Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En Colombia los jóvenes representan una parte importante de la población y su participación en el desarrollo del país es esencial. Sin embargo, las juventudes enfrentan diversos desafíos que afectan su bienestar y su capacidad para alcanzar sus metas y sueños. Una de las problemáticas más urgentes para los jóvenes en Colombia es el desempleo. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2021, la tasa de desempleo juvenil en el país es del 19,8%. Este índice es especialmente elevado en algunas regiones y sectores económicos y se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica resultante. Además, la falta de acceso a una educación de calidad es otro de los retos que enfrentan las juventudes en Colombia. La deserción escolar es una problemática persistente en el país, muchos jóvenes abandonan sus estudios debido a factores como la falta de recursos económicos, la violencia en sus comunidades o la falta de oportunidades laborales. Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción escolar en educación media en el 2020 fue del 7,1%. Otro de los desafíos que enfrentan las juventudes en Colombia es el reclutamiento por parte de grupos armados delincuenciales y la economía ilegal. Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 se presentaron 227 casos de reclutamiento forzado de jóvenes en Colombia. Ante estos desafíos es necesario que se tomen medidas que promuevan la generación de empleo y el acceso a oportunidades laborales para los jóvenes, así como iniciativas que fortalezcan la formación y el desarrollo de habilidades para mejorar su empleabilidad. También se requiere una mayor inversión en educación, tanto en términos de recursos económicos como de políticas públicas que aseguren una educación de calidad y pertinente para las necesidades de las juventudes en el país. Además, es importante abordar las causas que llevan a los jóvenes a ser reclutados por grupos armados delincuenciales y a participar en economías ilegales. Esto implica una respuesta integral que aborde factores como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la violencia en las comunidades. En cuanto a las propuestas políticas en este ámbito, el Plan de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" propuesto por el presidente Petro incluye iniciativas como el programa Jóvenes en Paz, que busca ofrecer alternativas de empleo y educación para los jóvenes que viven en contextos de violencia y la condonación de deudas del ICETEX para que los jóvenes puedan acceder a una educación superior sin tener que endeudarse excesivamente. Por otro lado, también se ha planteado la eliminación del Esmad, unidad de la Policía Nacional encargada de controlar disturbios y manifestaciones, por su histórico de violencia y abuso de poder en el manejo de la protesta social. La propuesta ha generado debate y controversia, con algunos argumentando que es necesario mantener una fuerza especializada en el control de disturbios, mientras que otros señalan que la disolución del Esmad es un paso necesario para una reforma policial integral que garantice el respeto a los derechos humanos y la protección de la ciudadanía en el contexto de la protesta social. La eliminación del Esmad o su reforma profunda se presenta como una medida para reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional y para garantizar el respeto de los derechos humanos y el diálogo en las movilizaciones sociales. En conclusión, las juventudes colombianas enfrentan una serie de desafíos y oportunidades en la actualidad. La deserción escolar, el desempleo y la vulnerabilidad a la violencia y la criminalidad son algunos de los principales problemas que enfrentan los jóvenes en el país. Sin embargo, también hay una gran cantidad de jóvenes que están activamente involucrados en la transformación de sus comunidades y trabajando por un futuro mejor para ellos mismos y para Colombia en general. A través de políticas y programas enfocados en el desarrollo integral de los jóvenes se puede ayudar a superar los desafíos que enfrentan y permitirles alcanzar todo su potencial. La participación y el empoderamiento de los jóvenes son claves para construir un país más próspero, justo y equitativo en el futuro.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Treinta días cumple la jornada de huelga de nuestros maestros agremiados en la Asociación de Institutores del Cauca (Asoinca), quienes, en una legítima, legal y excelente actividad de economía popular, tienen los recursos económicos para sostener una jornada de paro reconocida por la ley. Dos reivindicaciones sociales agitan en su pliego de peticiones: el primero, la estabilidad laboral de los aproximadamente nueve mil quinientos docentes que por la política de "tasa técnica" –es decir, el número de alumnos necesarios en lo urbano (40) y lo rural (20) para asignar un profesor que cumpla con la tarea de educar en cada salón o en la metodología de rotación por grados– se ha producido la denominada "necesidad del servicio" en un atentado contra la calidad de la educación y el derecho al trabajo de quienes por vocación se convirtieron en formadores de hombres y mujeres que en diferentes disciplinas componen nuestro sociedad. El segundo, cuello de botella hoy, es la resistencia frente al operador privado del servicio de salud de los educadores y sus familias, la empresa Cosmitet, que actúa como EPS en la intermediación de recursos, al igual que presta algunos servicios como IPS privada. De los dos puntos ya hay acuerdo público sobre el primero: el neoliberal ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se comprometió a mantener la planta de profesores durante los cuatro años del gobierno del cambio. Pero el hueso duro de roer está en relación con el prestador de servicios de salud que está en manos de Cosmitet; su lógica de mercado capitalista de la rentabilidad es desestimular el uso del servicio para acumular en sus manos los recursos del presupuesto nacional destinado por el gobierno, conocido como Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero transferido a las EPS para la administración del servicio, pues realmente son las IPS (clínicas y hospitales, públicos y privados) quienes prestan el servicio médico al usuario. Más de 120 hombres y mujeres, denuncia Asoinca, han muerto en el tiempo de los contratos con esta EPS. El esquema de atención en salud que rige para los maestros es por regionales (diez en todo el país), en manos del Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio, cuya junta directiva para la toma de decisiones está compuesta por tres delegados del Gobierno Nacional y dos de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), en consecuencia con la realidad de ser un régimen especial, como los de la rama judicial, las fuerzas armadas y el Congreso de la República. Ese esquema ha llevado a que los docentes de los departamentos del Cauca, Nariño y Valle reciban una mala atención por parte de Cosmitet. Es por lo anterior que el sindicato ha planteado constituirse en veedor del uso de los recursos de la salud aportados por el Gobierno a Cosmitet, para lo cual propone constituir una unión temporal con el Hospital Universitario San José, de carácter público. Esa unión temporal sería la regional número once, sólo para el Cauca, con el propósito de mejorar la prestación del servicio, introducir equipos técnico de última generación, etc. Un acta general y un oficio firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, serán puestos a consideración de la asamblea general del magisterio del Cauca el martes 21 de febrero, en el auditorio de Asoinca, para tomar la decisión sobre si se levanta la huelga o se mantiene. El mayor respeto y admiración por quienes forman las generaciones para servir a la patria; nuestra energía positiva para que sean esas dos actas favorables a los educadores, sus familias y la sociedad en general. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Cuando terminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Venezuela, en diciembre pasado, no nos imaginábamos que el segundo ciclo –que se viene desarrollando desde el 13 de febrero en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de la Ciudad de México– iniciaría con la discusión del importante pero espinoso tema de un cese bilateral al fuego. Este tema comenzó a posicionarse tan solo a mediados de enero, un par de semanas después del desafortunado anuncio que hizo el presidente de la República Gustavo Petro de una tregua multilateral al fuego con varios grupos armados ilegales, entre los que incluyó al ELN. Anuncio que fue desmentido días después por la agrupación armada y catalogado por ella misma como una “crisis” en las nuevas negociaciones de paz con el Estado colombiano. Un impasse que provocó, como vemos, un aplazamiento del abordaje del fundamental punto uno de la agenda con el ELN, relacionado con la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz. Se generó un dejar para después este componente que es, tal vez, el más importante y estratégico para la construcción de un tratado de paz que ponga fin a la guerra con la última guerrilla de Colombia y el continente americano. Afortunadamente, la discusión sobre el cese al fuego y de las hostilidades es un tema que, sabiéndolo abordar –como se intenta hacer en esta ocasión– tiene la virtud de abrir varias ventanas de oportunidades para el proceso, con lo que se puede avanzar metodológicamente el camino que quieren las partes en este nuevo y, esperemos, definitivo encuentro: la implementación inmediata de los acuerdos a los que se llegue, para aumentar confianza y efectividad en las negociaciones. Entre la ventana de oportunidades que abrió está la obligación del ELN de inyectarle a este tema imaginación y novedad. Pues produciría un desconcierto en la sociedad el anuncio de un cese al fuego tradicional: esta guerrilla nos tiene acostumbrados a realizar actos de este tipo de manera sistemática –en épocas de navidad, de Semana Santa, en elecciones, etc.– y resultaría poco estratégico que, en esta ocasión, luego de tanta discusión y alboroto, nos ofrecieran lo mismo. De allí que se puede decir que se avecinan, por lo menos, cuatro cambios en este tema. El primero es un paso del énfasis de un cese al fuego a uno de reducción de las hostilidades. Las partes están trabajando en México en cambiar el foco de una tregua o cese del uso de los fusiles y tropas, como es habitual, a una reducción de las hostilidades contra la población civil. El objetivo es que se reduzcan las acciones tradicionales contra los civiles, como el minado, los secuestros, las retenciones, el reclutamiento de menores y las extorsiones; pero también sutiles, como el confinamiento obligatorio y el cumplimento de normas sociales que hacen parte del ejercicio del poder territorial. Acciones en las que se involucra a niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos. La idea principal es afectar lo menos posible a estas poblaciones. El segundo cambio se encuentra en el enfoque territorial del cese al fuego. Aunque el deseo es que sea una tregua nacional, en un primer momento el ELN está hablando de una parálisis de actividades asociadas a la guerra en varios de los territorios donde tiene presencia. La confluencia de otros actores en los territorios donde el ELN hace presencia ha provocado una complejización del conflicto. Lo más apropiado es que se comience con ceses a las hostilidades donde esta guerrilla tiene mayor dominio y luego se amplíe a otros territorios, en los cerca de 200 municipios –el 20% de los que conforman a Colombia– en donde el ELN tiene presencia armada. Este énfasis territorial provoca la aparición de una tercera novedad en la que ya se viene trabajando: el imperativo de implementar de forma inmediata lo acordado. Esta es una actuación que se ve en la práctica y en movimiento. En el primer ciclo se acordaron varios alivios humanitarios y es evidente que las partes trabajan en esto, tanto con los presos políticos como mediante de la caravana humanitaria que hace poco recorrió zonas del Bajo Calima y el Medio San Juan en Chocó. La idea nuevamente es que el cese de hostilidades tenga inmediata aplicación. Finalmente, una cuarta innovación sería en el giro de un cese de hostilidades temporal a uno permanente. El hecho de que el ELN desarrolle el cese al fuego y de las hostilidades en sus territorios, con la población con la que tiene vínculos y afectos, hará que sea muy difícil que un derecho adquirido y en el que se avanza positivamente se retroceda con el pasar del tiempo. Que se quede lo ganado, esta sería la exigencia que la misma comunidad le haría a los armados. Convirtiendo un alivio temporal en uno que sea difícil quitar, al menos, por el ELN que pone siempre a la población en primer lugar. Todos estos hechos aumentarán los alivios humanitarios en las regiones que sufren el conflicto. Con ello la población y las comunidades se darán cuenta de las bondades de la paz, verán que los pactos de cese a las hostilidades se materializan en transformaciones reales en la vida, pudiendo realizar sus labores normalmente y aumentando la confianza ciudadana en el proceso. Con lo que se avanzaría, incluso, en el primer tema de la agenda, en la participación de las comunidades. Mejorando el clima para las conversaciones y brindando garantías materiales para su participación. En conclusión, la temprana inclusión en la agenda de cese al fuego y hostilidades está posibilitando al proceso realizar cambios importantes. Las partes están trabajando con imaginación y creatividad, intentando diferenciarse de otros procesos de paz en materia de cese al fuego. Y con ello, al mismo tiempo que se respetan los protocolos, le están dando al ELN protagonismo y diferenciación con otros actores involucrados en la Paz Total. Esperemos que este giro que está permitiendo dinamizar las discusiones, también haga que se mire con otros ojos la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz, para que se dé algo similar: que se retomen los aprendizajes, se capitalicen experiencias y se inyecte novedad, que sea otro acto creativo donde se inventen nuevas rutas para avanzar en las transformaciones que requiere la democracia, como rezan los otros puntos de la agenda de negociaciones. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El excomisionado de la verdad, defensor de víctimas y líder social del Chocó, Leyner Palacios, denunció nuevas amenazas en su contra y de su familia. El líder social aseguró que se “esconderá” ante las intimidaciones que recibió. Aseguró que algún grupo armado al margen de la ley fue el que le envió un mensaje de texto a su hija, en el que le advirtió que el líder tenía doce horas para salir del departamento del Chocó. Cabe recordar que desde que terminó su función en la Comisión para la Verdad, Leyner Palacios ha recibido este tipo de amenazas por grupos armados, especialmente por las AUC y el Clan del Golfo. Este líder social, procedente de Pogue, Chocó, tiene 46 años y desde 2014 ha representado a las víctimas en varios espacios públicos, uno de estos fue durante los diálogos que se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el Gobierno Nacional, para lo que sería el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016. Palacios se habría convertido en una de las voces de quienes fueron víctimas de la Masacre de Bojayá, ocurrida el 02 de mayo de 2002. Cabe añadir que él fue uno de los sobrevivientes de esta masacre que se dio durante enfrentamientos entre la antigua guerrilla FARC-EP y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Palacios participó en un documental llamado “Bojayá, entre fuegos cruzados” que realizó con el fin de conmemorar los 20 años de esta masacre. Este documental, que dura 81 minutos, lo protagonizó el líder social, su familia y su comunidad. Además, Leyner Palacios fue homenajeado en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de Paz 2016 y ganó el premio Global por el Pluralismo en 2017. Actualmente, Palacios venía adelantando procesos pedagógicos en zonas rurales del Cauca, Chocó y Nariño con el fin de dar a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad (Ver: Leyner Palacios, un retrato de la guerra contra los líderes). Ante la amenaza actual hacia este líder social, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado a las autoridades para la protección de la vida de Palacios y asimismo rechazó estos hechos que pueden atentar contra su vida. Asimismo, el ministro Alfonso Prada rechazó las amenazas y mencionó que desde el Ministerio del Interior ya se están tomando las medias correspondientes. Por esta misma línea, el director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, mencionó que desde la Fundación se convocó a todas las fuerzas de derechos humanos para proteger la vida de Leyner. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su solidaridad y pidió a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Leyner Palacios le aseguró al medio de comunicación Blu Radio que hoy 20 de febrero estaría abandonando el departamento porque siente que no tiene garantías de seguridad para poder permanecer allí. Sin embargo, se conoció qué gracias al respaldo del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, Palacios pudo ser trasladado a un refugio. Según la Línea Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, en el departamento del Chocó operan grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo. Palacios aseguró que estas amenazas y el haber salido del departamento no evitará que siga realizando su labor como líder social.

Por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, Entre Pueblos, Odevida Internacional, Pares Desde 2016, el Gobierno Peruano inició la construcción de una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. En aquél año, el país aprobó un protocolo de protección y posteriormente (2019) se consideró al Ministerio de Justicia como encargado del protocolo, además de abrir un registro de situaciones de riesgo (2020). Al año siguiente (2021) se aprobó también el mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras, así como una política sectorial a nivel del Ministerio del Ambiente. Asimismo, en el mismo año, el país aprobó un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y en 2022, el Ministerio Público aprobó el “Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en Agravio de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos”. A pesar de estos avances institucionales en materia de defensa, en Perú la agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo desalentadora. Los casos de violencia contra este tipo de defensa se mantienen y aumentan en algunos territorios, siendo el departamento de Cajamarca uno de los más graves. Este informe de investigación tiene como objetivo contribuir a fortalecer el acceso de defensores y defensoras de derechos humanos en Cajamarca, Perú, a las políticas estatales de protección. Para lograrlo se hace 1) el diagnóstico de riesgos de la defensa de los derechos humanos en el territorio, considerando modalidades de agresión y actores involucrados; 2) la identificación de las barreras para el acceso a las medidas de protección; 3) la elaboración de propuestas y recomendaciones para la superación de estas barreras. Como resultado de la investigación se encontró que en Cajamarca, Perú, las principales dinámicas de violencia contra defensores y defensoras se generan en el ámbito de influencia de empresas formales y con la participación de actores estatales mediante el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Actualmente, el tipo de defensa que genera más agresión es la defensa de los derechos de la mujer. Actualmente, no existe ningún impedimento para que el Mecanismo Intersectorial actúe frente a los patrones de violencia como los que prevalecen en Cajamarca. Sin embargo, la falta de autonomía y participación de la sociedad civil en la gobernanza del Mecanismo constituye una barrera para que este aborde dinámicas de violencia perpetradas por actores estatales. Finalmente, La violencia contra las personas defensoras en Cajamarca se relaciona con problemas estructurales, entre los que destacan la precariedad de la ciudadanía ambiental, el uso arbitrario de la fuerza en protestas, y la falta de coordinación intercultural de la justicia. Les invitamos a leer el informe completo Defensoras y defensores de los derechos humanos en Cajamarca, Perú: luchas y desafíos para su protección efectiva, aquí:

