conservadores, que permitió además que Ariel Palacios llegara a la gobernación. Hasta ahora su alcaldía ha pasado más pena que gloria, por la inacción y los escándalos en los que se ha visto involucrada, incluidas las denuncias del personero Domingo Ramos sobre los vínculos de Sánchez Valencia con las amenazas en su contra. Algunos de los candidatos al finalizar el debate hicieron un llamado para que los candidatos que provienen de fuerzas políticas tradicionales participen en estos espacios y pueda conocerse lo que le proponen a los quibdoseños. La capital del Chocó tiene aún muchos problemas sin resolver, los servicios públicos, la violencia, la criminalidad y la falta de empleo sin duda están en el top de los más urgentes. Desde Pares seguiremos poniendo la lupa al proceso electoral, apoyándonos en las iniciativas de periodismo independiente como Citará News, que hoy abren espacios para el debate público.