Por: Katerin Erazo, Periodista El primer mes del año terminó con un total de once líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia. El último caso reportado fue el 31 de enero, la víctima, Edilsa Andrade, lideresa campesina del sur del departamento del Cauca, quien hacía parte de la guardia campesina y había sido candidata al concejo municipal y parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), fue asesinada a unos metros de su casa por integrantes del grupo armado post FARC Carlos Patiño, quienes llegaron a su hogar y la sacaron a la fuerza de la vivienda para posteriormente asesinarla. Otro caso reciente se registró en la noche del 30 de enero, cuando dos sicarios le dispararon a Gerard Vásquez, precandidato a la alcaldía del municipio de Mogotes, Santander, por el partido de Colombia Humana. Varias figuras cercanas a Colombia Humana se pronunciaron rechazando este crimen. Sumado a estos homicidios, el 24 del mismo mes fue asesinado Arley Jaramillo Monsalve, comerciante y dirigente comunitario, quien, según la hipótesis de las autoridades, se había negado a pagar una extorsión en el municipio de Yarumal, Antioquia, y por esto fue asesinado. Según Catalina Lema Casallas, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación de los líderes y lideresas sociales es “crítica” en muchos territorios. Destacó el caso de Tumaco, Nariño, ya que allí las comunidades se encuentran, en este momento, en confinamiento forzado debido a la presencia de grupos armados como el ELN y el grupo de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. El fenómeno de asesinatos a líderes y lideresas sociales no es actual y se sigue manteniendo en unas cifras alarmantes. En el año 2020 fueron 199 los líderes sociales asesinados a manos de los diferentes grupos armados al margen de la ley que se reparten en el territorio nacional; esta cifra se redujo en el siguiente año, 2021, cuando se registraron 145 asesinatos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, el año 2022 fue clave para visualizar las pocas garantías de protección que se les brindan a los líderes y lideresas sociales, ya que se registró un total de 180 asesinatos ese año, siendo los meses más críticos febrero y mayo, con 18 asesinatos cada uno y octubre con 20. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, los seis departamentos en los que más se concentraron el 60% de homicidios contra líderes y lideresas sociales en ese año (2022) son: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca. Actualmente según el investigador nacional, los departamentos que mayor tienen presencia de grupos ilegales son: Cauca, Nariño y Antioquia. Teniendo en cuenta los casos más recientes, se cuestiona el cese bilateral al fuego al que algunos grupos armados, como las disidencias de las FARC, se habrían acogido con el Gobierno Nacional. Según Mauricio Valencia, para reducir los asesinatos contra líderes y lideresas, se debe tener lograr un cese multilateral, es decir, el cese de la violencia entre las mismas organizaciones ilegales, ya que a pesar de que hay un cese bilateral con el Ejército y la policía, los grupos armados aún mantienen confrontaciones entre ellos mismos por las disputas de los territorios, ocasionando muchas veces que la misma comunidad y hasta los mismos líderes sociales queden inmersos dentro de las dinámicas del conflicto (Ver: Colombia es el sexto país en el mundo con más víctimas de minas antipersonal). Cabe añadir que los protocolos para verificar y monitorear el cese al fuego bilateral todavía no estarían listos, por tal motivo las autoridades competentes no podrían verificar si ha habido alguna infracción o violación por parte de estos grupos armados, lo que deja mucho por pensar alrededor de si en realidad se está cumpliendo. Como medida de protección para los líderes y lideresas sociales, el Gobierno actual, desde el año pasado, ha implementado un Plan de emergencia con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos objetivos son: 1. Generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado en los municipios y regiones que concentran el incremento de agresiones. 2. Poner en marcha de una manera inmediata acciones de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización. 3. Iniciar la configuración de una política pública de garantías. Cabe añadir que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se vienen implementando garantías de seguridad para los líderes y lideresas, sin embargo, el Gobierno del expresidente Iván Duque no se acogió a las estrategias de garantías diseñados en el Acuerdo, sino que creó el Plan de Acción Oportuna (PAO), que, según Valencia, priorizaba una agenda enfocada en la seguridad y militarista, contrario al actual plan de emergencia de Petro, el cual tiene una visión más global del asunto, integrando tanto las medidas de protección como las instancias que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz y que habían sido relegadas por el Gobierno de Duque. Estas instancias son la Comisión Nacional de Garantías, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Sistema de Verificación e Implementación del Acuerdo y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según Mauricio Valencia, es importante que estas instancias tengan una interconexión, es decir, que todas estas estén en la misma sintonía con el fin de que en el momento de que ocurra alguna emergencia, se coordinen y actúen de manera oportuna. En el marco de la creación del plan de emergencia de Petro para la atención de los ataques contra la población civil también fueron creados los Puestos de Mando Unificado (PMU), los cuales tienen el gran reto de articular a la institucionalidad nacional, regional y organizaciones sociales para identificar entre ellos acciones efectivas y eficaces que permitan prevenir y mitigar vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de disputa territorial continua por parte de los grupos armados, el desarrollo de economías ilegales y la austeridad de los recursos económicos públicos (Ver: Se instaló el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en el Cauca). Según Valencia, aún no se podría dar un balance de si realmente este plan de emergencia de Petro está funcionando, sin embargo, dado a las cifras registradas en lo transcurrido de su mandato, es preocupante la situación y se espera que en los próximos meses este plan empiece a tener mejores resultados a mediano y largo plazo. Finalmente, según Mauricio Valencia, de 2016 a 2023 fueron asesinados aproximadamente 1.015 líderes y lideresas sociales. Como se mencionó anteriormente, se espera que con el plan del gobierno actual se den buenos resultados y se brinden garantías de protección y bienestar de manera prioritaria a los líderes y lideresas sociales del territorio colombiano.

Por: Luis Eduardo Celis En esta última década se han celebrado a lo largo de América Latina y el Caribe los dos siglos de la independencia del colonialismo español, portugués y francés, fundamentalmente. Son dos siglos de vidas republicanas que debieron ser mejor celebrados, por lo menos en cuanto a Colombia se refiere, donde los actos han sido más bien pocos y restringidos a los pequeños círculos de los historiadores, lo cual, siendo importante, debió concitar dinámicas en la escuela y las universidades, por solo mencionar dos espacios de la vida social que pudieron ser convocados para promover un apersonamiento con rigor de lo que significó la formación y desarrollo de estas jóvenes repúblicas que siguen buscando caminos de democracia y equidad. Hace pocas semanas se desarrolló en Argentina la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y El Caribe, la CELAC, instancia conformada en el 2011 ante la crisis de la OEA como un espacio para pensar y proyectar a este conjunto de países que compartimos una historia y en buena medida una lengua. En la cumbre de la CELAC, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en una integración basada en proyectos compartidos. Habló de asumirnos como una región libre de hambre, que fortalezca su potencial de producción de alimentos para el mundo, que asuma una industrialización truncada, que salga del extractivismo y le dé valor agregado a nuestros recursos, que trabaje por una transición energética compartida y que pueda relacionarse con los Estados Unidos y con todos los bloques regionales y potencias del mundo de manera más igualitaria, mediante la construcción de consensos regionales que nos permitan ser una voz fuerte en el mundo. El presidente Petro ha venido insistiendo en una acción coordinada desde América Latina y el Caribe para proteger la Amazonía con una política de protección compartida para poder negociar a nivel global las políticas que hagan viable la conservación de este importante ecosistema. Igualmente ha venido promoviendo la iniciativa de una acción conjunta para redefinir la política frente a las drogas y ha sumado a la agenda un diálogo sobre la migración, para lo cual ha concertado una conferencia en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda que estos temas son de interés mundial, y Colombia, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, puede concitar una acción de toda América Latina y el Caribe. Vamos a ver cómo se desarrolla esta ambiciosa y necesaria agenda en los próximos meses y durante el cuatrienio del presidente Petro, que se ha convertido en un líder con voz y propuestas en todos los escenarios internacionales a los que concurre. En América Latina y el Caribe hay efervescencia de propuestas y ánimo de avanzar en mayores procesos de integración, lo cual es una necesidad. Y la agenda marcada por el