Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Juan Manuel Torres, Coordinador Oficina Pares Pacífico El pasado 14 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Paz compartió un comunicado en el que destaca cómo avanza la paz urbana en Buenaventura ante los esfuerzos hechos para lograr la pacificación del territorio. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Oficina Pacífico, consideramos importante resaltar cómo ha impactado en las cifras delictivas de Buenaventura dicha paz urbana acordada en el marco de la iniciativa de Paz Total el pasado mes de septiembre 2022. Recordemos primero que son tres las guerras que se viven en Buenaventura: una en las cuencas de los ríos del sur entre las disidencias del Frente Jaime Martínez versus una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; otra guerra es la del Bajo Calima y el Bajo San Juan entre el ELN y una arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo; y la tercera y de mayor concentración que está en pausa por los acuerdos entre Shottas y Espartanos, avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la zona urbana. Frente a lo anterior se considera pertinente exponer el consolidado de las cifras de los principales delitos registrados en Buenaventura durante los años 2021 y 2022 con el objetivo identificar los primeros resultados de nuevo intento de paz. A continuación, se resaltan las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y amenazas en un consolidado mes a mes de los años 2021 y 2022. Menos vidas perdidas: la reducción del homicidio entre el 2021 y 2022 El 2021 marcó un punto de inflexión y recordó los peores momentos de la violencia en Buenaventura. Ese año se presentaron un total de 191 homicidios, siendo el mes de enero el punto de alerta con 24 homicidios, después del 30 de diciembre de 2020, que se conoce como día del inicio de la guerra entre los grupos armados urbanos Shottas y Espartanos. En la nueva ola de violencias vividas en Buenaventura, los meses de enero, mayo y julio fueron los más violentos de ese año (2021) con cifras de 20 homicidios y más; el mes de julio fue el más violento con 27 homicidios, casi un homicidio diario. También, como desde la Oficina Pares Pacífico se ha insistido, en 2021 la guerra urbana era la de más víctimas: 9 de cada 10 homicidios ocurrieron en la zona urbana de Buenaventura en medio de constantes enfrentamientos entre dichos grupos armados, así como el establecimiento de las denominadas fronteras invisibles. Para el año 2022 se presentó una disminución significativa de homicidios con un total de 111 casos, 80 menos frente al año anterior. El mes más violento fue marzo, alcanzando los 20 casos, y desde ahí se redujeron, pero la tendencia se rompió con un incremento de los casos en el mes de agosto en el que se dispararon todos los indicadores de violencia y en los barrios se estaba viviendo una guerra con armas largas en medios de las calles. Es clave resaltar esto, dado que fue la previa al acuerdo conocido entre Shottas y Espartanos del mes de setiembre, en el que buscan acogerse a la iniciativa de Paz Total anunciada por el Gobierno Nacional entrante (Ver: Buenaventura y el nuevo Gobierno Nacional). Es evidente que en los últimos cuatro meses del año 2022, la disminución de los homicidios fue considerable, lo que demuestra que si bien hay unos elementos que se deben revisar, la paz es el camino como una apuesta que representa impactos positivos e inmediatos para Buenaventura, con los retos propios de mantener esta paz urbana tan frágil y acosada por otra serie de victimizaciones que alteran la cotidianidad de los hogares. Las desapariciones forzadas en Buenaventura: un flagelo que no termina. El consolidado de desapariciones forzadas para el año 2021 registraron un total de 54 casos. Nuevamente el mes de enero marcó un punto alto al inicio de la guerra urbana con una cifra alarmante de 13 casos, seguido el mes de mayo con nueve, resaltando, además, que la totalidad de casos del 2021 corresponden a hombres desaparecidos. Aunque para el año 2022 la disminución también fue significativa, alcanzando un total de 37 casos, es clave destacar que para en las mujeres se pasó de cero casos a seis reportadas como desaparecidas (Ver: Más que esposas púrpuras), lo que genera preocupación y urge implementar planes de atención y búsqueda con enfoque de género. En los meses alrededor del acuerdo entre Shottas y Espartanos en el marco de la Paz Total, entre agosto y septiembre, se presentaron tres casos. Resalta el mes de noviembre en el que se incrementa la cifra a ocho personas dadas por desaparecidas en razón a las cuatro personas desaparecidas en el río Yurumanguí, entre las cuales se encontraba un firmante de paz y que llama a la necesidad de atender de manera espacial la guerra que se vive en zona rural. El entramado de la extorsión cede, pero… Las extorsiones que aquejan al sector comercial en Buenaventura han sido constantes. En varios escenarios el gremio de comerciantes ha manifestado preocupación dado que están expuestos a cerrar sus negocios ante el miedo de no poder cumplir las exigencias económicas. Frente a esto, en muchos casos, no se hacen las respectivas denuncias por lo que se presume un alto subregistro. No obstante, el número de casos de extorsiones reportadas ante la Policía Nacional para el año 2021 fue de 240, siendo los meses de enero, agosto y diciembre los más graves, superando los 30 casos. Para el año 2022 el total de casos fue de 218, presentando una disminución en relación con el año anterior, pero manteniendo la importancia relativa a nivel departamental en la que Buenaventura registra 1 de cada 5 extorsiones reportadas en el Valle del Cauca. Además, se presentaron cifras bastante altas en el primer semestre del año, con una disminución constante entre los meses de agosto y diciembre, recordando, de nuevo, que en el mes de septiembre se anunció públicamente la intención de los grupos armados que hacen presencia en la zona urbana de acogerse a la denominada Paz Total. Sin embargo, este delito de la extorsión es un entramado que se extiende y profundiza y por el momento es uno de los temas a solucionar si de verdad se espera que la paz traiga beneficios concretos a la ciudad y el comercio en las zona rural y turística. Las guerras simultáneas aumentaron las amenazas A diferencia de los otros delitos registrados, las amenazas aumentaron significativamente entre los años 2021 y 2022, pasando de un total de 510 a 809. Se evidencia un aumento exponencial en el primer semestre del año 2022 comparándolo con ese mismo periodo de tiempo en el año 2021, sin embargo, la disminución constante de las amenazas en los últimos cuatro meses del año 2022 puede estar ligada al acuerdo entre Shottas y Espartanos en el marco de la iniciativa de Paz Total. Avanza la Paz Urbana Si bien es importante mencionar que en muchos de estos delitos se pueden presentar subregistros reconociendo lo que implica para las comunidades poder denunciarlos, en las cifras registradas se refleja un salto positivo en los últimos cuatro meses del año 2022, los cuales corresponden a la llegada del nuevo Gobierno Nacional desde donde se está impulsando la Política de Paz Total, a la cual se sumaron varios de los grupos que hacen presencia en el territorio urbano y rural de Buenaventura. Avances hay en lo urbano, pero no en lo rural, es una paz parcial y diferenciada. Según reporta la Oficina del Alto Comisionado de Paz ha habido reuniones con los facilitadores de los grupos Shottas y Espartanos entrando ya a una segunda fase en el proceso de diálogo, no obstante, desde la Oficina Pares Pacífico insistimos en el llamado para que los esfuerzos de la Paz Total sean igual de constantes para la zona rural, porque como lo hemos dicho anteriormente, la paz será parcial en tanto no se atienda la totalidad del territorio (Ver: Buenaventura: laboratorio para la Paz Parcial). Finalmente, creemos que hay que atender con detenimiento y especial cuidado el acuerdo que actualmente tienen los Shottas y los Espartanos dada su fragilidad. Es innegable la evidencia de que el camino sigue siendo la paz.

Por: Línea Migración, Frontera y Conflicto En la instalación del segundo ciclo del proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN en la Ciudad de México, las dos partes han enviado grandes mensajes a la sociedad colombiana que reafirman la convicción de que este sexto intento por construir un acuerdo de paz será exitoso. Al escuchar a Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, afirmar que son socios del Gobierno del presidente Gustavo Petro para “construir una paz integral y duradera”, y a renglón seguido escuchar a Otty Patiño, jefe de la delegación de Gobierno afirmar que es la mesa la que de manera creativa debe ofertar soluciones para las regiones y las comunidades que han sufrido el abandono estatal y la exclusión; entonces se corrobora que estamos ante dos actores que tienen enormes coincidencias que les permitirá trabajar de manera mancomunada en un esfuerzo de sociedad para transformar con ella y de manera conjunta las exclusiones y las inequidades que han sufrido las regiones y las comunidades donde persiste la violencia de la que participa el ELN. Tanto el Gobierno como el ELN reconocen que estas violencias a superar tienen raíces en modelos de desarrollo excluyentes que han dejado muy atrás a regiones que deben ser integradas a la Constitución del 91, reconocen que allí no hay Estado de Derecho, ni democracia real, es un paso muy importante para avanzar en las tareas pendientes. El tono y los planteamientos que hicieron el lunes el Gobierno Colombiano en la voz de Otty Patiño y el ELN en la voz de Pablo Beltrán, evidencian que estamos en una nueva realidad de un Gobierno de centroizquierda que reconoce que hay mucho por transformar y que tiene el mandato de avanzar en transformaciones largamente aplazadas en la sociedad colombiana para cambiar un modelo de desarrollo que ha dejado estas enormes desigualdades y exclusiones que ofenden la conciencia nacional. Por primera vez hay tanta claridad en dos partes que se asumen como socias para acordar cambios en las dinámicas de la sociedad. Son los cambios los que permitirán construir una visión compartida de paz, tal y como quedó consignado en la agenda construida por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN entre 2014 y 2016, y que es esta agenda la que con ajustes y ampliaciones va a guiar este proceso de paz. Del ciclo de México hay que esperar lo mejor, en tanto son tantas y tan profundas las coincidencias entre las partes negociadoras. De seguro vamos a tener un conjunto de propuestas para hacer viable la más amplia y diversa participación de la sociedad, partiendo desde los territorios que han sufrido la exclusión. Vamos a ver a la sociedad de Arauca, el Catatumbo, el Sur de Bolívar y el sur del Cesar, del bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y de todo el Pacífico desde Chocó, Valle, Cauca y Nariño, movilizándose desde su diversidad con las propuestas ya construidas y desatendidas desde siempre para hacer realidad que puede haber cambios y serán para bien de estos territorios y sus comunidades. Muy bien por Otty Patiño al mencionar que hay un Plan nacional de Desarrollo en proceso de formulación y que muchas de las transformaciones territoriales a promover pueden ser parte de este importante instrumento de gestión pública, lo cual requiere que de este ciclo de México se presenten propuestas de participación en las que puedan concurrir regiones, comunidades, sectores gremiales, los gobiernos locales y el nacional, para discutir cómo hacer de estos territorios lugares para la vida y la paz. La instalación del segundo ciclo de este proceso muestra los vientos de cambio y transformaciones que animan al gobierno del presidente Gustavo Petro y que hay muchas coincidencias con el discurso de justicia y equidad que ha mantenido el ELN por ya casi seis décadas.