Por: Iván Gallo, editor de contenidos Foto tomada de: Wikipedia La extrema derecha puso en boca de sus políticos y también de sus periodistas -la primera línea del uribismo, como los clasificó Margarita Rosa de Francisco- la indignación que le generó el homenaje de Gustavo Petro al comandante Carlos Pizarro al convertir su sombrero en Patrimonio Cultural de la Nación. Se escucharon voces que no dudaron de calificar a Pizarro como un criminal. Se equivocan feo los que así lo llaman. Pizarro fue quien abrió la puerta, dentro de los grupos armados, a la salida negociada al conflicto. La primera vez que existió una intención real de diálogo de un grupo guerrillero fue el ELN en 1975, después del descalabro que significó para ellos la derrota en Anorí, que estuvo a punto de destruirlos. En 1982 Belisario Betancur se sentó a hablar con las FARC, comandadas por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, en los diálogos de la Uribe. Se sentaron las bases de la participación política a través de la creación de un partido, la UP, pero todo terminó en la matanza por todos conocida y que dejó más de 5.000 militantes de izquierda asesinados. La historia de las negociaciones entre los gobiernos nacionales y las guerrillas ha estado plagada de incumplimientos y traiciones. El primer en creer en que, a pesar de todo, el diálogo era la única salida posible fue Pizarro. Su primer gran enseñanza fue el perdón. La retoma sangrienta del Palacio de Justicia por parte de los militares fue un claro ejemplo del objetivo que tenían oficiales como Fernando Landazabal, Arias Cabrales o Plazas Vega de vengarse del M-19 después de haberlos dejado en ridículo con sus publicitados golpes: la recuperación para el pueblo de la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cantón Norte y la toma de la embajada de República Dominicana. Influenciados por las doctrinas de seguridad norteamericanas, en donde era intolerable permitir cualquier disidencia de izquierda, una parte del ejército se asoció con paramilitares y decidieron exterminar a lo que oliera a marxismo. Mientras el ELN y las FARC se radicalizaban, Pizarro creyó en la paz. Dejó pasar los asesinatos de Iván Marino Ospina, Luis Fayad, Toledo Plata, la misteriosa muerte del líder y fundador del M-19 Jaime Bateman, fue más grande que el clima hostil que rodeaba el país. 1989 fue el año en el que Pablo Escobar decidió declararle la guerra al Estado colombiano: un avión de Avianca explotó en el aire mientras surcaba el cielo bogotano, un bus repleto de dinamita estallaba frente a la sede del DAS, asesinaban en la plaza de Soacha a Luis Carlos Galán, bombas estallaban en las esquinas, era un país en guerra, con la extrema derecha desatada con sus paras y mafiosos y aún así Carlos Pizarro decidió envolver su arma en la bandera de Colombia, entregarla y lanzarse a la presidencia de la república. Fue el 9 de marzo de 1990 en el caserío de Santo Domingo, cerca al casco urbano de Tacueyó. Con su voz disolvió la lucha armada del M-19 “Por Colombia, por la paz, dejad las armas" "¡Oficiales de Bolívar, rompan filas!". Pizarro sabía los riesgos que corría. María José Pizarro incluso recuerda cuando fue la última vez que vio a su papá. Fue en un restaurante en Bogotá, en un breve momento en el que la apretada gira que tenía que realizar se lo permitió. Él ya sabía que lo iban a matar. Ese día la reunión fue en un restaurante llamado Tamarindo que queda a la vuelta de la Casa Medina. Alguien lo regañó porque no llevaba chaleco antibalas. Desparpajado, Pizarro gritó entre risas “¿Y para qué llevo eso? Ellos saben que llevo chaleco anti-balas, si me van a matar me dispara en la cabeza y listo”. La lógica demoledora desarmó a María José y a los que lo acompañaban. A ella le dijo esa noche que estuviera preparada, que ella tenía que saber que a él lo iban a matar pronto. En abril de 1990 ya habían sido asesinados en esa campaña Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo Ossa. A pesar de la certeza de la traición Pizarro le dejó claro a Navarro Wolf, al mismo Gustavo Petro, a sus lugartenientes políticos que ya no había ninguna posibilidad de retomar la lucha armada. El compromiso con la paz fue total. El 26 de abril de 1990 fue asesinado Carlos Pizarro en un avión de Avianca por un sicario que pertenecía a la Casa Castaño. Al asesino lo ultimaron los hombres del DAS dentro del avión para que no hablara. No fue sólo la orden de un paramilitar envuelto en una nube de bazuco sino que contó con el apoyo de fuerzas armadas, de alguno que otro político, de la “primera línea de la extrema derecha”. La respuesta a su muerte ya la tenía preparada el propio Pizarro: tragarse la rabia y seguir con la paz. El tiempo le ha dado la razón y 32 años después de su asesinato su propia hija le puso la banda presidencial a uno de sus hombres, a Gustavo Petro. Pizarro y su legado deben vivir y deben ser recordados en cada escuela, en cada calle, en cada joven: el único camino es la reconciliación. Pizarro no fue ningún criminal. Criminales los que no sólo se alegraron de su muerte sino los que lo quieren borrar de la historia.

