Por: Katerin Erazo, Periodista El 24 de abril se llevó a cabo la instalación oficial del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) temporal del cese el fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC). El mecanismo se estableció con el fin de garantizar la implementación y el cumplimiento de las medidas acordadas en el proceso de paz, en aras de una transición pacífica y efectiva hacia una Colombia más justa y segura para todos. El MVMV está integrado por delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y del EMC-FARC. Además, contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y, en calidad de observadores, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, como representante de la sociedad civil. Foto tomada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz durante reunión a puerta cerrada El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) tendrá la responsabilidad de vigilar y monitorear el cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y el EMC-FARC, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de no violencia y de protección a la población civil. Además, el mecanismo será el encargado de llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer cualquier violación a los acuerdos de paz y tomar medidas para prevenirlas. Es importante destacar que el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación comenzó a operar ayer en Colombia después de la firma de un acuerdo para su creación el 08 de febrero pasado, tal como lo informó el medio de comunicación El Espectador. Dicho acuerdo establece la presencia de equipos locales en varias regiones del país y una instancia nacional que sesione en Bogotá. Además, este documento firmado establece las reglas para la suspensión de acciones ofensivas que rigen desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año. A pesar de la creación de este mecanismo, la Fuerza Pública seguirá teniendo plenas facultades para realizar operaciones ofensivas frente a aquellos grupos armados que no tengan pactado un cese al fuego. La instancia nacional del MVMV asegura que este mecanismo busca garantizar la seguridad de las comunidades y evitar que se presenten nuevos hechos de violencia en el territorio colombiano. El Gobierno Nacional y la comunidad internacional expresaron su apoyo a la creación del MVMV como un paso importante para el avance del proceso de paz en Colombia. Con la implementación de este mecanismo, se espera que se fortalezca la confianza entre las partes y se siga avanzando hacia la construcción de una paz duradera en el país. Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), considera que el MVMV puede ser beneficioso para hacer que los acercamientos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central sean más tangibles. Daza destacó que la funcionalidad de este mecanismo dependerá del juicioso monitoreo que realicen los actores involucrados, incluyendo la participación del Comité de Verificación del Estado Mayor Central. Tras la instalación oficial del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), la Oficina del Alto Comisionado de Paz sacó un comunicado en el que anunció el inicio de una segunda fase en el proceso de acercamiento entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC). Esta fase ha sido definida como dialógica y se llevará a cabo bajo los preceptos de la política de Paz Total (Ver: Gobierno y Estado Mayor Central de las FARC iniciarán negociaciones de paz). El Gobierno Nacional recibió oficialmente los nombres de cinco delegados de las EMC-FARC que harán parte de la Mesa de Conversaciones de Paz. En ese sentido, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación la extensión de la suspensión de las órdenes de captura vigentes en contra de esas personas, con el objetivo de que puedan cumplir con las responsabilidades del proceso. Además, en el comunicado se asegura que luego de haber finalizado la reunión de mandos del EMC-FARC, la semana pasada, se concluyó con éxito la operación de retorno de los miembros de esa organización a sus respectivos lugares de origen. Aquellos a quienes se les permitió salir temporalmente de centros carcelarios volvieron a sus sitios de reclusión. Las operaciones fueron acompañadas por delegados de entidades multilaterales, de la iglesia y del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, de acuerdo con el protocolo establecido. El levantamiento temporal de las órdenes de captura que pesan en contra de estas personas expiró luego de cumplirse el tiempo acordado para la mencionada reunión de mandos. Los protocolos acordados para posibilitar la reunión de mandos en un área de 42 kilómetros cuadrados del departamento del Caquetá se cumplieron a cabalidad con el concurso del CCOET y la UNIPEP, dos entidades dispuestas especialmente por el Ministerio de Defensa para estos asuntos. En la zona, según el comunicado, hubo presencia regular de las instituciones del Estado durante el periodo que abarcó la mencionada reunión. El Gobierno expresó su compromiso con la construcción de una paz duradera y sostenible en Colombia, y continúa trabajando para lograr avances significativos en el proceso de paz con el EMC-FARC. Además, por medio del comunicado agradeció el “apoyo incondicional de las misiones diplomáticas de Noruega, Unión Europea, Irlanda y Suiza, así como la labor desempeñada por la Defensoría del Pueblo durante la presente etapa del proceso”. La Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno y el EMC-FARC se instalará formalmente el próximo mes de mayo, por ahora no se sabe cómo será su metodología ni los nombres de los delegados del Gobierno. Sin embargo, según en el comunicado, se sabrán los detalles de acto de instalación oportunamente. Cabe recordar que estos acercamientos con el EMC se dieron tras el anuncio de este grupo guerrillero, el pasado 16 de abril, sobre su intención de comenzar un diálogo de paz con el Gobierno. La mesa de diálogo con este grupo armado, posiblemente, se basará en algunos puntos del Acuerdo de 2016. El EMC podría tomar algunas partes del Acuerdo con las que no estaban completamente de acuerdo y, a partir de ahí, se establecerían algunos puntos de discusión. Además, es probable que se expongan las razones por las que no estuvieron de acuerdo con ciertos temas del acuerdo de ese entonces (Ver: EMC de las FARC a un paso más cerca de unirse a la Paz Total). En cuanto a la segunda fase del proceso, Francisco Daza comentó que se espera que el Estado Mayor Central cumpla con el cese al fuego, al igual que la fuerza pública. A través del mecanismo se verificará el cumplimiento de este compromiso, y la idea es que en la mesa de diálogo que se instalará en mayo, el EMC plantee su hoja de ruta de lo que desea negociar con el Gobierno. Por su parte, el Gobierno también expondrá sus puntos de vista y se buscarán convergencias entre ambas partes. Estas negociaciones dependerán en gran medida de la voluntad que tenga el EMC para vincularse a la Paz Total.

