Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente, Gustavo Petro hizo pública este miércoles una importante reestructuración de su equipo ministerial, en la que se verán afectados siete altos cargos, entre ellos los responsables de las carteras de Hacienda, Interior, Salud y Agricultura. Con esta medida, Petro busca impulsar un nuevo rumbo en la gestión gubernamental y enfrentar los retos que el país tiene por delante. El anuncio se dio luego de que al mediodía de este miércoles, 26 de abril, comenzara el consejo extraordinario de ministros tras la solicitud de renuncia del presidente Petro a todo su gabinete. Los ministros que dejarán sus cargos son: José Antonio Ocampo, quien lideraba el Ministerio de Hacienda; Cecilia López, quien estaba a cargo del Ministerio de Agricultura; Alfonso Prada, quien dirigía el Ministerio del Interior; Carolina Corcho, quien era la ministra de Salud; Arturo Luna, el ministro de Ciencia; Sandra Urrutia, quien estaba al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Guillermo Reyes, quien dirigía el Ministerio de Transporte. En un comunicado hecho por el primer mandatario, anunció la incorporación de siete nuevos ministros y el cambio de director para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El nuevo gabinete estará encabezado por Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, Jhenifer Mojica como ministra de Agricultura, Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, Yesenia Olaya como ministra de Ciencia, Mauricio Lizcano como ministro de TIC, William Camargo como ministro de Transporte y Carlos Ramón González como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Al finalizar este comunicado, Petro agradeció el compromiso y trabajo cumplido de los ministros y ministras salientes y destacó que su apuesta por el diálogo y el pacto ha sido rechazada por algunas dirigencias políticas tradicionales y del establecimiento, pero que seguirán adelante con su programa y su vocación de grandes acuerdos nacionales. Según Esteban Salazar, coordinador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “el presidente escogió el camino de sacar a los conservadores y los de la U del ejecutivo, mientras mantiene a los liberales, esperando seguramente a que haya una escisión de este partido”. El día de ayer, 25 de abril, el presidente había anunciado un “replanteamiento del Gobierno”. Asimismo, declaró que Colombia necesitaba con urgencia “un gobierno de emergencia” para afrontar la situación actual del país. En un evento público celebrado recientemente, Petro reiteró su postura y dio por terminada la coalición de Gobierno que incluía a los partidos tradicionales. La situación se pone tensa debido al tropiezo sufrido por la sesión del debate de la controvertida reforma de la salud en la Cámara de Representantes, donde no se alcanzó el quorum necesario. Aún quedan debates pendientes en la Cámara de Representantes para que esta reforma sea aprobada, pues falta el primer debate en Comisión Séptima. Cabe destacar que Petro tenía una coalición de gobierno en el Congreso que aprobó su reforma tributaria el año pasado. Sin embargo, se esperaba que la colación lo apoyara también en sus proyectos actuales, como la reforma de salud y las reformas laboral y pensional, pero los partidos Liberal, de La U y Conservador emitieron comunicados en Twitter en los que dejaron claro que no votarían por la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, señaló que la situación en torno a la reforma es incierta y habrá que esperar para conocer su desenlace. Según Pérez, los liberales sostendrán una reunión el próximo lunes para decidir si seguir adelante o no con esta iniciativa. Asimismo destacó que las reformas, especialmente la de salud, quedarán en una especie de limbo debido a los cambios en la cartera ministerial encargada del trámite y negociación, tras la salida de la ministra de salud y el ministro del interior. Finalmente, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, interpretó el anuncio de Petro como una señal de autoridad, en la que él se proclama como el presidente y que no está dispuesto a negociar su agenda de cambio. Además, Garzón destacó que Petro busca formar un gabinete que esté más alineado con su visión y la realidad que él experimentó durante su mandato como alcalde de Bogotá. Según ella, Petro está buscando un equipo que no represente un obstáculo para llevar a cabo las ideas que tiene en su agenda. Además, con la reciente salida de algunos ministros y ministras del gabinete, Daniela Garzón expresó su sorpresa, ya que consideraba que algunos de ellos, como Ocampo o Cecilia López, habían realizado un buen trabajo y poseían una amplia experiencia que les permitía ser autoridad en el consejo de ministros. Garzón mencionó que todavía quedan dos funcionarios destacados en el gabinete, Jorge Iván González del DNP, quien está liderando la agenda para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, e Iván Velásquez, quien en “todo caso se ha pegado bien a la idea que tiene Petro de la seguridad humana”. Por otro lado, la investigadora nacional señaló que entran ministros de bajo perfil, que son un poco más “desconocidos” pero que están más cercanos a la agenda del Gobierno. Estos son los perfiles de los nuevos ministros del Gobierno de Petro Ricardo Bonilla: es el nuevo ministro de Hacienda y anteriormente se desempeñó como director de Findeter. Es economista y ha sido docente en varias universidades. Además, fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá y ha asesorado al presidente en diferentes temas económicos. Luis Fernando Velasco: el nuevo ministro del Interior, actualmente es consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es abogado y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública. Fue representante a la Cámara y senador, y ejerció como presidente de esta última corporación en la legislatura 2015-2016. Jhenifer Mojica Flórez: es la nueva ministra de Agricultura y anteriormente se desempeñó como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y ha hecho parte de diversos procesos relacionados con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. William Camargo Triana: es el nuevo ministro de Transporte y actualmente es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es ingeniero y tiene una maestría en Planeación Urbana. Además, está cursando un doctorado en Dirección de Proyectos. Tiene experiencia en proyectos de movilidad sostenible, planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales, ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y sistemas inteligentes de transporte. Mauricio Lizcano: es el nuevo ministro de las TIC y actualmente es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Es abogado y tiene una especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos. Fue representante a la Cámara y senador de la República. Además, ha ocupado varios cargos públicos, como el de secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Guillermo Alfonso Jaramillo: es el nuevo ministro de Salud y anteriormente fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá. Es médico cirujano y tiene estudios en cirugía cardiovascular y cardio pediátrica. Además, ha sido representante a la Cámara, senador de la República y gobernador del Tolima. Yesenia Olaya Requene: es la nueva ministra de Ciencia, es oriunda de Tumaco, Nariño, y tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University, y cuenta con amplia experiencia en investigación en los campos de estudios afrolatinoamericanos y educación inclusiva. Carlos Ramón González: nuevo director del Dapre, es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Ha tenido una destacada trayectoria política en diferentes cargos públicos, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, concejal de Bucaramanga y director de partidos políticos como Alianza Democrática M-19 y Partido Verde.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Nacido en Popayán (Cauca), Luis Fernando Velasco es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representante a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022. Ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Jhenifer Mojica Flórez es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule Zape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Ricardo Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter). Es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional, y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015, y ha asesorado al presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Carlos Ramón González es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; representante a la Cámara entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19 entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Camargo es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa un doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez. Camargo cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados con ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

Por: Mónica Castillo Díaz, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Este contenido también fue publicado en Las 2 Orillas El domingo 23 de abril se llevaron a cabo las elecciones a nivel de nacional de los precandidatos de la Colombia Humana –partido que hace parte de la coalición del Pacto Histórico– a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas administradoras locales. 26 mil militantes en 536 municipios participaron de la consulta interna que definió a los representantes de la Colombia Humana que harán parte de la consulta para elegir a los candidatos de la coalición del Pacto Histórico, prevista para el 04 de junio. En varias regiones del país se vieron resultados sorpresivos, como fue el caso del precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Rubén Fernando Morales Rey, reconocido, entre otras cosas, por haberse desempeñado como segundo juez laboral del circuito de Bucaramanga y quien falló el 09 de junio de 2022 en un proceso en contra de Rodolfo Hernández, quien cobró protagonismo en el panorama político nacional tras su candidatura a la presidencia en 2022, apoyado por varios sectores de la derecha. La demanda laboral, radicada en 2017 por un exempleado de su empresa familiar Hernández Gómez Constructora S.A. –HG Constructora S.A.–, fue un punto de quiebre en la carrera jurídica de Morales, quien presentó su renuncia como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga en octubre de 2022, luego de denunciar persecución judicial y política en medio de la campaña presidencial de Hernández, antes de proferir el fallo. El ahora precandidato Morales denunció al abogado Eduardo Pilonieta –defensor de Hernández– de ofrecerle presuntamente un soborno por mil millones de pesos, según varios medios, solicitándole aplazar la audiencia que se llevaría en contra del excandidato presidencial y que lo obligaría a pagar una multa por 170 millones de pesos. Días antes de conseguir su pensión, y tras negarse a recibir dicha suma de dinero, Morales manifestó en varios medios que estaba recibiendo amenazas de muerte y persecución, por lo que asegura que le abrieron 14 procesos disciplinarios y recibió diversas amenazas anónimas de muerte. Así las cosas, en medio de una protesta inusual, el abogado renunció a su cargo disfrazado de cardenal de la inquisición, con una campana y haciendo un exorcismo a la rama judicial. ¿Quién es Rubén Morales? El abogado santandereano se desempeñó como juez del Palacio de Justicia de Bucaramanga durante más de 30 años. Actualmente ejerce como docente universitario en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Cooperativa y como decano de la Facultad de Derecho de la Uniciencia de Bucaramanga. Frente a su labor como juez laboral poco se sabe; sin embargo, en las múltiples entrevistas que dio en medio del escándalo por el soborno, se asume como un hombre entregado a la justicia, en varias ocasiones manifestó que “su vida se acabó por ese proceso” y que es “un perseguido político por obrar correctamente”. Su renuncia no surgió únicamente por las presiones de las amenazas, sino que, según él, para poder denunciar libremente casos de corrupción por parte de funcionarios. El exjuez candidato Hasta el pasado 23 de abril no se sabía de sus aspiraciones a la Alcaldía de Bucaramanga ni de su militancia en la Colombia Humana, posterior a su renuncia como juez. Como se conocía desde las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, el único candidato fuerte para participar en la competencia por la Alcaldía de Bucaramanga era Carlos Sotomonte, con el apoyo de la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas. De los resultados oficiales de la consulta interna de la Colombia Humana, Morales consiguió poco menos de la mitad de los votos, de los 272 totales obtuvo 124, enfrentándose a Andrés Álvarez Suarez (70), Elmer Rojas Sánchez (20), Nelson Fonseca Patarroyo (11), Álvaro Román Álvarez Claros (5) y Jaime De Jesús Barreto Barrios (5). Lo anterior supone que Morales ha conseguido diferencias de voto significativas con relación a los demás aspirantes, a pesar de que no se trata de un número de votos significativo. No obstante, habrá que ver cuál será su apuesta en su primer ejercicio político, que según su cuenta de Twitter gira alrededor de su trayectoria jurídica: “Llegó el juez”. Esto podría ser un punto a favor en la medida del aumento de las quejas de la población en general frente a la efectividad del sistema judicial, aunque su fuerza política no se muestre hasta ahora determinante. ¿Cuáles son sus probabilidades? Ahora bien, la elección de Morales como representante de la Colombia Humana, en un contexto conservador como el santandereano envía un mensaje sobre lo que sería la posible alianza entre el partido y Rodolfo Hernández. Esto resulta clave en la medida en que, pese a que la militancia de la Colombia Humana en Santander es baja –la cantidad de votos da cuenta de esto–, fueron ellos quienes realizaron fuerte oposición a la candidatura de Hernández a la Presidencia, a pesar de que el departamento sea su bastión político, pues solo en las elecciones presidenciales de primera vuelta Hernández recibió allí 784.054 de los 1’176.605 votos del departamento; mientras que para Petro fueron apenas 244.837. ¿Y la alianza Rodolfo y Pacto Histórico? Durante las elecciones presidenciales de 2022 Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron férreos opositores, situación que se intensificó cuando Hernández logró entrar a disputar la presidencia en la segunda vuelta. No obstante, en la medida tomada por Petro de establecer vínculos estratégicos con los políticos más influyentes del país, realizó acercamientos con Hernández, que llevaron a suponer una posible alianza, neurálgica en el departamento, dada la popularidad del santandereano, no solo entre la derecha del país, sino con diversos sectores, teniendo en cuenta que Hernández alcanzó incluso mayor votación que la que llevó a Iván Duque a la Presidencia de la República. Lo anterior ha generado varias incógnitas alrededor de la posible alianza entre algunos integrantes del Pacto Histórico, incluyendo los acercamientos del presidente Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, teniendo en cuenta que, según comentarios del mismo excandidato presidencial en conversaciones con otros lideres políticos de la región, él sería el candidato que apoyaría la Presidencia a la Gobernación de Santander. Esto supone varios puntos importantes como, por ejemplo, la afirmación de que el presidente apoyaría esta candidatura, que pareciera ser una mera estrategia discursiva, dadas las limitaciones del presidente Petro y la imposibilidad de generar apoyos en campañas políticas. Ahora viene la cuestión de si los avales de la Colombia Humana se orientarán hacia intereses propios del partido y no a propósito de los compromisos estratégicos que tienen previamente establecidos. En ese caso, si la elección de Morales trasciende en la consulta del Pacto Histórico, esto dejaría dos escenarios posibles: uno en el que, de ser sólida la alianza entre esta coalición y Rodolfo Hernández, este último se vea en la obligación de apoyar a quien lo denunció en plena campaña; u otro en el que simplemente el Pacto y la Liga Gobernantes Anticorrupción tomen caminos opuestos. De suceder esto último muy seguramente va a dar paso a efectos contraproducentes en la misión del Pacto Histórico de establecer su representatividad a nivel regional y local en las elecciones de este año, teniendo en cuenta el favoritismo en este departamento hacia Rodolfo Hernández y la escaza consolidación del Pacto Histórico en la región.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD en el Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia, como ocurre en la inmensa mayoría de países del globo, prima la economía popular. Esta es una forma de organización económica del trabajo autónomo, caracterizada por la independencia laboral, en la que las personas deciden sobrevivir con su propio trabajo y producir para el autoconsumo, el intercambio o la venta de bienes y servicios. En nuestra realidad, este tipo de economía pulula por doquier. Son aquellos pequeños negocios manejados, generalmente, por una persona o dos de un mismo grupo familiar o comunitarios. Son pequeños emprendimientos dedicadas a asuntos mercantiles —como producción, distribución y comercialización de bienes y servicios— y no mercantiles —actividades domésticas o comunitarias—. Como ejemplo de esto tenemos en las grandes ciudades las personas que se dedican a manejar un taxi o un Uber, a recorrer las calles como vendedores ambulantes o por catálogo, a elaborar productos de panadería o confeccionar ropa. También los hay por millones en el campo: dedicados a cultivar mandarinas, a criar gallinas, a levantar ganado o a producir café. En total, según la última Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) —donde se registra la información sobre emprendimiento e informalidad— al nivel nacional se tenían, para el cuarto trimestre del año pasado, 5,3 millones de micronegocios —que ocupan entre una y nueve personas—. Un rasgo importante de los micronegocios es que el propietario del negocio también trabaja en él con el fin de sostener el proyecto productivo y darle a su núcleo familiar, comunitario o asociativo, una vida digna. Lo que significa que estos trabajares(as) independientes son propietarios(as) y controlan las actividades para las que trabajan. Otros rasgos importantes de la economía popular es que se distancian de la gran empresa, en la medida en que no basan la producción en la explotación laboral, no buscan la producción en masa —pues no tienen capacidad para ello— y no es posible la acumulación de capital, pues los ingresos que recibe el negocio generalmente solo da para la sobrevivencia de las personas que están vinculadas a la unidad económica. Este es el mundo real y concreto en el que viven la mayoría de colombianos y colombianas. Una economía popular que sirve para mantener y sostener alrededor del 80% de las familias en Colombia, que ocupa a más de 21 millones de personas —de los 24.9 millones que están económicamente activos en el país— y genera alrededor de 55 billones de pesos en la producción nacional —según datos para 2021—. Estas cifras y otras han sido las que motivaron al gobierno para que, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incorpora en el artículo 58 el apoyo a la economía popular. La idea presentada allí es ofrecer a los pequeños emprendimientos, en especial los del campo, créditos que les permita salir de una necesidad financiera —como ajustar los recursos para comprar insumos o tener algo para comer mientras pueden vender sus productos—. Es un fondo de financiamiento de 6 billones de pesos para la economía popular que se llamará Open Finance. Recursos que se destinarán inicialmente a los pequeños agricultores o campesinos, pero que buscarán extenderse. La idea es proponer un modelo financiero para que puedan acudir a él los 21 millones de micronegocios que hay en el país. Esta es una idea que ha sido probada hace ya varias décadas en otras regiones del mundo. Fue popularizada y defendida con éxito por Muhammad Yunus, el fundador del Grameen Bank o Banco de los Pobres, quien difundió un modelo de microcréditos a los pequeños emprendedores con la finalidad de luchar contra la pobreza. Este es un modelo que resultó tremendamente eficiente, debido a que las personas que se endeudan demostraron ser muy buenos pagadores. Para ellos los microcréditos que les ofrecería el gobierno o las organizaciones que los apoyan son una muy buena opción, si lo comparan con los paga diarios que les exigían el sector informal e ilegal. La idea en el Plan Nacional de Desarrollo es generar una política pública de alto impacto económico y social. Una que sea capaz, por un lado, de apoyar el empleo y el desarrollo de la economía, pues recordemos que los micronegocios emplean en Colombia más del 80% de la fuerza laboral, tanto formal como informal. Y, por el otro, reducir la pobreza. En el país la población que trabaja por cuenta propia, los independientes y los autoempleados son los que más problemas tienen para conseguir todo aquello necesario para la vida. Lo que busca el programa de préstamos es apoyar la capacidad de estos emprendimientos para generar ingresos y sobrevivir. También es una idea que pretende ofrecer opciones de ingreso al sistema financiero para quien no las tiene. En nuestra economía buena parte de los micronegocios tienen cerrada las puertas en el sistema financiero; solo el 30% de los 5,3 millones de microempresarios accedieron a la financiación formal luego de solicitar crédito. Finalmente, es una estrategia del Estado para luchar contra las organizaciones criminales. Una parte de las rentas ilícitas en el país procede de los cobros de interés que se le hace a los pequeños comerciantes por los préstamos 'gota gota'. La idea es que los necesitados ciudadanos acudan al apoyo institucional para prestar los 200 o 300 mil pesos y no a las mafias que cobran excesivos intereses. En conclusión, el Gobierno, mediante el apoyo financiero a la economía popular, le está enviando señales a la población —aquella que se le consultó y se involucró en los espacios consultivos— de que sus voces y propuestas fueron escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de este plan de desarrollo. Que el Gobierno tiene entre sus prioridades crear un sistema de acceso a crédito para los excluidos. A trabajar en cambiar el sistema financiero actual para que incluya a aquella población no bancarizada. Una población olvidada, marginada y muy necesitada que requiere que se cumpla la palabra de democratizar el sistema económico para asegurar la sostenibilidad económica, alimentaria y ciudadana. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Recorrer las regiones de nuestro departamento es la clave para identificar las necesidades, conocerlas, hablarlas con las comunidades y pensarse con ellas las alternativas. Pero no me refiero solo a las necesidades básicas insatisfechas que alimentan el cuerpo; otras, a veces más importantes, son las del alma. Y es por ahí que quiero iniciar, expresando que el aspecto que se debe recuperar es la confianza. Pasamos del valor de la palabra a enriquecer a los notarios, y aún así mucha gente trampea. Se han firmado acuerdos entre la institucionalidad y las comunidades, pero al irse el funcionario pareciera que se llevara el compromiso, algo así como que lo consensuado no fuera responsabilidad del Estado a través de su gobierno. Es necesario recuperar la vocación de servicio, entenderse el funcionario público, empleado o cualquiera otra categoría en la que se encuentre, como servidor, acompañante, puente entre la necesidad y la solución. Se precisa apostar a que lo esencial de la sociedad sea administrado por lo público, entre ellos los servicios básicos para la vida humana, mínimo vital para los sectores marginales de la comunidad que debe ser asegurado por el Estadp. Ello sin desconocer que estamos en un estado social de derecho que debe garantizar la existencia de la propiedad privada, la competitividad de quienes, con todo derecho, buscan la plusvalía como finalidad. En ese contexto, compete a la institucionalidad, con una concepción humanista, propender por la redistribución de la ganancia y su reinversión social en la prestación de los servicios públicos. Hay que pasar del discurso sobre la corrupción a enfrentarla, y todos sabemos que este cáncer no está en la etapa de la ejecución, se incuba en la elaboración de pre y pliegos de condiciones. Algunos asuntos urgentes en el Cauca: la vía al mar; la carretera Santa Rosa - Descanse - San Juan de Villalobos; el mantenimiento de toda la malla carreteable del departamento; el saneamiento básico en nuestro Pacífico Medio; el cuidado de nuestro Macizo; el turismo en nuestro Oriente; los acuerdos interétnicos e interculturales; los pactos sobre el uso y tenencia de tierras en el norte; y alternativas de sistemas productivos; en fin, todo esto es lo que entendemos en el Cauca como la Paz Total. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.