Por: Redacción Pares El último congreso del ELN se había realizado en enero del 2015. Uno de los puntos más destacados de ese encuentro fue el de abrirle la posibilidad a una salida negociada de la guerra. En el comunicado final dejaban la puerta abierta al diálogo "Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas". Diez años después el ELN realizó su VI Congreso. La expectativa era total. Semanas antes a este encuentro el gobierno nacional y este grupo guerrillero lograron un importante acuerdo: el de la participación. Sin embargo las relaciones entre ambos bandos se habían tensado en las últimas semanas. Por eso las noticias que llegaron desde el VI Congreso son buenas. El centro de la declaración final del congreso fue la apuesta por la paz: “El Congreso reafirma su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la mesa de diálogos con el Gobierno”. La carta fue leída por uno de sus máximos dirigentes, Antonio García. La buena noticia es tener la certeza que todos los frentes, incluso en donde más ha habido amagues de rompimiento, como el Domingo Laín, están alineados en torno a la negociación política. También mostraron su entusiasmo por el acuerdo de participación al que se llegó en la mesa “Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías puede abrir o confluir en un proceso constituyente”. Igual, las conclusiones no estuvieron exentas de una que otra puya al gobierno. el proceso de conversaciones de paz atraviesa una grave crisis producida por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno”. Para el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia esta es una muy buena noticia ya que no hubo “Un llamamiento a la confrontación y a la guerra”. Estas fueron las conclusiones más relevantes que dejó el VI Congreso: “hablan también de que Petro y su gobierno están intentando las reformas que requiere el país, pero la oposición las tiene bloqueadas, apreciación muy similar a la que se le oye al gobierno nacional; señalan que la paz con el ELN y el proceso de participación de la sociedad civil puede desembocar en un proceso constituyente,  idea que coincide en mucho con las declaraciones de Petro de los últimos meses; hablan de la unidad del ELN de la ratificación del mando y destacan como tres principales comandantes a Antonio García, a Pablo Beltrán y a alias Pablito o Gustavo Aníbal Giraldo, lo que quiere decir que la representación del frente de Guerra Oriental y del Domingo Laín están garantizadas en el máximo órgano de dirección de esta guerrilla; hay en todo caso un airado reclamo al gobierno por lo que el ELN llama incumplimiento en la mesa de conversaciones y reclaman un cambio en la actitud del gobierno para superar la crisis en la negociación”. Francisco Daza destaca la voluntad de seguir negociando con el gobierno nacional y es un reflejo de la importancia que tuvo el haber firmado el acuerdo de participación civil. Pero hay preguntas que siguen flotando, uno de ellos es el del Frente Comuneros del Sur, en donde no se sabe si este Frente seguiría siendo parte del ELN. Lo otro que no se expuso en este comunicado fue lo del secuestro, práctica que, afirmaron, volverían a implementar. Esto queda aún como incógnita “También queda claro que no se han curado los roces entre delegación de gobierno y el COCE, seguramente para el VII Ciclo que se va a retomar ambas partes harán exigencias para retomar la negociación”. El ELN ha intentado acercamientos con el gobierno para hablar de paz desde 1975. Ninguna de las mesas de negociación en la que participó esta guerrilla había logrado concretar un acuerdo como el de participación.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Sobre las once de la noche del 13 de noviembre de 1985 todos los malos augurios que habían sobre Armero se hicieron realidad. El alcalde de esa ciudad, Ramón Rodríguez, venía advirtiéndole al gobierno nacional sobre la amenaza que se cernía sobre ellos. La erupción del volcán nevado del Ruiz era inminente. Había un informe que predecía este hecho. Lo había escrito el coronel Joaquín Acosta en 1842 y se había publicado en la Academia de Paris. Por la periodicidad mostrada por el volcán se podía saber a ciencia cierta el momento en el que volvería a despertar. Con las pruebas en la mano viajó a Ibagué se reunió con quien era en ese momento el gobernador del Tolima, Eduardo García Alzate, pero nadie le hizo caso. En la noche previa a la avalancha ya Armero estaba inundado. Tuvieron tiempo incluso de sacar a la gente del lugar. Pero no. A nadie le importó. La tragedia de Armero no acabó con los 22 mil habitantes que fueron borrados del mapa. Para los sobrevivientes empezaron otras luchas, como recuperar a los niños que se robaron, reubicarse, mantener el arraigo y la memoria. Por eso es tan importante el esfuerzo que ha realizado en todos estos años Francisco González, director de la fundación Armando Armero, adalid de la búsqueda de los niños que fueron robados ese día y que hoy son hombres que viven en diferentes partes del mundo sin saber la verdad de su origen. Pero, sobre todo, él es un constructor de memoria. En su cuenta de Facebook publicó estas imágenes, hechas el 14 de noviembre, grabadas en una cámara de 16 milímetros, un formato que le da poesía a cualquier hecho, hasta a este, que enmarca una de las peores tragedias que ha sufrido la humanidad. Una poesía que da miedo y tristeza, que impresiona. Lo que sucedió con Armero no fue sólo un desastre natural, fue un error que se pudo evitar. Las 22 mil vidas perdidas, el pueblo destruido, es el símbolo de la corrupción y desidia de nuestros dirigentes. Estas imágenes tienen el poder de hablar por sí mismas:

Por: Redacción Pares El 4 de septiembre del 2012, ante la incredulidad general, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunciaba que Oslo sería la sede de los diálogos de paz entre su gobierno y la guerrilla de las FARC. Había incredulidad porque previamente se habían intentado tres acercamientos que se convirtieron en un naufragio. El primero de ellos fue durante el gobierno de Belisario Betancur. Los diálogos de la Uribe llegaron a acuerdos importantes, uno de ellos el de crear una fuerza política que le demostrara a las FARC que la lucha armada no era la única salida a los cambios. Por eso se fundó la Unión Patriótica. La parte más extrema de la derecha colombiana, junto al repudio que le generaba el comunismo a generales retardatarios como el ex ministro de defensa Fernando Landazabal, quien ayudó a generar un estigma dentro de la sociedad colombiana, además de la organización de grupos de Autodefensas liderados, entre otros, por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, terminaron con el asesinato de más de cinco mil miembros de esta organización. El bombardeo a Casa Verde, cerró cualquier tipo de posibilidad de paz. Se esperó hasta 1999 para instalar otra mesa de negociación. Fue durante el gobierno de Andrés Pastrana cuando se intenta montar otra mesa de negociación, esta vez en San Vicente del Caguán. En este punto de la historia aparece por primera vez Noruega como uno de los países amigos de la paz en Colombia. Desde los años noventa este país de 5.3 millones de habitantes ha sido facilitador en procesos de paz en Asia, Africa, Medio Oriente y la propia América Latina. La tradición empieza en 1993 con los llamados Acuerdos de Oslo en los que el gobierno de Israel y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, intentando encontrar una salida negociada al conflicto. En ese momento el ministro de relaciones exteriores de Israel Shimon Perez y el representante de la OLP se comprometieron a negociar durante cinco años un acuerdo permanente y durante ese período, el gobierno israelí se mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, la defensa nacional y las fronteras. En este sentido, Israel seguiría siendo responsable de la seguridad en las fronteras internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania. Israel también conservaría la responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza, los asentamientos israelíes en esas zonas y la libertad de movimiento en las carreteras. Fue un acuerdo histórico que abría la esperanza a la ansiada paz y el final hubiera sido muy diferente a lo que estamos viendo en este momento, los refugiados palestinos desesperados huyendo entre las bombas israelitas después de la respuesta exagerada del gobierno de Netanyahu a los ataques de octubre de Hamás si el primer ministro israelita Yitzjack Rabin no hubiera sido asesinado en 1995, un año después de haber recibido el Nobel de paz. Desde entonces Noruega se ha comprometido de lleno a ser un país garante de paz a todo aquel que quiera tocar su puerta. Esto está asegurado por el convencimiento dentro de su política interna, un consenso nacional sobre el apoyo que se le debe brindar a cualquier proceso de paz ya que, en una aldea global, un conflicto exterior puede desencadenar una serie de hechos que afecten a todo el planeta. Su neutralidad también ha sido demostrada y respetada. Noruega podría ser en cualquier momento un puente entre Estados Unidos y Rusia. Tienen una autoridad moral ganada históricamente: jamás han tenido colonias. Al ser un país rico -es el segundo, detrás de Suiza, con más ingreso per capita- puede respaldar este tipo de acuerdos. Como dijo en su momento Kristian Berg Harpviken, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, a la BBC "El compromiso pacífico le da notoriedad a Noruega y lo vuelve interesante para los líderes más influyentes del mundo". Además de los históricos acuerdos de Oslo, Noruega fue facilitador en Guatemala y los diálogos llegaron a buen puerto con la firma de los acuerdos de paz en 1996. En Sudán y Sudán del Sur consiguieron detener con una firma de paz la cruda guerra que se vivía en esos países en el 2015. Su contribución de paz también se ha sentido en procesos de paz en países como Filipinas, Somalia y Afganistan. La colaboración por la paz con Colombia nace en los frustrados diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC. Noruega fue uno de los países amigos durante ese proceso. Incluso miembros de las FARC y del gobierno Pastrana viajaron en el año 2000 a Oslo a montar avances de ese proceso. En 1999, durante los diálogos del Caguán, Jan Egeland, quien sería en el 2014 el secretario general del Consejo Noruego para los refugiados, visitó esa zona enviado directamente por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. Egeland ya había participado en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina y también en la firma de paz en Guatemala. Fue uno de los pocos diplomáticos que tuvo acceso al impenetrable entorno de Manuel Marulanda Vélez y al de alias Gabino, máximo jefe del ELN. Se fue del país en el 2002 después de que el proceso con las FARC volviera a naufragar. El país que dejaba era el de los desplazamientos, el de la masacres paramilitares, y el de los desplazamientos: desde los años ochenta Colombia registraba 6 millones de desplazados y más de 400 mil refugiados. El 9 de diciembre del 2014 Egeland visitó el país, en donde sus zonas más golpeadas por la violencia, Jambaló en el Cauca y Tumaco, Nariño y veía como en medio de los diálogos entre Santos y Timochenko la guerra se recrudecía, algo que era absolutamente normal en un proceso de negociación. Ser facilitador de paz no ha sido fácil para Noruega. Un sector de la oposición al proceso de paz con las FARC tildó de terrorista en su momento a ese país por otorgarle legitimidad a las FARC. Es imposible no hacerlo si se busca sentar en una mesa de negociación a dos partes. Para eso es muy importante que todas las partes involucradas muestren un deseo genuino de negociar. Lo vital para Noruega es creer. Y creyó en el proceso de paz con Santos y las FARC. En octubre del 2016 incluso le otorgan en Oslo el premio Nobel al presidente Santos. Fue un espaldarazo a la negociación que había sufrido un duro revés el 3 de octubre del 2016 cuando en el plebiscito por la paz el No ganó la consulta. El galardón servía para respaldar el proceso y no muriera tras el fracaso del referendo. Sin Noruega es muy difícil haber llegado a buen puerto estos diálogos con las FARC. Noruega anunció en noviembre del 2016 que apoyaría la fase de implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos. En noviembre del 2022 el entonces Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y la ministra de relaciones exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, confirmaron el apoyo a la Paz Total de Gustavo Petro. El compromiso de la paz no sólo en Colombia, sino en el mundo, sigue siendo inquebrantable para este país nórdico.

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Reforma a la Educación en Colombia, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha generado un intenso debate que trasciende lo meramente político para adentrarse en cuestiones fundamentales sobre el modelo educativo y los principios que se promueven en la sociedad colombiana. En medio de este proceso legislativo, uno de los puntos más controversiales ha sido la posible exclusión de las humanidades, especialmente la filosofía, de las mallas curriculares. Esta propuesta ha suscitado críticas y preocupaciones significativas entre diversos sectores, incluyendo la comunidad académica y filosófica del país. Contexto de la Reforma a la Educación El Proyecto de Ley Estatutaria No. 224/2023C representa un esfuerzo por consagrar la educación como un derecho fundamental en todos los niveles, buscando garantizar una educación pública más equitativa y de calidad. No obstante, el camino legislativo de esta reforma ha sido turbulento, caracterizado por la polarización política y protestas sociales. Es por esto que el pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado llegó a una conciliación que unificaría las visiones de la oposición y el gobierno en un articulado que sería presentado a segundo debate en el Senado. Sin embargo, ante las modificaciones que tuvo la ponencia inicial respaldada por el Ministerio de Educación Nacional y diferentes miembros del sector de educación, se despertó una gran inconformidad y preocupación por los riesgos que el nuevo proyecto de ley representaría ante la educación pública y el modelo de educación integral. Puntos críticos: la filosofía y las humanidades en riesgo Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la reducción de la presencia de las humanidades, incluyendo la filosofía, en los planes de estudio. Según la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, estas disciplinas son reconocidas como fundamentales para la formación integral de los estudiantes, proporcionando herramientas para el pensamiento crítico, ético y reflexivo. La exclusión de estas áreas del currículo educativo representa una regresión en la ley como del modelo educativo en la formación ciudadanía y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. La Sociedad Colombiana de Filosofía y la Red de Docentes de Filosofía han manifestado su profunda preocupación respecto a la ambigüedad del proyecto de ley. Argumentan que estas disciplinas son fundamentales no solo para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, sino también para la comprensión profunda de la ética, la ciudadanía y la construcción de una sociedad democrática robusta "Las denominaciones como pensamiento crítico o formación para la paz deben estar respaldadas por referentes sólidos construidos por la comunidad filosófica. Es esencial que los estudiantes cuenten con una base filosófica sólida que les permita no solo reflexionar sobre su entorno, sino también cuestionar las normas establecidas y participar activamente en la vida democrática de nuestro país" – Maximiliano Padra, Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía y docente universitario. Este argumento resalta la importancia de mantener la filosofía como componentes integrales del currículo educativo. Estas ciencias y disciplinas no solo proporcionan herramientas intelectuales indispensables, sino que también cultivan la capacidad de los estudiantes para abordar críticamente los desafíos éticos y sociales contemporáneos. Por otro lado, la inclusión progresiva de la filosofía desde los primeros años de la educación media, es necesaria según expertos. Andrés Santos, miembro de la Red de Docentes de Filosofía, enfatiza que, desde una edad temprana, los estudiantes deben desarrollar habilidades de reflexión y cuestionamiento para comprender su entorno y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Según él: "Introducir la filosofía desde los primeros grados no solo es relevante, sino esencial. Los jóvenes necesitan herramientas conceptuales y habilidades de pensamiento crítico para navegar el mundo complejo en el que vivimos. La filosofía no solo les enseña a pensar, sino también a cuestionar, a debatir ideas y a entender la diversidad de perspectivas que existen en nuestra sociedad" – Andrés Santos, Red de Docentes de Filosofía. Esta perspectiva es respaldada por la UNESCO, que reconoce en la enseñanza de la filosofía una oportunidad para desarrollar lo que denominan "saber ser". Esto implica que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen una comprensión profunda de sí mismos y del mundo que les rodea, promoviendo así una ciudadanía activa y reflexiva. Recomendaciones de la Comunidad Filosófica al Congreso La comunidad filosófica de Colombia ha subrayado la importancia vital de integrar la filosofía en todos los niveles educativos como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes. Más allá de ser una disciplina académica, la filosofía desempeña un papel crucial en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, ético y reflexivo que son esenciales para una ciudadanía informada y participativa. Mateo Guerrero, docente e investigador en filosofía, argumenta: "Es fundamental entender que la filosofía tiene un papel preponderante en todas las áreas del conocimiento porque son las que constituyen lo fundamental. En las ciencias indiscutiblemente la epistemología nos permitirá tener un desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ética. Entonces es fundamental tener este tipo de diálogos para la creación de una política que nos permita entendernos, entender el mundo, entender a Colombia y fundamentalmente poder conversar con el otro." - Mateo Guerrero, Docente e investigador en Filosofía. Desde esta perspectiva, la fundamentación de la filosofía en el currículo educativo no solo fortalece las capacidades cognitivas de los estudiantes, sino que también promueve una comprensión profunda de los valores éticos y democráticos que sustentan nuestra sociedad. Panorama actual y futuro de la Reforma Educativa Con la radicación de dos ponencias distintas ante el Senado, el futuro de la reforma educativa en Colombia se encuentra en un momento álgido. Cada ponencia representa visiones divergentes sobre cómo estructurar el sistema educativo del país y qué prioridades deben tenerse en cuenta. Si se aprueba una ponencia que fundamente las humanidades y filosofía en el currículo, se podría fortalecer el acceso universal a una educación integral que prepare a los estudiantes para los desafíos globales y locales. En contraste, una ponencia que relegue las humanidades y reduzca su presencia en las aulas podría limitar la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades críticas y éticas necesarias para una participación cívica activa y responsable. Es urgente que el Congreso considere cuidadosamente estas implicaciones y escuche las voces de la comunidad educativa y académica en el proceso legislativo. Es responsabilidad del Congreso y de la sociedad en su conjunto asegurar que la reforma educativa promueva un modelo que no solo garantice el acceso universal a la educación, sino que también fortalezca las bases de una sociedad democrática y pluralista. Proteger las humanidades es proteger nuestra capacidad colectiva de pensar, cuestionar y construir un futuro mejor para todos. En última instancia, la decisión que tome el Congreso determinará no solo el futuro de la educación en Colombia, sino también el tipo de sociedad que aspiramos a construir.

Por Isabela Puyana Imagen del discurso en Barranquilla, tomada de Notas de Actualidad En un giro inesperado de los acontecimientos, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha anunciado la reducción en las tarifas de energía, tras recibir críticas del presidente Gustavo Petro. Este anuncio surge como respuesta directa a las observaciones del mandatario, quien cuestionó públicamente las medidas inicialmente propuestas por el actual ministro, Andrés Camacho, para abordar los altos costos de la electricidad en el país. Todo ocurrió durante un discurso reciente, que terminó por ser viral en redes sociales en el que el presidente Gustavo Petro manifestó su descontento con las soluciones planteadas por el ministro Camacho, clasificándolas de insuficientes para enfrentar la problemática de las tarifas elevadas que han afectado a millones de colombianos. Aquí le contamos con detalle cuáles fueron las críticas del presidente y cuáles serán las nuevas medidas propuestas por el ministro Camacho para reducir las tarifas de energía: En un discurso público el presidente Petro subrayó la necesidad de implementar políticas más agresivas y efectivas para aliviar la carga económica que representa el costo de la energía para los hogares y las empresas. "El pueblo colombiano merece respuestas claras y soluciones efectivas. Las medidas presentadas hasta ahora no han sido suficientes para reducir las tarifas de energía de manera significativa. Es imperativo que el Ministerio de Minas y Energía adopte un enfoque más decidido para garantizar tarifas justas y asequibles," declaró el presidente Petro en su alocución. Durante el discurso, el presidente se comprometió a asumir la opción tarifaria, una deuda que están pagando los usuarios porque se congelaron los precios durante la pandemia. Este compromiso impacta y beneficia a toda Colombia, no solo al Atlántico. También mencionó que era necesario inyectar más capital, cerca de 117 mil millones para programas de normalización eléctrica y para agilizar programas de transición energética con instalación de paneles y comunidades energéticas con el fin de democratizar la energía en toda Colombia. Para revisar mejor el primero de los compromisos en los que el Gobierno se compromete con asumir la opción tarifaria, es también necesario entender qué es lo que se está cobrando hasta el momento en la factura de energía que se recibe mes a mes. Factura Aire Vaya a un recuadro de la factura en donde dice Tarifa de energía Allí encontrará un listado y un nombre que le anunciará la cifra de generación. Pero si ve con más detenimiento puede encontrar lo complejo detrás de este cobro y es que hay una lista de ocho cosas más que impactan el costo final del kilovatio hora que los usuarios pagan. También está la Transmisión, las restricciones, pérdidas,distribución, comercialización, el CU y el CU+COT. El presidente Petro quiere bajar el costo de lo que se paga por energía cambiando esta fórmula a través de la que se permite cobrar y por tanto generan ganancias excesivas. Pero, ¿Cuál es esa fórmula? Foto de Isa Intercolombia Las empresas del mercado de generación son empresas diferentes a las que comercializan la energía y en el Caribe son Aire y Afina, tan reconocidas por los precios elevados de la energía a sus usuarios. Es decir, los usuarios pagan a quienes comercializan algo que viene de una cadena que empieza por la transmisión, distribución y termina con la generación. Actualmente muchas familias tienen que decidir entre pagar la energía o comer por los altos costos de la energía. En el sector de la generación hay un oligopolio. Esto quiere decir que se concentra la oferta de un sector en un número reducido de empresas y esas empresas son principalmente EPM y Sajín. ¿Por qué ocurrió la primera medida del ministerio fue insuficiente? El Ministro de Minas Andrés Camacho anunció como una posible solución una resolución en la que ponían un límite al precio posible de ese componente de generación, pero Gustavo Petro dijo que la fórmula construida por el Ministerio no le convencía, porque beneficiaba desproporcionadamente a las hidroeléctricas. Se lo dijo también a la Comisión de energía y de gas del país. La crítica del presidente parte de que el sistema hoy permite que las hidroeléctricas que tienen un costo de producción muy por debajo de las termoeléctricas terminan cobrando como si fueran termo, que necesitan combustible, carbón o gas en sus procesos de generación, mientras que las hidro utilizan agua. A las primeras les es más costoso producir y hoy la segunda están cobrando como si les costase lo mismo. Entonces rehacer la fórmula sería la promesa para redefinir este mercado. Ese cobro viene de una medida que tomó Duque en pandemia se congelaron las tarifas para que la gente no sufriera más en su momento fue un alivio, pero hoy parte del drama porque se activó el cobro de lo que se dejó de pagar y en el Caribe eso es un descontrol, por ejemplo, mientras en marzo aire cobró 354 pesos afilia solo 226 aire está entre los peores. En respuesta al reto impuesto por el presidente Gustavo Petro y después de 30 días del discurso en Barranquilla, el Ministro Andrés Camacho expuso una nueva ruta para reducir las tarifas de energía que serán las siguientes: A continuación, se detalla la ruta acordada: Se crearán mecanismos para que el saldo de la deuda de la opción tarifaria para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,7 billones sea asumida por la Nación. El mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública, destinadas a financiar a las empresas comercializadoras de energía que tienen saldos de deuda de la opción tarifaria. Dichos créditos gozan de bajas tasas de interés (tasas de interés compensadas por el Gobierno Nacional -menores a las del mercado) y cuentan con períodos de gracia de hasta 12 meses. De común acuerdo con las empresas comercializadoras beneficiadas con los desembolsos de las líneas de créditos de Findeter y otras entidades, estos dineros se reflejarán de forma progresiva en la tarifa de sus usuarios, teniendo en cuenta sus particularidades, disminuyendo el costo unitario de la opción tarifaría correspondiente a los recursos recibidos por el financiamiento, en tanto está vigente el periodo de gracia y las facilidades de los créditos que financien la opción tarifaría en plazos amplios. De esta forma, los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4% hasta el 20% del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por éstas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables. El Ministerio de Minas y Energía y la CREG expedirán una regulación específica que permita el cobro diferenciado del costo por opción tarifaria entre los estratos beneficiados (1,2 y 3) y los que continúan pagando la totalidad de la deuda (4,5 y 6 industriales y comerciales). Así como la optimización del esquema actual de las garantías que respalda las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista. Los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentarán el 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que permite al Estado asumir el pago de la deuda (con los criterios aquí descritos). Se adelantarán mesas de trabajo con las demás empresas que tienen saldos de opción tarifaria que aún no han realizado acuerdos, con el fin de lograr la disminución tarifaria y activar los mecanismos para concertar este alivio en los costos de energía a la población colombiana. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará con el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que las empresas de servicios públicos apliquen debidamente la normativa expedida en el marco del acuerdo. Continuaremos las jornadas de trabajo con usuarios, empresas y agremiaciones, orientado a definir un esquema de disminución del costo de la energía para la población más vulnerable del país e identificar medidas adicionales como renegociación de contratos para garantizar energía más barata destinada a esos mercados como el del Caribe que representa cerca del 20 % de los hogares pobres. Nuestro objetivo es encontrar todas las medidas posibles que deriven en la disminución de las tarifas de energía eléctrica en el país. Respecto a una nueva fórmula de los costos de energía producida por hidroeléctricas, aún no hay un planteamiento claro.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este lunes 10 de junio, la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un contundente comunicado en el que solicita a la guerrilla cesar las agresiones verbales hacia el presidente Gustavo Petro y los miembros del equipo de paz. En el documento, los negociadores expresaron su preocupación por la estrategia de confrontación mediática empleada por el ELN. “Hemos guardado pacientemente silencio para no seguir en la lógica de la confrontación mediática. Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al Presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, manifestaron los negociadores. El pasado martes 11 de junio, un nuevo comunicado fue emitido en respuesta a los recientes señalamientos del comandante del ELN, Antonio García, quien en publicaciones en redes sociales acusó sin pruebas contra figuras clave del proceso de reincorporación de excombatientes y de desminado humanitario. Entre los señalados se encuentran Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las antiguas FARC. García afirmó que Jiménez y Londoño estarían involucrados en contratos de desminado con el Gobierno, y además acusó al partido Comunes de colaborar con bandas paramilitares en el Chocó. Estas declaraciones han generado una fuerte respuesta del Gobierno y de los mismos implicados, quienes niegan categóricamente las acusaciones y las consideran un intento de desestabilizar el proceso de paz. Aunque García no lo mencionó explícitamente, sus acusaciones parecen estar relacionadas con los esfuerzos de desminado humanitario llevados a cabo en Nariño. En esta región, el grupo Comuneros del Sur, una facción que se separó del ELN en mayo del año pasado, ha estado trabajando en labores de desminado. Desde su escisión, el Gobierno ha tratado a esta estructura como una entidad distinta del ELN, lo que ha permitido un enfoque más directo y especializado en las tareas de desminado. El equipo de paz del Gobierno rechazó enfáticamente estas acusaciones y pidió evitar lanzar imputaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 y los proyectos que desarrollan en su proceso de reincorporación. La delegación también destacó la firma del primer punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil, a pesar de los desafíos, como el retorno del ELN a los secuestros extorsivos. “Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo No. 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, señalaron. A pesar de las dificultades, el Gobierno ha mantenido su compromiso con el cese al fuego y la búsqueda de soluciones a las crisis, incluso ante el "congelamiento" de las negociaciones anunciado por el ELN el pasado 30 de mayo. En su comunicado, el equipo de paz instó a Antonio García a abandonar la estrategia de ataque y difamación personal. García ha acusado al Gobierno de esquivar e incumplir acuerdos, afirmando que la "Paz Total se está virando a la total incertidumbre" y sugiriendo que algunos actores se benefician económicamente de la paz. Finalmente, la delegación gubernamental reiteró su invitación a la guerrilla a trabajar sin dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, incluyendo la participación de la sociedad civil, el cese al fuego, la suspensión de secuestros por razones económicas y las dinámicas humanitarias que demandan las comunidades. “Invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades y el país. Y sobre todo, a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”, concluyeron. Cabe recordar que después de 18 meses de negociaciones formales, el Gobierno y el ELN lograron un hito significativo con la firma del acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Este acuerdo, firmado en Caracas, aborda transformaciones en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental, y la educación y cultura. El documento establece iniciativas clave como la creación de una "democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano", y reformas en la doctrina de seguridad, el sistema de justicia, y el desmantelamiento del paramilitarismo y el narcotráfico. También se contempla una revisión del modelo económico, incluyendo la propiedad y uso de la tierra, y la transición energética, alineada con las políticas del presidente Petro y las demandas globales contra el cambio climático. El acuerdo también subraya la importancia de frenar la contaminación ambiental y la implementación del Acuerdo de Escazú, garantizando la protección de líderes y defensores ambientales. Aunque estas propuestas aún requieren desarrollo, representan un avance crucial en el largo camino hacia la paz en Colombia. Expertos señalan que el verdadero reto será la implementación de estos cambios a través del Congreso, en lugar de depender únicamente de las negociaciones con un grupo armado.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En mayo, en Argentina ocurrió un terrible crimen de odio. Tres mujeres lesbianas fueron quemadas vivas. Este ataque no puede ser tomado como un hecho aislado, sino como una señal alarmante de la existencia de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual de las víctimas. El caso es conmovedor: Pamela, Mercedes y Andrea murieron, ésta última agonizó por varios días con el 75% de su cuerpo quemado. El hombre de 62 años detenido por este crimen las había hostigado repetidamente por su orientación sexual. Esto es un claro ejemplo de crimen definido por el desprecio y la discriminación. El contexto político agrava esta situación. Las derechas retrógradas, que están llegando al poder, como pasó en Argentina con Miley, buscan retroceder en los avances logrados en materia de derechos humanos e inclusión y son una amenaza innegable. Las declaraciones del portavoz de esa presidencia, Manuel Adorni, son un ejemplo claro de esta amenaza cuando dice que “no me gusta definirlo como un atentado a este colectivo. Es repudiable sea contra quien sea. No nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, minimizando la naturaleza lesbofóbica del ataque, y desviando la atención de la realidad específica de violencia sistemática contra la comunidad LGBTIQ+. Este tipo de discursos son realmente peligrosos porque contribuyen a la invisibilización de las causas de los ataques. Lamentablemente, Argentina no es el único país en donde las mujeres lesbianas, y en general, la comunidad LGBTIQ+ viven con miedo de vivir libremente. En Colombia, entre 2019 y 2020, al menos 448 personas LGBTIQ+ fueron víctimas de actos de violencia, según cifras publicadas por PARES. Los datos son alarmantes: en 2022, hubo 5.491 víctimas de violencia contra esta población, con amenazas, discriminación y homicidios. En Colombia la violencia lesbofóbica, transfóbica y homofóbica es una constante. En enero, un caso particularmente perturbador en Bogotá demostró la brutalidad de esta discriminación: Sofía Rojas y su pareja fueron atacadas a botellazos, por un vecino menor de edad, simplemente por ser lesbianas quedando con graves heridas. Frente a esto, es necesario que como sociedad latinoamericana reflexionemos sobre el respeto y protección de los derechos humanos. No podemos permitir que las derechas retrógradas avancen en el poder y fortalezcan sus discursos de odio y exclusión, que les da aún más valentía a las personas intolerantes y violentas. Esta situación obliga a que los gobiernos locales y nacionales implementen estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la población LGBTIQ+. Pero también debe alertar a las organizaciones sociales porque su papel es crucial en la visibilización de estas problemáticas. Estas organizaciones son muchas veces la primera línea de apoyo para las víctimas de violencia y discriminación, que, a su vez, también son violentadas, su labor incansable en la sensibilización y denuncia es esencial. Hoy la violencia y el odio siguen siendo una amenaza constante para la diversidad sexual y de género y no puede seguir siendo aceptada. Necesitamos un cambio radical para asegurar sexualidades libres de miedo y discriminación. * Continuando con el objetivo del mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Centro democratico, Noticas RCN En enero del 2012 León Valencia viajó a Cartagena a disfrutar del Hay Festival. Allí coincidió con Sabas Pretelt de la Vega. En ese momento ya quedaba poco de quien había sido el ministro estrella de Álvaro Uribe. Cartagenero, nacido en 1946, nunca pensó que terminaría su vida enlodada en un rollo político de estas proporciones. Había llevado con éxito y durante 15 años la dirección de Fenalco, tenía un largo recorrido por el sector privado, en donde se debe incluir su paso por las juntas directivas de los bancos Popular y Cafetero, los Ferrocarriles Nacionales y la Coorporación Autónoma del Valle del Cauca. Dejó todo eso porque creía en el proyecto uribista. El cuento ya se lo sabe todo el mundo, el país en el 2002, después del fallido proceso de paz del gobierno Pastrana con los paras, tenía que soportar el auge de las FARC. El discurso duro de Uribe contra esta guerrilla caló bien entre los empresarios. Sabas lo dejó todo ante el llamado del presidente. Como ministro del interior se puso la diez en dos proyectos bandera de ese gobierno: la reelección presidencial y la ley de Justicia y Paz. El 15 de diciembre del 2004 fue el encargado de decir públicamente que a Uribe le sonaba la reelección. Once años después, en el 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 80 meses de prisión y una multa de 167 salarios mínimos por haber influido de forma ilegal en el trámite de ese proyecto. Pero Sabas no habló en ese 2012 con León Valencia de ese hecho sino de otra traición. La de cuando tuvo que darle la cara a los paramilitares, que se habían dado cuenta que estaban pecando “de exceso de uribismo” y que las garantías que ellos tenían para desmovilizarse Uribe las estaba cambiando, presionado por los Estados Unidos. Los paramilitares querían levantarse de la mesa ante la falta de garantías para cumplir lo prometido. Poco a poco venían dándose cuenta que el documento firmado con el gobierno era una hoja simple, que no estaba blindado jurídicamente. En la sentencia C370 la Corte Constitucional les borró la prerrogativa más atractiva para Mancuso y compañía: el estatus político que les eximía de contar toda la verdad y de pagar cárcel efectiva a sus condenas. Inmediatamente pasaban de firmantes de paz a convictos. Uribe los había traicionado. Para calmar el incendio Uribe envió a su ministro del interior para darles su palabra que no les iban a extraditar, que se garantizaría lo pactado. Los convenció y los paras le creyeron. Había engañado a demonios que le harían pagar caro su traición. Porque fue Sabas el que dio la cara Así le contó Pretelt este hecho a León Valencia el momento en el que se dio cuenta que Uribe lo había usado, cuando ya era embajador de Colombia en Italia: “Un día, a principios de mayo del 2008, iba camino a un almuerzo en el vehículo de la embajada de Colombia en Roma, escuchaba la emisión de W Radio, cuando de repente anunciaron que en la madrugada habían sido extraditados los catorce jefes paramilitares presos en la cárcel de seguridad de Itagui. En ese momento empezaba para Sabas, además de los problemas que tendría con la justicia, ganarse la enemistad profunda de asesinos consumados como era la cúpula del paramilitarismo. A este empresario la vida se le partió en dos por culpa de Álvaro Uribe. Tres años después de este encuentro vendría la condena de 80 meses de prisión y la muerte social para un hombre acostumbrado a sentase en todas las mesas. Esta anécdota es uno de los episodios que cuenta León Valencia en su último libro Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, publicado por la editorial Planeta.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Colombiano y El País Entre los titulares que dejaron la entrevista de Daniel Coronell con Salvatore Mancuso quedó una que sigue retumbando veinticuatro horas después de haberlo pronunciado: “Luis Carlos Restrepo ordenó asesinar a Vicente Castaño”. Mancuso ha responsabilizado varias veces al ex comisionado de paz de Uribe de haber traicionado a la cúpula del paramilitarismo al haberles ofrecido prebendas para dejar las armas que al final se cayeron. Pero nunca había lanzado una afirmación más dura contra él. Desde su cuenta de X el ex presidente Uribe ha descalificado las afirmaciones de Mancuso y al propio entrevistador, Daniel Coronell. A Uribe también le salpicaron algunas de sus declaraciones, sobre todo las que se refiere a la participación del helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando la zona del Aro mientras se realizaba una masacre. El ex jefe paramilitar se refirió también al apoyo que tuvieron de Pedro Juan Moreno, mano derecha de Uribe en la gobernación de Antioquia. Sobre Luis Carlos Restrepo en meses pasados habíamos escrito desde la página de la Fundación Paz y Reconciliación. Acá revivimos un perfil sobre cómo ha logrado evadir, el reconocido doctor Ternura, sus líos con la justicia colombiana: El pasado 19 de marzo fue un día agitado para Salvatore Mancuso. El anuncio del presidente Petro de que estaría dispuesto a recibirlo en Palacio para tener una audiencia privada sacudió el avispero. Además, la entrevista con Hollman Morris para RTVC causó impacto sobre el final del día. Las respuestas a las preguntas de Morris daban para grandes titulares. Afirmó, entre otras cosas, que si bien el ideólogo de ultra derecha José Miguel Narváez fue el que azuzó para que Carlos Castaño tomara la determinación de asesinar a Jaime Garzón, habría nombres de más peso, de poder, detrás. Se trataría de un crimen de Estado. Se despachó largo contra el expresidente Uribe a quien llamó “perpetuador del conflicto”, criticó los falsos positivos durante su gobierno  y afirmó que el Clan del Golfo “es un hijo ilegítimo” de los incumplimientos del gobierno Uribe con los comandantes paramilitares. Pero la almendra salió cuando se refirió al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a quien señaló de ser uno de los instigadores del asesinato del comandante de las AUC Vicente Castaño cuando éste empezó a ser un estorbo para los acuerdos de paz con Uribe. “Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno”. Cuando Álvaro Uribe nombró al doctor Luis Carlos Restrepo como el comisionado de paz que lideraría la desmovilización de las huestes paramilitares, pocos en Colombia pusieron algún reparo. Siquiatra de la Universidad Nacional, defensor de la nueva Constitución, autor del libro El derecho a la ternura, que fue uno de los libros más vendidos en 1994, su nombramiento en un cargo tan importante en el conservador gobierno de Uribe era una bocanada de aire fresco. Restrepo era conocido por su posición de apertura a repensar la guerra contra las drogas y durante toda su carrera dio visos de ser un defensor a ultranza de las libertades personales. Llegó al gobierno Uribe por su cercanía con Francisco Santos, entonces vicepresidente. Todo parecía ir viento en popa. En julio del 2003 se firma el Pacto de Ralito y empiezan las desmovilizaciones de los bloques más importantes. Según la Agencia Colombia de Reintegración, 30 mil paramilitares habían dejado las armas para el año 2006. Pero las críticas de los contradictores de Uribe arreciaban. Se quejaban de lo laxas que eran las penas concedidas a los comandantes de las AUC. No había ninguna posibilidad de que los paras contaran la verdad y lo más grave es que se estaban colando narcos en esas listas para poder conseguir la impunidad. Por esos años también se desmovilizó un presunto bloque de las FARC llamado Cacique La Gaitana. Su desmovilización fue televisada en cadena nacional y tratada por los medios adeptos al entonces presidente Uribe como si fuera un suceso histórico. En el 2009 Restrepo renunció a cargo. Se creía victorioso. El camino de la política parecía allanado. En su paso fugaz como presidente del Partido de la U defendió a brazo partido la reelección de Uribe, renunció para presentarse al senado en donde sus aspiraciones naufragaron. Pronto vendría la tormenta que lo borraría del mapa político. El 25 de febrero del 2011 La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ordenó la investigación a Restrepo por la falsa desmovilización del frente de las FARC Cacique la Gaitana. Se basaron en el testimonio de tres desmovilizados que sostuvieron que todo se trató de un montaje orquestado por el Ejército y Restrepo. Un año después la Fiscalía de Viviane Morales emitía la orden de captura contra Restrepo. Era acusado de los siguientes delitos: delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Unos días antes de que se ordenara su captura Restrepo huyó del país hacia los Estados Unidos. Además de la desmovilización de los 62 falsos guerrilleros que constituyeron el Bloque Cacique La Gaitana, Restrepo tenía otro lío: haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias. El otro proceso que se le sigue es por la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. Entre los años 2012 y 2014 Restrepo estuvo en las siguientes ciudades de Estados Unidos intentando estar lo más lejos posible de la justicia colombiana: Washington, Texas, Nueva York, esperando a que Canadá le diera un asilo político que se lo otorgó en el 2015. En el 2022 la Fiscalía de Francisco Barbosa logró que el “Doctor Ternura” como fue conocido por su libro, tuviera circular roja de Interpol. Lo buscaban en 168 países. Escurridizo, ha sabido mantenerse en la clandestinidad, aunque se afirma que su lugar de residencia en este momento es Panamá. Junto a otros seis implicados en la falsa movilización, en donde se incluye a los oficiales del Ejército el coronel Jaime Joaquín Ariza, Restrepo presentó una tutela a la Corte Suprema de Justicia en donde ante los fracasos en los estrados, aducen que les están vulnerando derechos fundamentales y que –luego de 10 años de litigio– se debe dar por terminado el proceso. Porque entre los ires y venires de una justicia ineficiente, se cumplieron en el 2022 diez años de haber sido abierto ese caso y los sindicados no pasaron de la imputación. Por lo que pidieron la preclusión del caso. Las hábiles defensas de Restrepo y los oficiales del ejército lo que hicieron fue dilatar lo que más pudieron la imputación. La táctica que ya se hace común entre los hábiles abogados colombianos. A algunos de los sindicados esta pataleta les sirvió, pero a Restrepo no. Un juez de Bogotá determinó que por haber sido servidor público a Restrepo le quedaba vivo el delito de peculado por apropiación, un yugo que le caía también a otros dos oficiales. Restrepo tenía que seguir huyendo de la justicia, lejos de Colombia. La denuncia de Mancuso en la entrevista a Hollman Morris deja en claro la necesidad de que se juzgue como se debe al ex comisionado de paz de Uribe. La gran pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está?

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La reforma a la educación en Colombia ha sido uno de los temas más candentes en el escenario político y social del país en las últimas semanas. Impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, esta reforma busca transformar el sistema educativo colombiano, convertir la educación en un derecho fundamental y garantizar una mayor equidad y calidad en la educación pública. Sin embargo, el proceso legislativo ha estado marcado por intensos debates, marchas y controversias, aumentando las tensiones de los intereses diversos que convergen en el sector. Contexto de la Reforma a la Educación El Proyecto de Ley Estatutaria No. 224/2023C, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles y que busca reformar el modelo educativo para convertir la educación en un derecho fundamental en todos los niveles, ha sido objeto de debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Al ser una ley estatutaria, debía pasar por votación mayoritaria de esta Comisión, encargada de velar por la constitucionalidad de las ponencias y proyectos de ley. Fueron tres ponencias las que se debatirían en la Comisión Primera: la ponencia de la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, la segunda liderada por el Senador David Luna de Cambio Radical; estas dos primeras pertenecientes a la oposición, y la tercera ponencia liderada por la Coalición de Gobierno y respaldada por el Ministerio de Educación Nacional. Las sesiones de la Comisión Primera fueron escenario de prolongadas discusiones que finalmente llevaron a una conciliación entre las tres propuestas, anunciando un proyecto de ley que integró la visión de los diferentes sectores en un modelo educativo mixto. Sin embargo, esta conciliación generó reacciones negativas de diversos sectores educativos. Reparos de FECODE: Las críticas y preocupaciones de diversos sectores educativos llevaron a movilizaciones masivas el 12 de junio, organizadas por FECODE y otros grupos sindicales. Estos fueron los principales puntos cuestionados: Creación de un modelo mixto: Poner la educación pública y privada en una misma bolsa desconoce las necesidades históricas de la educación pública en Colombia. Bonos Escolares: Inspirados en las aspiraciones del presidente argentino Miley, que fue criticado por propiciar la privatización y mercantilización de la educación. Aumento de la autonomía de las IES: Esto limita progresivamente la participación en escenarios democráticos de la comunidad educativa en las Instituciones de Educación Superior. Educación primaria obligatoria: La exclusión de los grados de transición, jardín y pre jardín de la obligatoriedad de la educación para la primera infancia. Reparos de la comunidad filosófica La Sociedad Colombiana de Filosofía y la Red de Docentes de Filosofía manifestaron dos puntos críticos sobre la propuesta: Formación integral: El proyecto de ley reducía la presencia de las humanidades de las mallas curriculares, siendo esto una regresión en la ley, pues bajo la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, se reconocen las humanidades y la filosofía como componentes esenciales para la formación integral de los estudiantes como individuos reflexivos, éticos y críticos, capaces de contribuir al desarrollo social y cultural del país. Educación como derecho esencial y servicio público: La propuesta de reformar la educación en Colombia para ser considerada un derecho esencial y un servicio público ha generado intensos debates, especialmente en cuanto a sus posibles implicaciones para la participación y el derecho a la protesta de las comunidades educativas. El conflicto surge cuando la prestación de un servicio público esencial, como la educación, se enfrenta a las acciones de protesta que pueden interrumpir su funcionamiento. Al clasificar la educación como un servicio público, se podría argumentar que cualquier interrupción en su prestación afecta directamente a un derecho esencial, lo que podría justificar medidas restrictivas contra las protestas del sector educativo. Sin embargo, esto es modificado en estas dos nuevas ponencias donde al ser categorizada como un derecho fundamental, no restringe la movilización social del magisterio. La oposición a la conciliación propuesta culminó el 13 de junio con el rechazo de la misma, dividiendo nuevamente las ponencias en dos propuestas distintas que se presentarán el 17 de junio en el Senado. La reforma educativa en Colombia se encuentra en una encrucijada, con profundas implicaciones para el futuro del sistema educativo del país. La polarización política y las diferentes visiones sobre el papel de la educación serán las tensiones inherentes a este proceso. El enfoque del gobierno en fortalecer la educación pública y garantizarla como un derecho fundamental responde a una necesidad crítica en Colombia. La educación pública ha sido históricamente subfinanciada y desatendida, lo que ha perpetuado las desigualdades sociales. Sin embargo, la implementación de esta reforma requiere un compromiso significativo de recursos y una visión clara para evitar la burocratización y asegurar una educación de calidad. Escenarios posibles Ante la radicación de las dos ponencias el día de hoy, se perfilan tres escenarios posibles en la última semana legislativa que tendrá el Congreso en el cierre de este periodo: Aprobación de la ponencia de la oposición: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia, se implementaría un modelo que pone en riesgo la educación pública, limita la formación en humanidades y propicia la privatización progresiva de la educación. Aprobación de la ponencia del Gobierno: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia respaldada por el gobierno, sería un logro para los sectores que se movilizaron y manifestaron sus desacuerdos y la educación serían un derecho fundamental para todos sus niveles. Además, sería un logro del gobierno al lograr tramitar de manera efectiva esta reforma. Caída de ambas ponencias: Si ninguna de las dos ponencias logra el quorum o la votación necesaria, la reforma educativa podría fracasar siendo archivada, sumándose a otras reformas no concretadas por el gobierno. El debate continuará en el Senado, y el resultado de esta reforma tendrá implicaciones duraderas para el futuro de la educación en Colombia. Es fundamental que se prioricen los intereses de los estudiantes, el magisterio y las comunidades académicas e intelectuales para que se promueva la idea de una educación que fomente el pensamiento crítico, la equidad, la inclusión social y la defensa de la educación pública.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un movimiento estratégico que marca un hito en la diplomacia colombiana, el presidente Gustavo Petro ha iniciado una gira por Europa con una visita oficial a Suecia. Este viaje no solo representa una oportunidad para fortalecer los lazos bilaterales entre Colombia y Suecia, sino que también busca abrir puertas hacia una cooperación más amplia en áreas clave como la paz, la tecnología y la economía. La llegada del presidente Petro al aeropuerto Arlanda de Estocolmo el pasado 12 de junio fue recibida con gran expectación, tanto en Colombia como en Suecia. Acompañado por una destacada comitiva compuesta por ministros, el canciller Luis Gilberto Murillo, la directora del Dapre Laura Sarabia, la presidenta de Procolombia, el comandante de la Fuerza Aérea y otros líderes empresariales, Petro fue recibido con honores diplomáticos, reflejando la importancia de esta visita para ambas naciones. El objetivo central de esta gira es consolidar y ampliar la colaboración entre Colombia y Suecia en diversos frentes. En primer lugar, la agenda incluye reuniones de alto nivel con autoridades suecas, entre ellas el rey Carlos XVI Gustavo, así como con líderes políticos y empresariales del país escandinavo. Estos encuentros no solo buscan fortalecer los lazos diplomáticos, sino también explorar nuevas oportunidades de cooperación en áreas como la paz, la transición energética y la transferencia de tecnología. En el ámbito de la paz, Colombia y Suecia comparten una historia de cooperación y apoyo mutuo. Suecia ha sido uno de los países que ha respaldado activamente el proceso de paz en Colombia, brindando asistencia técnica, financiera y política para la implementación del Acuerdo firmado con las FARC en 2016. En esta visita, se busca profundizar en esta colaboración, identificando áreas donde Suecia pueda seguir siendo un aliado clave en la consolidación de la paz en Colombia. Según Paola Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es crucial destacar las denuncias realizadas no solo durante esta gira, sino también las que el presidente ha venido haciendo respecto a la incapacidad de gobiernos anteriores, incluido el de Iván Duque, y el Legislativo, para cumplir con los acuerdos alcanzados en el proceso de paz de 2016. Marín destaca que el Gobierno Nacional ha enfrentado dificultades para sentar bases sólidas y avanzar de manera efectiva en la implementación de dichos acuerdos. Aunque se ha progresado de forma lenta, especialmente en temas como la reforma agraria, otros aspectos como el de las víctimas y la participación, continúan avanzando a un ritmo insatisfactorio. La investigadora de Pares señala que el Gobierno Nacional tiene su enfoque en los procesos de paz en su totalidad, lo que implica la generación de fondos sostenibles para el proceso, con el apoyo de los países garantes. Sin embargo, la negociación con facciones como el ELN y el surgimiento de la segunda Marquetalia plantean desafíos críticos. La violencia inesperada protagonizada por el Estado Mayor Central del ELN ha generado preocupación, especialmente en áreas clave para el proceso de paz, como el Bajo Cauca, Antioquia, el Sur de Bolívar y el Sur del Cesar. La reciente movilización también resalta la preocupación por el paramilitarismo y los ataques a líderes sociales, así como la violencia en el norte del Cauca y el suroccidente del país. La población civil enfrenta graves repercusiones debido a estos ataques, lo que resalta la necesidad de un esfuerzo integral por parte del Estado para garantizar la presencia efectiva en los territorios afectados, más allá de la simple presencia militar. Por su parte, la directora del Dapre, Laura Sarabia, ha destacado la importancia de fortalecer las alianzas internacionales para resolver los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz. Esto incluye no solo el apoyo político y financiero, sino también la participación del sector privado y la sociedad civil en la construcción de una paz sostenible y duradera. Además de la paz, la visita de Petro a Suecia también tiene como objetivo promover la cooperación en áreas de tecnología e innovación. Suecia es conocida por ser líder en sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y la sostenibilidad ambiental, áreas en las que Colombia busca fortalecer su capacidad y conocimiento. En este sentido, se han explorado oportunidades de colaboración entre universidades suecas y colombianas, así como entre empresas de ambos países, con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos y tecnologías. Según Diana Herrera, líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Pares, la visita del presidente Gustavo Petro a Suecia representa un compromiso con la relación diplomática entre Colombia y Suecia, la cual existe desde el 11 de diciembre de 1874. Herrera menciona que tras más de un siglo de intercambios y colaboración, ambas naciones han forjado una sólida relación basada en el progreso común. Esta alianza no solo refleja una asociación a largo plazo, sino también un compromiso compartido con valores fundamentales como la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. En este contexto, la Líder del equipo de Tecnologías de Pares destacó y explicó los siguientes puntos: Fortalecimiento de la cooperación en áreas clave: La visita de Petro a Suecia busca ampliar la colaboración en sectores fundamentales como la paz, la tecnología y la economía. Esto indica, según Herrera, un compromiso mutuo para abordar desafíos importantes y aprovechar oportunidades de desarrollo en áreas prioritarias para ambos países. Apoyo sueco al proceso de paz en Colombia: Suecia ha sido un aliado clave en el proceso de paz en Colombia, brindando asistencia técnica, financiera y política. La continuación y profundización de esta colaboración demuestran un compromiso conjunto con la construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia. Transferencia de conocimientos y tecnología: La cooperación entre universidades y empresas suecas y colombianas promueve el intercambio de conocimientos y tecnologías, beneficiando a ambas naciones en términos de innovación y desarrollo económico sostenible. Impulso a las relaciones comerciales y la inversión: La visita incluye encuentros empresariales y ruedas de negocios, lo que puede estimular el intercambio comercial y la inversión entre Colombia y Suecia en sectores estratégicos como el agroindustrial, la energía renovable y la manufactura. Esto puede conducir a un crecimiento económico mutuo y a la creación de empleo. Promoción de la imagen de Colombia en Suecia: La participación del presidente Petro en eventos culturales y sociales contribuye a fortalecer los lazos humanos y culturales entre ambas naciones, fomentando una comprensión mutua más profunda y una mayor cooperación en el futuro. En conjunto, Diana Herrera menciona que la visita de Petro a Suecia y la alianza entre ambos países representan una oportunidad para avanzar hacia objetivos compartidos de paz, desarrollo sostenible y prosperidad económica. Por otro lado, la visita de Petro a Suecia también tiene implicaciones económicas significativas. Se espera que durante esta gira se impulsen las relaciones comerciales entre ambos países, promoviendo la inversión y el intercambio comercial en sectores clave como el agroindustrial, la energía renovable y la manufactura. En este sentido, se han organizado encuentros empresariales y ruedas de negocios para facilitar el contacto entre empresarios colombianos y suecos, buscando identificar oportunidades de inversión y colaboración mutua. Además de las reuniones oficiales y los encuentros empresariales, Petro ha participado en una serie de eventos culturales y sociales en Suecia, que han servido para promover la imagen de Colombia en el país escandinavo y fortalecer los lazos entre ambas naciones a nivel humano y cultural. La visita del presidente Gustavo Petro a Suecia marca un momento importante en las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia, abriendo nuevas oportunidades de colaboración en áreas clave como la paz, la tecnología y la economía. Más allá de los acuerdos y compromisos alcanzados durante esta gira, esta visita refleja el compromiso de Colombia con la construcción de un mundo más justo, pacífico y próspero, en el que la cooperación internacional juega un papel fundamental.

Por: Redacción Pares Unos meses después de que Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos firmaran la paz en el teatro Colón de Bogotá el 26 de noviembre del 2016, Jamundí tenía 61 hectáreas sembradas de coca. En el 2018 se duplicó a 118, en el 2019 ya estaba en 1319 y desde ahí se ha mantenido en número que puede bajar hasta las 1.200 hectáreas. Para que no lo saben Jamundí está a 15 minutos de Cali. Jamundí es un corredor al Naya, la autopista desde donde los grupos armados sacan la coca hasta el Pacífico. Allí están confluyendo grupos como el frente Jaime Martínez que alguna vez perteneció al Bloque Occidental de las Farc. Se asentaron en la zona montañosa de Jamundí y desde ahí empezaron a tener control absoluto desde que se firmó la paz, desde que se convirtieron en una disidencia de la disidencia. Porque hoy es difícil creer que la Jaime Martínez pertenece al EMC. Desde que el gobierno Petro les declaró la guerra han tenido pérdidas importantes. Hace apenas una semana cayeron cuatro de sus integrantes que servían de enlace en Cali. A finales de mayo en Cauca capturaron a Mono Picho, reconocido explosivista y extorsionista de la organización en ese departamento. El frente Jaime Martínez es muy diferente a la Dagoberto Ramos y otras disidencias. Han dejado circular rumores extraños, uno de ellos es la práctica de la santería. Según publicó El Tiempo esta organización tenía entre sus integrantes a un venezolano al que le decían El Santero, quien practicaba rituales para proteger a los líderes de la Jaime Martínez. Así se fue ganando un lugar de importancia en el grupo. La Jaime Martínez ha hecho atentados en Cali. En abril del 2024 Pares advirtió sobre la ola de atentados que venía protagonizando esta estructura criminal: La ciudad de Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, no ha escapado a esta ola de violencia. En el Batallón Militar Pichincha, se registró una explosión provocada por la detonación de varios cilindros cargados con explosivos desde un camión. Estos cilindros cayeron cerca de las viviendas de militares y sus familias, generando pánico y desasosiego en la comunidad. La violencia indiscriminada y la falta de consideración por la vida humana son características preocupantes de estos ataques”. Ese mes también atacaron una estación de policía en Cajibío. Según un enlace territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, cada vez son más comunes la explosión de petardos en Jamundí. La Jaime Martínez usaría este método para obligar a comerciantes a pagar las extorsiones que exigen. El método de este grupo es el terror y la intimidación. Este miércoles 12 de junio el objetivo fue el corregimiento de Potrerito, justo a la salida de Jamundí, en la vía que conduce a Suarez. Una zona de fincas y de zonas de recreo. Este fue el lugar donde explotó una moto cuando apenas arrancaba el día. El atentado dejó varios heridos entre los que se cuenta un sargento de la policía, una patrullera y un cuidador de carros. Ante lo que es una evidente crisis de seguridad que vive el municipio y sus alrededores por el auge de la coca y la disputa que vienen sosteniendo grupos como la Jaime Martínez para tener el control, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, le pidió al gobierno nacional mayor atención ya que los hechos ocurridos están “desbordando las capacidades” que tiene el municipio.