presidente Petro se constituye en una buena plataforma de acción conjunta sobre procesos de amplia envergadura como los ya mencionados. A final de este año se cumplen doscientos años del famoso discurso del presidente James Monroe, que ante el Congreso de los Estados Unidos trazó la política del supremo interés de ese país por ser plenamente activo en sus relaciones con América Latina y el Caribe para contener la presencia de otros poderes (en su momento de la acción de Europa en franco declive en nuestro continente, y asumirse como el gran líder, no solo en el continente, sino en todo el mundo, y a fe que lo lograron en el siglo XX). América Latina y el Caribe, y nosotros como República de Colombia, debemos seguir desarrollando una relación con los Estados Unidos sobre nuestros mutuos intereses y buscando una acción que sirva al conjunto de América. Y esto pasa por mucho diálogo y concertaciones difíciles. Ahora que se cumplen doscientos años de la famosa doctrina Monroe, es un buen momento para pensar en balances y proyecciones de la relación de América Latina en sus retos de integración y de la enorme y rica agenda que tenemos con los Estados Unidos. Aquí pueden escuchar la presentación del presidente Gustavo Petro ante la cumbre al Celac: *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nicolás León, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Durante el último año el sistema de transporte público Transmilenio ha sufrido un deterioro en lo relativo a la seguridad y convivencia. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica (SCJ) los hurtos a personas al interior del sistema pasaron de 2.859 casos denunciados en 2021 a 6.733 casos en 2022, lo que se traduce en un incremento del 135%. Como se verá a continuación, Transmilenio ha pasado a ser uno de los focos de los debates en torno a la seguridad y convivencia en Bogotá. Especialmente, portavoces del Gobierno Distrital han situado la problemática en torno a los colados. Por esta razón es prudente analizar la manera en la que se ha desenvuelto las estrategias y acciones emprendidas para enfrentar y mitigar la inseguridad de este medio de transporte. La situación actual Según las estadísticas de la Secretaría de SCJ, el hurto a celulares pasó de 1.968 casos en 2021 a 4.696 casos en 2022, representando un incremento del 138%. De 808 capturas que se hicieron al interior del sistema entre enero y noviembre de 2022, el 90% estuvieron relacionadas con hurto a la ciudadanía (Parra, 2022). Diversos expertos están de acuerdo en que uno de los factores que facilitan el accionar delincuencial en los sistemas de transporte público es la operación logística de los buses. Según Andrés Nieto, ex subsecretario de seguridad, la lenta circulación de las rutas y tiempos de espera prolongados en las estaciones crean un entorno proclive para los delincuentes. Por ejemplo, en horarios de hora pico en los que el flujo de personas aumenta, las estaciones terminan siendo un escenario ideal para modalidades de hurto como el atraco a mano armado o el cosquilleo. Otro factor (y en el que más énfasis ha hecho el Gobierno Distrital) tiene que ver con los “colados”. Según un estudio del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (2022), la evasión del pasaje de Transmilenio pasó de 16,7% en 2019 a 29,6% en 2022. El Gobierno Distrital enfatiza en el problema de los colados bajo dos argumentos: primero, un argumento económico, que afirma que la sostenibilidad financiera de Transmilenio es imposible con una tasa de colados que, no solo es alta, sino que parece seguir en aumento. Según el mismo estudio del IEU (2022), las cifras de evasión de pasajes se traducen en pérdidas cercanas a los 10.600 millones de pesos semanales. Segundo, relacionado con la seguridad y convivencia, que el control sobre las personas que ingresan y permanecen en la estación es muy poco, llevando a que el mal uso del sistema se haya ido convirtiendo en la norma general de los usuarios, lo que se traduce en un aumento de los índices de criminalidad y un desmejoramiento de los servicios (Forero, 2022). En este sentido, los “colados” se han convertido en uno de los focos de atención de la seguridad en Transmilenio y por esta razón las acciones y estrategias del Gobierno Distrital han estado dirigidas principalmente a evitar la evasión del pasaje de Transmilenio. Acciones y estrategias Para responder a lo anterior, Transmilenio diseñó, y empezó a ejecutar en mayo de 2019, el Plan Estratégico Antievasión que se compone de cuatro pilares: “prevención, cultura ciudadana, incidencia y corresponsabilidad; monitoreo y caracterización de la evasión; fortalecimiento de la infraestructura; y fiscalización” (IEU, 2022). Hasta el momento, lo anterior se ha reflejado en tres tipos de acciones: i) proyectos de pedagogía y socialización, en los que se quiere reforzar la llamada “cultura ciudadana”; ii) proyectos de infraestructura, específicamente de infraestructura “anticolados”; y iii) aumento del pie de fuerza de la policía en las estaciones. Pedagogía y Cultura Ciudadana Según el proyecto Cultura ciudadana en el sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S.A, de la Secretaría Distrital de Planeación (2019), la cultura ciudadana tiene el objetivo de generar buenas prácticas de respeto y solidaridad entre usuarios, así como la valoración y apropiación del sistema. Para lograrlo se proponen la ejecución de acciones enfocadas en la comunicación, la enseñanza y la promoción de la cultura ciudadana en el Transmilenio. De manera clara y directa, busca impactar positivamente la convivencia de los ciudadanos en el sistema de transporte. El proyecto, sin embargo, puede resultar ambiguo, considerando que dentro de las acciones que puedan “generar buenas prácticas de respeto, valoración y apropiación del sistema” pueden entrar un sinnúmero de acciones llenas de buenas intenciones, pero no necesariamente efectivas para mejorar la convivencia. Se ha evidenciado, por ejemplo, un aumento del número de gestores de convivencia que se encargan de apoyar la seguridad y control de acceso a las estaciones; también se ha visto otro tipo de acompañamiento en las estaciones que básicamente se trata de performances con los que aprueban o desaprueban las conductas de los usuarios en el sistema. Personajes como “el Combo Violeta”, “el Abuelo Toño”, “el Equipo T", “la Doctora C”, se han justificado bajo el discurso de la “cultura ciudadana”. En este punto, y luego de tres años de aprobación del proyecto, parece prudente hacer un balance sobre la eficacia e impacto de este tipo de medidas para el mejoramiento de la convivencia ciudadana que se pregunte sobre las expectativas y limitaciones del cada vez más confuso concepto de “cultura ciudadana”. Infraestructura En las últimas semanas el Concejo de Bogotá aprobó en plenaria un proyecto para construir estrategias que afronten la evasión del pasaje por parte de los usuarios. El proyecto tiene dos puntos fundamentales: el primero, la posibilidad de pagar las multas por evasión del pasaje con actividades pedagógicas y de trabajo social; el segundo, la instalación de nuevos sistemas de seguridad anti colados, específicamente de torniquetes de una altura de piso a techo. El proyecto, además, establece un lapso de máximo seis meses para que el Distrito implemente las medidas aprobadas. Sobre la instalación de las puertas “anticolados”, ya se ha avanzado en la instalación de estas en las estaciones priorizadas por el Distrito, algunos postes “anticolados” puesto en los separadores y la instalación de 1.318 cámaras de video vigilancia en lo corrido del 2022. Imagen de RCN Radio. 11 de enero de 2023 Imagen Noticias Uno. 19 de diciembre de 2022 Imagen de transmilenio.gov.co. 13 de agosto de 2018. Este tipo de proyectos preparan a la ciudadanía para el cambio de imagen que tendrían las estaciones de Transmilenio. La tendencia parece inclinarse a construir espacios más cerrados y con barreras de acceso cada vez más acentuadas, lo que, de entrada, facilitaría el control del acceso de las personas, pero podría traer otro tipo de problemas, por ejemplo, la dificultad de acceso de personas con movilidad limitada o, de manera general, la dificultad de apropiación de un espacio con un entorno de este tipo. Según lo acordado en el Concejo, para la implementación de estas estrategias el distrito deberá presentar un informe semestral en el que se evidencia el cumplimiento del proyecto y un balance sobre el mismo, por lo que habrá que prestar atención a la forma en la que puedan evolucionar este tipo de estrategias. Aumento de pie de fuerza Para el subcomandante de la Policía de Transmilenio, una de las estrategias para evitar casos de robo y otros delitos es aumentar el pie de fuerza en horas y lugares críticos. En este sentido, la Policía ha sacado una lista de 50 puntos críticos del Sistema Integrado de Transporte Público, compuesto por las estaciones que más casos de denuncias registran. Esto, sumado a la información de los horarios en los que se presentan mayor flujo de personas, han sido los fundamentos para aumentar el número de policías. Así, “500 hombres prestarán servicio diario en la operación de Transmilenio”, declaró el subcomandante, con la posibilidad de que pueda aumentar. Por ejemplo, a inicios del año como respuesta a las manifestaciones por el aumento del pasaje, la Policía Metropolitana llegó a disponer de más de mil uniformados en las estaciones. Durante 2022 se registró un aumento del 82% en capturas en flagrancia en hechos relacionados con Transmilenio. En contraste, la percepción de impunidad continúa siendo alta y ha llevado a portavoces a solicitar