Por: Daniela Garzón y Natalia Reina, Línea de Democracia y Gobernabilidad El 03 de marzo de 2023, nuestro medio aliado de la Red Lidderat, Citará News, en compañía de otros reputados periodistas, convocaron el primer debate de precandidatos a la Alcaldía de Quibdó. Al llamado asistieron los precandidatos Walter Arango, Luis Gregorio Mosquera, Jader Cuesta, Modesto Serna y, virtualmente, Santiago Blandón y Darwin Lozano. Estos dos últimos abandonaron el debate por temas de conexión después de la primera ronda de preguntas. En este primer encuentro se trataron principalmente dos temas: desarrollo económico y seguridad. Lamentablemente desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no pudimos hacer seguimiento a todo el encuentro por problemas de transmisión, pero aplaudimos que se hagan estos ejercicios que le permiten a la ciudadanía conocer las ideas que llevarán los candidatos a sus campañas sobre los temas que deben resolverse en la capital chocoana. Sobre el primer tema, empleo y desarrollo económico, las respuestas de los candidatos variaron, pero la mayoría coincide en buscar caminos para aumentar el interés inversionista en Quibdó. Walter Arango mencionó la posibilidad de reinvertir los impuestos para bajar la tasa de desempleo. Luis Gregorio Moreno habló de las posibilidades de crear un capital semilla para los emprendedores quibdoseños, algo así como $5000 millones para la primera fase. Por su parte, Jader Cuesta fue el más incisivo al decir que hay que definir el modelo de ciudad porque hoy Quibdó “no tiene un producto ni una eficiente prestación de un servicio que lo identifique”. Habló de un programa, “Empleos para la paz”, que suena bastante factible porque serían apenas 600 empleos en oficios varios, como el de barrer las calles. Modesto Serna centró su respuesta en los asuntos culturales, en tener en cuenta la idiosincrasia y trabajar de la mano de los dueños del territorio, en este caso, los Consejos Comunitarios y las comunidades indígenas. Para él “la educación es una aliada estratégica para la generación de empleo”. Finalmente, de los candidatos que respondieron virtualmente, Blandón habló de reactivar el campo y crear empresa a escala industrial, de invertir en sectores como el de las gaseosas. Darwin Lozano de la importancia de desarrollar políticas públicas, sin hacer énfasis en cuáles y por qué. Sobre la promoción del desarrollo económico, Blandón habló de incentivar el turismo y del desarrollo de un modelo de competencia con perspectiva de género. A su vez, Modesto Serna habló de lo que podríamos denominar un tipo de “autarquía”, que en Quibdó se produzcan los productos que se consumen y no todos tengan que provenir de otros municipios o departamentos del país. También de la necesidad de crear un fondo de emprendedores para que las personas no deban recurrir a las economías de préstamo informales o “gota a gota”. Jader Cuesta explicó su idea de centrarse en la producción de más de 150 productos que podrían hacerse en Quibdó y que con ello podría haber una proyección de “más de 500 empresas”. Fue, a su vez, el precandidato que más énfasis hizo en la importancia de mirar campos de desarrollo laboral como la programación, pues hoy es de los que más demanda y mejores salarios tiene. Al abordar los temas de seguridad, hay que tener en cuenta que en Quibdó la seguridad se ha deteriorado en el último año y que la principal queja de sus habitantes está relacionada con la extorsión y con el aumento en la tasa de homicidios, principalmente de hombres jóvenes. Las respuestas de los candidatos variaron entre lo imperioso de crear empleos y alternativas para que los jóvenes no se vinculen a los grupos armados ilegales y la necesidad de mejorar el pie de fuerza de la policía. Ninguno de los candidatos planteó programas muy específicos para que los jóvenes no se vinculen a las economías criminales. Walter Arango, por ejemplo, mencionó que se debe conocer lo que “ellos” (los jóvenes) quieren y pedirle ayuda al Gobierno Nacional para los recursos. Por su parte, Luis Gregorio Mosquera propuso que se destinaran recursos para la construcción de escenarios deportivos y volvió a mencionar los capitales semilla para promover emprendimientos. Jader Cuesta habló del vínculo entre el empleo y el desincentivo a entrar en los grupos armados y puso sobre la mesa, de nuevo, la necesidad de promover la enseñanza de ciencia y tecnología para ello. Modesto Serna prefirió hacer hincapié en el mejoramiento del aparato de fuerza pública, particularmente el de la policía. Sobre cómo mejorar la seguridad, el único que se distancia del aumento de pie de fuerza y la capacidad de acción de la policía es Jader Cuesta, que insiste en que el problema pasa por las oportunidades que tienen los jóvenes para no alimentar las redes criminales. Los demás coinciden, a grandes rasgos, en que la seguridad se mejora si la policía tiene mejores condiciones y mayor número de uniformados para actuar. La carrera por la Alcaldía que hoy ocupa Martín Sánchez Valencia apenas comienza. Sánchez Valencia llegó allí siendo conservador y por el acuerdo entre liberales (el cordobismo) y conservadores, que permitió además que Ariel Palacios llegara a la gobernación. Hasta ahora su alcaldía ha pasado más pena que gloria, por la inacción y los escándalos en los que se ha visto involucrada, incluidas las denuncias del personero Domingo Ramos sobre los vínculos de Sánchez Valencia con las amenazas en su contra. Algunos de los candidatos al finalizar el debate hicieron un llamado para que los candidatos que provienen de fuerzas políticas tradicionales participen en estos espacios y pueda conocerse lo que le proponen a los quibdoseños. La capital del Chocó tiene aún muchos problemas sin resolver, los servicios públicos, la violencia, la criminalidad y la falta de empleo sin duda están en el top de los más urgentes. Desde Pares seguiremos poniendo la lupa al proceso electoral, apoyándonos en las iniciativas de periodismo independiente como Citará News, que hoy abren espacios para el debate público.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023 Esta semana del 06 al 11 de marzo será la última semana del segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Hay expectativa por los resultados y propuestas que la mesa presente en los temas de participación de la sociedad en la construcción de paz, lo que logren avanzar para establecer un cese bilateral del fuego y hostilidades, con el reto de definir qué asumen las dos partes como hostilidades, y las nuevas medidas humanitarias. Podemos dar por descontado que de este ciclos saldrá la agenda firmada que guiará este proceso. Seguramente, como ya lo hemos dicho, veremos firmada la misma agenda que se firmó el 30 de marzo de 2016 en la ciudad de Caracas entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN. En aquél momento fueron protagonistas de la firma Frank Pearl, José Noé Ríos y el General Eduardo Herrera Berbel por parte de Gobierno, y por parte del ELN, Antonio García, Pablo Beltrán y María Vásquez (Paula), quien falleció de muerte natural en 2018. La agenda que se firmará al cierre de este ciclo, vendrá con énfasis en los temas de género, étnicos, ambientales y de transición energética. Veremos qué otras novedades trae. Es posible que esta semana el ELN libere en Arauca al Sargento Libey Danilo Bravo, quien está en su poder hace dos semanas y que este grupo guerrillero ha anunciado que será liberado. Esta liberación mostrará la voluntad de distensión del ELN y su interés en avanzar en un cese bilateral y de hostilidades. Sobre la semana reportada en esta bitácora vemos los siguientes temas a resaltar: 1. La participación con propuestas de la delegación de diálogo del ELN sobre medidas frente a la población carcelaria. Allí resalta la propuesta presentada por Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN, sobre una reducción del 20% de las penas sin importar el delito, lo cual por supuesto es un tema sensible que debe ser analizado. 2. Desde muchos sectores sociales hay pronunciamientos sobre la importancia de encontrar medidas humanitarias para las comunidades que sufren la continuidad de las violencias. 3. Antonio García, primer comandante del ELN, ha presentado reflexiones sobre el alcance de la acción del gobierno, las posibilidades de avanzar en transformaciones y lo que él considera los límites de una acción reformista. Sin duda consideraciones importantes para este proceso de paz en curso. 4. Dayana Domicó es indígena Emberá y hace parte de la delegación del gobierno colombiano para el proceso de diálogo y negociaciones con el ELN, en esta entrevista con Gloria Castrillón habla de la experiencia y su participación en esta importante iniciativa. 5. El senador Iván Cepeda en entrevista con Caracol Radio se refiere a los desarrollos del segundo ciclo, igualmente se refiere al proceso de construcción del cese bilateral y entre otros asuntos las supuestas amenazas del ELN sobre grandes ciudades. 6. Pablo Beltrán, en entrevista con la agencia EFE, se refiere a la permanencia del ELN en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y la importancia de ser sacados de ella. 7. Pablo Beltrán, en entrevista con RTVC, se refiere a varios temas del desarrollo del segundo ciclo de diálogos y negociaciones y otros temas de interés, entre ellos la caracterización del ELN y las supuestas amenazas sobre las ciudades de las que se ha hablado en las dos últimas semanas. 