Por: Redacción Pares En la Arenosa ni siquiera las hojas de los árboles se mueven sin intervención de los Char. Por eso el PAE pasa por ellos. El programa de alimentación escolar en la capital del Atlántico debe atender a 130 mil estudiantes ubicados en 154 instituciones educativas. Entre el 2020 y 2023 ejecutó un presupuesto de 150 mil millones de pesos y para este año la cosa aumentó en un 33% ya que se ejecutarán 99 mil millones de pesos. En los años de Jaime Pumarejo, ficha de los Char, le tocó afrontar los problemas derivados de la pandemia y, desde el 2022, en atender a población migrante. Todo el PAE se centró en ampliar cobertura. Esto le hizo ganar a la alcaldía de Barranquilla reconocimiento al ser escogida como la primera ciudad anfitriona en Colombia del Foro Mundial de la Alimentación. Debido al alto presupuesto la administración ha venido contando con varios operadores para distribuir estos recursos. Pero al final se contratan casi que a los mismos lo que ha creado un oligopolio en la contratación del PAE centrado en estas empresas: Fundación Semillas de Prosperidad – FUNSEP Fundación Barranquilla Solidaria – FUNBASOL Generación Colombia S.A.S Servicios de Alimentación NP S.A. Esta última es un conglomerado empresarial de la reconocida marca La Vianda, propiedad de la familia Navarro Polanía. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación de la línea de democracia que se publicará la próxima semana titulado Pae: el negocio del hambre en Colombia, esta familia está compuesta por “María del Socorro Polanía y Ricardo Navarro, miembros de la alta sociedad barranquillera, con más de cuarenta años de experiencia en el sector de alimentos. Sobre ellos no recaen acusaciones o procesos formales, lo que sí se puede afirmar es que son uno de los grandes megacontratistas que se mueven en el departamento, más si se tiene en cuenta que desde 2020 a hoy han tenido participación en la operación del PAE tanto en el departamento del Atlántico como en Barranquilla.” En la pandemia Jaime Pumarejo se hizo muy conocido en el país empacando y entregando mercados. Con la Vianda se hizo la mayoría de la contratación para hacer esta entrega humanitaria, más de 122 mil millones de pesos. La contraloría inició incluso una investigación preliminar por presuntos sobrecostos. Es que el negocio de los mercados con la familia Novarro Polanía concentró un 58% de los recursos de la primera ola de contratación en pandemia. Elsa Noguera, entonces gobernadora del Atlántico, les dio los suministros del PAE en los años 2020, 2021 y 2022. Aunque ahora luzcan flamantes en clubes sociales de la ciudad, La Vianda empezó en 1980 como un modesto negocio familiar de almuerzos creado por Ricardo Navarro Rodríguez. En Colombia, según Forbes, se estima que el 70% de las empresas no logran sobrevivir a la primera generación y el porcentaje aumenta a 85% de la segunda a la tercera. Los Navarro Polanía son la excepción. Ahora entregan 120 mil almuerzos diarios a empresas como Monómeros y cervecería Águila. Incluso en los últimos años -sobre todo después de la pandemia- se están preparando para dejar de ser un negocio familiar y convertirse en un holding. La investigación que está por hacer pública la fundación PARES le quita el velo a uno de los temas de corrupción más espinosos del país, la ejecución y entrega del Plan de Alimentación Escolar. Allí podrán enterarse a profundidad de cómo funciona en departamentos como Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. Espérelo.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Minuto30 y CNN en España Las comunicaciones entre altos mandos militares e Iván Duque al parecer no funcionaban tan bien. Prueba de ello es la información errada que pusieron a circular en los cuatro años que estuvo al frente del país. Algunos hechos fueron aberrantes, como cuando intentaron negar el asesinato de firmantes de paz o bombardeos contra la población civil, otros fueron puro descuido, falta de rigor, ganas de mostrar resultados. Puro falso positivo. El viernes 15 de julio del 2022 Semana publicó que, según fuentes de inteligencia, Iván Mordisco había sido asesinado. Era el gran logro de Iván Duque a días de dejar su presidencia. Se dieron detalles de la operación, bautizada Júpiter, y se mencionó que fue un bombardeo hecho por el ejército con apoyo de la policía. El lugar donde habría muerto Iván Mordisco sería el de la vereda Santa Rita en San Vicente del Caguán. La prensa afecta a este gobierno puso la noticia en rutilante titular .El 16 de abril del 2023 el jefe máximo del Estado mayor Central apareció ante los medios de comunicación para dar inicio a los, hasta ahora, frustrados diálogos de paz con ese grupo armado. Quedaba claro que su muerte en bombardeo no era otra cosa que una Fake News. El ELN este fin de semana se reunió para hacer su VI congreso en donde se consiguió dar buenas noticias para los que esperan la paz. Esa guerrilla prometió unidad en torno a los diálogos y quedaron pendientes que hicieran públicas sus posiciones sobre el secuestro y el frente Comuneros Sur que han generado resquemores en la mesa de negociación. Pero una de las noticias más destacadas era ver que Pablito estaba vivo. Si, este comandante del ELN, llamado Gustavo Aníbal Giraldo, fue dado por muerto en abril del 2021. El rumor que había era que había muerto después de haber sufrido una peritonitis en el estado Apure de Venezuela. Ese año el mismo ELN negó esta información a través de un comunicado: “los servicios de inteligencia se inventan cosas y alguna prensa las reproduce para distraer la atención de las situaciones más graves en Colombia como la pandemia, la reforma tributaria, el asesinato de los líderes sociales, de los exguerrilleros”. Pablito tiene poder en Arauca. Su presencia en el VI congreso y su apoyo a la unidad del COCE en los diálogos son fundamentales para que estos prosperen a pesar de la crisis que se ha vivido en las últimas semanas. También hay que destacar el haber concretado el acuerdo de participación fundamental para que el ELN, en un futuro próximo, emprenda el camino de la política y deje las armas.

Por: Katerin Erazo, Periodista Las Fuerzas Militares han lanzado una alerta ante la aparición de una nueva modalidad de secuestro, identificada como 'falso servicio', que estaría siendo empleada por las disidencias de las FARC, específicamente por la estructura 'Marco Aurelio Buendía' del autodenominado 'Estado Mayor Central'. Este método se reveló en un reciente caso en el departamento del Meta, el cual afortunadamente fue frustrado a tiempo por las autoridades. La situación ocurrió en la vereda El Diamante, en la zona rural de Acacías (Meta). Supuestos clientes contactaron a una empresa de transporte público solicitando el traslado de una familia hacia Villavicencio. Sin embargo, cuando la camioneta de servicio público llegó al lugar indicado, fue interceptada por hombres armados. Según el comunicado de prensa emitido por las Fuerzas Militares, al llegar al sitio, el conductor fue abordado por varios hombres armados que lo intimidaron, lo despojaron de su teléfono celular y lo aislaron mientras lo amenazaban. Los secuestradores exigieron una suma de 28 millones de pesos al gerente de la empresa transportadora a cambio de la liberación del conductor y la devolución del vehículo. El Gaula Militar del Meta fue alertado del secuestro extorsivo mediante la modalidad de falso servicio. En menos de hora y media, un plan candado se ejecutó entre las unidades militares y la Fiscalía, lo que permitió localizar y rescatar a la víctima. A través de inteligencia técnica, se identificó la ubicación del conductor y de dos de los secuestradores. Uno de ellos intentó escapar, pero fue capturado. El rescate se realizó en un paraje rural de Acacías, donde las autoridades lograron liberar al conductor y capturar a los secuestradores, presuntos integrantes de la estructura 'Marco Aurelio Buendía'. El coronel Gerson Rincón Morantes, comandante de la Séptima Brigada, informó sobre el exitoso operativo: "Sobre las 4:00 de la tarde, mediante inteligencia técnica, fue identificada la ubicación del retenido y dos secuestradores, quienes fueron capturados en flagrancia por el Gaula; uno de ellos intentó escapar, pero falló". El coronel destacó la rápida y efectiva respuesta de las fuerzas de seguridad que permitió salvar la vida del conductor y desmantelar una operación criminal. El conductor fue llevado a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, donde se reencontró con su familia y colegas. Agradecido y emocionado, expresó su alivio y gratitud hacia las autoridades por su pronta intervención. Las Fuerzas Militares anunciaron que fortalecerán los dispositivos de sus Gaulas Militares en el Meta y recordaron la disponibilidad de la Línea Gratuita Nacional 147 para reportar cualquier acto delictivo, como secuestro y extorsión. En un comunicado, la unidad militar enfatizó: "Esta acción muestra el compromiso de las tropas con la protección de la vida y los bienes de la comunidad metense, que decide denunciar a actores criminales que pretenden arrebatar su tranquilidad y el producto de su trabajo". El operativo no solo resultó en el rescate del conductor, sino que también permitió la captura de individuos vinculados con acciones terroristas y de extorsión en la región. Según las autoridades, los capturados habrían participado en el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados en municipios como Acacías y Granada, utilizados como métodos de intimidación contra comerciantes. El coronel Rincón instó a la comunidad a continuar denunciando cualquier actividad delictiva, resaltando que la colaboración ciudadana es crucial para desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y la paz en la región. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el secuestro en Colombia ha disminuido un 32% en lo que va del año. Sin embargo, la extorsión ha mostrado un preocupante incremento del 28%. Estas estadísticas subrayan la necesidad de mantener y reforzar las estrategias de seguridad y cooperación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. Cabe recordar los informes realizados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Uno de los informes publicado en marzo, titulado “Radiografía de la extorsión en Colombia”, menciona que la extorsión creció entre 2022 y 2023 un 7.9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de llamadas telefónicas con 4.513 casos, seguido por los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3%. Además, el 40% de las extorsiones se realizan desde centros carcelarios. Los departamentos con mayor incidencia son Antioquia, Bogotá D.C, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, destacándose también Meta, Cauca y Chocó. Por otro lado, otro informe publicado por la Fundación Pares sobre el secuestro menciona que el país cerró el 2023 con un total de 343 secuestros, con octubre destacándose negativamente al acumular 43 casos, la cifra más alta registrada para un solo mes en los últimos cinco años. Los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que suman un total de 205 casos, mostrando claramente las regiones más impactadas por esta problemática. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, menciona que, en términos de actores armados, no habían registrado una mayor cantidad de acciones armadas por parte del Estado Mayor. Sin embargo, en la última semana se han reportado combates y ataques a la fuerza pública en lugares como Mapiripá. Marín destacó que el Ejército ha denunciado que el Estado Mayor Central utiliza las casas como escudos humanos para atacar al Ejército. Además, la investigadora señaló que estos actos se atribuyen al Frente 44. En otras zonas, especialmente en cabeceras municipales, se han registrado hechos de extorsión, amenazas e incluso secuestros, que no incluyen repertorios de violencia como los combates. Estos ataques a la población civil se han intensificado. Esto es problemático según Paola Marín ya que se viene de un escenario de diálogos regionales en los que el líder de esta estructura, Calarca, se ha reunido con organizaciones sociales, entes del gobierno y en la Mesa de Negociación de Paz, comprometiéndose a generar acuerdos territoriales. La gobernación del Meta ha tomado acciones junto con la policía para frenar estas actividades delictivas, golpeando a varios cabecillas e integrantes de la estructura. Sin embargo, una observación que hace la investigador de Pares es que, en el marco de las negociaciones territoriales, hay una disminución de acciones violentas, pero cuando se sale de esos escenarios de discusión, los picos de violencia vuelven a aumentar. Por lo tanto, ella sugiere que es necesario incentivar el escenario de diálogo territorial en congruencia con los diálogos nacionales, considerando que un nuevo ciclo de negociación está por iniciarse. Debe haber coherencia entre el escenario territorial y el nacional, así como una comunicación efectiva entre las gobernaciones departamentales, municipales y el escenario nacional. El espacio de diálogo no debe ser utilizado por organizaciones como el Estado Mayor para delinquir abiertamente. Si cometen crímenes, debe haber una respuesta por parte del gobierno, complementando las estrategias de paz acordadas entre la estructura y el gobierno.

Por: Redacción Pares Fotos tomada del: Canal 1 En Colombia no existen crímenes de sangre. Y está bien. Como lo dijo el protagonista de este artículo, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, “Yo quiero a mi papá pero yo soy yo y él es él”. Eso está claro, pero hay nombramientos y poderes, en un país golpeado por la guerra, que deben tener matices. Pocos hombres han llevado tanto terror al Caribe colombiano como Rodrigo Tovar Pupo, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ha sido tan poca la voluntad de Jorge 40 para contar la verdad de lo que sucedió en el Caribe colombiano que la ley de Justicia y Paz lo excluyó de ella. Es que se negó a asistir a 48 diligencias de versión libre en los primeros siete años de su condena. Jorge 40 debe hablar y hundir a los poderosos de la Costa Caribe que se lucraron y amasaron fortuna con los paramilitares. Jorge 40, en conversaciones que se han filtrado, ha señalado lo siguiente: “Nosotros a los municipios no les quitábamos un peso, pero eso sí, a cada empresario que llegara a la región para enriquecerse como contratista, le gravábamos el 5% del 70% del valor de la obra”. Además Jorge 40 filtró a la clase política de esa región. En el año 2022 Jorge 40 reconoció su responsabilidad en el asesinato de 13 personas y desplazamientos forzados ocurridos entre los años 2000 y 2005 en los departamentos de Atlántico y Cesar. Nunca confesó los crímenes que todos sabían cometió: los asesinatos selectivos a sindicalistas de la minera Drummond, o masacres como la de Nueva Venecia en donde asesinaron a 39 personas. En ese mismo año el país conoció el nombre de su hijo. Es que fue elegido con 35.133 votos como representante a la cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz. Yayo, como le dicen, obtuvo la mayoría de los votos en la tierra de su padre, Valledupar, donde consiguió 14.222 electores. Su campaña estuvo plagada de señalamientos. Algunos de los candidatos a la Cámara que no alcanzaron los votos suficientes le afirmaron al portal Rutas del Conflicto que no pudieron moverse por algunas zonas en donde el único candidato que podía hacerlo era el hijo de Jorge 40 “Estos tres meses no podíamos entrar a la Sierra Nevada o la Serranía del Perijá a hacer campaña, eran territorios que los paramilitares custodiaban y le decían a la gente que debía votar por ‘Yoyo’ Tovar”. Muchos candidatos de zonas en donde Jorge 40 y sus hombres sembraron el terror se sintieron revictimizados ante la victoria electoral de su hijo. La investigadora Natalí Triana de la Fundación Pares afirmó en su momento, sobre las circunscripciones de paz que Se volvieron un botín para los políticos tradicionales, que necesitan mantener o ampliar su poder en el Congreso. Para nadie fue un secreto las denuncias de las víctimas frente a la presencia de grupos armados que pedían a la gente votar por ‘Yoyo’”, Este abogado de treinta años se hizo conocido en el país después de que fuera nombrado por Alicia Arango en el ministerio del interior como director de la oficina de víctimas en el 2020, nombramiento que causó indignación nacional. El poder del hijo de Jorge 40 se ha hecho sentir en la Agencia de Desarrollo Rural. Allí tuvo el poder para darle el aval a alguien de su cuerda, Carlos César Silva. Para los que no lo saben La Agencia de Desarrollo Rural es una entidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se encarga de ejecutar la política de desarrollo agropecuario con enfoque territorial, según información oficial. Carlos César Silva hizo campaña presidencial con Alejandro Gaviria y fue avalado por Yoyo Tovar. La Unidad Técnica Territorial tiene competencia en Magdalena, Cesar y La Guajira y su sede está en la ciudad de Santa Marta. En Colombia no existen delitos de sangre y está bien, pero es inexplicable e indignante que el hijo de uno de los más temibles paramilitares tenga en un puño la ADR.