ampliar este tipo de estrategias, por ejemplo, implementado comisarías móviles que faciliten el procesamiento de la evasión como un delito. Observaciones finales En suma, las acciones y estrategias por parte de la Alcaldía se traducen en una serie de medidas que fluctúan entre la coerción y la pedagogía. Las medidas pedagógicas por sí solas parecen ser insuficientes para las necesidades del sistema, lo que hace que la balanza se incline hacia un enfoque predominantemente coercitivo de la seguridad, principalmente en el aumento de la presencia de fuerza pública y el discurso contra la impunidad. Para buscar resultados algo esperanzadores es necesario vincular las diversas estrategias con el conjunto de necesidades en torno a la seguridad urbana de toda la ciudad. Esto se traduciría, por ejemplo, en articular esfuerzos con el desescalamiento de las de la violencia urbana desde las capacidades propias de la institución policial, o también a las formas de renovar la imagen negativa de la Policía Metropolitana. De manera paralela, a pesar de que han existido esfuerzos institucionales por garantizar la óptima prestación del servicio y la generación de un entorno sano, pareciese que las medidas son insuficientes. Por tal razón, el Gobierno Distrital se decanta por la búsqueda de soluciones y narrativas que privilegian el reforzamiento del aparato policial y el fin de la impunidad. Referencias Bibliográficas - Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital (2019). Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/87_262_empresa_de_transporte_del_tercer_milenio_-_transmilenio_sa.pdf - Colprensa (2023). Esta es la alternativa para controlar a los colados en TransMilenio. Revista Cambio https://cambiocolombia.com/pais/esta-es-la-alternativa-para-controlar-los-colados-en-transmilenio - Cuatro años después, TransMiCable suma 29,6 millones de validaciones (2022). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/30/cuatro-anos-despues-transmicable-suma-296-millones-de-validaciones/ Estas son las estaciones de TransMilenio más peligrosas en Bogotá: habrá refuerzos en seguridad (2023). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/05/estas-son-las-estaciones-de-transmilenio-mas-peligrosas-en-bogota-habra-refuerzos-en-seguridad/ - Malaver, C. (2022) En TransMiCable no hay robos ni colados ¿Cuál es la clave del éxito?. Periódico El Tiempo https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-en-transmicable-de-ciudad-bolivar-no-hay-robos-por-que-720985 Parra, J.C. (2022). Seguridad en TransMilenio: más de 800 capturados en 2022 por diferentes delitos. Portal Bogotá.gov https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/en-2022-808-personas-fueron-capturadas-delinquiendo-en-transmilenio - Redacción Portafolio (2023). ¡Ojo! Estas son las 50 estaciones de TransMilenio más peligrosas. Portafolio https://www.portafolio.co/economia/transmilenio-las-50-estaciones-mas-peligrosas-en-bogota-576516 - Ramírez, O. (2023). Opinión: ¿Quién le pone freno a los problemas de Transmilenio? Periódico El Espectador https://www.elespectador.com/bogota/opinion-quien-le-pone-freno-a-los-problemas-de-transmilenio/ Sánchez, C. & Medina, M. (2022). Entre el 2019 y el 2022, la evasión en el pago de Transmilenio pasó del 16.7% al 29.6%. Instituto de Estudios Urbanos http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/entre-el-2019-y-el-2022-la-evasion-en-el-pago-de-transmilenio-paso-del-16-7-al-29-6#:~:text=up%2Dcoming%20events-,Entre%20el%202019%20y%20el%202022%2C%20la%20evasi%C3%B3n%20en%20el,pas%C3%B3%20del%2016.7%25%20al%2029.6%25 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (2022). BOLETÍN MENSUAL DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_bogota_2022_11.pdf Toro, J (2022). TransMilenio, en crisis por la inseguridad y los colados: ¿cómo se puede salvar? Periódico El Tiempo https://www.eltiempo.com/bogota/como-puede-mejorar-la-seguridad-en-transmilenio-segun-expertos-710159

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Lea la segunda parte de esta columna aquí. “Simón Bolívar, asesino del pueblo pastuso”, gritaba un grafiti en las paredes de Pasto por los días de las celebraciones del Bicentenario del Grito de Independencia en la Nueva Granada (20 de julio de 1810). Y es lo que opinan algunos historiadores nativos sobre los hechos acaecidos el 24 de diciembre de 1822, cuando las tropas del ejército patriota, comandadas por el Mariscal Antonio José de Sucre, con el temible Batallón Rifles en la vanguardia, y con reprobable sevicia retomaron Pasto por orden del Libertador para reducir la enconada resistencia de una sociedad que, en lealtad a la corona española, se había opuesto, una y otra vez, con triunfos, retiradas y derrotas, a ser parte de la causa republicana. Como tantas cosas de la historia centralista, épica y heroica construida sobre nuestro pasado, este hecho doloroso es desconocido o distorsionado y generó, en un sector de la comunidad pastusa, cierto resentimiento hacia una institucionalidad centralista impuesta, a la que con disgusto se fue adaptando con los años. En el centro del país (al norte), el hecho popularizó incomprensión y sorna contra los pastusos, actitudes que apenas empiezan a superarse gracias a aproximaciones explicativas que intentan profundizar en las causas, las relaciones y las emociones que motivaron las posiciones y actitudes que llevaron al desencuentro entre Colombia y Pasto. El afecto a la monarquía por los pastusos no estuvo exento de rebeldía, al punto que el primer pronunciamiento contra la Corona en la América española salió de la garganta del prócer Gonzalo Rodríguez, “El precursor de precursores”, muy pronto, en el siglo XVI. Violentas asonadas indígenas, duramente reprimidas, contemporáneas del sonado levantamiento comunero del Socorro, echaron para atrás diezmos, alcabalas y estancos en Pasto, Túquerres y Tumaco. La primera batalla por la independencia del subcontinente se libró en Funes. Las primeras heroínas de la causa libertaria fueron damas pastusas fusiladas por su apoyo a las huestes patriotas. Y, por si fuera poco, el pueblo de Pasto, a través de su cabildo, suscribió una declaración de adscripción a la emancipación y tuvo un gobierno republicano en cabeza del caleño Caycedo y Cuero durante diez meses, en 1812. En adelante, los desacuerdos con los propósitos reformistas del liderazgo patriota, que arriesgaban la autonomía comarcal derivada de una insularidad entre riscos, mas no aislada; una economía de supervivencia e intercambio, una vida austera sin sobresaltos; un vasallaje fiel simbólicamente recompensado con tacañería, grandes haciendas y tierras comunales en un mismo régimen; y un apego religioso fanático de indios, mestizos pobres y élite acaudalada, generaron una amarga época de cruentos enfrentamientos. Las tropas patriotas, desde la proclama de Independencia, en su afán de avanzar y expandir la enseña libertaria al sur, se toparon con una geografía intransitable y mortal, desde los demenciales calores del Patía, el vértigo del agreste cañón del Juanambú y un paso cundido de precipicios y esfuerzos inhumanos en la escalada en las proximidades de Pasto, “Las Termópilas de América”, describió el General Santander. También tuvieron que lidiar con un pueblo bravío, fiel y obstinado que durante varios años defendió hasta con las uñas su realismo. Milicias y tropa monárquica derrotaron a las fuerzas independentistas quiteñas en Funes en 1809 y Pasto en 1811. Derrocaron al breve gobierno republicano de Caycedo y Cuero, y repelieron las arremetidas, amenazas y actos que consideraron felonía del gringo Macauly, quien, ante el rechazo, ofreció reducir a Pasto a cenizas. Hechos que culminaron con el fusilamiento de estos personajes y decenas de oficiales patriotas. En mayo de 1813, las tropas de Antonio Nariño no pudieron llegar a “comer el pan que lo hacen del bueno” que les ofreció, pues fueron contenidas en las goteras de la villa, con la captura y destierro del precursor, en cuyo honor se levantó, en el siglo XX, una estatua en la plaza principal de Pasto, en un acto de reconciliación y nobleza de su gente. La ciudad fue centro de operaciones y apoyó con pie de fuerza la resistencia a la Primera República, la Reconquista de Morillo y los últimos esfuerzos realistas por frenar la Independencia. Tras el triunfo de Boyacá y la liberación del centro de la Nueva Granada, la estela victoriosa del ejército patriota se estrelló con la milicia pastusa en la Batalla de Genoy, el 2 de febrero de 1821, parando en seco la orden de Bolívar a Manuel Valdéz de someter a Pasto. Dosis similar le propinaron meses después, el 12 de septiembre, a los destacamentos del General Sucre, en la localidad de Guachi, cerca de Ambato, Ecuador. Con la victoria patriota en Pichincha, el 24 de Mayo de 1822, se revirtió la situación. El armisticio pactado con el ejército realista incluyó a Pasto pero sus habitantes se resistieron airadamente. El 7 de abril de 1822, en Bomboná, el ejército republicano al mando del Libertador confronta a los realistas en una agotadora y desgastante jornada que termina en tablas con la anécdota de los comandantes adversarios (Bolívar y García) procurando mostrar su preminencia. Durante semanas los enemigos se rondaron dándose tiempo. El comandante español Basilio García conocía del armisticio y maniobró para sacar ventaja de un trato con Bolívar, quien ignoraba las noticias provenientes de Quito. Finalmente, el 6 de junio, se firma la capitulación de los reductos monarquistas. Bolívar concede a los pastusos un tránsito sin vindictas al régimen republicano, respeto de la propiedad, y exención de tributos a los