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol En la historia, cuando las izquierdas han alcanzado el gobierno, desestiman la corrupción como un problema. Parte de la explicación es porque se concentran en transformar el sistema como un todo y desprecian los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, del Estado, de la economía. Esto es claro en las últimas reformas que presentó el Gobierno y que se fundamentan en el paradigma de que todo lo público es mejor, y que basta querer hacerlo y garantizar los recursos para que funcione bien. Pero en el mundo esta idea es más bien relativa. Hay tantos casos de modelos públicos exitosos –como en Europa del norte– como desastrosos –en el caso de la India–. Lo que hace que muchos países en desarrollo hayan fracasado estrepitosamente en el paradigma de lo público es justamente lo que se desprecia como problema: la corrupción. Así, la política más virtuosa para la superación de la pobreza puede terminar trayendo más pobreza. Las transferencias monetarias directas pueden promover mejores condiciones materiales de vida para las personas más rezagadas de la sociedad o pueden también crear un sistema perverso de incentivos que deriven en clientelismo y en detrimento mismo de la democracia, creando incluso más pobreza. Así mismo, la salida fácil de dejar todo en manos privadas tiene el mismo problema al crear élites y oligopolios con dinero público que concentran la ganancia, pero no distribuyen un peso. Por eso, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué. Es fundamental entender el mecanismo de la corrupción, cómo y de dónde proviene, para saber cuáles son las decisiones que debemos tomar en las elecciones regionales que se aproximan. En Colombia las leyes anticorrupción son punitivas o prohibitivas, lo que no ha ayudado a evitar que los corruptos manejen el dinero público, sino a crear mayores barreras de acceso para el resto de la sociedad. El centro del mecanismo radica en el poder de intermediación de la clase política con la ordenación del gasto. Voy a tratar de explicar cómo funciona. Por una parte, entre los actores del sistema está el Estado central que tiene el control de la mayor parte de los recursos, los intermediarios políticos (usualmente congresistas) y una serie de contratistas o privados que ejercen de “prestamistas” o financiadores de campañas. La función primaria de los senadores o representantes es ubicar personas de su confianza en distintas instituciones y gestionar recursos de inversión para financiar sus propias campañas y las de sus aliados regionales. Así, se garantiza una cadena de confianza en la intermediación. Se vuelven súper poderosos porque ningún mandatario local puede gobernar sin ellos. Pero sus servicios son demasiado costosos. Entre más alejado sea el municipio, entre más vulnerable su población, el congresista tiene más poder sobre los mandatarios regionales y estos menos posibilidad de orientar el presupuesto a las necesidades de su territorio y no a pagar las deudas de campaña. Una vez la persona es electa en la alcaldía debe garantizar la devolución de su dinero, que por supuesto no es tan alta en la reposición de votos. Al final, el contratista no hace otra cosa que mover dinero público. Saca una comisión de su relación política, ejecuta o no el objeto del contrato, se queda con una porción importante que invierte nuevamente en campañas para que le sea retribuido con ganancias. En este caso, toda la financiación de campañas es estatal. Por eso, la corrupción no puede ser desestimada para un gobierno que quiere poner lo público en el centro de las reformas sociales. En la ejecución de la política pública el Musa Besaile petrista hará lo mismo que el Musa Besaile uribista y es garantizar su propia financiación por encima de las necesidades del territorio. Estas élites tienen la capacidad de adaptar sus formas a cualquier sistema, de montar EPS como Solsalud –fachada del condenado Luis Alberto Gil– o de torcer la contratación pública a su favor a cambio de gobernabilidad. Da igual cuál sea la norma. Al final, cualquier institución creada terminará siendo objeto de sofisticados pliegos tipos y prestando un servicio de pésima calidad. Los derechos de la gente es lo que menos le importa al mecanismo. Piénsenlo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 13 al 19 de febrero de 2023 Se instaló el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Importantes mensajes fueron presentados por Pablo Beltrán y Otty Patiño, los dos jefes de las respectivas delegaciones. El tono y los mensajes presentados por la delegación de Gobierno y del ELN son muy coincidentes y auguran los mejores logros en este ciclo que va a durar treinta días. 1. Mensajes a destacar por parte de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN: “Somos socios para construir una paz integral y duradera”. “Colombia ha estado atada a una guerra perpetua de la cual hay que salir”. “El régimen oligárquico interno se ha aliado a los Estados Unidos para perseguir a todos los opositores en una doctrina de seguridad nacional que ve en los disidentes enemigos internos”. “Hay que salir de la fracasada guerra contra las drogas y eso se debe hacer con una sola voz desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para hablarle al mundo y proponer nuevas políticas”. “Es una buena noticia que hay en curso políticas alternativas a la fracasada guerra contra las drogas, que lideran los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia”. “El viejo régimen usufructúa un modelo de desarrollo depredador y que solo sirve a los intereses oligárquicos, hay que colocar al Estado y la economía al servicio de las mayorías, ese el propósito de una paz con justicia social”. “La mejor noticia que queremos compartir es que gracias al estallido social, a la rebeldía juvenil que se tomó las calles de las grandes ciudades, el país vive un punto de inflexión en su historia, caracterizado por una movilización que busca el cambio”. “Por este torrente transformador llega a la presidencia el actual gobierno progresista y a este mandato de cambio también obedecemos en el ELN”. “La mesa de negociaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio, cuya agenda busca transformaciones y poner fin al conflicto armado”. “La mesa no busca una revolución por contrato ni va a desmovilizar las rebeldías por decreto, se requiere amplia y diversa participación, transformaciones y cumplimiento de lo acordado”. “Para la paz se requiere una gran alianza nacional construida sobre una visión común de paz”. “Este segundo ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en la construcción de la paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese del fuego bilateral, temporal y nacional”. “Este ciclo continuará acordando sobre los asuntos humanitarios para aliviar la situación de quienes más sufren la continuidad del conflicto interno”. “Igualmente trabajaremos sobre los alivios para las personas privadas de la libertad, incluidos los presos políticos”. “El tercer componente de la mesa lo constituyen los países garantes, los países acompañantes y la presencia permanente de la Misión de la ONU y de la Iglesia Católica, quienes son testigos y depositarios de los acuerdos que se logren. 