8. La Unidad para las Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado de Paz construirán ruta de trabajo en ocho regiones para concertar mecanismos de participación de las voces del territorio. 9. En Arauca capital se hizo una movilización por la paz. Arauca es un territorio con importante presencia del ELN y donde el conflicto armado es intenso en las últimas semanas a causa de una confrontación abierta entre el ELN y las estructuras disidentes de las FARC. 10. El padre Jesús Albeiro Parra Solís habla sobre el acompañamiento que ha venido adelantando la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano a la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional. 11. Reporte sobre la situación humanitaria que se vive en los municipios de Novita y Sipí en la región del San Juan, donde se vive una crítica situación. 12. La Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre la situación humanitaria en Nóvita y Sipí. 13. Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN, propone unas consideraciones e iniciativas frente a la política carcelaria. El ELN insiste en medidas no solo frente a sus presas y presos, también lo hace frente al conjunto de la población carcelaria. 14. Bernardo Téllez, de la delegación de diálogo del ELN, presenta consideraciones sobre la situación de la población en situación de reclusión, hace énfasis en las condiciones infrahumanas en las que viven y la importancia de unas transformaciones. 15. Reflexiones de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán e integrante de la delegación de diálogo y negociaciones con el ELN. 16. Un reporte del segundo ciclo en el que se referencian las propuestas presentadas por la delegación del ELN, haciendo énfasis en la presencia de Colombia en la OTAN, los temas de las políticas antidrogas, la situación carcelaria y los mensajes presentados por Pablo Beltrán a una cumbre de paz que sesionó en México, que fue una iniciativa ciudadana. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista La corrupción es un problema que afecta a todos los países del mundo, y Colombia no es una excepción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, el país obtuvo 39 puntos sobre 100, evidenciando la persistencia de serias problemáticas estructurales que afectan a toda la población. Por esta razón, es crucial que el Gobierno tome medidas con mayor contundencia y actúe para combatir el delito que desde diferentes sectores, ha generado profundas brechas de desigualdad y pobreza en el país. Sin embargo, parece que algunos políticos aún no han entendido la importancia y su papel para implementar soluciones. Vale la pena resaltar la postura del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a las altas cortes en la Casa de Nariño, en noviembre del año pasado. Este hecho generó una gran indignación entre los magistrados, que expresaron desaires y un sentido de humillación a causa de la falta por parte del mandatario. Si bien el problema de la corrupción es complejo y difícil de abordar, es necesario asumir una postura desde el Gobierno que contemple el fortalecimiento de la justicia, los procesos de investigación, las recomendaciones sobre transparencia para detectar a tiempo el delito y así mismo, medidas efectivas para prevenirlo. En la misma línea, el Senador Iván Cepeda respaldó a León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y sus propuestas para abordar la problemática histórica en Colombia. Cabe resaltar que durante los últimos años, se han reportado varios casos de corrupción que han sacudido el país. A continuación, se presentan algunos de los casos de corrupción más sonados en Colombia: Odebrecht: Este caso de corrupción es uno de los más conocidos a nivel mundial, y Colombia no fue la excepción. Se trata de una empresa brasileña de construcción que admitió haber pagado sobornos a funcionarios públicos de varios países para obtener contratos de obra pública. En Colombia, se han visto implicados varios políticos y empresarios, y las investigaciones siguen en curso. Reficar: La Refinería de Cartagena (Reficar) fue un proyecto de modernización de la refinería más grande de Colombia, con una inversión de más de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el proyecto se convirtió en un caso de corrupción que implicó a varios funcionarios públicos y empresarios, quienes habrían recibido sobornos y generando sobrecostos. AIS: El Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa del gobierno colombiano para impulsar el sector agropecuario del país. Sin embargo, el programa se convirtió en un escándalo de corrupción, ya que se descubrió que algunos de los beneficiarios eran empresas fantasma o políticos que no tenían relación con el sector agropecuario. Corte Suprema de Justicia: En 2017, se destapó un escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en el que varios magistrados habrían recibido sobornos para manipular procesos judiciales. El caso generó gran indignación en el país y llevó a la destitución de varios magistrados implicados. Carrusel de la contratación: Este caso de corrupción se refiere a una red de políticos, empresarios y funcionarios públicos que manipularon procesos de contratación en Bogotá para beneficiarse económicamente. El escándalo llevó a la destitución del alcalde de la ciudad en ese momento, Samuel Moreno, y a la condena de varios implicados en el caso. Estos son solo algunos de los casos de corrupción que han generado un gran impacto en Colombia en los últimos años. Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, enfatizó en la importancia de que el Gobierno de Gustavo Petro aborde el problema de la corrupción, ya que esto fue parte de su agenda de campaña. Además, esta problemática desvía una gran cantidad de recursos salariales que podrían destinarse a la solución de múltiples problemas en el país. (Ver: ¿Quiénes son los políticos conservadores presuntamente involucrados en el escándalo de los OCAD-Paz?) Garzón también enfatizó que es sumamente difícil abordar los graves problemas de Colombia, como la pobreza, la criminalidad y las economías ilegales, sin abordar primero la corrupción, ya que esta se alimenta de cada uno de ellos. La investigadora citó el caso reciente (2022) del senador liberal Mario Castaño, quien lideró una estructura criminal en complicidad con alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, y se apropió de recursos multimillonarios de la administración pública que provenían del patrimonio del Estado. (Ver: Mario Castaño aceptó delitos por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia) Según Garzón “el Gobierno tiene un margen de maniobra limitado en cuanto a la agenda anticorrupción, ya que "actualmente, ir en contra de los políticos podría perjudicar la aprobación de las reformas en el Congreso. Se encuentra en una encrucijada, ya que si el gobierno persigue a los políticos corruptos, es posible que pierda su apoyo en el Congreso para la aprobación de las reformas”. Cabe recalcar que según Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 91 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022. Aunque la calificación obtenida no varió respecto al año pasado, Colombia cayó cuatro puestos en el ranking global debido a que cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021, lograron mejorar su desempeño. A nivel mundial, la calificación promedio se mantuvo sin cambios en 43 sobre 100 y más de dos tercios de los países tienen un grave problema de corrupción. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda tuvieron el mejor desempeño en el IPC 2022, mientras que Yemen, Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Somalia siguen siendo los países peores calificados. En las Américas, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo; Canadá, Uruguay y Estados Unidos tuvieron la mejor calificación, mientras que Venezuela, Haití y Nicaragua fueron los peores calificados. Ante esta situación, Transparencia por Colombia señaló que la corrupción aún no ha sido contrarrestada de manera suficiente y se requieren medidas para abordar la corrupción que aumenta los niveles de conflictividad en el país, fortalecer la identificación de riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz y contrarrestar los efectos de la misma en la calidad de vida, los derechos humanos y el ambiente. Además, menciona que se necesita una visión clara del Gobierno para combatir la corrupción, incluyendo un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por: María Victoria Ramírez Piangüita de los raiceros yo te quiero sacá pa’ comprame un vestido pa’ la noche de navidá. Con diez docenas de piangua que yo pueda sacá la negrita tiene su pinta pa’ la noche de navidá. Piangüita de los manglares que en los raiceros está no te me pongas difícil y dejate pescá. A los negritos del puerto el niño Dios les llegará si sudan sacando piangua en los raiceros del manglar. Piangüita de los raiceros por Dios dejate sacá que me mata la tristeza si no estreno en navidá. Mary Grueso Romero[1], Ese otro yo que sí soy yo En un pequeño archipiélago, a una hora y media en lancha de Buenaventura, se encuentra la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga, una