indios. A día siguiente, entra a Pasto con el avenimiento de las autoridades y personas de la élite, entre ellos el obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, quien, tras años de denostar y maldecir al “mismo demonio” y ofrecer a los antibolivarianos que de morir por la causa “entrarían con derechura al cielo”, en un cambio de bando digno de los tiempos actuales, y estimulado por el propio Libertador, para atemperar la iracundia popular, lo recibió con bendiciones. Desde el Ecuador, algunos mandos realistas en desbandada retornan a Pasto para intentar recuperar la ciudad, objetivo en el que instigan al levantamiento liderado por los militares José Benito Boves, Agustín Agualongo, Estanislao Mercanchano y otros indígenas, mestizos y negros enmontados que, en nombre del rey, “traicionado con la rendición”, mantuvieron en tensión la ciudad por varios años. El 28 de octubre de 1822 estalla la ofensiva antirrepublicana con la toma de Pasto y el nombramiento de Mercanchano como gobernador. Sucre y Córdoba, prestos para atacar al Perú, objetivo final de Bolívar para desterrar el imperio español, dieron la vuelta y avanzaron desde el Ecuador para sortear el escollo y fueron repelidos por Boves y su gente el 22 de noviembre, en Taindala, en el cañón del río Guaitara, cerca de Túquerres. Tras tormentosos esfuerzos, un mes después, la tropa patriota despoja a los insurrectos de esa ubicación, no sin antes padecer de nuevo las descargas de fusil y piedra de los indios parapetados en lo alto de la montaña, lo que excitó el rencor y ánimo de venganza por el inhumano sacrificio de combatir peña arriba en desventaja. Benito Boves y su gente corrieron en desbandada, Agualongo y Mercanchano se escondieron, dejando a la inerme población de Pasto a su suerte. La ira acumulada por los patriotas tras años de derrotas en “el país de los pastusos”; las bajas, deserciones y padecimientos en una ruta de espanto; el rompimiento inexcusable de una tregua que suponía el fin de la confrontación; y la angustia de Bolívar al ver a Pasto convertida en burladero a su ambición de gloria que sería coronada con una victoria patriota en el Perú —“...es la puerta del sur y si no la tenemos expedita, estaremos cortados por siempre; por consiguiente es de necesidad que no haya un solo enemigo nuestro en esa garganta”—, fueron factores que rebosaron la copa y la cordura. Antecedentes que explican, más no eximen ni justifican, la responsabilidad del mando patriota en la noche aciaga del 24 de diciembre de 1822. Vencidos los obstáculos de acceso y poseída por la rabia incontrolable, la tropa al mando de Sucre se dio a la comisión de todo tipo de excesos, actos aberrantes, robos, violaciones y una matanza demencial. El General José María Obando, que mutó de realista a patriota y en el inicio de la era republicana sería polémico protagonista de la historia de Pasto y el país, consignó en sus memorias: “No séd cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano como Sucre, el entregar a aquella ciudad a muchos saqueos, de asesinatos y de cuanta iniquidad es capaz la licencia humana”. La cifra de muertos, entre ellos ancianos, niños y mujeres, se calcula en cerca de 300, un genocidio en una ciudad que no superaba para entonces los 7 mil habitantes. La aversión al empeño bolivariano se acrecentó con las estrictas medidas ordenadas por el Libertador para asegurar la plaza, al entrar a la ciudad amedrentada en el despuntar del año nuevo de 1823, deshaciendo las promesas de buen trato suscritas en las capitulaciones. Destierros, alistamiento forzado en la tropa, tras engañar a los varones con ofertas de salvoconductos, confiscaciones y expropiaciones a favor de mandos castrenses, reimposición de tributos y horrorosas ejecuciones, fueron las sanciones aplicadas con saña por el inclemente Salom y otros oficiales designados por Bolívar, que así acicatearon la insubordinación en los sectores populares, ya que las élites avalaron el nuevo poder. No obstante, rasos alistados a la fuerza y oficiales pastusos, fueron fundamentales en la Batalla de Ayacucho, que selló la Independencia sudamericana. Se dice que las notas del bambuco La Guaneña y el inspirador grito “¡Paso de vencedores!”, del coronel José María Córdoba, fueron determinantes en la victoria comandada por el Mariscal Sucre en el Condorcurca. Durante un tiempo, una insoportable inestabilidad, en medio de asaltos y emboscadas, se convirtió en muralla impertinente para rematar la epopeya libertadora hacia el sur. La historiadora Marcela Echeverry sostiene que uno de los objetivos de los levantamientos “a no dudarlo, era impedir el encuentro de Bolívar con San Martín en Guayaquil”, que definiría los pasos a seguir para emancipar a Perú y consolidar la Independencia de la América de Sur de la dominación española. Pero más allá de ese propósito, acorde con la lógica de una rebelión en defensa del sistema imperante, a estas alturas también era indudable que en los realistas pastusos bullía un ánimo de venganza y supervivencia al saberse ante una amenaza de destrucción, dado que la consigna de los patriotas era imponerse sin concesión y a cualquier costo. En junio de 1823, los rebeldes realistas derrotan a Juan José Flores, toman Pasto, imponen su mando e intentan expandir la guerra al Ecuador; el 17 de julio, Bolívar vapulea cruentamente a Agualongo y su gente en Ibarra; el 18 de agosto, el adalid pastuso vuelve sobre Pasto y obliga la retirada de Salom y sus hombres; en diciembre, el general Mires desaloja con superioridad a los realistas; Agualongo, reducido, se dirige a Barbacoas en busca de recursos y un supuesto respaldo del ejército español desde el Perú, para ser finalmente derrotado, capturado y enviado a Popayán, donde fue fusilado, el 13 de junio de 1824, tras pedir no ser vendado y gritar a todo pulmón “¡Viva el Rey!”. Desde bien temprano en las aspiraciones emancipadoras de la Nueva Granada surgió la malquerencia de los mandos y autoridades republicanas hacia los pastusos, firmes en la defensa de la monarquía, sus creencias atávicas y las relaciones sociales imperantes. A los llamados patriotas a sumarse a su causa, los notables pastusos, y luego los irreductibles guerrilleros, respondieron con vehemencia que no era su propósito “mudar de sistema”, que las promesas eran engaños y que los dejaran tranquilos como habían vivido. A las conminaciones, respondieron con ardentía y orgullo: ¡aquí los esperamos! Posición que, junto con una tenaz resistencia con pocos rifles y muchos machetes, palos, lanzas y guijarros, los colocó en el bando de los peores enemigos. Con Numancia comparó Bolívar su templanza. Los intercambios epistolares sostenidos con intermitencia durante tres lustros, dan cuenta del escalamiento de las tensiones en un ciclo continuado de llamados, amenazas, rechazos, combates y pausas, cortas o largas, de nerviosa expectación. Hastiado con las respuestas de la contraparte, en comunicación del 6 de abril de 1814, Antonio Nariño advertía al Cabildo de Pasto adverso y contestatario: “… y por última vez digo a Usía muy ilustre, que si me hace un solo tiro, fiados en la indulgencia que he usado en todos los pueblos de mi tránsito, Pasto queda destruida hasta en sus fundamentos… Es preciso que antes de romper fuego, se decida abiertamente a hacer causa común con nosotros o a quedar destruida, y destruida de un modo que jamás pueda volver a ser habitada”. Amenaza a la que el Cabildo a su vez ripostó: “sería impertinente preguntar a Usía con qué autoridad viene a invadir a un pueblo que halla su conveniencia en vivir bajo las sabías y equitativas leyes del Gobierno español, porque por lo mismo se trata de invasión… puede Usía escoger a lo largo del Juanambú, el punto que le parezca más a propósito para terminar nuestras diferencias. En todos ellos encontrará Usía pastusos y encontrará víctimas generosas decididas a ser inmoladas sobre los altares de la patria…”. Una década después, ante el levantamiento popular realista que rompió el armisticio logrado luego de la Batalla de Bomboná, Bolívar, encolerizado, el 28 de junio de 1823 lanza una proclama virulenta: “la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición… Esta vez será la última de la vida de Pasto: desaparecerá del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rinden sus armas”. Y para no quedar en palabras, en Ibarra, enfrentó iracundo (se rumora que alicorado) la montonera de Agualongo, que vio caer ochocientos de sus paisanos. Ni las catastróficas derrotas, ni la evidente superioridad militar de los republicanos, amilanaron o hicieron claudicar a los pastusos. Las ofertas pacificadoras del General Santander, encargado del gobierno, y de Bolívar, al mando general de la tropa patriota en la cruzada libertaria del sur, consternada con el cruel empecinamiento y estorbo a los planes libertarios, eran rechazadas en forma delirante, pero cargada de dignidad y fidelidad. Una propuesta de Santander, del 6 de noviembre de 1823, en tal sentido, recibió la contestación estrambótica de Mercanchano: “no entraré en otra negociación, no siendo en la que Colombia rinda las armas y vuelva al rebaño donde se descarrió desgraciadamente, cual es la España y sus leyes; de lo contrario tendrán sus hijos la gloria de morir por defender los sagrados derechos de la religión, la obediencia al rey, su señor natural, primero que obedecer a los lobos carniceros e irreligiosos de Colombia”. En los estertores de la resistencia realista y consolidada la Independencia, desde Bolivia, el Libertador, aun precavido, obsesionado y consciente de los sufrimientos causados en su campaña, escribió a Santander, el 21 de octubre