Por: Redacción Pares Semana de 17 al 21 de Junio Se ha realizado el VI Congreso del ELN y como en todo hecho político transcendente, hay múltiples lecturas: unas valoraciones que resaltan que en su declaración final no hablen de luchas armadas y llamados insurreccionales hasta opiniones que se muestran decepcionadas por el tono y las formulaciones contenidas en los mensajes expresados por el ELN, al final de su evento democrático más importante, donde se traza el rumbo de una organización próxima a cumplir sesenta años de existencia. De resaltar, el valor positivo que le dan al acuerdo firmado sobre participación, junto al gobierno colombiano el pasado 25 de mayo, lo cual reafirma que al centro de este esfuerzo de paz negociada está la más amplia y diversa participación social que sea posible llevar adelante. Nuevamente el ELN hace referencia a que el proceso de diálogos y negociaciones pasa por “una profunda crisis” y que la mesa con el gobierno “está congelada”, ambas afirmaciones que por supuesto no son compartidas por el gobierno, cuya delegación se ha pronunciado sobre la realización del VI Congreso, llamando al “dialogo constructivo” y a “reanudar a la mayor brevedad los ciclos de dialogo de la Mesa”, veremos si esto es posible en las próximas semanas, para un gobierno, que próximamente en el mes de agosto, arribará a los dos años de su mandato y entra cuesta abajo en la finalización de sus cuatro años de gobierno. Para los que creían que el ELN saldría de su VI Congreso con una declaración en tono de entrar en la recta final de su “Resistencia armada”, puede ser decepcionante los mensajes políticos que han salido de la máxima instancia de esta organización, para quienes tienen la convicción de que el ELN es una organización intratable y muy lejos de la paz, con lo  formulado por el VI Congreso, tendrán más motivos para reafirmarse en sus convicciones y quienes creen que es posible avanzar en un acuerdo de paz negociado, igualmente el ELN, ha ratificado su compromiso con este camino, bien se puede decir que lo formulado por el VI Congreso tiene para todos los gustos. Esperemos que se reanuden los ciclos de diálogos y negociaciones, único escenario donde se puede avanzar, lo demás es debates, conjeturas, crispación y la continuidad de un viejo conflicto a superar. Durante la visita del Presidente Gustavo Petro a Europa, se volvió a hablar de la salida del ELN, de la “Lista de organizaciones terroristas” de la Unión Europea, y que España, el país que promovió su inclusión por solicitud del Presidente Andrés Pastrana en 2002, igualmente sea el país, bajo otro gobierno, el de Pedro Sánchez, el que logre este gesto político que sin duda ayudaría a aclimatar el entendimiento político que se requiere para avanzar. https://vk.com/video845091730_456239062 Declaración política del VI Congreso del ELN Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob #Atención. Comunicado a la opinión pública. La Delegación del Gobierno de Colombia en la Mesa de Diálogos con el ELN saluda la culminación del Sexto Congreso de esta organización rebelde. León Valencia @LeonVaLenciaA El ELN ha realizado su VI Congreso, el centro de su declaración política es la paz, no hay un llamamiento a la confrontación y a la guerra, lo cual es una buena noticia;  hablan también de que Petro y su gobierno están intentando las reformas que requiere el país, pero la oposición las tiene bloqueadas, apreciación muy similar a la que se le oye al gobierno nacional; señalan que la paz con el ELN y el proceso de participación de la sociedad civil puede desembocar en un proceso constituyente,  idea que coincide en mucho con las declaraciones de Petro de los últimos meses; hablan de la unidad del ELN de la ratificación del mando y destacan como tres principales comandantes a Antonio Garcia, a Pablo Beltran y a alias Pablito o Gustavo Anibal Giraldo, lo que quiere decir que la representación del frente de Guerra Oriental y del Domingo Laín están garantizadas en el máximo órgano de dirección de esta guerrilla; hay en todo caso un airado reclamo al gobierno por lo que el ELN llama incumplimiento en la mesa de conversaciones y reclaman un cambio en la actitud del gobierno para superar la crisis en la negociación. @carlosvelandiaj La sociedad en general y la izquierda democrática, esperaba que el VI Congreso del ELN se pronunciara sobre la urgencia de cerrar el prolongado conflicto armado interno en este gobierno, para sumarse a la causa de construir paz y país en los territorios, pero sin violencia. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/sexto-congreso-del-eln-lo-que-viene-para-el-proceso-de-paz-con-el-gobierno/ Diálogo con ELN: los avances, dudas y sinsabores que deja el cierre de VI congreso. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/eln-termina-vi-congreso-habla-de-constituyente-y-reelige-como-maximo-comandante-a-antonio-garcia/ ELN termina VI Congreso: habla de Constituyente y reelige a García como comandante. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/congreso-del-eln-ratifica-la-inflexibilidad-de-una-guerrilla-de-60-anos/ CONGRESO DEL ELN RATIFICA LA INFLEXIBILIDAD DE UNA GUERRILLA DE 60 AÑOS https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/petro-y-eln-quien-es-pablito-comandante-guerrillero-dado-por-muerto-vi-congreso-eln/ La reaparición de ‘Pablito’, el comandante militar del ELN dado por muerto en 2021. Paz total: las similitudes entre el discurso del ELN y las propuestas del gobierno Petro. Carlos Caicedo @carlosecaicedo El ELN ha tomado una decisión acertada al anunciar que continuarán los diálogos con el Gobierno y envían  un mensaje esperanzador sobre su voluntad de construir con toda la sociedad colombiana un acuerdo de paz ampliamente respaldado por el pueblo, que permita tener un país soberano, con democracia y justicia social incluyente. ELN ha solicitado la exclusión de la lista de terrorismo: embajador de Colombia en España. Debate: ¿Posible salida del ELN de lista de terrorismo de UE facilitaría paz en Colombia? Así busca Colombia que España apoye salida de ELN de lista de organizaciones terroristas.