De: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Desde el inicio de esta primera legislatura del denominado “Congreso del Cambio” se ha mostrado que la cantidad de trabajo que tiene este no es despreciable, en parte por un gobierno que pone agenda todos los días y que desde que entró el pasado 07 de agosto de 2022 ha venido radicando y apoyando iniciativas en el legislativo. En la primera parte de esta legislatura vimos un Congreso que aprobó la Reforma Tributaria, el Acuerdo de Escazú, el Prepuesto General de la Nación, la prórroga de la ley 418 o ley de Paz Total, la creación del Ministerio de la Igualdad, al igual que primeras vueltas de proyectos de acto legislativo como la reforma política o la creación de la jurisdicción agraria. Además de una moción de censura en Senado contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la cual fue negada. Esta segunda parte de la legislatura tuvo un inicio adelantado, pues el gobierno citó en febrero a sesiones extraordinarias para empezar el debate de la reforma a la salud, algo que no tuvo efecto en la aceleración del trámite de dicha reforma, pues dos meses después la ponencia radicada por el gobierno no ha sido debatida aún en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Esta semana 12 sesiones de la agenda del gobierno sigue su curso en el legislativo, al igual que ejercicios de pesos y contrapesos respecto a la tarea de funcionarios del gobierno, como lo son los ministros. Mociones de censura La agenda del lunes 24 de febrero de 2023 estuvo marcada por la votación en plenaria de la Cámara de Representantes de la moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. En el debate de moción de censura, que se realizó el pasado 12 de abril, Leyva fue cuestionado por los nombramientos de varios embajadores porque, según los citantes, no tendrían experiencia en la carrera diplomática. El lunes 24 se realizó la votación, la cual quedó: 13 aprobando la salida del ministro y 108 negándola. Leyva se une a Irene Vélez como los dos ministros que han sorteado una moción de censura. Por el momento es el tercer debate de moción de censura en lo que va corrido del gobierno Petro, el segundo que se realiza este año, al igual que el segundo que se realiza en la Cámara de Representantes. Para este miércoles 26 de abril el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue citado en la Cámara de Representantes a rendir cuentas sobre su labor respecto a la situación de seguridad. Velásquez se une a Leyva y a Vélez como los ministros que habrán enfrentado un debate de moción de censura en casi nueve meses de gobierno. Reforma a la salud La reforma a la salud lleva dos meses en el Congreso de la República y aún no ha superado el primer debate. Para las dos de la tarde de este 25 de abril está citada la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el orden del día aparecen ocho proyectos de ley para discutir y el primero es el que modifica el sistema de salud, es decir, el proyecto de reforma a la salud radicado por el gobierno. Después de mucho tiempo se espera que haya una mayor certeza acerca del futuro de esta reforma, pues en las últimas semanas se ha visto que partidos de la coalición de gobierno como La U, el Liberal y el Conservador, se han mostrado reacios a apoyar la ponencia de gobierno, al punto que en momentos han dicho que se bajan del apoyo a dicha reforma porque el gobierno no acoge las modificaciones que ellos proponen, inclusive el partido liberal presentó una ponencia alternativa al proyecto. Lo que sí queda claro acerca de esta reforma es que los partidos ya mencionados quieren negociar su apoyo, pues tuvieron la oportunidad de hundir el proyecto en la votación de la ponencia negativa presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático y votaron negativo a esta ponencia. Veremos si el gobierno ya cuenta con los 12 votos necesarios para pasar a segundo debate, en la plenaria de Cámara de Representantes, la reforma a la salud o deberá continuar aplazando el debate de hora tras hora y semana tras semana, como lo ha venido haciendo, para continuar en su búsqueda de votos. En su defecto otra posibilidad que se abre en el camino es el inmovilismo, donde ninguna parte sede, ni gobierno ni partidos, lo que puede llevar a que el gobierno retire la reforma, como lo ha dicho en reiteras ocasiones la ministra de Salud, Carolina Corcho. Plan Nacional De Desarrollo La base de la transformación territorial que propone el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) que en esta semana inicia debate en plenarias de Cámara y Senado, luego de pasar y ser aprobado en las comisiones económicas de ambas cámaras. La discusión del PND ha tenido una gran deliberación al interior del Congreso, se han presentado más de 4500 proposiciones, según le dijo al diario El Espectador la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Katherine Miranda. Pese a que el PND se ha construido bajo una agenda de consensos y como una herramienta que busca responder a la necesidad de tener una hoja de ruta de transformación territorial como país, partes de la opinión pública se han centrado en las facultades extraordinarias y transitorias que se le daría a Gustavo Petro. El debate debe ir más allá y debe centrase en plantear lineamiento​s de políticas públicas para temas como la educación o la transición energética, aspectos que respondan a la modernización del país. El 07 de mayo es la fecha que el gobierno tiene presupuestada para que el PND ya tenga la firma presidencial, por ello se hace necesario la aprobación en plenarias del proyecto esta semana y su conciliación la próxima semana. Jurisdicción Agraria En el Congreso esta semana se dará el quinto debate dentro de la Comisión Primera de Senado del proyecto de acto legislativo que busca la creación de una jurisdicción agraria, como se planteó en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con la guerrilla de las extintas FARC. Juristas como Rodrigo Uprimny sostienen que este proyecto, sumado al que reconoce al campesinado como sujeto de derecho, es una gran oportunidad para el fortalecimiento de la democracia. La creación de una jurisdicción agraria, según Uprimny, permitirá que se resuelvan los conflictos rurales en su integralidad y se desarrolle jurisprudencia agraria en Colombia, algo que es requerido. Pese a ello, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y las altas Cortes se han opuesto a la creación, la primera ve innecesario la creación de la jurisdicción, pues argumenta que los derechos campesinos ya están garantizados y las segundas que esta creación es costosa e innecesario porque consideran que ya hay órganos supremos frente a lo agrario, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Al parecer el proyecto tendría cambios después de la reunión de ponentes del proyecto y magistrados de las Cortes. Ya no se crearía la jurisdicción agraria aparte, sino que solo se crearía una sala mixta civil agraria. Ya veremos cómo se presentará y votará en la Comisión Primera de Cámara, recordemos que, al ser un acto legislativo en su segunda vuelta de debates requiere votación calificada, es decir, la mitad más uno de la votación total para que pase a sexto debate dentro de la plenaria de Cámara de Representantes. Regularización del uso adulto del cannabis Se espera que este 25 de abril se dé el sexto debate en plenaria de la Cámara de Representantes al proyecto de acto legislativo sobre la regularización del uso adulto del cannabis, el cual es liderado por el representante liberal Juan Carlos Losada. Este proyecto plantea un nuevo enfoque de consumo desde la salud pública y no de criminalización. Según expertos, como María Alejandra Vélez, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, este proyecto además de reducir los daños que son asociados al consumo, también es una estrategia que sirve para para prevenir el consumo adolescente. A la par permite el control por parte del Estado del mercado, al igual que hacerle seguimiento a la calidad de las sustancias que sean consumidas. Este proyecto va en concordancia a lo propuesto por el gobierno acerca de que la guerra contra las drogas ha fracasado y que hay que entender que el enfoque que ahora debe darse desde la salud pública. Al igual que como con el proyecto de jurisdicción agraria, que requiere votación calificada, pasa con este proyecto para pasar a séptimo debate dentro de la Comisión Primera de Senado. Si observamos, esta semana está bastante movida, al igual que las semanas que vendrán con la discusión del resto del paquete de reformas sociales, como las reformas laboral y pensional. También sobre el debate de ley penitenciaria y la ley de sujeción de grupos criminales. El común denominador de la agenda legislativa es que el gobierno pone la agenda y el legislativo responde. Básicamente en estos nueve meses el gobierno hizo trabajar a los congresistas y sus reformas han hecho que dentro de los partidos se den discusiones ideológicas, algo que no pasaba hace mucho tiempo.