de 1825: “los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a cien años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos”. Sentencia que atenuaría tras sucesivas estancias en la ciudad, entre 1826 y 1830, al comprobar el despoblamiento y la miseria en que la guerra había dejado esa comarca y la melancólica tranquilidad de sus diezmados habitantes, comprometiéndose a procurar mermar tales padecimientos. Pero su orden de que Pasto debía ser “destruida hasta en sus elementos” y la referencia “los pastusos son los demonios más demonios que han salido de los infiernos", grabadas en la memoria de generaciones, contrario al culto en otros lugares de América, dejaron, en muchos pastusos, resentimiento y odio al “más tirano de los intrusos”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Lea la primera parte de esta columna aquí. El repudiable episodio de la “navidad sangrienta”, como tantos otros que degradan al ser humano en medio de la bestialidad de las guerras, ha servido en Pasto para fundamentar hasta el presente en el imaginario de algunos publicistas y jóvenes rebeldes, ávidos de héroes y mitos fundacionales propios, un contradictorio y obcecado antibolivarismo, a veces extremado con nostálgicas evocaciones monarquistas, y la exaltación fantasiosa de las hazañas de Agustín Agualongo. En la trampa antinómica cayó la regional sur de la guerrilla bolivariana Movimiento 19 de Abril, al sustraer de la Iglesia de San Juan Bautista los supuestos restos del valiente, leal e intransigente líder realista para reivindicar su rebeldía, en un operativo similar a la “recuperación” de la Espada de Bolívar en Bogotá con la que se dio a conocer esta guerrilla en 1974. Estos elementos antagónicos en su significado fueron devueltos por el M19 al gobierno con la firma de la paz en 1989. Antonio Navarro, mando del grupo y luego Constituyente, al parecer partícipe del mencionado “operativo”, en una iniciativa inexplicable como alcalde de la ciudad, propuso cambiar el nombre de la Plaza de Nariño (en honor al prócer traductor primigenio de los Derechos del Hombre y el Ciudadano) para honrar al caudillo monarquista y logró que así se nombrara una avenida vial. Y, en 2010, en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, siendo gobernador, Navarro decretó el “Año Agualongo”, en cuyo acto central se rindió homenaje a la urna mortuoria, retirada de la iglesia —a donde Navarro la había regresado— y trasladada, en desfile encabezado por él, a la plaza en la que se realizó una programación artística y académica y una misa campal bajo la enseña “Por nuestra tierra ¡Agualongo vive!”. Esa visión reivindicativa anacrónica de ribetes pasionales renace de cuando en cuando en el arte y la literatura, como en el caso de la novela La carroza de Bolívar de Evelio Rosero, publicada en 2012, en la que el escritor hermana al revolucionario Carlos Marx con el ultraconservador pastuso Rafael Sañudo —ambos autores de cuestionadas biografías por sus exageraciones y animadversión— para fundamentar la “desacralización” del patriota venezolano, desaprobar su causa, mermar su hazaña y cobrar cuenta de sus desafueros. La carroza “El Colorado”, del artesano Carlos Riberth Insuasty, ganadora de los Carnavales de Blancos y Negros de 2018, apela al nombre de un barrio, supuestamente llamado así por el río de sangre derramada aquella Navidad, para nombrar un motivo plagado de referencias condenatorias a Sucre y Bolívar y sus subalternos, aunque para otros no es más que la referencia al color del suelo de origen volcánico en las laderas del Galeras. Algunas canciones del grupo folk Bambarabanda, una cantata de Apalau motivada en el hecho y temas de otros conjuntos de música andina, son expresiones de protesta sobre la realidad actual, pero no dejan de reclamar a Agualongo como inspirador de su inconformidad. Desde la propia Pasto son ingentes los esfuerzos de intelectuales y académicos por orientar una apreciación que, más allá de los incidentes, a veces imposibles de eludir o justificar, como la “navidad triste”, valore la magnitud del empeño bolivariano por la libertad de las colonias americanas de España, sin dejar de censurar las tropelías de esa obsesión intransigente. Libertad que los pastusos de entonces identificaban con el derecho a proclamarse súbditos de la monarquía y algunos hoy reclaman para fundamentar una beligerancia progresista. Un oxímoron en una historia patria plagada de falsedades y contradicciones. Una nueva corriente de historiadores profesionales envía otras señales. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824), de Jairo Gutiérrez, premio Alejandro Ángel Escobar de Ciencias Sociales en 2007, desentrañó las raíces de la subordinación y la resistencia, con relación a la propiedad y los arreglos sociales en torno a la explotación de la tierra, en donde la defensa del haber comunitario se mantiene hasta hoy. Marcela Echeverry, a partir de las negociaciones y acomodos al interior de las relaciones monarquía-súbditos, señala que la de los indios pastusos realistas “estaba lejos de ser una actitud ‘ingenua’ y conservadora. Fue una opción política que los beneficiaba según sus posiciones de clase al interior de las comunidades”. De paso, refuta la historiografía patriótica que alimentó la escuela primaria de los colombianos, construida a partir de la discriminación y el supremacismo de la imposición republicana, basada en relatos de protagonistas parcializados como José Manuel Restrepo o José María Espinosa. Como sorpresa, en el bicentenario de la “navidad negra”, la historiadora pastusa Isabel Arroyo, con Pasto. Al borde de la Nación al centro de la historia (1822-1839), tesis doctoral y mención de honor 2020 del premio Alejandro Ángel Escobar, inscrita en las nuevas perspectivas de la historiografía, da un vuelco a la interpretación tradicional del realismo pastuso y de la forma como la región, que abarca a la ciudad, en sus demandas propias o como escenario de las reyertas políticas caudillistas, se integró, desde la periferia y, en muchas ocasiones, como epicentro, a la historia nacional. Da sustanciales pistas para comprender las motivaciones de las que un ilustre republicano calificó como “masas ignorantes y fanáticas”. Si se atienden bien los nuevos hallazgos, no tiene por qué extrañar que Pasto, y el departamento de Nariño, tras un exasperante conservadurismo, sean en la última media centuria, y a pesar de los hondos conflictos que los atormentan, un importante bastión electoral de izquierda y progresista, cada vez más abierto al país y al mundo, desde la revitalización orgullosa de su idiosincrasia y valores. Es hora de aceptar, que la “navidad sangrienta” es un hecho del pasado y que, como parte de Colombia, nos unen luchas por un mejor destino común. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez One man come in the name of love One man come and go One man come he to justify One man to overthrow In the name of love What more in the name of love? Canción de U2 (Pride, In the name of love) Un hombre viene en nombre del amor Un hombre va y viene Un hombre viene a justificar Un hombre para derrocar En nombre del amor ¿Qué más en nombre del amor? Mi primera columna del 2023 la ocupa un tema doloroso. El muy probable feminicidio de la colombiana Valentina Trespalacios a manos del norteamericano John Poulos. Al escribir el nombre de Valentina Trespalacios en el buscador de Google el día 31 de enero, nueve días después de su muerte, aparecieron cerca de 25.700.000 resultados en 0,57 segundos. ¿Qué consultar y sobre todo qué decir sobre el caso? Hago una lista de los elementos del video que publica la Revista Semana en el que se muestra al presunto feminicida saliendo de la escena del crimen hacia el parqueadero para escapar: las llaves, la cobija gris, el carrito metálico de mercado, la botella de agua, el ascensor, el automóvil blanco, el parqueadero, la maleta azul y dentro, se presiente, el cuerpo inerte de Valentina. John Poulos esperando el ascensor, llegando al parqueadero, bebiendo agua, de un solo envión levantando la maleta y depositándola en la cajuela del automóvil, subiendo al auto, retrocediendo y, finalmente, desapareciendo de la cámara. Muchos artículos hacen mención de los celos como el móvil de este feminicidio. Algunos, incluso, lo denominan crimen pasional, denominación que debería eliminarse del lenguaje periodístico a la hora de abordar un delito como feminicidio, que está tipificado en el código penal colombiano. En honor a la verdad, creo que la mayoría de los seres humanos por rabia o por dolor llegan a pensar en matar. Pero de ahí a ejecutar hay una distancia y lo que llega a mediar eso es la razón y la palabra. Según Sigmund Freud: “el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización”. El tema es que aquí no hay enemigo, sino un ser humano, una mujer que se convierte en el objeto obsesivo del deseo y se le elimina porque el feminicida se cree con el derecho de hacerlo y, lo peor, se le une un coro de voces en los medios de comunicación, en las calles y en las redes sociales que lo justifican. ONU-Mujeres Colombia presenta la siguiente definición de feminicidio: El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños, todos estos atravesados por las diferentes opresiones que viven las mujeres día a día. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. En el caso de Valentina estaríamos frente a un feminicidio de pareja íntima. Un novio que contrató a un investigador privado para seguir a su pareja y que planeó y ejecutó su muerte. Hay dolo allí, según el lenguaje de los abogados. Lo peor es que el caso de Valentina, aunque ha tenido un gran despliegue mediático, no es aislado. Según El Observatorio Colombiano de Feminicidios, se registraron 614 feminicidios en el país en 2022. Algunos han llamado el feminicidio como la pandemia silenciosa, y no están lejos de la verdad. De nuevo, según ONU-Mujeres, en 2021 unas 45.000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares (incluidos padres, madres, tíos y hermanos). Esto significa que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Las parejas actuales y anteriores son, de lejos, los autores más probables de feminicidio, ya que representan una media del 65% de todos los homicidios relacionados con la pareja y la familia. El feminicidio puede y tiene que evitarse. Implica el compromiso y el trabajo coordinado de las entidades del Estado, las organizaciones de mujeres y la comunidad para educar y prevenir, para endurecer las leyes contra los agresores y para fortalecer a las organizaciones que previenen, investigan y denuncian todas las formas de violencia contra las mujeres. Así que lo que toca es continuar levantando la voz, seguir denunciando, seguir educando, seguir pidiendo justicia y no aceptar bajo ningún argumento que en nombre del amor se nos siga matando. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Durante las últimas semanas, en el país se han registrado cuatro casos de activación de minas antipersonal, dejando múltiples víctimas civiles y militares. Dos casos de estos casos ocurrieron el 28 de enero. Primero, un soldado identificado como Edison Montes Riaño murió al caer en un campo mientras llevaba operaciones con el Batallón Terrestre No. 24 en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Ese mismo día, en Tumaco, Nariño, el líder indígena Awá, Berna Nastacuaz Pai, también murió tras activar una mina antipersonal cuando iba de camino a su casa en compañía de su esposa y su cuñado. Un par de semanas antes se registraron otras dos víctimas de activación de minas antipersonal. La primera con fecha del 15 de enero, una mujer Awá, quien activó una mina a pocos metros de la orilla del Río Mira, causándole esto un delicado estado de salud. El segundo caso ocurrió el 23 de enero. Luis Medardo Páez Guanga, un hombre de 82 años, quedó herido luego de haber activado una mina antipersonal mientras se encontraba transitando por el camino que conduce a su casa en la Comunidad La Hondita, del Resguardo Indígena Awá Piedra Sellada. Según Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas minas antipersonas son elaboradas por integrantes de grupos guerrilleros con el fin de impedir la avanzada del Ejército en ciertos territorios de interés, como aquellos en donde hay cultivos de coca o en los que se desarrollan diversas economías ilegales. Este tipo de armas violan derechos fundamentales de la población como a la vida, la libertad, la libre circulación o la seguridad, afectando su desarrollo social, económico y cultural. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la prohibición de causar sufrimiento superfluo o innecesario, el principio de proporcionalidad, así como la utilización de métodos de guerra que no discriminen entre civiles y militares, son los principales principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) violados por las minas antipersonas. Adicionalmente, el CICR señala que la agricultura, el transporte y los servicios médicos también son afectados por estos artefactos, ya que la agricultura no puede realizarse en un campo minado, la población civil no puede desplazarse sin correr altos riesgos y los servicios médicos se vuelven insuficientes, pues muchas veces no se puede brindar ayuda al alto número de personas que son víctimas por la activación de estos artefactos. Además de esto, la detonación de artefactos explosivos como las llamadas minas antipersonal (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE), generan fuertes impactos en el estado de salud de los ecosistemas. Alejandra Cifuentes, ingeniera ambiental, le dijo a Pares que las MAP y los MUSE afectan gravemente los suelos, ya que generan contaminación química y disminución de la disponibilidad de nutrientes y de la actividad microbiana, afectando también la disponibilidad de agua subterránea, pues luego de la detonación, se produce erosión y compactación del suelo, disminuyendo su capacidad para almacenar el recurso hídrico en las fuentes de agua subterránea. Según el medio de comunicación Caracol Radio, algunos grupos armados han comenzado a colocar minas en los árboles, utilizando las ramas para cubrir estos artefactos. El objetivo es que las minas exploten a la altura del rostro y en el tronco de la víctima. El teniente coronel Gerson Yohann Rincon, jefe del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos e Improvisados y Minas (CENAM), dijo en una entrevista con este medio de comunicación que esta nueva práctica no es habitual, sin embargo, se está extendiendo en el país. Estos artefactos, según el coronel, son instalados con un hilo de cirugía y ubicados, ya sea a una altura baja para que el zapato de la víctima lo active, o a una altura alta para que se enrede en el equipo del soldado y de esta manera explote en la parte superior de su cuerpo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura que entre 1990 y 2022 se registró un total de 12.170 víctimas de minas antipersonal. Específicamente en 2022 hubo un total de 123 víctimas de estos artefactos. Cabe añadir que esta problemática ha dejado heridas al 81% de las víctimas y el 19% de ellas han fallecido. Según indica la Oficina, Colombia es uno de los países del mundo en el que la fuerza pública se ha visto más afectada por los campos minados, pues el 59% de las víctimas de minas antipersonal son integrantes de la fuerza pública y el 41% restante corresponde a la población civil. Desde que se tiene registro de la activación de MAP y MUSE, en 493 municipios de los 32 departamentos del país se han registrado casos. Desde 1990 hasta 2022, los cinco municipios que han tenido un mayor número de víctimas, son: Tumaco (Nariño) con 376 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 372 víctimas, Tame (Arauca) con 350 víctimas, Tarazá (Antioquia) con 275 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 272 víctimas. Mientras que a nivel departamental, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los cinco departamentos con mayor número de víctimas son: Antioquia (2.645), Meta (1.152), Nariño (1.081), Norte de Santander (969) y Caquetá (946). Estas cifras demuestran que esta problemática sigue siendo vigente y que es una práctica que atenta no solo a la vida del ser humano, sino también a los ecosistemas. Hasta el año 2016, Colombia era el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de minas antipersonal. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el país actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo. Frente a esto, el investigador Francisco Daza mencionó que el Gobierno Nacional cuenta con diversas campañas para el desminado humanitario en ciertas zonas del país. Sin embargo, señaló que una manera “rápida” de acelerar el proceso es que en el marco de la política de Paz Total los grupos armados se vinculen a las campañas de desminado con el fin de que aporten información de dónde se encuentran estas minas.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 22 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios, una joven DJ influencer que tan solo tenía 23 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de un basurero ubicado en Fontibón, localidad de Bogotá. Según los resultados de la autopsia, Valentina murió por asfixia mecánica, es decir, por ahorcamiento. El principal sospecho es John Poulos, quien era la pareja sentimental de la víctima y fue la última persona en verla con vida. El señalado fue capturado en Panamá esperando tomar un vuelo hacia Turquía. Su captura se dio dado que varias pruebas indican que este hombre podría ser el presunto asesino de la joven. Según las autoridades, luego de recoger diversos testimonios de amigos y familiares de la víctima, este hombre mantenía una actitud posesiva frente a Trespalacios, incluso, habría contratado un investigador para seguirla. Asimismo, durante el arresto, las autoridades evidenciaron que John Poulos tiene heridas en su cara y cuello, al parecer, consecuentes de rasguños. Es por esto que organizaciones de mujeres y feministas han insistido a las autoridades en que este crimen debe ser investigado como un feminicidio y no como un homicidio, teniendo en cuenta que en la tipificación del delito de feminicidio del artículo 104A de la Ley Rosa Elvira Cely, este delito consiste en la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivo de su identidad de género, en casos en los que hayan concurrido algunas circunstancias que caractericen un estado de dominación o subordinación de la mujer hacia su presunto asesino. Es por esta razón que, según Mónica Godoy Ferro, antropóloga y maestra en estudios de género, este caso, teniendo en cuenta el artículo 104A de la Ley Rosa Elvira Cely, y algunas evidencias contra el sospechoso, es un feminicidio, pues una de las características que se evidenciaron fue el control sobre el cuerpo y la vida de la mujer. “Insistimos en que este caso sea materia de investigación bajo el tipo penal de feminicidio”, dijo Godoy. Este hecho consternó a todo el país, dado que no es el único que se ha registrado este año en Colombia. El primer feminicidio reportado durante este 2023 fue en el municipio de Yondó, Antioquia, en el que un hecho de intolerancia acabó con la vida de una mujer de 23 años de edad. A este registro en el primer periodo de este año, se le sumaron otros dos casos, uno en Itagüí y el otro en Medellín. En todos estos crímenes, la principal víctima ha sido la mujer y el principal sospechoso ha sido un hombre (pareja, expareja, compañero, vecino o familiar). En lo que va este año se han registrado, según la Fundación Feminicidios Colombia, más de cinco mujeres víctimas de feminicidio. Según esta misma organización, el año pasado se registraron 258 feminicidios. Los departamentos con más casos fueron: Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Cabe añadir que el Observatorio de Asuntos de Género ha señalado reiteradamente que las cifras reales de feminicidios no son fieles a la realidad que viven las mujeres en el país, esto debido a que muchos son aún catalogados erróneamente como homicidios. Este no es el único delito que sufren las mujeres de manera diferencial. Según el informe “Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género 2021 y primer cuatrimestre 2022”, realizado por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el SIEDCO registró entre enero y abril de 2022 un total de 9.327 casos de delitos sexuales contra hombres y mujeres a nivel nacional. De ese total, 7.619 casos se cometieron contra mujeres y niñas. En la capital, Bogotá, se observó que los delitos sexuales contra niñas y adolescentes son los que registran el mayor porcentaje de denuncias, los cuales se cometen en su mayoría en vías públicas. Según Mónica Godoy Ferro, los gobiernos muchas veces son indiferentes frente a este tipo de violencias diferenciadas. Un ejemplo de ello son los dos casos que involucran a hombres cercanos al gobierno actual; el primero es de un profesor de una universidad, el cual está siendo juzgado por acceso carnal violento agravado por la confianza; y el segundo es el de otro profesor, quien había sido designado como embajador en Emiratos Árabes. “Es una profunda indiferencia frente a este tema y cuando se trata de personas que son cercanas al gobierno hay silencios que son muy preocupantes, sobre todo en un país con las cifras de violencia sexual y feminicidios que tenemos en Colombia”. Godoy añadió que una manera efectiva de prevenir los feminicidios es que se tomen en serio las denuncias que realizan las mujeres, quienes buscan ayuda tanto en las autoridades como en otras instituciones, y también en la propia familia. Pues algo que se ha evidenciado es que muchas veces son cuestionadas e incluso las revictimizan, lo que ocasiona una mayor posibilidad de que la violencia aumente, pues cuando la mujer busca algún tipo de ayuda su agresor identifica, en su pedido de auxilio, una pérdida de control, es decir, se siente sin el poder de controlar el cuerpo de la mujer, por lo tanto, las mujeres corren un mayor riesgo al denunciar. Finalmente, se espera que las instituciones mejoren la atención y que las denuncias que las mujeres realicen sean escuchadas y atendidas antes de que se conviertan en feminicidios. Asimismo, que haya una mayor discusión social, cultural y ética en la sociedad, con el fin de poner en cuestión este tipo de violencias.

Por: Katerin Erazo, Periodista El lunes 23 de enero, las autoridades reportaron el asesinato de tres personas en Medellín. Una de las víctimas fue Mario León Artunduga, miembro de la comunidad LGTBIQ+ y exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Con estos asesinatos, Medellín sumó 22 homicidios en lo corrido de 2023, un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo de 2022. Durante este periodo (01 de enero al 23 de enero), las autoridades registraron el asesinato de cinco mujeres, lo que ha ocasionado gran preocupación, debido a que en el mismo periodo del año pasado no se había registrado ningún caso. Por esta razón, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, convocó un consejo de seguridad en el que se analizaron y tomaron acciones frente a los casos de asesinatos. Una de las medidas tomadas fue ofrecer hasta $100 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables de homicidios y hasta $200 millones de pesos por casos de feminicidios o de asesinatos contra población LGBTIQ+. A pesar de los hechos violentos reportados por las mismas autoridades de Medellín, el 24 de enero la oficina liderada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sacó un comunicado informando que durante cuatro meses, el Gobierno ha tenido acercamientos con grupos delictivos que operan en esta ciudad, y que por tal motivo, “han reducido actividades violentas” como torturas, desapariciones y asesinatos. Dichos acercamientos que, según el comunicado, han tenido con más de 12 grupos delincuenciales urbanos, tienen el propósito de construir una “paz urbana”, teniendo en cuenta la política de Paz Total a la que el Gobierno quiere llegar. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta propuesta de “paz urbana” deja abierta muchas dudas, especialmente de lo que significa una paz urbana en el marco de la Paz Total. “Para mí es bajarle a las hostilidades y a los enfrentamientos que hay entre organizaciones delincuenciales que se disputan territorios, no solo en Medellín sino en las grandes ciudades del país y en otros territorios urbanos de Colombia”, dijo el coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Este primer proceso de contacto entre el Gobierno y las organizaciones ilegales, llamado “fase de acercamiento”, ha tenido acompañamiento internacional, nacional, eclesial y académico, y en el marco de este se han sosteniendo compromisos por parte de ambas partes, compromisos que cuentan con mecanismos de verificación de reducción de la violencia. La oficina enfatizó que este proceso de paz urbana se ha realizado de manera discreta y es por esto que en el comunicado se reitera que todo este proceso de construcción de paz se dará a conocer con más detalles en un momento oportuno. “La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada. Así, tanto ciudadanos como grupos participantes contarán con todas las garantías de un proceso de paz urbana eficaz y transparente”, concluyó la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Isaac Morales mencionó que este comunicado da nuevas “luces” de que también se están avanzando diálogos y acercamientos con organizaciones delincuenciales de otro nivel, más allá de las organizaciones ilegales que se han mencionado comúnmente en los anuncios de Paz Total. Sin embargo, deja algunas incógnitas sobre cuáles son esos 12 grupos delincuenciales con los que el Gobierno ha estado teniendo un acercamiento en Medellín. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se comunicó con el alcalde de Medellín para saber su postura frente a este comunicado. Sin embargo, no fue posible una respuesta, pues según su jefe de prensa, este es un tema que por el momento está manejando el Gobierno Nacional. Cabe mencionar que Medellín y su área metropolitana ha sido una de las zonas mas complejas en temas de seguridad del país, esto se debe al control de economías ilícitas asociadas sobre todo con el narcotráfico y el microtráfico. Según el informe “Delincuencia organizada en áreas metropolitanas”, publicado por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, en los últimos cinco años, el SIEDCO reportó un total de 3.920 homicidios ocurridos en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, esta Línea ha registrado que durante el periodo 2022, en Medellín hubo 14.782 capturas, 28.275 hurtos a personas, 1.824 amenazas, 453 extorsiones y 381 homicidios. Por esta razón, en temas de seguridad uno de los principales retos que tiene el Gobierno en esta ciudad, y en general, es reducir todos los indicadores de seguridad, que para la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares no solo se trata de reducir los números, sino también de que haya una presencia mucho más integral de la institucionalidad en los territorios alejados y periféricos de las grandes ciudades.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 10 de enero en una vereda del municipio de Puerto Rondón, Arauca, se registraron fuertes combates entre el ELN y el ‘Batallón Héroes y Mártires’ de las disidencias de las FARC. El enfrentamiento dejó un total de 10 fallecidos, todos miembros de las disidencias, entre ellos alias ‘Solín’, cabecilla financiero de la facción de las disidencias conocida como el Frente 10. A causa de estos combates, en el municipio 12 comunidades quedaron confinadas y varios de sus habitantes se vieron en la necesidad de desplazarse para proteger sus vidas Según la Defensoría del Pueblo, estas confrontaciones se deben a una disputa por el control territorial, con el objetivo de apoderarse de los corredores para las rentas ilegales en el territorio, especialmente en la zona de la frontera con Venezuela. Los enfrentamientos entre estas dos organizaciones criminales no son nuevos. Iniciaron una guerra frontal el 02 de enero de 2022, en una serie de acciones que dejaron al menos 22 muertos al finalizar el año. Los municipios más afectados por esta confrontación son Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, lo que confirma que Arauca es actualmente uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Así, se cumple un año de fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca. Debido a esto, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al ELN y a las disidencias de ponerle fin a las confrontaciones en el departamento, pues recordó que el año pasado se registraron 352 homicidios a causa de esto. “Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales en este departamento para que muestren gestos de paz y se sumen al proceso de diálogo que viene impulsando el Gobierno Nacional. Urge un cese el fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca”, dijo Camargo. Por su parte, Danilo Rueda reiteró su invitación para detener la violencia y rechazó los hechos presentados. A este llamado se le sumó la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, quien reiteró que estos conflictos “deben parar”. El departamento de Arauca actualmente cuenta con la presencia del Frente Domingo Laín del ELN y los frentes 28, 45 y 10 de las disidencias de las FARC. Según investigaciones previas de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el mes de abril del 2022 fue el mes más violento que ha atravesado el departamento recientemente. En enero de ese año, 1.120 personas fueron desplazadas, mientras que febrero la cifra aumentó a 2.400. La niñez y la juventud fueron una de las poblaciones más vulneradas en 2022 en Arauca, a causa de la ausencia de menores en actividades escolares dados los enfrentamientos que se presentaron entre las dos organizaciones. Esta lamentable situación no es solo del año pasado, pues la guerra en este territorio viene ocurriendo desde hace más de cuatro décadas. Así lo menciona Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de Pares: “en Arauca hay sufrimiento y desastres todos los días (…) tantas heridas abiertas dejan esta dura realidad a transformar”. Debido a los conflictos que se han presentado históricamente en Arauca, Celis recalcó que en el Plan Nacional de Desarrollo deben quedar consignados dos temas principales: el mejoramiento de las vías para un mejor desarrollo de las actividades económicas; y el ordenamiento territorial. Por su parte, la respuesta del gobierno Duque fue restringir la movilidad en el departamento por medio de toques de queda y aumento de las fuerzas militares en la región, medidas que no tuvieron el mejor resultado, ya que aumentaron los hechos violentos en el territorio de Arauca. Celis también mencionó que a raíz de todas las confrontaciones que han tenido estos grupos armados hasta el día de hoy, el Gobierno Nacional debe tomar nuevas medidas que logren frenar la violencia. Además, Celis recalcó que sería un reto para el Estado, del cual se esperan prontas respuestas ante este desafío que ha afectado a la población. Hasta entonces, la población será siendo la principal víctima de esta situación, de la cual se esperará mayor ayuda humanitaria y presencia estatal en el territorio hasta que cese la violencia en Arauca.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó el pasado 30 de noviembre que el Gobierno y el Congreso de la República adelantan procesos y conversaciones para lograr una mediación entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca. Durante este año, Arauca ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia armada organizada por cuenta de los enfrentamientos entre las estructuras del Frente 28 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. Según el informe Habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este territorio la violencia ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo cual puede colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes o más alta. Los conflictos entre el ELN y las disidencias de las FARC son tan fuertes en Arauca que a inicios de noviembre, “Antonio Medina”, el jefe del Frente 28 de las disidencias, arremetió contra los miembros del ELN y sus colaboradores, dando la orden de asesinar a 300 personas entre miembros de esta estructura y colaboradores. Orden que fue levantada el pasado 29 de noviembre y que fue interpretada por Danilo Rueda como una muestra de que el mensaje de la Paz Total estaría llegando a quienes lideran las insurgencias en Colombia. El Gobierno ha tomado acciones para conocer la situación en esta región. El pasado 15 de noviembre, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, viajó con varias comisiones del Congreso a Saravena, Arauca, en donde analizaron la situación de derechos humanos, dado al aumento de violencia que se vive en esta zona por cuenta de actores armados ilegales y sus enfrentamientos con el Estado. Sin embargo, y a pesar de los anuncios de buscar una mediación entre ambas estructuras, todavía no es clara la estrategia concreta que el Gobierno ejecutará para lograrlo. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), algunas de las acciones que el Gobierno Nacional podría tomar es ofertar diálogos con los dos grupos armados; que el Ejército vele por la protección de las comunidades; y que la acción humanitaria se fortalezca. Para el investigador, será una tarea difícil que tendrá el Gobierno. Sin embargo, mencionó que si lo grupos armados tienen voluntad de paz y hay un diseño pactado entre ellos, las disidencias de las FARC y el ELN podrían lograr la distensión del conflicto. Para Celis es algo que puede tomar tiempo, “pero se puede lograr”. “No se van escatimar esfuerzos para lograr la Paz Total con todos los grupos armados de Colombia. Todos los mecanismos que permitan reducir la violencia y estén apegados a la Constitución y la ley son bienvenidos, ya estamos en conversaciones. La coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidad con la vida de los colombianos tenemos para dar respuesta a ese reto”, mencionó Danilo Rueda, el Alto Comisionado para la Paz. Recordemos que el 2 de enero inició esta guerra territorial en Arauca, con una acción armada del ELN en contra de integrantes de las disidencias de las FARC, dejando un saldo de 24 muertos en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. Arauca ha sido uno de los departamentos con mayor registro de asesinatos de líderes y lideresas sociales. En lo que va de este año, agentes armados han matado a 14 defensores de derechos humanos. De hecho, el caso más reciente ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando en el municipio Fortul fue asesinado Gildardo Alonso Ríos, líder comunal de la zona. Según la Defensoría del Pueblo, 300 personas han sido asesinadas en Arauca en lo corrido de 2022, una cifra muy superior a la registrada en 2021, cuando se registraron 171 casos. Además, se han registrado 47 secuestros y cerca de 19.100 víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, desapariciones forzadas, entre otros. Frente a estas cifras, Luis Eduardo Celis mencionó que se espera que el otro año haya una reducción de estos hechos violentos, teniendo en cuenta la reanudación de diálogos entre el Gobierno y el ELN, y también los procesos de mediación que el Gobierno está llevando a cabo entre el ELN y las FARC, con el fin de frenar los enfrentamientos entre estos grupos armados y lograr finalmente la política de Paz Total por la que el presidente ha venido trabajando.

Por: Katerin Erazo, periodista Un Consejo Distrital de Seguridad se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana de este martes 06 de septiembre, ordenado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se pronunció frente al hallazgo de cuatro cuerpos embolsados en Engativá y en la localidad de Suba el día lunes. Dos de ellos, según las autoridades, fueron desmembrados y repartidos dentro de 16 bolsas plásticas. En el consejo se trataron los temas de seguridad más críticos que se han reportado en Bogotá en las últimas semanas, como ha sido el hallazgo de cuerpos en bolsas de basura. La alcaldesa confirmó la cifra total de cuerpos embolsados (23), entre estos el último caso reportado, y asimismo el de una persona con 161 puñaladas, reportada el 27 de marzo. Según Claudia López, 4 de estos casos ya han sido esclarecidos y 9 aún llevan un curso de investigación. La mandataria local dio detalles del último caso registrado, asegurando que el grupo de criminalística y la Sijín de la Policía alertaron sobre un vehículo sospechoso ubicado en uno de los parqueaderos del barrio Bosque Calderón. Conforme a las autoridades, el automóvil identificado como un Renault Symbol color gris contenía sangre en su interior y rasguños en el asiento delantero. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este hecho hubo un alto nivel de sevicia con el que se quiere demostrar control territorial; es decir que seguramente alguna organización que tiene presencia en cierto barrio o localidad se disputa el territorio con otra organización, buscando mantener el control de las economías ilícitas, sobre todo del microtráfico. Morales resalta también que se debe hablar sobre la modalidad de asesinato que están utilizando estas organizaciones, debido a que otros grupos ilegales han cometido crímenes similares. Por esta razón, sugiere dos salidas; la primera es fortalecer los ejercicios de las actividades de inteligencia y contrainteligencia policial que permita conocer cómo funcionan las organizaciones delincuenciales de todo tipo; y la segunda es reforzar acciones de presencia policial en las localidades en que se registren estos hechos criminales. La alcaldesa Claudia López solicitó a la cancillería y a los embajadores de Colombia y Venezuela aislar a alias ‘Niño Guerrero’ y a alias ‘Giovanny’, líderes del “Tren de Aragua”, quienes están presos en la cárcel de Tocorón (Venezuela), pues la mandataria aseguró que estos personajes pueden estar coordinando estos hechos violentos en Bogotá. También pidió restablecer la cooperación de Policía Judicial para concretar investigaciones en curso, con capturas y judicialización de miembros de estructuras criminales. Finalmente, mencionó que para contrarrestar esta ola delincuencial se conformará un grupo multricrimen, conformado por 34 funcionarios de investigación criminal, diez (10) especialistas en inteligencia y diez (10) especialistas en contrainteligencia, orden que dio el presidente colombiano, Gustavo Petro.