Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 08 de febrero se llevó a cabo un consejo de seguridad en Yarumal, Antioquia, el cual estuvo liderado por el presidente Gustavo Petro y contó con la presencia de los ministros de Defensa, del Interior, la cúpula de las Fuerzas Armadas y el gobernador del municipio. En este consejo analizaron la crisis de seguridad que afecta al departamento debido a las incursiones de diversos grupos armados a algunos cascos urbanos y pueblos, especialmente en algunas instituciones educativas. El gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, denunció que los grupos ilegales han hecho presencia en, por lo menos, diez colegios en el norte y nordeste de Antioquia (Ver: Se agudiza la violencia en el Norte de Antioquia). El gobernador aseguró esto luego de que la semana pasada circularan en redes sociales unos videos en los que se ve que las disidencias del Frente 36 de las FARC se tomaron la escuela El Bosque, en la vereda El Cedeño, de Yarumal. Se ven integrantes de este grupo armado jugando con los niños de la escuela, a los que también reunieron en el parque de la comunidad e hicieron pinturas. Además, en medio de la actividad, los disidentes les regalaron maletas con las imágenes de las FARC a los menores. “Estamos en la escuela de El Bosque, este kit se los mandó la guerrilla de las FARC como una donación para ustedes”, se escucha en uno de los videos. Según el gobernador de Antioquia, este mismo frente armado hizo presencia en otra institución educativo, en el municipio del Campero, y asimismo miembros del Clan del Golfo, en una del Bagre. Según el medio de comunicación Infobae, estos integrantes de las organizaciones ilegales habrían ingresado en las escuelas de los municipios de San Pedro de los Milagros, Campamento y Yarumal con la excusa de realizar actividades para los menores, sin embargo, lo realmente inquietante es que lograron acceder al listado de estudiantes y docentes que hacen parte de las escuelas. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta acción se podría considerar como un adoctrinamiento hacia los menores con el fin de posiblemente vincularlos a su organización ilegal. Daza mencionó que habría que mirar, en este tiempo electoral, si estos grupos armados estaría enviando algún tipo de mensaje, destacando su control territorial. El investigador nacional también señaló que este hecho representa escenarios de riesgo para los menores de edad, porque al momento en el que los jóvenes utilicen estos kits escolares con el logo de las disidencias, podrían quedar como objetos de ataque para otros grupos armados. También con esta acción corren riesgo los docentes, ya que al tener acceso a sus datos personales podrían presionarlos para que a la hora de hablar sobre esta organización ilegal en las aulas lo hagan de una manera más “apropiada”. Al término del consejo de seguridad, Petro hizo un fuerte llamado a las organizaciones ilegales con las que se había acordado un cese al fuego bilateral: “grupo que cometa alguna hostilidad contra la población, cualquiera, debe ser perseguido porque dentro del cese al fuego está el cese de hostilidades a la población”. “No solo basta con el cese al fuego”, dijo Petro, ya que, según él, no solo se puede entender el cese de hostilidades como la pausa de enfrentamientos entre varios ejércitos, sino que también deben frenarse las dinámicas del conflicto que involucran a la población civil. El primer mandatario también expresó la importancia de implementar la ley de sometimiento y aseguró que el próximo 15 de febrero este proyecto será presentado ante el Congreso. Según el medio El Colombiano, a pesar de que se llevó a cabo este Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), el mandatario no aclaró las medidas que se tomarían frente al caso de Yarumal y el norte antioqueño. En medio de la instalación del Puesto de Mando Unificado en Yarumal, los alcaldes de Tarazá y Yarumal pidieron la pronta intervención de la Unidad Nacional de Protección, ya que ambos dirigentes se encuentran en zonas de alto riesgo, pues mencionaron que delincuentes les habrían enviado mensajes intimidantes. Según Francisco Daza, estos Puestos de Mando Unificado por la Vida “no sirven”, puesto que son reuniones en las que finalmente no se llevan a cabo los compromisos a los que posiblemente podrían llegar, “yo como investigador coloco en tela de juicio los PMUV” señaló Daza. Cabe mencionar que en este territorio antioqueño hacen presencia las disidencias de las FARC de los frentes 36 y 18, especialmente en el nordeste antioqueño; mientras que en el Bajo Cauca antioqueño hace mayor presencia el Clan del Golfo, en donde tiene una disputa con Los Caparrapos (Ver: Petro en 100 días). Según Jeinmy Regino Contreras, enlace territorial para el Bajo Cauca de Pares, mencionó que el Bajo Cauca Antioqueño es un corredor geográfico estratégico del noroccidente del país por tres características principales: el río Cauca, la Troncal del Norte o Ruta 25 y el Nudo de Paramillo. Regino señaló que los hechos de violencia homicida de las cifras de Medicina Legal evidencian que en relación con los años anteriores, 2020 y 2021, en el Bajo Cauca antioqueño hubo una disminución sustantiva en la tasa de homicidios para el año 2022 en cinco de los seis municipios de la subregión: Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y Nechí.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de Twitter @petrogustavo Este martes 07 de febrero, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con la delegación de paz del Gobierno, la cual contó con la participación de más de diez personas que han estado liderando los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este encuentro, que duró aproximadamente una hora, tuvo como objetivo conocer los avances logrados en la negociación del primer ciclo con el ELN, la cual, después de cuatro años, se reanudó el pasado 22 de noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela. Petro entregó a su equipo de negociadores una hoja de ruta para tener en cuenta en el segundo ciclo de diálogos de paz, el cual iniciará el próximo lunes 13 de febrero en México (Ver: Paz Total: primera etapa de reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN). Las dos prioridades entregadas por el mandatario fueron la viabilidad de un cese al fuego con el ELN y el componente de participación. Sobre el cese al fuego, cabe recordar que el pasado 31 de diciembre el mandatario anunció la entrada en vigor de dicha medida con el grupo guerrillero, sin embargo, rápidamente mandos del ELN desmintieron dicho acuerdo, por lo que el 18 de enero tuvieron una reunión extraordinaria para esclarecer este asunto y superar, según el ELN, la “crisis” generada por el anuncio de Petro (Ver: Anuncian reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN). Según Luis Eduardo Celis, Coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ambas partes, tanto el Gobierno como el ELN, tienen el mismo interés con este cese al fuego, por lo tanto, es muy probable que esto se pueda lograr en este segundo ciclo de negociación. Celis mencionó que es realmente fundamental que se logre esta medida para poder detener los enfrentamientos. Hay que mencionar que en este segundo ciclo de negociación el Gobierno planteará un cambio de concepto: de “cese bilateral al fuego” a “cese de hostilidades”, concepto que incluiría el cese de las actividades del multicrimen, como el secuestro o la extorsión. El mandatario explicó que considera que el cese al fuego es un mal término debido a “que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”  (Ver: El cese al fuego con el ELN). Petro señaló que el cese de hostilidades podría beneficiar a la población civil, ya que buscaría ponerle fin a los casos de extorsión, desplazamiento, asesinato o confinamiento.  Según Luis Eduardo Celis, el término “cese bilateral al fuego” se podría considerar en parar los enfrentamientos entre ejércitos, por lo que el término “cese de hostilidades” podría considerarse como un mejor concepto, ya que los enfrentamientos entre el ELN y la fuerza pública han sido pocos. “Si uno hace un estimativo de lo que va este Gobierno, yo creo que no han sido más de diez los enfrentamientos directos entre el Gobierno y el ELN”, dijo Celis. Sin embargo, el coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de Pares señaló que esto no quiere decir que no sea importante el cese al fuego entre las dos partes. En el próximo encuentro de diálogo, Celis recomendó que sería bueno conocer el concepto que tienen ambas partes sobre hostilidades y que se tenga en cuenta la experiencia del cese al fuego bilateral que duro cien días, pactado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, en octubre de 2017. Por otro lado, al finalizar la reunión entre el Gobierno y su equipo de negociadores, el senador Iván Cepeda indicó el respaldo del presidente a los avances en la mesa de diálogo de paz y mencionó que el mandatario quedó informado de los detalles sobre la agenda prevista para el segundo ciclo de negociación. También, al término de dicho encuentro, el jefe negociador del Gobierno y exintegrante del M-19, Otty Patiño, envió un mensaje a Antonio García, comandante del ELN, quien, según Patiño, no ha entendido lo que significa la “Paz Total”. “Creo que Antonio García no ha entendido la significación de lo que es la Paz Total, repito, hay distintos tratamientos a los distintos actores y al ELN”. Este mensaje surgió debido a una serie de trinos que realizó García, en los que cuestionó la política de Paz Total y dedujo que el proceso estaría comprometido con otros negocios. Frente a esto, Otty Patiño mencionó que “desde el comienzo se le dio un tratamiento político” e incluso que “el carácter de la delegación es político y que esto no se ha hecho con otros grupos”, además, añadió que si las negociaciones no avanzan se descubriría “un ELN que no está interesado en la política, sino en los negocios”, lo que para Patiño sería una decepción. El jefe negociador del Gobierno también hizo un llamado a esta guerrilla para detener los ataques contra la población civil. Desde el inicio de estos diálogos de paz, el ELN ha exigido que el Gobierno los considere como un grupo político y no como uno meramente delincuencial, de lo contrario, asegura la guerrilla, los estarían igualando con otras estructuras ilegales como Los Pachenca, el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. Luis Eduardo Celis aseguró que es importante entender que esta polémica ha sido un intercambio de valoraciones sobre lo que es la política de Paz Total y añadió que es cierto que esta política también es una oferta de diálogos socio jurídico con los grupos de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 06 de febrero, los alcaldes de Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena se reunieron en un consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Peto, con el fin de establecer una estrategia coordinada para enfrentar la inseguridad que se presenta en las diferentes ciudades del país. En conjunto con los mandatarios locales y los ministros de Defensa y Justicia, acordaron presentar algunos proyectos. Entre las estrategias presentadas, el vocero del Gobierno, Alfonso Prada, mencionó que se tiene planeado crear campañas para que los y las colombianas se desarmen. “Pensar en una campaña que convoque a todas las autoridades. Una campaña de desarme, la idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta en la que hagamos ofertas, si es necesario de pago, para recibir la entrega de ellas”, dijo Prada. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la estrategia de desarme podría funcionar solo momentáneamente, ya que no solucionaría el problema de raíz. Para el coordinador es necesario que las acciones de las fuerzas públicas estén orientadas a controlar los mercados ilegales de armas que es donde hay mayor comercialización de estas, las cuales son utilizadas para llevar a cabo los delitos y que también “se comercializan entre las mismas organizaciones ilegales”. El Gobierno mencionó que para enfrentar a los delincuentes priorizarán tres proyectos de ley que pueden ser complementarios para atender la inseguridad. El primero es del del ministerio de Justicia, el cual está centrado en garantías de resocialización y judicialización a condenados; el segundo, el de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES), que plantea mecanismos de financiación para inversión en infraestructura de seguridad y justicia; y el tercero, el de la Alcaldía de Bogotá, para que haya un proceso penal sancionatorio eficaz y centros transitorios de detención que garanticen la resocialización. En este consejo de seguridad que se llevó a cabo en la casa de Nariño, los alcaldes de las ciudades anteriormente mencionadas le hicieron dos llamados al mandatario: el primero, un aumento de pie de fuerza de la Policía Nacional, ya que según expresó la alcaldesa Claudia López, es fundamental y además reiteró que “sin policías vigilando las calles, capturando a los delincuentes y trabajando de la mano con la Fiscalía , pues no importaría qué digan las leyes, no habría quién las aplicara”; un segundo llamado por parte de los mandatarios locales fue invertir en los jóvenes para ofrecerles oportunidades de educación y trabajo, según López, los jóvenes necesitan “oportunidades, confianza y programas que los ayuden”. El ministro Alfonso Prada señaló que se acordó un proyecto para que haya castigos más efectivos para las personas que siguen recurriendo en los delitos después de haber sido capturadas. “Esas personas que incurran en ese tipo de recurrencia van a tener un tratamiento penal y procedimental especial”, destacó Prada. Finalmente, Isaac Morales mencionó que es clave que en el marco de la legislatura se haga una reforma a la justicia en los términos de lo que significa lo excarcelable. Para Morales es importante que todo se materialice en acciones concretas para entender la manera en la que realmente se va a dar todo esto, con el fin de tener mayor claridad y un concepto mucho más profundo de lo que significa el accionar de lo que se propone desde el Gobierno.

Por: Colectivo Juventud Transformadora - Pereira, Risaralda Annie Sofia Castaño - Consejera de Juventudes Juan Camilo Vélez Kevin Esteban Santana Desde la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), consideramos que este texto realizado por Juventud Transformadora, colectivo juvenil de Pereira, con representante en el Concejo de Juventudes de la ciudad, merece ser difundido y leído por la opinión pública. Esta tribuna siempre estará a la orden para que sean los jóvenes y sus propuestas, ideas y sentires los que se expresen y se manifiesten. En tal caso, no vamos a editorializar ni analizar lo aquí dicho, simplemente presentamos una crítica que el colectivo hace al Encuentro Nacional de Juventudes realizado en Medellín el pasado mes de diciembre. **** Con una votación inflada por las juventudes, llegó el gobierno Petro con un convencimiento aún más inflado de que el aval que se vio por parte de la población juvenil a la campaña del Pacto Histórico sería la actitud común de los jóvenes frente a las decisiones y ejecuciones del Gobierno Nacional. Pero la realidad fue distinta. Se encontró con una masa heterogénea y crítica que observaría sus decisiones y nombramientos con distancia y pinzas. Pero así, convencidos que son, se les ocurrió que un congreso para los “jóvenes petristas” sería popular, pero ni petristas las juventudes, ni popular les salió el evento. Desde los momentos previos, en la organización del evento, había ya un sentimiento de intranquilidad e insatisfacción, pues se sabía que una parte de las delegaciones regionales no podría hacer presencia y que muchos de los que irían con la intención de participar en la Asamblea Nacional de Juventudes no tendrían donde quedarse en la noche del sábado. Sin embargo, contra viento y marea, desde la mayoría de departamentos se gestionaron recursos, algunos públicos y muchos de los mismos muchachos, para poder llegar a Medellín y dejar la primera huella de cambio juvenil. Llegado el día jueves 15 de diciembre comenzó a rodar en las redes una denuncia frente al mal estado de los almuerzos entregados y, posteriormente, los medios de comunicación le dieron formalidad. Una noticia imposible de evadir, otro tropiezo para el gobierno del cambio, por fortuna no estaba la ministra de Minas para ese día, o se lo achacan para hacerle otro intento de moción. Esta noticia sirvió para exacerbar los ánimos entre los representantes Nacionales de Juventud y la dirección de Colombia Joven, inconformidad que tocó su pico cuando el día sábado 17, la Consejería Presidencial para las Juventudes sacó un comunicado excusando el malestar generado en la salud de los jóvenes y refiere que la Secretaría de Salud de Medellín evidenció, mediante un comunicado, que la población juvenil consumió bebidas alcohólicas. Responsabilidad de parte y parte, hamburguesas en mal estado y consejeros nacionales enguayabados, mala combinación. Eso, sumado a la llegada de las delegaciones desde sus regiones para encontrarse con un evento más pretencioso que organizado, sin comida asegurada ni cama confirmada, cada departamento iba sin saber qué le deparaba. Las primeras horas que se desarrollaron entre diatribas contra la consejera presidencial, Gabriela Posso, los intentos del Gobierno por presentar a los honorables miembros de su cuadrilla y la metodología planteada para el espacio, que básicamente no había. ¡No saben las horas que nos costó! Durante el día sábado, pasadas las dos de la tarde, comenzaron las mesas de participación que por estar llenas de líderes no permitió que hubiera personas que supieran seguir instrucciones y, al todos querer liderar la dinámica, hubo más discursos que ideas. Así, lo que debió concluir con propuestas serias que encarnaran soluciones para las juventudes, terminó siendo un insostenible evento de ocurrencias sueltas y uno que otro esfuerzo real de encausar el malestar en soluciones prácticas, posibles y políticamente viables, es decir, un fracaso total. De hecho, se podría decir que la comisión más efectiva, en últimas, terminó siendo la de Garantías, encargada de “desembarrar” las deficiencias del evento. A pesar del mal resultado del sábado y de la incertidumbre frente a la realización de la Gran Asamblea Nacional de Juventud del día domingo, considerable cantidad de jóvenes seguían con la esperanza de construir un buen trabajo para elevar al Gobierno Nacional y demostrar que los jóvenes queremos y tenemos con qué trabajar. Amanecimos con buen clima en Medallo, suficiente para asegurar una participación masiva y activa en el evento de ese día, sin embargo, gran cantidad de los asistentes del sábado, el día domingo no se hicieron presentes y otra gran cantidad se fueron del espacio a recorrer las comunas y los alumbrados, porque qué desperdicio quedarse todo un domingo encerrado camellando, ¿no? Eso sí, hasta que llegaran Edson Velandia o el Doctor Krápula, porque si vamos a cambiar el país y que sea “para todos todo”, ¿para qué trabajar en documentos si con zapatear y maldecir a “su madre patria” basta? Al fin de cuentas, somos revolucionarios de canciones, pero sin acciones no se hacen revoluciones y a veces se nos olvida. El día concluyó con una que otra delegación departamental tratando de sacar adelante los proyectos que traían para su región, dentro de esas la nuestra, la risaraldense, o bueno, una fracción, que buscó concertar a todas las regiones en torno a las siguientes peticiones: Un proyecto de reforma a la Ley de Ciudadanía Juvenil, que sea el resultado de un proceso de consenso nacional y que nazca de las juventudes. La realización de una verdadera Asamblea Nacional, la cual garantice la presencia de delegaciones de todas las regiones y las garantías mínimas pactadas en la comisión del día sábado 18 de diciembre. Este documento logró reunir firmas de más de 200 personas representantes de 23 departamentos los cuales, al igual que los risaraldenses, o bueno, una fracción, consideramos que la mala gestión realizada, la falta de parámetros técnicos, la carencia de personal logístico y relator en cada mesa y los ánimos desencantados de los participantes con la Consejería Presidencial de la Juventud, conllevaron a la realización de un espacio lamentable que no puede servir como insumo en la reconstrucción de una Colombia para la Juventud. Y a pesar de que el evento tocó fondo varias veces, siempre se pudo caer más bajo, culminando con el lamentable discurso de Gabriela Posso, que entre mañosa y ladina aprovechó el toque de Dr. Krapula para arengar al “gobierno popular de los jóvenes” que ella dizque representa, y aunque ese fue el video que con astuta edición subieron a las páginas oficiales, ni siquiera el mejor productor podría eliminar los silencios incómodos de la muchedumbre juvenil que, desencantada por tal bajeza, paró su baile antisistema para una vez más mirar con asco al sistema que les estaba pagando el