organización conformada por 28 afrocolombianas, que adelanta iniciativas de capacitación y fortalecimiento con las 114 mujeres que en esa zona se dedican a la recolección del molusco como actividad económica. En su página de Facebook expresan que la Asociación “da a conocer los procesos de conservación que se vienen realizando en el territorio mediante el monitoreo del manglar y el molusco piangua”. La Asociación está encabezada por Matilde Mosquera, una mujer de 26 años, estudiante de sociología de la Universidad de Pacífico, que cuenta con el apoyo de las mujeres de la comunidad que reconocen en ella liderazgo y capacidad técnica. Las mujeres de la Asociación han recibido capacitación y se han certificado como monitoras de piangua y manglar, esto las autoriza para velar porque la explotación de la piangua se haga con apego a las normas ambientales que determinan un límite mínimo en el tamaño de la piangua que se extraiga. Ellas son las que vigilan los manglares y prohíben la extracción de pianguas de menos de 5 centímetros; también velan por que no se talen los manglares y ponen los manglares en periodos de descanso y reproducción, para ello realizan actividades de concientización con la comunidad en general del archipiélago. Ser monitora de manglar las dota de la autoridad para sacar de su territorio a quienes infrinjan las normas sobre explotación de los recursos naturales que están encargadas de cuidar. Según Matilde, la asociación cuenta con recursos para la compra de piangua, mediante un proyecto piloto que les ha permitido comercializar y realizar convenios con otras organizaciones para eliminar intermediarios en la cadena de distribución. Hace alrededor de un año crearon un fondo rotatorio para ayudar a sus asociadas a atender emergencias de salud, entre otras necesidades. Han logrado que el 54% de ellas se haya beneficiado del fondo. ¿Pero cómo es el oficio de pianguar? Así lo describe el artículo El oficio de las mujeres piangüeras, una tradición del pacífico colombiano: “cuando la marea ha bajado en los manglares y las raíces de los árboles adaptados a las aguas saladas quedan al total descubierto, las mujeres salen en grupo, en lanchas, van hacia las raiceras, van armadas con sus baldes y canastos. Algunas mujeres llevan gorra, pues el sol es totalmente abrasador. Algunas van en vestidos, otras en camisa y pesqueros, pero todas van trepando entre el marañal de raíces, haciendo equilibrio y balanceándose entre los árboles, para después enterrar sus pies en suelo lodoso y salado. Escarban en aquel barro por horas. Mientras buscan y miden las pianguas hablan entre ellas, se cuentan chismes y cantan. Aman cantar”. María Mercedes Jaramillo, del Fitchburg State College, escribe en 2005 sobre la obra de Mary Grueso, a propósito de la relación del pueblo del Pacífico con su entorno: El rico y complejo legado cultural de origen africano de las gentes del Litoral Pacífico aflora en diversos aspectos de la vida cotidiana; así, cantos, actitudes, ritos, danzas, creencias, tradiciones se nutren en esa memoria. Con estos elementos se organiza el quehacer existencial y se nutren comportamientos y sistemas de socialización que les han permitido a los afrocolombianos sobrevivir las duras condiciones de la esclavitud y de la marginación. Sin duda alguna, Grueso Romero es consciente de la importancia de conservar esa memoria y por eso, recoge rimas, refranes, giros, mitos, cantos, y “juegos fonéticos y lingüísticos” característicos de la región (Alaix, 183). En su obra se plantea su destino personal insertado en el destino de la comunidad y afianzado en el entorno del paisaje marino. El canto acompaña el inicio de la faena ardua en el que las mujeres piangueras se entierran en el lodo del manglar durante extensas jornadas para extraer el molusco. Ese recurso que hoy se encuentra en peligro por la contaminación y tala del manglar, además de la extracción indiscriminada del molusco, encuentra en la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga una fuerza colectiva dispuesta a proteger el ecosistema. Estas mujeres negras, enterradas en el lodo negro, para extraer el molusco negro con que alimentan a su comunidad, que pese a las condiciones difíciles que entraña su trabajo, son conscientes de que su labor es estratégica, que está conectada con la supervivencia de su comunidad y conservación del oxígeno vital para la perpetuación de la vida en todas sus manifestaciones. [1] Mary Grueso Romero (Guapi, 1947) inició sus estudios en el Litoral y obtuvo su título de Maestra Bachiller en la Universidad del Quindío, luego se especializó en gestión de proyectos culturales y en lúdica en la Universidad los Libertadores de Bogotá. Trabaja en recreación y desarrollo cultural y es una de las participantes del grupo de poetisas del Museo Rayo en Roldanillo.

Por: Luis Eduardo Celis Está en curso el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, este ciclo se desarrolla en México, inició el lunes 13 de febrero y debe concluir la próxima semana, tras completar cuatro semanas de trabajo. Las dos delegaciones han presentado mensajes coincidentes en la instalación de este segundo ciclo, haciendo énfasis en que hay compromiso y voluntad por construir conjuntamente nuevas realidades que hagan posible la concreción de un acuerdo de paz. El Gobierno Colombiano y el ELN tienen enormes coincidencias que hacen que este proceso de paz vaya hacia adelante, ambos tienen pasión por la más amplia y diversa participación de la sociedad. Ambos saben y trabajan por cambios que hagan posible que el estado social y de derecho formulado en la Constitución Nacional del 91 sea realidad más allá de la formalidad y el papel. Sobre la participación de la sociedad para la construcción de la paz hay un trabajo adelantado durante los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, sobre estos acumulados hoy se puede avanzar, hay que esperar qué sale de este ciclo en un punto que es vital para que esta mesa gane dinámica y pueda promover acción social y ciudadana en una perspectiva de transformaciones y cambio. La participación va a tener a los territorios donde persiste la acción armada del ELN como uno de los escenarios clave, hay que escuchar a las comunidades, los gremios, los gobiernos locales de Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Cesar, buena parte del Pacífico colombiano, al Cauca y Nariño, el bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Estos serán territorios clave para promover diálogos ordenados, propositivos y eficientes en el uso del tiempo, para construir un conjunto de propuestas transformadoras que nutran este acuerdo, eso es perfectamente viable y se puede hacer en los próximos diez meses y sería deseable que, en un primer impulso de estos diálogos entre marzo y abril, se construyan propuestas que puedan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso Nacional. Las propuestas transformadoras que han presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tanto las incluidas en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, como las apuestas de cambio en salud, pensiones y temas laborales, pueden ser temas a discutir en esta dinámica de participación, junto a otros que están bien arriba en la agenda pública, como los temas rurales, el ordenamiento democrático del territorio y la transición energética, por mencionar algunos. La agenda de gobierno con respaldo social debe concurrir a este proceso de diálogo y negociaciones que se adelanta con el ELN. En el tema de la participación de la sociedad en la construcción de paz se pueden promover múltiples escenarios y procesos territoriales y temáticos, reconociendo lo que ya existe como espacios y procesos de participación, donde hay una riqueza acumulada que reconociéndola puede potenciar este esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el ELN. Lograr un cese bilateral de fuego y hostilidades ha sido parte de este ciclo en México, ya veremos qué tanto logran avanzar en un punto en el que igualmente hay la fundamental identidad de adelantar estos diálogos y negociaciones sin los estruendos de las balas y las bombas. Es un punto con muchos detalles por acordar, en el que las dificultades no son pocas, pero de eso se trata este proceso, de reconocer dificultades y asumirlas de manera conjunta. Igualmente ha sido materia de diálogo el urgente tema de los asuntos humanitarios, en el que hay mucho por hacer y el tiempo apremia. El sufrimiento es permanente y el Gobierno y el ELN lo saben. Vamos a ver qué nuevas formulaciones logran establecer, con el importante precedente de la Caravana Humanitaria ya desarrollada y la prioridad de las presas y los presos del ELN que, en la voz de Pablo Beltrán, jefe de la delegación de dialogo e integrante del Comando Central del ELN, son 620 personas, recluidas en las cárceles colombianas, las cuales pueden ser protagonistas de este proceso de paz. De este ciclo vamos a tener con seguridad la agenda acordada y firmada como guía de todo el proceso, es un ciclo muy importante para que estos diálogos y negociaciones tomen en buen ritmo de trabajo y logros compartidos, que se requiere como señal inequívoca de que estamos ante un proceso que lo tiene todo para ir hacia adelante. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista Cuerpos encarcelados, dispuestos en filas bajo el más perfecto control de una fuerza policial aparentemente rígida, implacable, que conduce grupos de personas en los que la identidad individual se pierde en un mar de rostros aterrorizados, cabezas rapadas mirando el suelo y cuerpos tatuados. El video que subió esta semana el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a sus redes sociales dividió la reacción del público entre quienes ven en esto una fuerza digna de alabanza y quienes se preocupan por la violación de los derechos humanos. Tanto Bukele como sus simpatizantes y otros grupos, respondieron a quienes se preocuparon por las violaciones a los derechos humanos de los encarcelados, argumentando que antes no se habían preocupado por el derecho humano de las víctimas que por años sufrieron bajo el control de las pandillas salvadoreñas. Bukele y sus simpatizantes enredan así a sus interlocutores con un argumento de suma cero, según el cual la preservación de los derechos humanos de un grupo de personas solo puede pasar en detrimento de los derechos de otros. Bukele gradualmente se ha ido transformando a sí mismo en un símbolo político de manera peligrosa y que prenuncia un futuro incierto para El Salvador. Es innegable que la desarticulación de las pandillas trae beneficios para la sociedad salvadoreña, un notable desarrollo social económico en el país ha traído como consecuencia el crecimiento de la popularidad del presidente, que cuenta con el 89,5% de aprobación de la sociedad frente a la guerra del Estado contra las pandillas. Pero la peligrosa acción política de Bukele no está per se en el combate a estos grupos, sino en la instrumentalización narrativa que utiliza para promover su imagen personal como un salvador, un mensajero de Dios, una figura ciertamente mesiánica que diverge de todos los que le hacen oposición, sean actores domésticos o internacionales. El presidente Bukele frecuentemente construye su imagen indirectamente como si fuera la única persona posible para redimir los salvadoreños y protegerles del caos y del dominio de las pandillas. Esto lo hace a través de un discurso que, al tiempo, deshumaniza a los pandilleros encarcelados, aísla a los salvadoreños del escenario internacional y de sus instituciones, y se constituye a sí mismo y a las fuerzas policiales como instrumentos de Dios, en una teología política propia. La deshumanización de los pandilleros encarcelados es algo que hace tanto explícita como implícitamente. En un discurso en un evento de graduación de nuevos soldados y policías, luego del inicio del régimen de excepción en El Salvador, en abril de 2022, Bukele empezó refiriéndose a las pandillas como un cáncer para la sociedad salvadoreña. Segundos después dijo que “ahora se esconden como ratas literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, pero que literalmente se esconden en hoyos”. Luego, al final del argumento, el presidente dijo que “por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero es eso o que muramos de cáncer”, haciendo una clara alusión a que se deben eliminar los pandilleros. A lo largo de su mandato y del régimen de excepción, esta deshumanización se ha ido agravando. En noviembre de 2022, Bukele ordenó a la Dirección de Centros Penales destruir lápidas en tumbas que hacían referencia a las pandillas salvadoreñas, impidiendo la identificación de estas por sus familiares, por más que el presidente haya afirmado que “no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba”. Esta acción se basó, según Bukele, en una interpretación del Decreto No. 458 de 2011, que prohíbe las referencias públicas apologéticas a las pandillas (grafitis o publicidad, por ejemplo). En su discurso, el presidente compara la situación salvadoreña al combate del nazismo en Alemania. Asociaciones como esta son presentadas de manera incompleta e involucran a todo el grupo de encarcelados y lo presentan como si fueron todos miembros de las pandillas de El Salvador, cuando estos no pasaron por un juicio ante un tribunal (por cuenta del régimen de excepción que opera actualmente en El Salvador), algo a lo cual incluso los Nazis tuvieron derecho en el tribunal de Nuremberg. El discurso de Bukele está hecho como si no hubieran en El Salvador testimonios de encarcelamientos arbitrarios, sin derecho a un juicio justo y como si la propia figura del presidente en su relación con esas mismas pandillas no fuera dudosa. Junto a la deshumanización, Bukele emprende un esfuerzo aislacionista en la sociedad salvadoreña frente al escenario doméstico e internacional. Es un esfuerzo que, por más que cambie su intensidad con el público a quien se dirige, es consistente en su aislamiento. En el escenario doméstico, su discurso es más agresivo y contundente. El presidente se refirió a las ONG de derechos humanos –entre comillas según Bukele por cuestionar que defiendan derechos humanos– en su discurso en la graduación de nuevos policías y soldados (abril de 2022) en el inicio del régimen de excepción como organizaciones de amigos de pandilleros, aunque haya hecho la salvedad de que “no son la mayoría de la comunidad internacional". Luego afirmó: “¿de que habrán servicio las ONG si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre porque de eso viven”. Posteriormente, en el mismo discurso, hablando de los ingresos de los grupos de pandillas, afirmó que provienen de la extorsión, la venta de droga, los negocios criminales, “aparte del financiamiento que reciben interno y externo de los actores políticos que buscan desestabilizar el país”. Encierra su argumento con un juego de palabras denominando a las ONG de derechos humanos como “ONGs de defensa de derechos de los criminales”. Bukele persistió, en el mismo discurso, en aislar a la sociedad salvadoreña también de sus instituciones. Mencionó que el sistema judicial del país era –una vez que se suspendió por el régimen de excepción– en total corrupto. Lo hizo después de comparar la lucha contra las pandillas con una lucha contra el cáncer, en la cual “es eso o que muramos de cáncer”. Bukele se dirigió a los nuevos policías, afirmando que “me imagino que…ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los tres días salían libres por jueces corruptos”. Construye así una imagen de desconfianza a las instituciones sin emprender esfuerzos para una reforma posterior que ponga garantías o mecanismos de control para solucionar el problema de eventual corrupción de jueces. En efecto, la última reforma judicial firmada en El Salvador por Bukele fue en 2011, con el Decreto No. 144, posteriormente suspendido por la Cámara de Familia, toda vez que fue era un decreto polémico con potencial para jubilar cerca de un tercio de los jueces del país en ese momento. En el escenario internacional, Bukele emprende los mismos esfuerzos de aislamiento, aunque con un discurso más blando, presentando a El Salvador en su discurso a la Asamblea General de la ONU como un vecino pobre siendo demandado por un vecino rico –supuestamente las grandes potencias del sistema internacional– que le quiere impedir reparar su casa por querer “venir a mandar en nuestra casa”. Pide después a la comunidad internacional que “reconozcan nuestros derechos a ser libres, a ser independientes de verdad” y remata diciendo que “estas Naciones Unidas se crearon…con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país…”. El aislamiento que conduce Bukele es así una estrategia discursiva política que debilita sus instituciones democráticas y no pretende ofrecer a la población salvadoreña una mejoría ni una alternativa que no se encuentre en su persona, en su misión y compromiso supuestamente con su pueblo para redimir a El Salvador de su pasado violento. Para esto utiliza una teología política propia, presentándose a sí mismo y su fuerza policial como una herramienta que cumple la voluntad de Dios. En su discurso Cómo estamos logrando la victoria… de noviembre de 2022 presentó la lucha contra las pandillas en un mar de referencias a Dios, al bien y al mal. Afirmó que “nosotros seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle paz, libertad y felicidad a lo pueblo salvadoreño. Y nosotros [él mismo y la fuerza policial, a quien se dirige] somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo”. Luego habló de una degradación de los valores fundamentales en el mundo, valores que se pierden cada vez más, lo que lleva a la degeneración de sociedades que alguna vez fueron grandes. Contrapone esto el escenario de El Salvador bajo su mandato, afirmando que “los valores que antes estaban degradados en nuestro país ahora son los más importantes…¿Cómo no va surgir una nación que pone primero a Dios?”. Estas acciones discursivas constituyen el mayor peligro de Bukele frente al futuro de la sociedad salvadoreña. Con su discurso y acción política, el presidente debilita las instituciones democráticas, construye una fuerza policial subordinada a él y deshumaniza una figura de enemigos que, sin un sistema que les confiera un juicio justo, bien puede ser modelada para conformarse a enemigos políticos, lo que ya sucede con la restricción a libertad de prensa en el país. En su acción político-discursiva, Bukele arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro del país y el posible fin del régimen de excepción.

Por: Katerin Erazo, Periodista El miércoles primero de marzo, en una carretera en el municipio de Dabeiba, Antioquia, fue hallado sin vida el cuerpo de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, mejor conocido como alias “Siopas”, quien era el subcomandante del grupo ilegal Clan del Golfo. El cadáver fue encontrado con heridas de bala en la cabeza. Su vestimenta consistía en un pantalón militar, un buzo negro y botas de caucho. También se conoció que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento, según una publicación que hizo la Revista Semana. Las agencias de inteligencia indicaron que “Siopas” asistió a una reunión con otros líderes del Clan del Golfo en un campamento en la selva chocoana, después de esto sus familiares perdieron su pista a mediados de febrero. Una llamada interceptada por agencias de inteligencia, en la que se escuchó a su madre preocupada por desconocer su paradero, permitió conocer esta información. El asesinato de alias “Siopas” deja incertidumbres, ya que no se ha confirmado el responsable de este hecho, sin embargo, las autoridades manifestaron que aunque aún se encuentran recopilando evidencias y realizando las respectivas diligencias, no descartan la posibilidad de que el crimen haya sido perpetrado por alguien conocido por la víctima, lo que sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas interno que podría señalar hasta algún integrante de la misma estructura a la que pertenecía. Según el medio de comunicación Caracol Radio, alias “Siopas” no estaba de acuerdo con el proceso de Paz Total del Gobierno, al que parece querer adscribirse el Clan del Golfo. Cabe resaltar que este grupo ilegal comenzó los diálogos exploratorios con el Gobierno en 2022. Como voceros de paz, el Clan del Golfo propuso a “Chiquito Malo”, “Gonzalito”, “Negro Perea” “Flechas”, “Byron”, “Chirimoya”, “Alex Sierra” y “Luis Pérez”. Por tal motivo, al parecer, “Siopas” habría intentado formar un grupo ilegal en el norte de Antioquia, a fin de mostrar su rechazo a las negociaciones que se adelantan con el Gobierno Nacional, utilizando para ello dinero, armas y hombres. No obstante, según algunas fuentes que fueron consultadas por las autoridades, el líder del Clan del Golfo, alias “Chiquito Malo”, habría engañado a “Siopas” para citarlo a una reunión bajo el pretexto de solucionar sus diferencias y trabajar juntos, ya que estos dos criminales fueron los candidatos para asumir el liderazgo de esta estructura ilegal tras la captura y extradición de Otoniel (Ver: La compleja estructura detrás del ‘clan del Golfo’). Según León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), cada vez que se inicia un proceso de negociación se presentan muchas disputas debido a las facciones de los grupos armados que quieren participar. Este tipo de hechos, según el director de Pares, se podrían aclarar por medio de los diálogos de paz con el Clan del Golfo, con el fin de tener conocimiento de quiénes de los integrantes de esta estructura tendría voluntad de paz y quiénes no. Por esta misma línea, Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, afirmó que el asesinato de alias “Siopas" sí se considera como un conflicto interno. La razón de esto es que su muerte se produjo debido a las diferencias de opinión y visiones que tenía con alias “Chiquito Malo". Alias “Siopas”, cuyo nombre real es Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, nació el 27 de septiembre de 1980 en Apartadó, Antioquia. A los 15 años se unió a la guerrilla de las FARC, en la que militó hasta 2008, cuando decidió desertar para unirse al Clan del Golfo. En la actualidad, “Siopas” era el segundo al mando del grupo armado ilegal y uno de los cuatro miembros de su Estado Mayor. Además, fungía como comandante del bloque Pacífico, que delinque en la zona del litoral, desde el Chocó hasta Nariño, incluyendo el suroeste antioqueño. Entre las acciones violentas atribuidas a “Siopas” se destacan el ataque contra un capitán del Ejército adscrito al Batallón Energético Vial n.° 22 de la Décimo Octava Brigada, el asesinato de “Churrunana”, un exintegrante del Clan del Golfo en junio de 2019, y el homicidio de Arnulfo Córdoba Quinto, un habitante de Itsmina, Chocó sumado a otros casos de hechos violentos. Es por esta razón que el gobierno del expresidente Iván Duque había asignado una recompensa de hasta $5.000 millones por información que llevara a su captura. Al asesinato de alias “Siopas” se suma el fallecimiento de otro integrante del Clan del Golfo, Omar Noguera Camacho, conocido como “Boyaco”, en Sucre, cuya muerte, que se reportó el pasado fin de semana, estaría relacionada con este mismo hecho. Según las investigaciones, Noguera Camacho era buscado por una Corte en los Estados Unidos por el envío de más de 30 toneladas de cocaína, un delito que lo había convertido en uno de los criminales más buscados del país. Las autoridades colombianas habían ofrecido una recompensa de 115 millones de pesos por información que condujera a su captura desde el año 2017, sin embargo, hasta ahora no habían logrado dar con su paradero. No obstante, con su repentina muerte, es posible que las autoridades encuentren más pistas para descubrir a los responsables detrás de su deceso y así poder esclarecer este hecho. Para Mauricio Valencia, investigador nacional de Pares, la presencia de señales de tortura en los asesinatos de alias “Siopas” y “Boyaco”, así como la exhibición pública de sus cuerpos, podría estar enviando un mensaje a los mismos miembros de la organización criminal a la que pertenecían. Este mensaje tendría como objetivo generar miedo y controlar a aquellos que tengan ideas diferentes al líder o que busquen cambiar la estructura de la organización. El investigador Mauricio Valencia también mencionó que con la muerte de alias “Siopas” podría fortalecer la idea y el propósito de alias “Chiquito Malo” de someterse eventualmente a la justicia. Sin embargo, Valencia aclaró que esto no implica necesariamente que el Clan del Golfo tenga una voluntad real de paz. Es posible que “Chiquito Malo” busque ahora construir legitimidad ante los demás miembros de la organización, teniendo en cuenta que algunos de ellos podrían compartir la misma idea que tenía “Siopas” (Ver: ¿Cese al fuego del Clan del Golfo?). Luego de la muerte de “Siopas” será importante observar la relación entre “Chiquito Malo” y “Gonzalito”, quien ahora sería el segundo líder de la organización criminal según la jerarquía establecida. La dinámica entre estos dos miembros podría ser crucial para comprender el futuro de la organización y sus actividades delictivas. El Clan del Golfo es actualmente el grupo armado con mayor capacidad de violencia y mejor estructurado en Colombia. Según Mauricio Valencia, esta organización cuenta con una amplia presencia en el país, estando presente en 241 municipios, y su influencia es especialmente significativa en zonas como Antioquia, Bajo Cauca, Sucre y Urabá. Dado su poderío, es una de las organizaciones criminales más temidas por la población civil y representa una amenaza constante para la seguridad de los territorios.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su primer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 28 de febrero de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados. Del total de víctimas (64), once (11) fueron asesinadas, diez (10) sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas. En comparación con la violencia electoral sufrida en años anteriores, el número de víctimas de la violencia política permanece en una víctima día por medio, desde el año 2019. Aunque todos los hechos de violencia política tienen graves consecuencias en la calidad de la democracia local, los siguientes llamaron especialmente la atención: - El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra. - El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño. - Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022. - Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:

Por: Oficina Pares Pacífico El pasado 27 de febrero diversas organizaciones juveniles de Buenaventura inscribieron la veeduría ciudadana denominada “Comité Juvenil: nos la jugamos por el CAIJU” para hacer control, vigilancia y seguimiento a la ejecución del proyecto de mejoramiento y dotación del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) del distrito de Buenaventura. Este espacio es de vital importancia porque, como su nombre lo indica, es para el uso prioritario de los y las jóvenes que se han visto atrapadas por las guerras en los últimos años y carecen de diversificación de escenarios para la realización de su ser. Este centro de atención, que fue una donación del Ejército Sur de los Estados Unidos, lleva más una década esperando ser un espacio en que finalmente la juventud de Buenaventura pueda converger, desarrollarse y promoverse. Durante los últimos diez años, varios pronunciamientos y manifestaciones se han desarrollado por parte de los jóvenes en el CAIJU, pidiendo se recupere este espacio tan importante que se ha usado para otros fines y que en muchos casos no ha tenido dolientes desde la institucionalidad. En la actualidad, la juventud bonaverense desde diferentes liderazgos abanderan este proceso para hacer veeduría ciudadana a la ejecución de este proyecto que han esperado por años. Los problemas ya conocidos de corrupción en Buenaventura hacen que este tipo de iniciativas cobren especial relevancia, pues buscan que las pocas obras de inversión que se realizan culminen satisfactoriamente y no se repita lo sucedido con la sede del SENA y la Casa de la Cultura, por dar un par de ejemplos, que llevan más de 5 años en construcción y se desconocen sus fechas de terminación. Por ello, en el último año se han constituidos veedurías para la adecuación de la vía Simón Bolívar, la remodelación del Estadio Marino Klinger y la más reciente: el mejoramiento del CAIJU. Nace la veeduría juvenil Para la conformación de la veeduría se realizó una asamblea el 22 de febrero, para ello, inicialmente se realizó una amplia convocatoria al subsistema de participación juvenil. Del espacio participaron algunos consejeros locales de juventudes de las localidades 1 y 2; la Plataforma Distrital de Juventud que opera en el distrito; los y las jóvenes que usan con regularidad las instalaciones del CAIJU, ya sea para actividades deportivas, artísticas u organizativas; organizaciones juveniles; organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de juventud o vienen trabajando con esta población; y el acompañamiento técnico y logístico del programa Activa Buenaventura y la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con su oficina Pacífico como socia local del Programa Juntos por la transparencia de USAID. De ahí se constituyó la veeduría “Comité Juvenil: nos la jugamos por el CAIJU” de acuerdo a los lineamientos de las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015. Que posteriormente fue inscrita en las oficinas de la Personería para hacer control, vigilancia y seguimiento a cada una de las actividades y etapas contenidas en la ejecución del contrato No. MC-014-2022 ejecutado por la Asociación de Municipios Unidos Del Sur De Antioquia (MUSA) y la contratista Loraine Ximena Ferrin Viafara, con una vigencia de 9 meses. ¿Cuál es el alcance del proyecto del CAIJU? El CAIJU es un escenario de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, en cabeza de alrededor de cien organizaciones juveniles que se encuentran adscritas a la Plataforma Distrital de Juventud, la cual es un escenario de participación ciudadana juvenil establecida por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018. De acuerdo con información de la Alcaldía Distrital: “en años anteriores, el espacio del CAIJU fue utilizado como albergue para familias víctimas del conflicto armado de la comunidad indígena Chagpien. En diciembre de 2020, la administración actual de la Buenaventura con Dignidad, logra, en conjunto con la Unidad para las Víctimas y la Gobernación del Valle, el retorno a su territorio de las familias desplazadas y la reintegración local de otras que se encontraban en este lugar dejando el sitio disponible para su adecuación”. Debido al estado deteriorado del lugar y las constantes exigencias por parte de los jóvenes, se tomó la decisión de realizar su adecuación y dotación. A través del Decreto 2095 de noviembre de 2022 se viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto de mejoramiento de las instalaciones. Inicialmente, el presupuesto destinado era de 500 millones para mantenimiento, pero luego de un diagnóstico preliminar y reuniones con colectivos juveniles quedó establecido un valor de 1.250 millones, incluyendo dotación, para un total 1.575 millones de pesos colombianos. Las principales intervenciones y mejoras para el CAIJU son: Recuperación y dotación de cuatro salones multiuso, con aire acondicionado, televisión de 70’’, sonido y micrófono. Oficina administrativa con sistema de 12 cámaras de circuito cerrado de televisión, y mobiliario. Cambio total de baterías sanitarias cumpliendo la norma para personas con movilidad reducida. Cambio total y ampliación de pisos en cerámica antideslizante. Estucado y pintura de acabado. Recuperación de cocina y comedor tipo cafería. Recuperación y mejoramiento de encerramiento en malla eslabonada con concertina de seguridad. Recuperación de piso y dotación de cancha múltiple. Construcción de canal para agua lluvia en perímetro de la cancha múltiple. Cambio y ampliación de cubierta. Diseño eléctrico con iluminación led en salones, cocina, baños, pasillos y cancha, cumpliendo normatividad RETIE. Recuperación y dotación de caseta de vigilancia y puerta de ingreso. Reparación y mejoramiento de sistema de canalizado de agua lluvia. Recuperación de espacios de esparcimiento, plazoleta para prácticas culturales. Cuatrocientas sillas plásticas tipo rimax, 30 mesas plegables tipo banquete, cinco computadores portátiles tipo empresarial, extintores, camillas y señalización de seguridad. Recuperación de zonas verdes. La juventud está expectante La necesidad más inmediata es obtener rápidamente la resolución por parte de la Personería, debido a que los trabajos de mejoramiento ya iniciaron desde hace un mes. Una vez conseguida la resolución, los jóvenes quieren “empezar a fortalecer los aprendizajes a través de módulos pedagógicos para hacer un buen desarrollo de nuestra veeduría, conocer otros lineamientos”, según contó uno de sus integrantes a Pares Pacífico. De acuerdo a lo expresado, es un compromiso que adquirieron con los acompañantes técnicos (Activa Buenaventura y la Fundación Pares). Sobre el proceso de veeduría como tal, el entrevistado manifiesta que: “Yo creo que el proceso va a ser un proceso muy ameno, creo que la veeduría va a crecer, será un proceso íntegro. Los jóvenes están muy interesados en el espacio porque ha sido una lucha desde hace muchos años por la remodelación y adecuación, entonces, creo que los jóvenes van a ser más partícipes tanto de este proceso como del buen uso del CAIJU. Estaremos pendientes.” Dado los múltiples casos de corrupción que ya se conocen en Buenaventura, la confianza de la ciudadanía con relación al desarrollo de este tipo de proyectos es grande. Sin embargo, parte de las reflexiones que surgieron en el diálogo sobre la conformación de la veeduría al CAIJU tiene que ver con la importancia de generar nuevas formas de interacción frente al control y seguimiento a la obra. En ese sentido, se espera que la veeduría a desarrollar no sea solamente una herramienta para “vigilar que no se roben los recursos”, sino sobre todo para que en el marco de la comunicación y el derecho se cumpla lo estipulado, se respeten los procedimientos y se garantice el goce pleno de la participación ciudadana. Finalmente, la veeduría sigue siendo un proceso en constante construcción, está abierta, con el propósito de que más jóvenes u organizaciones puedan sumarse o acompañarla integrando. Se hace el llamado para quienes quieran ser parte, las puertas están abiertas.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la región del Pacífico colombiano los grupos armados ilegales continúan generando caos y conflictos, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí, ubicados en el departamento de Chocó. Estas comunidades se ven afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Desde el pasado 25 de febrero el ELN decretó un paro en la subregión del San Juan, que finaliza supuestamente hoy, 01 de marzo. Sin embargo, a causa de esto se han registrado hechos de confinamiento y desplazamiento masivo en las últimas semanas (Ver: Chocó una vez más bajo los efectos de la violencia). Por esta razón, las autoridades están pidiendo una intervención urgente. Una de las áreas más afectadas es el sur del Chocó, donde la Defensoría del Pueblo solicitó medidas inmediatas por el confinamiento masivo de más de mil de personas. Según explicó Tulio Hurtado, representante del consejo comunitario de Nóvita, en este territorio las personas no se han podido movilizar ni por tierra ni por los ríos, ya que temen sufrir represalias por parte de las estructuras ilegales. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mencionó que la disputa por el control del territorio para actividades criminales ha dado lugar a un incremento de las violaciones a los derechos humanos en esta zona. El Defensor expresó su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrentan especialmente las comunidades de los municipios de Nóvita y Sipí. A pesar de que las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN priorizaron la zona para los pilotos de alivio humanitario como parte de la construcción de la paz, los resultados no han sido satisfactorios para las poblaciones afectadas. Por el contrario, se agravó la situación, dado que las ayudas no han llegado satisfactoriamente, según comunicó la Defensoría del Pueblo. Además de esto, los habitantes están preocupados por el aumento de la instalación de trampas explosivas y extorsiones a los campesinos que transportan alimentos e insumos. (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito). Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), informó que durante este año se han registrado cinco incidentes relacionados con minas antipersona en Istmina, Chocó, así como doce homicidios, de los cuales cinco ocurrieron en Quibdó, tres en Istmina, uno en Tadó, uno en Riosucio, uno en Medio San Juan y otro en Carmen Del Darién. Aunque el Clan del Golfo se encuentra en un cese al fuego acordado con el Gobierno, la Defensoría informó que sigue afectando la vida de la población civil, especialmente en el Cauca y zonas fronterizas. Motivo por el cual la Defensoría solicitó medidas urgentes de desescalamiento del conflicto y exhortó al Estado a tomar acciones para proteger y atender a las comunidades, así como para disuadir los riesgos existentes. Otro de los llamados a parar estos hechos violentos lo hizo monseñor Héctor Fabio Henao, quien representa a la Iglesia católica en los diálogos con el ELN. Henao dijo al medio de comunicación Caracol Televisión que: “el llamado es a que se avance en los procesos de búsqueda de la paz con los distintos actores del territorio, porque la paz es el camino, es la salida para poner fin a esas confrontaciones y para que también cese la problemática humanitaria que se vive y la necesidad de que ahora se saque a la comunidad de las confrontaciones que hay en el territorio”. Francisco Daza afirmó que los acuerdos de cese al fuego con el Estado no han resultado completamente efectivos, puesto que los grupos armados aún se enfrentan entre sí. Esta situación ha generado graves consecuencias para la población civil, la cual se ve atrapada en medio de los enfrentamientos y sufre confinamientos, homicidios y desplazamientos forzados. Daza también explicó que existe una falta de claridad sobre el papel que debe desempeñar la Fuerza Pública en estas situaciones, debido a la ausencia de una política de seguridad y defensa definida en el marco de los acuerdos de cese al fuego bilaterales con los grupos armados. En consecuencia, el investigador señaló que existen limitaciones en cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública para prevenir acciones como los paros armados, ya que esto debe hacerse sin necesidad de recurrir a enfrentamientos armados. Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas identificó un aumento en las violaciones a los derechos humanos en los últimos dos años, debido a la disputa entre grupos armados ilegales por el control, con el fin de llevar a cabo actividades criminales. Según la información más reciente, recopilada por la Regional Chocó y el SAT, este paro armado, el quinto registrado en el último año, afectó a 405 familias y 1.357 personas de las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí) (Ver: La grave situación humanitaria en el Chocó). En un documento publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 23 de diciembre de 2022, se indicó que desde inicios de ese mismo año, se registraron seis emergencias por el confinamiento de al menos 4.232 personas (917 familias) pertenecientes a 15 comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá del municipio de Bojayá. Situación que para ese entonces se daba por la “presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) en el territorio, el riesgo constante de enfrentamientos, las amenazas individuales y colectivas, la instalación de Minas Antipersonal (MAP), los casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes, las Violencias Basadas en Género (VBG) hacia niñas y mujeres, desaparición forzada y restricciones de movilidad”. Una gran incógnita que deja estos datos es el por qué aún continua el conflicto en el Chocó, a pesar de que esta población decidió darle un apoyo al Acuerdo de Paz, con 75.257 votos a favor, el cual fue liderado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santo en 2016. Según datos sacados del informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Chocó cuenta con una “ubicación geoestratégica del departamento y sus condiciones climáticas del mismo hacen que el cultivo de coca sea una problemática de hecho para la región (…) Sin embargo, esta ubicación estratégica del Chocó hace que los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar la coca producida en otras regiones del país”. Por esta razón, hay una fuerte disputa por los territorios entre los diferentes actores ilegales que hacen presencia en la zona, lo que sigue generando vulnerabilidad para la población civil (Ver: Drama de familias indígenas desplazadas en Chocó). Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, explicó que Chocó sigue experimentando conflictos por dos razones principales. En primer lugar, debido a la presencia de grupos armados, y en segundo lugar, debido a la falta de presencia del Estado para proteger los derechos fundamentales de la población civil. Esta ausencia del Estado permite a los grupos armados ejercer prácticas de control territorial y aprovecharse de la situación. Finalmente, Daza afirmó que tanto el ELN como el Clan del Golfo han mantenido su presencia en esta región, pero debido al conflicto armado, el Clan del Golfo ha estado extendiendo su dominio territorial, descendiendo desde la zona de Urabá, donde han tenido una presencia destacada, y moviendo hacia el sur del departamento del Chocó al ELN.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En Colombia, los hombres transgénero son una población vulnerable que enfrenta una serie de obstáculos en el acceso a derechos fundamentales. El país ha avanzado en algunos aspectos, pero aún hay mucho por hacer para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para esta población. Según un informe del Observatorio Nacional de Discriminación contra las Personas LGBTI en Colombia, el 38% de las personas transgénero en el país han sido discriminadas en el ámbito laboral, el 28% han sufrido discriminación en el acceso a la educación y el 27% han enfrentado discriminación en el acceso a servicios de salud. Además, el 73% de las personas transgénero han sufrido algún tipo de violencia en su vida, ya sea física, sexual o psicológica. Ahora bien, la discusión sobre las condiciones sociales, socioeconómicas y de garantía de derechos se ha centrado en las mujeres transgénero prevalentemente. Esto es evidente en términos de los despliegues mediáticos que han logrado estas personas, en cargos de gobierno que han obtenido o en procesos de visibilización, estudios, investigaciones, programas etc., que organizaciones de la sociedad civil han direccionado a las mujeres transgénero, sobre esto hay suficiente ilustración y personalidades visibles. Pero los hombres trans, mujeres que se auto perciben hombres y que toman la decisión de construir su vida desde esta identidad y percepción, ¿cómo han sido visibilizados en estas iniciativas en el país? Frente a esto, en un artículo del diario El Tiempo del año 2021, se habla del subregistro sobre violencias a hombres transgénero en Colombia, del que quizá el caso más sonado ha sido el de Carlos Torres en Bogotá, del que se sospecha fue asesinado presuntamente por la Fuerza Pública. Y en la discusión pública, la cuestión sobre los hombres transgénero versa siempre sobre el asunto del servicio militar en Colombia, sobre este particular se conoce el informe de DeJusticia, Red Distrital de Hombres Trans y Ayllu de 2021, entre otros. A pesar de estos obstáculos, existen organizaciones en Colombia que trabajan para garantizar los derechos de los hombres transgénero. Una de ellas es la Fundación Santamaría, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de las personas LGBTI en Colombia. La Fundación cuenta con un programa específico para hombres transgénero, que brinda acompañamiento psicológico, asesoría legal, apoyo en la búsqueda de empleo y acceso a servicios de salud. Otra organización importante es Colombia Diversa, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de la población LGBTI en Colombia. La organización ha desarrollado una serie de iniciativas para promover la igualdad de derechos para los hombres transgénero, incluyendo campañas de sensibilización, talleres de formación y apoyo en la lucha contra la discriminación. En Pares, desde la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, en concordancia con la Línea de Género, estamos haciendo apuestas al respecto. Desde las escuelas de liderazgo juvenil hemos potencializado liderazgos en diversidad sexual en Pueblo Rico, Risaralda y Pereira, que han permitido desde nuestro quehacer empezar a construir un camino para que nuestra incidencia política y nuestra capacidad de investigación, ejecución y construcción de proyectos apunten a mejorar estas comunidades y a formar liderazgos en este sentido que sean preponderantes en el devenir de la nación. En cuanto al acceso a servicios de salud, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió una resolución en 2018 que garantiza el acceso a servicios de salud integrales para las personas transgénero en el país. La resolución establece que las personas transgénero tienen derecho a recibir atención médica en igualdad de condiciones y sin discriminación, incluyendo la atención en salud sexual y reproductiva, la hormonoterapia y la cirugía de reasignación genital. En conclusión, los hombres transgénero en Colombia enfrentan una serie de obstáculos en el acceso a derechos fundamentales, pero existen organizaciones y políticas públicas que trabajan para garantizar sus derechos y promover la igualdad de oportunidades. Es importante seguir luchando para que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir en igualdad de condiciones y sin discriminación. Estamos en la misión de hacer rastreo de este tema que no ha sido tan público en la discusión nacional, escribiremos más al respecto buscando ampliar, ayudar y construir la discusión siempre con apertura democrática.

Por: Juan Manuel Rueda, Editor Sometimiento a la justicia ordinaria El proyecto de ley de sometimiento a la justicia recientemente presentado a la opinión pública para el desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se ajusta al código penal y a los límites de la justicia ordinaria, pero con el incentivo de sustitución de pena para los integrantes de estos grupos. A diferencia de los procesos de justicia transicional que hemos tenido en el país en el marco de la desmovilización de grandes grupos armados como las AUC o las FARC; este proyecto de ley de sometimiento para bandas criminales no instalará salas o tribunales especiales como sucedió con Justicia y Paz (2005) o la JEP (2017). Lo anterior en razón de que el fenómeno del multicrimen no define grupos con objetivos específicamente políticos, como es el caso de la subversión guerrillera frente al Estado, o afincado en un contexto complejo de conflicto armado interno, como en el caso del paramilitarismo. Estas estructuras armadas organizadas a las que hoy se quiere ofrecer una posibilidad de sometimiento a la justicia son esencialmente criminales cuyo objetivo es la renta por los negocios ilícitos, es por esto que el proyecto de ley en cuestión no les otorga carácter político ni de negociación con el Estado. Esto no quiere decir que por la ausencia de matiz político o aparatos de justicia especializados para el tratamiento de estos grupos, el proceso de desmantelamiento (nótese que no se habla de desmovilización) sea más sencillo. Este proyecto de ley también contempla “contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”. Colombia es un país en el que el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, entre otros delitos, se encuentran fundidos con las economías regionales y la institucionalidad a todo nivel. De hecho, según el senador Ariel Ávila, uno de los defensores de este proyecto de ley, las organizaciones de alto impacto que busca atender la ley de sometimiento a la justicia representan alrededor del 65% de la violencia en Colombia. Recordando Justicia y Paz (2005) y la impunidad de los paramilitares Grandes grupos como el Clan del Golfo, Los Pachenca (autodenominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra), La Oficina, entre muchos otros, son el objetivo de este proyecto de ley. Podría decirse que, a pesar de que la cantidad de grupos de esta naturaleza en el país es alta, el interés del Gobierno parece enfocarse en los más consolidados y fuertes en presencia territorial como estos, los cuales comparten una característica común: son herederos de las estructuras paramilitares, que ya habían tenido su propio proceso de desarticulación y sometimiento. No son pocas las críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares iniciado en 2005. Las cifras de impunidad de Justicia y Paz, estimaba un informe de la Contraloría en 2017, ascendían a casi el 92%, en tanto para ese momento solo se habían proferido 47 sentencias contra 195 personas, luego de casi 12 años de vigencia. Es decir que solo el 8,2% de los paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz estaban sujetos a decisión judicial para 2017. Se ha dicho que muchos jefes paramilitares decidieron no entregarse y se hicieron pasar por paramilitares rasos para no pagar prisión y que, aunque más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron, muchos no aportaron verdad, siguen en libertad, abandonaron el proceso de reparación y no se conoce su paradero ni su accionar. El fenómeno que vive Colombia en la actualidad frente a las estructuras de crimen organizado de alto impacto es resultado de la deficiencia de Justicia y Paz, entre otros factores. Por esta razón los mecanismos de contrastación e investigación judicial del actual proyecto de ley de sometimiento a la justicia deben fortalecerse al máximo. Blindado, pero débil: el proyecto de ley de sometimiento a la justicia y sus propuestas de contrastación de verdades e investigación judicial Al respecto, el proyecto estipula en su Artículo 24 “Etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción” que en la etapa en la que el Estado empiece a llevar conversaciones con los integrantes de la organización criminal para acordar los términos de la sujeción, entrará a operar “una Instancia de Alto Nivel [que] estudiará, caracterizará y calificará la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022”. Esta Instancia de Alto Nivel, según la Ley 2272 o Ley de Paz Total, “debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz”. Adicionalmente, en el Artículo 28 “Intervención de la Fiscalía General de la Nación en el proceso”, el proyecto de ley dice que: La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces de la República […] En la etapa de procesamiento, elaborará y presentará ante la autoridad judicial el escrito de imputación colectiva, previa contrastación de la información aportada por la estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Como lo explica María Camila Moreno Múnera, directora del International Center for Transitional Justice(ICTJ), una de las autoras del proyecto de ley, en entrevista para María Jimena Duzán, “lo que se va a imputar son patrones de macrocriminalidad […] esto significa que no se va a ir del hecho al hecho, sino que se van a agregar los hechos y se van a identificar los modus operandi”. Esto lo que permitiría es avanzar rápido en los procesos de imputación y, según Moreno, mayor seguridad jurídica, porque imputando los patrones de macrocriminalidad se lograría el cierre jurídico de los casos, no como ha sucedido en Justicia y Paz, que por intentar juzgar individuo a individuo ha abierto la puerta a la impunidad por la lentitud y extensión de los procesos. Ahora bien, la imputación por patrón de macrocriminalidad también puede ser un factor de riesgo en la búsqueda de una verdad de los hechos que vaya más allá de lo judicial. El proyecto de ley está muy centrado en el desmantelamiento de las organizaciones criminales de alto impacto, pero la cuestión de la verdad y la reparación, aunque aparece en el articulado, apenas lo hace de manera tangencial. Hay que decir que el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en aras de un verdadero desmantelamiento y progreso hacia la Paz Total depende también de la voluntad de quienes se sometan a la justicia. Según el Artículo 11 “Obligaciones para mantener el tratamiento penal”, quienes se sometan bajo este esquema deberán “aportar verdad a las víctimas y participar en los programas de justicia restaurativa que se dispongan […] contribuir a la reparación material y simbólica de las víctimas”, lo que se muestra nuevamente como un reto para las autoridades encargadas del proceso de sometimiento en cuanto al esfuerzo por la contrastación de verdades, y un esfuerzo mayúsculo a nivel sociocultural en cuanto a la aceptación y trámite de estas verdades, así como frente a los programas de reparación material y simbólica a las víctimas. Aunque el proyecto de ley de sometimiento a la justicia explicita algunos mecanismos de contrastación e investigación, en general no arroja mucha claridad alrededor de cómo el Estado realizará estos procesos de contraste de versiones e investigación judicial alrededor de los grupos criminales de alto impacto que se entreguen. Además de los artículos ya citados, en algunos apartados se sugiere que estos procedimientos se acordarían en los acercamientos con cada uno de los grupos, lo que haría que los mecanismos de búsqueda de verdad y reparación dependan de cada contexto particular. El proyecto de ley sigue siendo un borrador en este y otros aspectos, es lo usual, y actualmente se encuentra en manos del Consejo Superior de Política Criminal para ser ajustado y posteriormente presentado ante el Congreso. Lo importante es que, independientemente de cómo se definan estos mecanismos de contrastación e investigación judicial, estos sean lo más robustos posibles, de cara a la experiencia no grata de Justicia y Paz y la desmovilización de los grupos paramilitares. Todo esto sin mencionar los grandes retos que se abrirían para las instituciones involucradas en este proceso, en términos de volumen de información y procesados. Múltiples expertos han expresado preocupaciones alrededor de la capacidad instalada del Estado (recursos y capacidad administrativa) para llevar a cabo esta tarea. Entre tales instituciones estaría el INPEC y toda la crisis del sistema penitenciario y carcelario que desde hace años demanda una reforma, que actualmente impulsa el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El avance y resultado de tal reforma, a la luz del proyecto de ley de sometimiento, también abriría retos para garantizar el cumplimiento de penas y expectativas de resocialización. Desmantelados, ¿y luego? El reto de la reintegración y la política de drogas En todos los procesos de entrega al Estado Colombiano de organizaciones y grupos criminales, la cuestión de la reintegración a la vida civil y la búsqueda de una vida social en paz y realmente próspera sigue siendo una tarea a terminar. Sobraría señalar el asesinato selectivo del que están siendo objeto muchos desmovilizados de las FARC-EP, por ejemplo. Mencionar el constante recicle de la guerra en Colombia es más que suficiente para comprender que no hemos encontrado la clave para detener definitivamente la espiral de violencia que nos azota como país y que la reintegración a la vida civil no está resuelta. Este proyecto de ley menciona en su Artículo 22 “Medidas para la reintegración efectiva” que: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación Nacional y otras entidades que el Gobierno determine, dispondrá de una oferta de programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria efectiva. Parágrafo: En todo caso, el Gobierno Nacional, a través de las entidades referidas en este artículo y las demás que considere necesarias, deberá garantizar una oferta integral de reintegración para los integrantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se sujeten a esta Ley. En un gobierno como el del presidente Petro se puede confiar en que se harán todos los esfuerzos necesarios para cumplir con este artículo, independientemente de los retos en cuanto a recursos para llevarlo a cabalidad. Sin embargo, está más que demostrado que el problema de fondo de la violencia en Colombia tiene que ver con las economías del narcotráfico. Podrán desmantelarse decenas de grupos y someterse a la justicia miles de personas, pero si no se reemplaza la economía criminal por trabajo digno, educación, salud, ni se modifica, además, la política contra las drogas, descriminalizándola, surgirán nuevas estructuras que reemplazarán las viejas indefinidamente. Queda esperar que el Gobierno entienda esto y que así sea su comprensión de la Paz Total: economía justa y cambio de enfoque en la política de drogas. Esto último no depende únicamente del Estado Colombiano sino que es una responsabilidad compartida con los países consumidores, los cuales, ojalá, estén atentos a este proceso de sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en nuestro país.