2. Mensajes a destacar de Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: “Estamos aquí con el impulso que el Gobierno de Colombia presidido por el presidente Gustavo Petro le ha dado a las transformaciones, al cambio y a la paz como política de Estado”. “El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, recientemente presentado, tiene un componente transversal de inversiones para la paz que tiene una inversión de 50,4 billones de pesos, que representan diez mil millones de dólares”. “El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo tiene contemplado el cumplimiento del acuerdo de paz del 2016 firmado entre el Estado Colombiano y las FARC, que tiene como primer punto la reforma rural integral y es un acuerdo incumplido y que este Gobierno tiene el compromiso de cumplir plenamente”. “Lo que un Gobierno acuerda es un compromiso de Estado y este Gobierno honra el compromiso de que los pactos son para cumplirlos”. “Tuvimos un primer ciclo donde trabajamos los protocolos para honrar que lo pactado se cumple y se configuraron los compromisos institucionales de esta mesa”. “En este segundo ciclo debemos avanzar en compromisos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado”. “En este ciclo tenemos que producir hechos y según lo acordado tenemos que entrelazar dos grandes temas: la participación de la sociedad para la construcción de la paz, donde deben ser protagonistas las comunidades que sufren el conflicto armado y el abandono del Estado”. “La participación debe tener como protagonista a los territorios donde permanece el ELN y tiene no solo una presencia militar sino un liderazgo social y las transformaciones acordadas se pueden implementar de manera inmediata”. “En lo acordado en la mesa deben primar los principios de reciprocidad y corresponsabilidad, ninguna de las partes se debe asumir como superioridad moral”. “Para que este proceso funcione se requiere el empoderamiento de las comunidades para que trabajen desde sus capacidades en la construcción de las transformaciones para la paz”. “Lo que tenemos como Estado no está plenamente acabado, lo que tenemos como democracia está lejos de ser perfecto, solo tendremos una paz estable y duradera cuando sean las propias comunidades las que decidan su propio destino”. “Las transformaciones para la paz, la participación y la democracia para la paz, se constituyen en un todo, deben ser realidad en los territorios donde permanece la violencia, hay que trabajar por un estado social ambiental y de derecho”. “Sobre el cese al fuego, seguimos las orientaciones recibidas por el presidente Gustavo Petro, nos corresponde como delegación, como mesa, reinterpretar el cese al fuego, no solo como una disminución de las acciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia las comunidades y la población civil”. “El cese al fuego debe ser un acto creativo que recoja los conocimientos y otras experiencias, hay que inventar, la mesa debe ser un lugar profundamente creativo”. “El conflicto colombiano es muy enredado, como lo ha dicho el jefe de la delegación del ELN, la acción de otros países ha hecho más enredado nuestro conflicto.” “Lo importante es ir generando un clima de seguridad, de serenidad, de libertad en las comunidades, especialmente en las comunidades étnicas que son las que más han sufrido esta violencia”. “No olvidemos a la población más vulnerable que sufre la violencia: niños, los mayores y muy especialmente las mujeres”. “El poder de las mujeres es clave para avanzar en este proceso”. “Todo lo que hagamos por desescalar la violencia va a potenciar la participación de las comunidades para lograr transformaciones y territorios en paz”. “El reto de este segundo ciclo es producir hechos que muestren que la participación para lograr transformaciones sociales es real”. “La mesa es la que puede liderar la participación, las transformaciones, el cambio que haga posible la paz”. 3. Aquí se puede escuchar las presentaciones del ELN y de la delegación del Gobierno: 4. Este año se cumplieron 57 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, la delegación del ELN desde México pidió aclarar el paradero de sus restos. 5. Esta semana en el desarrollo del Ciclo de México se hizo una oración por todas las personas que han perdido la vida en esta larga violencia: 6. El semanario Voz entrevistó a Carlos Arturo Velandia sobre el segundo ciclo entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 7. La Fundación Ideas para la Paz presentó un reporte sobre las experiencias de anteriores ceses del fuego: 8. La intensidad del conflicto se mantiene de manera especial en Arauca, donde el ELN tiene en su poder un suboficial del Ejército Nacional, hecho criticado por el presidente Gustavo Petro: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Hoy se abre un nuevo ciclo de diálogo con el ELN en el que se retomará en México lo iniciado en Caracas y gran parte del Acuerdo Paz, firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. El ELN lleva seis intentos de diálogos y la agenda tiene justamente seis puntos. Este nuevo intento, que ya cuenta con prácticamente todos sus protocolos aprobados, es lo más lejos que el país ha llegado en un intento de paz con esta guerrilla. Pero asimismo puede ser muy frágil. Muchas personas que votaron a Gustavo Petro para hacer realidad la paz con el ELN y detener la cruenta oleada de violencia que vive el país, se sienten confundidas con las últimas declaraciones de esta guerrilla en las que se ubican en oposición a la política de Paz Total y a la posibilidad de diálogo con otros actores armados, la guerrilla acusa al gobierno Petro de ponerla “en la misma bolsa” que otros grupos delincuenciales sin carácter político. Esto no es nuevo. Cada vez que el país ha abierto frentes de diálogo y negociación simultánea con distintos actores, al menos uno de ellos se declara en oposición. El propio ELN vivió la férrea y violentísima oposición de los paramilitares al eventual despeje de una zona del sur de Bolívar entre 1998 y el 2002, mientras que en el cuatrienio 2014-2018 manifestó sentirse relegado ante la prioridad de firmar la paz con las FARC. Sucedió también en la negociación de finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa en los intentos de conversación con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cuando finalmente señalaron de traidores a todos los firmantes de paz de ese entonces. Los cuellos de botellas y las líneas rojas durante todos estos años también han sido similares. El ELN siempre demandó un cese bilateral de hostilidades con el Estado y una amplia participación en su proceso de paz, aunque jamás se ha llegado a especificar el cómo. Tampoco se ha logrado pactar un cese de las violencias contra población civil, especialmente en Arauca. Pero hay algo nuevo y es que este gobierno no tiene ningún problema en decretar un cese de hostilidades, lo cual pone a la guerrilla en una situación complicada, dado que sus principales acciones violentas no son contra el Estado, sino para mantener el control territorial único y férreo, cueste lo que cueste. El ELN, una guerrilla profundamente apegada al detalle, muestra ese carácter nuevamente en la mesa de negociaciones. El escalamiento de sus acciones violentas en el departamento de Arauca le está comenzando a pasar factura hasta en los amigos y garantes del proceso de paz. Recientemente, según conocimos en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), varios líderes sociales de este departamento fueron declarados objetivo militar por su intención de participar en el proceso de Paz Total. Arauca no soporta más una violencia tan cruenta y extendida. Es fundamental evitar que este escenario se agudice. Es muy probable que en este ciclo las discusiones sobre los detalles de protocolos y agendas, así como las peticiones para no otorgar estatus político a las disidencias, se tomen una porción muy importante del tiempo de ambas delegaciones. Pese a que el cambio de gobierno ha sido muy bien recibido y el ambiente en la mesa tiende a ser positivo, la negociación sigue estando afincada en una profunda desconfianza al Estado. Cualquier error por parte del gobierno puede ser dramáticamente cobrado por la guerrilla, e incluso puede ser utilizado para romper la mesa acusando al Estado de incumplir. Si bien es completamente cierto el incumplimiento del Estado Colombiano ante todos los acuerdos de paz que ha firmado, también es verdad que esta puede ser la última oportunidad del país para tener una paz negociada con el ELN. La Paz Total nos ha obligado a reconocer las raíces tan profundas que tienen las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales en el gobierno del día a día de regiones enteras, y, por primera vez, plantearnos como sociedad hacer algo al respecto. Y es aún más cierto que un cese bilateral de hostilidades no representa la realidad de la violencia hoy, y que el gobierno tiene total disposición de firmarlo. Hoy, la pelota está en la cancha del ELN. Esperemos que esté a la altura de esa responsabilidad y salga de la idea de un ciclo sin fin de negociación. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, para @confidencialcol Todo gobierno que llega en toda América Latina construye sobre el clientelismo su gobernabilidad, y en general en la región no se percibe como algo reprochable. Las personas que nacimos y crecimos en Colombia hemos vivido aprendiendo a caminar en la delgada línea que separa la recomendación de la corrupción. Mucha gente, en muchas columnas de opinión ha cuestionado que el gobierno del cambio mantenga ese mecanismo, pero la verdad es que ni el presidente Petro tiene el poder de corregirlo. Por eso, hay mucho de absurdo en las denuncias del reencauche de las élites regionales y los clanes políticos en partidos cercanos a la coalición de gobierno. Personalmente, al haber estado un par de décadas cerca del lado de la denuncia he empezado a entender que lo raro sería que la situación cambiara. Ningún presidente ha sido electo sin su intermediación. Eso lo entendió Petro en campaña y lo ha mantenido en el gobierno. Es como si el presidente hubiera hecho un acuerdo de paz con los clanes políticos para garantizar la estabilidad del gobierno. Y funcionó parcialmente. Hasta ahora se puede contar con que tendremos un gobierno estable. Pero seamos sinceros. Los incentivos al liderazgo político, sobre todo en las regiones no están determinados por valores democráticos (o meritocráticos) de ningún tipo. El liderazgo se hereda – como el de Nicolás Petro – o como el de Musa Abraham, ambos hijos de apellidos importantes en contextos donde la ideología política importa más bien poco. Un dato: El departamento de Córdoba sólo ha elegido una congresista por fuera de las élites políticas tradicionales desde la fundación del departamento, y esta fue Eleonora Pineda, cuya carrera política fue hecha por el propio comandante paramilitar, Salvatore Mancuso. Ese tipo de liderazgo, que fue fácilmente manejable para cualquier gobierno anterior, es absolutamente tóxico en un proyecto de cambio. Negarlo significa perder la estabilidad del gobierno y aceptarlo es echarse la soga al cuello. A los gobiernos de izquierda les puede salir carísima la aceptación de la corrupción. Si en algún momento el gobierno les falla, el cheque de cobro será carísimo. Tenerlas en el sistema democrático es vivir en la zozobra permanente. El clientelismo les ha dado un poder abismal que no entienden las personas que nacieron apellidándose Sanín, porque justamente su lugar en el mundo les fue otorgado de nacimiento. La ansiedad y la angustia de perder el trabajo para un contratista es tal que son muy pocas (y valientes) las personas que logran decirle no a quienes les han conseguido su empleo. Y eso, por supuesto, incluye a las miles de mujeres sometidas a abusos y vejámenes de hombres con poder, no sólo por su propio empleo, sino por el castigo de ser retiradas para siempre de las redes clientelares. También incluye a los montones de funcionarios que no pudieron decir que no a sus jefes y les facilitaron sofisticadas rutas para amañar contratos o robar el erario público. Es el mismo mecanismo y es hora de aceptarlo. Si pierden, sabotean; si ganan chantajean. El clientelismo en América Latina, y en Colombia no ha sido una práctica libre de víctimas. Tiene todo que ver con los casos de abuso sexual por parte de políticos y también es responsable de la muerte de miles de niños en la Guajira por desnutrición. Es el que ha hecho que el talento importe poco y el que produce pérdidas billonarias en el Estado que pudieron invertirse bien y eficientemente en paliar tantos dramas sociales. Es el que hace que un campesino no tenga una vía decente. Es el que hace que puedan robar con total impunidad porque no se les puede decir que no. ¿Cómo cambiar si el mecanismo se mantiene? Una de las preguntas que siempre viene a mi mente es ¿cómo se hace para gobernar con los amigos sin que se vuelva una relación clientelista? No se puede si no se le quita a la clase política el control del empleo público. En algún momento el apellido Petro se vuelve parte de esa élite, como lo han sido los Jattin, los Burgos o los Aguilar. Este mensaje debería llegar a todos los partidos políticos ahora que están armando sus listas regionales: No hay clientelismo bueno. No hay manera de meterse en un pozo de brea y salir limpio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 14 y 15 de febrero hubo marchas tanto a favor como en contra de las reformas que el Gobierno Nacional ha venido radicando en el Congreso. Las movilizaciones del 14 de febrero fueron convocadas por el mismo Gustavo Petro y cerraron con una alocución del primer mandatario desde su balcón en la Casa de Nariño. Fue la primera vez en la historia reciente del país en que un presidente da un discurso desde el balcón de su palacio presidencial para la ciudadanía que salió a apoyarlo. Las autoridades aseguraron que se realizaron 126 actividades relacionadas con este evento en 28 departamentos y Bogotá. Según el jefe de Servicio de la Policía, 28 mil personas asistieron a las actividades realizadas a través de 21 marchas, 17 concentraciones, tres movilizaciones y una asamblea. Alrededor de dos mil personas participaron en la movilización que se hizo en la capital, donde se observó una aglomeración de la ciudadanía en las calles. Sin embargo, al punto final del encuentro en Bogotá, en la Plaza de las Armas de la Casa de Nariño, apenas hasta las 3:00 p.m. empezaron a llegar las personas para escuchar el discurso de Gustavo Petro, que duró aproximadamente hora y media, discurso en el que no solo apoyó sus reformas, sino en general su proyecto de Gobierno. “Millones de personas votaron por el cambio. No puede ser de mentira”, dijo Gustavo Petro ante la multitud que llegó a la plaza para escucharlo. Al día siguiente, 15 de febrero, fue el turno para la oposición, la cual, aunque inicialmente tenía programada su marcha el día anterior, desde las 9:30 a.m. se reunió en las calles para marchar en contra del gobierno Petro. Según las autoridades, aproximadamente 47 mil personas en todo el país participaron en esta movilización y la Policía reportó 50 actividades a través de 18 concentraciones, 18 marchas, siete asambleas, seis movilizaciones y un bloqueo. Un dato interesante fue que, a diferencia de la primera marcha, en Bogotá se pudo observar que alrededor de las 3:00 p.m. se fueron dispersando las personas que participaron en la marcha de la oposición, es decir que para las 5:00 p.m en la Plaza de Bolívar ya no se encontraba ni la mitad de los manifestantes que salieron en la mañana. Cabe resaltar que ambas marchas se llevaron a cabo de manera pacífica, a pesar de que se hayan reportado algunas confrontaciones en contra de la prensa y otros ciudadanos presentes, hechos que se presentaron en ciudades como Medellín y que fueron controlados por el Esmad. En Bogotá se registraron algunas agresiones verbales en contra de unos docentes del Cauca que han estado en huelga durante 23 días en la Plaza de Bolívar. Ante esto, el presidente se pronunció y dijo: “le gritan asesinos a los maestros del Cauca cuando es a ellos a quienes han asesinado”. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a pesar de que se registraron este tipo de agresiones no físicas, sino verbales, en el marco de la democracia se debe celebrar que las movilizaciones en términos generales se llevaron de manera pacífica, teniendo en cuenta otras marchas que se han llevado en contra de otros gobiernos. En este misma línea se pronunció el director de Pares, León Valencia, quien aseguró que estas movilizaciones evidenciaron que hay mayor democracia en el gobierno Petro. Finalmente, para Morales, estos dos días fueron jornadas de movilización muy “flojas” en comparación con otras movilizaciones sociales que ha vivido el país en otros años. El coordinador dijo que un balance que podría darse es que la oposición está aprendiendo a movilizarse, teniendo en cuenta que es la primera vez que la oposición es de derecha. Además, aseguró que el papel del presidente no es convocar marchas a favor de sus propuestas, sino más bien llamar al diálogo nacional para disminuir esas expresiones de oposición que han sonado últimamente.

Por: Luis Eduardo Celis El presidente Gustavo Petro ha ofertado que Colombia sea una potencia mundial de la vida y no es retórica. Se trata de cerrar todas las violencias organizadas que se mantienen en cerca de doscientos cincuenta municipios de Colombia, donde no hay Estado de Derecho, sino autoritarismos criminales, con mucha sangre de por medio. La Política de Paz total se propone tramitar esas persistentes violencias que nos han acompañado en las últimas seis décadas dejando enormes estragos humanitarios. Millones de desplazados y más de medio millón de muertes son solo dos cifras que nos muestran esta enorme tragedia que hace de Colombia una nación herida, con una sociedad tremendamente desigual, una precaria democracia, un ordenamiento territorial por tramitar donde están miles de conflictos y por los menos ocho grandes macrorregiones desarticuladas del Estado Social de Derecho, con todo lo que ello implica. La Política de Paz Total tiene el propósito de resolver los conflictos que han alimentado las violencias que están en las raíces de esta nación por construir e integrar. Quiere crear un proyecto compartido, que le haga honor a la Constitución del 91, en la que hay una formulación de democracia de calidad, de derechos universales, de respeto por la dignidad humana, de reconocimiento por la diversidad. Toda esa formulación la abarca el planteamiento de Colombia Potencia Mundial de la Vida que tiene su desarrollo en la política de Paz Total. El barco de la oolítica de Paz Total está zarpando. Ya está en marcha la mesa con el ELN, que tiene en este ciclo en curso en México el reto de tomar ritmo con la más amplia, diversa y efectiva participación para la paz, teniendo como eje los territorios que están más atrás en cuando a ejercicio de derechos, infraestructura y Estado efectivo; allí están buena parte de los doscientos cincuenta municipios con más homicidio, pobreza, narcotráfico y todos los indicadores sociales y económicos por debajo del promedio nacional, que ya de por si son promedios a mejorar. Las disidencias de las FARC, agrupadas en el denominado Estado Mayor Central, están reunidas y se abrirá un proceso con ellas, eso viene en las próximas semanas y es una muy buena noticia. Y esta semana se conoció el proyecto de ley para el sometimiento de esas redes criminales herederas del viejo paramilitarismo y que será un importante debate nacional, que, por supuesto se va a definir en el Congreso de la República y que requiere un amplio debate ciudadano, ante tamaño desafío. Si el corazón de las violencias está en los territorios que han quedado relegados en todos los sentidos, las posibilidades de la Paz Total están en resolver esa desarticulación territorial, lo cual es una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo presentado a consideración del Congreso de la República. Es claro que la política de Paz Total dialoga y se articula con la política de seguridad humana, en la que hay enormes desafíos que se integran con la necesidad de unas Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución Nacional y del ordenamiento legal, dirigidas al poder civil y plenamente respetuosas del ordenamiento legal y alejadas de la corrupción, todo ello en el horizonte del deber ser, ante tanta evidencia histórica que muestran una línea de comportamiento alejada de lo anterior, esa tarea igualmente está en la agenda de este gobierno: unas Fuerzas Armadas para un país en paz. El barco de la Paz Total ha zarpado, faltan detalles para saber su rumbo y posibilidades, pero sin duda hay una política en movimiento. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Enlace Pares para el Bajo Cauca Antioqueño Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Ubicada en el noroccidente del país, la subregión del Bajo Cauca Antioqueño hace parte de un corredor geográfico estratégico para el despliegue de los grupos armados ilegales y la consolidación de economías ilegales derivadas del oro y la coca; que se magnifica cuando se visibiliza su continuidad al conectar con otras subregiones vecinas del departamento como el Norte y Nordeste, y hacia el sur departamento de Córdoba con sus cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Tierralta. En la actualidad, el Clan del Golfo ha logrado un dominio hegemónico del territorio en casi toda la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, luego de sangrientas disputas con Los Caparros, el ELN y las disidencias de FARC. Este control territorial se vio reflejado en la disminución sustantiva de la tasa de homicidios en cinco de los seis municipios de la subregión para el año 2022 con respecto a 2021 (Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y Nechí), según datos de Medicina Legal. La siguiente gráfica evidencia que en municipios como Tarazá hubo una reducción significativa en la tasa de homicidios que para el año 2022 fue de 58,89 por cada cien mil habitantes, lo cual representa una reducción de 116,23, respecto al año anterior, cuendo este mismo indicador alcanzó una tasa de 225,12. Al igual que Nechí que pasó de tener una tasa de homicidios en 2021 de 35,99 por cada cien mil habitantes a una tasa de 3,54 para el 2022. Es importante señalar que a la disminución de la violencia a finales de 2022 en esta subregión se suma también el decreto 2658 emitido por el Gobierno Nacional de cese al fuego