concierto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro, fue radicado ante el Congreso este 06 de febrero, en un acto que contó con presencia del Primer Mandatario, la vicepresidenta, Francia Márquez, la primera dama, Verónica Alcocer, y otros funcionarios del Gobierno Nacional (Ver: La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?). El PND 2022-2026 consta de 240 artículos y 147 páginas, y prevé una inversión cercana a los $1.154 billones. Uno de sus objetivos principales es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”. Cabe añadir que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un documento gubernamental que establece las políticas, objetivos y estrategias a seguir por el Gobierno en un período determinado. Este documento fue construido con la ayuda de las más de 89.000 propuestas presentadas en los Diálogos Regionales Vinculantes, en los que 250.000 personas participaron. Durante la radicación, el director del DNP, Jorge Iván González, mencionó que este es el primer PND que coloca en primer lugar al territorio (Ver: Concluyeron los Diálogos Regionales Vinculantes, en total fueron 52). Entre las principales metas se encuentran: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética y llegar a cerca de tres millones de hectáreas entregadas a campesinos. Los cinco ejes estratégicos que tiene el documento son: el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, internacionalización y acción climática, y la convergencia regional. Cada eje cuenta con una inversión específica. La convergencia regional con $138,4 billones; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho humano a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua; y $83,4 billones para estabilidad macroeconómica. Además, el documento incluye tres ejes transversales, que serían el hilo conductor de todas las inversiones, programas y proyectos. Estos ejes son: 1) la Paz Total, la cual busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y acabar con las violencias armadas, tanto de aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza; 2) los actores diferenciales para el cambio, en este se esperan transformaciones que lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, con el fin de superar las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político basadas en el género y la orientación sexual; y 3) la estabilidad macroeconómica, que tiene como objetivo definir un conjunto de apuestas en materia económica, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar las transformaciones. Camilo Barrios, administrador público y asesor en asuntos de planeación territorial, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que el documento tiene puntos “novedosos”, como el ordenamiento territorial en torno al agua y su protección, o el derecho humano a la alimentación, ya que esto nunca se había planteado antes. Sin embargo, algo que este documento hizo encender las alarmas fue que el presidente Gustavo Petro solicitó facultades extraordinarias en nueve temas diferentes. Con ellas, podría resolver cuestiones mediante decreto, sin la necesidad de tramitar una ley ante el Congreso y tendría un plazo de seis meses. Crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital. Adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas. Regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional. Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros. Crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación. Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo. Expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias que trata el presente artículo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. El propósito de estas facultades extraordinarias preocupa al asesor público y asesor en planeación territorial Camilo Barrios, ya que, para él, no se entiende la razón de crear una agencia para construir caminos vecinales, cuando las funciones de fomento podrían ser realizadas por Findeter o Enterritorio, en coordinación con más entidades territoriales. Además, Barrios expresó su preocupación con respecto a las facultades en materia de subsidios que, según él, no solo no es necesario acudir a ellas, sino que además plantea la incertidumbre sobre cómo será la transición de las transferencias durante los seis meses que pueden durar esas facultades extraordinarias. Por su parte, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, expresó que no es bueno que el presidente Petro quiera tener facultades extraordinarias para tantas cosas, ya que pueden poner en riesgo el delicado equilibrio entre ramas del poder y entre procedimientos del Estado de derecho para tramitar. “Habría que evaluar si en verdad se necesitan tales facultades extraordinarias y para qué crear entidades nuevas”, destacó Garzón. Finalmente, el Congreso tendrá un plazo de cuatro meses para aprobar este Plan Nacional de Desarrollo. Primero, las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras sesionarán de manera conjunta en marzo, luego, en abril, el texto será enviado a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado para que en mayo sea definitivamente aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que estas fechas son las esperadas por el Gobierno, pero podrían demorarse. Espere pronto un análisis a profundidad del articulado del PND de acuerdo a las diferentes líneas de investigación de Pares.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Asistente de Investigación; Valentina Polo, Practicante Línea Democracia y Gobernabilidad A inicios de este 2023 el Gobierno Nacional se está centrando en la presentación de tres reformas clave dentro del legislativo: la laboral, la pensional y la de salud, esta última será de las primeras en ser radicadas ante el Congreso. Durante el consejo de ministros en Villa de Leyva, llevado a cabo el 28 y 29 de enero de 2023, se dieron a conocer los puntos clave de la reforma a la salud que presentará la ministra Carolina Corcho ante el Congreso, la cual será debatida en sesiones extraordinarias, que inician este 6 de febrero. Puntos clave de la Reforma Una de las propuestas del gobierno Petro para mejorar el sistema actual de salud, es la descentralización de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que administra los recursos del sector salud. Con esta propuesta, se pretende iniciar un proceso de regionalización de la ADRES para fortalecer el mecanismo de giro directo hacia clínicas y hospitales del país. Esto, sumado a la creación de un sistema de información que haga público en qué y cómo se gastan los recursos que se invierten, según la ministra Corcho, se pretende atacar el robo de recursos de la salud. No obstante, una de las críticas que recibió esta propuesta es que no es clara la necesidad de personal para cada fondo regional. Además, quienes critican esta propuesta sostienen que se quiere crear gerencias departamentales y distritales, de las cuales tampoco se puede determinar la estructura de planta y personal que ocupará cada gerencia, sin contar los costos derivados de realizar las actividades. A esto se suma que, si bien en el sistema actual existe robo de recursos destinados a la salud, el nuevo modelo pareciera que no ataca esto con el hecho de girar los recursos sin intermediación y hacer público los procesos en los cuales se invierten los dineros del Estado. Otro punto clave de la reforma a la salud se refiere a los Centros de Atención Primaria (CAP), los cuales, según la reforma, vendrían siendo el primer contacto de los pacientes con el sistema de salud, con lo que se buscaría eliminar las EPS (Entidades Promotoras de Servicio). Para realizar esta transición se estima que se establecerían más de 2.500 centros de salud y cada uno atendería alrededor de 20.000 colombianos. Este punto de la reforma es el que más cuestionamientos y controversias ha presentado, pues se argumenta que los CAP, al sustituir varias de las funciones de las EPS, acumularían grandes colas y demoras, pues actualmente las EPS tienen 10 veces más puntos de atención de los que tendrían los CAP. Por consiguiente, estos nuevos centros de atención van a colapsar en el servicio a pacientes debido a que estos no contarían con la estructura necesaria para cubrir el sistema de salud en el país. Por esto, varios sectores del propio Gobierno, como el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, han hecho un llamado a la ministra Corcho y al presidente Petro para mantener el sistema actual de salud, haciendo mejoras a lo que no funciona de este. Otro tema que se resaltó de la reforma es la estrategia para dignificar la labor del personal de la salud como médicos y enfermeras. Sin embargo, sobre este aspecto no se tiene mucha claridad acerca del soporte financiero con el que se lograría este objetivo. Esta reforma buscaría fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, con lo que se espera contrarrestar la corrupción al dejar a cargo de una sola entidad los temas de salud. La crítica alrededor de este aspecto radica en la suposición de que una institución más fuerte va a reducir la corrupción en el sector salud, cuando en la práctica el exceso de control por parte de una única entidad puede favorecer la proliferación de corrupción. Además de lo anterior, la ministra de Salud dijo que esta reforma busca hacer un sistema más participativo y llenarlo de legitimidad. Por lo anterior, desde el Gobierno Nacional se ha propuesto que se cree un Consejo Nacional de Salud en el que se discutiría toda política pública del sector salud entre el Gobierno y miembros activos de la sociedad, los cuales serían los trabajadores del sector, gremios de la salud, sectores empresariales, indígenas y afrocolombianos. La inconformidad de los sectores políticos Con lo conocido hasta el momento de lo que sería la reforma a la salud, las bancadas ya han comenzado a tomar posiciones sobre el tema. Hasta el momento, el borrador de la reforma de salud no tiene convencidas a las mayorías partidistas en el Congreso. Uno de los primeros en manifestarse fue el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien manifestó su descontento con varios de los puntos de la reforma a la salud y solicitó a sus congresistas no apoyar el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud en el país. Ahora bien, veremos si este llamado del expresidente es oído por la bancada liberal, pues varios congresistas de esta colectividad no ven a Gaviria como alguien legítimo para tener las riendas del partido y, por ende, darle instrucciones a la bancada. Por otro lado, el