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Así está la carrera por la Gobernación de Santander Santander fue un departamento protagonista en las pasadas elecciones presidenciales, porque de allí salió Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y candidato outsider que le compitió a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Desde el principio de la campaña de Hernández se dijo que su verdadero objetivo sería la Gobernación de Santander. Esto se comprobó cuando oficializó su renuncia a la curul que le correspondió en el Senado por el Estatuto de Oposición, en octubre de 2022. Duró apenas tres meses en el Capitolio. Aunque aún no ha empezado su campaña, por lo que incluso se ha especulado con que también podría pretender ser alcalde de Bogotá, los únicos trinos que ha puesto desde su renuncia al Senado van lanza en ristre contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Aunque Hernández ayudó a elegir a Cárdenas como su sucesor en la Alcaldía, las tensiones entre ellos se hicieron evidentes prácticamente desde el día en que Cárdenas ganó, por su presunta cercanía con los clanes políticos y los políticos tradicionales de la región. Hay que recordar que la consigna principal de Rodolfo Hernández ha sido la lucha contra la corrupción y la “politiquería”. Sin embargo, su hoja de vida no es lo que se podría llamar impecable. Como se reportó desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dentro de sus cuestionamientos se cuentan estar involucrado con un presunto volteo de tierras, denunciado por el exdiputado Édgar Suárez; vínculos con una sociedad que construyó la urbanización Altos de Kennedy, cuyas casas tenían problemas de asentamiento, humedad, grietas, hundimiento del terreno, entre otras. Además, un presunto conflicto de interés en la construcción del relleno sanitario Parque Chocoa y por supuesto, el sonado caso de Vitalogic (Ver: Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández). Vitalogic es una empresa dedicada a “alcanzar una solución ambiental y eficiente para la disposición final alternativa de los residuos sólidos urbanos”. El caso en el que se ve involucrado Hernández se remonta a la crisis por el manejo de basuras en Bucaramanga, por la cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) realizó una invitación pública para seleccionar una nueva tecnología de disposición de residuos, que finalmente acabó en un proceso de contratación directo que Hernández adelantó con la Unión Temporal Vitalogic RSU. Aunque la adjudicación no se llevó a cabo, se radicó una queja disciplinaria en la que se señalaba que el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, había suscrito un acuerdo de corretaje en la firma del contrato entre la EMAB y Vitalogic, para otro contrato inicial de consultoría por $344 millones. En 2019 la Procuraduría le formuló a Rodolfo Hernández pliego de cargos por celebración indebida de contratos y en 2020 la Fiscalía lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por haber intervenido en la dirección del contrato que se esperaba suscribir entre la EMAB y alguien que tendría relación con Vitalogic, Jorge Alarcón Ayala. Por este caso, y ante la salida de Hernández del Congreso, que devolvió el proceso a la Fiscalía como ente investigador, podría estar ad portas de una condena. El fiscal quinto de Bucaramanga, Jorge Alberto Villamizar, según relata El Espectador, afirmó que Hernández “se interesó indebidamente en que Jorge Hernán Alarcón fuese el contratista elegido dentro del proceso para celebrar el contrato”. Según la Fiscalía, Rodolfo sostuvo una reunión para presuntamente favorecer a Alarcón Ayala. A su vez, en el Consejo de Estado existe una investigación disciplinaria en su contra por posible tráfico de influencias, porque habría presionado a Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial y quien tiene derecho a una curul en Cámara de Representantes, para que contratara a unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Por otro lado, fuentes territoriales de Pares señalaron que la unión del clan Aguilar, que actualmente gobierna el departamento con Mauricio Aguilar, el clan Tavera y los hermanos Díaz Mateus podría darse alrededor de Juvenal Díaz Mateus. No sería el primer arreglo electoral que hacen entre ellos. Díaz Mateus es un Mayor General retirado del Ejército Nacional, hermano del exsenador condenado en medio del escándalo de la yidispolítica, Iván Díaz Mateus, y del representante a la Cámara por el conservatismo, Luis Díaz Mateus. Juvenal Díaz Mateus salió del Ejército dentro de la lista de 13 oficiales que el pasado agosto tuvieron que abandonar la institución por el reacomodo de la cúpula militar ordenada por el gobierno Petro. Hasta ese momento era comandante de la VII División que tiene sede en Medellín, y que es una de las más grandes del país, pues tiene jurisdicción en departamentos como Antioquia, Córdoba y el sur de Sucre. Fue crítico de la posibilidad de eliminar el servicio militar obligatorio, al decir que era “un atentado contra la seguridad nacional”. Y sobre la Paz Total dijo en El Reporte Coronell que “necesita garrote”. En 2019 su nombre salió a relucir en la audiencia contra el general retirado Jorge Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, por presuntos hechos de corrupción pues, de acuerdo con unos audios revelados por la Fiscalía, Díaz Mateus habría dado la instrucción de entregar documentos de la investigación contra Romero a uno de sus ayudantes. A pesar de que Juvenal espera inscribir su candidatura recogiendo firmas por medio del movimiento Es Tiempo, el apoyo que podría recibir de estos grupos políticos consolidados lo hacen un candidato viable a quedarse con la Gobernación, más frente a la debilidad de los Aguilar para poner candidato propio. No pudieron hacerlo siquiera en elecciones legislativas, en donde acabaron apoyando al candidato conservador, José Alfredo Marín Lozano. Los Aguilar ahora mismo enfrentan la investigación por corrupción contra Richard Aguilar, en la que ya hubo una primera condena contra una contratista. En ese caso también está involucrado el actual gobernador, Mauricio Aguilar, a quien investigan la Fiscalía y la Procuraduría por la pérdida de unos documentos de cuando el mandatario de Santander era Richard. Finalmente, la baraja de candidatos la completarían hasta ahora el empresario Fernando Vargas Mendoza y el diputado de la Alianza Verde Luis Ferley Sierra, conocido como el Profe Ferley. Vargas Mendoza es el fundador y presidente de la Universidad de Santander, es un reconocido empresario y académico que estudió ingeniería de sistemas y es magíster en administración de empresas. Fue alcalde de Bucaramanga entre 2008 y 2011 por el Partido Liberal. Aunque la Procuraduría lo inhabilitó en primera instancia por once años en 2015, por presuntas irregularidades en la etapa de planeación de la construcción del Parque Extremo de Bucaramanga, el procurador Fernando Carrillo en 2019 revocó esa sanción. Vargas Mendoza, en una consulta hecha por El Tiempo, dijo que si se lanza espera llevar a cabo una “unión de los sectores políticos y empresariales” por lo que podría estar buscando apoyos en los clanes políticos. Por su parte, el Profe Ferley se ha destacado por su oposición al gobierno de Mauricio Aguilar, sin embargo, no tendría el apoyo suficiente para pensar seriamente en quedarse con la Gobernación. Según fuentes consultadas por Pares, los alternativos están sumamente divididos en el departamento, y no ha habido acercamientos con gente del Pacto Histórico. Así las cosas, aunque la coalición que llevó a Petro a la presidencia no tendría definido algún candidato propio, según un audio del excandidato a la gobernación, Emiro Arias, Rodolfo sería el candidato del Pacto Histórico. Él, de hecho, habría buscado justamente el apoyo del Pacto a su postulación, con la ayuda de Carlos Ramón González, según contó La Silla Vacía hace unos meses. El Tiempo contó hace unos días que Hernández habría tenido varios encuentros con Carlos Ramón, uno de los dirigentes de la Alianza Verde y quien que es un puente entre esta fuerza política y el petrismo. La competencia a la Alcaldía de Bucaramanga El panorama a la Alcaldía de Bucaramanga es muy poco claro aún. Sin embargo, el que ya está en campaña es Carlos Sotomonte, quien podría ser el candidato al que apoye el actual alcalde Juan Carlos Cárdenas. Sotomonte fue consejero de la Alcaldía de Bucaramanga para la defensa del Páramo de Santurbán y lanzó su campaña muy tempranamente, en octubre de 2022, con el movimiento político Coraje, por lo que está en recolección de firmas. Sotomonte es licenciado en español y literatura de la Universidad Industrial de Santander y es nieto de Carlos Nicolás Sotomonte, quien fue senador. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Santander Ingeniero civil, exalcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019 y excandidato presidencial por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Obtuvo una curul en el Senado mediante el Estatuto de Oposición, por ser el perdedor de la segunda vuelta presidencial de 2022, en la que se enfrentó a Gustavo Petro. Aunque su bandera política ha sido la anticorrupción, Hernández lleva a cuestas varios cuestionamientos que incluyen presunto volteo de tierras, la construcción de una urbanización con problemas de asentamiento y humedad, y el sonado caso Vitalogic, por el que está en juicio. En este caso la acusación que enfrenta es por interés indebido en la celebración de contratos, pues habría influido para que Jorge Alarcón Ayala se quedara con un contrato de consultoría y para ello habría sido clave el papel de intermediación de su hijo, Luis Carlos Hernández. Mayor General retirado del Ejército, con una carrera destacada en la institución castrense de más de treinta años. Salió de la comandancia de la VII Brigada del Ejército en la renovación de la cúpula militar que hizo el gobierno Petro en agosto de 2022. Aunque no pesan grandes cuestionamientos en su contra, es hermano del actual representante a la Cámara, Luis Díaz Mateus, y del exsenador condenado por concusión, Iván Díaz Mateus. Iván fue condenado en medio del escándalo de la yidispolítica, en el que se ofrecieron notarías y otras dádivas para conseguir los votos a favor de un tercer periodo de reelección del expresidente Álvaro Uribe, a congresistas como Teodolindo Avendaño y Yidis Medina. Juvenal Díaz Mateus espera inscribir su candidatura a través de la recolección de firmas con su movimiento político Es tiempo; y ha sido un férreo crítico de la política de seguridad del actual gobierno.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente Traducción indígena del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia La experiencia de implementación de las Escuelas de Liderazgo Juvenil Se juega la vida en Pueblo Rico, Risaralda, nos deja un hallazgo poderoso que a su vez traza un camino inexplorado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), e inexplorado por otras organizaciones de la sociedad civil: la diversidad sexual. Lía se llama, su otro nombre no interesa ya, aunque aún perviven en ella rasgos de él, su lucha constante por reafirmarse como mujer es admirable. Es la primera mujer transgénero con cédula del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. He contado en otros textos la primera vez que me recibió en Pueblo Rico un joven de camiseta y jeans, y cómo fuimos testigos en Pares de su segunda resiliencia y lo que ella ha llevado en energía y discurso de diversidad al pleno de la Fundación (Ver: Lía Muñoz: la primera mujer transgénero con cédula de Pueblo Rico, Risaralda). Por Lía y su ascendente indígena y mestizo, y su lucha encarnada en el lejano territorio de Pueblo Rico, Risaralda, nos enteramos de la existencia de Samantha, una mujer transgénero indígena emberá chamí que, expulsada de su territorio ancestral, ha sabido sobrevivir como líder de la diversidad sexual en otro pueblo tan godo como Pueblo Rico, y cafetero por antonomasia, Santuario, Risaralda. Esta es apenas una semblanza que puede hacerse proyectando e invitando a todos los que apoyan la labor social y la misión de Pares a que pongan sus miras en esta población que sufre una triple condición de discriminación social. Por un lado, es claro que las naciones indígenas de Colombia sufren una exclusión estructural representada en cinturones de pobreza que se ven en las calles de las ciudades del país, donde muchos indígenas bailan en las calles a cambio de monedas. Esto es paisaje en Pereira, capital del departamento de Risaralda, donde llegan muchos a rebuscársela en los andenes. Son las mujeres y los niños los que ponen sus vidas en riesgo sin las más mínimas garantías de supervivencia. En segundo lugar, Colombia es un país donde la exclusión a la comunidad diversa sigue siendo cotidiana y aunque cada vez, paulatinamente, se va aceptando más en la sociedad conservadora colombiana, las preferencias y orientaciones sexuales de la población urbana en las ciudades principales, en zona rural y en comunidades apartadas y pueblos sigue siendo un fenómeno atacado desde la moral religiosa, desde un machismo y una homofobia cultural, en la que aún esta inclusión en diversidad no ha arraigado en la población. Y, en tercer lugar, la pregunta es si en las poblaciones pequeñas y en zona rural la inclusión en clave de diversidad sigue siendo un problema estructural de exclusión e incluso de violencia, como es la situación de quienes se dicen transexuales, homosexuales, lesbianas o Queer y que, siendo indígenas, miembros de un resguardo o parcelación eligen vivir de un modo u otro en diversidad sexual. Es este el reto que se presenta en Santuario, Risaralda, donde Samantha y otras doce mujeres transgénero indígenas, han decidido vivir a plenitud su identidad sexual, rompiendo con las estrictas normas de sus comunidades, en las que, desde su cosmogonía, nacer hombre y sentirse mujer es casi un delito. Razón por la que fueron expulsadas de su territorio so pena de sufrir castigos severos si no renuncian a su identidad de género, si insisten en seguir siendo mujeres naciendo hombres, si rompen con las duras tradiciones ancestrales heredadas de generación en generación. En ese sentido, la frase epígrafe del inicio de este texto, citada por Jaime Garzón en alguna de sus magistrales alocuciones, es en sí misma una paradoja, pues pareciera ser un principio que internamente no se aplica en sus territorios ancestrales, solo es un mandato para el hombre blanco, ajeno a sus dinámicas y lejano de sus modus vivendi. Sin embargo, cuando las olas de pensamiento contemporáneo y las libertades ciudadanas y urbanas permean esas poblaciones, generando raros sincretismos culturales y sexuales como los mencionados, la exclusión se vuelve norma y este bello fragmento de dos líneas se olvida. Samantha y las otras doce chicas transgénero Emberá de Santuario viven de una precaria economía cafetera, como recolectoras de café o de trabajos sin garantías laborales como limpiar casas, entre otros, aisladas en una casita donde intentan seguir siendo esencialmente indígenas conservando sus tradiciones, esencialmente mujeres reafirmando, entre todas, su identidad, esencialmente humanas desde la solidaridad y la complicidad. No tienen cédula, este sistema precario de cedulación y ciudadanía en colombia no les reconoce ese estatus y al no poseer este documento no pueden acceder a servicios básicos como salud, subsidios del estado, entre otros. Pares ha hecho una apuesta por la diversidad sexual en el 2022 con la irrupción de Lía Muñoz en la Escuela de Liderazgo Juvenil Urakubú, tiene ahora y es un propósito claro y cierto desde las líneas de Jóvenes y Género, ayudar, tender la mano, acompañar el proceso de restitución de derechos a estas mujeres transgénero emberá que deben romper la triple exclusión de la pobreza, el racismo y la transfobia. El Gobierno ha planteado en su plan de desarrollo a los indígenas y a los afrocolombianos como la piedra angular, esperemos que ponga sus ojos también en esta población que no es la única en Colombia, pero sí es la más visibilizada en redes.

Por: Lina Rosero, Enlace Pares para el Norte del Cauca Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El 31 de diciembre de 2022, a través del Decreto 2656, se estableció, en el papel, un Cese al Fuego Bilateral de Carácter Nacional (CFBTN) entre Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Está comprendido entre las 00:00 horas del 1º de enero de 2023 hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 con posibilidad de prórroga previa a recomendación realizada por el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Este último integrado por el Gobierno Nacional, el Estado Mayor Central FARC-EP, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica, también, si así lo deciden el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la II Misión de Verificación de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es importante mencionar que el CFBTN se establece como un avance de la buena voluntad entre las partes en el marco de la política de Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional. En la página web de la Presidencia de la República se menciona incluso que el CFBTN se realiza con cinco organizaciones armadas ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Se dice además que la verificación nacional e internacional está a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, este proceso de la mano a lo que sería la implementación de la Ley 2272 de 2022, en la que se establecen mecanismos para la Paz Total y la seguridad humana. Así las cosas, y a la luz de lo estipulado en el decreto en mención, es importante hacer una aproximación al caso del Cauca para dar cuenta de la efectividad o no de este decreto de Cese al Fuego con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, teniendo en cuenta que este grupo armado ha consolidado su presencia y control territorial en ese departamento en los últimos 4 años, con estructuras como la Columna Móvil Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Franco Benavides; y los frentes Rafael Aguilera y Carlos Patiño. Han existido varios hechos de violencia que infringen la disposición del Gobierno Nacional en este territorio, los cuales se han podido recopilar a través de la prensa local y nacional que versan desde enfrentamientos entre el ELN, la Segunda Marquetalia y amedrentamiento de la comunidad, entre otros, que serán mencionadas una a una a continuación. Entre los hechos más relevantes y que desconciertan la voluntad de paz del EMC, está el patrullaje desarrollado por integrantes del Frente Carlos Patiño en el municipio de Balboa el 17 de enero, quienes en el marco de los carnavales y en plena cabecera municipal, decidieron caminar cerca a la estación de policía uniformados y con fusiles, situación que generó zozobra en la población y pudo haberse visto como acto de provocación a la Fuerza Pública de este lugar del sur del Cauca. El 23 de febrero se presentó un nuevo hecho que alteró el orden público en zona rural del municipio de Silvia. Se trató de enfrentamientos entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos, parte del Comando Coordinador de Occidente (que a su vez integra el Estado Mayor Central de las FARC), e integrantes del ELN, los cuales afectaron a cinco veredas por la disputa de control territorial de esa zona. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mencionó que los enfrentamientos se centraron en las veredas que comprenden el territorio “La Gaitana”, también informaron de otros enfrentamientos ocurridos el mismo día de enero en el Resguardo Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono, y que el pasado 20 de enero una incursión por parte de los grupos armados dejó un muerto y tres heridos, entre ellos una menor de edad perteneciente al resguardo. Finalmente, de acuerdo a lo reportado por el CRIC, las personas habitantes del territorio Sa’th Tama Kiwe fueron atacadas por ráfagas de fusil y granadas de fragmentación por la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Así mismo, el 06 de febrero se presentó una grave situación de orden público en Argelia que involucró a las disidencias de las FARC, representadas en el Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, los cuales se disputan el control del territorio en el corregimiento de Puerto Rico, zona rural del municipio. Esta situación se venía presentando desde el pasado 05 de febrero y ha dejado como saldo más de mil personas desplazadas y niñas y niños sin poder asistir a clases. Según informa el medio de comunicación Periódico Virtual, las dos disidencias llegaron a zonas donde en su momento se contaba con presencia del Ejército Nacional, pero que en el marco del CFBTN se retiraron del territorio. Según el medio de comunicación, la Defensoría del Pueblo manifestó que como consecuencia de estos enfrentamientos están expuestas cerca de 1700 personas en las veredas Los Pinos, Los Picos y Mundo Nuevo, esto fue verificado en tuits publicados el 05 de febrero por la Defensoría del Pueblo como alerta temprana. También es importante mencionar el despliegue propagandístico de las Columnas pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente en los municipios de Timbío, Rosas y Sotará por medio de la ubicación de pancartas y grafitis, particularmente en las vías que conectan las veredas Peñón, jurisdicción de Sotará; La Laguna, Sauce y Peña Negra, pertenecientes a Rosas; y por último la vereda Cinco Días y Urabamba, municipio de Timbío. Dicha situación genera temor en las comunidades, pero también evidencia un nuevo despliegue territorial, pues en municipios como Timbío no era muy común ver “pintas” o letreros de grupos armados. Los hechos mencionados hasta ahora han generado en las distintas zonas del departamento miedo, afectaciones materiales, ruptura del tejido social y pérdidas humanas, todo esto yendo en contra del decreto de Ley 2272 de 2022 que menciona la Presidencia de la República en relación a la jurisprudencia que sustenta y apoya el decreto, justamente en el artículo 2, en lo referente a la política de paz del Estado que propende una “cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización”. Para finalizar, se hace imperativo mencionar que en el Cauca desde los registros documentales de la prensa local y nacional se denota que no se han presentado combates en los que intervengan las Fuerzas Armadas de Colombia. Aún así, el Cauca se presenta como un territorio complejo en el cual las acciones bélicas se despliegan entre los mismos grupos que tienen presencia en el territorio, disputando su control y como consecuencia generando entornos que atentan contra la seguridad humana de las poblaciones en las cuales se generan enfrentamientos, como en Silvia y Argelia; estrategias de control social como lo sucedido en Timbío, Rosas y Sotará; y hostigamientos a la población civil como el caso del territorio de Pueblo Nuevo. Este contexto llevaría a pensar que, si bien el Estado Mayor Central pactó un cese de hostilidades y técnicamente no ha desarrollado acciones para atacar a la Fuerza Pública, sus acciones para el control territorial han afectado a la población civil, situación que se ve reflejada de manera permanente en el municipio de Argelia.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 06 al 12 de febrero de 2023 El lunes 13 de febrero inició en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Las dos partes se han propuesto trabajar sobre cuatro asuntos: la firma de la agenda que guía el proceso, la participación de la sociedad para la paz, el cese bilateral del fuego y hostilidades, y asuntos humanitarios. Sobre la participación de la sociedad hay avances importantes del proceso heredado del proceso con el expresidente Juan Manuel Santos, ambas partes coinciden en la importancia de un protagonismo social y ciudadano, que sea efectivo y defina un conjunto de transformaciones que sirvan para construir una visión compartida de paz, esta participación la pueden definir en este ciclo de México. El Gobierno Colombiano y el ELN coinciden en la importancia de construir un cese bilateral de fuego y hostilidades. Las dos partes se pueden poner de acuerdo a qué hace referencia este cese y acordar con la debida verificación, teniendo en cuenta el apoyo de la comunidad internacional, las iglesias y las organizaciones comunitarias. Sobre los asuntos humanitarios la urgencia es total. Son varias las regiones donde hay comunidades sufriendo y sus derechos deben ser atendidos, igualmente es urgente atender la situación de los presos y presas del ELN, tema en el que hay mucho por hacer. 1. Palabras en el Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en Yarumal, Antioquia: el presidente Gustavo Petro hace énfasis en la importancia de proteger a las comunidades y sus derechos y señala cómo han disminuido de manera ostensible los ataques del ELN a la Fuerza Pública al tiempo en que han aumentado los choques militares entre el ELN y otras organizaciones armadas. 2. Antonio García, primer comandante del ELN, hace críticas a la Política de Paz Total: "El proceso de paz con el ELN no puede utilizarse como ‘paraguas’ de asuntos no claros. El único propósito del proceso de paz es hacer de Colombia un país más democrático, justo e incluyente; que las justas aspiraciones de las mayorías del país sean escuchadas y tenidas en cuenta". Otty Patiño le respondió a Antonio García, jefe del ELN: "no ha entendido lo que es la Paz Total". 3. El equipo de gobierno para los diálogoS con el ELN se reunió entre el 01 y el O3 de febrero para preparar el ciclo de México. Esta jornada contó con el apoyo del Gobierno de Suecia, desde su academia de paz Folker Bernardotte. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-con-el-eln-historia-de-un-encuentro-secreto-de-la-delegacion-de-gobierno-antes-de-ir-a-mexico/ 4. El miércoles 08 de febrero el presidente Gustavo Petro se reunió con la delegación del gobierno para el proceso de paz con el ELN. En esa reunión el presidente recibió informes de la preparación de los puntos clave del ciclo de México y la delegación pudo recibir puntos de orientación por parte del presidente. 5. Antonio García y Otty Patiño discuten nuevamente por trato político del ELN. https://www.elespectador.com/politica/vuelve-y-juega-antonio-garcia-y-otty-patino-discuten-por-tratamiento-politico-del-eln/ 6. El Senador Iván Cepeda hace referencia a los temas a trabajar en el ciclo de México, entre los que resaltan tres: agenda del proceso, participación para la paz y cese bilateral del fuego y hostilidades. 7. Brasil formalizó su participación como país garante. Ya lo era desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, de común acuerdo con el ELN. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/participacao-do-brasil-como-pais-garante-na-mesa-de-dialogos-de-paz-entre-o-governo-colombiano-e-o-eln 8. Organizaciones comunitarias en Norte de Santander realizaron un foro sobre el proceso de paz en curso entre el Gobierno y el ELN, al cual la delegación de diálogo del ELN, en voz de Aureliano Carbonell, envió un saludo. En el mensaje, Aureliano Carbonell señaló como puntos a tratar en el ciclo de México: la participación de la sociedad en la construcción de paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades, y los asuntos humanitarios. Señala que ahora hay condiciones más favorables para avanzar en la construcción de paz y hay ánimo de cambio en la sociedad y eso lo expresa un gobierno de "centro-izquierda", que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. 9. Alto Comisionado de Paz pide a comunidades del Catatumbo "empoderarse" del cese el fuego. 10. La delegación de diálogo del ELN llegó el sábado 11 de febrero a México, aquí un breve mensaje de Pablo Beltrán, el jefe de la delegación, en el que afirma la importancia de este ciclo para avanzar en este proceso de paz: 11. Un grupo de personas del mundo social y comprometidas con los esfuerzos de paz le enviaron una carta a la delegación del Gobierno y al ELN, con un conjunto de propuestas sobre la participación de la sociedad y los temas a tratar en el ciclo de México. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Daniela Silva Solano, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Según un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2012 y 2019, 1.954 niñas, niños y adolescentes ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por ser víctimas de explotación sexual1 comercial en el país, siendo el 85% de los casos niñas y adolescentes mujeres. Una de las causas asociadas a la explotación sexual, como lo afirma la UNODC, implica el abordaje de los flujos migratorios en los cuales convergen grupos ilegales que controlan actividades delictivas como la trata de personas y la explotación sexual. Este enfoque de análisis permite evidenciar que los flujos migratorios dados en contextos de precariedad, incrementan la vulnerabilidad de las personas migrantes que, frente a la falta de documentación legal y dificultades en el acceso a la salud, educación y empleo, recurren a ofrecer servicios sexuales para poder sobrevivir. Otras causas subyacentes asociadas con la explotación sexual en Colombia están relacionadas con la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil, el abuso de alcohol o estupefacientes por parte de cuidadores o familiares, e incluso algunos casos se remiten al mismo núcleo familiar de la víctima. En efecto, los menores de edad han sido las víctimas preferentes de los explotadores sexuales debido a que, en primer lugar, se plantean relacionas asimétricas de poder basadas en el género y, segundo, porque son más vulnerables a la manipulación económica, la intimidación, amenazas y chantajes por parte del explotador. Ejemplo de lo anterior es el caso que ocurrió en las playas de La Boquilla, en Cartagena, donde dos hermanas de 15 y 17 años eran explotadas sexualmente por su madre, quien ofrecía servicios sexuales a turistas. La magnitud de esta problemática afecta considerablemente la convivencia y seguridad en las ciudades en tanto que las prácticas de explotación sexual perturban el entorno social, pero además se articulan con otros mercados ilegales como el narcomenudeo. Como lo indica la UNODC, en efecto, existe una cadena de valor de tráfico de estupefacientes y la oferta de servicios sexuales de menores, en la medida en la que se ofrece la droga al turista, pero también al proxeneta que busca a través de esta generar una dependencia por parte de personas en explotación. En este contexto resulta importante revisar las ciudades con mayores casos de explotación sexual. Según el ICBF, en el último reporte con datos públicos disponibles, entre enero y julio de 2021 se abrieron 227 procesos de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, de los cuales 86% tienen entre 12 y 17 años y se presentan específicamente en Bogotá (15.9%), Antioquia (14,5%), Caldas (11%), Valle del Cauca (9.2%) y Bolívar (5.2%)- (ICBF,2021). Bogotá La Fundación Renacer ha realizado un estudio sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Bogotá en el que se han podido precisar las modalidades de explotación a las que están expuestas las víctimas, entre las cuales se encuentran: explotación sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil. En la mayoría de los casos las víctimas reportan haber estado con extranjeros en contextos de turismo sexual en los que el consumo de sustancias psicoactivas se convierte en elemento transversal a esta problemática. Además de esto, otra práctica preocupante que se desarrolla en algunas localidades se basa en asumir el cuerpo de las mujeres como un elemento de control territorial por parte de diferentes grupos, práctica sustentada por la existencia de fronteras imaginarias en los barrios. Fuente: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud (IDIPRON). Infografía ESCNNA Medellín Según el diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Medellín en la administración municipal 2020-2023, realizado por la Mesa Contra la ESCNNA y la Universidad de Antioquia, las prácticas de explotación sexual a menores más denunciados en la ciudad son: pornografía, demanda de explotación sexual y utilización de medios digitales para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Este informe destaca una situación crítica con respecto a la explotación sexual comercial de niñas “vírgenes” entre los 12 y 14 años por parte de bandas criminales que, a pesar de no registrar cifras concretas, en una encuesta realizada por la Mesa Contra la ESCNNA se logró determinar que por lo menos el 75% de los/as encuestados refirieron haber escuchado sobre esta práctica. De acuerdo con la información aportada por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), las comunas con mayor ocurrencia de casos para el periodo 2015-2019 son: La Candelaria, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires y Castilla. Cartagena La labor de monitoreo de campo que ha realizado la Fundación Renacer ha permitido identificar que la modalidad de ESCNNA más recurrente en la ciudad de Cartagena es el turismo sexual, siendo Bocagrande, Laguito, Boquilla, Castillo Grande y el Centro Histórico, los sectores que presentan mayores casos de ESCNNA. A pesar de ser una ciudad que para el año 2011 presentó 650 casos de victimización de menores de 18 años relacionados con comercio sexual, se puede observar que la información sobre este delito es limitada y no se encuentra actualizada. Así lo ha expresado también el ex viceministro de Turismo, Ricardo Galindo, quien asegura que, a pesar de los esfuerzos para la prevención de este flagelo, el total de denuncias por este tipo de delitos en el marco de actividades turísticas es muy bajo, lo cual no se ajusta a la realidad y evidencia dos problemas importantes: un alto subregistro y una falta de acción por parte de las personas para denunciar. Algunas consideraciones finales Estos datos además de revelar la magnitud del problema señalan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención a través de procesos de sensibilización, formación y acompañamiento para atender casos de ESCNNA en las ciudades. La explotación sexual comercial es un delito que requiere de intervención del Estado, no solo desde una visión amplia sobre el crimen, sino también desde una perspectiva de salud pública, debido al alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes implicados. En este sentido, resulta importante el abordaje de la explotación sexual por parte de las autoridades y entidades públicas, partiendo desde la identificación de zonas de riesgo en las ciudades que permitan determinar de manera más específica las modalidades en las que las redes de criminalidad operan y se articulan con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Como lo menciona el IDIPRON, es esencial el trabajo en conjunto con todos los actores sociales del territorio para poder implementar una hoja de ruta que permita prevenir y erradicar la ESCNNA las ciudades. Con base en el abordaje de ciudades presentado sobre Medellín, Bogotá y Cartagena, cabe resaltar que en la actualidad se han venido posicionado las Violencias Basadas en Género (VBG) como un asunto prioritario en la agenda pública, en el marco de la participación de grupos de presión, así como organizaciones feministas que buscan profundizar en el debate sobre la explotación sexual como un asunto ligado a elementos culturales e imaginarios colectivos sobre el cuerpo de las mujeres y niños. Luego, es importante que las autoridades actúen con celeridad y que esta discusión pueda materializarse en programas y proyectos que además de contribuir en procesos formativos para la desnaturalización de la ESCNNA, permitan brindar mayores garantías para la protección y restitución de derechos, así como la implementación de rutas de atención integral efectivas para mitigar los riesgos asociados este tipo de violencia sexual.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A comienzos de febrero, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un proyecto de decreto con el que buscará asumir –de manera temporal– algunas funciones generales de la regulación en materia de servicios públicos domiciliarios (SPD). Según la propuesta normativa, el presidente reclamará las funciones que la Constitución y la ley le dan para administrar estos servicios de forma directa y personal. A pesar de que en el pasado esta atribución del Gobierno ha sido normal –incluso quedó explícita en el plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque– el proyecto de decreto de inmediato encendió las alarmas de los gremios de la industria y ha provocado que, incluso, calificadoras de riesgo como Fich Ratings, manifiesten su preocupación y hagan advertencias sobre las consecuencias de esta disposición. Para las grandes asociaciones de la industria –como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia– la propuesta normativa del presidente se convierte en un peligroso anuncio que puede alejar a los inversionistas, restringir el acceso a capitales, aumentar el costo de las deudas, poner en riesgo la cobertura de los servicios y reducir la calidad de estos. En síntesis, advierten una catástrofe, al poner en riesgo el desarrollo futuro del país con la medida. Frente a esta situación se pueden decir dos cosas. La primera es que el presidente, como jefe de Estado, está facultado por la Constitución de 1991 para que intervenga en la regulación de la prestación de los servicios de utilidad pública. Aunque la norma de normas permitió, en su artículo 333, la participación del sector privado en la provisión de estos servicios, también en el 370 se dice que el Estado mantendrá el monopolio de la regulación. La Constitución es clara en entregar al presidente de la República el poder para establecer políticas generales para la administración y gestión de los SPD; además del control, la inspección y vigilancia de las organizaciones que participen. Lo que pasó fue que, a partir de 1994, con los decretos 1524 y 2253 de 1994, y las leyes 1942 y 143 del mismo año, el presidente delegó en las comisiones de regulación de Energía y Gas (Creg) y la de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la ejecución de estas labores. Lo que está haciendo el presidente Petro en estos momentos es retomar sus responsabilidades constitucionales y legales. Como mandatario está interesado y obligado a aportar al bienestar social. Ve con preocupación cómo desde hace años en el país se están aumentando alarmantemente las tarifas de la energía eléctrica y del gas, afectando el bolsillo de los usuarios. De allí que desee usar los mecanismos institucionales que tiene para moderar estas alzas, manteniendo claros los principios de solidaridad y redistribución. El segundo asunto es que en la prestación del servicio de energía también podemos ver cómo opera la lógica capitalista. Desde 1994, el sector de los SPD viene operando como un mercado, muy similar a cualquier otro de la economía. Allí los agentes oferentes tienen como principios de actuación la eficiencia económica, la suficiencia financiera y la ganancia comercial. Por ello vienen trabajando desde ese año en convertir la prestación de los SPD en un sector de la economía que se organiza y opera como todo un negocio. Para los oferentes, las tarifas de los SPD deben estar atadas a los costos de las diversas actividades que se involucran –que en la electricidad son: generación, transmisión, comercialización y distribución, además de otros componentes–. En ellas debe incluirse, necesariamente: la administración, la operación y el mantenimiento. Además, por supuesto, las tasas de remuneración de los capitales –que se establecen de acuerdo con las expectativas de los inversionistas– y que no es más que las rentabilidades que les da el negocio de la energía. En síntesis, los privados piensan que los servicios de utilidad pública –como el agua, el aseo, el gas, la electricidad o las telecomunicaciones– son verdaderos mercados cuasi-independientes, los cuales pueden operar, incluso, sin la intervención del mismo Estado. Una lógica de funcionamiento que el próximo año cumplirá tres décadas de desarrollo y que la industria y sus gremios han tratado de construir a su conveniencia. De allí que ante el anuncio de una posible norma que permita al presidente Petro retomar las funciones constitucionales y legales, los oferentes del servicio presenten diversos argumentos en contra; y digan que esta injerencia presidencial debilita la estructura reguladora y afecta el funcionamiento normal del sector. Emitiendo comunicados, como gremios, en los que advierten, alarmados, que el control de los precios que se pretende hacer afectará sus inversiones y generarán una reducción en las ganancias. Incluso hacen uso de los informes de las calificadoras de riesgo –como Fich Ratings– para subrayar la advertencia que estas organizaciones hacen a las medidas que está tomando el presidente colombiano para frenar la inflación, diciendo que ellas pueden tener consecuencias graves para los mercados eléctricos, pues “podría debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos para compensar los crecientes costos de producción”. Con los dos anteriores asuntos queda claro que el país se está enfrentado en la actualidad a dos visiones distintas frente a los SPD: por un lado, a una lógica presidencial actual que aboga por la necesidad de control del precio para que prevalezca el interés público. Una visión que se ha convertido en la bandera del Gobierno para avanzar en la reducción de los precios de la energía y lograr un Pacto por la Justicia Tarifaria. Una apuesta que se justifica en la medida en que el país ve cómo las tarifas de estos servicios se están elevando considerablemente debilitando el bienestar de los hogares. Aumento en los precios que se evidencia en las cifras que ofrece el DANE cuando muestra que para 2022 se dio un incremento promedio de las tarifas de los SPD para el país de 22,40% para la electricidad y de 21,93% para el gas; superando casi el doble el incremento del IPC, incluso tasas de incremento de más del 40% en territorios como la Costa Atlántica. Y, por otro lado, a una lógica en la que los agentes oferentes del mercado ven los SPD como un gran negocio. Percibiendo el cambio normativo como una intromisión de un agente externo –el Estado– que no les respeta los cálculos en las rentabilidades de la inversión proyectados. Y que consideran que la bandera del Gobierno de proteger a los usuarios se hace en contra de sus intereses; por tanto, le sugieren que si desea ayudar a los usuarios-clientes lo haga vía subsidios y no afectando sus ganancias. En este escenario de enfrentamiento de lógicas complementarias en torno a los SPD es necesario como ciudadanía estar muy atentos a sopesar los argumentos. A pensar en la necesidad de un diálogo y reflexión sobre el papel del Estado en una economía en la que participen todos los actores interesados en el buen funcionamiento de los servicios –gobierno, gremios, ciudadanía, incluyendo la academia–. A valorar como ciudadanía las banderas del Gobierno en cuanto querer asumir la rectoría de la política basada en los principios de solidaridad y redistribución, sobre todo en momentos difíciles como estos. Pero también a insistir en la necesidad de respetar los otros principios rectores del mercado, como la eficacia económica y la suficiencia financiera, que son aspectos técnicos importantes para mantener el servicio. Finalmente, a pensar en la necesidad de realizar ajustes normativos que transformen la regulación; pero también en la importancia de tener una institucionalidad fuerte y que se respete, que valore los acumulados para que se asegure una función regulatoria del Estado simple y transparente; y al mismo tiempo se evite que los gobiernos que vendrán por cualquier razón intervengan, poniendo en riesgo el sistema. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Este lunes 13 de febrero inicia en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Será un encuentro de transcendental importancia para el proceso que se inicia, pues es la proa del barco de la política de Paz Total, algo todavía en fase de montaje, en medio de una diversidad de procesos de tramitación de las violencias organizadas que persisten, y siendo el ELN la última de las organizaciones de nuestro viejo alzamiento armado de los años 60. Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente, en un tuit suyo del 31 de diciembre y desmentido por el ELN. Este impasse ya fue superado hace tres semanas en una reunión extraordinaria en Caracas y las dos partes continúan con el reto de avanzar. Son cuatro los aspectos que se van a tratar en este ciclo en México, que puede durar entre 21 días y un mes de trabajo. La agenda En el ciclo de Caracas, que se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, Gobierno y ELN abordaron la agenda firmada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, el 30 de marzo de 2016. Esta agenda tiene la lógica de ser pensada y diseñada para un proceso de participación que lleve a concertar unas transformaciones como sustento de una visión compartida de la paz. Una agenda que comparten el gobierno Petro y el ELN, pues ambas partes tienen plena identidad sobre la participación ciudadana y la pluralidad social para avanzar en la Paz Total, con vocación y compromiso de transformaciones. La intención es llevar a la mesa de diálogo la más amplia diversidad social y política. El documento que muy seguramente se firme al final del ciclo de México pondrá énfasis en la participación de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos, así como en temas de transición energética y asuntos socioambientales. Participación para la paz El punto de participación para la paz tiene desarrollos importantes en lo ya trabajado, que sirven de herencia para este nuevo momento. Ya hay unas definiciones logradas entre Santos y el ELN en las que se estableció que la participación puede transcurrir por un “carril” regional y otro temático. Son definiciones, si se quiere elementales, que tienen el valor de que han sido construidas por un Gobierno Colombiano y el ELN. Una participación para la paz se debe desarrollar de manera plural, teniendo como base la tramitación de conflictos territoriales no resueltos bajo el principio de una permanencia digna de quienes han habitado los territorios y han sido sometidos a la vulneración sistemática de sus derechos, bajo lógicas de exclusión y ejercicio de violencias para expulsarlos y despojarlos. La participación para la paz que deben proponer el Gobierno y el ELN puede apoyarse en los procesos territoriales en los que hay comunidades organizadas, gremios comprometidos con este esfuerzo de paz y gobiernos locales que tienen responsabilidades constitucionales para trabajar por sus regiones. La participación que acuerden tiene en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) una oportunidad de instrumento de gestión pública de gran potencialidad transformadora, y lo que quede en el PND no solo será prioridad, sino que debe contar con recursos para que la gestión del Gobierno se convierta en acción de la sociedad. La participación hay que asumirla entonces como el desarrollo de un mandato constitucional que establece que la democracia colombiana es participativa. Y ligarla a la definición de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La participación tendrá a las regiones como escenarios y como protagonistas a los sectores sociales que quieran presentar sus formulaciones y propuestas. Que Gobierno y ELN se constituyan en gestores y mediadores de una amplia participación hacia el gran esfuerzo de la construcción de la paz y de un nuevo país. Una articulación entre regiones y sectores sociales alrededor de ciertos temas nodales puede darle sustento a esa participación. De esta manera, en México hay que lograr unas definiciones precisas de participación, insistiendo en que se incluyan puntos que puedan ser incorporados al PND, lo que ubica a los meses de marzo, abril y mayo como el tiempo a aprovechar. Cese bilateral del fuego y de hostilidades Gobierno y ELN coinciden en adelantar la negociación en medio de una distensión que sirva a las comunidades que sufren la continuidad de la violencia y se genere “un ambiente de paz”. Ya hay el antecedente del cese bilateral de los 100 días transcurridos entre octubre de 2017 y enero de 2018. Este debe ser tomando en cuenta como experiencia sobre la cual se pueda partir para la construcción del nuevo acuerdo. El presidente Petro ha manifestado que el interés de su Gobierno no está exclusivamente parar la confrontación con el ELN, lo cual, por supuesto, es muy importante; sino que ha hecho énfasis en su interés en que la población no sufra los estragos de la violencia. Las dos partes deben establecer con claridad el delicado tema de las “hostilidades”, pues aquí hay un campo por acotar de comprensión y precisiones para establecer con claridad los compromisos a cumplir. En los últimos días se ven más hechos que involucran acciones del ELN y contra el ELN por parte de la Fuerza Pública. En Buenaventura surgieron graves denuncias por parte del ELN sobre supuestas ejecuciones fuera de combate de sus combatientes, hecho que es motivo de investigación. O los hostigamientos a integrantes de la Policía por parte del ELN en Chocó o Segovia, y la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, por mencionar hechos recientes. Vamos a ver si esta tendencia a mayores hechos de acciones armadas se mantiene ahora que se acerca la efeméride de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el próximo 15 de febrero, que es cuando el ELN adquiere mayor visibilidad por sus acciones pasadas. Hay que mencionar que las acciones militares en las que está más comprometido el ELN son contra otros irregulares: Clan del Golfo en Chocó y Valle, o estructuras disidentes de las FARC en Arauca, Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. Este es un reto para las partes negociadoras, pactar un cese bilateral en el que también hay que tener en cuenta estas confrontaciones en curso. Es fundamental pactar un cese bilateral del fuego y de hostilidades que pueda ser verificado por instancias internacionales, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y los procesos comunitarios territoriales. Acciones humanitarias El Gobierno y el ELN tienen interés y compromiso en trabajar por resolver las dificultades humanitarias que padecen ciertas comunidades ante la persistencia del conflicto armado. Este es un asunto urgente que debe ser atendido con prontitud y eficacia. Las dos partes, con la participación de organizaciones comunitarias, iglesias y comunidad internacional, adelantaron la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el Medio San Juan (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito), y de esta experiencia se debe aprender para seguir desplegando iniciativas humanitarias. En lo humanitario hay mucho por hacer, marcando como prioridad la situación de confinamiento que viven ciertas comunidades, así como el desplazamiento, amenazas de zonas con artefactos explosivos, la reclusión de los presos del ELN, etc. Sobre este conjunto de situaciones, Gobierno y ELN pueden trabajar de manera mancomunada. A manera de síntesis Este segundo ciclo de conversaciones en México entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN debe constituirse en la proa de una política de Paz Total que logre arribar a buen puerto. Ambas partes deben lograr: firma de la agenda del proceso, definiciones sobre participación para la paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades, y acciones humanitarias conjuntas. Los mejores deseos para las dos partes y gratitud con el Gobierno y el pueblo de México por su trabajo y compromiso, al igual que para los países de la comunidad internacional que actúan como garantes y acompañantes.