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 17 al 23 de abril El tema más importante a resaltar de la semana que pasó fueron las declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro, desde Washington, al ser preguntado por la continuidad del conflicto con el ELN. Estas fueron sus declaraciones a un reportero de la Revista Semana: "El ELN no aceptó el cese al fuego que se planteó en diciembre, en esa medida lo que hay es una confrontación militar, que tiene ahora un nuevo ingrediente: las fuerzas militares venezolanas están actuando ahora aliadas con el Gobierno Colombiano, con su ejército, quitando un espacio que antes tenía muy libre el ELN, eso pienso puede ayudarnos a que el ELN acepte un proceso progresivo de desmantelamiento de la violencia en Colombia”. Aquí se pueden escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro: Igualmente durante la visita del presidente Gustavo Petro al presidente Joe Biden se habló del proceso de paz en curso con el ELN y todo indica que la administración Biden, que sigue de cerca este proceso, considera que aún no es el momento de un involucramiento directo del Gobierno de los Estados Unidos. Hay que seguir trabajando para que esa presencia se dé. La segunda Marquetalia anunció su presencia en el Sumapaz. Autoridades gubernamentales y analistas dicen que esta acción está en coordinación con el ELN. Aquí un reporte de Caracol TV al respecto: Aquí una entrevista al gobernador del Meta sobre la presencia del ELN en el sur de este departamento. Este es un tema a analizar: https://www.bluradio.com/nacion/alianza-entre-la-segunda-marquetalia-y-el-eln-gobernador-del-meta-preocupado-por-guerrillas-rs15 El expresidente César Gaviria en entrevista con Vicky Dávila se pronunció sobre la Paz Total y sobre las negociaciones con el ELN. Dijo: "los elenos no van a hacer la paz con Petro, cuando las FARC se desmovilizaron, en el gobierno de Santos, se desmovilizaron doce mil de las FARC y los elenos eran dos mil, ahora son cinco mil, ellos quieren es poder, construir un país como ellos quieren y con ideas que son bien difíciles de tramitar". Aquí pueden escuchar las declaraciones del expresidente César Gaviria: Han continuado las situaciones humanitarias en varias regiones del país, esto hace urgente que en el tercer ciclo se logre concretar el cese bilateral de fuego y hostilidades, y las acciones humanitarias. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Cientos de comerciantes de la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, están siendo víctimas de extorsión, según la Cámara de Comercio local. La entidad entregó cifras alarmantes a las autoridades, indicando que hay un número superior a las 300 denuncias relacionadas con este delito, aunque se cree que hay muchas más que no se han reportado por temor. Los delincuentes estarían consultando los registros mercantiles desde diferentes ciudades para obtener información de las empresas y elegir a sus víctimas. La Cámara de Comercio destacó que desde un mismo equipo, con una misma dirección IP y por parte de una misma persona, se han hecho más de 85 consultas a través del sistema habilitado. Las organizaciones delictivas utilizan esta información pública para comunicarse con los empresarios y llevar a cabo el fenómeno extorsivo. El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, le explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que estos hechos llegaron a ellos principalmente por el mismo aviso de algunos empresarios. Castillo mencionó que al poner sobre la mesa la información ante las autoridades, fueron saliendo a la luz más casos que operaban bajo la misma. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercia de Cúcuta mencionó que implementaron la realización de capacitaciones en colaboración con el Gaula y la Policía Nacional, en la que exponen las formas en que estos crímenes se realizan y la manera en que pueden hacerle frente. También dispusieron un canal de denuncia directo en la página web para que el empresario que se vea sumergido en estos hechos pueda exponerlo ante el ente de seguridad correspondiente. Sergio Castillo afirmó que están esperando los resultados de las investigaciones de las autoridades pertinentes para determinar si los grupos armados están detrás de las extorsiones. No obstante, subrayó que, según las declaraciones de los empresarios afectados, parece que los extorsionadores se hacen pasar por grupos armados. En relación al delito de extorsión que están enfrentando los comerciantes de Cúcuta, es importante mencionar que además de esta problemática, los habitantes de la ciudad han sido afectados por un conflicto interno, como es el caso del atentado ocurrido en el Parque Mercedes Abrego el pasado lunes 17 de abril, en el que lamentablemente una mujer perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas. Los testigos en la zona afirmaron que la explosión fue causada por una granada de fragmentación que fue dejada en una caneca del parque. Inmediatamente, las ambulancias y los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y hacer el levantamiento de la víctima mortal. Este incidente se suma a otros actos violentos que ocurrieron en la ciudad en los últimos meses, incluyendo un atentado con una granada el pasado 23 de febrero que dejó seis personas heridas en el barrio El Callejón. Aunque se desconoce quiénes son los responsables, el coronel Carlos Andrés García Suárez, comandante encargado de la Policía Metropolitana, sugirió que podrían estar relacionados con cobros extorsivos a establecimientos comerciales. Jhon Eddison Ortega Jácome, diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, le indicó a Pares que la situación de seguridad en Cúcuta ha sido sumamente compleja en los últimos años debido a la presencia de grupos armados ilegales y la delincuencia común. Según Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera y de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a diferencia de años previos, en los que se creía que el conflicto armado solo afectaba la zona rural del municipio, en la actualidad la ciudad de Cúcuta comenzó a sentir los estragos de la guerra. Parra hizo énfasis en recordar otros acontecimientos que ocurrieron recientemente, como el atentado contra la Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia y contra el helicóptero presidencial en junio de 2021, las explosiones provocadas por el paro armado del ELN en febrero de 2022 y las dos detonaciones ocurridas este año, mencionadas anteriormente. “Este cambio en la percepción de la ciudadanía refleja un aumento en la intensidad de los enfrentamientos armados en la región”, según Daniel Parra. Jhon Eddison Ortega Jácome resaltó que los ciudadanos y los sectores productivos son los más afectados por la situación de inseguridad en Norte de Santander. La falta de garantías de seguridad para la población hace que los ciudadanos se sientan vulnerables, y no solo las empresas, sino también los pequeños comercios se ven asediados por la violencia y la extorsión diaria o semanal. Además, Ortega mencionó que los líderes comunitarios de los barrios y veredas están gravemente amenazados, lo que agrava aún más la situación. La presencia de múltiples grupos armados ilegales en la ciudad de Cúcuta ha creado una situación preocupante para los habitantes de la región. El Clan del Golfo, por ejemplo, cuenta con campamentos en zonas rurales. Además, la presencia del Tren de Aragua ha sido descrita como un “imperio del terror”, ya que cobra “vacunas” a comerciantes. También, según fuentes consultadas por Pares, destaca “que existe una tercerización criminal, pues organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación contratan al Tren de Aragua y estos, a su vez, subcontratan para la realización de las actividades ilícitas”. Ver: (El Tren de Aragua: un imperio del terror en Norte de Santander) El diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, Jhon Ortega, destacó que la región atraviesa actualmente una situación preocupante, con la proliferación de los grupos violentos a una escala mucho mayor. Según Ortega, la ubicación geoestratégica de la región y la abundancia de recursos naturales la han convertido en un objetivo prioritario para grupos armados, independientemente de su ideología. En este contexto, la violencia criminal ha empezado a afectar más gravemente a las poblaciones urbanas, que sufren amenazas tanto de grupos armados en las zonas rurales como de grupos criminales que se dedican a actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión. Estas economías ilegales se han expandido sin control en la región, afectando la calidad de vida de los habitantes. Jhon Eddison Ortega resaltó que a pesar de los discursos repetitivos de las autoridades que hablan de fortalecer las estrategias de seguridad y trabajar en coordinación para enfrentar los desafíos de la región, aún no se han visto resultados tangibles y funcionales ni en Cúcuta ni en el área metropolitana, lo que genera frustración en la población nortesantandereana. Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera de Pares mencionó que la ciudad de Cúcuta está sumida en la zozobra, y sus ciudadanos se encuentran en una encrucijada entre la “esperanza por la paz y la desesperación causada por los efectos de la guerra”. Parra aseguró que los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones sociales y la comunidad en general, coinciden en sus llamados al Gobierno Nacional por garantías en cuanto a los derechos humanos, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el cese al fuego y hostilidades, ya que “todos desean sentir los avances hacia la tan anhelada Paz Total”.