Por: Redacción Pares La Carolina, en Yarumal, Antioquia, es una de las veinticuatro grandes propiedades de los Uribe Vélez en Antioquia. Para los que no lo saben esta familia tiene fortuna. La heredó de su padre, Alberto Uribe Sierra, y la acrecentaron sus hijos. Alberto Uribe fue asesinado en 1983 mientras aterrizaba en su hacienda, Las Guacharacas. Uno de sus hijos, Álvaro, hizo campaña exitosa hasta la presidencia afirmando que a su papá lo habían matado las FARC y que él era una especie de vengador. La verdad no es clara la participación de este grupo guerrillero en ese ataque. Uno de los primeros libros que desentrañó los entresijos del poder y el narcotráfico fue Los jinetes de la cocaína del periodista Fabio Castillo, un libro que no le debe gustar demasiado al ex presidente y a su familia. En él se afirma que tenía vínculos directos con el clan Ochoa, uno de los miembros del Cartel de Medellín, socios de Pablo Escobar. Los Ochoa, después del secuestro de Martha Nieves, la hermana menor del clan, arman el MAS, Muerte a Secuestradores, uno de los primeros grupos paramilitares que se movieron en el país. En 1982, afirma Castillo, Uribe Sierra fue detenido con fines de extradición a los Estados Unidos, pero los contactos que tenía Álvaro Uribe lo salvaron. Un año después lo asesinarían. Entre todas las propiedades que heredó Santiago Uribe se amañaba mas en La Carolina. Recuerda la periodista Olga Behar en su libro El clan de los doce apóstoles que Santiago se mudaría a este lugar donde fundaría este grupo paramilitar. La legendaria periodista vallecaucana se consiguió un testigo de excepción, el mayor Juan Carlos Meneses, quien después compadecería ante la JEP y es el principal testimonio contra el hermano del ex presidente. El pasado 17 de junio reiteró que Santiago Uribe era auspiciador de paramilitares. Está condenado a 27 años de prisión por homicidio y fue el ex comandante de la policía de Yarumal por lo tanto sabía muy bien los nexos entre fuerza pública y paramilitarismo. A Behar Meneses le contó lo siguiente: “Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba “es el ejército” pero no, al mirarles los fusiles R-15 o el AK 47, se daba cuenta que no eran soldados, esas no son armas que el ejército manejaba. Ya por esa época los paramilitares consiguieron buen armamento”. Meneses afirmó que se encontró varias veces con Santiago Uribe y le mostró que, detrás de la plaza de toros que tenía en La Carolina, había una pista para entrenar paramilitares. “Allí era donde entrenaba físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe. Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos, muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segura la Gobernación de Antioquia. Me decía que tenía el apoyo de todo el mundo y yo entonces pensaba: esto está orquestado con todo el Gobierno, está amparado en los altos mandos militares”. Estos eran los años 1992-1993. Cuatro años después Santiago Uribe Vélez fue interrogado por el accionar de los 12 Apóstoles, nombre con el que se conocería este grupo. En 1999, por falta de pruebas, archivan su caso y este duerme hasta el 2010 cuando aparece el testimonio de Meneses. Él llegó a Yarumal en 1993 a ser comandante de la policía. Reemplazaba a un oficial de apellido Benavides quien le dijo que tenía que ayudar a un grupo que operaba en la zona y que hacía Limpieza Social. Según le contó a Verdad Abierta “el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, quees el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar”. En varias reuniones Meneses acordó apoyar a los 12 apóstoles, realizar casi que una labor conjunta. El nombre del grupo se debe a que uno de sus integrantes era un sacerdote de apellido Palacios quien cargaba una biblia hueca donde escondía su pistola. Aunque Meneses estuvo sólo tres meses en Yarumal fue testigo de dos acciones del grupo. Meneses no es el único testigo contra Santiago Uribe. De él ha hablado Salvatore Mancuso y un ex trabajador de la finca llamado Eunisio Pineda Luján. Lo increíble del caso de Santiago Uribe es que después de dos años de haberse acabado las audiencias no hay veredicto sobre su caso. Este es un proceso que lleva 26 años y que ha demostrado que en Colombia, si se tiene poder, las investigaciones pueden dormir hasta extinguirse.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El paro nacional de educadores, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) el pasado 10 de junio, sigue en marcha. La manifestación, que comenzó el 12 de junio, ha visto a maestros de todo el país tomar las calles en protesta en contra del trámite legislativo que se ha venido dando en el Senado de la República a las  ponencias que están siendo propuestas a la Ley Estatutaria de Educación. El sindicato ha programado cuatro días de manifestaciones, culminando en una gran movilización en Bogotá este lunes 17 de junio. Durante los días 12, 13 y 14 de junio, docentes de diversas ciudades se unieron en lo que han denominado el "Paro nacional permanente del Magisterio". Pancartas y consignas se han visto en las principales ciudades, reflejando el descontento con las modificaciones legislativas que, según los educadores, atentan contra la calidad y equidad de la educación en el país. Hoy, la capital colombiana es el epicentro de estas protestas, con concentraciones programadas en puntos estratégicos del sur, norte, oriente y occidente de la ciudad. Para la jornada de hoy, FECODE convocó a maestros y simpatizantes a las 9 de la mañana en cuatro puntos específicos: el Colegio Manuela Beltrán en el norte, frente al SENA en el sur, el Colegio I.E.D Enrique Olaya Herrera en el oriente, y la Universidad Nacional en el occidente. Desde estos puntos, los manifestantes marcharon hacia la Plaza de Bolívar, donde esperan hacer sentir su voz ante el Congreso y el Ministerio de Educación. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) ha enfatizado que el magisterio nacional mantendrá su resistencia hasta que finalice la plenaria del Senado. “Colombia necesita un proyecto de ley estatutaria que reglamente a la educación con carácter pedagógico, reflexivo, crítico, inteligente, justo lo contrario a la oposición, que fue la que propuso las enmiendas. Aquí seguiremos en la lucha en el 'Paro nacional por la educación'", ha manifestado FECODE en sus comunicados oficiales. La protesta no está dirigida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha contado con el apoyo de FECODE. Sin embargo, el sindicato rechaza firmemente los cambios legislativos que afectan el proyecto de ley para la reforma educativa. Entre las principales preocupaciones se encuentra el artículo 39, que establece la obligatoriedad de la evaluación docente basada en los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado, como la Saber 11. Esta medida es vista por los educadores como injusta y poco representativa de su labor. Además, otras enmiendas controvertidas incluyen la implementación de 'vouchers' educativos, que podrían limitar la libertad de cátedra y establecer un currículo único. Los educadores temen que estas medidas comprometan la diversidad y calidad del sistema educativo colombiano. La Ley Estatutaria de Educación, uno de los pilares del Gobierno de Petro, busca garantizar la educación como un derecho fundamental, regulándola desde la primera infancia hasta la educación superior. La reforma pretende mejorar la cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo. A pesar del respaldo inicial y la aprobación en el tercer debate el pasado 5 de junio, la oposición de FECODE ha complicado el panorama. En una entrevista reciente con Pares, Miguel Pardo de FECODE expresó su preocupación sobre los actuales proyectos de ley relacionados con la Ley Estatutaria de Educación. Según Pardo, “ya no se trata de una enmienda, sino de dos proyectos de ley: uno presentado por la oposición y otro por las bancadas del Pacto Histórico y otros grupos progresistas. Sin embargo, ambos proyectos mantienen la esencia de lo que fue la famosa enmienda”. Pardo señaló que uno de los puntos más preocupantes es la negación del derecho de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años a recibir educación preescolar obligatoria en colegios públicos. “Esto implica disolver los tres grados esenciales del preescolar en una educación inicial