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 08 de febrero, el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad, Orlando José Petro Vanderbilt, autorizó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, alias “El Gatico”, hijo de Enilce López, alias “La Gata”. Este hombre, quien está condenado a 29 años de prisión por el homicidio a un periodista y sus nexos con grupos paramilitares y lavado de activos, habría sido designado como facilitador de paz el año pasado, razón por la cual otorgaron su libertad. Su libertad generó algunas controversias. Varios medios de comunicación aseguraron que su salida de custodia fue ordenada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, el Gobierno desmintió dicha petición y, por el contrario, mencionó que solicitó a la justicia que revoque la decisión de dejar en libertad a este hombre, ya que no sigue las leyes vigentes, según aseguró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado. Pese a esto,el juez de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, desmintió al Alto Comisionado para la Paz de no haber tenido conocimiento previo sobre la libertad de este criminal, por lo que entregó un documento al medio de comunicación WRadio en el que aseguró que el Gobierno fue notificado sobre la eventual libertad del hijo de alias “La Gata”.. Cabe añadir que en el comunicado hecho por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se aclaró que el Alto Comisionado no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. Dicho lo anterior, se conoció que alias “El Gatico” fue quien presentó la solicitud al juez de su libertada por su nombramiento como facilitador de paz.La carta firmada por él, con fecha del 23 de diciembre de 2022, estaba dirigida directamente al juez Petro Vanderbilt,al que le solicitó que “ledé cumplimiento a la resolución número 075 del 22 de diciembre de 2022 emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el cual le delegan como FACILITADOR DEL PROCESO DE PAZ”. Fuente: INFOBAE Alfonso López redactó y envió esta carta un día después de que lo designaran como facilitador de paz. Sin embargo, según el Alto Comisionado para la Paz, su designación se hizo solo por dos meses y sus labores debían realizarse desde el lugar donde estaba recluido. Luego de conocerse que finalmente Petro Vanderbilt otorgó la libertad de esta persona, la Procuraduría General de la Nación denunció disciplinariamente al juez por su decisión. La procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales fue quien instauró dicha denuncia ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, explicando que el actuar de este juez fue algo “inexplicable”, ya que “el funcionario optó por conceder la libertad de Alfonso otorgándole, sin ningún asidero legal, el tratamiento reservado a los miembros representantes o a los voceros de algún grupo armado ilegal con el que se estuviese adelantando proceso de paz o de sometimiento a la justicia”. Quedaron muchas incógnitas frente al accionar del Juez Orlando José Petro, frente a su actuación con alias “El Gatico”, esto sumado a que según el medio de comunicación Caracol Radio, este juez enfrenta cuatro procesos disciplinarios ante la Comisión Seccional Disciplinaria Judicial del Atlántico, de los cuales dos corresponden al 2020, uno al 2021 y otro al pasado 2022. A raíz de toda esta polémica y las múltiples preguntas que ha dejado el caso, los coordinadores de las diferentes líneas de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) expresaron su opinión frente al tema. Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, mencionó que hay que tener en cuenta tres puntos clave: el primero, la diferencia entre la figura de facilitador y de gestor de paz, esta última se refiere a aquellas personas que estaban vinculadas en grupos armados organizados o que aún lo están, mientras que la figura de facilitador es cualquier persona. Lo que hacen estas figuras es un aporte en el marco de la construcción de paz, ya que pueden ser estratégicos para lograr dinamizar el proceso de Paz Total. “Sobre estas figuras no hay ni indulto ni amnistía, hay que precisar que estas figuras son una suspensión de los procesos judiciales de manera temporal en función del aporte de estas personas a la construcción de paz en Colombia, eso debe quedar claro”, resaltó el coordinador de la Línea. El segundo punto clave es que este tipo de casos seguirán ocurriendo, debido a que es necesario “en este momento” contar con “bandidos” para lograr verificar la voluntad de paz de los grupos armados, ya que estas personas conocen, de una manera más directa, las estructuras y cuentan con los contactos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas personas deben tener una voluntad de construir paz, según Alejandro Restrepo, lo último mencionado, pasa por unos mecanismos claros de verificación de ese papel por parte del Gobierno Nacional. Para el coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, un tercer punto clave es la necesidad de una “sincronización” al interior de las instituciones y de las personas que hacen parte del Gobierno, con el fin de que no sucedan este tipo de cosas, como el caso de alias “El Gatico”, el cual genera confusión dentro del mismo Gobierno, además, Restrepo aseguró que es necesario que también haya una comunicación hacia la sociedad colombiana sobre los mecanismos a través de los cuales van a hacer estos procesos. Por otro lado, Esteban Salazar, coordinador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, aseguró que alias “El Gatico” no es una persona idónea para ser un facilitador de paz por parte del Gobierno en acercamientos con estructuras armadas en Bolívar, ya que según el coordinador de esta Línea, Jorge Luis Alfonso López ya agotó ante la justicia ordinaria y la JEP la posibilidad de decir verdad, de reconocer delitos y de buscar reparación. Salazar mencionó que el propio Danilo Rueda reconoce que para el caso de cualquier facilitador al que se le haga público su rol, se le deberá revocar el acto administrativo que así lo haya designado, “en este caso, ese es el camino para ‘El Gatico’, seguir pagando su condena, sin ningún tipo de beneficio o rol que pueda llegar a generar algún mínimo halo de impunidad hacia las víctimas o de ingenuidad del Gobierno Nacional”. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, es cuestionable el hecho de que el Gobierno haya designado como facilitador a alias “El Gatico” teniendo en cuenta su vínculo con la polémica empresaria del chance, Enilce López, alias “La Gata”. Morales reiteró que el Gobierno debe ser cuidadoso al afirmar qué tipo de roles tendrán estas figuras, ya que “una cosa es el alcance que pueden tener estas personas y otra el rol que deberían tener en dichos acercamientos” (Ver: Chance en el Magdalena debe continuar en manos de la Gata: SAE). Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), está de acuerdo con los coordinadores de Pares en que el Gobierno subestimó este caso, ya que este hombre usó su designación como facilitador para librarse de alguna manera de la justicia. Bonilla mencionó que es importante tener en cuenta que la figura de facilitador debe ser muy discreta para poder avanzar en el proceso, caso que no fue este. Luego de toda esta polémica, el mismo juez, quien otorgó la libertad de alias “El Gatico”, ordenó que se devuelva a su prisión domiciliaria para que siga cumpliendo su condena de 29 años de prisión que está vigente en su contra. “En vista de las publicaciones de prensa que se han escuchado el día de ayer y el de hoy, en las que se pide por parte del alto Gobierno, Presidencia de la República, la revocatoria de la libertad concedida al señor Jorge Luis Alfonso López, explicando que la labor encomendada a él como facilitador de paz no requiere efectuarla fuera de su lugar de reclusión, este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida para que siga cumpliendo la pena que se le impuso”, mencionó el juez. En la mañana de este viernes, el coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del INPEC, informó que se desconocía el paradero de alias “El Gatico” y aseguró que el INPEC no tenía la responsabilidad de conocer su paradero, ya que la justicia colombiana le habría concedido su libertad. Sin embargo, horas después, dieron con su paradero. Actualmente, ya se encuentran funcionarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Barranquilla en su lugar de residencia en donde seguirá cumpliendo su condena.