Por: Luis Eduardo Celis El presidente Gustavo Petro ha convocado una Conferencia Internacional sobre la crisis política venezolana, se desarrollará en Bogotá la última semana de abril y hay expectativa por lo que allí pueda transcurrir y el derrotero que se marque. La novedad de esta conferencia es que participará la administración del presidente Joe Biden, al más alto nivel, lo cual sin duda es una gran noticia porque los Estados Unidos está ampliamente involucrado en el devenir de la situación política de Venezuela y es un gran jugador en la construcción de alternativas para que el país vecino logre un camino de entendimiento y superación de las enormes dificultades que ha traído la complicada política de bloquear importantes activos del estado venezolano, los cuales pueden estar sobre cuarenta mil millones de dólares, hoy en Bancos de los Estados Unidos y de otros países Europeos, dinero se requiere para urgentes necesidades sociales en Venezuela. La crisis política venezolana se puede resumir en que sectores de la oposición al gobierno consideran que no hay garantías para la competencia política y el chavismo considera que hay sectores de la oposición que juegan a la ilegalidad y la violencia, que quieren sacar a las malas al presidente Nicolas Maduro. La política del país tiene sus complejidades: deterioro de las reglas de competencia, falta de credibilidad en las instituciones electorales, acciones violentas e ilegales de sectores opositores, líderes políticos presos o suspendidos en sus derechos políticos, una crispación que por momentos se ha vuelto violencia, amenazas de invasión promovidas desde la administración Trump —con aliados en Colombia que han ido a aventuras conspirativas y acciones de hecho—, todas estas acciones controladas por el gobierno venezolano, y la tensión de un gobierno de mentiras como el que se inventó Juan Guaidó. En fin, la lista es larga y dolorosa. La Conferencia de Bogotá será una muy buena oportunidad para avanzar en entendimiento y en procesos que ayuden a la sociedad venezolana: hay que salir del bloqueo y avanzar en acuerdos para que la competencia política sea con garantías y creíble, en un sistema electoral que tiene muchas más fortalezas que el colombiano, por eso es que desde este lado hay que andar con mucho cuidado al opinar sobre la situación de Venezuela y en lo posible no pontificar sobre nada, que Venezuela, su sociedad y su sistema político resuelvan sus temas sin presiones ni violencia. En la reunión de esta semana entre el presidente Petro y el presidente Biden se habló de Venezuela y el presidente Petro fue claro y directo: hay que salir del bloqueo a los activos venezolanos y a su economía, y debe haber acuerdo entre oposiciones y gobierno para adelantar unas elecciones presidenciales plenamente democráticas y creíbles para todo el país. El presidente Petro está liderando una agenda de paz no solo para Colombia, igualmente sabemos que una paz política en Venezuela es buena no solo para Venezuela, igualmente lo es para Colombia y para toda la región, y lo que nos conviene es una Venezuela con estabilidad para los importantes temas binacionales en los que trabajamos de manera coordinada: migración, economía, protección ambiental, transición energética, construcción de paz. La Conferencia de Bogotá es una muy buena noticia y seguro saldrán caminos de entendimiento. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Dejamos claro que los Estados Unidos tiene un compromiso resuelto con nuestra asociación con Colombia”, fueron las palabras del secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken, en la conferencia de prensa después de encuentro con el presidente Gustavo Petro en la casa Nariño el 03 de octubre del año pasado. En esa ocasión, una delegación de Estados Unidos, encabezada por Blinken, se reunió con Petro y algunos ministros de Colombia. En sus discursos a la prensa, los dos presidentes repasaron la agenda de ese día. Petro empezó señalando el tema que es, quizás, el más frecuente históricamente en la Agenda Colombia-EEUU: el narcotráfico. Sin embargo, su discurso resaltó también un cambio significativo, pues lo discutieron “esta vez, desde otra óptica. Una óptica que yo llamaría más flexible, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente y articulado a un esfuerzo ahora que tuvo su colaboración también con el gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama, que es el proceso de paz”. Este nuevo enfoque a un problema antiguo no es algo muy sorprendente en la óptica de Petro, que es un defensor de una perspectiva sobre un nuevo enfoque al problema del narcotráfico y a las políticas antidrogas. Un mes después del encuentro con Blinken, por ejemplo, el presidente de Colombia mencionó este problema otra vez en el Foro de París sobre la Paz. Petro en esa ocasión dijo: “cambien la política antidrogas y asuman, con valentía, la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder; si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros”. Ahora Petro encuentra en Biden un aliado a este nuevo enfoque al problema del narcotráfico. El 21 de Abril de 2022, el presidente estadounidense envió al congreso su Estrategia Nacional de Control de Drogas. Según su nota de prensa, la estrategia tiene dos ejes principales “la adicción no tratada y el tráfico de drogas”. Sin embargo, mirando el documento oficial, su estrategia se centró en siete prioridades. De esas, seis tienen que ver con tratamiento de la adicción y solo una con “reducir la oferta de substancias ilícitas” —que ocupa el quinto lugar en la lista de siete prioridades—. La estrategia declara que “salvar vidas es nuestra estrella del norte”. No solo en la cuestión del narcotráfico convergen las administraciones Biden y Petro. El cambio climático también es una preocupación de ambos gobiernos. La presidencia de los EE.UU., el 27 de Enero de 2021, publicó su “Orden Ejecutiva para Hacer Frente a la Crisis Climática Dentro y Fuera de Nuestras Fronteras”. En esta orden, Biden declara que la crisis climática debe estar al frente de la política externa y seguridad nacional de los Estados Unidos. Según el presidente estadounidense “los Estados Unidos trabajarán con otros países y pares, tanto bilateral como multilateralmente, para poner el mundo en un camino climático sostenible.” Además de los temas de narcotráfico y cambio climático, el tópico de la Paz Total también genera expectativas en este encuentro entre los dos líderes. Quizás la apuesta más audaz del gobierno Petro, la Paz total busca una solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Por más que establezca mesas de negociación con varios grupos armados y su implementación haya mejorado tasas de seguridad en varios departamentos y ciudades, la formulación e implementación de acuerdos será algo complejo y costoso. Después de frustraciones en su propuesta de reforma política y un acalorado debate sobre la reforma de la salud, la Paz total se establece como el buque insignia del gobierno Petro. Frecuentemente comparado con el Acuerdo de Habana, el proyecto de la Paz total busca evitar los errores cometidos en el acuerdo con las FARC, como por ejemplo la imposibilidad de financiar la reparación a las víctimas, anunciada por Petro el 11 de abril de este año. En efecto, los tópicos que se discutieron durante la visita de Petro a los EE.UU. fueron anunciados por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, como “cooperaciones económicas y de seguridad, esfuerzos para combatir el cambio climático, el narcotráfico, abordar el reto regional de migración y promover valores democráticos y derechos humanos y laborales en la región y el mundo.” Con eso se entiende que uno de los temas también abordados en los encuentros entre los dos presidentes fueron la situación venezolana, sea con respecto a la situación entre el gobierno y oposición, o sobre la crisis de migración regional. Un liderazgo regional en el diálogo sobre Venezuela es algo que Petro ya había señalado y en lo que fue aprobando políticas que hollaron este camino como cuando estableció a Venezuela como país garante de las negociaciones con ELN, cuando abrió la frontera con Venezuela tras un cierre de siete años o cuando pidió a los países de la comunidad andina reintegrar a Venezuela en el bloque. Resolver la situación venezolana en su reintegración a la sociedad internacional —la cual sufrió duros golpes en los últimos seis años desde los esfuerzos contrarios ilustrados por la creación del grupo de Lima— sería una victoria geopolítica para Petro, proyectando a Colombia como potencia regional y potencialmente aliviaría la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos. Además, sería una victoria también para Biden, que sufre grandes críticas en su política externa desde el desastre de la evacuación de Afganistán, en un mundo en donde la influencia china y rusa crecen, y la estadounidense, disminuye. La coyuntura parece favorecer una nueva configuración de una antigua alianza entre Colombia y Estados Unidos. Aliados no tan probables en la gestión Petro —por sus discursos y por hacer parte de la llamada izquierda moderna—, sin embargo el presidente colombiano sigue intentando equilibrar su discurso con las oportunidades que un acercamiento a los EE.UU. de la gestión Biden puede traer a su propio gobierno. Esa nueva antigua alianza se dejará sentir en esos días de la visita oficial de Petro a los Estados Unidos.