partido Conservador, colectividad que hace parte de la coalición de Gobierno y es dirigida por uno de los grandes aliados de Gustavo Petro, Carlos Andrés Trujillo, tampoco ha manifestado su apoyo a la reforma a la salud. Las pujas internas en el conservatismo y las inconformidades que han expresado algunos congresistas frente al gobierno Petro han llevado a que la bancada haya anunciado que revisará a fondo las reformas que se vienen en este periodo legislativo, entre las que se encuentra la de la salud. En consecuencia, los conservadores han anunciado que se reunirán con asociaciones y gremios de la salud para escuchar sus preocupaciones. Por lo que la posición del partido Conservador frente al proyecto de reforma a la salud dependerá los diálogos con los gremios, la academia, la ciudadanía y demás actores a los que esta reforma involucre, además de la negociación política que puedan llegar a tener con el Gobierno Nacional. Así mismo, el Partido Alianza Verde, uno de los principales aliados del presidente Petro en la coalición de Gobierno, tampoco ha garantizado su apoyo al proyecto de ley que buscaría transformar la salud en Colombia. Varios congresistas de los verdes han manifestado que uno de los puntos que ha generado mayor preocupación en el partido es la posibilidad de que el manejo de los hospitales quede en manos de gobernadores y alcaldes, lo cual podría representar un riesgo de corrupción en el sector salud. ¿Qué se viene para la reforma? Durante las sesiones extraordinarias que darán inicio en febrero, la ministra Carolina Corcho presentará la reforma ante la Comisión Séptima del Congreso, en donde se debatirá su viabilidad. La reforma a la salud será presentada como ley ordinaria por lo que tiene que surtir cuatro debates. Uno en Comisión Séptima de Senado, uno en Comisión Séptima de Cámara, uno en plenaria de Senado y otro en plenaria de Cámara. Respecto a la composición de donde será la primera gran prueba de fuego en el Congreso para la reforma, es decir, las comisiones séptimas, en Cámara está compuesta por 21 congresistas, 17 hacen parte de la bancada de gobierno, dos son independientes y dos son oposición. Y en Senado son 14 congresistas, 10 son de gobierno, dos son independientes y dos son oposición Composición de Comisión Séptima en Cámara Composición de Comisión Séptima en Senado Por las posiciones que en este momento se conocen acerca de dicha reforma por parte de los partidos políticos que se encuentran en el Congreso y tienen representación en las comisiones séptimsa, el panorama es poco alentador para el Gobierno. En la Comisión Séptima de Senado el panorama es el más retador, ya que quien dirige esta comisión y, por ende, quien decide los tiempos en el que los proyectos se discuten, es la senadora del partido de La U, Norma Hurtado, ficha política de la presidenta de esta colectividad, Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca Toro ha manifestado en los últimos días su inconformidad con esta reforma. En Cámara el panorama parece ser menos complejo, pues quien dirige la Comisión es el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, una de las fichas del Gobierno y de la primera dama, Verónica Alcocer. Respecto a los votos necesarios en comisiones, en Senado necesita ocho votos y en Cámara 12 votos. Por el momento, el Gobierno no tendría los votos necesarios allí para pasar la reforma, pues la mayoría de congresistas están indecisos, pero si sumamos a los partidos ideológicamente más cercanos al gobierno, en Senado apenas se contaría con máximo seis votos (Pacto Histórico, Verde, ASI y Comunes) y en Cámara se tendría 10 votos (Pacto Histórico, Verde, Curules de Paz y Comunes). Teniendo en cuenta esta situación y por como los otros partidos de la colación se han comportado, el partido que le podría otorgar los dos votos necesarios en cada comisión sería el partido conservador, el partido de Carlos Andrés Trujillo. Esta situación lo seguiría afianzando como uno de los principales aliados del gobierno, gobierno con el que per se, están ideológicamente en extremos opuestos. El trámite de la reforma a la salud en el Congreso será muy complejo y con seguridad diferentes colectividades, como el partido Conservador, ejercerán una presión para que se realicen cambios en el contenido de la reforma, o en su defecto, pedirán puestos en el Gobierno para votarla positivamente. Si lo anterior no ocurre, las bancadas liberales y de La U, sumadas a la conservadora, optarían por presionar al Gobierno con su salida de la coalición. Esto podría significar la pérdida de mayorías en el legislativo y por ende que el presidente se quede si gobernabilidad para futuros proyectos de ley. Esto suma a que aumenten las tensiones entre el gabinete y el Pacto Histórico, ya que hay sectores que no están de acuerdo con lo que se ha presentado de dicha reforma.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El gobierno de Gustavo Petro decidió reducir –de manera gradual y sostenida– el subsidio indirecto a los combustibles líquidos en Colombia. Su objetivo, para diciembre de este año, es ubicar el precio de la gasolina corriente en, por lo menos, 16 mil pesos; e igualar en 2024 el precio interno del combustible al internacional, los cuales se distancia hoy entre cinco y seis mil pesos. El último aumento se dio a principios de este febrero. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio para este mes aumentó en un rango de entre 246 y 254 pesos –dependiendo de la distribución geográfica del país–. Y en total, desde octubre de 2022 –cuando comenzó a implementarse la medida– se ha elevado en 1.250 pesos por galón, pasando de una cifra de $9.200 a una actual de $10.450. Esta decisión tiene para el país muchos efectos positivos. En primer lugar, la reducción del déficit fiscal. A principios de este año, el hueco fiscal equivalía al 2.5% del PIB, al ubicarse en la crítica cifra de 40 billones –el doble de lo que obtendrá el Gobierno este año con la reforma tributaria–. Lo que ha obligado al Gobierno a destinar este año 29 billones del presupuesto nacional para pagarle al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Líquidos (FEPC). Además, otro aspecto favorable es el envío de señales a los usuarios del servicio sobre la necesidad de reducir el consumo de hidrocarburos. El aumento del precio del combustible es un incentivo que puede servir para que la gente transite en los próximos años al uso de energías renovables. Lo cual es coherente con el compromiso que ha asumido el Gobierno con el planeta, de trabajar por la reducción de gases de efecto invernadero y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, para el gobierno Petro la reducción al subsidio de la gasolina representa, tal vez, la medida más antipopular que ha tomado durante sus primeros seis meses de mandato. El aumento del precio hará, los más probable, que su imagen positiva caiga, incluso, afectando su gobernabilidad. Y lo peor, es una decisión que lo acompañará hasta el fin de su mandato en 2026, momento en que se comprometió a entregar saneado el FEPC. Lo anterior se debe, en parte, a que existe en el país la creencia infundada de que el precio de la gasolina impacta negativamente el precio de toda la canasta familiar. Idea que, aunque no es cierta, sí tiene efecto inmediato en la variación de los precios algunos de algunos bienes y servicios que se consumen en Colombia, lo cual afectará negativamente el control de la inflación y aumentará la pobreza. Un efecto que el Gobierno ha tratado de evitar mediante el no incremento exagerado del precio del galón de diésel o ACPM, insumo que usan la mayoría de los transportadores. En los meses anteriores el alza de este carburante no ha superado los 100 pesos, incluso en febrero no hubo incremento en este rubro. A pesar de ello, hay riesgo de que los transportadores, en especial, el gremio de los taxistas, salgan a la calle a manifestarse contra esta decisión del Gobierno Nacional. Precisamente, tratando de evitar efectos negativos como estos, los antecesores presidenciales no quisieron tomar la decisión de aumentar el precio de la gasolina y dejaron el problema a los gobiernos posteriores. El expresidente Iván Duque, por ejemplo, a pesar de conocer el problema tan grande que existía, no quiso asumir los costos políticos que tiene el aumento del precio de la gasolina y mantuvo el subsidio, agravando con ello el déficit fiscal. En conclusión, durante los próximos meses veremos cómo en Colombia se reducirá el subsidio al consumo de gasolina corriente. El Gobierno Petro ha decidido asumir un costo político importante, el cual podrá ser aprovechado en un año de elecciones políticas. Situación que provocará una sensación de descontento popular. En este contexto, las tareas que tiene el Gobierno son diversas, entre ellas: primero, trabajar para el control de la inflación. El Gobierno no puede permitir que el aumento justificado del precio de la gasolina corriente se traslade al precio de todos bienes y servicios que consumimos en Colombia, lo que provocaría que el bolsillo de los hogares se afecte. Segundo, explorar otros caminos para aumentar los ingresos tributarios del Estado. Una vez se comience a reducir el consumo de gasolina, también caerán los impuestos a los combustibles y la sobretasa a la gasolina que recibe el Estado, los cuales suman este año unos $9 billones. Tercero, continuar en el camino de reducir el déficit fiscal. Como lo ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el déficit seguirá creciendo estos próximo dos años –para este lo hará en cerca de 4 billones–, hasta que el precio interno de la gasolina se iguale con el internacional. Afortunadamente, durante este tiempo lo hará con menos celeridad, debido precisamente, a la decisión impopular que tomó. En este último sentido, el Gobierno tendrá que recordarles a los usuarios del servicio que, a pesar del incremento, aún tenemos la tercera gasolina más barata de América Latina, después de Venezuela y Bolivia. Igualmente, enfatizar en lo importante que resulta para el país mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y seguir las indicaciones del Comité de Regla Fiscal frente a la responsabilidad fiscal. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 30 de enero al 05 de febrero de 2023 Estamos a una semana del inicio del segundo ciclo de diálogo y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Este ciclo se desarrollará a partir del próximo lunes 13 de febrero en México y las partes se han propuesto trabajar sobre la suscripción de la agenda que guiará el desarrollo del conjunto del proceso, la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y ojalá la suscripción de acuerdos sobre un posible cese bilateral. En la semana reportada en esta bitácora resaltan las declaraciones de Antonio García primer comandante del ELN, sobre la importancia de la participación de la sociedad para avanzar en un acuerdo de paz y una visión compartida de paz, al igual que una afirmación muy divulgada sobre el no interés del ELN en participar en el futuro del Congreso de la República. 1. Varios países que siguen manifestando su compromiso y participación en este proceso entre el Gobierno Colombiano y el ELN. España aceptó el pasado viernes ser país acompañante en la mesa de diálogo entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla del ELN: https://elpais.com/america-colombia/2023-02-03/espana-acepta-ser-pais-acompanante-en-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-de-colombia-y-el-eln.html 2. Maduro: “hoy podemos decir que estamos cooperando ampliamente en el logro de la Paz Total para Colombia y que van bien encaminados los esfuerzos de negociaciones”: https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-asegura-que-el-dialogo-de-paz-entre-colombia-y-eln-va-por-buen-camino/ 3. Antonio García, primer comandante del ELN: “El objetivo de este proceso es construir la paz con transformaciones que atiendan las demandas largamente aplazadas e incumplidas por todos los Gobiernos, para hacer de Colombia un país más justo, democrático e incluyente": https://www.hispantv.com/noticias/colombia/559459/eln-dialogo-petro-acuerdo-paz “La paz no es sinónimo de dejación de armas ni de cupos en el Parlamento”: https://noticias.caracoltv.com/politica/la-paz-no-es-sinonimo-de-dejacion-de-las-armas-ni-de-cupos-en-el-parlamento-jefe-del-eln-rg10?s=09 4. Se aproxima el segundo ciclo de negociaciones que iniciará el próximo 13 de febrero: https://caracol.com.co/2023/02/01/en-12-dias-arranca-el-segundo-ciclo-de-conversaciones-entre-el-gobierno-y-eln/?s=09 5. Senador Humberto De La Calle: “políticamente el Gobierno acierta cuando se sienta y dice bueno, aquí hay unos señores con los que negocio, ahí no tengo preocupaciones sobre la forma en que se negocia con el ELN, ojalá salga adelante. La preocupación no es cómo se negocia sino qué se va a negociar porque ese grupo es enormemente difícil, es distinto a las FARC”: https://www.wradio.com.co/2023/02/02/el-afan-debilita-el-estado-de-la-calle-sobre-negociaciones-con-el-eln/ 6. José Felix Lafaurie hace referencia a las posibilidades transformadoras del proceso con el ELN. 7. Declaración política de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia suscrita por 28 procesos territoriales, en la cual subsisten una serie de preocupaciones alrededor de los ataques que continúan contra la población civil, líderes y lideresas sociales por parte del ELN, las disidencias de las FARC y las AGC. 8. El ELN ha hecho públicos comunicados para impedir las operaciones de las empresas petroleras Parex y Sierra Col Energy en Arauca: https://www.pares.com.co/paztotal/petrolera-suspende-labores-en-arauca-por-amenazas-del-eln- 9. Nueve miembros del ELN fueron abatidos en combates con la fuerza pública en Buenaventura: https://agenciapi.co/noticia/regiones/nueve-miembros-del-eln-fueron-abatidos-en-combate-en-buenaventura Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El primer mes del año terminó con un total de once líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia. El último caso reportado fue el 31 de enero, la víctima, Edilsa Andrade, lideresa campesina del sur del departamento del Cauca, quien hacía parte de la guardia campesina y había sido candidata al concejo municipal y parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), fue asesinada a unos metros de su casa por integrantes del grupo armado post FARC Carlos Patiño, quienes llegaron a su hogar y la sacaron a la fuerza de la vivienda para posteriormente asesinarla. Otro caso reciente se registró en la noche del 30 de enero, cuando dos sicarios le dispararon a Gerard Vásquez, precandidato a la alcaldía del municipio de Mogotes, Santander, por el partido de Colombia Humana. Varias figuras cercanas a Colombia Humana se pronunciaron rechazando este crimen. Sumado a estos homicidios, el 24 del mismo mes fue asesinado Arley Jaramillo Monsalve, comerciante y dirigente comunitario, quien, según la hipótesis de las autoridades, se había negado a pagar una extorsión en el municipio de Yarumal, Antioquia, y por esto fue asesinado. Según Catalina Lema Casallas, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación de los líderes y lideresas sociales es “crítica” en muchos territorios. Destacó el caso de Tumaco, Nariño, ya que allí las comunidades se encuentran, en este momento, en confinamiento forzado debido a la presencia de grupos armados como el ELN y el grupo de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. El fenómeno de asesinatos a líderes y lideresas sociales no es actual y se sigue manteniendo en unas cifras alarmantes. En el año 2020 fueron 199 los líderes sociales asesinados a manos de los diferentes grupos armados al margen de la ley que se reparten en el territorio nacional; esta cifra se redujo en el siguiente año, 2021, cuando se registraron 145 asesinatos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, el año 2022 fue clave para visualizar las pocas garantías de protección que se les brindan a los líderes y lideresas sociales, ya que se registró un total de 180 asesinatos ese año, siendo los meses más críticos febrero y mayo, con 18 asesinatos cada uno y octubre con 20. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, los seis departamentos en los que más se concentraron el 60% de homicidios contra líderes y lideresas sociales en ese año (2022) son: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca. Actualmente según el investigador nacional, los departamentos que mayor tienen presencia de grupos ilegales son: Cauca, Nariño y Antioquia. Teniendo en cuenta los casos más recientes, se cuestiona el cese bilateral al fuego al que algunos grupos armados, como las disidencias de las FARC, se habrían acogido con el Gobierno Nacional. Según Mauricio Valencia, para reducir los asesinatos contra líderes y lideresas, se debe tener lograr un cese multilateral, es decir, el cese de la violencia entre las mismas organizaciones ilegales, ya que a pesar de que hay un cese bilateral con el Ejército y la policía, los grupos armados aún mantienen confrontaciones entre ellos mismos por las disputas de los territorios, ocasionando muchas veces que la misma comunidad y hasta los mismos líderes sociales queden inmersos dentro de las dinámicas del conflicto (Ver: Colombia es el sexto país en el mundo con más víctimas de minas antipersonal). Cabe añadir que los protocolos para verificar y monitorear el cese al fuego bilateral todavía no estarían listos, por tal motivo las autoridades competentes no podrían verificar si ha habido alguna infracción o violación por parte de estos grupos armados, lo que deja mucho por pensar alrededor de si en realidad se está cumpliendo. Como medida de protección para los líderes y lideresas sociales, el Gobierno actual, desde el año pasado, ha implementado un Plan de emergencia con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos objetivos son: 1. Generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado en los municipios y regiones que concentran el incremento de agresiones. 2. Poner en marcha de una manera inmediata acciones de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización. 3. Iniciar la configuración de una política pública de garantías. Cabe añadir que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se vienen implementando garantías de seguridad para los líderes y lideresas, sin embargo, el Gobierno del expresidente Iván Duque no se acogió a las estrategias de garantías diseñados en el Acuerdo, sino que creó el Plan de Acción Oportuna (PAO), que, según Valencia, priorizaba una agenda enfocada en la seguridad y militarista, contrario al actual plan de emergencia de Petro, el cual tiene una visión más global del asunto, integrando tanto las medidas de protección como las instancias que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz y que habían sido relegadas por el Gobierno de Duque. Estas instancias son la Comisión Nacional de Garantías, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Sistema de Verificación e Implementación del Acuerdo y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según Mauricio Valencia, es importante que estas instancias tengan una interconexión, es decir, que todas estas estén en la misma sintonía con el fin de que en el momento de que ocurra alguna emergencia, se coordinen y actúen de manera oportuna. En el marco de la creación del plan de emergencia de Petro para la atención de los ataques contra la población civil también fueron creados los Puestos de Mando Unificado (PMU), los cuales tienen el gran reto de articular a la institucionalidad nacional, regional y organizaciones sociales para identificar entre ellos acciones efectivas y eficaces que permitan prevenir y mitigar vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de disputa territorial continua por parte de los grupos armados, el desarrollo de economías ilegales y la austeridad de los recursos económicos públicos (Ver: Se instaló el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en el Cauca). Según Valencia, aún no se podría dar un balance de si realmente este plan de emergencia de Petro está funcionando, sin embargo, dado a las cifras registradas en lo transcurrido de su mandato, es preocupante la situación y se espera que en los próximos meses este plan empiece a tener mejores resultados a mediano y largo plazo. Finalmente, según Mauricio Valencia, de 2016 a 2023 fueron asesinados aproximadamente 1.015 líderes y lideresas sociales. Como se mencionó anteriormente, se espera que con el plan del gobierno actual se den buenos resultados y se brinden garantías de protección y bienestar de manera prioritaria a los líderes y lideresas sociales del territorio colombiano.