bilateral y temporal con el Clan del Golfo a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, con lo cual se esperarían mejores resultados durante el presente año en términos de alivio humanitario para la región. Sin embargo, una situación diferente se vive en el municipio de El Bagre, que para el 2022 registró un aumento importante en la violencia homicida en relación al 2021, pasando de una tasa de homicidios de 34,75 por cada cien mil habitantes a una tasa de 64,84; situación que sigue sosteniéndose en la actualidad debido a la confrontación armada entre el ELN, disidencias de las antiguas FARC Frentes 18 y 36, el Clan del Golfo y Los Caparros; estos últimos que para el 2021 si bien fueron desarticulados por acciones de la Fuerza Pública, mantuvieron una presencia reducida entre Caucasia y El Bagre; aunado a ello el hecho de ser la conexión con el Nordeste. Esta podría ser otra razón de peso para el aumento de hechos victimizantes contra la población civil como: homicidios, secuestros, confinamientos, incursiones armadas y desplazamientos forzados. Frente a esto último, la Unidad para las Víctimas reportó para el cierre de 2022 un total de 793 víctimas, mientras que para 2021 cerró con una cifra de 212, lo que representa un incremento de 581 casos. El corregimiento de Puerto López ha sido el territorio donde se han concentrado las acciones violentas por parte de estos actores armados ilegales. Desde 2022 la conflictividad armada se ha ido desplazando hacia otras subregiones vecinas como el Nordeste y el Norte de Antioquia. Así lo evidencia la Alerta Temprana 023-22 de la Defensoría del Pueblo, en la que señala una agudización del conflicto en la subregión del Nordeste, principalmente en los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí dada la presencia y confrontación entre diversos actores armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC Frentes 4º1 y 36, el Clan del Golfo, Los Caparros y el grupo armado autodenominado Libertadores del Nordeste (LDN)2, estos grupos armados mantienen una dinámica de alianza entre unos y confrontaciones armadas entre otros3. Se alerta, además, sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de la población civil, especialmente líderes y lideresas, firmantes del acuerdo de paz y defensores y defensoras de Derechos Humanos, además de un aumento en el reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), incremento de homicidios y enfrentamientos que involucran a la población civil. A partir de lo anterior, la siguiente gráfica con datos de Medicina Legal da cuenta del aumento de la violencia homicida en el 2022 respecto al año 2021 en estos municipios de la subregión, principalmente en los municipios de Remedios, Segovia y Vegachí. Gráfica No. 2 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Al conflicto establecido se suma la aparición de un nuevo actor armado ilegal autodenominado Los Piratas, del cual se tienen los primeros registros a inicios del año 2022 en los municipios de Segovia, Remedios y Vegachí. Presuntamente este grupo armado Ilegal (GAI) estaría estableciendo alianzas con Los Caparros con el fin de adelantar acciones de confrontación armada con el Clan del Golfo por las disputas del control territorial y las rentas derivadas de las economías ilegales. Este nuevo actor armado como estrategia para robustecer su accionar estaría promoviendo el reclutamiento forzado de NNA. Situación similar se vive en la subregión del Norte de Antioquia, donde en términos generales se mantienen los altos índices de violencia, tal como se expresa en la Gráfica No. 3, donde entre el 2020 y 2022 donde hubo un aumento de la tasa de homicidios producto de las confrontaciones armadas por las disputas territoriales entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC (Frentes 16 y 38) y el ELN. Los principales municipios afectados han sido Angostura, Briceño, Campamento, Ituango y Valdivia. Para el 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 011-21, en la cual se dirige la atención a cinco municipios del Norte Antioqueño, tres de ellos se suman a los anteriormente mencionados: San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal. Gráfica No. 3. Tasa anual de Homicidios por 100.000 habitantes en los municipios del Norte entre 2020 y 2022 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). En esta subregión (Norte), el conflicto se caracteriza por una disposición y tendencia a la confrontación armada y la expansión territorial; a diferencia del Nordeste Antioqueño no se han establecido alianzas entre los actores armados que por su parte buscan robustecerse. Así pues, las AGC implementaron en su momento la estrategia conocida como “Operación Mil” o “Plan Mil”, por otro lado el Frente 36 de las antiguas FARC-EP con la conformación del “Comando Especial Antiparamilitar” y, finalmente, pareciera ser que el fortalecimiento y posicionamiento del ELN va en aumento en los municipios del Occidente, Norte y Nordeste, situación que según se advierte en la AT 011-21, dejaría a los municipios de Yarumal, Campamento y Angostura en el centro del conflicto ante una posible disputa territorial con el Clan del Golfo. Existe entonces una reconfiguración violenta en estos territorios (Bajo Cauca, Nordeste y Norte Antioqueño) a partir de disputas y control por la consolidación de corredores estratégicos y fortalecimiento de las economías ilícitas. En este sentido, el narcotráfico sigue siendo un motor importante en el fortalecimiento de estas estructuras criminales, en consecuencia, persiste un interés por el control de los cultivos de la hoja de coca. Así lo demuestran las cifras del Observatorio de las Drogas en Colombia que dan cuenta del aumento del número de hectáreas de coca sembradas en las tres subregiones entre los años 2019 y 2021, siendo Tarazá, Cáceres, Valdivia, Ituango y Anorí los municipios que registraron mayor aumento en el número de hectáreas sembradas. Gráfica No. 4. N° A modo de conclusión, cabe resaltar que si bien el control hegemónico impartido por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca ha generado una disminución considerable en las muertes violentas, no significa que los otros hechos de violencia hayan tenido el mismo comportamiento en la subregión, tal es el caso del desplazamiento forzado, que de acuerdo con los datos de la Unidad para las Víctimas fueron obligadas a salir forzadamente del territorio 5.396 víctimas a cierre del 2022, lo que representó un aumento significativo con respecto al 2021, cuando se registraron 2.083 víctimas en toda la subregión. Siendo El Bagre, Caucasia y Tarazá los municipios con mayor registro de este hecho victimizante. Por lo anterior, el conflicto armado de la zona, en general, no ha disminuido, por el contrario se ha ido extendiendo e intensificando en otras zonas de Antioquia con las cuales limita esta subregión del Bajo Cauca, como lo son el Norte y Nordeste Antioqueño, en las cuales se evidencia, particularmente, un aumento en los índices de violencia homicida con mayor intensidad en las zonas limítrofes y rurales, causado por las disputas territoriales entre las distintas estructuras armadas ilegales y el control de las economías ilícitas.