Por: Katerin Erazo, Periodista Durante la última semana, se han reportado alrededor de 10 incidentes similares en varias ciudades y municipios del país, donde se han encontrado explosivos, panfletos y banderas relacionados con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto ha generado alarma y zozobra en diferentes regiones del país, incluyendo Bogotá, Antioquia, Medellín, Cali, Cauca y Barrancabermeja. Según Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el hecho de que el ELN haya distribuido estos panfletos es una forma en la que el grupo busca mantener su presencia en la opinión pública y demostrar que sigue siendo relevante en la vida nacional. Para Celis, esto es una estrategia comúnmente utilizada por el grupo desde su creación en 1964, ya que les permite mantenerse activos en un conflicto que aún no ha sido resuelto. Algunos de los hechos registrados durante los últimos días ocurrieron el 10 de abril en San Cristóbal, al sur de Bogotá. La aparición de una caja sospechosa generó alarma entre los habitantes de la zona. La secretaria de seguridad de Bogotá confirmó que se desactivaron los explosivos y que no se produjo ninguna explosión. Sin embargo, alrededor de las 3:00 p.m. de ese día, sí se registró la detonación de una de las bombas panfletaria en la misma zona. Las autoridades aseguraron que se mantienen comprometidos en mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de los ciudadanos de Bogotá, y llamaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar sus derechos y libertades. El mismo día, en el municipio de Itagüí, Antioquia, se encontraron dos artefactos explosivos de bajo poder en el Parque del Obrero, acompañados de un panfleto del ELN. La rápida intervención de las autoridades permitió la ubicación de los artefactos en labores de patrullaje y la posterior llegada de personal experto en explosivos, quienes desactivaron uno de los artefactos artesanales de mecha lenta. Sin embargo, uno de los elementos explotó sin dejar heridos, según la información preliminar entregada por la alcaldía. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a estar alerta ante la presencia de paquetes sospechosos y a informar de inmediato a la policía para evitar situaciones que afecten. También el 10 de abril, en los barrios San Rafael y La Victoria de Cúcuta, se encontraron artefactos panfletarios del frente de guerra Urbano Nacional del ELN que tenían como objetivo activarse contra la población civil, atribuidos al comandante en jefe Camilo Torres Restrepo de este grupo armado. Ante esta situación, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, pidió a las autoridades que refuercen la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales, según el defensor, están ganando cada vez más poder. Villamizar señaló que “la seguridad ha fracasado en Cúcuta y Norte de Santander, el terrorismo y la criminalidad se ha tomado la región y que es el producto de un Gobierno que solo premia a la criminalidad y a los grupos armados”. Debido al hallazgo de los panfletos, las autoridades emitieron una alerta máxima que fue enviada a las diferentes unidades de la fuerza pública encargadas de combatir el terrorismo. “Estamos en alerta máxima”, señaló, al medio de comunicación Semana, una alta fuente de inteligencia. Por otro lado, uno de los hechos más recientes se registraron este 11 de abril, en la ciudad de Cali, donde se encontraron panfletos en una caja abandonada en la vía pública de la galería Santa Elena, lo que generó un operativo especial por parte de las autoridades para investigar su origen. Los explosivos que fueron instalados en la ciudad estuvieron acompañados de un panfleto en el que el ELN expresa rechazar el asesinato de líderes y las masacres en el país. Sin embargo, no es claro cómo se relaciona el rechazo a estos hechos con la acción de instalar explosivos y banderas alusivas a la organización. Por su parte, las autoridades de esta ciudad también pidieron a la comunidad que esté alerta y que informe cualquier actividad sospechosa en sus comunidades. A pesar del mensaje que dejó el ELN, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, condenó los actos del grupo armado y pidió al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En esta misma fecha, el 11 de abril, también fue hallado un nuevo artefacto explosivo en la vía La Paralela, en Medellín, acompañado de panfletos del ELN. La caja de icopor sospechosa fue vista en la madrugada del martes y verificada por personal de antiexplosivos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó del hallazgo en sus redes sociales y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, aunque el objeto fue abandonado en un sitio sin cámaras de seguridad cercanas. Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, estos casos suceden de forma reiterada por distintos frentes, especialmente el frente Camilo Torres que es el que hace presencia en las zonas urbanas. Para Fernández, el grupo armado estaría enviando varios mensajes. En primer lugar, sostener en el tiempo su presencia en opinión pública, especialmente después de la violenta acción que tuvo lugar hace unas semanas en el Catatumbo, la cual dejó siete personas muertas y nueve heridas; en segundo lugar, expresar con sus acciones que el ELN cuenta con una organización unificada que tiene acciones a nivel nacional, y no necesariamente una desarticulación que medios han descrito entre los delegados de las mesas de diálogo y los frentes de guerra; y en tercer lugar, mostrar su capacidad territorial en el país. Es importante recordar que el ELN y el Gobierno retomaron la mesa de diálogo de paz con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia la política de Paz Total, por la que el presidente Gustavo Petro ha estado trabajando. Según la investigadora nacional de Pares, este proceso funciona a través de ciclos de diálogo, en los que las delegaciones de las distintas partes, incluyendo el Gobierno, el ELN y la sociedad civil, se reúnen para materializar entre ciclos lo que se va acordando en las mesas. Ver: (Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN) Fernández describe que una vez que se cierra la mesa, las delegaciones vuelven a sus lugares a cumplir acuerdos y a consultar con sus bases sobre qué temas pueden continuar negociando en el siguiente ciclo. Actualmente, nos encontramos entre el segundo y el tercer ciclo, que se llevará a cabo en Cuba. Durante este período, según la investigadora, se ha observado una mayor tensión, especialmente por parte del ELN, hacia el proceso de negociación, teniendo en cuenta la bomba en el Catatumbo, el aumento de retenes, los panfletos y artefactos explosivos instalados en distintas zonas del país. La investigadora nacional afirmó que se espera que en el tercer ciclo de negociación se alcance un acuerdo sobre el cese de hostilidades, ya que hasta el momento el ELN no ha firmado ningún cese. Fernández señaló que, al menos hasta este tercer ciclo, podrían seguir ocurriendo hechos como los registrados hasta ahora, e incluso nuevas acciones. Lo más preocupante son las acciones con explosivos que se instalan en distintas zonas, incluyendo barrios urbano populares y vías transitadas como la Panamericana, ya que podría dejar víctimas civiles ajenas a las hostilidades del conflicto. Por esta razón, se espera que el Gobierno lleve a la mesa de negociación alguna estrategia que permita al ELN acogerse a las exigencias no solo del Gobierno, sino también de la sociedad civil que llama a la participación.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Nos contaron los mayores que el bienestar social y la igualdad de oportunidades fueron las banderas y los sueños que signaron la vida política de personajes desde Galán el comunero, Policarpa Salavarrieta, María Cano, López Pumarejo y su “revolución en marcha”, Quintín Lame, el “indio” Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Camilo Torres y Bateman, entre otros; fuesen sus acciones resultado de una actividad individual o representasen una voluntad y un anhelo colectivos. Los pensamientos, luchas y apuestas desde postulados socialistas y comunistas, pasando por pensadores liberales como Uribe Uribe más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo sindicalista, o la apuesta de Álvaro Gómez Hurtado con su postulado de la crisis del régimen y el acuerdo sobre lo fundamental, hasta la apuesta de Álvaro Leyva Durán por la solución político del conflicto armado; todos estos se enfrentan a los efectos sobre la población del arrollador modelo económico capitalista, desde inicios del siglo XX, en un país premoderno; a su mentalidad y su infraestructura institucional con énfasis en la inversión en la industria y la agro-industria cercana a los aeropuertos y al neoliberalismo con su apertura económica, responsable del atraso y la pobreza de las regiones en la Colombia profunda. La Constitución del 91 es lo más cercano al acuerdo sobre lo fundamental, hoy expresado en el Pacto Histórico para avanzar en el camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, colocando lo social en el centro de la agenda política, como en su momento lo hizo la carta magna, por la que pasamos de ser un estado de derecho, a ser un estado social de derecho, quizás la mayor conquista de la papeleta que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente como voluntad popular, no de la vieja clase política que secuestró la institucionalidad para su beneficio económico. Varias generaciones desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX han procurado construir ambientes de bienestar comunitario, desde las aguerridas luchas obreras de Chicago, con su huelga de 1886 que conquistó las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. En Colombia, esa construcción se refleja en: los esfuerzos de reforma agraria liberal de Pumarejo; las conquistas laborales en la lucha de María Cano; las tomas de tierra lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); la creación de las cuatro grandes centrales obreras; la imponente oleada de paros cívicos con sus pliegos y la movilización ciudadana, casi siempre por acceso y tarifas de servicios públicos; la emergencia del movimiento indígena, la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y la conquista del reconocimiento como etnia de los pueblos afro, en el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993. Estos avances sociales y políticos de reconocimiento a nuestra diversidad étnica, cultural, religiosa y de género, consignados en la Constitución del 91, se vieron truncada con la presencia emergente de una nueva clase mafiosa que hizo uso del “conglomerado” narcotraficante para mantenerse aferrada al poder, con la complicidad de esa oligarquía que ha controlado las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial). Sirviéndose de las instituciones para financiar las campañas políticas y con el manejo burocrático de retornar los favores recibidos, la clase política tradicional fue labrando la pérdida de credibilidad en las instituciones. La “juntanza”, la “minga”, la “conversa” de un pueblo que se expresó incluso bajo el temor a los efectos de la pandemia del Covid-19, una nueva generación de muchachos y muchachas que, como les han quitado todo, para perder no tenía nada, las calles volvieron a ser habitadas en un hermoso matrimonio campo ciudad. El resultado final: un nuevo gobierno, un programa para hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”. Este es un momento de transición, la alternatividad ha ganado el Gobierno, pero el poder lo conserva la oligarquía, que mediante sus grandes medios de comunicación continúa su práctica a base de mentiras, determinadora de la opinión de los más desfavorecidos. De resaltar las palabras del presidente Gustavo Petro en el discurso del triunfo el 19 de junio del año anterior: "nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud". Con 20 senadores y 30 representantes a la Cámara, siendo la fuerza política más grande, no alcanza a tener la mayoría necesaria para la toma de decisiones, de ahí que el “acuerdo nacional”, conseguido inicialmente con varios partidos tradicionales, garantizaría el paso de las reformas estructurales, sin desconocer las lógicas fricciones, por ser estos beneficiarios de los anteriores gobiernos. El cambio, la mágica palabra que unió mayoritariamente a los colombianos votantes, avanza en su concreción, lentamente, primero diseñando para luego implementarse, no se puede opacar la destinación de un subsidio significativo para las mujeres cabeza de hogar con niños menores, el esfuerzo por volver lo público a la administración estatal, los derechos laborales dignos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la entrega de los dineros de la salud directamente a las IPS, en fin, éste, con sus errores y aciertos, es nuestro gobierno, así lo vemos desde el Cauca digno y rebelde. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 03 al 09 de abril La semana inició con un pronunciamiento del Comando Central del ELN que tituló Para que todos cumplamos, fechado el lunes 03 de abril. El pronunciamiento se hizo luego de una semana de duras críticas al ELN por el ataque a la patrulla militar en el Catatumbo y las múltiples reacciones ante este duro hecho militar de una confrontación que no para. En el primer punto del pronunciamiento, el ELN reafirma que son una organización cohesionada y que tienen una apuesta en común frente a los diálogos en curso con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “1. Para quienes hablan que no hay unidad en todo el ELN y que existen diferencias a nuestro interior y que nos aconsejan realizar consultas, les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la Delegación de Diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del Primer Ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso”. El segundo punto hace referencia a que se les quieren hacer imposiciones con presión "mediática": “2. A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un ‘cese el fuego multilateral’ sin haber sido pactado en la Mesa de Diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”. En el tercer punto expresan que han planteado en la mesa de diálogo y negociaciones con el Gobierno situaciones presentadas en la confrontación armada, de manera particular unos hechos en Buenaventura, donde el ELN afirma que siete de sus integrantes fueron asesinados fuera de combate. Consideran frente a los hechos del Catatumbo que hay una "inercia del conflicto", que tanto sus acciones militares como las de las fuerzas armadas gubernamentales deben ser analizadas. “3. A la Mesa de Diálogos enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del Cese el Fuego Unilateral de fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca, no hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común”. En el cuarto punto señalan las presiones mediáticas ante un conflicto que continúa y que se trata de superar mediante diálogos y negociaciones. Ante un conflicto armado vivo y por superar el ELN sigue actuando, así como lo hacen las fuerzas armadas gubernamentales. “4. Varios analistas y las empresas mediáticas del establecimiento como Caracol, RCN, Semana y Blu Radio han señalado que las Fuerzas Armadas gubernamentales son legítimas y pueden atacarnos y nosotros no. Así podría ser si el ELN no fuera una Organización Alzada en Armas contra el Estado, y en eso andamos ya 60 años. La realidad es esa y no podemos actuar de otra manera, esa es la realidad que estamos tratando de superar por medio del diálogo. Por eso acudimos a la Mesa y no usamos la estrategia mediática como la está usando el Gobierno”. El COCE del ELN insiste que los puntos de un cese bilateral al fuego (no hablan del amplio concepto de hostilidades) está acordado en la agenda y será tratado en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba. “5. Existe un Proceso de Diálogos en curso, donde hay una Agenda acordada, son temas que aún no han sido negociados, está previsto en el siguiente ciclo en Cuba poder trabajar el punto referido a Participación de la Sociedad y un Cese Bilateral al Fuego. Será en la Mesa donde los discutiremos, no haremos el juego para que temas de la Mesa se condicionen con una presión mediática, hay unos protocolos y normas pactadas que deben respetarse”. En el sexto punto hacen referencia a los diálogos regionales que se ha propuesto el Gobierno adelantar para escuchar las valoraciones y propuestas de las comunidades que siguen sufriendo la continuidad de esta violencia y resaltan la importancia de que el Gobierno no solo escuche sino cumpla con las demandas de estas regiones donde hay responsabilidades. “6. No es negativo que el Gobierno realice diálogos regionales para escuchar demandas a las comunidades en las regiones, pero que les cumpla, es la responsabilidad de los gobernantes, y lo primero que la sociedad que lo acompañó a las urnas espera es cumplimiento a los Pliegos que le entregaron un día antes de la posesión a Gustavo Petro y Francia Márquez”. Y en el séptimo se reafirman en que tienen interés en "trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones": “7. Para concluir, Colombia puede estar segura que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones, para que sea más democrática, más equitativa y justa. Estamos en función de trabajar por el diseño de la Participación de la Sociedad y avanzar a un Cese el Fuego Bilateral”. Aquí pueden leer el pronunciamiento del Comando Central del ELN: https://eln-voces.net/para-que-todos-cumplamos/ Y la semana culminó con una entrevista en la edición dominical de El Tiempo a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano para el proceso con el ELN. En esa entrevista Otty presentó los siguientes mensajes: "Creo que se impone la discusión en torno al cese del fuego porque otros temas importantes como la participación o las acciones de dinámica humanitarias son muy difíciles de hacer si ese asunto no está definido". "No vamos a esperar un cese del fuego definitivo y absoluto, sino uno que permita que la gente participe". "El tema de la participación está muy ligado con temas de democracia. Esta, por supuesto, propende a una discusión no puramente académica, sino que se trata de generar acciones que transformen los territorios en donde la gente está. Pero sin cese del fuego todo se vuelve muy difícil". "Creo que las declaraciones de Antonio García muestran disposición. De hecho, este tema del cese del fuego ya había sido pactado en el ciclo anterior". "Nosotros queremos que los diálogos transcurran de una manera cordial y transparente. Sin embargo, por lo que ha pasado en las últimas semanas hay unas dudas razonables que siente el país. La principal es si el ELN quiere o no la paz. O si quiere sentarse en una mesa para fortalecerse política y militarmente, y desde luego esa duda la tienen que resolver son ellos, a través de las palabras y de los hechos". "El tema del fin del conflicto tiene que ver con qué hacer con las armas, y desde luego hay muchas dudas de los guerrilleros que están en el monte". "Yo pienso más en el fin de los armados que en el fin de las armas. Esa tranquilidad hay que empezar a dársela también a las comunidades". "Ellos básicamente lo que relatan es una acción en Buenaventura donde hubo un ataque del Ejército contra un campamento de ellos. Qué fue exactamente lo ocurrido no está claro. Lo que ellos dicen es que hubo gente que se rindió y luego la mataron". "En este periodo de Gobierno no se está premiando la cantidad de sangre derramada ni la cantidad de vidas que se pierden, sino, por el contrario, se está valorando a las Fuerzas Militares es por las vidas que se salvan, y eso incluye guerrilleros". "La idea es que en la medida que vaya habiendo acuerdos, hay que ir buscando la manera de ir desescalando el conflicto, que las armas se vayan volviendo cada vez más inútiles, y por eso los procesos de cese del fuego y hostilidades tienen que ir aumentando su dimensión". "Como un elemento tranquilizador, pero también de apremio, nosotros les hemos planteado la necesidad de que hagamos los acuerdos lo más rápido que se pueda, para que la implementación empiece en este mismo periodo". "Yo creo que esta negociación debe ser el eje fundamental de la ‘paz total’. Creo que no lo hemos logrado, pero debería ser un eje fundamental, dado el carácter político que reclaman el ELN, y por tal motivo ellos deberían entender un poco la complejidad en la que se está". "Creo que va a haber una negociación de paz con ellos. Las negociaciones de paz no son fracasadas o exitosas porque entre ambos puntos hay una gama de posibilidades. Quiero que sea una negociación muy vital, que no sea solamente el desarme, sino que les brinde a las comunidades y a los propios exguerrilleros seguridad y posibilidades de desarrollo". El tono de la entrevista a Otty Patiño es mesurado, con argumentos y reflexiones sobre esta compleja negociación, lo cual muestra su talante de hombre reflexivo y de amplia experiencia para liderar el equipo de Gobierno y liderar este importante reto. En el intermedio de la semana se dio una álgida polémica y críticas a unas declaraciones del primer comandante del ELN, Antonio García, sobre una columna de la Periodista María Alejandra Villamizar, quien tiene una notable carrera tanto en el cubrimiento del conflicto armado, y que como funcionaria del Gobierno para las negociaciones con el ELN. De hecho, hizo parte del primer equipo negociador durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estas "amenazas" en su cuenta de Twitter: Este debate sobre las supuestas amenazas del primer comandante del ELN llevó a que Twitter cerrara su cuenta. Ante esta situación, Antonio García escribió el siguiente texto: “Democracia es abrir, no cerrar 6 de abril de 2023 por Antonio García. No es la primera vez que me cierran una cuenta en las Redes Sociales; esta vez, es una buena oportunidad para intercambiar sobre estos fenómenos informativos. Yo no he salido a decir mentiras por medio de mis mensajes o trinos, no he anunciado públicamente acuerdos que no se hayan pactado en la Mesa. Por el contrario salí a clarificar que se estaba mintiendo. Eso puede verificarse en lo que ha venido aconteciendo en la Mesa de Diálogos que tenemos con el Gobierno colombiano. Pienso, no es delito pensar o ¿también ya lo es?, es más delito mentir que aclarar que se está mintiendo. Es quizá eso lo que incomoda. Referido a los mensajes que ocasionaron molestias al Presidente Petro es conveniente revisarlos para mirar si estoy amenazando o intimidando. Los mensajes son los siguientes: << 1. A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. 2. Los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. 3. Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que "puño y puño no es pelea". 4. María Alejandra dice que "nadie es eterno en mundo", refiriéndose al ELN. 5. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: "sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver" >>. Conozco físicamente a María Alejandra y he conversado en persona, a Vicky no, pero he hablado en más de una oportunidad por teléfono, jamás las he ofendido o amenazado, además nunca me lo han dicho. Por el contrario, últimamente Vicky me ofrece una entrevista, cosa que agradezco. Sería bueno conocer si en alguna legislación del mundo es delito de amenaza decir que alguien se "le subió a la cabeza a otra". Desde niños lo usamos en nuestras familias cuando decimos a un hermano: "se te subió mi papá a la cabeza"; o en la escuela, el colegio o la universidad: "se te subió el profesor a la cabeza". También en las colectividades políticas se usará: "se te subió el jefe a la cabeza". Como no conozco en persona a Vicky, no podría decir si sea capaz de subirse físicamente en la cabeza de María Alejandra; tampoco considero que ella la deje subirse. Pero lo que digo sólo es simbólico, imaginativo, y son ellas quienes deben examinarse y ya. Si no soy objetivo pueden reírse de mis equivocaciones. Así es la vida. La broma, el chiste, la ironía tiene sus límites y debe usarse con cuidado y respeto; el mundo fuera otro si Cervantes no hubiese escrito a Don Quijote, el origen del mundo de la Novela. Incluso la poesía también tiene sus planos, que no son la realidad misma, sino que la crea y la recrea, la hace distinta, sin negarla. Los dos siguientes mensajes los entendemos los combatientes y valen para ambos bandos en una confrontación: "puño y puño no es pelea" o que "los dolores nos duelen a ambas partes". Ya el tema de la canción de Darío Gómez, lo colocó María Alejandra luego de llamarme "anciano" cosa que agradezco, pues es sinónimo de sabiduría, la tomo por el lado amable. Tome su gusto expreso, si me hubiese dicho que le gustaba Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti, Elton John u Juan Luis Guerra, hubiese salido, de pronto mejor. No me dio esa oportunidad, pues no me gusta la música de despecho, pero la respeto. Que por estos trinos se solicite que se me cierre la cuenta diciendo que estoy amenazando a alguien no es objetivo, pues con trinos no insulto a nadie, como me llaman algunas personas: Criminal, asesino, etc. Lo escucho y ya. Son decires y a nadie he amenazado por que me lo digan y hay muchos ejemplos. Existen otras personas, militares, políticos, empresarios más armados que yo que hablan y dicen cosas más graves que los chistes o bromas que yo expreso. Por estos medios y en mis intercambios sólo uso y usaré palabras, los que me han escuchado en espacios de interlocución podrán decirlo. Por fortuna, la filosofía que se dice sustenta las redes sociales es una oportunidad de darle voz a las personas y permitir que su voz se pueda dejar escuchar. Es lo que he oído decir y en eso tendrá la palabra Elon Musk, maestro en estas lides, voz y autoridad en Twitter. La democracia es abrir y no cerrar la oportunidad de escucharnos”. El Domingo 09 de abril María Alejandra Villamizar escribió esta columna en el diario El Espectador. Aquí la pueden consultar: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/maria-alejandra-villamizar/el-eln-ya-hizo-todo-menos-la-paz/ Por último señalar que la delegación de Gobierno le propuso al ELN realizar una reunión antes del tercer ciclo y el ELN no estuvo de acuerdo. El tercer ciclo está programado para iniciar el 02 de mayo en La Habana. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo Los líderes de los partidos Conservador y Liberal, Efraín Cepeda y César Gaviria, llevarán a cabo reuniones separadas con sus respectivas bancadas para analizar la propuesta de reforma de la salud presentada por el Gobierno, la cual ha sido objeto de diversas críticas. Recordemos que el Partido Liberal, seguido del Partido de La U y luego del Conservador, se retiraron de la discusión de la reforma de la salud. Estos dos últimos partidos debido a que el último borrador presentado no incluyó nada de lo acordado con el Gobierno en las reuniones previas. Se tiene previsto que la reunión del Partido Conservador se lleve a cabo el martes 11 de abril, mientras que la del Partido Liberal tendrá lugar el miércoles 12 de abril. Durante estas reuniones, los líderes de cada partido evaluarán la posibilidad de adoptar una postura unificada en relación al tema en cuestión. Es importante destacar que se buscará establecer una línea de acción clara y coherente en ambos partidos. Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que en estas reuniones posiblemente no solo se aborde el tema de la reforma a la salud, sino que también se discutirán las estrategias que cada partido adoptará para afrontar los debates sobre las reformas pensional y laboral, además de la reforma penitenciaria y la ley de sometimiento. Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, evaluará la posibilidad de que la bancada de su partido actúe con la ley de bancada en relación a la iniciativa del Gobierno. Por su parte, César Gaviria, director del Partido Liberal, sostendrá dos reuniones separadas el día 12. A las 4:00 p.m se reunirá con los senadores y a las 6:00 p.m con los representantes a la Cámara, con el fin de reafirmar la decisión de no apoyar el proyecto presentado por la ministra Carolina Corcho. En una declaración reciente, Gaviria señaló que la posición de su partido “siempre ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud”. Según Juan Alejandro Pérez, en estas reuniones es probable que los líderes de los partidos llamen a la orden a los miembros de sus respectivas bancadas y se negocie en grupo y no de manera individual. Esto significa que es posible que se exija que la votación a la reforma a la salud sea en bancada. A pesar de que esta reforma no ha sido bien recibida por algunos partidos, incluidos los Liberales y los Conservadores, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud, Jaime Urrego, señaló que es necesario cambiar el sistema de salud y que se aceptan críticas y aportes. Asimismo, destacó la importancia de la construcción democrática y el fortalecimiento institucional en este proceso. Cabe añadir que entre los puntos claves de la reforma a la salud, se destaca la descentralización de la ADRES, entidad encargada de administrar los recursos del sector salud, para fortalecer el mecanismo de giro directo hacia clínicas y hospitales del país. Además, se plantea la creación de un sistema de información que haga público en qué y cómo se gastan los recursos que se invierten, con el fin de atacar el robo de recursos en el sector. Otro punto importante es la eliminación de las EPS y la implementación de los Centros de Atención Primaria como primer contacto del paciente con el sistema de salud. Para ello, se prevé establecer más de 2.500 centros de salud que atenderían a alrededor de 20.000 colombianos cada uno. Sin embargo, esta propuesta ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que se refiere a la estructura de planta y personal de cada centro. Según el análisis de Juan Alejandro Pérez, el gobierno Petro enfrenta un desafío para reconstruir la confianza de su coalición. Pérez sugiere que si el Gobierno quiere que la reforma sea aprobada, deberá replantear su manera de negociar y priorizar los proyectos de ley, incluyendo la ley de sometimiento, la penitenciaria, la laboral y la de salud. Según el asistente de investigación, el Gobierno debe entender que en este momento hay una "tormenta" de situaciones que deben replantearse y estudiarse, como la seguridad, especialmente con las elecciones locales programadas para octubre. Juan Alejandro Pérez también indicó que existe la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias para discutir en mayor detalle proyectos como la reforma de salud. En caso de que esto suceda, es probable que las sesiones se lleven a cabo a finales de junio o mediados de julio, pero dependerá del desarrollo de los debates en los próximos días.

Por: Katerin Erazo, Catalina Lema y con la colaboración de Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN) La crisis climática es la principal amenaza que enfrenta la humanidad en la actualidad, según las conclusiones del  Informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), pues este fenómeno afecta directamente los medios de vida que tiene la especie para garantizar su supervivencia y bienestar, como son la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, entre otros. Colombia, por su grave situación en materia de seguridad y por la brecha de desigualdad, es uno de los países con menor capacidad de adaptación al cambio climático. Esto lo ubica dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, según Pacto Global[1]. Una de las estrategias más aceptadas y recomendadas en las instancias internacionales para abordar la crisis climática es la descarbonización, que consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir de forma significativa y sistemática las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN). Estas estrategias implican el replanteamiento de varias actividades económicas, especialmente las que dependen de la explotación de carbón e hidrocarburos para la generación de energía, responsables del 50% de las emisiones totales de GEI, así como las dependientes del modelo de producción agrícola actual, responsable de cambios en los suelos y del 14% de las emisiones de GEI. El aporte de Colombia a las emisiones globales de GEI es muy bajo, pero el país tiene alto riesgo de que los efectos globales de este empeoren las condiciones de pobreza, desigualdad y riesgos en materia de seguridad. Estas condiciones responden a dinámicas económicas dentro del modelo extractivo, que se han llevado a cabo de manera irregular y en detrimento de los derechos, especialmente de comunidades indígenas, mujeres, afro y jóvenes. La línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento a conflictos socioambientales relacionados especialmente con la explotación de carbón en el país. Esta actividad ha llevado a la vulneración de los derechos de quienes habitan en los territorios en donde se desarrolla la explotación de carbón. Al igual que otras actividades de explotación de los suelos, que contribuyen a la emisión de GEI, la minería de carbón a de los suelos ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola a partir de procesos de desplazamiento forzado y despojo. Por esto, urge que el país redirija su economía hacia una transición justa frente a la crisis climática. Minería de carbón y conflictos socioambientales El carbón es uno de los principales insumos para la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento (materia prima para la construcción de infraestructura) y la producción de combustibles líquidos. Todas ellas, actividades necesarias para el sostenimiento de la forma de vida actual. En Colombia, la explotación carbonífera ha estado asociada a la alianza económica entre algunas élites políticas e inversionistas extranjeros en el país, pero no necesariamente ha implicado un crecimiento económico en las regiones. En cambio, ha generado procesos de desplazamiento forzado, despojo, afectación al acceso a los servicios públicos y ecosistémicos. Esto ha derivado en una alta conflictividad en los territorios con explotación de carbón y en entorpecimientos a la implementación de los varios intentos de reforma agraria en el país. Consecuentemente, ha afectado el desarrollo de otras actividades de subsistencia como la agricultura. Casos como el documentado por la Comisión de la Verdad sobre las tierras concesionadas en La Jagua de Ibirico, Cesar, han develado el funcionamiento de alianzas entre empresas carboníferas y grupos paramilitares. Estos últimos se encargaban de la expulsión de los habitantes de los territorios de interés para las empresas y, posteriormente, estas podían adquirir las tierras a muy bajo precio. De la misma manera, una investigación realizada por el CINEPP encontró que predios del sur de La Guajira, que habían sido adjudicados a beneficiarios de la reforma agraria, fueron transados para que la vocación de sus suelos para uso agrícola cambiara por la de explotación de carbón a gran escala. Estos predios fueron también adquiridos por mineras y despojados de su objetivo inicial para la titulación campesina. Esto, mediante procedimientos irregulares de la institucionalidad encargada y aún a costa de las grandes pérdidas que la actividad extractiva había generado y que tuvieron que ser asumidas por el Estado. Las concesiones fueron impulsadas por los gobiernos especialmente entre los años 70 y 90, en un afán por demostrar resultados inmediatos en materia económica, a costa de los estudios ambientales y sociales previos. En años recientes, y desde inicios del presente siglo, las organizaciones sociales de las comunidades cercanas a las minas han desarrollado procesos de movilización social y participación ciudadana para detener los impactos de la actividad minera. Sus principales consignas son el acceso al agua potable y la destinación de suelos para usos agrícolas. También, se suman a estas, las demandas por los derechos de los trabajadores de ese sector. La pérdida de los medios de subsistencia es una realidad y una preocupación permanente para las comunidades cercanas a las minas. En 2022, las comunidades del municipio de Barrancas, sur de La Guajira, junto al movimiento sindical, realizaron bloqueos a la operación de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; los bloqueos fueron levantados tras la instalación de una mesa técnica para el abastecimiento de agua en La Guajira, como una nueva acción para dar cumplimiento a las sentencias que ya han regulado el asunto previamente pero que no han sido acatadas debidamente. En San Vicente de Chucurí, Santander, la Resistencia Ante la Minería y el Extractivismo (RAME) y otras organizaciones sociales se han movilizado en contra de nuevas pretensiones empresariales de realizar minería de carbón a cielo abierto. En este y municipios aledaños, desde 2005 opera la mina San Luis, a cargo de Cymcol Ingeniería S.A.S., que realiza explotación de carbón a cielo abierto y subterránea. De acuerdo con líderes territoriales, la concesión minera en San Vicente abarca zonas de interés turístico y de vocación agrícola. La actividad extractiva de carbón afecta el desarrollo de estas actividades económicas, así como otras formas de vida relacionadas con la protección ambiental, que la comunidad ha buscado impulsar en el Plan de Manejo Básico Territorial. Además de las afectaciones ambientales, territoriales y a la salud de las comunidades, grupos armados han violentado a las organizaciones y líderes que se oponen a la minería de carbón y a otras economías extractivas. ¿Puede la descarbonización ser una aliada de la paz? A parte de ser una apuesta por la mitigación de emisiones de GEI, en países como Colombia, con alta conflictividad asociada a las economías de explotación, la descarbonización se presenta como una oportunidad para desescalar la violencia y saldar la deuda histórica con las comunidades más afectadas por estas actividades. En ese sentido, su implementación debe estar alineada con los conceptos de seguridad humana y seguridad alimentaria a nivel local, territorial y nacional. Las estrategias, proyectos e iniciativas en pro de la descarbonización tienen un respaldo internacional y legal en los compromisos adquiridos por Colombia y otros países a través de acuerdos internacionales y locales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). A nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050) describe 9 pilares para cumplir con lo pactado en estos acuerdos: el conocimiento y la gobernanza climática, la gestión integral de la biodiversidad, la producción y el consumo sostenible, una transición justa para la fuerza laboral, el desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones, el desarrollo urbano integral en las ciudades-región, la diversificación de la matriz energética, y la movilidad e infraestructura sostenibles. Sumado a ello, después de un largo proceso impulsado principalmente por organizaciones de la sociedad civil y defensores ambientales, en 2022 Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú. Este pacto plantea mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana equitativa, que pueden ser aplicados en la construcción de las estrategias de descarbonización en el país, lo que puede no solo ayudar a disminuir la crisis climática que vive Colombia, sino también puede llegar a frenar el conflicto armado que ha sido otra de las grandes problemáticas por la que ha pasado Colombia. [1] https://www.pactoglobal-colombia.org/news/colombia-esta-entre-los-11-paises-mas-vulnerables-a-la-crisis-climatica-ee-uu.html#:~:text=Los%20once%20pa%C3%ADses%20son%20Colombia,tienen%20la%20capacidad%20de%20adaptarse%E2%80%9D.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En respuesta a la matriz mediática que está girando alrededor de la idea de una crisis de seguridad nacional, la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta suinforme Mitos y realidades de la Paz Total, con datos y tendencias sobre la violencia en Colombia desde el año 2019 hasta la actualidad, analizando las cifras de violencia homicida y otros repertorios de violencia asociados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, los homicidios de líderes y lideresas sociales, las minas antipersona y los eventos de restricciones a la asistencia humanitaria. Variación de homicidios El análisis de los homicidios es uno de los indicadores básicos para medir la temperatura de la seguridad a nivel nacional. La violencia homicida viene en aumento en el país desde el año 2021, cuando se presentaron 25.530 casos, un 17% más que en el 2020 (21.870 casos). En 2022 se presentaron 25.850 homicidios, un punto porcentual más que en 2021. Aunque la variación porcentual de homicidios de 2021 al 2022 no es alta, hay que destacar que en algunos departamentos los homicidios crecieron de manera considerable, como en el caso de Arauca, cuya variación fue del 109% (190 homicidios en 2021 y 398 en 2022). En este departamento el repertorio de violencia no sólo es incremental, sino que da cuenta de la disputa armada entre grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y el ELN. En otros departamentos como Bolívar, cuya variación de homicidios 2021-2022 fue del 43% (457 casos en 2021 vs. 652 casos en 2022), el número de casos se concentra en la ciudad de Cartagena, que varió un 51% (245 casos 2021 vs. 369 casos 2022), pero esto no responde necesariamente al accionar de grupos armados organizados, sino más bien a un fenómeno de extorsión y amenazas por parte de bandas delincuenciales. Desplazamientos forzados, reclutamiento de NNA, confinamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales A nivel nacional el desplazamiento forzado, medido en hechos victimizantes, y las denuncias por utilización de menores decrecieron en un 12%. Sin embargo, departamentos como Arauca y Vichada registran hechos muy por encima del promedio nacional, siendo Arauca el departamento más afectado con un incremento del 568%, lo que da cuenta nuevamente del intenso conflicto entre disidencias y ELN. En el caso de la utilización de menores, si bien hay decrecimiento en las denuncias, de acuerdo a la información de organizaciones sociales y de derechos humanos en terreno, esta situación obedece a una disminución de la denuncias debido a las diferentes barreras de acceso para interponerlas y la creciente violencia en contra de autoridades y liderazgos indígenas, que en departamentos como el Cauca son quienes más se resisten al reclutamiento forzado y a la utilización de niños, niñas y adolescentes. La tendencia nacional del confinamiento también lleva una curva ascendente desde el año 2016 con el peor incremento del 2019 al 2020, cuando se presentó una variación del 122%. De 2020 a 2021 hubo una disminución del 29% de los casos (44.285 casos en 2020 a 31.253 en 2021), y se presentó un leve incremento a 2022 del 5% (32.688 casos). Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales se registra una curva similar. Un pico en 2020 con 233 casos, que cayó a 136 casos en 2021 (-39%) y que subió a 180 en 2022 (variación del 32%). Si bien comparativamente el 2022 tuvo un mejor desempeño con respecto a las cifras presentadas durante el 2020, también es evidente que la tendencia de homicidios contra líderes y lideresas sociales aumentó ostensiblemente con respecto al año inmediatamente anterior 2021. Si analizamos cómo se distribuyó territorialmente el asesinato de líderes y lideresas podemos observar que este flagelo se presentó en al menos 29 de los 32 departamentos del país, concentrándose específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. Estos seis departamentos concentran el 60% de toda la violencia contra los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Una diferencia considerable en relación con otras zonas del país. Sobre las acciones de la fuerza pública Durante el 2021 y el 2022 el repertorio de acciones de la fuerza pública tuvo disminuciones pequeñas en acciones como la incautación de marihuana y minas ilegales intervenidas, que es natural en años de cambio de gobierno. Entre los resultados operativos que se incrementaron está la incautación de clorhidrato de cocaína. Respecto a los homicidios contra miembros de la fuerza pública se continuó la tendencia a la baja, registrando una disminución de seis homicidios del 2021 al 2022 y de 27 eventos de lesión. Ceses al fuego Aún no existen estadísticas consolidadas que permitan afirmar con certezas hasta qué punto los ceses al fuego existentes se cumplieron. Sin embargo, a partir del monitoreo de Pares se pueden observar puntos de inflexión que dan luces al respecto. Los ceses al fuego tuvieron problemas de diseño desde un inicio, en tanto al no estar acompañados de mesas de negociación instaladas, la verificación se dificultó. Otro error de diseño que se advirtió desde la sociedad civil fue que la firma de ceses al fuego bilaterales no implicaba desescalamiento de la violencia contra civiles, en tanto una de las principales causas es la disputa violenta por el control territorial de grupos enfrentados entre sí. De esta forma, los incentivos eran completamente insuficientes. Algunos análisis y conclusiones Este análisis encuentra que si bien es importante atender de forma urgente la crisis de seguridad y violencia en Arauca, Chocó, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, y en general en todos los territorios en disputa, la matriz mediática que señala una crisis general de seguridad nacional no es acertada. Por el contrario, el país sigue con tasas de mejora en varios de sus departamentos y ciudades. De igual forma, la fuerza pública ha continuado activa, aunque es necesario recuperar credibilidad en la presencia territorial de la misma. Desde el punto de vista de la política de paz, muchas son las recomendaciones y virajes necesarios, porque está claro que los errores de diseño, sumados a un exceso de expectativas hacia los actores armados y baja capacidad operativa del gobierno, sí han producido escenarios de violencia multi-actor que son sumamente delicados de manejar, como en el caso de Arauca, o como lo fue en el Bajo Cauca Antioqueño durante el paro minero. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, los mapas, los análisis y contextos, aquí:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta columna de opinión, que tiene aires de reseña de libro, está dedicada a presentar la antología de textos Un país por descifrar, publicado este año por el sello Editorial Universidad de Antioquia con apoyo del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad. El libro hace parte de la Colección Claves Maestras, con la que la editorial busca recoger las voces escritas y los pensamientos de las profesoras y los profesores más destacados e influyentes de esta alma mater, la misma que este año cumple 23 décadas de existencia. En este se recogen 120 columnas de opinión que la maestra María Teresa Uribe de Hincapié publicó en el periódico El Colombiano entre 1985 y 1987. Son escritos en los que se analiza un momento crucial de la historia política del país: acoge hechos tan trágicos como la Toma del Palacio de Justicia, que dividió la historia del país y sirvió para contar, a partir de allí, las víctimas del conflicto armado; o el protagonismos que alcanzó el narcotráfico como combustible del motor de la guerra en el país. La manera como está organizado el texto –en cuya división participaron varios profesores de la casa de estudios de la que hizo parte la maestra– tiene la virtud de mostrar la vigencia de su pensamiento. Pues proponen una división de temas que recoge asuntos de interés general, como los asociados al conflicto armado y las negociaciones de paz; al igual que asuntos de cultura política y ciudadana, vinculados a las transformaciones que durante ese tiempo se estaban dando en torno a la descentralización administrativa de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Igualmente, es un texto que tiene un interés para públicos más específicos: aquellos que buscan siempre, en los escritos de la maestra, sus grandes contribuciones al análisis del conflicto armado y la construcción del Estado nacional en Colombia. Las reflexiones que María Teresa realiza las hace en un momento histórico que le permitieron ahondar en sus intereses académicos, pues se estaba gestando la descentralización del poder y forjando otros relacionamientos regionales; además, las violencias y las guerras estaban generando transformaciones en las acciones colectivas y los derechos de la ciudadanía. En síntesis, aunque son textos que están escritos para una coyuntura específica, llama la atención la actualidad del pensamiento de la columnista. Allí encontrarán asuntos casuísticos y aleatorios como “De volcanes, atentados y revelaciones” donde habla de la tragedia dejada por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz en noviembre de 1985, que coincide con la alerta naranja que hoy estamos viviendo. También, como temas estructurales y no superados, asociados a las múltiples guerras que hoy persisten o al asesinato de líderes sociales y políticos, está “El tiempo del exterminio” sobre el genocidio de la UP. Fueron cerca de tres años de continua reflexión que sirvieron a la profesora para presentar sus análisis en temas muy diversos. Quedando evidenciado su amplio saber de la realidad colombiana y también su habilidad para abordar los temas que deberían estar en la agenda pública. Por ejemplo, en sus artículos sobre Mujeres y Feminismo  (pp. 237-252) habló de “El decenio de la mujer” y en el fortalecimiento del movimiento feminista en Colombia, además del “reto de consolidar y hacer cumplir las determinaciones adoptadas en el país durante el decenio” (p. 241). Incluso, a la maestra le quedó tiempo, en aquellos años de turbulencia, para reflexionar sobre su amada alma mater y criticar “La soledad de la Universidad” y la violencia contra la comunidad académica, al igual que la necesidad de defenderla, pues en la primera semana de agosto de 1987, en la Universidad de Antioquia, “en menos de diez días habían muerto cinco estudiantes y dos profesores” (p. 355). Valiosas reflexiones in situ que le sirvieron a la profesora para que, una década después, la invitaran los directivos de la Universidad a reconstruir su historia, la cual en 2003 celebró sus primeros dos siglos de existencia. Son escritos cuidadosamente elaborados, con títulos llamativos en los que se nota, en su trabajo, el esfuerzo por usar metáforas y analogías —como “El aprendiz de brujo” y “Las dos caras de Jano”—, o dichos populares —como “Contame más bien cuentos de vivos” o “En un bosque de la China…”— para llegar, con un lenguaje sencillo, a un público más amplio. Con lo que queda demostrado, una vez más, el compromiso de la profesora como intelectual con el país y con desarrollar una escritura “tranquila, clara y sumamente provocadora” (p. 16), como lo señala su compañera de trabajo y presentadora del libro, la profesora Liliana López. Son 12 secciones y 120 columnas de opinión que, durante cerca de tres años, sirvieron a la profesora para hacer una mirada crítica del país. En Un país por descifrar nos encontramos con un texto que ayuda a descubrir los hilos del poder en Colombia y que debido a su potencia analítica muy bien podría haberse llamado “Descifrando un país”, título que la profesora no hubiese aceptado debido a que —como dice la profesora López— atesoraba “el valor de la humildad” y tenía un constante deseo de dejar planteadas hipótesis y no solución de casos. En conclusión, este es un bello libro con el que la Editorial Universidad de Antioquia hace un homenaje a una profesora y líder intelectual, que abandonó su cuerpo en enero de 2019, pero que supo con sus palabras y reflexiones quedarse para siempre entre nosotros. Supo con su don de maestra ganarse el respeto de todos y convertirse en “la figura de intelectual que marcó el rumbo de los estudios politológicos en el país” (p. 13) y que hoy continúa guiando con su prosa rigurosa y pensamiento crítico la mente de muchos analistas que siguen sus trabajos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo En los últimos 20 años, más como promesa que como realidad, durante los periodos de campaña los candidatos y candidatas han predicado la "lucha frentera" contra la corrupción, que en lo público afecta al erario, la calidad de vida y el diario vivir de los colombianos y caucanas todos. Los anuncios de meter en cintura la manera descarada de robar y el actuar antiético de los corruptos fueron seguidos de la promulgación de las leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022, y la creación de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación que se sumaría a las funciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. A la cabeza de esa unidad, el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira designó a Luis Gustavo Moreno con la pomposa definición de "zar anticorrupción". El resultado no pudo ser peor, aunque sí esperable: más de cincuenta billones de pesos por año se perdieron por la corrupción en la institucionalidad, mientras el gran "zar", quien se mostraba como máximo exponente de la ética, se lucraba cobrando coimas por cerrar procesos contra corruptos, y terminó preso el 07 de marzo de 2018. De buena fe se creyó que las medidas adoptadas pondrían el tatequieto a tan abominable práctica, pasando por alto que quienes hacen las leyes y el ejecutivo que las propone mayoritariamente tienen vínculos con la clase comerciante e industrial que les financia sus campañas políticas con la aspiración de ser favorecida con normas de su conveniencia. Por ello es entendible que el referendo contra la corrupción se haya perdido el 26 de agosto de 2018, cuando participaron solo 11 millones de las 36 millones de personas aptas para votar, no logrando configurar el 51% necesario para ser aprobado, quedando ante el mundo como un país tolerante con la corrupción y haciendo evidente la inmensa influencia de la clase oligárquica por medio de los grandes medios de comunicación bajo su control. Como complemento a las normas anticorrupción, el establecimiento creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP 1), que obliga a los entes territoriales y a los institutos descentralizados a subir a esta página su historia de contratación, lo que hizo creer que era otro paso más en la brega por el uso limpio de los recursos públicos. Para tranquilizar a las ciudadanas y ciudadanos y dar apariencia del "compromiso de los gobernantes" con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, se creó el SECOP 2, que en esencia es la posibilidad que tiene el proponente y el ciudadano de ser visibles en los procesos de contratación. Ahora bien, si existen los mecanismos para ejercer control, ¿por qué no funcionan y aumenta la corrupción? La respuesta es sencilla: el veneno está en los pre pliegos y los pliegos en los que se amarran los contratos entre administradores y proponentes corruptos y, siendo así, todo control se hace sobre lo perversamente determinado. Contratistas que hacen los pliegos, consorcios o uniones temporales que compran contratos o pagan para que otros no se presenten y veedurías con poca capacidad técnica, enfrentadas al gobernante por no haber votado con él, son el telón de fondo de la corrupción rampante que desangra los presupuestos públicos y condena a los más vulnerables al desamparo oficial. Finalmente, tres cosas debemos hacer en el departamento del Cauca al respecto: formular una política pública de transparencia; crear nodos especializados de veeduría, formados, capacitados y participando desde la identificación de la necesidad hasta la ejecución de los proyectos; e impulsar ferias de contratación que son, ni más ni menos, la socialización de las oportunidades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La defensa de los derechos humanos es una labor fundamental y necesaria en cualquier sociedad democrática, pero también es una tarea peligrosa, especialmente en regiones donde existen conflictos socioambientales y económicos. En este sentido, resulta de gran importancia destacar la labor que hacen las personas en defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto latinoamericano que vive democracias aún frágiles y con múltiples violencias. Este es el trabajo que hace el Observatorio para la Defensa de la Viuda (Odevida) en Colombia, Perú y Venezuela, y en esta nota queremos destacar los informes recientes de Odevida Perú. Uno de los recientes informes hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, y Entre Pueblos, para Odevida, titulado Luchas y desafíos para la protección efectiva de defensores y defensoras de DDHH en Cajamarca, Perú, publicado el 20 de febrero, menciona que en el departamento de Cajamarca, Perú, la labor de los defensores y defensoras de DD.HH. enfrenta grandes riesgos debido a la oposición de sectores económicos poderosos y la falta de protección estatal efectiva. En este informe también se destacan los principales escenarios de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos en esta región, además revela que desde el año 2004, 13 defensores y defensoras han perdido la vida en el departamento de Cajamarca, principalmente en contextos de protesta social. También asegura que los ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos han ido en aumento en los últimos años. El documento también señala que la violencia y las amenazas no solo se dirigen a los defensores y defensoras en sí, sino también a sus familias y comunidades. Por tal razón se menciona la importancia de proteger a quienes trabajan para garantizar los derechos humanos en la región. Según la investigación, esta población enfrenta una serie de riesgos, incluyendo la intimidación, violencia física, amenazas, discriminación y la criminalización. Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentra la falta de protección efectiva por parte del Estado, ya que a pesar de que el Estado Peruano ha establecido medidas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, estas medidas no se implementan de manera efectiva en la región de Cajamarca. Además, se registró que hay una falta de recursos y de capacitación para las instituciones encargadas de proteger a los defensores y defensoras. Cabe añadir que las mujeres defensoras de derechos humanos en la región enfrentan mayores riesgos debido a su género y al trabajo que realizan. Según la investigación, las mujeres defensoras sufren discriminación, acoso y violencia sexual, lo que limita su capacidad para ejercer su labor de defensa de los derechos humanos. Esta situación es la que se denuncia en otro informe de Odevida Perú titulado Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género, publicado el 16 de marzo de 2023, en el que se destaca la importancia de diseñar sistemas integrales de cuidado que tengan como objetivo la universalización en el acceso y la calidad de los servicios, basados en la corresponsabilidad social y de género. Además, llama la atención sobre la necesidad de crear conciencia respecto a la contribución valiosa de las defensoras de derechos humanos para la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad y el sostenimiento de la democracia. Este informe también señala la importancia de respetar los estándares internacionales de derechos humanos en las iniciativas de ley que se propongan o aprueben y de revisar y mejorar la formación de las y los abogados y de los efectivos policiales, incorporando la enseñanza y valor de los derechos humanos y la atención especializada en violencia de género. En resumen, el informe destaca la necesidad de abordar las desigualdades de género en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y de fortalecer los sistemas de cuidado y protección de los derechos humanos. Frente a esta problemática que resaltan ambos informes, se destaca que es fundamental diseñar sistemas integrales de cuidado que permitan el acceso universal y de calidad a los servicios, con una corresponsabilidad social y de género. Otras de las recomendaciones que señala Odevida Perú es incluir la generación de un mecanismo para exigir la debida diligencia empresarial; la promoción de una reforma normativa para considerar la criminalización como una forma de agresión; el fortalecimiento de medidas de protección y el acompañamiento para las personas defensoras criminalizadas, y la atención de todos los casos de violencia contra ellas. Además, sugiere fortalecer la gobernanza del Mecanismo Intersectorial con la participación de la sociedad civil y los poderes del Estado y asimismo incorporar avances importantes en el Plan Regional a la "Ruta de atención en violencia de género con enfoque territorial"; aprobar un protocolo sectorial para brindar protección a las defensoras y fortalecer la respuesta frente al acoso virtual. Por otro lado, en el informe Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género también se resalta la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de las defensoras de derechos humanos en la realización de los derechos de las mujeres y la democracia. Entre las recomendaciones, este informe destacó la importancia de que el Parlamento respete los estándares internacionales de derechos humanos al proponer y aprobar iniciativas de ley, y que los abogados y efectivos policiales reciban formación en derechos humanos para identificar posibles vulneraciones de derechos y desactivar las masculinidades hegemónicas que reproducen la violencia de género. Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le dijo a Pares que algunas de las recomendaciones frente a esta problemática contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú es que el Estado Peruano debe investigar los crímenes contra los derechos humanos, sancionar a los responsables, terminar con los estados de emergencia y la militarización de algunas zonas del país. Miguel Jugo también señaló que es importante realizar las acciones políticas dirigidas a resolver la crisis política, una de ellas es el adelanto de las elecciones. Finalmente, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recomendó a la sociedad que exija al Estado el respeto al estado de derecho, al equilibrio de poderes y a las organizaciones autónomas, tales como el Sistema Electoral y la Defensoría del Pueblo, así como al Poder Judicial y al Ministerio Público para lograr verdad y justicia. “También se recomienda al Ejecutivo la reparación a las víctimas, la reforma de los servicios de seguridad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la búsqueda de una solución política para resolver la crisis”, puntualizó Miguel Jugo.

Por: Igor Parma, Internacionalista “Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad. Hacia un cambio de la política antidrogas; un Brasil garante de la.paz en Colombia y el estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias.” Eso escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter el 02 de enero de este año, al momento de la ceremonia de inauguración del presidente Lula, en Brasil, por su tercer mandato. Los dos países vivieron al tiempo un cambio político similar. De Bolsonaro a Lula en Brasil y de Duque a Petro en Colombia. Cómo constató el profesor Mauricio Jaramillo en entrevista a Contra Reloj: “Petro ha despertado en el progresismo latinoamericano una suerte de expectativa muy grande”. En efecto, la conexión entre Petro y Lula ya se había mostrado fuerte incluso antes que Petro fuera electo por el pueblo colombiano. En uno de sus discursos, Lula dijo que, por más que no estuviera acostumbrado a interferir en elecciones en el extranjero, pedía que los y las colombianas votaran por Petro “para que desde octubre, Brasil y Colombia puedan unirse a otros países y construir una América del Sur fuerte, con integración política, económica, cultural, para que tengamos un bloque muy fuerte para negociar con otros bloques en todo el mundo”. Los dos países poseen un histórico de aproximación también en las gestiones anteriores de Iván Duque y Jair Bolsonaro. El 19 de octubre de 2021 firmaron siete acuerdos de cooperación en Brasilia. Esos acuerdos se suman a unos memorandos de entendimientos —que se pueden entender como un compromiso futuro de cooperación en determinadas áreas— y una carta de intención, en un total de 15 instrumentos oficiales entre los dos países. La cooperación Colombia-Brasil, aunque se presente robusta en número de instrumentos, todavía no se ha traducido ni por Petro ni por Lula en hechos. Ambas gestiones enfrentan ahora retos en sus gobiernos. Petro con el hundimiento de la reforma política y la dificultad de la Paz Total, así como las tensiones alrededor de las reformas de los sistemas de salud, laboral y de pensiones que están en discusión, y Lula con obstáculos en la gestión de la economía y dificultades para componer y mantener la mayoría para la aprobación de reformas importantes como la tributaria, prometida por su ministro de Economía, Fernando Haddad. Se entiende que en este contexto la cooperación regional no sea una prioridad en la agenda de los dos países. Sin embargo, una cooperación en la región amazónica ofrece una oportunidad de integración a bajo costo que puede aproximar A los dos países y conferirles protagonismo en el escenario latinoamericano. Si bien hablar de la Amazonía es siempre un asunto sensible en el escenario internacional y regional, el diálogo Colombia-Brasil se facilita por una serie de factores coyunturales. Primero porque las políticas de frontera brasileras son coordinadas bajo el concepto de “faixa de fronteira” que agrupa los países vecinos a Brasil en tres grandes arcos: Norte —involucrando desde las Guayanas hasta Perú—, Central —Bolivia y Paraguay— y Sur — Paraguay, Argentina y Uruguay—. En el arco Norte, Colombia y Brasil se constituyen como las dos mayores economías. Además de eso, hay un reconocimiento en Brasil de problemas en común que enfrentan los dos países en la región, como “incursiones de mineros brasileros y extranjeros, acción de redes internacionales de tráfico de cocaína y pasta de coca, cercanía con áreas del conflicto colombiano y una incertidumbre en relación al comportamiento indígena en relación a estas cuestiones”. Ahora que los gobiernos de Colombia y Brasil se acercan ideológicamente, se presenta una posibilidad de desarrollo regional. Es cierto que coordinar políticas en esta región es algo complejo que demanda una gran cantidad de capital político, que necesitaría también coordinar y definir conjuntamente cuestiones que en cada nación de por sí ya son complejas, como el status de tierras indígenas, el desarrollo y la transformación. Sin embargo, podrían formularse cooperaciones para la región amazónica que sean sencillas, no demandarían mucho capital político —una vez que son espacio común entre los países— y permitirían un protagonismo colombiano y brasilero en una iniciativa que resonaría en el contexto latinoamericano y que podría por fin colaborar a la integración y fortalecimiento regional, algo a lo cual ambos gobiernos aspiran. Una de esas posibilidades se encuentra en el intercambio de tecnología. Brasil empezó a utilizar satélites para monitorear y señalar operaciones de minería ilegal en su territorio. Esta nueva metodología mostró resultados de caídas de hasta el 78% de nuevas alertas en sus territorios. Una cooperación tecnológica tiene beneficios adicionales también, además de su simple utilización. El uso de herramientas tecnológicas permite un rebosamiento en el desarrollo de diversas áreas. Es un efecto secundario del intercambio de tecnología, distintas áreas están vinculadas y todas se desarrollan de la mano. En esta situación, un desarrollo en tecnologías de vigilancia por satélite trae beneficios no solo en el empleo y coordinación de satélites, sino que se suman beneficios para las telecomunicaciones, para sectores de alta tecnología y conlleva beneficios que se pueden traducir al área de seguridad nacional. La cooperación Colombia-Brasil enfocándose en la Amazonía sería además un fuerte impulso para la cooperación e integración latinoamericana. Si bien Colombia ya se hace presente en 14 de los 18 bloques que componen el sistema Interamericano de integración regional y subregional según la CEPAL, hace mucho tiempo, el país tiene dificultades en protagonizar esfuerzos de integración regional. Se puede entender que, por largo tiempo, Colombia y sus presidentes estuvieron justamente ocupados con las consecuencias de su conflicto interno, sea en el combate a los narcos, o en el conflicto con las guerrillas, los retos presentados en el escenario doméstico dificultaron la acción internacional más allá de este ámbito. Sin embargo, hay señales por parte del presidente Petro recientemente de que, con el desarrollo de la Paz Total, es hora buena de que Colombia empiece a tener un protagonismo mayor en el área ambiental. Es lo que explicó el presidente Petro en la cumbre Iberoamericana cuando dijo: “no podemos perder los tiempos en una guerra, cuando los tiempos de la humanidad se están acortando por la crisis climática”. Petro señala así que uno de los cambios que pretende su gobierno es dejar de mirar solo hacia adentro de Colombia, con las espaldas al extranjero, revirtiendo así un movimiento de retracción internacional enfocado más en relaciones bilaterales, como hizo el expresidente Duque, por ejemplo con la salida de Colombia de UNASUR. Buscar cierto protagonismo regional puede ser un reto para Colombia, puesto que el escenario latinoamericano es complejo, multifacético y con grandes áreas de competencia y potencias regionales como Brasil, Argentina y Chile. Enfocar este impulso inicial en la macro agenda climática y, además, en la Amazonía, representa para Colombia una oportunidad de protagonismo por dos razones de la coyuntura actual, de las cuales se puede aprovechar la gestión Petro. La primera es que ya hay un organismo regional para la Amazonía, la OTCA —Organización del Tratado de Cooperación Amazónica—, que cuenta con un numero de Estados miembros reducido (solamente Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela toman parte una vez que son los países amazónicos). El segundo factor coyuntural es, como ya mencionado, la victoria de Lula en Brasil. Lula fue uno de los presidentes en la historia de Brasil que más utilizó la diplomacia presidencial. Esos dos factores coyunturales presentan a Colombia una ventana de oportunidad por componer un escenario en el que Colombia y Brasil son las potencias más fuertes del bloque y en la que su impulso puede más fácilmente direccionar la acción regional. Petro puede usar este espacio para avanzar su agenda ambientalista y de integración latinoamericana con poca resistencia, incluso encontrando un espacio de enfoque para su propio proyecto de diplomacia presidencial, evidenciado recientemente en su anuncio de que convocará una conferencia internacional para el diálogo en Venezuela. La cooperación Colombia-Brasil se presenta de esta manera como una oportunidad de consolidación de un esfuerzo que ya ocurre en una coordinación entre los dos países. Sería una oportunidad de afrontar problemas que acometen a ambas naciones, como la minería ilegal, la polución de acuíferos y la deforestación de la selva amazónica. Enfocarse en el escenario amazónico permitiría un campo de acción en el que el protagonismo colombiano se haría sentir más fuerte y no costaría mucho capital político, pues podría enfocar sus acciones de manera que afronten un espacio común a los estados miembros de la OTCA. Sería también un espacio en el que Colombia no tendría la competencia por el liderazgo regional de otros países latinoamericanos, alejándose de escenarios posibles, como la vuelta de la Unasur, protagonizada por Brasil y Argentina, o la acción de integración regional de Mercosur, bloques de los cuales Colombia no toma parte (Unasur) o al menos no cómo algo más allá de un estado asociado (Mercosur).

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 27 de marzo al 02 de abril Algunas consideraciones sobre el momento del proceso Gobierno Colombiano – ELN: Siempre la pérdida de vidas humanas nos debe convocar al rechazo y el llamado a proteger la vida, bien lo hace el gobierno al repudiar el ataque del ELN en el Catatumbo. La dura realidad es que hay un conflicto vivo, pero me pregunto por qué razones el ELN no distensiona. Mi respuesta es que opta por mostrar fuerza, que el conflicto continúa y que la única forma de parar esa confrontación es en la mesa acordada y de manera bilateral. Uno puede criticar la línea de actuación asumida por el ELN, que es políticamente nefasta y ahonda el repudio ciudadano. Pero ellos, el ELN, no tiene incorporado en su ADN político la variable opinión ciudadana. Para ellos no existe y actúan en concordancia, pareciera que prefieren ser temidos a ser amados o respetados. En mi consideración el ELN continúa parado sobre su proyecto estratégico: "resistencia armada", que tiene su eje central de realización en el territorio donde actúan como "estado paralelo". Por ejemplo, en el Catatumbo han venido fortaleciendo su presencia en los últimos siete años, luego del Acuerdo de Paz con las FARC. Esta persistencia en su proyecto de "resistencia armada" no significa que el ELN esté "jugando" o actuando "con la doble" al estar sentados en una mesa de diálogo y negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su planteamiento político, están "explorando" la posibilidad de salir de la "resistencia armada" mediante el proceso de paz hacia a un acuerdo que contenga una visión compartida de una Colombia en paz. Si le preguntamos al ELN ahora si está dispuesto a dejar las armas, creo que su respuesta sería: depende de si es posible construir una visión compartida de país, que se soporta en la más amplia participación de la sociedad y de unas transformaciones que hagan realidad esa visión compartida de paz. Estamos inmersos en la crisis de una violencia organizada de la que participa el ELN, esa violencia se debe superar y el único camino viable es mediante una mesa de diálogo y negociaciones como la que está en funcionamiento entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Tanto el Gobierno Colombiano como el ELN coinciden en adelantar este proceso con un cese bilateral de fuego y ambas partes pueden igualmente pactar sobre el amplio universo de hostilidades que hacen parte de estas violencias. Hay que iniciar a la mayor brevedad posible el tercer ciclo pactado para Cuba y allí acordar el cese bilateral. Ante el ataque del ELN al puesto del Ejército Nacional, esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro: 2. Otty Patiño, como jefe de la delegación de diálogos del Gobierno Colombiano en el proceso con el ELN, sacó un pronunciamiento en el que rechaza el ataque: 3. La reacción del Senador Iván Cepeda fue: 4. La Senadora María José Pizarro, integrante de la delegación del Gobierno Colombiano para los diálogos y negociaciones con el ELN, se pronunció en el siguiente sentido: "repudio contundentemente el asesinato de los miembros de la fuerza pública en el Catatumbo, mi abrazo a sus familias y a la institución. La guerra ensordece, el clamor nacional es por la paz y la vida. Analizaremos con el presidente el camino a seguir". 5. El viernes 31 de marzo se dio la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para analizar la situación creada por el ataque del ELN a la patrulla militar, en esta reunión participó la delegación de Gobierno, los países garantes, los países acompañantes, la Misión de la ONU y la Iglesia Católica. Al final de la reunión hubo declaraciones de Danilo Rueda y Otty Patiño. Los principales mensajes presentados por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, son los siguientes: “La reunión desarrollada y el acompañamiento de los países garantes y acompañantes es un respaldo a este proceso”. “Hoy se vive un traspiés, hemos compartido un mensaje desde muchas comunidades donde el Ejército de Liberación Nacional actúa, un mensaje de solidaridad con las familias de los soldados muertos y también un mensaje perentorio para que el ELN actúe en consecuencia con sus ideales políticos”. “Nada justifica con cese o sin cese este tipo de situaciones que generan desesperanza en la sociedad colombiana, pero que en lo particular afectan a los pobladores de todos estos territorios, que están hastiados de la violencia”. “Estas comunidades han convocado al presidente de la República y a la delegación de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro a desarrollar una serie de escenarios de escucha donde ellos quieren compartir de manera inmediata sus preocupaciones, sus iniciativas inmediatas de acuerdos humanitarios perentorios y exigentes a todas las partes y en particular al Ejército de Liberación Nacional”. “Hay una disposición del gobierno en su actitud de escucha a las comunidades para responder lo más pronto posible a esta solicitud y exigencia”. Adicionalmente hemos conocido la preocupación de la comunidad internacional respecto a la situación en que se encuentra esta mesa de conversaciones. Coincidimos profundamente en que estos hechos dolorosos, que hoy están expresando una crisis de este proceso, no amainan, sino que, por el contrario, fortalecen la construcción del proyecto de paz de este gobierno. No es con más muertes, de ningún colombiano, de ninguna colombiana, como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Esperamos que escuchen al pueblo colombiano, que escuchen a las comunidades, este gobierno del cambio ofrece ese espacio y esas posibilidades y pueden perder la oportunidad en este momento de la historia de ser artífices de la ética de la vida y de la ética de los cambios que merecen nuestro país. 6. El mensaje presentado por Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: “hay dos grandes interrogantes que se pusieron en esta conversación con el presidente, frente a los cuales él enfatizó mucho: el primer gran interrogante que creo resume, es la gran indagación, la gran interpelación que hay, si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse, fortalecerse en sus territorios, fortalecerse como organización o si por el contrario su estadía en la mesa significa una real vocación de paz. Esto está unido con otro elemento fundamental, el ELN se reclama como una organización política, pero ese reconocimiento como organización política tiene que ver no solamente con algo que se escribe en el papel, sino fundamentalmente con actitudes y hechos, porque la paz es la demostración más clara y la consecuencia con lo que se habla y se discute en la mesa, es la demostración más clara de que se es una organización política o se es una organización que usa lo político para fortalecerse en otros aspectos, esas son las dos grandes interpelaciones que se están planteando aquí, interpelaciones que está haciendo la comunidad nacional, que está haciendo la comunidad internacional, y me parece que esta pregunta, pensando que el ELN y todavía con la esperanza que el ELN como organización que se considera a sí misma, una organización política, debe responder. Sobre todo con las comunidades que ellos dicen defender o frente a las cuales ellos dicen tener apoyos, frente a una comunidad internacional que ha abierto de par en par sus brazos para acompañar este proceso durante todo este tiempo y no solamente acompañarlo de una manera física, sino también aportando recursos técnicos, iluminación política e incluso recursos económicos para que este proceso de paz funcione. Esa indagación en este momento de crisis es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience el tercer ciclo es absolutamente necesaria una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN en relación con este proceso”. 7. Análisis de los hechos del Catatumbo por parte de Camilo González Posso, director de Indepaz y Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. 8. Intercambio de valoraciones entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la mesa de diálogos y negociaciones con el ELN y Juan Camilo Restrepo, quien fue jefe de delegación para el proceso con el ELN durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y Pilar Molano, una víctima del ELN. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Luis Eduardo Celis Esta semana se llevó a cabo en Washington el décimo Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre la administración del presidente Joe Biden y la administración del presidente Gustavo Petro. Este es el espacio en que se revisan los temas de interés común y la agenda de la relación binacional de dos países que hemos mantenido un fluido diálogo y acción compartida. Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial desde hace más de medio siglo, hacia allí van una variedad de productos: petróleo, café, manufacturas, frutas, banano, flores y, por supuesto, desde los años setenta, marihuana y cocaína que tantas tristezas han traído y que nos ató a la fracasada guerra contra las drogas, de la cual no hemos podido salir. Hoy con un gobierno de cambio en Colombia hay voluntad e interés en que esa fluida relación con los Estados Unidos contribuya a esta agenda de transformaciones, sin duda que se requiere mucho diálogo y concertar políticas en una diversidad de temas, entre los cuales, a parte del delicado tema de drogas y el imperioso asunto de reformular las estrategias para enfrentar una compleja economía del narcotráfico plenamente globalizada, tenemos otros temas de mutuo interés con los Estados Unidos, entre los que resalta la protección de la Amazonía y un tratamiento diferente a la migración. Del diálogo de alto nivel desarrollado esta semana salen muchas rutas de actuación común entre Colombia y Estados Unidos. Se ha enriquecido esa fluida comunicación que ha caracterizado la relación entre la administración Petro y la administración Biden, que ha desvirtuado los prejuicios y señalamientos malsanos que pronosticaban que este gobierno de izquierdas y con arraigo popular tendría días tormentosos con Washington. La realidad ha sido muy diferente, desde el respeto y la voluntad de acción compartida hoy se cuenta con una fluida y diversa relación sobre los asuntos de interés común. Los Estados Unidos pueden hacer mucho por los prioritarios asuntos del desarrollo rural y las oportunidades para millones de familias campesinas que requieren mejorar sus condiciones de vida. Si se persiste en ese diálogo constructivo que ha imperado entre los dos gobiernos se podrán encontrar caminos donde se articulen las necesarias reformulaciones a las políticas antidrogas y el vital asunto de protección del Amazonas, en ambos temas plenamente ligados hay mucho por hacer de manera conjunta entre los Estados Unidos y Colombia. Como ya fue señalado hay interés desde el gobierno colombiano en discutir los temas migratorios que tienen en el continente importantes flujos poblacionales de Suramérica, Centro América y desde África y Asia hacia los Estados Unidos. Este es un tema de enormes complejidades, vital para los Estados Unidos y en el que hay mucho por hacer, de ahí la importancia de la conferencia propuesta por el presidente Petro al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se llevará a cabo en el segundo semestre de este año y en la cual se deben trazar propuestas para establecer con los Estados Unidos mecanismos y formas de asumir este enorme tema en una relación de diálogo y cooperación, de un asunto que lleva a repensar las condiciones económicas, de ejercicios de derechos y de posibilidades de movilidad poblacional, tema duro y urgente de tratar. Volviendo a los temas claves de la relación entre Colombia y Estados Unidos, tocados en este dialogo de alto Nivel, DAN, por supuesto que fue tocado el de la política de Paz Total, donde el gobierno del presidente Petro, se ha propuesto superar todas las violencias organizadas y donde hay tanto por dialogar y concertar con los Estados Unidos, en tanto ha sido enorme su involucramiento desde sus intereses de acción frente al narcotráfico y su permanente seguimiento a los temas de seguridad con una visión regional y allí Colombia siempre ha tenido un lugar destacado en los intereses de los Estados Unidos, como poder mundial y líder en el hemisferio. Una fluida y respetuosa relación entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, ha quedado ratificada con lo vivido esta semana en Washington hay muchas tareas por desarrollar y así quedo en las conclusiones de esta importante jornada. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.