Por: Luis Eduardo Celis Colombia vive tiempos de cambio en medio de un nuevo gobierno. Este es el signo del presente, cambio y más cambios hasta donde sea posible por la acción de gobierno y la participación de la sociedad que quiere ir en esa dirección, asumiendo que hay muchos temas a transformar y nuevas realidades a construir. Bien sabemos que todo cambio trae reacciones: hay quienes no quieren que el orden vigente se transforme, pues va contra sus intereses; estas son las fuerzas sociales, gremiales y políticas que defienden la continuidad y que se van a oponer a la dinámica de cambio. Hay quienes sin ser beneficiarios del orden vigente, dudan y no ven la perspectiva de un futuro diferente, sienten temores ante lo que vendrá y están a la expectativa o se aferran al viejo orden que debe cambiar; estas son las visiones conservadoras que en el caso de Colombia han sido muy importantes y que poco a poco han venido cediendo a la oferta de cambio, algo que lo ejemplifica Gustavo Petro y su triunfo histórico. Iniciamos este 2023 con agitación social y política, vienen importantes debates sobre temas cruciales para la sociedad colombiana, hemos presenciado en estas semanas una intensa acción mediática sobre el proyecto de reforma a la salud que aún no conocemos y aun así se habla de “destruir” y “acabar” el sistema de salud, dando por sentado que está bien y que no debe ser objeto de ninguna acción transformadora. Este es el tema que más ha tenido visibilidad, pero también vienen proyectos de ley sobre el tema pensional y laboral, y sobre estos tres temas de tanto interés y necesidad de acción transformadora se va a dar un importante pulso entre cambio y continuidad, pulso que va a mostrar las posibilidades de este gobierno de cumplir con su oferta de transformación. Vamos a ser testigos y protagonistas de un momento crucial de la sociedad colombiana: somos capaces de participar en la construcción de nuevas realidades o las fuerzas de la tradición seguirán con su orden de privilegios y exclusiones. El presidente Petro ha convocado a respaldar los cambios en la calle y ese llamado ha sido respondido por algunas voces como una acción antidemocrática e inconveniente, se le señala de querer saltarse el Congreso de la República y de presionarlo de manera indebida. Esta una lectura donde la democracia solo reside en las paredes del Congreso, olvidando que nuestra constitución define que somos una democracia participativa igualmente, no solamente representativa; que esas dos dinámicas, la de la participación directa y diversa, debe dialogar de manera permanente con la representación; que son dinámicas que no riñen y que no se pueden autoexcluir. La calle ha sido y seguirá siendo escenario para manifestar apoyos y rechazos y eso es lo que se va a vivir el próximo martes 14 de febrero en muchas plazas del país cuando salgan ciudadanas y ciudadanos en apoyo a la idea de cambio en muchos temas, como los ya mencionados. E igualmente vamos a ver en las calles a miles de colombianas y colombianos el miércoles 15 manifestándose ante la oferta de cambio e insistiendo en que el presidente Petro y la coalición política que lo apoya no debe seguir en su mandato de transformaciones. Es una lucha social y política en curso y que se debe dirimir de manera democrática y que por supuesto tendrá en el Congreso de la República, el escenario definitivo. Todo en la vida está cruzado por la ideología y por la acción política, no hay nada en la sociedad que no esté ligado a estas dos dimensiones de comprensión y acción, así que cuando escuchemos que no le metamos ideología ni política a los debates de lo que hay que hacer, transformar o preservar, sepamos que cada postura, cada disertación, cada propuesta, vienen de planteamientos ideológicos y de concepciones políticas. Nada, absolutamente nada en la vida está por fuera de las ideologías y de la política, como concepción y como acción. Colombia vive tiempos de cambio, en las calles nos vemos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Attila Lenti Analista de riesgos políticos y experto en cooperación internacional La palabra “articular” figura en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 110 veces en diferentes formas. La palabra “coordinar” 88 veces. No está mal para un documento de 321 páginas: posiblemente se trata de una de las expresiones más comúnmente usadas en los diferentes planes y estrategias públicas de todos los tiempos y este PND no es la excepción. Hay que articular entidades, sectores, planes, sistemas, políticas, instrumentos, procesos, actores, gente, porque todo anda desarticulado. Lo institucional refleja una forma de trabajar en la que cada colombiano es una república independiente. El problema no es de capacidades organizativas, todo el mundo sabe el cómo. El problema es cultural. Cada vez que veo las palabras anteriormente expuestas como una especie de acción-objetivo en determinado contexto, recuerdo un fenómeno que observaba en diferentes grados en toda entidad colombiana donde llegué a trabajar, fuera pública, privada o de la sociedad civil. La incapacidad de asumir sinceramente una causa y su construcción pública haciendo equipo, sin egoísmos, conspiración por el poder o jugaditas individuales. La impresionante contradicción de que la solidaridad que existe en la vida comunitaria no pueda existir en un espacio de trabajo, porque siempre parece más importante mostrar desempeño individual que construir algo duradero entre todos. La imposibilidad de ser un engranaje más que hace lo necesario, con precisión y seriedad, buscando cooperación transparente con los otros, pensando en el impacto final, sin tanta foto y arribismo. Algunas veces las ganas de mandar y ejercer poder sin comprender que dirigir es tan solo un trabajo más y que toda actitud arrogante obstaculiza la operación efectiva y legítima. En pocas palabras: la incapacidad de aplicar la receta fundamental que hace que algunas sociedades sean más exitosas que otras, desarrollando democracias reales e incorporando la creatividad de todos. En Colombia se habla mucho de la falta de noción de lo público. ¿Cómo es posible que un pueblo con extraordinarias habilidades de comunicación, con prácticas de solidaridad capaces de garantizar la sobrevivencia de barrios y comunidades campesinas enteras en ausencia de un Estado, con gestos diarios de fraternidad con desconocidos, no sea capaz de obrar de manera ordenada por el bien común? ¿Qué se necesita para que lo haga? Puede parecer una pregunta ingenua pero es una pregunta crucial. Es un cliché de diagnóstico mil veces repetido que la fragmentación regional, la herencia de instituciones coloniales dedicadas al saqueo, la distancia creada entre la sociedad y sus élites que han abusado de sus privilegios, y la ausencia histórica de un proyecto nacional incluyente, crean una cultura de lucha por la sobrevivencia basada en la astucia y la desconfianza total en toda institución. Pero con eso no llegamos más cerca de la solución. Lo cierto es que el Estado tiene un rol central, y ahora que ha llegado un proyecto popular de izquierda basado en un movimiento amplio, todos esperan un cambio. Temo que este cambio no solo debe expresarse en reformas que se aprueban en el Congreso. La responsabilidad va mucho más allá. Si bien es de toda la sociedad, una sociedad que en estos años ya mostró unidad en las calles, por ahora visiblemente llega el turno de los elegidos. La tarea es hacer creer en la práctica que sí hay proyecto nacional que aglutina, una idea por la que vale la pena trabajar. Detrás de cada gran nación hay una idea que influye hasta la última práctica cultural. Detrás del modelo nórdico es la idea de la igualdad y una sociedad civil robusta con ética sólida; detrás del sueño americano, hoy algo desvanecido y vaciado, es la promesa de la movilidad social a punta de talento y trabajo duro. Hasta ahora el gobierno de Petro ha resultado ser tremendamente efectivo en reinventar a Colombia en el plano abstracto y mostrar una idea integradora. Hasta tal punto que esta idea, ser “Potencia Mundial de la Vida”, al realizar victorias tempranas en su implementación puede mostrarle un camino a toda la izquierda de América Latina y brindar la oportunidad de tematizar la política en el país por décadas. El nuevo modelo planteado es potente, porque en el plano mental ofrece una salida al modelo dependiente del desarrollo del Sur (fin del extractivismo), fomenta el orgullo nacional (ser potencia en algo tangible), coloca en el centro las verdaderas riquezas del país (agua y biodiversidad) en una sociedad con raíces campesinas y fuertes vínculos con la naturaleza, y brinda un inmenso campo de desarrollo profesional para millones de jóvenes, ya que es intensivo en conocimiento. Todo depende de su implementación, y la implementación depende de la efectividad del Estado en la vida real. ¿Es posible visualizar un Estado que se transforme por dentro, o sus mecanismos perversos institucionalizados de privilegios, clientelismo y burocracia evidenciarán resiliencia, absorbiendo y resistiendo a todo intento de transformación? Se necesita una actitud ejemplar de gobernar e implementar política pública, que sea coherente con los conceptos de moda colocados en el Plan de Desarrollo. En el Estado hasta el último funcionario debe actuar con humildad, transparencia y como parte de un engranaje. El ejemplo debe comenzar con los de arriba. Entonces, no se debe nombrar a nuestra amiguita sin formación relevante como directora de una de las entidades más importantes del país que está encargada de la protección de la niñez, el futuro del país. Una ministra no debería hacer declaraciones arrogantes, tratando como a menores de edad a los actores más importantes del sector que quiere reformar. Tampoco se debe poner la lealtad por encima de la crítica y la libertad de expresión. Y sobre todo: Twitter sirve para muchas cosas, pero desde Donald Trump se sabe lo contraproducente que puede resultar su excesivo uso en el ejercicio de gobernar. Porque todo lo anterior manda el siguiente mensaje al pueblo: “en medio de tanto discurso hago lo mismo que los de siempre”. Además, si este es el ejemplo públicamente expuesto, queda la pregunta: ¿cuál es la cultura de trabajo que promuevo en ese Estado, actor central del cambio, que supuestamente se quiere fortalecer? Estos actos simbólicos anulan todo el potencial del plano teórico del Plan Nacional de Desarrollo. En la cima del poder vale la pena recordar que gobiernos vienen y van. Hoy arriba, mañana abajo, y una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. ¿Cómo van a recordarlos en medio siglo? No existe determinismo cultural y claro, ningún pueblo está condenado a cien años de soledad. Hay una evidente ventana de cambio que por ahora estará abierta por un tiempo limitado. Se puede articular, coordinar, organizar, aglutinar sociedad alrededor de un proyecto nacional. Sin embargo, la implementación de este Plan de Desarrollo en últimas dependerá del ejemplo y la calidad humana de los funcionarios en todos los niveles, de equilibrar la ambición individual con la idea de lo público. De la cultura del cambio, de la superación cultural del individualismo. La solidaridad también es colombiana. Su extensiva normalización puede cambiar las cosas para siempre. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.