que abarca de cero a seis años, lo cual es un retroceso significativo”, afirmó. Además, criticó la posibilidad de que instituciones no educativas asuman la educación de estos niños, lo que, en su opinión, representa un desconocimiento de la función social de la escuela. Otro aspecto central de su crítica es la entrega de recursos públicos a instituciones privadas y fundaciones, lo cual, según Pardo, “debilita la escuela pública y substrae el patrimonio público”. Argumentó que esto permite la designación de docentes sin concurso, lo que contraviene el principio de mérito que debe regir en la contratación de maestros. En cuanto a la financiación, Pardo mencionó que uno de los proyectos propone que el Estado priorice la entrega de recursos a instituciones privadas, algo que calificó como un grave error basado en la experiencia del programa “Ser Pilo Paga”, el cual, según él, fracasó al beneficiar a un número reducido de estudiantes a costa de desfinanciar la educación pública. Finalmente, Pardo expresó su rechazo a la propuesta de crear una “educación terciaria” sin un debate previo y sin sustento académico, lo cual, según él, disolvería la educación superior y otras formas de educación en un modelo incoherente. También destacó que los maestros ya son evaluados rigurosamente, y que las nuevas propuestas de evaluación vinculadas a resultados ignoran los factores socioeconómicos que afectan el desempeño estudiantil. FECODE aboga por el hundimiento de los actuales proyectos y la elaboración de una nueva propuesta con la participación de la comunidad educativa y académica. “No se puede legislar a espaldas de quienes conocen del tema”, subrayó Pardo, enfatizando la larga trayectoria y experiencia de FECODE en la promoción de políticas educativas públicas en Colombia. Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara, enfrenta una semana crucial en la que el proyecto debe superar su último debate antes del 20 de junio. La tensión en torno a esta reforma es palpable, y la movilización en Bogotá es vista como un esfuerzo decisivo de los educadores para influir en la votación final. Según el análisis de Sebastián Solano, coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el trámite legislativo de la Ley Estatutaria de Reforma a la Educación enfrenta tensiones entre el Congreso, el Ministerio de Educación y diversos sectores. Estas tensiones surgieron tras la ruptura de la conciliación entre los senadores de la comisión primera, resultando en un proyecto de ley que provocó fuertes críticas y movilizaciones la semana pasada. Ahora, el panorama es incierto debido a las dos ponencias que se discutirán esta semana en plenaria: una, liderada por la oposición, que propone un modelo de educación mixta y de educación para el trabajo; y la otra, encabezada por la coalición de gobierno, que busca resolver los problemas estructurales e históricos de la educación pública en Colombia. Sin embargo, los sectores movilizados reclaman que ninguna de las dos ponencias refleja el modelo educativo acordado en la formulación de esta reforma. Solano explica que hay tres escenarios posibles: Que se apruebe la ponencia de la coalición de gobierno y se establezcan mesas de concertación para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados. Que se apruebe la ponencia de la coalición, lo que podría intensificar las movilizaciones y convertirla en otra reforma fallida del gobierno Petro. Que ambas ponencias sean rechazadas esta semana y el debate se reinicie en la próxima legislatura. El coordinador de la Línea de Jóvenes menciona que, aunque este último escenario podría parecer favorable para muchos sectores, preocupa la lentitud de una reforma que pretende implementar numerosos cambios, especialmente considerando que el gobierno Petro ya está a punto de concluir sus dos primeros años. Los líderes de FECODE sostienen que las modificaciones propuestas afectan negativamente su labor y la lucha por una educación pública de calidad, un objetivo que consideran esencial para el desarrollo del país. La presión sobre el Senado es intensa, y la decisión que se tome esta semana tendrá un impacto significativo en el futuro educativo de Colombia. Mientras las marchas avanzan y se debate en el Congreso, el resultado de esta semana será crucial para determinar el rumbo de la educación en Colombia. Los maestros, firmes en su convicción, continúan su lucha, esperando que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Por: Iván Gallo Los picós retumbaban en las esquinas de Aracataca. Era domingo, pleno día del padre y todas las licencias estaban permitidas. En el parque central los borrachos desocupaban las últimas botellas. Acá no existe la depresión del atardecer dominguero. El lunes no es real, es sólo una pesadilla lejana. Estas son las ventajas olvidadas de que el tiempo pase lento. Llegamos a Aracataca con el último aliento de un sol esplendoroso. Somos rolos, la depresión se nos posa en el hombro como un Rey Gallinazo, el sudor nos empapa la camisa. Nos molesta el calor y también la alegría. “Hay días más calientes” dice con orgullo Tony, un estudiante de artes plásticas de hablar pausado y ojos soñadores que se ha leído desde los siete años todos los libros de Gabo y que cada seis meses relee su obra más famosa: Cien años de soledad. Él fue nuestro guía. Aracataca ha sido un peso que ha cargado Gabo desde que se convirtió en el colombiano más universal en 1967, cuando la historia de la familia Buendía fue tan popular como El Quijote. García Márquez, se afirmaba a los cuatro vientos, era el nuevo Cervantes. Desde su lanzamiento Cien años de soledad ha vendido cincuenta millones de ejemplares. Cifras parecidas han tenido otros clásicos suyos como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada. Gabo ha sido uno de esos casos cada vez más raros en el que la crítica y el gusto popular se mezclan. Fue rico porque creó un universo, Macondo, no porque haya robado o explotado a nadie. La única obligación que tuvo fue la de escribir y en eso fue extremadamente riguroso. Le dio magia a un país que no lo tenía. Magia al país de las masacres. La deuda con él es impagable. Aracataca ha sido la excusa perfecta para los que decidieron odiar a Gabo porque no tienen el tiempo ni las neuronas para adentrarse en su obra, Aracataca es la venganza por haber sido amigo de Fidel Castro, por haber nacido en el Magdalena, por ser un costeño. ¡Qué duro ha sido para Bogotá, esta tierra de poetas, aceptar que el escritor más grande del país no sea un cachaco! Armando Zabaleta compuso a comienzos de los ochenta un vallenato en donde le reprochaba la decisión de donar el dinero que recibió por el Premio Rómulo Gallegos a un grupo guerrillero en Venezuela cuando bien pudo “haber sido como Pambelé” y haber ayudado a su pueblo. En una parranda privada en el último Festival de la Leyenda Vallenata, Carlos Vives y Silvestre Dangond decidieron cantar Aracataca te espera, el nombre que le puso Zabaleta a su canción y otra vez la historia volvía a ser esa serpiente que se muerde la cola. Las mismas críticas que se escuchan desde hace 57 años, señalando al escritor como el único culpable del abandono en el que está su pueblo. Ojalá se tuviera el mismo rigor a la hora de señalar a los corruptos. No hay que ser un experto en política pública para saber que el destino de Aracataca es el mismo que han tenido la mayoría de municipios colombianos. Se saben quienes son los verdaderos culpables del abandono, pero nadie los señala. Es más fácil señalar a un mito. El espíritu garciamarquiano no se siente en la plaza central de Aracataca. Este ya no es el mismo pueblo de casas de bahareque y cañabrava de principios del siglo XX, ni el mismo que era cruzado por un río de aguas diáfanas en donde se veían unas piedras tan grandes como huevos de dinosaurio. Es la ruina de la ruina de lo que dejaron los gringos después de que se fueron en 1928. La United Fruit, que después se llamaría Chiquita Brand y que acaba de ser encontrada culpable de asociarse con grupos paramilitares, cumplió un siglo en el país  haciendo masacres y saqueos. Lo único que quedó de su paso demoledor fueron las casas de techos de zinc y la hojarasca del olvido. Son las cinco y treinta de la tarde, y como cada cuarenta y cinco minutos los rieles de la vía empiezan a temblar. El