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 17 de abril, el presidente Gustavo Petro participó en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, como parte de su visita inicial a Estados Unidos. Durante su intervención, el primer mandatario presentó los planes de su gobierno para combatir el cambio climático y proteger la selva amazónica. El presidente Petro inició hablando acerca de la extracción de petróleo, recordando las palabras del dirigente indígena colombiano del pueblo u'wa, Roberto Cobaría, quien hace varias décadas afirmó que extraer petróleo de la tierra era equivalente a “extraerle la sangre a la Madre Tierra y que esto solo tendría como consecuencia la muerte y la extinción de la vida en el planeta”. En un contexto mundial de emergencia climática, las palabras del presidente Petro se interpretaron como una llamada de atención hacia la transición hacia una economía sostenible y la necesidad de reducir la dependencia del petróleo. Según el presidente, la única solución a la crisis climática sería detener la extracción de petróleo, carbón y gas. Durante este Foro, el presidente Petro también destacó la importancia de proteger la selva amazónica y avanzar hacia la descarbonización de la economía. En su discurso, el mandatario anunció que Colombia pondrá más de 150 millones de dólares para construir un "patrimonio común" que permita revitalizar la selva amazónica en su frontera natural y contribuya al equilibrio del clima mundial. Ver: (Del carbón al carbono neutral) Además, el jefe de Estado confirmó que se convocó una “cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica” con el fin de que se reúnan para que puedan construir un programa común que se pueda dialogar con el resto de la sociedad. La cumbre de la Amazonía se realizará en agosto en Belém, Brasil. “Queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía y las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política, que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio”, destacó el primer mandatario. Cabe añadir que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha realizado importantes esfuerzos en relación con la Amazonía, centrándose en la deforestación y la minería. Según Catalina Lema, asistente de investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, la Amazonía continental perdió alrededor de casi 2 millones de hectáreas en 2021, y desde entonces hasta 2023 se han intensificado los puntos de mayor pérdida de la cobertura de los bosques en la alta Amazonía colombiana y en la Amazonía peruana. En cuanto a la minería, aunque la mayor cantidad de concesiones se encuentran en la Amazonía brasileña, las comunidades indígenas de los pueblos Ñengatú y Uwittojja, entre otros, han reportado altas afectaciones a los derechos humanos y ambientales debido a la minería ilegal que se realiza en el estado de Amazonas, en Venezuela, vinculada a la minería promovida por el gobierno en el arco minero del Orinoco. Esto demuestra que la Amazonía está conectada con los ciclos ecosistémicos de otras regiones como la Orinoquía y el piedemonte andino. Por lo tanto, las estrategias de conservación, como la ejecución de bonos de carbono, son insuficientes, ya que los riesgos que enfrenta la Amazonía hoy en día tienen que ver con estas actividades extractivas y la deforestación para megaproyectos, lo que es muy diferente de la pérdida de área de bosque como si fuera un hecho aislado. De acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, la Amazonía colombiana perdió 113.572 hectáreas de bosque entre abril de 2021 y marzo de 2022. Además, el Observatorio para la defensa de la vida (ODEVIDA) de Pares ha trabajado principalmente con organizaciones indígenas, quienes han expresado su preocupación por estas actividades extractivas en sus territorios. Ver: (Informe - Amazonía venezolana: una historia de muchos Haximú) Es importante destacar que muchas medidas que benefician al norte global, como los bonos de carbono implementados en la Amazonía, han afectado negativamente el tejido social de las comunidades indígenas. En este sentido, Pares apoya la gobernanza de los pueblos amazónicos sobre sus territorios. También, durante el discurso que realizó el presidente Petro en el Foro, mencionó que la crisis climática es una de las mayores crisis integrales que enfrenta la humanidad en la actualidad. En este sentido, afirmó que la guerra no es una opción para escapar de las soluciones necesarias para abordar esta problemática, y destacó la importancia de presionar por la paz mundial. De acuerdo con Petro, la guerra solo conlleva “muerte” y no ofrece una solución duradera a la crisis climática, lo cual hace que sea fundamental actuar con celeridad para evitar consecuencias aún más graves en el futuro. El primer mandatario subrayó que “si la selva amazónica desaparece, no solo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. El equilibrio climático se rompe, por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial”. Además, mencionó que la guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial para resolver la crisis climática, la cual requiere que se deje de consumir petróleo, carbón y gas. Para Petro, este cambio supone desafiar la base misma de la acumulación de ganancias en el mundo, que se ha sustentado en estos recursos durante más de un siglo y medio. Por tanto, es necesario adoptar medidas concretas y urgentes para proteger el planeta y asegurar un futuro sostenible para la humanidad.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Desde principios del año 2023 el equipo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en cabeza de la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, ha planteado una necesidad imperiosa de hacer un encuentro de jóvenes por la Paz Total, con una agenda social, económica y de reconciliación, que pueda ser llevada a las mesas de diálogo con el ELN y otros actores armados de lo que el nuevo Gobierno a denominado Paz Total. Esto no es más que la consolidación de una primera fase de trabajo retomado de la Línea de Jóvenes que, en 2021, con el estallido social, se metió en el corazón de este movimiento social, analizándolo, entendiéndolo y comentando a la opinión pública los pormenores de su emergencia, buscando combatir la estigmatización y la polarización que contra los jóvenes se intentó construir desde el statu quo. Fue entonces ocasión para que desde Pereira se emprendiera el primer paso de un camino que nos ha llevado por Buenaventura, el Catatumbo y Pueblo Rico, Risaralda, dinamizando procesos de liderazgo juvenil, social, comunitario, diverso, étnico y feminista llamado Se Juega la Vida. Escuelas de liderazgo juveniles de Pares, en las que los jóvenes son motivados a participar e incidir por medio de una estrategia disruptiva metodológica de lúdica y provocación de saberes y conceptos. Este camino nos ha puesto a reflexionar sobre la necesidad de consolidar una agenda amplia y abierta de jóvenes en el territorio nacional, planteándonos el sueño de hacer un encuentro de juventudes por la Paz Total en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, en el mes de mayo. Hemos elegido esta ciudad, en el litoral pacífico, por una razón poderosa y fundamental: los primeros pilotos de la Paz Total en el país se han realizado en la que es considerada la más violenta de las ciudades colombianas, por su ubicación estratégica como ruta para el narcotráfico, entre otras economías ilegales. El reto es entonces inmenso, de entrada podría parecer una locura pensar en Buenaventura, pero tiene todo el sentido del mundo, es el momento de que la periferia sea el epicentro de las grandes discusiones en el país, que al pacífico confluyan las miradas del Gobierno, con vicepresidente negra y de este territorio, que confluyan los recursos necesarios para sacarlo de la pobreza y la vergüenza en la que lo han mantenido las élites, que lleguen por altavoz los discursos de esperanza y paz que tanto necesitan. Quitarle a las grandes ciudades capitales del centro del país la sede de este encuentro y poderlo llevar al pacífico deja de entrada un mensaje muy poderoso políticamente, en concordancia con la mirada que hacia esta región está dando el Gobierno. Por otro lado, la necesidad de apoyar a Buenaventura desde una agenda conjunta de jóvenes de todo el país por la Paz Total para mantener la tregua lograda los últimos meses y desde una apuesta social y unas voces emergentes, hace prioritario tejer redes de solidaridad con organizaciones de diversos territorios. Así pues, tendremos a la juventud de diversas regiones del país durante tres días en Buenaventura, discutiendo, construyendo, soñando y expresándose a través de una agenda social, de paz y de reconciliación, diciendo presente desde un territorio que merece todas las apuestas por la tranquilidad, la prosperidad y la vida pacífica.

Por: Katerin Erazo, Periodista El próximo martes 25 de abril, en Bogotá, se llevará a cabo una conferencia internacional centrada en la situación política de Venezuela. La iniciativa para convocar esta cumbre proviene del presidente Gustavo Petro y su objetivo es promover un diálogo sobre el respaldo a las negociaciones en curso entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En la conferencia se espera la presencia de delegados de Estados Unidos, países de la Unión Europea y otras naciones latinoamericanas. Como parte de los preparativos para el evento, el presidente Gustavo Petro sostendrá, antes de la cumbre, reuniones con los partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro los días 21 y 22 de abril. El canciller Álvaro Leyva señaló que la reunión tiene como propósito la normalización de la situación en Venezuela a través de un diálogo efectivo entre el Gobierno y la oposición, una meta que comparten muchos países. Además, se busca garantizar que las elecciones previstas para el año 2024 en Venezuela cuenten con las debidas garantías y transparencia. Según Leyva, el objetivo final es alcanzar un acuerdo entre las partes para llevar a cabo unas elecciones justas y democráticas en el país. El presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en este momento en una gira de trabajo en Estados Unidos, tiene previsto solicitar a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela para lograr una mejor democracia en el país vecino. “Lo que estamos buscando es que se levanten las sanciones, que se abra un canal humanitario, que se dé una posibilidad para que Venezuela pueda recuperar su economía”, dijo Petro en una entrevista al medio de comunicación El Colombiano. Venezuela ha sido objeto de una serie de órdenes ejecutivas, leyes y acciones de diverso tipo dictadas por tres gobiernos estadounidenses. Estas medidas suman un total de siete órdenes ejecutivas, dos leyes dictadas en Estados Unidos y alrededor de 929 acciones, de distinto tipo, principalmente de carácter económico, pero también político y hasta cultural, que han contribuido a configurar las herramientas que sustentan el bloqueo permanente contra Venezuela. Cabe destacar que estas cifras no incluyen las acciones que no tienen carácter legal, pero que también forman parte del bloqueo. María Fernanda Barreto, escritora colombo-venezolana y experta en geopolítica, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la conferencia que se llevará a cabo es “coherente con los planteamientos iniciales de la política exterior del nuevo gobierno de Colombia”. De acuerdo con Barreto, el gobierno de Colombia ha planteado una diplomacia de paz y busca asumir una vanguardia regional en la reactivación de mecanismos de integración y en la reactivación de relaciones, especialmente entre Colombia y Venezuela. Barreto mencionó que Colombia también busca apoyar los procesos de diálogos en Venezuela, en particular con los sectores de oposición. Sin embargo, destaca que la exigencia permanente de Venezuela para que se dé este diálogo es que se levanten las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, es decir, que cese el bloqueo contra el país. Este bloqueo ha sido avalado por amplios sectores de la oposición venezolana. Por lo tanto, según la escritora, el levantamiento de estas medidas es uno de los objetivos planteados por el gobierno colombiano, con el fin de romper el bloqueo y evitar que se sigan imponiendo medidas coercitivas contra Venezuela o cualquier otro país de América Latina. Si se logran estos objetivos, según la escritora, sería más sencillo mantener el diálogo y lograr que este rinda frutos para que Venezuela pueda continuar su desarrollo en paz, sin ser objetivo de guerra. Cabe añadir que la conferencia que se llevará a cabo en Bogotá recibió el apoyo de Nicolás Maduro, quien expresó su deseo de establecer “reglas del juego iguales para todo el mundo”. En un programa de televisión estatal venezolano, Maduro pidió “pasar la página” del período de sanciones y persecución económica, y manifestó su apoyo a la cumbre convocada por Petro. Cabe recordar que desde la llegada de Petro en agosto pasado, Venezuela y Colombia han retomado relaciones, y ambos líderes se han reunido en cuatro ocasiones desde entonces. Por su parte, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, considera que la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá es una oportunidad de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, siempre y cuando se celebren elecciones libres. Guaidó enfatizó en que cualquier solución al conflicto debe respetar los derechos humanos, promover elecciones presidenciales libres y acabar con la persecución política y la falta de libertad de prensa. Aunque cree que las posibilidades de que Maduro convoque elecciones libres son escasas, considera que las sanciones de Estados Unidos podrían levantarse gradualmente si se garantizan unas elecciones justas. Para María Fernanda Barreto la cumbre es interesante porque se ha convocado con respeto a la soberanía venezolana y con el aval del presidente actual del país venezolano, lo que contrasta con otras cumbres que fueron “espacios de conspiración contra Venezuela”, como el Grupo de Lima. Barreto considera que la convocatoria refleja la voluntad de diálogo y respeto por parte de los convocantes. Además, como colombo-venezolana residente en Venezuela, Barreto señala que ella y los sectores más amplios del pueblo venezolano tienen grandes expectativas con respecto a la conferencia. En primer lugar, esperan que cese el hostigamiento y las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, las cuales han afectado al pueblo venezolano en los últimos años. En segundo lugar, esperan que se deje de apostar a la injerencia militar regular e irregular, incluyendo la invasión paramilitar desde Colombia y operaciones como la Operación Gedeón, que Barreto considera acciones de guerra que desestabilizan a Venezuela. Por último, esperan que se logre un diálogo entre los actores legítimos venezolanos, sin injerencia externa y en pleno respeto a la soberanía venezolana. Finalmente, Barreto mencionó que se espera que Estados Unidos reaccione de manera positiva debido a que las medidas coercitivas unilaterales que han impuesto no solo contra Venezuela, sino también contra muchos otros países en el mundo, les han “jugado en contra” y han contribuido a su derrota. Según Barreto, la hegemonía estadounidense, que había comenzado a manifestarse fuertemente desde mediados del siglo XX, se encuentra en su más grande crisis, y necesita levantar estas medidas coercitivas unilaterales para evitar su definitiva caída, ya que lo que han demostrado estas medidas es que son un “búmeran” que afecta la propia expansión económica de los Estados Unidos y de los países del norte global que se suman a ellas. En última instancia, Barreto sostiene que “lo que se está haciendo es facilitar las relaciones y prácticamente impulsar las relaciones entre los países no subordinados a los Estados Unidos y al norte global” “Así que estas medidas han demostrado ser una piedra en el zapato de los propios países que las han dictado, en este caso Estados Unidos y algunos países de Europa y Canadá. Es de esperarse que los Estados Unidos estén intentando levantar estas medidas y esta podría ser una muy buena oportunidad, ya que hasta el momento no existe ningún antecedente histórico de que los Estados Unidos hayan levantado alguna medida que haya dictado contra otros países en estos términos. Así que, bien, esta podría ser la primera vez que lo hagan, lo cual sería un buen momento. Esta conferencia podría ser un buen argumento para que los Estados Unidos cesen en esa presión que al final nos ha perjudicado muchísimo”, finalizó Barreto.

Por: Nataly Triana Guerrero, Investigadora Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Las agendas en materia de género han sido secundarias en el gobierno de Gustavo Petro, pese a que fueron sus principales apuestas durante la campaña presidencial. Prueba de esto ha sido la poca relevancia que ha generado al interior del gabinete los nombramientos de funcionarios, servidores públicos y/o asesores del gobierno que han sido señalados por ser presuntamente responsables de distintas Violencias Basadas en Género, entre estos se destacan Víctor de Currea Lugo y Pedro Santana. Algunos de estos nombramientos se han caído debido al ejercicio ciudadano de distintas mujeres y organizaciones feministas, no obstante, los llamados de atención dados por parte de este sector de la sociedad civil han demostrado ser irrelevantes para el gobierno de Petro, ya que nuevamente aparece en el sonajero el nombramiento de Hollman Morris como director de RTVC, quien en la actualidad tiene una denuncia archivada ante la Fiscalía General de la Nación por violencia sexual. Aunque periodistas como Jorge Eduardo Espinosa señalan que el gobierno se encuentra en búsqueda de la persona para este cargo y que el presidente Petro quisiera que fuera ocupado por una mujer, el gobierno no ha desmentido o confirmado por el momento esta información. Así mismo, tampoco ha procurado pronunciarse sobre el lobby que el mismo Morris ha propiciado para insinuar su posible nombramiento. A esto se le suma el silencio que ha tenido el presidente sobre las denuncias por acoso y persecución presentadas por parte de algunas militantes a la dirección de la Colombia Humana, partido político que integra la coalición de gobierno y del cual hace parte el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con fuentes de prensa, estos hechos victimizantes se han dado debido al ejercicio político de algunas mujeres y sus principales responsables serían miembros de esta misma colectividad. Tampoco el gobierno se ha pronunciado sobre la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de algunas mujeres contra un militante de la Colombia Humana por amenazas y hostigamiento. Esta denuncia es sumamente importante, ya que sus denunciantes pertenecen a un sector crítico de la izquierda en torno a las agendas feministas y de género del nuevo gobierno. Ministerio de la Igualdad, viviendo en el limbo El gobierno del cambio se había comprometido desde su campaña a trabajar por una vida libre de violencias contra las mujeres, pero al día de hoy ha guardado silencio sobre las denuncias por VBG que involucran a uno de los partidos de gobierno y algunos funcionarios, servidores y/o asesores. Pero esta no es la única falencia que tiene el gobierno alrededor de las agendas de género, ya que su principal promesa con las mujeres, el Ministerio de la Igualdad, es una cartera que se encuentra en riesgo de quedar como un saludo a la bandera. El Ministerio de la Igualdad es una cartera que, aunque en la campaña por la presidencia se suscribió inicialmente a las agendas de mujer, se ha ido ampliando con el tiempo a todas las poblaciones que han sido históricamente excluidas. Esta cartera que fue aprobada en diciembre del año pasado y sancionada en enero de este año, ha causado mucha preocupación por la ausencia de financiación, lo que impediría en efecto que tuviera un impacto real sobre la vida de las distintas poblaciones que involucra, las cuales son alrededor de 14 grupos según lo descrito por la ley. Por el momento, el único dinero con el que cuenta esta cartera proviene de la Ley de Adición Presupuestal, la cual estipula que 1,78 billones de pesos cubriría a distintos programas y carteras con fines sociales, entre los que se encuentra el Ministerio de la Igualdad. La imposibilidad de poder asignar más recursos previo a esta ley se debe a que esta cartera no existía cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación del 2023. Conforme a fuentes de Manifiesta, de estos 1,78 billones de pesos solamente se destinarán 500.000 millones de pesos para esta cartera. Lo que según este medio significa que tendría inicialmente una de las asignaciones presupuestales más pequeñas del gobierno. Debido a esta pequeña asignación presupuestal, el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo había creado el Fondo para la Igualdad y la Equidad, el cual permitirá inicialmente robustecer la asignación presupuestal mediante las asignaciones del Presupuesto General de la Nación, aportes de otras entidades públicas, donaciones y recursos de cooperación nacional e internacional con el propósito de respaldar los programas y proyectos que ejecutaría está cartera. No obstante, este fondo fue hundido en las comisiones económicas del Congreso de la República, siendo así el único de los 17 fondos que se contemplaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no logró ser aprobado. La razón fundamental de esto se debe, según los congresistas de la oposición, a la ausencia de claridad sobre la destinación de los recursos. No obstante, el motivo también puede obedecer a un voto castigo por parte de este sector político debido a la postura inflexible del gobierno nacional con la reforma a la salud. Frente a la destinación de recursos, Valentina Enciso, coordinadora de Acción Política de Artemisas, señala que se debe tener presente que el Congreso de la República no tiene entre sus funciones determinar el cómo ejecutar esta cartera, ya que está función pertenece al sector administrativo de la rama ejecutiva. Sin embargo, esta fue una de las razones fundamentales por medio de las que este sector político no solamente hundió la reforma, sino que también sustentó una demanda en contra de la creación del ministerio. Teniendo en cuenta que el hundimiento de este fondo corresponde principalmente a una acción de la oposición y que no es competencia del legislativo determinar el cómo ejecutar esta cartera, parte de esta victoria de la oposición se dio también en parte a la incapacidad del gobierno para poder defender la necesidad de un fondo dedicado al ministerio, cuando existen múltiples programas en distintas carteras y otras entidades del Estado dedicadas a las mismas poblaciones que la ley contempla en la creación del Ministerio de la Igualdad. En la actualidad existe en el país un reto de carácter ideológico para comprender lo que significa la desigualdad y los mecanismos a través de los cuales podría llegarse a la igualdad mediante la nueva cartera. A esta ausencia de financiación se le debe agregar una falta de urgencia y relevancia, ya que se percibe que el Ministerio de la Igualdad no es una prioridad, en comparación con otras agendas como la Paz Total, la reforma a la salud, la reforma pensional, entre otras. Mientras el gobierno nuevamente intenta buscar la manera de asegurar recursos adicionales para esta cartera por medio del PND, el tiempo para la reglamentación y asignación de recursos se hace cada vez más corto, pues desde la sanción de esta cartera se tienen seis meses para asegurar el funcionamiento, tiempo que se cumple en junio de este año. La paridad como respuesta La paridad del gabinete ha sido la respuesta de Gustavo Petro frente a las críticas que han cuestionado los compromisos del gobierno con las agendas de género debido al nombramiento de presuntos agresores. Esta serie de hechos confirma que el gobierno de Gustavo Petro no ha priorizado las agendas de género, pero en particular que nunca comprendió lo que significaba convertirse en un gobierno que se nutre de las perspectivas feministas y anti patriarcales, tal y como se comprometió en su programa de gobierno. Por el momento, para Gustavo Petro las agendas de género están reducidas a la paridad al interior de su gabinete, dejando de lado que esta es una base desde la cual se debe avanzar como punto de partida y no como meta.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La invitación del presidente de los Estados Unidos al presidente de Colombia para reunirse este 20 de abril en la Casa Blanca, ha generado en el país –en los medios de comunicación– distintas impresiones, entre las cuales están las de quienes festejan dicha invitación –me refiero a los medios no comprometidos con poderes económicos ni con sectores políticos, la mayor parte de ellos periodistas y personas que opinan en las redes sociales– y quienes han mostrado incomodidad e irritación con esta noticia, casi todos movidos por el fundamentalismo de la derecha, que les impide transigir con los triunfos de la izquierda. Me refiero a los que siempre habían sido medios oficiales, como el canal de noticias Caracol TV, por ejemplo, que en un claro acto de incultura política tituló esta noticia con el rótulo de “Pesadilla”. La realidad es que las relaciones con los Estados Unidos siempre, en cada gobierno, se cubrían de expectativas acerca de si ellos tendrían interés o no en reunirse con nuestros gobernantes recién posesionados. Se trataba de una situación de intrigas políticas, soportada sobre la consideración de que ellos eran el imperio y nosotros la colonia: los norteamericanos ordenaban y nosotros debíamos obedecerles. Insólitamente, la clave diplomática o el factor más importante para medir el éxito de un gobernante colombiano, era su capacidad para no romper dicho desequilibrio. Con todo, la necesidad de ser reconocidos por un imperio del cual legalmente no somos colonia, proviene desde el inicio de estas mismas relaciones. Cabe recordar que cuando Colombia alcanzó su independencia y la hizo oficial, los Estados Unidos –pese a conocer de primera mano las causas justas que la motivaron– se tardaron varios años en reconocer al gobierno bolivariano como dueño y soberano de estos territorios. Desde entonces se ha venido repitiendo puntualmente: los Estados Unidos se toman el tiempo que ellos creen necesario para validar los gobernantes nuestros, quizás en respuesta a una táctica de simple inteligencia de seguridad nacional, que conlleva el perfilamiento del presidente como de su grupo político. Algo muy lógico, si tenemos en cuenta la complejidad que geopolíticamente implica guardar una relación estable con un país, no solamente cercano, sino además bien posicionado por tener acceso a dos océanos. Sea como fuere, lo cierto es que estas relaciones han estado supeditadas a que sean los estadounidenses quienes las aprueben o certifiquen y nunca ha sido al contrario. El equilibrio intrínseco de la palabra bilateralidad, de la que tanto se habla en las relaciones internacionales, resulta difícil de comprender si vemos que en dichas relaciones (militares y comerciales) siempre los Estados Unidos han tenido más peso, en una balanza que para los colombianos no ha sido justa, ni fiel, ni sensible. Podría alguien argüir que dicho desequilibrio es consecuencia de los favorecimientos económicos y militares que los norteamericanos nos brindan, por cuanto nosotros poco le aportamos en transacciones comerciales, mientras que ellos nos compran más de la tercera parte de nuestra oferta exportadora para todo el mundo. Aun cuando, ante los países pobres, los países acorazados tienen mayor posicionamiento y ventaja a la hora de hacer negociaciones económicas, políticas o diplomáticas; lo cierto es que los Estados Unidos –el país más acorazado del mundo– sólo ha tenido con nuestros gobernantes –excepto ahora con el presidente Gustavo Petro– relaciones de traza capitalista; es decir, dadas a favorecer los negocios y empresas de los ricos y dadas a maltratar, laboral y humanamente, a los pobres. Desde 1823, cuando se establecieron por primera vez las relaciones entre las dos naciones libertarias, todos los gobiernos de acá y de allá han sido de derechas. De ahí la tendencia de nuestros gobernantes a plegarse a ciegas a la ideología de los gobernantes norteamericanos. Por eso han sido fieles a sus directrices políticas y han sido muy prestos a la hora de mantener –sin escrúpulos de ninguna índole– las formas del capitalismo salvaje en nuestro hemisferio. Por todo eso llama la atención que el presidente Joe Baiden se haya interesado por consolidar las relaciones con Gustavo Petro, no sólo ahora en ocasión de esta reunión personalizada, sino desde el triunfo del presidente colombiano. Un interés que ha venido siendo develado en informaciones de prensa surtidas por funcionarios de todos los niveles del poder administrativo norteamericano. Valga decir, sin embargo, que estas “nuevas” relaciones, si bien no están fundadas en la tradición de conformidades entre estados de derecha, ni tampoco lo están en la tradición de repulsa de los Estados Unidos hacia los gobiernos de izquierda, sí están fundadas en afinidades personales de ambos mandatarios. Afinidades o inquietudes que van más allá de lo que siempre se ha planteado en las relaciones y/o negociaciones entre ambos estados. Pero, bueno, ¿cuáles son los temas comunes a ambos mandatarios? Sin lugar a dudas se trata de asuntos que también son comunes en el pensamiento autocrítico del siglo XXI, como reconocer los daños que el desarrollo capitalista inescrupuloso le han ocasionado al planeta y a los seres vivos. De ahí la necesidad de cuidar el medio ambiente, el establecimiento de energía limpias en reemplazo de las llamadas energías fósiles, el reconocimiento de los derechos humanos y, especialmente, el amparo a los menos favorecidos. Esas mismas preocupaciones y coincidencias programáticas de trabajo político entre Biden y Petro, a mi juicio, son las que dan solidez a este encuentro y son también las que fundan expectativas promisorias en unas relaciones tradicionalmente condicionadas por la dependencia económica, y cargadas de solemnidades cortesanas de sumisión. De tal suerte, luego de este encuentro del día jueves 20, no es difícil prever el comienzo de una nueva etapa en las relaciones de Colombia y los Estados Unidos, pues esta se dará por primera vez en un plano de mutuo respeto, como deben ser las relaciones diplomáticas entre países que se consideran cultos en cuanto al correcto ejercicio del derecho internacional. En tal contexto, quienes se oponen a este coyuntural encuentro entre Biden y Petro –porque se oponen a la consolidación de la paz y a las reformas del cambio–están en verdad pensando más desde el lastre que desde la ingravidez. Están replegándose en los rincones de sus propios miedos, en vez de afrontar una realidad que no es negativa para nadie, como lo es el fortalecimiento de un planeta donde se respete al medio ambiente, en el que los derechos humanos no sean tema de debate, sino de atención y soluciones, y donde las relaciones geopolíticas dejen de estar concentradas en las consideraciones del poder militar o en los desequilibrios económicos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares El próximo miércoles 26 de abril, la Gobernación de Arauca y la Consejería de Paz convocan al evento Arauca le habla a Colombia, el cual convocará a la mayor pluralidad de voces del territorio para compartir miradas con el Gobierno Nacional, la academia, organizaciones gremiales, la comunidad internacional y medios de comunicación sobre los retos y rutas de acción necesarias para avanzar en el sueño de una Arauca en Paz. El territorio araucano es un territorio de frontera que ha vivido más de cuatro décadas de confrontaciones armadas. Su integración con la nación ha sido lenta, mediada por el conflicto y la debilidad de las instituciones oficiales. La poca integración lograda se ha dado gracias al hallazgo y explotación de petróleo, pero, paradójicamente, este recurso, lejos de traer prosperidad a los y las araucanas, se ha convertido en centro de tensiones, disputa y violencia. La población araucana aspira a superar esta dolorosa historia con nuevas opciones de paz, nuevas formas de relacionamiento y economías incluyentes, aprovechando el gobierno del cambio. Es por esto que el encuentro Arauca le habla a Colombia propone este espacio de diálogo que conjugará instancias regionales y nacionales alrededor de cuatro mesas de conversación: 1. Arauca, su potencial agrario y su economía campesina: en esta mesa se quiere mostrar el potencial de la economía campesina de la región, sus retos y dificultades a superar, entablando un diálogo con el Ministerio de Agricultura y distintos gremios, como Fedegán. Invitados: Gremios cacaotero, arrocero y ganadero; Secretaría de Agricultura de Arauca, Asonalca y Sindicato Agrario. 2. Estragos de la guerra en Arauca: esta mesa propone escuchar las valoraciones y propuestas frente a las extendidas y sistemáticas violaciones a la dignidad y los derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Arauca. Invitados: Unidad de Víctimas, JEP, Pastoral Social de Arauca, Mesa Departamental de Víctimas de Arauca, Fundación Joel Sierra y Comité Permanente de Derechos Humanos. 3. Territorio y medio ambiente: el departamento tiene enormes desafíos para restaurar sus ecosistemas duramente golpeados por la colonización campesina y la industria petrolera. Invitados: Ministerio de Medio Ambiente, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fundación Danta, Grupo Ecológico del Sarare, Universidad Nacional Sede Arauca, Movimiento de Masas de Centro Oriente y Mesa de Organizaciones Cívicas. 4. Petróleo, su presente y perspectivas: el petróleo ha sido un factor central en la economía araucana y ha marcado profundamente el territorio. Hoy esta industria vive una situación difícil, pues hay múltiples valoraciones sobre su presencia. Este diálogo quiere desarrollar el tema de la industria del petróleo en perspectiva de una Arauca en Paz. Invitados: Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, USO Arauca, Consejos de Paz y Veeduría Social de Saravena. Arauca cuenta con un rico tejido social y comunitario que está dispuesto a trabajar para que su territorio sea potencia de vida. Por esto se ha propuesto este espacio de diálogo al que convocamos a todas las instancias interesadas y a todos y todas las participantes, para presentar temas sensibles y vitales, y avanzar en una acción sostenida para la superación de los conflictos y violencias que han permanecido en este bello territorio. Resaltar además que el proceso de paz que adelantan en Gobierno Nacional y el ELN es fundamental para Arauca, al igual que el tratamiento que se le vaya a dar a las estructuras de las antiguas FARC que han permanecido en su acción armada. Con el sueño de construir un orden de convivencia democrático, en el que todas las vidas crezcan de manera libre, desarrollando todas sus potencialidades, le invitamos a ser partícipe de la jornada de diálogo Arauca le habla a Colombia. Invitan y apoyan la convocatoria: Unión Sindical Obrera seccional Arauca (USO), Instituto Catalán Internacional de Paz (ICIP), Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Ficonpaz, Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (REDEPAZ), Planeta Paz, Red de Programas de Desarrollo y Paz (REDPRODEPAZ), Campaña Colombiana Contra Minas, Crudo Transparente y Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar).