Por: Ernesto Medrano y Juan Alejandro Pérez, Asistentes de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad En el marco de la reforma a la salud se han presentado diversas discusiones sobre los posibles impactos que esta tendría en el desarrollo del trámite legislativo y el acceso a la salud de los colombianos. Esto significa que al menos tres aspectos fundamentales, además de los asuntos técnicos, tendrían que ser analizados a la luz del trámite legislativo de la reforma, en aras de comprender los posibles resultados políticos. En primer lugar, se debe analizar cómo llega la coalición de gobierno para el trámite de una reforma que enfrenta fuertes cuestionamientos y que genera cierto temor en la opinión pública. Posteriormente, se debe evaluar la discusión sobre el origen de la norma, es decir, si debe tramitarse como ley estatutaria o ley ordinaria. Y finalmente, se deben tener en cuenta las implicaciones diferenciadas respecto al tipo de ley y la estrategia del gobierno para su aprobación. La discusión sobre la reforma a la salud inició desde el anuncio realizado por el Gobierno Nacional, cuando se presentó la agenda legislativa que adelantaría en 2022. En ese momento, las principales reformas sociales fueron pospuestas para adelantarse en el segundo periodo legislativo. El Gobierno arrancó con la reforma tributaria, estableciendo el piso para la financiación de las futuras reformas sociales que impulsaría en 2023: reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Sin embargo, en la agenda legislativa del gobierno se estiman cerca de 37 iniciativas. Pese al ímpetu reformista del Gobierno Nacional, los partidos que integran la coalición de gobierno han expresado los sus reparos frente a la reforma a la salud. Uno de los principales cuestionamientos sobre la reforma fue la falta de socialización de la misma, que se dio a conocer solo hasta la fecha de su radicación ante el Congreso. En principio existen tres tipos de visiones sobre la necesidad de la reforma desde distintos sectores de la sociedad colombiana. Por un lado, están quienes consideran que el sistema actual de salud no es perfecto, pero funciona y no es necesario que se modifique sustancialmente; por el otro se encuentran los que consideran que la reforma se debe aprobar guardando fidelidad con el proyecto de ley radicado; y, finalmente, están quienes destacan la necesidad de la reforma, pero sostienen que se deben realizar modificaciones en su estructura e implementación. El desarrollo de la discusión técnica y política de la reforma a la salud generó mucho revuelo en la coalición de gobierno. Principalmente los partidos Liberal, Conservador y La U, cuestionaron el espíritu de la reforma. Sin embargo, luego de una reunión con los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, Petro logró el respaldo constructivo de las colectividades políticas; principalmente del Partido Conservador y el Partido de La U, con lo que podría lograr las mayorías necesarias en el Congreso (Ver: Reforma a la salud, primera prueba de fuego para el Gobierno y su coalición) Fuente: Twitter Cambio Sin embargo, la discusión de la reforma a la salud no fue a costo cero, pues el proceso de negociación de los partidos fuertes que conforman la coalición de gobierno cambia y se encarece. Adicionalmente, minutos después de la rueda de prensa conjunta de los partidos de la coalición de gobierno, fue anunciada por medio de una alocución presidencial la decisión del reemplazo de tres cabezas ministeriales: Alejandro Gaviria, del Ministerio de Educación; Patricia Ariza, del Ministerio de Cultura; y María Isabel Urrutia, del Ministerio del Deporte. Lo llamativo de esto es que la decisión del presidente fue tomada luego de que se filtrara una carta en la que varios miembros del Gobierno Nacional planteaban reparos al proyecto de reforma a la salud y uno de los firmantes era Gaviria. La resistencia de la opinión pública frente a la necesidad de una reforma a la salud fortalece la capacidad de negociación de los partidos que integran la coalición de gobierno. Tal es el caso de los partidos Conservador y La U, que son necesarios para que el gobierno logre asegurar las mayorías requeridas para la aprobación de sus reformas. Por esto, la salida de las tres cabezas ministeriales no supone mayores problemas para el Gobierno Nacional, pues no tenían fuertes filiaciones partidistas que repercutieran en los procesos de negociación con las bancadas parlamentarias. ¿Ley estatutaria u ordinaria? La discusión acerca del tipo de trámite de la reforma aún sigue viva. En esencia, el debate está en si reforma debe ser tramitada por medio de una ley estatutaria o una ordinaria. Pero esa decisión aún está por ser resuelta en el Congreso, debido a que el contenido de la reforma impacta en su trámite. Mientras que el gobierno sostiene que la reforma se debe tramitar como ley ordinaria, algunos expertos constitucionalistas, como Rodrigo Uprimny, sostienen que debe presentarse como ley estatutaria. Conceptualmente, una ley estatutaria es aquella que consagra los derechos y deberes fundamentales. Por su parte, las leyes ordinarias desarrollan y reglamentan el núcleo de las leyes estatutarias. Así, la discusión sobre la categoría legal de la reforma a la salud no es sencillo, pues la ley estatutaria de la salud –1751 del 2015– estableció los principios reguladores del derecho fundamental a la salud. Por su parte, el Gobierno, en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha afirmado que la reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria debido a que no se modifica la definición primordial del derecho a la salud, pero en cambio, sí reforma la ley 100 de 1993, que fue una ley reglamentaria. En la otra orilla se encuentran algunos constitucionalistas que sostienen que la reforma sí toca la definición del derecho fundamental a la salud porque transforma las condiciones de acceso al mismo, pasando de un modelo de diversas entradas –EPS– a uno de entrada única, el CAPS o redes integradas. La discusión sobre si la ley debe ser estatutaria u ordinaria también tiene un impacto en la viabilidad política de la reforma a la salud, pues reconfiguraría las mayorías necesarias para que reforma sea aprobada. Actualmente se tramita como ley ordinaria, lo que significa que se puede discutir en sesiones extraordinarias que pueden iniciar desde el 6 de febrero hasta el 15 de marzo. La categoría legal también incide en la comisión a la que va la norma, pues en este caso de ser ley ordinaria iría a la Comisión séptima de Senado y Cámara. De acuerdo con el Gobierno, el trámite iniciaría en la Comisión Séptima de Cámara, cuyo presidente es Agmeth Escaf, alfil político del Gobierno. Adicionalmente, este tipo de leyes necesitan la mayoría simple, es decir, necesita de la mitad más uno de los asistentes a la sesión de votación. En contraste está el trámite de la ley estatutaria. Si se tramitara como estatutaria, la reforma no puede discutirse en sesiones extraordinarias. Además, ya no se discutiría en comisiones séptimas, sino que pasaría a las comisiones primeras de Senado y Cámara. A lo anterior se suma el hecho de las mayorías necesarias cambiarían, pues serían ya mayoría calificadas, es decir, para aprobar el articulado se necesitaría la mitad más uno de los integrantes de las comisiones y las plenarias. Adicionalmente, las leyes estatutarias requieren de un examen de constitucionalidad previo para definir si se apegan o no a la Constitución. Así, el gran riesgo que asume el Gobierno Nacional es que en el trámite de la reforma como ley ordinaria incorpore asuntos correspondientes a una ley estatutaria, lo que implicaría que la Corte Constitucional tumbaría los artículos que considere inexequibles. Otro aspecto importante que se modificaría en caso de tramitarse por ley estatutaria es que en el articulado no podrían incluirse las seis facultades extraordinarias al presidente de la República. Con ellas, el presidente busca modificar el régimen laboral en salud, capitalizar la Nueva EPS y crear incentivos para que las EPS puedan transitar a la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la atribución de facultades extraordinarias abrió una discusión sobre los límites al ejecutivo. En síntesis, la discusión política del trámite legislativo de la reforma a la salud se enmarca en la capacidad del Gobierno de establecer vasos comunicantes con los partidos que integran la coalición de gobierno. La misma que le permitió adelantar la reforma tributaria. Pero pese a los cambios que hubo en la presidencia del Partido Conservador y la distancia con el Partido Liberal, alrededor de la reforma a la salud, el Gobierno ha logrado mantener la dinámica de la coalición. Sin embargo, la discusión fundamental en el Congreso y que podría ser elevada al Consejo de Estado, es si la ley debe ser tramitada como ley estatutaria o ley ordinaria, pues al zanjarse este debate se reducirían los riesgos de que la norma o sus partes puedan ser declaradas inconstitucionales.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Después de muchos ires y venires, con la presencia de la senadora por la circunscripción especial indígena, Ayda Quilcué, el senador Robert Daza y los representantes Jorge Bastidas, Hermes Pete y Juan Pablo Salazar, gran bancada de nuestro departamento (faltando el senador Paulino Riascos y el representante Orlando Castillo), se realizó la jornada de discusión del Pacto Histórico Cauca, el pasado domingo 26 de febrero, con la participación física de este bloque Caucano nunca antes tan numeroso en representación de un proyecto político. Cada partido, movimiento y organización social ha venido desplegando sus actividades internas para definir quiénes de su fuero interno serán sus pre-candidatas o pre-candidatos a juntas administradoras locales, concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, en representación de ese bloque popular que se jugó a fondo en las elecciones de congresistas en marzo de 2022 y en las presidenciales de mayo y junio, con el resultado positivo y triunfador conocido por la opinión pública, que coloca al Pacto Histórico como la primera fuerza social, política y electoral, la esperanza conocida como "Colombia potencia mundial de la vida". El reencuentro del pasado domingo es la señal clara de mantener la firme decisión de aterrizar en el departamento y en los municipios las bondades de las reformas estructurales convertidas en leyes de la República, en los tres pilares señalados por el presidente Petro el 19 de junio, día del triunfo: el ambiental, la paz total y el desarrollo de la Constitución del 91. Es muestra, además, de la firme convicción de hacerlo con lideresas y líderes jugados en el proceso comunitario, medidos en las calles y en los seminarios ideológicos y políticos. Es un NO rotundo a candidatos "prestados" o "impuestos", traídos como reencauche de la política y los partidos tradicionales. Inicia el comunicado público emitido por los participantes en el evento afirmando que "en el Cauca el cambio será posible", y cierra con un mensaje claro: "radicalmente decimos: no somos continuismo, somos fuerza de cambio". Quiere decir ello que el Pacto Histórico tendrá un candidato o candidata a corporaciones de nominación unipersonal (gobernación y alcaldías) y listas propias a la asamblea departamental, a los concejos municipales y a las juntas administradoras locales. Con esta postura el Pacto Histórico ratifica en el Cauca su condición unitaria, su interés por cautivar a las ciudadanías libres, la necesidad de definir desde la casa grande para que, determinados sus voceros a las corporaciones, se implemente una amplia política de alianzas, de fuerzas coincidentes con los cambios necesarios hoy para mejorar las condiciones de vida digna. No solo acuerdos para sumar votos, sino consensos para el cambio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional y el ELN han informado avances significativos en las conversaciones de paz que están teniendo lugar en Ciudad de México. En un comunicado conjunto presentaron cinco puntos importantes que se han discutido hasta la fecha en el segundo ciclo de conversaciones. En el primer punto se destacó la caracterización jurídica del grupo armado como "organización política armada rebelde" con la que el Gobierno está negociando una paz duradera. Además, se acordó la creación de un punto de contacto y comunicación entre las delegaciones del ELN y los términos de referencia que regirán el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC). Dentro de este mismo avance mencionaron que se acordó “adoptar el informe de la Comisión Humanitaria de la mesa”, la cual recorrió la zona del bajo Calima y el medio San Juan y destacaron la importancia de que deberán “asumir las responsabilidades que le competen a cada una de las partes de la Mesa, con el fin de garantizar la continuidad de este propósito humanitario” (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito). En el segundo punto se habló de las denuncias presentadas por ambas partes sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el territorio nacional. Ambas partes informaron que este tema se está tratando en la mesa de diálogo. En el tercer punto se discutió la visita del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien presentó el proyecto de ley de humanización de la política carcelaria y penitenciaria. El ministro reiteró su compromiso con los convenios de ayuda humanitaria a los presos políticos del ELN y destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de justicia más resocializador y restaurativo. Frente a esta visita, el senador Iván Cepeda aseguró que fue la primera de un ministro, la cual marcaría un método de trabajo en esta mesa de diálogo. Según Cepeda, se esperan más visitas de otros ministros a estos diálogos de paz. Por su parte, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que la presencia del ministro de Justicia, Osuna, podría ayudar a buscar sinergias entre los planes de cambio del Gobierno y los trabajos de la Mesa. Y en el cuarto punto el documento destacó la importancia de definir la Agenda de Diálogos que permitiría tratar temas clave como la participación de la sociedad en el proceso de paz y el cese del fuego bilateral. En este sentido, el senador e integrante del equipo negociador, Iván Cepeda, señaló que aunque la sociedad espera el anuncio de un cese al fuego, es complejo fijar una fecha para esto, debido a la prolongada y compleja historia del conflicto en Colombia. Cepeda destacó que solo en uno de los procesos anteriores, el que se llevó a cabo entre 2012 y 2018 con el expresidente Juan Manuel Santos, se llegó a desarrollar una agenda de diálogo, sin embargo, esta sufrió una suspensión de cuatro años que complicó la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido. A pesar de las dificultades, la ONU emitió una declaración positiva sobre los avances logrados en la segunda ronda de diálogos, reconociendo los acuerdos alcanzados y expresando su confianza en que las partes avancen en temas clave como la participación y el cese al fuego. La ONU también ha respaldado las negociaciones en curso. La Mesa de Diálogos de Paz que se está llevando a cabo en Ciudad de México se ha prolongado por una semana adicional para un total de cuatro semanas de negociaciones. El objetivo principal de estas conversaciones es alcanzar un acuerdo de alto al fuego entre el Gobierno colombiano y el ELN, además de discutir la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Cabe destacar que México, Venezuela, Chile, Noruega y Brasil actúan como garantes de los diálogos de paz, mientras que Suecia, Alemania, Suiza y España actúan como países acompañantes. A pesar del anuncio de un alto al fuego bilateral por parte del presidente Petro a finales de diciembre, la guerrilla desmintió la medida posteriormente, lo que llevó a una reunión extraordinaria en Caracas en enero para abordar las tensiones. Desde entonces, las negociaciones han avanzado, aunque se espera que la complejidad del conflicto continúe, siendo un desafío para las partes involucradas (Ver: Delegación del Gobierno se prepara para segundo ciclo con ELN). De acuerdo con Luis Eduardo Celis, Coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se esperan buenos resultados al término de este segundo ciclo. Además, Celis destacó la importancia del proyecto presentado por el ministro Osuna durante su visita a las negociaciones en México y señaló que esto es una buena señal, ya que refleja una coincidencia de la Mesa con los intereses del Gobierno para llevar adelante esta reforma penitenciaria (Ver: Bitácora 11: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN).

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia estamos acostumbrados a que cada vez que se quiera dar solución a un problema público o atender una necesidad colectiva se piense tan solo en dos opciones: o bien que se recurra al mercado para que la libre iniciativa privada lo atienda, o bien que el Estado mediante sus empresas se encargue de ello. A la gente se le olvida por completo que las comunidades también pueden atender este llamado y aportar a las soluciones. Que existen personas que pueden unir esfuerzos y brindar una alternativa colectiva a esa necesidad pública, como la de proveer el servicio de agua potable, recolectar las basuras o tener una tienda que ofrezca algún tipo de bien o de servicio. Han normalizado la idea de que en nuestro entorno tan solo existen dos opciones para solucionar nuestras necesidades. Por eso, esta última semana, cuando el presidente de la República Gustavo Petro propuso que las comunidades podrían convertirse en oferentes de internet en varios territorios apartados del país, muchas personas se sorprendieron e, incluso, intentaron ridiculizar este importante anuncio. La propuesta la hizo el mandatario el 24 de febrero, cuando visitó el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en Caldoto, Cauca. Para el presidente y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, las comunidades muy bien pueden encargarse de gestionar y administrar las redes comunitarias de internet en diversos puntos del país. Esta es una propuesta que no surge del vacío, ni mucho menos sale del sombrero del presidente y su ministra, brota de la experiencia positiva que por décadas se ha acumulado en nuestros territorios. Son más de tres mil espacios comunitarios donde se ha evidenciado que esta propuesta por la conectividad comunitaria es una realidad; más de 15 mil acueductos comunitarios y cientos de recicladores de basuras. En el país existen experiencias valiosas en el servicio de internet, como la Red del Viento, que actualmente tiene 54 puntos de conexión y atienden por lo menos la demanda de 600 personas en varios lugares de nuestro territorio nacional. También la Red Poliniza, que tiene 40 familias y 120 personas conectadas en La Macarena, Meta; o en Uribia, en La Guajira, donde hay 144 personas conectadas. Esta es una idea que, además de ser muy práctica y bastante viable legal y económicamente, tiene la virtud de potenciar otros valores que ni la iniciativa privada ni el Estado pueden generar. El Gobierno está recurriendo a la opción que le ofrece la ley de que cualquier persona natural o jurídica puede prestar el servicio de telecomunicaciones en Colombia. La dificultad se encuentra más bien en la ilusoria creencia de que es la iniciativa privada la mejor opción. Idea que ha provocado que el Estado se enrole en una lucha irrazonable contra las organizaciones comunitarias y la defensa de la gran industria. Dejando a muchos territorios y grupos poblacionales –más del 70% de los habitantes de la ruralidad– sin atender el servicio de internet. Ahora el gobierno Petro propone colocar la mira en la tercera opción. Buscará incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 a las comunidades en la contratación pública de redes de internet como opciones válidas, viables y efectivas que es necesario resaltar y apoyar. Hace consciente la idea de que tanto el mercado como el Estado han fallado en la prestación de este importante servicio. Tenemos a grandes operadores privados que ven poco atractivo las inversiones en los territorios rurales, debido a los altos costos y el bajo monto de las ganancias. Además, a un Estado que no tiene las manos para lograr incorporar a esta población y que lo que ha hecho es “abudinear” las telecomunicaciones. Con la opción de la prestación del servicio por parte de las comunidades, el Gobierno está logrando, en primer lugar, hacer posible que las comunidades abandonadas –como las de la Amazonía, el Vaupés, Guainía, Guaviare, Chocó, San Andrés o el Cauca– tengan en los próximos meses la esperanza de contar con un servicio de internet para poder disfrutar de las mieles del progreso tecnológico. No es presentable que en pleno siglo veintiuno las comunidades rurales, los afrodescendientes y los habitantes de los barrios populares no puedan acceder al derecho que tienen a estar informados y se encuentren por fuera de las redes de comunicación. Que estas poblaciones no puedan participar en convocatorias públicas, en los ofrecimientos de apoyos que entrega el Estado o en los avances científicos y tecnológicos que entrega la comunidad internacional. Y como segundo logro está la creación de capital social o comunitario. Dejar en manos de las organizaciones de la sociedad civil este servicio permite empoderar a las comunidades para la autogestión de su derecho a estar informado. El Gobierno está fomentando la asociatividad, el apoyo mutuo y la creación de redes. Con esto se está creando un valioso activo que ayudará a proteger a las personas de la pobreza y estimulará el desarrollo. En síntesis, la propuesta del gobierno Petro, además de presentarse como solución a un problema público que no han podido atender ni el mercado ni el Estado, se propone como una acción que busca fortalecer la democracia; defendiendo el derecho de la ciudadanía a la información y creando un activo social para la defensa de la pobreza y la exclusión. La idea con esta propuesta no es que el Estado se limpie sus manos con la responsabilidad que tiene con la ciudadanía de prestar los servicios de utilidad pública. Lo que se pide es que amplíe su papel, apoyando a estos actores sociales para que se pueda entregar servicios de calidad, a bajo costo y donde todos puedan acceder a ellos. Es muy conveniente para el país aprovechar las opciones que le da la ley para apoyar a las comunidades para que puedan cumplir con las exigencias técnicas y prestar el servicio de forma adecuada. Es hora de que las comunidades demuestren una vez más su potencial organizativo. Con ello se estaría avanzando en reducir el estigma que tiene frente a esta tercera opción en la economía y, al mismo tiempo, se estaría aprovechando la participación de la gente en la solución de los problemas de todos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 20 al 26 de febrero de 2023 Ha sido una semana con mucha dinámica en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, los principales temas a referenciar son: 1. El sábado 25 las dos partes hicieron público desde México el Comunicado #5, en el que afirman que han logrado avanzar en acordar un protocolo para el funcionamiento del Grupo de Países Acompañantes (GPAC), igualmente informan de los avances en los ajustes a la agenda, la visita del ministro de Justicia, Néstor Osuna para presentar la reforma penitenciaria y la revisión por las dos partes del informe sobre el desarrollo de la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el San Juan. 2. Sin duda la visita del ministro Néstor Osuna para presentar la iniciativa de reforma penitenciaria es un camino de llevar a la mesa la acción de gobierno. Ese camino debe ser ampliado, presentando lo más pronto posible la iniciativa de Plan Nacional de Desarrollo, en el que están las grandes apuestas de transformación de este gobierno. 3. Igualmente, durante la visita del ministro Néstor Osuna la delegación de diálogos del ELN manifestó su inconformidad con que se les siga denominando Grupo Armado Organizado y se les equipare con otros grupos de naturaleza mafiosa y centrados en la captura de rentas. El ministro Osuna, en declaraciones públicas, manifestó que este es un tema a conversar con el presidente y buscar posibles alternativas, dentro de un conjunto de definiciones jurídicas ya establecidas. 4. Se han dado varios escenarios de intercambio desde iniciativas ciudadanas sobre criterios, procesos y mecanismos para desarrollar el punto de participación de la sociedad en este proceso de paz. 5. El presidente Petro se manifestó sobre la situación de cautiverio del sargento Libey Danilo Bravo. Igualmente, Antonio García primer comandante del ELN dijo que se le respeta su dignidad y que pronto será puesto en libertad. Son docenas los integrantes de la Fuerza Pública que han sido tomados como rehenes en los últimos años en Arauca y Catatumbo y puestos en libertad mediante actos de entrega con participación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. 6. Cuatro personas resultaron gravemente heridas por explosivos dejados junto a una bandera del ELN, colocada en el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, lo que nos recuerda el uso de esta práctica y sus efectos sobre cientos de comunidades y de personas que sufren en su humanidad los estragos de estos artefactos explosivos. 7. Gobierno Colombiano y ELN completaron la segunda semana de este ciclo de diálogo y negociaciones, un ciclo que puede concluir en la semana del 6 de marzo. Aquí el Comunicado #5 conjunto entre el Gobierno y el ELN en el que detallan los avances del segundo ciclo aún en curso. 8. El presidente Gustavo Petro, ante la inconformidad del ELN por lo que considera una denominación no acorde con su rebelión política, respondió así en un trino: 9. El ministro de Justicia Néstor Osuna, en entrevista con La W Radio, hizo una presentación del intercambio sostenido con la Mesa de diálogo y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN en México. 10. En entrevista con DW, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, presentó un balance de lo desarrollado en el segundo ciclo, resaltó el informe de la Caravana Humanitaria, la visita del ministro de Justicia, la redacción final de la agenda del proceso y anunció que van a entrar al punto de participación de la sociedad. 11. El Senador Iván Cepeda en entrevista con W Radio habló del desarrollo del segundo ciclo, anunció que se firmará la agenda en el transcurso de este segundo ciclo y que seguirán trabajando en desarrollos de los puntos de participación de la sociedad y de cese bilateral, que seguirán trabajando de forma persistente. En esta entrevista el Senador Iván Cepeda afirma que es interés del Gobierno Colombiano que la mesa funcione en Colombia. 12. El primer comandante del ELN, Antonio García insiste en que la paz que buscan es una paz con transformaciones que sirvan para superar exclusiones e inequidades. https://telegra.ph/LA-SOLUCI%C3%93N-POL%C3%8DTICA-Y-LA-MESA-DE-CONVERSACIONES-02-25 13. Se afirmó que el ELN tiene planes de atacar ciudades. Esto fue desmentido por el jefe de la delegación de diálogo e integrante del Comando Central del ELN, Pablo Beltrán. Hay pronunciamientos de autoridades locales y dirigentes políticos al respecto. 14. Senador Iván Cepeda afirmó que en conversaciones con Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, se desmintieron planes ofensivos de la organización, igualmente se refirió al Paro Armado decretado en el Chocó. 15. Cuatro personas resultaron heridas por artefacto explosivo colocado al lado de una bandera del ELN. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Hace varios años mi profesor de historia de México, Fernando Escalante, decía en una clase que el fetiche por la norma que tenemos los latinoamericanos es igual a la pasión por violarla. Colombia es un ejemplo perfecto de esa paradoja: por una parte, es un productor de leyes que se fundamentan en el castigo como principio rector de la sociedad, pero por otra la vida cotidiana funciona en la constante violación de la norma y en la evasión de las reglas. Queremos un país libre de corrupción, pero no queremos tocar la cultura que la origina y el sistema de incentivos que la mantiene. Así no lo queramos aceptar, todos y todas vivimos inmersos en la cultura de la corrupción. Esa cultura pasa efectivamente por la recomendación política, pero también porque la política se convirtió en un mecanismo para conseguir empleo y por el tipo de liderazgos políticos –personalistas al extremo– que hemos construido como sociedad, los cuales en vez de invertir la mayor parte de su tiempo, recursos y energía en el bienestar general, deben hacerlo en sobrevivir en el mundo político, a costa de los resultados que deberían estar produciendo. Sobre la recomendación política hay todo tipo de polémica. La verdad es que es el eje de la contratación pública y lo que produjo que la clase política, especialmente la regional, se concentre en intermediar recursos, dado el profundo centralismo que nos gobierna. Si se piensa en la trayectoria vital de los Nule, es fácil encontrar que el primer contrato de esa empresa creada por hijos de exgobernadores y políticos lo obtuvieron gracias a sus contactos. Se repite la fórmula con Julio Gómez, con Emilio Tapia, o con los contratistas de la alimentación escolar. Contrario al prejuicio, no es el exceso de descentralización lo que ha producido élites regionales súper poderosas, sino el centralismo que creó la necesidad de intermediación de recursos, cargos y puestos públicos. Tan culpable es el senador clientelista como el ministro con el que interactúa o el financiador de la campaña. La segunda razón es que la corrupción se convirtió hace muchos años en una forma de movilidad social. De hacerle trampa a la vida. En una sociedad tan desigual como la colombiana tener o no tener empleo hace la diferencia. Y tener empleo en el Estado, aún más. Así, en la política del día a día, la competencia por el empleo es tóxica y mediada en gran parte por la recomendación política. No hay trayectoria al desarrollo compatible con el clientelismo, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. No importa con cuánto ahínco defendamos la frase de: se gobierna con los amigos. Así, la cultura de la corrupción ha permeado hasta los huesos nuestros liderazgos políticos y un poco también a la sociedad en general. Eso traducido al liderazgo político e institucional crea todo un círculo perverso, independientemente de la ideología que profesemos. Creamos monstruos colectivos, para luego quemarlos y castigarlos a la luz pública, mientras los grupos de la contratación siguen siendo los mismos, las campañas políticas impagables y las barreras de acceso para los liderazgos políticos más representativos de las bases sociales de Colombia son prácticamente insalvables. Por esa misma vía no hay partidos políticos que funcionen o perduren con líderes políticos que oscilan entre personalidades e intermediarios. Lo que estamos viendo con tristeza es que en vez de partidos de ideas volvemos a la fracasada idea de partidos de personalidades. En las próximas regionales vamos a estar llenos de personalismos tan importantes que necesitan colectividades hechas a su medida. El partido de Íngrid Betancourt, el partido de los Galán, el partido de Quintero, el partido de Rodolfo Hernández, el partido de Roy Barreras y cualquier otro que sienta que lo más importante en la política es que le hagan caso. Si la corrupción es el hueco por el que se va la esperanza de un país más equitativo, ¿por qué defendemos continuar con el mecanismo, con tanta ferocidad? Demandamos a gritos castigo, pero seguimos haciendo lo de siempre. Es curioso cómo una sociedad como la colombiana no ha hecho conciencia sobre la calidad de instituciones que producen estas prácticas arraigadas en la cultura política del país. En la semana que pasó, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) lanzamos una idea arriesgada para poner la corrupción en el centro del debate nacional, con la irreverencia que a veces caracteriza las ideas de la sociedad civil que, por supuesto, debe ser analizada, revisada y enriquecida por las personas más expertas y conocedoras, por las comunidades regionales que sufren la frustración de que su vida nunca cambie y también por quienes toman las decisiones. Pero tal vez lo más importante que se develó es que no queremos reconocer la cultura de la corrupción y las consecuencias que ha traído sobre el diseño institucional. En ese espíritu vamos a insistir. No podremos tener un cambio si no tenemos una conversación nacional y honesta sobre la corrupción. Sobre las formas de hacerlo, tenemos la mente abierta para aprender. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que espera iniciar diálogos en las próximas semanas con las dos disidencias de las FARC, lideradas por alias “Iván Mordisco” e “Iván Márquez”. Rueda destacó que este primer acercamiento busca construir niveles de confianza que permitan avanzar hacía una segunda fase de negociación. Este proceso contaría con el acompañamiento de la Fuerza Pública, con el fin de que estos grupos armados no realicen operaciones ilegales. El comisionado Rueda resaltó que todos los grupos armados con los que se busca la paz tienen unidad de mando. El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, expresó su apoyo a estos diálogos con las disidencias de las FARC, ya que, según él, existió un “entrampamiento” por parte del gobierno de Iván Duque y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, lo que truncó el proceso de paz que se adelantaba con las extintas FARC-EP. Londoño mencionó que “los enemigos de la paz ejecutaron todo tipo de ataques y descalificaciones contra los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares”. Es por estas razones que considera que se debe abrir la puerta a un nuevo proceso de carácter político en medio de la apuesta del presidente Gustavo Petro por la Paz Total. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos acercamientos son positivos, ya que podría ser una oportunidad para que el Gobierno pida aclaraciones sobre algunos hechos de violencia y ataques contra la Fuerza Pública en los que estarían involucrados grupos pertenecientes al Estado Mayor Central. Daza destacó la importancia de evaluar cuidadosamente si el fuego bilateral ha sido efectivo hasta ahora con las disidencias. Teniendo en cuenta estos diálogos que, según el Gobierno, pronto iniciarán, el Alto Comisionado para la Paz mencionó que está a la espera de que algunas personas puedan ser excarceladas temporalmente, durante 10 días. Por tal motivo que el Gobierno le pidió a la Fiscalía levantar órdenes de captura a 20 mandos de las disidencias de las FARC, entre la lista estarían Eliécer Palomeque Córdoba, alias el “Negro Juan”; Javier Alonso Veloza, alias “Jhon Mechas”; y Willington Henao Gutiérrez, alias “Olmedo”. Esta medida, que se llevará a cabo conforme a la Constitución y las disposiciones legales, busca fomentar un diálogo constructivo entre las partes involucradas. Cabe destacar que, de acuerdo con lo mencionado, aquellos que sean excarcelados volverán a su condición de privados de la libertad después de la reunión con los mandos. Por lo tanto, esta medida será temporal y se llevará a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos. Estos diálogos con estas dos disidencias se harían de manera separada, es decir, se entablará un diálogo con las disidencias de “Iván Mordisco” y otro con la Segunda Marquetalia. El anuncio del Gobierno sobre levantar temporalmente las órdenes de captura ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos ven los diálogos como una oportunidad para avanzar hacia una paz sostenible, otros consideran que la medida podría incentivar la violencia y el delito. Una de estas opiniones en contra ha sido la del fiscal Francisco Barbosa, quien en las entrevistas con medios de comunicación ha expresado su desacuerdo y recordó que los dos últimos criminales mencionados anteriormente (alias “Jhon Mechas”, alias “Olmedo”) se les sindica de graves ataques a la población civil en Norte de Santander. Barbosa aseguró que Alias “Jhon Mechas” fue acusado de ofrecer 7.000 millones de pesos para atentar contra la vida del expresidente Iván Duque Márquez y otro monto para el exministro Diego Molano. Entre los ataques que se les atribuyen a estas personas también se destaca el atentado a un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá, que causó la muerte de dos menores de edad. Dentro de esta misma línea de desacuerdo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó dicha solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación, expresando su preocupación por las medidas que generan impunidad y dejan en libertad a los delincuentes capturados, lo cual, según López, va en contra de los esfuerzos que realizan las autoridades para sacar a los criminales de las calles. La mandataria de la capital también mencionó que alias “Jhon Mechas” debería ser entregado con grilletes en Bogotá, por ser el responsable de múltiples delitos, en especial la del atentado al CAI en Bogotá. Según Francisco Daza, investigador nacional de Pares, la eliminación de las órdenes de captura es parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fomentar las negociaciones y diálogos con los grupos disidentes, lo que podría ser un paso importante hacia la Paz Total. El investigador mencionó que la eliminación de las órdenes de captura y los diálogos que se están proponiendo son un acto de fe y confianza por parte del Gobierno, con el fin de que los integrantes de las disidencias se vinculen a estos diálogos. Daza dijo que con esta iniciativa se espera que se aclare el panorama en lugar de oscurecerlo.

Por: Línea Migración, Frontera y Conflicto En 2022 asesinaron a siete líderes y defensores de derechos humanos y a un firmante del acuerdo de paz en Norte de Santander; es decir, hubo un aumento del 32%, en comparación con el 2021. En febrero de 2023 continuó el flagelo en el departamento. José Antonio Santiago Pérez, delegado departamental a la Federación de Juntas de Acción Comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de Socuavó, zona rural de Tibú, recibió varios disparos y fue hallado sin vida en la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra. En 2019, Pérez fue víctima de un atentado, recibió tres impactos de bala y posterior al hecho le asignaron un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en diciembre de 2021, le hurtaron la camioneta blindada en la que se movilizaba y, desde entonces, estuvo desprotegido. Frente a este homicidio, Pepe Ruíz, defensor del Pueblo en Norte de Santander, dijo a RCN Radio que: "aunque es el primer líder asesinado este año en Norte de Santander, un alto número de presidentes de juntas de acción comunal de Cúcuta y Tibú son víctimas de amenazas”. En enero de 2023, Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz y representante ante la Mesa Municipal de Víctimas de Tibú y del Consejo Departamental de Norte de Santander, denunció amenazas de muerte contra ella y contra su padre. En febrero de 2023, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, denunció amenazas por la labor de defensa de derechos humanos que realizan desde la organización. Asimismo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que desde el 2021 han sido víctimas de seguimiento, señalamiento, hostigamiento y procedimientos arbitrarios por parte de la Policía Nacional. Los hechos ocurren antes o después su participación en audiencias para defender los derechos humanos y en lo corrido del 2023 ya han sucedido tres incidentes contra sus integrantes. Gustavo Quintero, miembro de Ascamcat y una de las víctimas, señaló que: “la situación cada vez se ha hecho más recurrente; nos preocupan los términos de seguridad, los hechos ocurren en presencia del hijo de nosotros, un menor de edad, y los policías vienen y no se identifican”. De acuerdo a Cañizares, en 2022 la Fundación Progresar acompañó 67 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, y en medio de una violencia que no cesa, las organizaciones sociales continúan con sus labores y esperan que las autoridades competentes brinden más eficacia en la prevención y protección para garantizar la vida.

Por: Luis Eduardo Celis La residencia en Bogotá de Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ha sido asaltada. El móvil de esta agresión es el robo de información para seguir montando nuevas agresiones. El robo de información ha sido practicado en los últimos años contra periodistas, centros de pensamiento, líderes sociales y políticos. Es una forma de atacar a opositores, de intimidarlos. En algunos casos las personas optan por el silencio o el exilio y los agresores logran su propósito de acallamiento. No hay investigaciones penales con resultados a pesar de que los autores materiales están ligados a alguna forma de poder, no son simples delincuentes actuando por el robo de unos computadores, Muy por el contrario, son acciones ligadas a agendas de acción política. Que ocurra es grave, que no se sancione lo es más. Esa impunidad, como todas las impunidades, alienta a quienes violan la ley a persistir y permanecer en su lógica de actuación criminal. En Colombia vivimos una época de cambio. El robo de información a Hildebrando Vélez está ligado a la actuación del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que lideran una agenda de cambio en la que está el tema energético y minero donde el liderazgo de la ministra Irene Vélez Torres juega todos los días como la responsable de primera línea de las necesarias e importantes transformaciones que se requieren en estos sectores tan importantes para la sociedad colombiana. Las agresiones delincuenciales y el saboteo a la acción de gobierno deben ser respondidas con acción judicial y rechazo ciudadano. Tantos años de atropellos y violencias, muchas de ellas dirigidas desde instancias de poder, deben quedar atrás y eso requiere mucha acción ciudadana y rigor desde el gobierno, afortunadamente un gobierno como el del presidente Petro, comprometido con una democracia de mayor calidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 23 de febrero, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción presentaron el proyecto de Juicio Nacional Anticorrupción en el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Cerca de 60 personas asistieron a esta presentación, entre ellas se encontraban congresistas y medios de comunicación como RCN, Caracol, Canal Uno y CM&. Este evento tuvo dos momentos, el primero fue las palabras por parte del director de Pares, León Valencia, y de Michel Levien, director del Instituto Anticorrupción. El segundo fue un espacio en el que el público, al igual que los medios de comunicación, realizaron sus preguntas frente a esta iniciativa. Para el director de la Fundación Pares es importante no dejar la corrupción “quieta”. Durante su intervención, dijo: "la corrupción es el cáncer de la democracia, muchos proyectos políticos interesantes se han acabado por la corrupción”. Luego, durante su intervención, el director del Instituto Anticorrupción, Michel Levien, dijo que esta iniciativa pretende llevar los casos de macrocorrupción a una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia. Según explico el director de litigio estratégico del Instituto Anticorrupción, Alejandro Alvarado, el Juicio Nacional Anticorrupción tiene dos objetivos principales, el primero es investigar y juzgar casos complejos y desarticular estructuras criminales que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de la ilegalidad. El segundo es generar confianza en la justicia, acercando a la ciudadanía a los juicios y haciéndola partícipe de ellos. Alvarado explicó que por medio de dos tareas se podrían logran estos dos objetivos: por un lado, entregando un mandato a las Naciones Unidas para la conformación de una Comisión Internacional Contra la impunidad en Colombia que se encargue, junto con la Fiscalía General de la Nación, de investigar y acusar los casos más graves. Y por el otro lado, creando una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia con una duración de tres años, esta, compuesta por jueces colombianos que juzgarían los casos presentados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia (CICIC) bajo las mismas reglas procesales del código de procedimiento penal vigente. Cabe señalar que esta iniciativa también pretende reivindicar el papel de las organizaciones de víctimas, periodísticas, de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, comunidades étnicas, veedurías e instituciones educativas que se han dedicado a denunciar los casos de corrupción y cuyas voces muchas veces han sido disminuidas. Finalmente, este evento cerró con algunas preguntas hechas por la prensa. Luego de esto se pasó a un refrigerio para terminar la jornada de esta presentación. Desde Pares y el Instituto Anticorrupción se espera que el Gobierno acompañe este Juicio Nacional Anticorrupción hasta cumplir la tarea, darle a Colombia justicia y verdad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Colombia ha sufrido por décadas los estragos del conflicto armado interno, que ha dejado miles de víctimas y ha desplazado a millones de personas de sus hogares. Ante esta realidad, el Estado ha implementado diferentes estrategias para buscar la justicia y la paz en el país. Por esta razón, se han tramitado múltiples leyes de sometimiento de grupos armados que han sido implementadas a lo largo de los años como parte del proceso de paz en Colombia, entre ellas están: La ley 418 de 1997: fue la primera en establecer un marco legal para el proceso de paz en Colombia. En su artículo 30 se establecieron medidas de sometimiento para los grupos armados ilegales que decidieran desmovilizarse y dejar las armas, además, dichas medidas incluían la reducción de penas y la posibilidad de acceder a programas de reinserción social. La Ley de Justicia y Paz de 2005: fue promulgada por el Congreso, con el objetivo de establecer un mecanismo de justicia transicional para los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Esta ley fue una respuesta a la necesidad de buscar la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación entre los colombianos afectados por el conflicto. Esta ley estableció sanciones para aquellos que hubieran cometido delitos graves durante el conflicto armado, tales como homicidios, secuestros, tortura y violación sexual. Las sanciones podían llegar hasta los 20 años de prisión, aunque los desmovilizados podían beneficiarse de la reducción de penas siempre y cuando colaboraran con las autoridades y contribuyeran a la reparación de las víctimas. La ley de Sometimiento a la Justicia de las Autodefensas de 2006: fue creada específicamente para los grupos paramilitares que operaban en el país. Esta Ley estableció un proceso de sometimiento a la justicia para los miembros de las autodefensas que decidieran desmovilizarse y colaborar con las autoridades en la desarticulación de las organizaciones criminales. Los desmovilizados tuvieron que confesar sus delitos y se comprometieron a reparar a las víctimas. Ley 1922 de 2018: esta estableció el programa de Sometimiento a la Justicia para Grupos Armados Organizados (GAO) en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, con el fin de promover su desmovilización y reintegración a la sociedad. Esta Ley permitió que los integrantes de este grupo armado, así como exmilitares, paramilitares e incluso empresarios y sociedad civil en general, se sometieran a la justicia y contribuyeran, al igual que las demás leyes, a la reparación de las víctimas. Teniendo en cuenta estas leyes, actualmente se ha debatido la Ley de Paz Total y la Ley de Sometimiento a la Justicia del actual Gobierno de Gustavo Petro. Esta primera Ley mencionada (Ley de Paz Total) busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia. Esta Ley modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, es decir, que se adapta a la situación actual (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley para la “Paz Total” en Colombia?). Cabe señalar que las modificaciones a la Ley 418 las hacen todos los gobiernos para poder establecer un marco de acción para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. Esta Ley de Paz Total ya fue radicada en la Cámara de Representantes, en la plenaria del Senado y aprobada por el Congreso de la República (Ver: La Paz Total: entre la negociación y el sometimiento a la justicia). Finalmente, la Ley de sometimiento a la Justicia para organizaciones criminales, hecha por el actual Gobierno de Gustavo Petro, ha sido debatida y presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal para que pronto sea radicada en el Congreso de la República. Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión (Ver: ¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales?). El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros. Todas estas leyes anteriormente mencionadas han sido herramientas importantes para el proceso de paz en Colombia, ya que permite que grupos armados ilegales se sometan a la justicia y contribuyan a la reparación de víctimas. Sin embargo, su implementación y cumplimiento han sido objeto de críticas y también de desafíos, es por esto que actualmente el país sigue trabajando en todo este proceso de implementación y cumplimiento, buscando garantizar la Paz Total en Colombia y la reparación de víctimas, las cuales han sido fuertemente golpeadas por la violencia. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta tres leyes de las que anteriormente fueron mencionadas: Ley Justicia y Paz de 2005, Ley Paz Total y Ley de Sometimiento a la Justicia. Pérez detalló el proceso legislativo de las tres leyes, entre ellas la Ley de Justicia y Paz. Esta ley se aprobó siguiendo los procedimiento normales de una ley ordinaria, lo que implicó cuatro debates en total: dos en la comisión primera del Senado y dos en la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de que el proceso de aprobación tomó aproximadamente dos años, no encontró mayores obstáculos en su camino, especialmente porque en el momento de su aprobación estaba en el poder el gobierno de Álvaro Uribe, que contaba con una mayoría sólida en el Congreso que la aprobó sin dificultades. Cabe añadir que en 2006 esta Ley paso a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, la cual ajustó las condiciones para acceder a beneficios en la justicia, ya que antes no se condicionaba la entrega de verdad por los beneficios jurídicos. Por otro lado, Pérez explico que el trámite de la Ley de Paz Total, la cual modificó o prorrogó la ley 418, fue igual a la Ley de Justicia y Paz, ya que pasó por los mismos cuatro debates. Esta Ley de Paz Total se hizo de la misma manera que la 418 de 1997. Según el asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, la Ley de Sometimiento a la Justicia presenta una similitud con la Ley Justicia y Paz, en cuanto a que busca la reducción de penas a cambio de verdad. No obstante, la Ley de Sometimiento se distingue, según lo que se ha presentado a la opinión pública, por ser más rigurosa respecto a las penas y establecer un mayor énfasis en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas en comparación con la de Justicia y Paz. Cabe destacar que el proceso legislativo para su aprobación será similar al de las otras leyes mencionadas. Actualmente, esta Ley de Sometimiento aún no se ha presentado ante el Congreso, ya que solo ha sido presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal y se debe esperar el concepto de este Consejo Superior para que de esta manera pueda ser presentada ante el Congreso en sesiones extraordinarias. De acuerdo con Juan Alejandro Pérez, la intención es que la Ley sea presentada en el Congreso antes del 16 de marzo. Sin embargo, Pérez señaló que el proceso de aprobación de la ley todavía puede ser complicado, especialmente porque no se sabe cómo los partidos políticos como el Liberal y el Conservador se posicionarán al respecto. Además, el Gobierno está interesado en presentar la ley con prontitud, ya que se está acercando el límite de tiempo para que los grupos armados se sometan voluntariamente a la justicia, lo que podría limitar la capacidad del Gobierno para negociar con ellos. Según Pérez, el Gobierno podría estar sintiendo que la "gasolina política" se le agota. A pesar de esto, se espera que la Ley sea aprobada, lo más pronto, durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy, 21 de febrero, se conmemora el primer año de un histórico veredicto emitido por la Corte Constitucional colombiana, mediante el cual se eliminó la penalización del aborto en el país. La Sentencia C-055 permite que las mujeres, que antes arriesgaban su salud y sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado, ahora tengan accesos a una atención médica segura y legal para este procedimiento, siempre y cuando se realice antes de las 24 semanas de gestación. Esta decisión fue tomada en respuesta a la lucha de más de 100 organizaciones y miles de activistas que han alzado su voz para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Uno de los movimientos que demandó el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad fue Causa Justa, por tal motivo, esta Sentencia también fue denominada “Sentencia Causa Justa” (Ver: Despenalización del aborto: “Esta sentencia es el reconocimiento de los derechos a las mujeres”). Antes de esta Sentencia existe otra que es la C-355 de 2006, la cual permitía el aborto solo si cumplía tres casos excepcionales: violación, malformación del feto o cuando la vida de la madre estaba en peligro. Ahora, con esta Sentencia (C-055), hasta la semana 24, sin importar las circunstancias, las mujeres pueden abortar, sin embargo, si se pasa del tiempo estipulado entrarían a operar las tres cáusales anteriormente mencionadas. La Sentencia Causa Justa ha enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores y religiosos que se oponen al aborto en todas sus formas. Aun así, esta Sentencia ha sido un logro significativo para la salud y los derechos de las mujeres en Colombia. Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que esta Sentencia es muy importante en el contexto regional de las Américas, teniendo en cuenta el “retroceso” que hubo en Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema de revertir “la histórica decisión que protegía el acceso al aborto en Estados Unidos”. Catalina Martínez mencionó que América Latina está dejando varias lecciones importantes para el Norte, una de ellas es la utilización del marco de derechos humanos a nivel regional, ya que en la mayoría de las constituciones de América Latina se incorporan los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que ha permitido avanzar conforme van avanzando estos estándares a nivel internacional y regional. Martínez señaló tres elementos que pueden dar frente a este fallo: el primero es que ha habido una voluntad por parte del Gobierno de implementar la decisión de la Corte Constitucional; el segundo es que según la Fundación Oriéntame, la cual es una de las prestadoras de este servicio más importante en el país, las mujeres que han acudido a buscar servicios de aborto no han aumentado de manera significativa en este año. Martínez aseguró que la gran mayoría ha acudido al servicio en las primeras doce semanas de gestación y, adicional a esto, se ha registrado un aumento de mujeres que han abortado por medio de sus EPS, lo que quiere decir que el marco legal que se tiene hoy en día en Colombia les ha dado confianza para acercarse a los servicios de salud de manera más oportuna. El tercer elemento es acerca de lo que se ha construido frente a la despenalización social, es decir, cómo el movimiento Causa Justa que sigue existiendo y fortaleciéndose frente a esto, sigue poniendo en el debate nacional este tema y ha contribuido a formar e informar a la opinión pública. “La decisión legal es muy importante, pero necesitamos poder seguir luchando contra el estigma que existe en la sociedad para lograr una debida implementación”, añadió Martínez. Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas le dijo a Pares que uno de los retos que tiene el Gobierno frente a este tema es difundir la información sobre el aborto legal en Colombia, promoviendo espacios comunitarios, educativos y en medios de comunicación, ya que muchas veces algunas mujeres que han llegado a esta Fundación no tienen conocimiento de que el aborto es legal, lo que ocasiona los abortos clandestinos que podrían atentar contra su salud y sus vidas. En un comunicado hecho por Jacarandas, la Fundación aseguró que el 96% de las mujeres que las han contactado son menores de 30 años, el 90% de las mujeres que necesitan un aborto tienen menos de doce semanas de gestación y el 26% de las personas que llegan a esta línea son menores de edad. Esta Fundación ha asesorado un promedio de 10 personas diarias que han consultado sobre el aborto este año. En esta misma línea, Catalina Martínez menciono que es importante implementar las políticas y protocolos con todo el personal médico a lo largo del territorio, con el fin de que estos profesionales conozcan sus obligaciones y se puedan desarrollar campañas de difusión para potenciar todos los derechos que deben saber las mujeres al momento de querer abortar. Algo importante de este marco legal en Colombia es que todas las personas son libres de tomar la decisión, es decir que aquellas mujeres que no estén de acuerdo con el aborto, no van a tener que acceder nunca a este servicio de salud. Martínez destacó la importancia de garantizar el acceso a los servicios de aborto a todas las mujeres en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como niñas víctimas de violación que viven en zonas rurales. En este sentido, subrayó la necesidad de que estos servicios no se limiten solo a las grandes ciudades, sino que se extiendan a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que a pesar de que los casos de violación están incluidos en las causales establecidas en la sentencia C-355, para acceder al aborto, más de 4.000 niñas dieron a luz en Colombia en 2020, según el DANE. Este hecho sugiere que estas menores, cuyo embarazo se presume que es producto de una violación sexual, deberían haber tenido acceso a un aborto bajo la causal de violación, pero no lo hicieron debido, tal vez, a la falta de información, el estigma que existe en algunas instituciones de salud u otros obstáculos. Por tal motivo que Catalina Martínez enfatizó la necesidad de ampliar el marco legal para garantizar un acceso amplio y efectivo a todos los servicios de aborto para las mujeres en el país.