tren, que fue tan importante para Macondo, pasa pero no se detiene. Viene cargado de carbón. Durante cuatro minutos vemos pasar y pasar vagones cargado de riqueza y contaminación. Es el corredor férreo entre Santa Marta y Chiriguaná que moviliza 35.5 millones de toneladas de carbón. Petro, en su grandilocuencia, lo llamó el corredor de la vida, algo bastante paradójico teniendo en cuenta el nivel de contaminación que genera el carbón. El tren pasa por la bella estación amarilla. Pasa y no se detiene. Hace más de setenta años no deja pasajeros. Cuando Gabo se fue la primera vez de Aracataca, lo hizo en un tren. Tenía ocho años y Nicolás Márquez, su abuelo, el oficial del ejército, acababa de morir. Era lo que más quería en esta vida. Alguna vez le preguntaron por sus memorias y dijo que no tenían ninguna importancia, no se podrían escribir porque “a mí me pasaron cosas hasta los ocho años” como si la vida fuera de Aracataca, toda la gloria y Mercedes no fueran más que una entelequia. Gabo, en ese tren, regresó en 1952 a acompañar a su mamá a vender la vieja casa y después lo esperaría el hambre en Paris, el sacrificio en México, la explosión de Cien Años en Buenos Aires, el vedetismo en Barcelona, el Nobel en Estocolmo y la cómoda vida en la calle del Fuego en México. Aracataca sólo fue un recuerdo, un sueño que se le aparecía de vez en cuando y sólo regresó en el 2007, cuando ya la enfermedad del olvido lo había minado. Regresó en tren, también. Eran los años en lo que el presidente era Álvaro Uribe, un hombre que jamás habrá gastado un minuto de su tiempo en leerse una novela. Y mucho menos una novela de un amigo de Fidel Castro. En ese momento Gabo ya estaba más allá del bien y del mal así que promueven el regreso de Gabo a su pueblo en un tren compuesto de tres vagones remodelados como si fueran de los años cuarenta. Hace el trayecto, desde la Sociedad Portuaria de Santa Marta al lado de la siempre distante Mercedes. Lo acompañan 200 invitados. Están celebrando los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad y este viaje es la oportunidad para lanzar un proyecto: revivir la ruta de Macondo para incentivar el turismo. Gabo es recibido como un totem, como alguien que no es de este mundo, con el mismo asombro que los habitantes de Macondo vieron levitar al padre Nicanor Reyna cada vez que se tomaba un chocolate caliente y subir al cielo en cuerpo y alma a Remedios la bella, contemplaron a Gabito bajarse del tren. Aracataca por fin podía abrazar a los dos gigantes que la habían hecho grande: el tren y el Nobel. Pero ninguno de los dos se quedó. Gabo regresó a México entre la niebla de su enfermedad y los vagones se los llevaron. La estación sigue allí, amarilla, republicana y hermosa, como una muestra más de lo que estaba destinada a ser Aracataca, la tierra de Gabo, de Leo Matíz, la tierra que da artistas tan tenaces como Tony, nuestro guía, quien posee la misma determinación que tuvo José Arcadio Buendía por conseguir una ruta que lleve a Macondo la modernidad. Es inevitable no irse de Aracataca triste. El olvido en el que está sumido este pueblo es una nueva cachetada que le da Bogotá al Nobel. Y nos han hecho creer lo contrario. Hay una anécdota que muestra el desprecio que Bogotá sentía por Gabo. Felipe López, en el año 1981, lo invitó a dar un taller de periodismo a los periodistas de Semana, revista de la que era su fundador y su dueño. García Márquez en ese momento era uno de los hombres más amenazados del país. El haber sostenido durante 8 años Alternativa, una revista que se oponía con firmeza a la desmesura dictatorial del gobierno Turbay, le granjeó enemigos poderosos de la extrema derecha. Se hablaba incluso de un plan para asesinarlo. Así que Gabo daba en la sede de Semana una clase magistral de cómo hacer títulos sugerentes, pegadores, para que la gente se interesara por la noticia. Puso un ejemplo “Si yo salgo ahora de este edificio y me asesinan, ustedes cómo titularían” López, hijo de presidente, respondió “Matan a costeño”. Todos rieron, menos Gabo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 2 de junio de 2024 se cumplió el primer año del inicio de la Mesa Carcelaria con las Bandas del Valle de Aburrá. Recordemos que su instalación se hizo en la Cárcel La Paz de Itagüí, lo que permitió que se contara con la presencia de la mayoría de los cabecillas de las organizaciones criminales de este territorio; además, representantes del Gobierno Nacional, de la Comunidad Internacional y de la Pastoral Social, entre muchos otros asistentes. Para hacer un balance del primer año de operación de la Mesa, el 14 de junio de 2024, la congresista Isabel Cristina Zuleta, quien ha estado al frente del proceso de paz urbana por parte del Gobierno en la ciudad de Medellín, citó a una audiencia pública en el histórico recinto el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Donde la acompañaron un grupo de congresistas para escuchar a todas las partes —fueron más de 100 las personas inscritas para hablar, entre ellos: los voceros de ambas delegaciones, representantes de la sociedad civil y de la academia y funcionarios del Gobierno—. Como era de esperarse, las posturas frente a este proceso fueron muy disímiles. El balance que hizo la delegación del Gobierno en la Mesa la hizo Jorge Mejía, el facilitador de paz urbana del Gobierno, quien destacó los logros alcanzados este año en materia de seguridad. Entre ellos, la reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que durante este primer trimestre de 2024 ha sido la más baja en los últimos 40 años. También la caída en variables como el hurto —con una reducción del 22%—, los atracos con arma de fuego —cayeron en 33%— y el hurto a residencias —disminuyó 16%—, entre otras variables. Para Mejía, está importante reducción en las variables asociadas a la criminalidad en la ciudad se debe, en buena parte, a la disposición a dialogar y pactar acuerdos de las 14 estructuras armadas criminales que participan en el proceso —entre ellas, La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana—. Las cuales representan cerca del 85% de todas las estructuras criminales de Antioquia y alrededor de la mitad del país. Igualmente, varias organizaciones de la sociedad civil destacaron la participación que vienen teniendo en el diálogo socio-jurídico, como parte del Comité Autónomo de Impulso de la Sociedad Civil. Con el que se reconoce el apoyo de la ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad a la paz urbana. Y los esfuerzos que hacen para ampliar la legitimidad y confianza en el proceso y trabajar en generar un apoyo más amplio de la ciudadanía. Sin embargo las críticas, los problemas y los vacíos a este proceso de paz urbana fueron mayores que los logros y avances alcanzados. La promesa que hizo el Gobierno de avanzar en el pilar de sometimiento a la justicia de las estructuras armadas de alto impacto, y especialmente, con los grupos armados criminales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se está incumpliendo. El optimismo con que se abrió el diálogo en la cárcel de la Paz hace un año se está desmoronando, pues los resultados son pocos, para un proceso que es fundamental para avanzar en la construcción de la paz total en el país. En conclusión, el balance que se hizo en el evento, luego de doce meses del inicio del proceso de diálogo socio-jurídico con las estructuras organizadas criminales del Valle de Aburrá, son escasos. Con ello, el Gobierno de Gustavo Petro está desaprovechando el compromiso de los líderes de estos grupos para avanzar en el  componente de la paz urbana contenido en la Ley 2272 de noviembre de 2022 o Ley de Paz Total. El Gobierno está olvidando la tarea de convertir nuevamente a Medellín en un territorio piloto de la metamorfosis de la criminalidad en legalidad y que sirva a otras ciudades de Colombia y del mundo como ejemplo para enfrentar la criminalidad organizada que también es uno de sus mayores problemas. Los responsables de está inacción alrededor de la paz urbana en Medellín son muchos, pero aquí quiero nombrar dos que fueron comunes en las intervenciones que se realizaron en la audiencia. El primero es el Congreso de la República, quien, a pesar de contar con una propuesta de Ley de Sometimiento, no ha tenido gran discusión y hoy está al borde del olvido esta iniciativa. La inacción legislativa dejó en el limbo jurídico los acercamientos y desmotivó a los  cabecillas, y está provocando que los diálogos socio-jurídicos tengan un halo de inseguridad y generen la parálisis de los actores. Y el segundo responsable es el Gobierno en todos sus niveles. Empezando por el Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ha tenido olvidado la paz urbana, en especial, luego de la salida de Danilo Rueda —quien al menos escuchaba—, con la llegada de Otty Patiño, quien ha estado ausente y ni siquiera mandó un representante a la Audiencia Pública. Continuando con el Gobierno departamental, que en sus dos mandatos —el de Aníbal Gaviria y Andrés Julián Rendon— han mantenido una postura crítica frente al proceso. Y terminando con el Gobierno local que, a pesar de los potenciales que tiene para el manejo del orden público en la ciudad, ha estado reacio a reconocer los avances. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en todas sus intervenciones desconoce los aportes que está haciendo el espacio socio-jurídico y considera que los buenos resultados se debe a la acción de las autoridades para el desmonte de estructuras criminales. Entre todos ellos —Gobierno nacional, regional y local— existe una baja cooperación interinstitucional que hace imposible el trabajo coordinado. Todos han dejado solos al equipo de trabajo con que se inició el proceso —en cabeza de Jorge Mejía, el facilitador de paz de Petro en la región— con lo que se constata el abandono estatal. A pesar de todas estas inacciones y las múltiples debilidades, en el evento del 14 de junio quedó claro se debe seguir insistiendo en el fortalecimiento de la paz urbana en el Valle de Aburrá. Se hizo el llamado a que este requiere de mayor compromiso de los diversos actores, para que se propongan iniciativas y se ayude a aumentar los esfuerzos en materia de reducción de la violencia: las tasas de homicidio, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano y la vinculación de los menores en la criminalidad. Pero, en especial, se requiere avanzar en la construcción de esta paz positiva, orientada a la reconciliación y la búsqueda de la tranquilidad. El llamado que se hice es en la necesidad de incorporar a la población en las dinámicas de la paz urbana. Es muy conveniente acompañar el proceso de iniciativas sociales y comunitarias, eso sí, respetando su autonomía y capacidades. El territorio urbano requiere reconciliarse, avanzar en la construcción de la verdad, la justicia restaurativa, la reconciliación, la configuración de nuevas economía y aumentar la gobernanza policéntrica. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares El último congreso del ELN se había realizado en enero del 2015. Uno de los puntos más destacados de ese encuentro fue el de abrirle la posibilidad a una salida negociada de la guerra. En el comunicado final dejaban la puerta abierta al diálogo "Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas". Diez años después el ELN realizó su VI Congreso. La expectativa era total. Semanas antes a este encuentro el gobierno nacional y este grupo guerrillero lograron un importante acuerdo: el de la participación. Sin embargo las relaciones entre ambos bandos se habían tensado en las últimas semanas. Por eso las noticias que llegaron desde el VI Congreso son buenas. El centro de la declaración final del congreso fue la apuesta por la paz: “El Congreso reafirma su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la mesa de diálogos con el Gobierno”. La carta fue leída por uno de sus máximos dirigentes, Antonio García. La buena noticia es tener la certeza que todos los frentes, incluso en donde más ha habido amagues de rompimiento, como el Domingo Laín, están alineados en torno a la negociación política. También mostraron su entusiasmo por el acuerdo de participación al que se llegó en la mesa “Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías puede abrir o confluir en un proceso constituyente”. Igual, las conclusiones no estuvieron exentas de una que otra puya al gobierno. el proceso de conversaciones de paz atraviesa una grave crisis producida por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno”. Para el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia esta es una muy buena noticia ya que no hubo “Un llamamiento a la confrontación y a la guerra”. Estas fueron las conclusiones más relevantes que dejó el VI Congreso: “hablan también de que Petro y su gobierno están intentando las reformas que requiere el país, pero la oposición las tiene bloqueadas, apreciación muy similar a la que se le oye al gobierno nacional; señalan que la paz con el ELN y el proceso de participación de la sociedad civil puede desembocar en un proceso constituyente,  idea que coincide en mucho con las declaraciones de Petro de los últimos meses; hablan de la unidad del ELN de la ratificación del mando y destacan como tres principales comandantes a Antonio García, a Pablo Beltrán y a alias Pablito o Gustavo Aníbal Giraldo, lo que quiere decir que la representación del frente de Guerra Oriental y del Domingo Laín están garantizadas en el máximo órgano de dirección de esta guerrilla; hay en todo caso un airado reclamo al gobierno por lo que el ELN llama incumplimiento en la mesa de conversaciones y reclaman un cambio en la actitud del gobierno para superar la crisis en la negociación”. Francisco Daza destaca la voluntad de seguir negociando con el gobierno nacional y es un reflejo de la importancia que tuvo el haber firmado el acuerdo de participación civil. Pero hay preguntas que siguen flotando, uno de ellos es el del Frente Comuneros del Sur, en donde no se sabe si este Frente seguiría siendo parte del ELN. Lo otro que no se expuso en este comunicado fue lo del secuestro, práctica que, afirmaron, volverían a implementar. Esto queda aún como incógnita “También queda claro que no se han curado los roces entre delegación de gobierno y el COCE, seguramente para el VII Ciclo que se va a retomar ambas partes harán exigencias para retomar la negociación”. El ELN ha intentado acercamientos con el gobierno para hablar de paz desde 1975. Ninguna de las mesas de negociación en la que participó esta guerrilla había logrado concretar un acuerdo como el de participación.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Sobre las once de la noche del 13 de noviembre de 1985 todos los malos augurios que habían sobre Armero se hicieron realidad. El alcalde de esa ciudad, Ramón Rodríguez, venía advirtiéndole al gobierno nacional sobre la amenaza que se cernía sobre ellos. La erupción del volcán nevado del Ruiz era inminente. Había un informe que predecía este hecho. Lo había escrito el coronel Joaquín Acosta en 1842 y se había publicado en la Academia de Paris. Por la periodicidad mostrada por el volcán se podía saber a ciencia cierta el momento en el que volvería a despertar. Con las pruebas en la mano viajó a Ibagué se reunió con quien era en ese momento el gobernador del Tolima, Eduardo García Alzate, pero nadie le hizo caso. En la noche previa a la avalancha ya Armero estaba inundado. Tuvieron tiempo incluso de sacar a la gente del lugar. Pero no. A nadie le importó. La tragedia de Armero no acabó con los 22 mil habitantes que fueron borrados del mapa. Para los sobrevivientes empezaron otras luchas, como recuperar a los niños que se robaron, reubicarse, mantener el arraigo y la memoria. Por eso es tan importante el esfuerzo que ha realizado en todos estos años Francisco González, director de la fundación Armando Armero, adalid de la búsqueda de los niños que fueron robados ese día y que hoy son hombres que viven en diferentes partes del mundo sin saber la verdad de su origen. Pero, sobre todo, él es un constructor de memoria. En su cuenta de Facebook publicó estas imágenes, hechas el 14 de noviembre, grabadas en una cámara de 16 milímetros, un formato que le da poesía a cualquier hecho, hasta a este, que enmarca una de las peores tragedias que ha sufrido la humanidad. Una poesía que da miedo y tristeza, que impresiona. Lo que sucedió con Armero no fue sólo un desastre natural, fue un error que se pudo evitar. Las 22 mil vidas perdidas, el pueblo destruido, es el símbolo de la corrupción y desidia de nuestros dirigentes. Estas imágenes tienen el poder de hablar por sí mismas: