Por: Katerin Erazo, Periodista El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó el pasado 30 de noviembre que el Gobierno y el Congreso de la República adelantan procesos y conversaciones para lograr una mediación entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca. Durante este año, Arauca ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia armada organizada por cuenta de los enfrentamientos entre las estructuras del Frente 28 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. Según el informe Habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este territorio la violencia ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo cual puede colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes o más alta. Los conflictos entre el ELN y las disidencias de las FARC son tan fuertes en Arauca que a inicios de noviembre, “Antonio Medina”, el jefe del Frente 28 de las disidencias, arremetió contra los miembros del ELN y sus colaboradores, dando la orden de asesinar a 300 personas entre miembros de esta estructura y colaboradores. Orden que fue levantada el pasado 29 de noviembre y que fue interpretada por Danilo Rueda como una muestra de que el mensaje de la Paz Total estaría llegando a quienes lideran las insurgencias en Colombia. El Gobierno ha tomado acciones para conocer la situación en esta región. El pasado 15 de noviembre, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, viajó con varias comisiones del Congreso a Saravena, Arauca, en donde analizaron la situación de derechos humanos, dado al aumento de violencia que se vive en esta zona por cuenta de actores armados ilegales y sus enfrentamientos con el Estado. Sin embargo, y a pesar de los anuncios de buscar una mediación entre ambas estructuras, todavía no es clara la estrategia concreta que el Gobierno ejecutará para lograrlo. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), algunas de las acciones que el Gobierno Nacional podría tomar es ofertar diálogos con los dos grupos armados; que el Ejército vele por la protección de las comunidades; y que la acción humanitaria se fortalezca. Para el investigador, será una tarea difícil que tendrá el Gobierno. Sin embargo, mencionó que si lo grupos armados tienen voluntad de paz y hay un diseño pactado entre ellos, las disidencias de las FARC y el ELN podrían lograr la distensión del conflicto. Para Celis es algo que puede tomar tiempo, “pero se puede lograr”. “No se van escatimar esfuerzos para lograr la Paz Total con todos los grupos armados de Colombia. Todos los mecanismos que permitan reducir la violencia y estén apegados a la Constitución y la ley son bienvenidos, ya estamos en conversaciones. La coherencia supone que todas las instituciones que creemos y que tenemos responsabilidad con la vida de los colombianos tenemos para dar respuesta a ese reto”, mencionó Danilo Rueda, el Alto Comisionado para la Paz. Recordemos que el 2 de enero inició esta guerra territorial en Arauca, con una acción armada del ELN en contra de integrantes de las disidencias de las FARC, dejando un saldo de 24 muertos en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. Arauca ha sido uno de los departamentos con mayor registro de asesinatos de líderes y lideresas sociales. En lo que va de este año, agentes armados han matado a 14 defensores de derechos humanos. De hecho, el caso más reciente ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando en el municipio Fortul fue asesinado Gildardo Alonso Ríos, líder comunal de la zona. Según la Defensoría del Pueblo, 300 personas han sido asesinadas en Arauca en lo corrido de 2022, una cifra muy superior a la registrada en 2021, cuando se registraron 171 casos. Además, se han registrado 47 secuestros y cerca de 19.100 víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, desapariciones forzadas, entre otros. Frente a estas cifras, Luis Eduardo Celis mencionó que se espera que el otro año haya una reducción de estos hechos violentos, teniendo en cuenta la reanudación de diálogos entre el Gobierno y el ELN, y también los procesos de mediación que el Gobierno está llevando a cabo entre el ELN y las FARC, con el fin de frenar los enfrentamientos entre estos grupos armados y lograr finalmente la política de Paz Total por la que el presidente ha venido trabajando.

Por: Katerin Erazo, periodista Un Consejo Distrital de Seguridad se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana de este martes 06 de septiembre, ordenado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se pronunció frente al hallazgo de cuatro cuerpos embolsados en Engativá y en la localidad de Suba el día lunes. Dos de ellos, según las autoridades, fueron desmembrados y repartidos dentro de 16 bolsas plásticas. En el consejo se trataron los temas de seguridad más críticos que se han reportado en Bogotá en las últimas semanas, como ha sido el hallazgo de cuerpos en bolsas de basura. La alcaldesa confirmó la cifra total de cuerpos embolsados (23), entre estos el último caso reportado, y asimismo el de una persona con 161 puñaladas, reportada el 27 de marzo. Según Claudia López, 4 de estos casos ya han sido esclarecidos y 9 aún llevan un curso de investigación. La mandataria local dio detalles del último caso registrado, asegurando que el grupo de criminalística y la Sijín de la Policía alertaron sobre un vehículo sospechoso ubicado en uno de los parqueaderos del barrio Bosque Calderón. Conforme a las autoridades, el automóvil identificado como un Renault Symbol color gris contenía sangre en su interior y rasguños en el asiento delantero. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este hecho hubo un alto nivel de sevicia con el que se quiere demostrar control territorial; es decir que seguramente alguna organización que tiene presencia en cierto barrio o localidad se disputa el territorio con otra organización, buscando mantener el control de las economías ilícitas, sobre todo del microtráfico. Morales resalta también que se debe hablar sobre la modalidad de asesinato que están utilizando estas organizaciones, debido a que otros grupos ilegales han cometido crímenes similares. Por esta razón, sugiere dos salidas; la primera es fortalecer los ejercicios de las actividades de inteligencia y contrainteligencia policial que permita conocer cómo funcionan las organizaciones delincuenciales de todo tipo; y la segunda es reforzar acciones de presencia policial en las localidades en que se registren estos hechos criminales. La alcaldesa Claudia López solicitó a la cancillería y a los embajadores de Colombia y Venezuela aislar a alias ‘Niño Guerrero’ y a alias ‘Giovanny’, líderes del “Tren de Aragua”, quienes están presos en la cárcel de Tocorón (Venezuela), pues la mandataria aseguró que estos personajes pueden estar coordinando estos hechos violentos en Bogotá. También pidió restablecer la cooperación de Policía Judicial para concretar investigaciones en curso, con capturas y judicialización de miembros de estructuras criminales. Finalmente, mencionó que para contrarrestar esta ola delincuencial se conformará un grupo multricrimen, conformado por 34 funcionarios de investigación criminal, diez (10) especialistas en inteligencia y diez (10) especialistas en contrainteligencia, orden que dio el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Por: Katerin Erazo, Periodista Barranquilla llegó a una cifra preliminar de 30 homicidios en lo que va este año, cinco más que en enero del año pasado. Los últimos homicidios reportados ocurrieron el pasado 29 de enero, cuando se registró una masacre en el barrio El Santuario, en donde cuatro personas fueron asesinadas por hombres que llegaron en moto a un establecimiento en el que las víctimas se encontraban viendo un partido. Además de los cuatro muertos resultaron heridas seis personas quienes fueron trasladadas a un centro médico. Los cuatro hombres asesinados fueron identificados como el policía Reinaldo Javier Orozco Picalúa, Hanner Andrés Guevara, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento. En respuesta a esta masacre las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que este hecho tendría que ver con una disputa por una ruta de cobradiarios entre bandas delincuenciales. Posteriormente, la Policía Metropolitana empezó a recibir un refuerzo de 1.700 hombres con el fin de evitar hechos violentos como este, además, la administración distrital informó que solicitó apoyo a la Presidencia para combatir la delincuencia en la ciudad. Por esta razón, pidieron acompañamiento del ministro de Defensa y del fiscal general. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), lo que está pasando en Barranquilla está relacionado con ajustes de cuentas entre organizaciones delincuenciales, las cuales estarían subcontratando a otras organizaciones más pequeñas para ejecutar el control de las economías ilícitas, extorsionando y asesinando, lo que ha generado fuertes tensiones por al interior de las estructuras. Cabe añadir que este hecho se suma a los múltiples homicidios que se han presentado no solo en este año, sino también en el pasado. Recordemos que en octubre de 2022 hubo un intercambio de disparos que dejó a dos personas muertas, y en septiembre de ese mismo año hubo una masacre en la que seis personas fueron asesinadas a tiros. Por esta razón se cuestiona si a la administración del alcalde Pumarejo le ha quedado grande la situación de seguridad en Barranquilla, pues, según Isaac Morales, cada vez que ocurren este tipo de masacres el alcalde cita un consejo de seguridad luego del cual no hay resultados concretos, “sobre las investigaciones que deberían estar orientadas a la inteligencia y contrainteligencia de estos grupos delincuenciales organizados en Barranquilla”, dice Morales. Janiel Melamed, doctor en Seguridad Internacional y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, le dijo a Pares que el mayor desafío para la seguridad ciudadana en esta ciudad gira alrededor de la complejidad de entender las diversas modalidades de actuación de estas estructuras criminales, dado que algunas tienen mayor connotación a nivel subregional. “Es importante destacar que esto requiere de la armoniosa articulación con las capacidades de apoyo desde el nivel central, especialmente en materia de investigación y judicialización”, puntualizó Melamed. Barranquilla es uno de los puntos geográficamente estratégicos más importantes de la Costa Caribe para las economías ilegales. El coordinador de seguridad de Pares mencionó que durante los últimos años han surgido nuevas organizaciones delincuenciales que están intentando apoderarse de los mercados ilegales de esta región. En este territorio se registra gran presencia de organizaciones ilegales como Los Rastrojos Costeños, Los Costeños y el Clan del Golfo. Cabe añadir que las localidades más complejas de Barranquilla son: Metropolitana, Sur oriente y Sur occidente, esto debido a que los grupos ilegales hacen una mayor presencia allí. Finalmente, Arturo García Medrano, ex personero distrital, abogado y analista en temas de violencia urbana y criminalidad, le dijo a Pares que la situación que vive el Atlántico es producto de un proceso histórico, debido a la evolución de la criminalidad violenta que no ha cesado en más de 40 años. García mencionó que estos hechos violentos muy probablemente no van a parar, ya que hay numerosas micro organizaciones posicionadas en el territorio, tanto en barrios como en municipios, las cuales en estos momentos muchas ni siquiera están del todo mapeadas por las autoridades. Por tal motivo, el panorama que ve García no es el mejor para este año.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico En la llegada a Colombia del señor John Poulos, quien fue capturado en el aeropuerto de Panamá por el presunto feminicidio de Valentina Trespalacios, la Policía Nacional colombiana hizo uso de unas “simbólicas” esposas púrpuras que, según dicen, representa “la justicia a favor de la mujer”. Este acto simbólico ha sido criticado por múltiples sectores feministas, dado que más allá del color de las esposas que le pongan en las capturas a los victimaros de las violencias contra las mujeres, lo que realmente se necesitan son medidas ágiles para el acceso a la justicia en estos casos, además de protocolos de atención inmediatos y ejercicios eficaces de prevención de las violencias basadas en género. Cuerpos y fragmentos de mujeres en basureros En marzo de 2022, en el relleno sanitario de Buenaventura, fueron halladas partes del cuerpo de una mujerque posteriormente fue identificada por las autoridades como Lina Liceth Rivas, de 22 años de edad. Un mes después, también en Buenaventura, las autoridades encontraron partes del cuerpo de otra mujer, en descomposición, en una bolsa de basura en la comuna 12. Así como en el caso de Valentina Trespalacios, los cuerpos de estas mujeres fueron hallados en basureros, lo que puede afectar seriamente el proceso de investigación de los crímenes. Es por esto que desde Pares Pacífico consideramos clave exponer un balance de las violencias basadas en género en Buenaventura en los últimos años: delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidios, feminicidios y desapariciones de mujeres; elevando un llamado urgente para que las autoridades respondan de manera ágil e implementen medidas profundas que vayan mas allá de responder con símbolos, como las esposas púrpuras. Cifras: violencia contra las mujeres en Buenaventura 2020-2022 Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en 2022 en Buenaventura se presentaron 199 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 86% corresponde a mujeres víctimas. Si bien se presenta una disminución frente los dos años anteriores, los números continúan siendo alarmantes dada la persistencia y desproporcionalidad de los mismos, destacando además el alto número de casos de esta violencia en 2020, año en el que vivimos las restricciones por la pandemia y que implicó estar la mayor parte del tiempo en las casas. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Lo mismo ocurre con el número de casos de delitos sexuales contra mujeres, que en el año 2022 sumó 106 casos, de los que el 76% de fueron contra mujeres, disminuyendo levemente en comparación a los años pasados. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva En la base de datos de Medicina Legal se encuentran detalladas las cifras de violencia de pareja, que para el año 2022 registró 108 casos en los que se evidencia un porcentaje aún mas alarmante, ya que en el 95% de los casos las víctimas fueron mujeres, respondiendo casi igual a las cifras de los últimos años. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa *cifras preliminares Ya para los delitos como desapariciones, el comportamiento se invierte, es decir, la mayoría de las víctimas son hombres, lo que podría tener correspondencia con las dinámicas del conflicto que se vive en Buenaventura y que en los últimos años tuvo un recrudecimiento. Se resalta que para el año 2022 las cifras preliminares que expone Medicina Legal muestran que seis mujeres se encuentran desaparecidas, claro que el número de hombres desaparecidos es alarmante, no obstante, las victimizaciones contra los hombres en contextos de conflicto no corresponden necesariamente a razón de su género. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa *cifras preliminares Así como con el número de desapariciones, para el caso de homicidios pasa igual, es decir, la mayoría de víctimas son hombres, lo que también puede tener correspondencia a la afectación por las dinámicas del conflicto entre grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio tanto urbano como rural, como lo hemos venido exponiendo desde la Oficina Pares Pacífico, y que para el año 2021 refleja un significativo incremento en el número de homicidios. Elaborado por: Oficina Pacífico. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Para el año 2022, de los siete homicidios en los que las víctimas fueron mujeres, se identificaron dos como feminicidios, frente a lo cual vale la pena resaltar que no todo asesinato de una mujer es catalogado como feminicidio, dados unos criterios específicos reconocidos en la Ley 1761 del 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo. Y según datos registrados por el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle del Cauca (OGEN), también en los años 2020 y 2021 se presentaron dos feminicidios por año en Buenaventura. Para el año 2022 hubo dos momentos de bastante consternación en Buenaventura, el primero fue el hallazgo de las extremidades de una mujer en el relleno sanitario de Buenaventura, que posteriormente se confirmó que sería de Lina Liceth Rivas, de 22 años; y el segundo momento, un mes después, se dio el hallazgo del tronco de otra mujer en la comuna 12. Si bien no se tiene conocimiento de que estos casos estén relacionados con el actuar de los grupos armados ilegales, la presencia de estos grupos en el territorio representa un riesgo aún mayor para las mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+, dado que en contextos de conflictos las violencias basadas en género son usadas como instrumento de control. Sobre las esposas púrpuras y la acción institucional Las esposas púrpuras corresponden a la estrategia denominada Bogotá Ciudad Púrpura que busca implementar acciones para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres, de ahí que el color sea simbólico como un ícono de la lucha contra dichas violencias. Sin embargo, las críticas por parte de sectores feministas contra este tipo de símbolos recae principalmente en que son necesarias medidas que atiendan de forma estructural las causas que hacen que las mujeres no puedan acceder a protocolos y repuestas institucionales ágiles. Ideal sería que las mujeres no vivieran situaciones de riesgo y que al vivirlas encontraran respuestas óptimas, que no sean revictimizadas por parte de las instituciones que deberían protegerlas y que encuentren la ayuda necesaria para cada caso particular. Por ejemplo, para el caso de Buenaventura, en 2019, con el acuerdo número 006, se creó la Secretaría de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos del Distrito de Buenaventura Urbano y Rural, la cual tiene como objetivo “establecer y consolidar herramientas y procedimiento que faciliten la protección y la garantía de los derechos de las mujeres y dé impulso a la transversalización de la perspectiva de género antirracista y el enfoque diferencial. Pero a pesar de haber sido creada en el año 2019, solo hasta mayo del año 2022 por primera vez en un Consejo de Seguridad Distrital se presentó un informe de violencias basadas en género, que contó con la participación de Edna Ruth Sarria, secretaria de las Mujeres, con apoyo de la Consultiva de Mujeres. Asimismo, el pasado 14 de octubre de 2022, en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), la Consultiva de Mujeres elevó una alerta sobre el papel que está llevando la Fiscalía en la recepción de denuncias, dado que se ha conocido sobre casos de mujeres jóvenes desaparecidas, además de acoso a niñas y adolescentes a las afueras de algunos colegios de la ciudad, que se teme correspondan a temas de trata de personas. Además, desde la Secretaría de las Mujeres se han hecho actividades pedagógicas en diversas zonas de Buenaventura, en las que han invitado a la comunidad a ser parte de los ejercicios de sensibilización sobre las violencias basadas en género. Por otra parte, en las plataformas donde se consolida la información delictiva en Colombia, como lo son la página web de Medicina Legal y la Policía Nacional, no se relaciona de forma independiente el delito de feminicidio, el cual es un delito autónomo desde el año 2015, lo cual dificulta los ejercicios de seguimiento a dicha problemática. Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva Ya el análisis de qué tan suficientes son las medidas que se toman en territorios como el bonaverense para enfrentar las violencias basadas en género debe estar acompañado de un seguimiento constante a los indicadores que reflejan el comportamiento de los delitos resaltados, así como también la evaluación periódica a las rutas de atención dispuestas, a los protocolos diseñados y a las autoridades receptoras de las denuncias y que además hacen acompañamiento a las víctimas. Recomendaciones no sólo de color púrpura Aun cuando es posible reconocer los avances que se han logrado tanto a nivel nacional como local para atender las violencias basadas en género, así como también resaltar la disposición de las entidades por implementar el enfoque de género en muchas de sus estrategias, es importante hacerles un llamado a las autoridades para que: - Fortalezcan los ejercicios de evaluación de riesgos a las mujeres que ya han denunciado ser víctimas de violencias basadas en género, con el objetivo de hacer un acompañamiento adecuado y así evitar los feminicidios. - Actualicen los sistemas de información, registro y caracterización de las estadísticas delictivas, para que se puedan facilitar los ejercicios de seguimiento a las violencias basadas en género, especialmente en el caso de los feminicidios y en las inconsistencias de la información que se pueden presentar entre entidades. - Dispongan mayores recursos para las entidades receptoras de denuncias de violencias basadas en género que permitan mitigar las situaciones que dificultan las denuncias. Además de reforzar los ejercicios formativos en temas de género a funcionarios y funcionarias, para así reducir las actitudes revictimizantes a las que se ven expuestas las mujeres y miembros de la población LGTBIQ+. - Incrementen las campañas pedagógicas para la identificación de las violencias basadas en género y el reconocimiento de los canales de denuncia a los que pueden acceder las víctimas de dichas violencias. Así como también pedagogía frente a qué hacer si se es testigo de escenarios de riesgo para las mujeres y comunidad LGTBIQ+. - Fortalezcan los canales de comunicación interinstitucionales para atender de manera integral a las víctimas de las violencias basadas en género, con especial cuidado cuando son casos que corresponden a violencias efectuadas por presuntos miembros de los grupos armados ilegales. - Revisen la posibilidad de declarar un estado de emergencia de género nacional, como lo han venido proponiendo diversos sectores feministas, con la posibilidad de adelantar acciones urgentes frente a la existencia de las violencias basadas en género. Finalmente, y de cara al año electoral local y regional que empieza, es crucial que se logre seguir posicionando en la agenda pública la importancia de la inclusión del enfoque de género desde una mirada interseccional en las propuestas y compromisos que asuman las candidaturas con la ciudadanía, para que se logre un gran acuerdo nacional que lleve a erradicar toda manifestación de las violencias basadas en género.

Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor Fundación Paz & Reconciliación Durante las últimas semanas, la cuestión de la explotación de hidrocarburos en Colombia se ha reducido a un debate fuertemente técnico e ideológico. Una conversación que, desafortunadamente, se ha visto atropellada por la falta de claridad alrededor de las reservas de gas y petróleo que tiene el país para hacer la transición energética. Lo que ha hecho de un tema que de por sí es complicado por sus múltiples aristas e implicaciones, terreno fértil para que los tecnócratas cosechen buena parte de la opinión pública a través de informaciones técnicas, difíciles de comprender. Frente a este discurso tecnocrático, el Gobierno Nacional, consciente de la importancia de aportar a la ralentización del cambio climático, quiere mantener una postura política fuerte contra la economía extractiva. Sin embargo, en diferentes momentos ha tenido que mostrarse flexible, no solo en cuanto a la falta de claridad alrededor de la hoja de ruta para la transición energética del país, sino por la crisis económica mundial generada por la reciente pandemia y la guerra en Ucrania, la cual, además de traer grandes dificultades, ofrece oportunidades de crecimiento para los países exportadores de hidrocarburos. Es cierto que la industria del petróleo representa para la economía colombiana, aproximadamente, el 5% de la producción (PIB), un poco más del 40% de las exportaciones y más del 80% de las regalías regionales. También es cierto que los científicos advierten, desde hace décadas, sobre la urgencia de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2025 para evitar una catástrofe climática planetaria. Pero hay que tener en cuenta que, en un país como el nuestro, con una economía extractiva que ha atropellado los derechos de miles de personas y que ha usado sistemáticamente la violencia para llevarse a cabo, la explotación de hidrocarburos es, sobre todo, un tema ético y político. Así nos lo hicieron ver Alexander Riaño y León Valencia en el libro La minería en el posconflicto, un asunto de quilates (2017), publicado por Ediciones B Colombia con el apoyo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el que se hace un recuento sobre los conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas desde el 2000 hasta 2016. En el texto se logran identificar, por lo menos, 179 conflictos mineros, de los cuales 59 están asociados a la industria petrolera (2017, p. 112). En el texto, Riaño y Valencia identifican y analizan problemas sociales derivados de la explotación minera, como los que hay por el acceso y uso del agua, entorno a las prácticas laborales indignas, sobre el uso de la tierra y la violación de derechos humanos, entre otros. Todos estos son fenómenos que se repiten, durante el período analizado, en departamentos como Arauca, Casanare, Meta o Norte de Santander. Regiones muchas veces precarizadas por el Estado, a pesar de las ricas regalías que la industria deja, que son acabadas a mordiscos por las élites corruptas nacionales y departamentales. Élites que solo miran a estos territorios cuando hay problemas de seguridad que impiden el flujo continuo del recurso para su exportación, acudiendo entonces a la fuerza pública, en el mejor de los casos, para mantener el orden, pasando, incluso, por encima de los reclamos y derechos de las comunidades que viven y trabajan para el petróleo, el gas, el carbón, el oro, etc. En síntesis, Valencia y Riaño nos muestran un sector minero con grandes problemas de gobernanza, tanto por los vacíos legislativos como por la debilidad institucional. Un sector económico que afecta fuertemente al país en lo social y lo político, pues afecta negativamente el tejido comunitario, ha generado desplazamientos forzados de comunidades, persecuciones al movimiento sindical (desapariciones, amenazas y asesinatos) y daños ambientales gravísimos. No se trata entonces de un tema meramente técnico, cargado de cifras, porcentajes y rentabilidades, ni del cambio climático y las conferencias de respaldo ante la ONU; se trata de comprender los múltiples intereses involucrados y contradictorios que se encuentran en la extracción de hidrocarburos en el país. Es decir, la extracción de los recursos, además de ser un tema económico importante a nivel nacional, es un asunto muy diverso y complejo socioculturalmente en los territorios involucrados en este proceso. En este sentido, el país debería volcarse a un diálogo nacional alrededor de este tema, teniendo en cuenta tanto los elementos técnicos, económicos y ecológicos, como el problema ético y político de fondo. De esta forma se estaría atendiendo la complejidad de intereses encontrados, sin primar unos sobre otros. Es necesario reconocer la importancia de la minería en el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático, pero también las formas de vida de las comunidades involucradas en las industrias extractivas. Estos temas sociales también deben de entrar en la discusión, más allá de tecnicismos.

Por: Raúl Cubas, Coordinador Odevida, Capítulo Venezuela No es una novedad que en Venezuela las organizaciones de derechos humanos o activistas que asumen el compromiso de defender el derecho a defender derechos, sean víctimas de amenazas, estigmatización e incluso de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, como es el caso de Javier Tarazona, de la organización Fundaredes. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), en su informe correspondiente al período 2017-2021, afirma que: “las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.” Cabe destacar que uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ “es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la tesis del Enemigo Interno”. Pero además de la persecución judicial, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente se enfrentan también a la violencia letal. El asesinato el 30 de junio de 2022 del guardián territorial Virgilio Trujillo Arana, indígena del Pueblo Uwottüja (Piaroas), por parte de un grupo externo armado (GEA) no identificado, generó preocupación y repudio de las comunidades piaroas, que exigieron el esclarecimiento del crimen y el establecimiento de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales. En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, expresó que las luchas que tienen los aborígenes por sus territorios, en contra de la minería ilegal, pistas clandestinas y hasta el narcotráfico, no son nuevas. “Hoy, los agentes oscuros del extractivismo fueron por Virgilio, en venganza por su compromiso de defender la Amazonía venezolana”. También la misión de la Unión Europea en Venezuela emitió un comunicado para condenar el asesinato del líder indígena en el estado Amazonas, en el que condena “el asesinato del líder indígena y activista ambiental Virgilio Trujillo. Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de los líderes indígenas, territoriales y ambientales en defensa de sus territorios, y a todos los defensores de derechos humanos”. Los niveles de violencia que afectan a los pueblos indígenas vienen siendo denunciados por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha registrado entre 2013 y 2022 un total de 40 líderes indígenas y ambientales asesinados, 25 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 15 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo grave del caso, es que en su gran mayoría estos crímenes permanecen en la impunidad por la inacción del Ministerio Público y por la anuencia o complicidad de algunas autoridades políticas y militares, que según lo denunció la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas “están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras”. Ante esta inquietante realidad, y en especial la que viven los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales, es necesario promover diálogos locales y nacionales con las autoridades para que aboquen a buscar solución para erradicar a los grupos externos armados (GAE) y poner en práctica una política social que incluya la participación de las organizaciones indígenas en proyectos productivos alternativos a la minería. Y por si todo esto fuera poco, ahora la persecución judicial en contra de la defensa de los derechos humanos, parece que va a arreciar en Venezuela. Dice un dicho popular: “cuando el río suena es que piedras trae”. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión el proyecto de “Ley de Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Mala señal. Amanecerá y veremos…

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la última semana de enero de 2023, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo Cardoso, entregó al país la buena noticia de que dos de las ocho unidades de generación que tiene la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) vienen funcionando los 24 períodos diarios por más de ocho días. Este es un anuncio que debería generar una gran fiesta y muchas alegrías entre las y los colombianos, sin embargo, en su lugar, ha provocado algunas críticas y varios cuestionamientos negativos. Sin duda, el anuncio de la operación de las dos turbinas es una magnífica noticia para todos los sectores del país, debido a las varias consecuencias positivas que tiene. Una primera es que por fin se dan señales claras de que esta megaobra –que se hace con recursos públicos y en la cual se invertirán, por lo menos, 18,3 billones de pesos– se mantiene como un activo de la nación que muestra buenos resultados, alejando, cada vez más, el riesgo del fracaso. La segunda es que, con la entrada en funcionamiento de esta hidroeléctrica, el país cuenta con 540 megavatios más –de los 600 potenciales que puede generar, pero que no produce por los riesgos que tiene esta primera fase–, lo que mejora la confiabilidad en el Sistema Interconectado Nacional. Esto equivale a decir que en la actualidad ha entrado al país a generar energía una nueva planta que contribuye con, por lo menos, lo mismo que entrega la emblemática hidroeléctrica de Guatapé. Tercero, que el anuncio comenzará a tener efectos positivos sobre las tarifas del servicio de energía eléctrica, lo cual beneficiará a todos los usuarios-clientes. El gerente de la empresa –apoyado en información de XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional– dijo que, en promedio, el precio del kilovatio en el mercado spot en enero de este año fue de 354 pesos; llegando, incluso, a 185. Cifra que si la comparamos con los más de 800 pesos que se pagaba en bolsa de la energía el año pasado es una magnífica noticia, pues reducirá en el mediano y largo plazo el precio de la energía. Y finalmente el cuarto motivo es que, con la puesta en marcha de las turbinas, el país está avanzando por el camino de generar energías limpias. Con Hidroituango, Colombia anda por el sendero de transformar la matriz energética. Y de continuar así, en noviembre de este año se tendrán otros 600 megavatios de energías renovables, que aportarán al control del aumento del cambio climático mundial. En breve, en la actualidad el país debería estar de fiesta, pues está en funcionamiento uno de los proyectos de la ingeniería colombiana más importantes de su historia. Está produciendo energía renovable y limpia, con lo que se avanza en la promesa de tener una matriz energética que aporte a la calidad ambiental. Y, al mismo tiempo, está trabajando en generar impacto en el bienestar de los colombianos, al tener, en el mediano y largo plazo, energía eléctrica más barata. Sin embargo, como se dijo, las críticas a esta noticia han venido de muchos lugares, en especial de los escépticos, que ya habituados a la contingencia del proyecto le creen poco a los anuncios de EPM. Los múltiples incumplimientos en los últimos cinco años han causado que la desconfianza en la empresa crezca. Este ha sido un período en el que se ha pasado de una situación donde se tenía alta estima a EPM a una situación donde se desconfía hasta de las noticias que son fácilmente corroborables y respaldadas por agentes externos. Pero tal vez el mayor responsable de esta situación son las enemistades que ha creado el alcalde Daniel Quintero. Desde que inició su mandato y asumió la presidencia de la Junta Directiva de EPM ha peleado con los tradicionales grupos económicos. Incluso hoy se está hablando de entregar a unas firmas chinas las nuevas licitaciones para continuar con las inversiones en la megaobra, lo que ha provocado que de nuevo se le critique y se enciendan las alarmas en su contra. Además, la buena noticia la da el alcalde Quintero en enero, justo al iniciar el último año de su mandato de gobierno, dando la impresión de que lo que está haciendo es anticiparse a una campaña electoral, capitalizando para aspirar él u otros miembros de su equipo a cargos de elección popular. Una actuación que ha sido muy común entre los mandatarios anteriores de la ciudad, quienes luego de gobernar han aspirado a la gobernación o a la Presidencia de la República –como lo hicieron Ramos, Fajardo, Gaviria y Gutiérrez–. Ante esta situación, la tarea que le queda a la empresa es trabajar para recuperar uno de los mayores activos que tenía: la confianza ciudadana e inversionista. EPM deberá hacer esfuerzos por alejarse –como lo ha buscado hacer desde su constitución como empresa autónoma en 1954– de los vaivenes de la política local y nacional. La Junta Directiva deberá trabajar en devolverle al país la credibilidad que debe tener la segunda empresa más grande del país –no solo pública, sino en general–. Como empresa de servicios públicos domiciliarios tiene mucho que aportar al país. Unos aportes que van desde el cuidado del patrimonio público hasta la contribución al medio ambiente planetario. Pasando, desde luego, por aportar al bienestar de los hogares con la justicia tarifaria y con el apoyo que puede darle el negocio de la energía a los otros servicios que atiende la empresa, como el acueducto o el aseo, que nos son tan rentables. Incluso, el buen desempeño de EPM puede enviarle señales al gobierno Petro de lo innecesario que puede resultar para el sector de los servicios públicos domiciliarios la intervención presidencial en la regulación de tarifas; pues cuando opera apropiadamente los actores del mercado, cumpliendo las normas que se le imponen, estos pueden generarse autocontroles que permiten, finalmente, la gobernanza del sistema y el logro del bienestar general. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El balance del trabajo con jóvenes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en 2022 no pudo ser más que positivo. Pares apuntaló su apuesta por los jóvenes con procesos formativos en liderazgo social y político, con enfoque de género, reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y territorial, en zonas de la geografía nacional históricamente olvidadas por el Estado. Nuestras Escuelas de Liderazgo en Buenaventura, Valle del Cauca; Pueblo Rico, Risaralda; Cúcuta, Norte de Santander, y el proyecto Juventud AGTIVA en Seis Municipios de Caquetá, dan muestra del genuino interés de nuestra organización por formar, direccionar, aconsejar y, sobre todo, provocar en los jóvenes deseos de participar en instancias de incidencia, toma de decisiones y ser protagonistas reflexivos y críticos de la coyuntura política y la vida nacional. Se dice a voces que este Gobierno, el primero de izquierda en Colombia, se le debe en gran medida a los jóvenes del país que en 2019 y 2021 atestaron las calles del país en masivas y sentidas protestas ciudadanas que reclamaban salud, educación, comida y dignidad, garantías para la protesta y un nuevo modelo de país viable para quienes serán y ya son los nuevos líderes y dirigentes del país. El Gobierno que comenzó en firme el pasado 07 de agosto, y que cumple sus primeros seis meses, sin embargo, ha dejado mantos de duda sobre las promesas hechas a la juventud. Una de ellas un punto de honor de toda la lucha, la eliminación del ESMAD como fuerza de contención del Estado, a la que ya no sólo no será eliminada, sino que se le ha cambiado de nombre y uniforme, una reforma tibia que intenta dejar contentos a ambos sectores, a los que predican la seguridad armada y a los que predican la libertad de protestar sin represión. Como diría la canción de Los Prisioneros: “nunca quedas mal con nadie”. Otra de las propuestas en las que se “patrasió” el Gobierno fue en la educación superior gratuita. Este tema de vital importancia en el debate nacional se ha quedado en las profundidades. El Ministerio de Educación poco ha sonado en estos seis meses y el ministro Gaviria no ha sido el principal foco de los medios. No se sabe a ciencia cierta hacia dónde va la educación de Colombia en este Gobierno y si habrá o no al menos la intención de una reforma profunda y estructural al actual sistema educativo. En los últimos meses el debate de las juventudes migró hacia la Paz Total. Los voceros de paz, el programa Jóvenes en Paz, los subsidios prometidos a los muchachos para que no se metan a bandas delincuenciales y así quitarle personal a esas organizaciones delictivas, son propuestas que intentan apagar los leños cenizos de un estallido que en cualquier momento puede volver a despertar. La primera señal del Gobierno en ese sentido, que duró poco, fue nombrar en la Alta Consejería para las Juventudes a la vallecaucana Gabriela Posso, líder juvenil proveniente del Estallido social que en Cali fue relevante y que dado su origen despertó inicialmente un entusiasmo desvanecido en los últimos días, debido a cuestionamientos sobre el Encuentro Nacional de Juventudes en Medellín, en donde además de intoxicaciones, la queja general fue el desconocimiento de las problemáticas más acuciantes de los jóvenes, la falta de recursos, la mala metodología, entre otras, hechos que empiezan a desanimar el reconocimiento de ese nombramiento y genera resistencia entre organizaciones colectivas de jóvenes que han quedado por fuera de las discusiones propuestas por el Gobierno. ¿Y cómo interlocutar con los jóvenes del estallido social si el anatema de ellos es “a nosotros nadie nos representa”? Afirmación que puede carecer de sentido pero que implica un esfuerzo por parte del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, a construir puentes distintos de interlocución con un sujeto político que ya no es individual, sino colectivo: organizaciones sociales de base juveniles, barriales, que hablan en combo y que todo lo dirimen en el grupo, que empiezan a desconfiar de los personalismos y que ponen en la superficie la necesidad de construir una interlocución que hable en pluralidad y diversidad representativa. En ese sentido aparece entonces una preocupación: ¿cómo llevar la Paz total al sector de los jóvenes del estallido social, es suficiente con el programa Jóvenes en Paz y los voceros de paz? Algunos de ellos representantes del estallido social en trámite de judicialización por delitos a bienes públicos, los voceros de paz, los gestores de paz, ¿debe reducirse sólo a los jóvenes que están en las cárceles, o se ha pensado extender esta propuesta a vocerías emanadas de los barrios y comunas donde perviven a la sombra y en silencio esas organizaciones que mantienen una resistencia en sus territorios, contrario a lo que se ha pensado? Nuestro trabajo como organización de la sociedad civil respecto a los jóvenes pasará entonces por continuar promoviendo procesos de liderazgo, encaminados a la construcción de la Paz Total. Para esto deberemos tener en cuenta figuras propuestas por el Gobierno como los gestores de paz. Hace poco fueron puestos en libertad siete jóvenes de la denominada primera línea que deberán trabajar sin remuneración en la construcción de la Paz Total, bajo la batuta de las recién creadas Comisiones Intersectoriales de Paz, decreto 2422, y la suma de todos los esfuerzos de organizaciones, colectivos y liderazgos que hemos mapeado, construido y ayudado a fortalecer desde Pares. El año pasado pudimos entender la necesidad de los jóvenes de encontrar modos de participar y de incidir. Este año direccionaremos estos procesos a convertirlos en protagonistas estelares de la Paz Total, llevándola a los territorios, al contexto de lo urbano y a buscar un proceso de reconciliación y saldo de la deuda histórica de años del Estado con la juventud.

Por: Alejandro Restrepo, Coordinador Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La bandera política de este gobierno ha sido la Paz Total. La propuesta es innovadora y ambiciosa: buscar definitivamente el fin de las paces parciales que han caracterizado los últimos cuarenta años de la historia del país, abriendo la puerta a negociaciones políticas y jurídico-políticas para organizaciones armadas políticas y puramente criminales, un péndulo que va desde el ELN hasta el Clan del Golfo, pasando por los grises más complejos de las llamadas disidencias de las FARC. Más allá de las buenas intenciones y la necesidad de intentar nuevas fórmulas para superar viejas violencias, la política de Paz Total de este gobierno implica grandes desafíos que podríamos llamar ‘estatales’ (por nombrarlos de alguna manera): los jurídicos, operativos y los de seguridad, principalmente en el nivel territorial. En el terreno estatal-institucional, esta política tiene como principal desafío integrar y articular los aprendizajes de las últimas décadas, principalmente los desarrollos del Acuerdo Final con las FARC referidos a la centralidad de las víctimas de violencias organizadas, la justicia transicional, la verdad, la reparación y la no repetición. En este sentido, el Gobierno Nacional tiene como principal desafío recuperar la legitimidad de la implementación del Acuerdo de Paz, minada por el anterior gobierno, e impulsar de manera decidida lo pactado como muestra de continuidad de los esfuerzos de paz y a modo ejemplarizante frente a otros grupos como el ELN, es necesario mostrar que la voluntad política puede traducirse en acciones concretas de paz. Dada la importancia que tanto el gobierno como el ELN le han otorgado a la participación social con perspectiva territorial en las negociaciones que adelantan, es preciso evaluar, retomar y fortalecer el proceso de planificación y gestión participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tuvo como resultado los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR) de las subregiones mayormente afectadas por la guerra en el país. Construir sobre la base de mecanismos ya desarrollados con una perspectiva crítica permitirá mayor eficacia en el proceso participativo y, a su vez, fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. En el terreno jurídico es urgente precisar el camino y los mecanismos de la negociación jurídico-política que se plantea con organizaciones criminales de alto impacto en el marco de la ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso de la República. Es decir, es necesario aclarar las competencias de los poderes ejecutivo y judicial frente a organizaciones criminales ¿Hasta dónde va el Gobierno y dónde empieza la Fiscalía General de la Nación? La falta de claridad de la legislación y la opacidad de los mecanismos y procedimientos de procesos de negociación con el Clan del Golfo, por ejemplo, ha sido utilizada políticamente por el fiscal Barbosa para dilatar la suspensión de órdenes de captura y posicionarse públicamente como defensor del orden institucional, a pesar de que en el gobierno pasado él mismo se declaró el segundo al mando en el país después del expresidente Duque Márquez. En materia de los desafíos operativos, la posición del Alto Comisionado para la Paz como director de orquesta de la Paz Total, como negociador y responsable de las aproximaciones con los grupos armados ilegales es, a todas luces, una misión imposible. Es preciso ampliar los equipos vinculados a la Oficina del Alto Comisionado y definir, de manera clara, los papeles que deben cumplir en función de los resultados esperados por la política de Paz Total. Paralelamente, uno de los desafíos que se identifican es definir claramente cuántas mesas de negociación se tienen en el país, quiénes son los y las negociadoras, cuáles son los mecanismos de verificación, con acompañamiento internacional, de los acuerdos suscritos, cuál es el papel del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación frente a posibles incumplimientos por parte de grupos armados ilegales; esto es particularmente importante cuando hoy el Clan del Golfo, en medio de un cese al fuego bilateral que se proponía para el alivio humanitario de las zonas bajo su influencia, está amenazando a líderes y defensores de DD.HH. De manera simultánea, la situación de violencia territorial y de inseguridad continúa con tendencia al aumento. Asesinatos de líderes (la Defensoría del Pueblo registra para 2022 la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz, llegando a 215) y excombatientes, masacres, desplazamientos y confinamientos por cuenta de confrontaciones entre grupos armados. Todo lo anterior ante la ausencia de una Política de Seguridad y Defensa que oriente la acción de la Fuerza Pública en el marco de la Paz Total. En conclusión, son múltiples los desafíos del Gobierno Nacional para llegar a la ambición de la Paz Total; pasar de la dimensión política a la operativa y reducir la ingenuidad son algunos de los aspectos fundamentales para culminar los procesos de paces incompletas. Por último, cabe señalar la necesidad de reforzar la política internacional en clave de Paz Total para fortalecer la acción conjunta frente al crimen organizado, reconociendo la lógica global del narcotráfico, tráfico de armas y la minería criminal, entre otras, y para incluir de manera más fuerte a Venezuela debido a la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC en su país, presencia que se extiende más allá de las fronteras y que ha impactado también a las comunidades del vecino país.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo La esencia de la ley de reforma a la salud que propone el nuevo Gobierno es el cambio del pagador. Ahora el dinero destinado a la salud la pagará el Estado directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), clínicas y hospitales públicos o privados. La prestación del servicio seguirá igual; las IPS no se van a acabar, los usuarios afiliados a Sanitas, Sura, Nueva EPS, etc., seguirán siendo atendidos en sus clínicas, y las personas del régimen subsidiado en donde regularmente van. Pretende la reforma desembolsar los dineros de manera directa al hospital, el cual recibirá los recursos sin intermediarios, para sufragar los aspectos laborales de su personal y los insumos que necesite (ello evitará paros por el atraso en recibir los pagos mensuales). Habrá un solo y único sistema de información en el que cualquier colombiano podrá ver el flujo de recursos y a quién y cuánto le pagan, evitando los favoritismos, amiguismos y corrupción, lo que sucede actualmente en algunas EPS. Actualmente, las EPS deben a los hospitales y clínicas de toda Colombia 16,6 billones de pesos, mientras que el Estado le debe a las EPS 2,5 billones. Esto es lo que genera los problemas de salud cuando se le da a administrar los recursos públicos a entidades privadas, la plata no les llega a los prestadores del servicio (IPS), afectando directamente a la comunidad. Con esta reforma a la salud, el Estado tendrá una estructura de supervisión y control de estos recursos, para lo cual se conformará en cada región un Consejo Territorial de Seguridad Social, compuesto por un funcionario del Estado, un representante de los trabajadores y uno de los usuarios. De igual forma, se diseñará toda una estructura de auditoría de cuentas médicas que eviten aberraciones tales como “el cartel de la hemofilia”, además de la descentralización de la Superintendencia de Salud con castigos severos y justos tales como (si encuentra una sobrefacturación o falsedad en cobros) la inhabilitación de las IPS para vender nuevamente servicios al Estado, además de implicaciones legales y penales. Aumentarán los recursos de la salud con el fin de fortalecer las atenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como saldrá el médico de su consultorio e irá a las zonas que nunca va, mediante el fortalecimiento de la atención primaria, sin dejar descubierto la prestación del servicio en las sedes de las clínicas y hospitales. Los tratamientos de alto costo seguirán siendo pagados directamente por el Estado, no cambiará su prestación, solo la forma de pago que será directamente a las clínicas y hospitales. Aquí se demuestra una de las ventajas, ya que no habrá EPS que le demore o niegue la autorización al paciente. El Estado se autorregulará con una relación directa con las IPS, a través de los comités de regulación, que evitarán el mal uso y el abuso de los servicios de salud, lo que se hará entre médicos pares y será obligatorio con una periodicidad de cada 15 días. Este sistema permitirá que se fortalezcan las IPS públicas, pues en caso de superar la capacidad instalada y su suficiencia en la prestación de servicios, deberán asociarse con IPS privadas adscritas a la Secretaría de Salud Departamental para solucionar las deficiencias de la red pública. Recordemos que el proceso de privatización de la salud con la ley 100, fue la aplicación en dicho sector del modelo económico, aperturista y neoliberal, impuesto en el país en los últimos 22 años. Desde la creación de la ley 100, hay más de cien EPS liquidadas y hoy no mejora la prestación del servicio, por el contrario, las administradoras de estos recursos llevaron a la quiebra a cientos más de IPS que en su momento prestaron buenos servicios a la población. Habrá un sistema de facturación en línea con una historia digital unificada y universalizada para todos los colombianos, de tal manera que el usuario que cambie de sede de residencia podrá portar su historia clínica y solo bastará con presentar su cédula de ciudadanía digital, la que permitirá el acceso a los servicios de salud en cualquier parte de Colombia. Las guías medicas de las IPS serán fundamentales para esa regulación que hará el Estado para evitar el mal uso y abuso de los servicios de salud, los gerentes se elegirán por meritocracia para todos los hospitales públicos, se reformarán las actuales y el examen será único a nivel nacional con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se iniciará con la formalización laboral, la contratación digna de los empleados del sector salud, evitando las nóminas paralelas en los hospitales y clínicas del país, las compras de insumos y medicamentos serán centralizadas, lo que permitirá una leal competencia de precios y calidad. Finalmente, reforzando lo anterior, habrá una regulación de tarifas que permita un control social de la inversión de los recursos públicos. Esta iniciativa del ejecutivo, para ser discutida, ajustada y votada por el Congreso de la República en conjunto con la laboral y pensional, tendrá bastantes detractores que por los grandes medios de comunicación vociferarán en contra de su espíritu. Es por ello que el presidente ha llamado a acompañar comunitariamente en grandes jornadas pedagógicas su entendimiento y defensa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este lunes una sentencia en contra del Estado colombiano por el exterminio del grupo político Unión Patriótica (UP). Durante la audiencia, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, concluyó la responsabilidad del Estado en la violación de derechos como la vida, la libre expresión y la asociación política, y el derecho a la honra y la verdad para el caso de la UP. La Corte reconoció que más de seis mil miembros de la UP fueron víctimas de graves y sucesivas violaciones de derechos humanos que iniciaron a partir de 1984 y fueron extendidas por más de 20 años. "La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica (…) como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo Pérez. El tribunal halló que el Estado colombiano fue responsable de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. Por esta razón, determinó durante la audiencia que el Estado deberá reparar a las víctimas. Algunos puntos mencionados para esta reparación fueron: El Estado tendrá un plazo máximo de dos años para que se impulsen y se reabran las investigaciones sobre los crímenes. Tendrá que organizar un acto público en el deberá reconocer su responsabilidad. Deberá construir un monumento en memoria de las víctimas y asimismo instalar placas conmemorativas en al menos cinco lugares públicos. Tendrá que instaurar un día nacional de homenaje a las víctimas de la UP. Además, para evitar una repetición, deberá realizar actividades de sensibilización al igual que un documental en el que rinda homenaje a las víctimas. "El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica", se precisó en el fallo. Tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos integrantes del partido y entidades que han acompañado a las víctimas se pronunciaron. Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que este es un día histórico para el país, dado que se escucharon, después de muchos años, las peticiones de una sociedad que esperaba “justicia por el intento de exterminio de un partido político”. “Lo que ha hecho la CIDH es darle una respuesta a la historia, memoria, verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición en nuestro país, nunca más un exterminio”, dijo Sánchez. Asimismo, Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica y representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, le dijo a Pares que se ha logrado un objetivo importante que es “superar la impunidad que se quiso imponer en el ámbito nacional”. Becerra señaló que ahora se debe luchar para que los contenidos que se plasmaron en la audiencia se cumplan y presentar un precedente para que estos hechos no se repitan. Becerra mencionó que el gobierno Petro cuenta con la voluntad política para acatar el fallo. “Esperamos que esto no sea fallo de papel, un fallo que simplemente quede consignado en una hoja, sino que tenga efectos en la sociedad y de esta manera haya memoria”, puntualizó Becerra. La Corporación Reiniciar, que está conformada por los sobrevivientes al extermino y trabaja por la defensa de los derechos de los integrantes de la UP, mencionó que por 30 años ha estado con las víctimas y que por tal motivo pide que se cumplan los puntos que la Corte impuso al Estado colombiano. Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo: “Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”, refiriéndose a este hecho por el que se ha luchado por años para que haya justicia. León Valencia, director de la Fundación Pares, aseguró que Aída Avella, presidenta de la UP, y Jael Quiroga, defensora de derechos humanos y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, han sido pilares para que se honrara a las víctimas y sobrevivientes de la UP y que este caso no quedara en el pasado. Cabe mencionar que La Unión Patriótica nació en 1985, luego de que integrantes de las FARC decidieran unirse a la política, esto, tras la firma del Acuerdo de Paz de la Uribe-Meta que se dio en 1984, pactado con el gobierno de Belisario Betancourt. La estigmatización y la criminalización fueron algunas de las razones por las que muchos de los integrantes de la UP fueron asesinados. Sin embargo, los que pudieron salvaguardar sus vidas se vieron obligados en ese entonces a exiliarse del partido. Según Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, el Estado no quiso proteger la vida de estas personas, por el contrario, actuó de una manera poco interesada. Ante los hechos violentos contra los integrantes de este partido, el Estado solo se ha hecho responsable de 219 víctimas, entre las más de seis mil que se mencionaron en la Corte. Actualmente la Unión Patriótica sigue siendo un partido vigente que recuerda a aquellas personas que dieron su vida por una idea de cambio en nuestro país. Este partido hace parte de la coalición del Pacto Histórico, lo que quiere decir que junto con la Colombia Humana, el MAIS y el Polo Democrático, son partido de Gobierno.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 23 al 29 de enero del 2023 Luego de la reunión en Caracas para tratar el impasse-crisis, generado por la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre un cese bilateral con el ELN, a la media noche del 31 de diciembre, esta semana lo más destacable en el proceso Gobierno-ELN se da en tres sentidos: 1. Las importantes declaraciones de José Félix Lafaurie en diferentes medios. Dio valiosos aportes sobre la importancia del proceso de negociación y lo que le puede aportar en positivo a los necesarios cambios que Colombia requiere. Entrevista con Yamid Amat: Semana Noticias: Caracol Radio: 2. La valoración positiva de la experiencia de Caravana Humanitaria desarrollada por Gobierno, ELN y organizaciones comunitarias, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y la comunidad internacional. En fotos: las zonas más golpeadas por la guerra a las que llegaron Gobierno y Eln, El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/dialogos-gobierno-petro-eln-fotos-de-la-caravana-humanitaria-por-zonas-en-guerra-en-bajo-calima-y-san-juan//?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_content&utm_content=boton_copiar_articulos Declaraciones del expresidente Ernesto Samper sobre el desarrollo de la Caravana Humanitaria: 3. Diversas organizaciones e instituciones dieron valoraciones sobre este proceso de diálogos y negociaciones. Iglesia colombiana habla sobre los avances en las negociaciones con el ELN en Caracas: ONU respalda los diálogos entre Gobierno Colombiano y ELN: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/onu-respalda-los-dialogos-entre-gobierno-colombiano-y-el-eln/ 4. Capturas, combates y hechos diversos que involucraron al ELN esta semana: Capturan a alias ‘Jesús María’, hombre clave en las finanzas del ELN: https://www.wradio.com.co/2023/01/24/capturan-a-alias-jesus-maria-hombre-clave-en-las-finanzas-del-eln/ Operativo del Ejército contra el ELN en Arauca: Tres viviendas incineradas dejan combates entre ELN y Autodefensas Gaitanistas en sur de Bolívar: Un muerto y un herido por combates entre disidencias y ELN en el Cauca: Un militar colombiano muere por la detonación de una mina del ELN: https://www.europapress.es/internacional/noticia-militar-colombiano-muere-detonacion-mina-eln-20230129171815.html Estamos a dos semanas del inicio del ciclo de México, el cual fue anunciado para el lunes 13 de febrero. Las dos partes se preparan para esa importante cita. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.