Por: Luis Eduardo Celis En esta última década se han celebrado a lo largo de América Latina y el Caribe los dos siglos de la independencia del colonialismo español, portugués y francés, fundamentalmente. Son dos siglos de vidas republicanas que debieron ser mejor celebrados, por lo menos en cuanto a Colombia se refiere, donde los actos han sido más bien pocos y restringidos a los pequeños círculos de los historiadores, lo cual, siendo importante, debió concitar dinámicas en la escuela y las universidades, por solo mencionar dos espacios de la vida social que pudieron ser convocados para promover un apersonamiento con rigor de lo que significó la formación y desarrollo de estas jóvenes repúblicas que siguen buscando caminos de democracia y equidad. Hace pocas semanas se desarrolló en Argentina la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y El Caribe, la CELAC, instancia conformada en el 2011 ante la crisis de la OEA como un espacio para pensar y proyectar a este conjunto de países que compartimos una historia y en buena medida una lengua. En la cumbre de la CELAC, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en una integración basada en proyectos compartidos. Habló de asumirnos como una región libre de hambre, que fortalezca su potencial de producción de alimentos para el mundo, que asuma una industrialización truncada, que salga del extractivismo y le dé valor agregado a nuestros recursos, que trabaje por una transición energética compartida y que pueda relacionarse con los Estados Unidos y con todos los bloques regionales y potencias del mundo de manera más igualitaria, mediante la construcción de consensos regionales que nos permitan ser una voz fuerte en el mundo. El presidente Petro ha venido insistiendo en una acción coordinada desde América Latina y el Caribe para proteger la Amazonía con una política de protección compartida para poder negociar a nivel global las políticas que hagan viable la conservación de este importante ecosistema. Igualmente ha venido promoviendo la iniciativa de una acción conjunta para redefinir la política frente a las drogas y ha sumado a la agenda un diálogo sobre la migración, para lo cual ha concertado una conferencia en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda que estos temas son de interés mundial, y Colombia, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, puede concitar una acción de toda América Latina y el Caribe. Vamos a ver cómo se desarrolla esta ambiciosa y necesaria agenda en los próximos meses y durante el cuatrienio del presidente Petro, que se ha convertido en un líder con voz y propuestas en todos los escenarios internacionales a los que concurre. En América Latina y el Caribe hay efervescencia de propuestas y ánimo de avanzar en mayores procesos de integración, lo cual es una necesidad. Y la agenda marcada por el presidente Petro se constituye en una buena plataforma de acción conjunta sobre procesos de amplia envergadura como los ya mencionados. A final de este año se cumplen doscientos años del famoso discurso del presidente James Monroe, que ante el Congreso de los Estados Unidos trazó la política del supremo interés de ese país por ser plenamente activo en sus relaciones con América Latina y el Caribe para contener la presencia de otros poderes (en su momento de la acción de Europa en franco declive en nuestro continente, y asumirse como el gran líder, no solo en el continente, sino en todo el mundo, y a fe que lo lograron en el siglo XX). América Latina y el Caribe, y nosotros como República de Colombia, debemos seguir desarrollando una relación con los Estados Unidos sobre nuestros mutuos intereses y buscando una acción que sirva al conjunto de América. Y esto pasa por mucho diálogo y concertaciones difíciles. Ahora que se cumplen doscientos años de la famosa doctrina Monroe, es un buen momento para pensar en balances y proyecciones de la relación de América Latina en sus retos de integración y de la enorme y rica agenda que tenemos con los Estados Unidos. Aquí pueden escuchar la presentación del presidente Gustavo Petro ante la cumbre al Celac: *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nicolás León, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Durante el último año el sistema de transporte público Transmilenio ha sufrido un deterioro en lo relativo a la seguridad y convivencia. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica (SCJ) los hurtos a personas al interior del sistema pasaron de 2.859 casos denunciados en 2021 a 6.733 casos en 2022, lo que se traduce en un incremento del 135%. Como se verá a continuación, Transmilenio ha pasado a ser uno de los focos de los debates en torno a la seguridad y convivencia en Bogotá. Especialmente, portavoces del Gobierno Distrital han situado la problemática en torno a los colados. Por esta razón es prudente analizar la manera en la que se ha desenvuelto las estrategias y acciones emprendidas para enfrentar y mitigar la inseguridad de este medio de transporte. La situación actual Según las estadísticas de la Secretaría de SCJ, el hurto a celulares pasó de 1.968 casos en 2021 a 4.696 casos en 2022, representando un incremento del 138%. De 808 capturas que se hicieron al interior del sistema entre enero y noviembre de 2022, el 90% estuvieron relacionadas con hurto a la ciudadanía (Parra, 2022). Diversos expertos están de acuerdo en que uno de los factores que facilitan el accionar delincuencial en los sistemas de transporte público es la operación logística de los buses. Según Andrés Nieto, ex subsecretario de seguridad, la lenta circulación de las rutas y tiempos de espera prolongados en las estaciones crean un entorno proclive para los delincuentes. Por ejemplo, en horarios de hora pico en los que el flujo de personas aumenta, las estaciones terminan siendo un escenario ideal para modalidades de hurto como el atraco a mano armado o el cosquilleo. Otro factor (y en el que más énfasis ha hecho el Gobierno Distrital) tiene que ver con los “colados”. Según un estudio del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (2022), la evasión del pasaje de Transmilenio pasó de 16,7% en 2019 a 29,6% en 2022. El Gobierno Distrital enfatiza en el problema de los colados bajo dos argumentos: primero, un argumento económico, que afirma que la sostenibilidad financiera de Transmilenio es imposible con una tasa de colados que, no solo es alta, sino que parece seguir en aumento. Según el mismo estudio del IEU (2022), las cifras de evasión de pasajes se traducen en pérdidas cercanas a los 10.600 millones de pesos semanales. Segundo, relacionado con la seguridad y convivencia, que el control sobre las personas que ingresan y permanecen en la estación es muy poco, llevando a que el mal uso del sistema se haya ido convirtiendo en la norma general de los usuarios, lo que se traduce en un aumento de los índices de criminalidad y un desmejoramiento de los servicios (Forero, 2022). En este sentido, los “colados” se han convertido en uno de los focos de atención de la seguridad en Transmilenio y por esta razón las acciones y estrategias del Gobierno Distrital han estado dirigidas principalmente a evitar la evasión del pasaje de Transmilenio. Acciones y estrategias Para responder a lo anterior, Transmilenio diseñó, y empezó a ejecutar en mayo de 2019, el Plan Estratégico Antievasión que se compone de cuatro pilares: “prevención, cultura ciudadana, incidencia y corresponsabilidad; monitoreo y caracterización de la evasión; fortalecimiento de la infraestructura; y fiscalización” (IEU, 2022). Hasta el momento, lo anterior se ha reflejado en tres tipos de acciones: i) proyectos de pedagogía y socialización, en los que se quiere reforzar la llamada “cultura ciudadana”; ii) proyectos de infraestructura, específicamente de infraestructura “anticolados”; y iii) aumento del pie de fuerza de la policía en las estaciones. Pedagogía y Cultura Ciudadana Según el proyecto Cultura ciudadana en el sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S.A, de la Secretaría Distrital de Planeación (2019), la cultura ciudadana tiene el objetivo de generar buenas prácticas de respeto y solidaridad entre usuarios, así como la valoración y apropiación del sistema. Para lograrlo se proponen la ejecución de acciones enfocadas en la comunicación, la enseñanza y la promoción de la cultura ciudadana en el Transmilenio. De manera clara y directa, busca impactar positivamente la convivencia de los ciudadanos en el sistema de transporte. El proyecto, sin embargo, puede resultar ambiguo, considerando que dentro de las acciones que puedan “generar buenas prácticas de respeto, valoración y apropiación del sistema” pueden entrar un sinnúmero de acciones llenas de buenas intenciones, pero no necesariamente efectivas para mejorar la convivencia. Se ha evidenciado, por ejemplo, un aumento del número de gestores de convivencia que se encargan de apoyar la seguridad y control de acceso a las estaciones; también se ha visto otro tipo de acompañamiento en las estaciones que básicamente se trata de performances con los que aprueban o desaprueban las conductas de los usuarios en el sistema. Personajes como “el Combo Violeta”, “el Abuelo Toño”, “el Equipo T", “la Doctora C”, se han justificado bajo el discurso de la “cultura ciudadana”. En este punto, y luego de tres años de aprobación del proyecto, parece prudente hacer un balance sobre la eficacia e impacto de este tipo de medidas para el mejoramiento de la convivencia ciudadana que se pregunte sobre las expectativas y limitaciones del cada vez más confuso concepto de “cultura ciudadana”. Infraestructura En las últimas semanas el Concejo de Bogotá aprobó en plenaria un proyecto para construir estrategias que afronten la evasión del pasaje por parte de los usuarios. El proyecto tiene dos puntos fundamentales: el primero, la posibilidad de pagar las multas por evasión del pasaje con actividades pedagógicas y de trabajo social; el segundo, la instalación de nuevos sistemas de seguridad anti colados, específicamente de torniquetes de una altura de piso a techo. El proyecto, además, establece un lapso de máximo seis meses para que el Distrito implemente las medidas aprobadas. Sobre la instalación de las puertas “anticolados”, ya se ha avanzado en la instalación de estas en las estaciones priorizadas por el Distrito, algunos postes “anticolados” puesto en los separadores y la instalación de 1.318 cámaras de video vigilancia en lo corrido del 2022. Imagen de RCN Radio. 11 de enero de 2023 Imagen Noticias Uno. 19 de diciembre de 2022 Imagen de transmilenio.gov.co. 13 de agosto de 2018. Este tipo de proyectos preparan a la ciudadanía para el cambio de imagen que tendrían las estaciones de Transmilenio. La tendencia parece inclinarse a construir espacios más cerrados y con barreras de acceso cada vez más acentuadas, lo que, de entrada, facilitaría el control del acceso de las personas, pero podría traer otro tipo de problemas, por ejemplo, la dificultad de acceso de personas con movilidad limitada o, de manera general, la dificultad de apropiación de un espacio con un entorno de este tipo. Según lo acordado en el Concejo, para la implementación de estas estrategias el distrito deberá presentar un informe semestral en el que se evidencia el cumplimiento del proyecto y un balance sobre el mismo, por lo que habrá que prestar atención a la forma en la que puedan evolucionar este tipo de estrategias. Aumento de pie de fuerza Para el subcomandante de la Policía de Transmilenio, una de las estrategias para evitar casos de robo y otros delitos es aumentar el pie de fuerza en horas y lugares críticos. En este sentido, la Policía ha sacado una lista de 50 puntos críticos del Sistema Integrado de Transporte Público, compuesto por las estaciones que más casos de denuncias registran. Esto, sumado a la información de los horarios en los que se presentan mayor flujo de personas, han sido los fundamentos para aumentar el número de policías. Así, “500 hombres prestarán servicio diario en la operación de Transmilenio”, declaró el subcomandante, con la posibilidad de que pueda aumentar. Por ejemplo, a inicios del año como respuesta a las manifestaciones por el aumento del pasaje, la Policía Metropolitana llegó a disponer de más de mil uniformados en las estaciones. Durante 2022 se registró un aumento del 82% en capturas en flagrancia en hechos relacionados con Transmilenio. En contraste, la percepción de impunidad continúa siendo alta y ha llevado a portavoces a solicitar ampliar este tipo de estrategias, por ejemplo, implementado comisarías móviles que faciliten el procesamiento de la evasión como un delito. Observaciones finales En suma, las acciones y estrategias por parte de la Alcaldía se traducen en una serie de medidas que fluctúan entre la coerción y la pedagogía. Las medidas pedagógicas por sí solas parecen ser insuficientes para las necesidades del sistema, lo que hace que la balanza se incline hacia un enfoque predominantemente coercitivo de la seguridad, principalmente en el aumento de la presencia de fuerza pública y el discurso contra la impunidad. Para buscar resultados algo esperanzadores es necesario vincular las diversas estrategias con el conjunto de necesidades en torno a la seguridad urbana de toda la ciudad. Esto se traduciría, por ejemplo, en articular esfuerzos con el desescalamiento de las de la violencia urbana desde las capacidades propias de la institución policial, o también a las formas de renovar la imagen negativa de la Policía Metropolitana. De manera paralela, a pesar de que han existido esfuerzos institucionales por garantizar la óptima prestación del servicio y la generación de un entorno sano, pareciese que las medidas son insuficientes. Por tal razón, el Gobierno Distrital se decanta por la búsqueda de soluciones y narrativas que privilegian el reforzamiento del aparato policial y el fin de la impunidad. Referencias Bibliográficas - Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital (2019). Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/87_262_empresa_de_transporte_del_tercer_milenio_-_transmilenio_sa.pdf - Colprensa (2023). Esta es la alternativa para controlar a los colados en TransMilenio. Revista Cambio https://cambiocolombia.com/pais/esta-es-la-alternativa-para-controlar-los-colados-en-transmilenio - Cuatro años después, TransMiCable suma 29,6 millones de validaciones (2022). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/30/cuatro-anos-despues-transmicable-suma-296-millones-de-validaciones/ Estas son las estaciones de TransMilenio más peligrosas en Bogotá: habrá refuerzos en seguridad (2023). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/05/estas-son-las-estaciones-de-transmilenio-mas-peligrosas-en-bogota-habra-refuerzos-en-seguridad/ - Malaver, C. (2022) En TransMiCable no hay robos ni colados ¿Cuál es la clave del éxito?. Periódico El Tiempo https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-en-transmicable-de-ciudad-bolivar-no-hay-robos-por-que-720985 Parra, J.C. (2022). Seguridad en TransMilenio: más de 800 capturados en 2022 por diferentes delitos. Portal Bogotá.gov https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/en-2022-808-personas-fueron-capturadas-delinquiendo-en-transmilenio - Redacción Portafolio (2023). ¡Ojo! Estas son las 50 estaciones de TransMilenio más peligrosas. Portafolio https://www.portafolio.co/economia/transmilenio-las-50-estaciones-mas-peligrosas-en-bogota-576516 - Ramírez, O. (2023). Opinión: ¿Quién le pone freno a los problemas de Transmilenio? Periódico El Espectador https://www.elespectador.com/bogota/opinion-quien-le-pone-freno-a-los-problemas-de-transmilenio/ Sánchez, C. & Medina, M. (2022). Entre el 2019 y el 2022, la evasión en el pago de Transmilenio pasó del 16.7% al 29.6%. 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Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Lea la segunda parte de esta columna aquí. “Simón Bolívar, asesino del pueblo pastuso”, gritaba un grafiti en las paredes de Pasto por los días de las celebraciones del Bicentenario del Grito de Independencia en la Nueva Granada (20 de julio de 1810). Y es lo que opinan algunos historiadores nativos sobre los hechos acaecidos el 24 de diciembre de 1822, cuando las tropas del ejército patriota, comandadas por el Mariscal Antonio José de Sucre, con el temible Batallón Rifles en la vanguardia, y con reprobable sevicia retomaron Pasto por orden del Libertador para reducir la enconada resistencia de una sociedad que, en lealtad a la corona española, se había opuesto, una y otra vez, con triunfos, retiradas y derrotas, a ser parte de la causa republicana. Como tantas cosas de la historia centralista, épica y heroica construida sobre nuestro pasado, este hecho doloroso es desconocido o distorsionado y generó, en un sector de la comunidad pastusa, cierto resentimiento hacia una institucionalidad centralista impuesta, a la que con disgusto se fue adaptando con los años. En el centro del país (al norte), el hecho popularizó incomprensión y sorna contra los pastusos, actitudes que apenas empiezan a superarse gracias a aproximaciones explicativas que intentan profundizar en las causas, las relaciones y las emociones que motivaron las posiciones y actitudes que llevaron al desencuentro entre Colombia y Pasto. El afecto a la monarquía por los pastusos no estuvo exento de rebeldía, al punto que el primer pronunciamiento contra la Corona en la América española salió de la garganta del prócer Gonzalo Rodríguez, “El precursor de precursores”, muy pronto, en el siglo XVI. Violentas asonadas indígenas, duramente reprimidas, contemporáneas del sonado levantamiento comunero del Socorro, echaron para atrás diezmos, alcabalas y estancos en Pasto, Túquerres y Tumaco. La primera batalla por la independencia del subcontinente se libró en Funes. Las primeras heroínas de la causa libertaria fueron damas pastusas fusiladas por su apoyo a las huestes patriotas. Y, por si fuera poco, el pueblo de Pasto, a través de su cabildo, suscribió una declaración de adscripción a la emancipación y tuvo un gobierno republicano en cabeza del caleño Caycedo y Cuero durante diez meses, en 1812. En adelante, los desacuerdos con los propósitos reformistas del liderazgo patriota, que arriesgaban la autonomía comarcal derivada de una insularidad entre riscos, mas no aislada; una economía de supervivencia e intercambio, una vida austera sin sobresaltos; un vasallaje fiel simbólicamente recompensado con tacañería, grandes haciendas y tierras comunales en un mismo régimen; y un apego religioso fanático de indios, mestizos pobres y élite acaudalada, generaron una amarga época de cruentos enfrentamientos. Las tropas patriotas, desde la proclama de Independencia, en su afán de avanzar y expandir la enseña libertaria al sur, se toparon con una geografía intransitable y mortal, desde los demenciales calores del Patía, el vértigo del agreste cañón del Juanambú y un paso cundido de precipicios y esfuerzos inhumanos en la escalada en las proximidades de Pasto, “Las Termópilas de América”, describió el General Santander. También tuvieron que lidiar con un pueblo bravío, fiel y obstinado que durante varios años defendió hasta con las uñas su realismo. Milicias y tropa monárquica derrotaron a las fuerzas independentistas quiteñas en Funes en 1809 y Pasto en 1811. Derrocaron al breve gobierno republicano de Caycedo y Cuero, y repelieron las arremetidas, amenazas y actos que consideraron felonía del gringo Macauly, quien, ante el rechazo, ofreció reducir a Pasto a cenizas. Hechos que culminaron con el fusilamiento de estos personajes y decenas de oficiales patriotas. En mayo de 1813, las tropas de Antonio Nariño no pudieron llegar a “comer el pan que lo hacen del bueno” que les ofreció, pues fueron contenidas en las goteras de la villa, con la captura y destierro del precursor, en cuyo honor se levantó, en el siglo XX, una estatua en la plaza principal de Pasto, en un acto de reconciliación y nobleza de su gente. La ciudad fue centro de operaciones y apoyó con pie de fuerza la resistencia a la Primera República, la Reconquista de Morillo y los últimos esfuerzos realistas por frenar la Independencia. Tras el triunfo de Boyacá y la liberación del centro de la Nueva Granada, la estela victoriosa del ejército patriota se estrelló con la milicia pastusa en la Batalla de Genoy, el 2 de febrero de 1821, parando en seco la orden de Bolívar a Manuel Valdéz de someter a Pasto. Dosis similar le propinaron meses después, el 12 de septiembre, a los destacamentos del General Sucre, en la localidad de Guachi, cerca de Ambato, Ecuador. Con la victoria patriota en Pichincha, el 24 de Mayo de 1822, se revirtió la situación. El armisticio pactado con el ejército realista incluyó a Pasto pero sus habitantes se resistieron airadamente. El 7 de abril de 1822, en Bomboná, el ejército republicano al mando del Libertador confronta a los realistas en una agotadora y desgastante jornada que termina en tablas con la anécdota de los comandantes adversarios (Bolívar y García) procurando mostrar su preminencia. Durante semanas los enemigos se rondaron dándose tiempo. El comandante español Basilio García conocía del armisticio y maniobró para sacar ventaja de un trato con Bolívar, quien ignoraba las noticias provenientes de Quito. Finalmente, el 6 de junio, se firma la capitulación de los reductos monarquistas. Bolívar concede a los pastusos un tránsito sin vindictas al régimen republicano, respeto de la propiedad, y exención de tributos a los indios. A día siguiente, entra a Pasto con el avenimiento de las autoridades y personas de la élite, entre ellos el obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, quien, tras años de denostar y maldecir al “mismo demonio” y ofrecer a los antibolivarianos que de morir por la causa “entrarían con derechura al cielo”, en un cambio de bando digno de los tiempos actuales, y estimulado por el propio Libertador, para atemperar la iracundia popular, lo recibió con bendiciones. Desde el Ecuador, algunos mandos realistas en desbandada retornan a Pasto para intentar recuperar la ciudad, objetivo en el que instigan al levantamiento liderado por los militares José Benito Boves, Agustín Agualongo, Estanislao Mercanchano y otros indígenas, mestizos y negros enmontados que, en nombre del rey, “traicionado con la rendición”, mantuvieron en tensión la ciudad por varios años. El 28 de octubre de 1822 estalla la ofensiva antirrepublicana con la toma de Pasto y el nombramiento de Mercanchano como gobernador. Sucre y Córdoba, prestos para atacar al Perú, objetivo final de Bolívar para desterrar el imperio español, dieron la vuelta y avanzaron desde el Ecuador para sortear el escollo y fueron repelidos por Boves y su gente el 22 de noviembre, en Taindala, en el cañón del río Guaitara, cerca de Túquerres. Tras tormentosos esfuerzos, un mes después, la tropa patriota despoja a los insurrectos de esa ubicación, no sin antes padecer de nuevo las descargas de fusil y piedra de los indios parapetados en lo alto de la montaña, lo que excitó el rencor y ánimo de venganza por el inhumano sacrificio de combatir peña arriba en desventaja. Benito Boves y su gente corrieron en desbandada, Agualongo y Mercanchano se escondieron, dejando a la inerme población de Pasto a su suerte. La ira acumulada por los patriotas tras años de derrotas en “el país de los pastusos”; las bajas, deserciones y padecimientos en una ruta de espanto; el rompimiento inexcusable de una tregua que suponía el fin de la confrontación; y la angustia de Bolívar al ver a Pasto convertida en burladero a su ambición de gloria que sería coronada con una victoria patriota en el Perú —“...es la puerta del sur y si no la tenemos expedita, estaremos cortados por siempre; por consiguiente es de necesidad que no haya un solo enemigo nuestro en esa garganta”—, fueron factores que rebosaron la copa y la cordura. Antecedentes que explican, más no eximen ni justifican, la responsabilidad del mando patriota en la noche aciaga del 24 de diciembre de 1822. Vencidos los obstáculos de acceso y poseída por la rabia incontrolable, la tropa al mando de Sucre se dio a la comisión de todo tipo de excesos, actos aberrantes, robos, violaciones y una matanza demencial. El General José María Obando, que mutó de realista a patriota y en el inicio de la era republicana sería polémico protagonista de la historia de Pasto y el país, consignó en sus memorias: “No séd cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano como Sucre, el entregar a aquella ciudad a muchos saqueos, de asesinatos y de cuanta iniquidad es capaz la licencia humana”. La cifra de muertos, entre ellos ancianos, niños y mujeres, se calcula en cerca de 300, un genocidio en una ciudad que no superaba para entonces los 7 mil habitantes. La aversión al empeño bolivariano se acrecentó con las estrictas medidas ordenadas por el Libertador para asegurar la plaza, al entrar a la ciudad amedrentada en el despuntar del año nuevo de 1823, deshaciendo las promesas de buen trato suscritas en las capitulaciones. Destierros, alistamiento forzado en la tropa, tras engañar a los varones con ofertas de salvoconductos, confiscaciones y expropiaciones a favor de mandos castrenses, reimposición de tributos y horrorosas ejecuciones, fueron las sanciones aplicadas con saña por el inclemente Salom y otros oficiales designados por Bolívar, que así acicatearon la insubordinación en los sectores populares, ya que las élites avalaron el nuevo poder. No obstante, rasos alistados a la fuerza y oficiales pastusos, fueron fundamentales en la Batalla de Ayacucho, que selló la Independencia sudamericana. Se dice que las notas del bambuco La Guaneña y el inspirador grito “¡Paso de vencedores!”, del coronel José María Córdoba, fueron determinantes en la victoria comandada por el Mariscal Sucre en el Condorcurca. Durante un tiempo, una insoportable inestabilidad, en medio de asaltos y emboscadas, se convirtió en muralla impertinente para rematar la epopeya libertadora hacia el sur. La historiadora Marcela Echeverry sostiene que uno de los objetivos de los levantamientos “a no dudarlo, era impedir el encuentro de Bolívar con San Martín en Guayaquil”, que definiría los pasos a seguir para emancipar a Perú y consolidar la Independencia de la América de Sur de la dominación española. Pero más allá de ese propósito, acorde con la lógica de una rebelión en defensa del sistema imperante, a estas alturas también era indudable que en los realistas pastusos bullía un ánimo de venganza y supervivencia al saberse ante una amenaza de destrucción, dado que la consigna de los patriotas era imponerse sin concesión y a cualquier costo. En junio de 1823, los rebeldes realistas derrotan a Juan José Flores, toman Pasto, imponen su mando e intentan expandir la guerra al Ecuador; el 17 de julio, Bolívar vapulea cruentamente a Agualongo y su gente en Ibarra; el 18 de agosto, el adalid pastuso vuelve sobre Pasto y obliga la retirada de Salom y sus hombres; en diciembre, el general Mires desaloja con superioridad a los realistas; Agualongo, reducido, se dirige a Barbacoas en busca de recursos y un supuesto respaldo del ejército español desde el Perú, para ser finalmente derrotado, capturado y enviado a Popayán, donde fue fusilado, el 13 de junio de 1824, tras pedir no ser vendado y gritar a todo pulmón “¡Viva el Rey!”. Desde bien temprano en las aspiraciones emancipadoras de la Nueva Granada surgió la malquerencia de los mandos y autoridades republicanas hacia los pastusos, firmes en la defensa de la monarquía, sus creencias atávicas y las relaciones sociales imperantes. A los llamados patriotas a sumarse a su causa, los notables pastusos, y luego los irreductibles guerrilleros, respondieron con vehemencia que no era su propósito “mudar de sistema”, que las promesas eran engaños y que los dejaran tranquilos como habían vivido. A las conminaciones, respondieron con ardentía y orgullo: ¡aquí los esperamos! Posición que, junto con una tenaz resistencia con pocos rifles y muchos machetes, palos, lanzas y guijarros, los colocó en el bando de los peores enemigos. Con Numancia comparó Bolívar su templanza. Los intercambios epistolares sostenidos con intermitencia durante tres lustros, dan cuenta del escalamiento de las tensiones en un ciclo continuado de llamados, amenazas, rechazos, combates y pausas, cortas o largas, de nerviosa expectación. Hastiado con las respuestas de la contraparte, en comunicación del 6 de abril de 1814, Antonio Nariño advertía al Cabildo de Pasto adverso y contestatario: “… y por última vez digo a Usía muy ilustre, que si me hace un solo tiro, fiados en la indulgencia que he usado en todos los pueblos de mi tránsito, Pasto queda destruida hasta en sus fundamentos… Es preciso que antes de romper fuego, se decida abiertamente a hacer causa común con nosotros o a quedar destruida, y destruida de un modo que jamás pueda volver a ser habitada”. Amenaza a la que el Cabildo a su vez ripostó: “sería impertinente preguntar a Usía con qué autoridad viene a invadir a un pueblo que halla su conveniencia en vivir bajo las sabías y equitativas leyes del Gobierno español, porque por lo mismo se trata de invasión… puede Usía escoger a lo largo del Juanambú, el punto que le parezca más a propósito para terminar nuestras diferencias. En todos ellos encontrará Usía pastusos y encontrará víctimas generosas decididas a ser inmoladas sobre los altares de la patria…”. Una década después, ante el levantamiento popular realista que rompió el armisticio logrado luego de la Batalla de Bomboná, Bolívar, encolerizado, el 28 de junio de 1823 lanza una proclama virulenta: “la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición… Esta vez será la última de la vida de Pasto: desaparecerá del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rinden sus armas”. Y para no quedar en palabras, en Ibarra, enfrentó iracundo (se rumora que alicorado) la montonera de Agualongo, que vio caer ochocientos de sus paisanos. Ni las catastróficas derrotas, ni la evidente superioridad militar de los republicanos, amilanaron o hicieron claudicar a los pastusos. Las ofertas pacificadoras del General Santander, encargado del gobierno, y de Bolívar, al mando general de la tropa patriota en la cruzada libertaria del sur, consternada con el cruel empecinamiento y estorbo a los planes libertarios, eran rechazadas en forma delirante, pero cargada de dignidad y fidelidad. Una propuesta de Santander, del 6 de noviembre de 1823, en tal sentido, recibió la contestación estrambótica de Mercanchano: “no entraré en otra negociación, no siendo en la que Colombia rinda las armas y vuelva al rebaño donde se descarrió desgraciadamente, cual es la España y sus leyes; de lo contrario tendrán sus hijos la gloria de morir por defender los sagrados derechos de la religión, la obediencia al rey, su señor natural, primero que obedecer a los lobos carniceros e irreligiosos de Colombia”. En los estertores de la resistencia realista y consolidada la Independencia, desde Bolivia, el Libertador, aun precavido, obsesionado y consciente de los sufrimientos causados en su campaña, escribió a Santander, el 21 de octubre de 1825: “los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a cien años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos”. Sentencia que atenuaría tras sucesivas estancias en la ciudad, entre 1826 y 1830, al comprobar el despoblamiento y la miseria en que la guerra había dejado esa comarca y la melancólica tranquilidad de sus diezmados habitantes, comprometiéndose a procurar mermar tales padecimientos. Pero su orden de que Pasto debía ser “destruida hasta en sus elementos” y la referencia “los pastusos son los demonios más demonios que han salido de los infiernos", grabadas en la memoria de generaciones, contrario al culto en otros lugares de América, dejaron, en muchos pastusos, resentimiento y odio al “más tirano de los intrusos”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.