Por: Redacción Pares El miércoles 5 de junio Danilo Castillo Castillo, mejor conocido por su alias de El Menor, era capturado por la policía en Barranquilla. El narcotráfico que se mueve en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira pasaba por su supervisión. Era uno de los líderes de Los Pachenca quienes ensartaron esta semana una serie de reveses que los ha puesto contra la pared. Un día antes, en Pereira, su hermano Carmen Evelio Castillo, alias La Muñeca, también cayó en un operativo. El poder de los Pachenca ha recaído en uno de los hermanos Castillo Castillo, el único que sigue libre, Fredy, a quien le dicen Pinocho. Ninguna estructura puede resumir el fracaso de la desmovilización de paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz durante los años de Uribe como Los Pacheca. Así como sucedió con el Clan del Golfo, esta organización es un remanente de los años donde los paramilitares mandaban en el país. Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, decidió crear en el 2004 una oficina de cobro en el Caribe, una copia de lo que se conoce como La Oficina de Envigado. Aunque Giraldo fue extraditado en el 2008 sus hijos se encargaron de perpetuar el sanguinario legado. De ellos fue la idea de crear a los Pachencia. Lo increíble de este grupo es su poder para rehacerse en las circunstancias más extremas. Para la muestra está lo que sucedió en julio del 2020 cuando el que era en ese momento su máximo cabecilla, Déimer Patiño Giraldo, alias 80, fue abatido en un operativo de la policía en la vereda Páramo de San Isidro, en zona rural de Santa Marta. Era el dueño de lo que llaman La Troncal del Caribe, el corredor que usan los narcos para llevar su mercancía en el Caribe. Un año duró la policía siguiendo los rastros de Patiño hasta que consiguieron atraparlo. Él había reemplazado a otro capo, Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, quien había sido abatido en el 2019. Alejandro Restrepo, entonces investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que en las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta, se formaba una pelea entre el Clan del Golfo y los Pachenca por el control de las rutas. El Clan del Golfo podrá tener presencia en más de 100 municipios en toda Colombia, pero, como dijo en su momento Restrepo, nadie parece disputarles el control a los Pachenca de la Sierra Nevada: “Los Pachencas son herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, lideradas por Hernán Giraldo Serna, incluso alias 80 era sobrino de Giraldo”. La pelea con el clan del Golfo arrancó hace 12 años. En esa época el grupo encabezado por alias Otoniel se llamaba Autodefensas Gaitanistas de Colombia, todo por el control de las rutas. Esa guerra causó, en unos cuantos meses del 2012, 150 muertes entre ambos bandos. La ascensión de Chucho Mercancía, quien conocía bien a Otoniel, trajo una tregua entre ambos bandos. Incluso llegaron a ser socios durante unos años. Para el ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, los Pachenca llegaron a tener tanto poder que estuvieron asociados a medios de comunicación y a líderes de la región: “Gracias a los narcoclanes político-empresariales, los herederos de Hernán Giraldo han logrado instalar de nuevo un régimen de miedo, afectando la actividad turística y empresarial por cuenta de la extorsión”. La muerte de Chucho Mercancía provocó una serie de tensiones y de divisiones dentro del grupo. El Clan del Golfo otra vez empezó a disputarle territorios claves como la llamada Troncal del Caribe. Hernán Giraldo, en el 2021, regresó al país después de pagar sus penas por narcotráfico en Estados Unidos. Pero en Colombia también le esperaba la justicia. Fue condenado por haber violado a más de 200 menores de edad en sus años de comandante paramilitar en la Sierra. Con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro intentaron meterse en la Paz Total. A pesar de que estuvieron dentro de los grupos que hicieron cese al fuego con el gobierno, las conversaciones nunca prosperaron y hoy están lejos de sentarse en una mesa de negociación. El control de los Pachenca se hace sentir en el puerto de Santa Marta y en Ciénaga, además de las inmediaciones de la Sierra. Informes de la policía señalan que controlan el 70% de la cocaína que se consume en la ciudad. La extorsión es otra de sus fuentes de ingreso. La caída de los hermanos Castillo Castillo esta semana no representaría mayores problemas para un grupo acostumbrado a reponerse de los golpes que le ha dado la ley y el Clan del Golfo en la última década.

Por: Redaccion Pares Semana del 27 al 31 de mayo Ha culminado la reunión de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, que transcurrió en Caracas entre el lunes 20 y el sábado 26 de mayo con la buena noticia de la firma del punto 1 de la agenda, que hace referencia a la "participación para  la paz", este punto fue construido en el proceso de diálogos y consultas liderado por el Comité Nacional de Participación, que desplegó una importante iniciativa de consulta que abarcó una importante diversidad de sectores sociales, organizaciones y regiones, todo este trabajo de consulta fue sistematizado por una secretaría técnica que consolidó una propuesta que fue acogida por gobierno colombiano y el ELN, lo cual abre ahora un proceso para desarrollar el punto 2 de la agenda que hace referencia a una democracia para la paz y el punto tres, denominado transformaciones para la paz. Aprobado el punto 1, se inicia un proceso de participación diverso, con garantías para quienes participen y con un sentido de acordar transformaciones, tanto en el régimen político, como  en el modelo de desarrollo, al igual que en las políticas de protección de la naturaleza, este sentido de transformaciones y alcances de está acción de participación y su carácter vinculante y decisorio que ha causado críticas y preocupaciones en sectores empresariales que estaban en el comité nacional de participación, serán objeto de nuevos diálogos de la delegación del gobierno colombiano, para escuchar estas preocupaciones y ver cómo tramitar  estas inquietudes y críticas frente a un proceso que requiere la mayor amplitud de valoraciones y propuestas y una concertación entre una diversidad social, gremial e institucional, para lograr una visión compartida de paz y un acuerdo nacional, que sustente este acuerdo, esos son los fundamentos de la agenda pactada entre el gobierno colombiano y el ELN, veremos como evolucionan estos diálogos con quienes han criticado este proceso. Hay una sombra que hay que despejar, luego del pronunciamiento público del Consejero Comisionado Otty Patiño, quien en comunicado público fue enfático en que el gobierno colombiano no firmara nada con un ELN que no cumple sus compromisos  haciendo referencia al desmarque que esta guerrilla ha hecho a su compromiso de abandonar el secuestro, lo cual por supuesto es una situación que genera repudio en un país cansado de está atroz práctica, igualmente veremos cómo evoluciona este diálogo al interior del gobierno, donde se han evidenciado criterios diferentes entre el Comisionado de Paz y la delegación de gobierno. No hay datos de cómo se implementará el punto uno sobre participación de la sociedad, las partes no han comunicado detalles de este proceso que debe iniciarse a la mayor brevedad para un gobierno que está arribando a la mitad de su periodo y donde urge acordar las transformaciones de corto, mediano y largo plazo, proceso que en su fase de diseño debe culminar según lo acordado desde el año pasado en mayo de 2025. Hay expectativa por el inicio de una fase de participación para concertar transformaciones, luego de una fase de diseño que inició en agosto de 2023 y ha finalizado en este mayo de 2024, la firma del punto de participación es un importante logro que hay que valorar y sin duda este es el proceso de diálogos y negociaciones entre un gobierno colombiano y el ELN, que más ha avanzado. Es crítica la situación de violencia en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar, donde se siguen presentando fuertes combates entre el ELN y el Clan del Golfo. #Histórico "En la #participación nunca se había llegado tan lejos y esto es fundamental, hay que destacarlo porque es la posibilidad de que la sociedad participe en la construcción de la #paz. Hay que darle el lugar que merece" Vera Grabe, Jefa de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en los diálogos con el ELN Por primera vez en estos diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y del ELN nos reunimos con algunas de las principales plataformas de víctimas: Como país garante en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, celebramos que las partes hayan firmado el acuerdo para el desarrollo del proceso de la participación, atendiendo el compromiso pactado en el primer punto en el Acuerdo de México. Comunicado completo. Acuerdo Histórico en 30 años de procesos de paz con el ELN.  El punto de fondo, el de participación trasversal en la agenda se ha logrado en el gobierno del Cambio @petrogustavo  A pesar de de presiones y tergiversaciones que desconocen lo fundamental un asunto sustancial avanzó. Iván Cepeda explica primer acuerdo con ELN: “No impondrán ningún modelo” Gobierno y ELN firman el primer punto del acuerdo de paz en proceso de negociaciones Juan Camilo Restrepo habla del acuerdo firmado entre el Gobierno y el Eln en Caracas | El Tiempo “La delegación del ELN no tiene pleno poder”: Otty Patiño Eln y Gobierno Nacional firmaron primer punto del acuerdo de paz en Venezuela | El Tiempo Nueva mesa de diálogo podría darse con sector del ELN gracias al gobernador de Nariño. Excomandante del ELN habla sobre la dificultad de realizar un proceso de paz con el Gobierno Petro

Por: Redacción Pares Los días previos al inicio del nuevo ciclo que se realizó en Caracas venían cargados de tensión. Al Comando Central del ELN le molestaba los acercamientos que había tenido el Frente Comuneros Sur con el gobernador de Nariño e incluso con el mismo gobierno en donde estuvo a punto de convertirse en una agenda aparte. El ELN dejó claro su disgusto y declaró que regresarían a la práctica del secuestro.  Pero el VIII ciclo de negociación con el ELN ha traído las mejores noticias: la firma de un primer acuerdo que puede ser el inicio de un proceso de dejación de armas por parte de esta guerrilla. Sin embargo, el acuerdo de participación no ha tenido la relevancia que se merece por parte de medios de comunicación que no han dimensionado su importancia. Incluso algunos han afirmado que este acuerdo constituye un intento de legitimación por parte del ELN para tener una vocería desde la sociedad civil, algo que no corresponde a la realidad. La sociedad civil siempre ha sido crítica con el ELN y la violencia. Todo lo contrario, lo que se consiguió fue el inicio del camino de esta guerrilla para que en un futuro próximo tenga una vocería propia dentro de la sociedad colombiana. Es el comienzo de lo que podría ser un partido político. A esta guerrilla siempre le ha interesado la participación aunque no la representación, y aunque ese había sido uno de los puntos complejos del acuerdo, parece que se está resolviendo. En este último encuentro sostenido en Caracas aparecieron temas que no son tan visibles pero que son importantes, el tema de la educación y la cultura de paz, el tema de superar el patriarcado, los enfoques de género y poblacional. Y sin duda, uno de los puntos más destacados fue poder reunirse con las víctimas, fue la primera vez que se hizo esto con el ELN. Sus delegados se mostraron dispuestos a abordar el tema. La mesa de Caracas cada vez se fortalece más tomando nota de lo que quieren sectores que históricamente se han resistido a la salida negociada con el ELN. Además las víctimas cumplen un papel fundamental. Sus inquietudes han sido tenidas en cuenta en la mesa de negociación. Lo que se está intentando hacer es un acuerdo transparente, que no guarda intenciones ocultas como se ha intentado sugerir. La firma del acuerdo sobre participación se hace en una fecha clave: los días previos al VI Congreso del ELN. Entre las voces que se han expresado sobre los diálogos con el ELN está la del director de nuestra fundación León Valencia quien siempre ha agradecido la imaginación y la paciencia de los negociadores para sostener el diálogo con ELN y afirmó que “Se va a necesitar de mucha imaginación para desarmar al ELN” y dejó claro que, cuando una guerrilla se desmoviliza, lo que va a buscar siempre es conformar un partido político. Valencia pidió paciencia y resaltó que este es un proceso de transformación y que este periodo podría durar unos 15 años. El país debe estar preparado para una negociación e implementación de estos acuerdos a largo plazo. A pesar del clima adverso que se ha respirado en las últimas semanas, con anuncios por parte del ELN de regresar a la práctica del secuestro, la negociación va en los tiempos trazados teniendo en cuenta la dureza histórica que ha significado sentarse a hablar de paz con el ELN.

Por: Katerin Erazo, Periodista Un escenario de diálogo y negociación ha emergido como un faro de esperanza en medio de la agitación y la discordia. Después de días de bloqueos que paralizaron carreteras y generaron tensiones en todo el país, representantes del Congreso de los Pueblos y del Gobierno Nacional han anunciado un acuerdo histórico para poner fin a estas medidas de protesta. Este pacto, alcanzado tras arduas negociaciones y la mediación de diversos organismos humanitarios, marca un hito en el camino hacia la reconciliación y la búsqueda de soluciones pacíficas para los desafíos que enfrenta Colombia. Las intensas negociaciones, encabezadas por el portavoz del Congreso de los Pueblos, Adelso Gallo, y la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano, representaron un esfuerzo concertado por parte de ambas partes para encontrar puntos de acuerdo y resolver las demandas planteadas por los manifestantes. Durante horas, se discutieron detalladamente las preocupaciones y las propuestas de los diferentes grupos involucrados en las protestas, en un ambiente de respeto mutuo y búsqueda de entendimiento. El proceso de diálogo contó con la presencia y la observación de destacadas organizaciones humanitarias, entre las que se incluyen la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la ONU, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo. La participación de estos organismos fue fundamental para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso, así como para proporcionar un marco ético que orientara las discusiones hacia la consecución de acuerdos justos y equitativos. Uno de los logros más significativos de estas negociaciones fue el compromiso del Ministerio del Interior para dar seguimiento al pliego de peticiones presentado por los pueblos indígenas de diferentes regiones del país. Este compromiso representa un paso importante hacia la atención de las demandas históricas de estas comunidades, que durante mucho tiempo han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios. El levantamiento de los bloqueos, anunciado oficialmente a través de las redes sociales del Congreso de los Pueblos, marca el inicio de un proceso gradual de normalización de la vida en las áreas afectadas. Se espera que esta medida permita restablecer la movilidad de las personas y la circulación de bienes y servicios, facilitando así el retorno a la normalidad y el restablecimiento del orden público. Es importante destacar que los bloqueos, que se extendieron por diversas regiones del país, tuvieron un impacto significativo en la vida cotidiana de miles de personas. Desde la sede del Ministerio del Interior hasta puntos estratégicos como la vía Quibdó-Pereira, la carretera entre Aguachica y Pailitas, la entrada a la refinería de Barrancabermeja en Santander, y la vía Panamericana en Toribío, Cauca, las manifestaciones afectaron a comunidades enteras y generaron preocupación en todo el país. En un mensaje difundido por Adelso Gallo a través de un video, se expresó la satisfacción por el acuerdo alcanzado: "Acabamos de firmar un acta de acuerdo en torno a las construcciones de la propuesta del pliego. Reconocemos que el diálogo fue rápido y efectivo, y agradecemos el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la iglesia, así como las entidades del gobierno que estuvieron presentes." Por su parte, Lilia Solano, ministra de Interior para el Diálogo Social, destacó la disposición tanto de los pueblos como del gobierno para alcanzar una conciliación: "Hemos logrado encontrar el camino para un acuerdo e instalar una mesa de diálogo permanente. Después de estos acuerdos, las comunidades y los territorios podrán movilizarse nuevamente, garantizando el derecho a la movilidad y reafirmando el compromiso del gobierno con la vida." El anuncio oficial del levantamiento de los bloqueos se realizó a través de la cuenta oficial del Congreso de los Pueblos en las redes sociales, donde se informó que se iniciará un proceso gradual de apertura de las carreteras y el desmantelamiento de los refugios humanitarios instalados en diferentes partes del país, asegurando las garantías necesarias para el retorno seguro de la población a sus hogares. Es importante recordar que desde el martes, varios puntos del país han sido escenario de protestas, tomas y bloqueos en los cuales los manifestantes han denunciado una degradación de los derechos humanos debido a lo que llaman "expansión del paramilitarismo". El Congreso de los Pueblos, una organización que históricamente ha tenido coincidencias con sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, ha sido el promotor de estas acciones, exigiendo el desmonte del paramilitarismo como política estatal. Aunque estas manifestaciones no han mencionado la violencia perpetrada por el ELN ni por las disidencias de las FARC, analistas señalan que estas últimas representan un desafío importante para la seguridad nacional en algunas regiones del país. El acuerdo alcanzado entre el Congreso de los Pueblos y el Gobierno Nacional representa un paso crucial hacia la reconciliación y la búsqueda de soluciones a las tensiones sociales que han afectado al país. Este proceso de negociación ha demostrado la importancia del diálogo y la concertación como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. Aunque quedan muchos desafíos por delante, este acuerdo nos recuerda que, con voluntad política y compromiso social, es posible superar las diferencias y trabajar juntos por un futuro más justo y próspero para todos los colombianos.

Por: Redacción Pares Hace unas semanas el país vivió un fuerte shock. El coronel retirado Elmer Fernández era asesinado al norte de Bogotá. Llevaba un puñado de meses al frente de la cárcel La Modelo. Las imágenes de su carro atravesado en la vía después de ser abaleado estremecieron. Se notaba a leguas su desprotección. Tan sólo siete días atrás, desde esta página, se había alertado sobre las amenazas que caían sobre Fernández. Las ordenes que había dado sobre traslado de presos, requisas a celdas, inspecciones, desataron la furia contra él. Un hombre llamado Pedro Pluma firmaba los panfletos amenazantes. Se especuló sobre el grupo al cual pertenecía el hombre. Se llegó a sospechar que, incluso, pertenecía a La Inmaculada, el grupo delincuencial que controla Tuluá y cuyos varios miembros están dispersos en diversas cárceles del país, pero esto no llegó a confirmarse completamente. Funcionarios del INPEC se quejaron sobre la falta de compromiso de la seguridad del entonces director de La Modelo y de ellos mismos por parte del ministro Néstor Osuna. Después del asesinato de Fernández tomar la dirección de La Modelo era agarrar una papa caliente. Solo la mayor Nancy del Socorro Pérez se atrevió a hacerlo. Este miércoles 5 de junio aparecieron unos panfletos en donde  a la mayor la amenazan. Le dan 72 horas para trasladar de celda a dos condenados. Si no hace tendría el mismo destino que su antecesor. Aún se especula sobre el autor de estas amenazas, el nombre que se está barajando es el de John Keneber Cardes alias el Cebollero. En un trino la representante a la cámara Jennifer Pedraza afirmó que la directora se encuentra completamente desprotegida “En reunión con Guardias del @INPEC_Colombia. Nos cuentan que la directora de La Modelo, Nancy Pérez, que acaba de ser amenazada de muerte no tiene esquema de protección decente ni carro blindado”. Horas después de que se hiciera la denuncia, fue detenido por parte de la policía al hombre que en las inmediaciones de La Modelo estaba dejando los panfletos. En ellos se exigía el traslado al temido patio 4A de esa cárcel a alias “Victoria” y alias “Tolima”. En ese patio es donde ocurren los mayores casos de extorsión, delito por el que están azotando a comerciantes y ciudadanos. “Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director (Élmer Fernández) por no sacar a estas dos personas”. El hombre al que se capturó por distribuir estos panfletos era un habitante de calle que afirmó haber recibido 10 mil pesos. El contacto de los presos más peligrosos con personas que les hacen “las vueltas” desde afuera es cada vez más evidente. En un artículo titulado De los peloteros al multicrimen, se cuenta como bandas locales se dedican a enviarle a través de pelotas hechas con conchas de naranja drogas, celulares y armas. Como estos actos ocurren fuera de los muros de las cárceles las autoridades del INPEC no pueden hacer nada. Por ahora se hace un llamado para presionar que desde el ministerio y la UNP se tomen medidas urgentes para que no se vuelva a repetir el horror que se vivió en mayo cuando a pesar de que se denunció las amenazas, Elmer Fernández fue ultimado a tiros mientras se dirigía a su casa. La crisis carcelaria, lejos de apagarse, parece que se convirtió en un incendio indetenible.

Por: Redacción Pares Pocos, en el interior del país, pueden dimensionar el horror que la guerra ha dejado en Tibú. Entre 1999 y el 2015 se perpetraron 31 masacres. La violencia en Tibú tiene que ver con la expansión cocalera en los años ochenta. Si, Tibú, como la región a la que pertenece, el Catatumbo, han estado marcados por su riqueza. En la década del cincuenta empiezan a aterrizar grandes empresas petroleras norteamericanas. El auge termina veinte años después y al campesino se le abren otras puertas: la de cultivar coca fue una de ellas. Las FARC y su frente 33 se instalan allí. Fueron, hasta los noventa, las máximas autoridades del municipio. Ellos decidían todo. Ponían y quitaban a su antojo alcaldes. Según Pacifista, entre los años 1989 y 1996 las guerrillas del EPL, las FARC y el ELN que se disputaban la zona, desplazaron a más de 1000 personas. A finales del siglo XX vino la contraofensiva paramilitar y el terror de las AUC. En 1999 se instala el Bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso y asesinan en todo ese año a 66 personas. Cerca de Tibú, en La Gabarra, 200 paramilitares perpetran uno de los peores hechos de violencia ocurridos en esta guerra, asesinando a más de sesenta personas en una noche. Los procesos de paz con los paras durante el gobierno de Uribe y el proceso de paz con las FARC, significaron cierto alivio para una comunidad que sigue siendo acosada por los grupos armados. En respuesta a esto Diálogo de convivencia por la Paz, DIACONPAZ ha venido haciendo, desde su creación, políticas de incidencia para la paz. Sus logros se han extendido a lo largo de los últimos años. El pasado 1 de diciembre se radicó ante la alcaldía de Tibú tres acciones muy importantes para la paz. De ellas se aprobaron dos para el plan de acción del 2024. Una de ellas es impulsar acciones de pedagogía sobre los acuerdos alcanzados en la negociación entre el gobierno y el ELN y el EMC en sus respectivas mesas. Lo otro fue que el consejo de paz asuma la tarea de construir lineamientos para la política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia. Esa es la razón de ser de ese espacio, es la principal misión, la de la participación activa de una sociedad que lleva años golpeada por la guerra. Diaconpaz es una red de organizaciones que trabaja en torno a la construcción de paz que cuenta con el apoyo de la embajada de Noruega. Es importante que las nuevas generaciones en Tibú entiendan la importancia de sembrar paz. Es lo único que puede garantizar que el espiral de violencia, asentado en este lugar desde hace tres décadas, pare de una buena vez por todas.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En el mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad. Empezaré con lo problemático que es la patologización de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Recientemente, Perú promulgó una ley que clasifica las identidades transgénero como "problemas de salud mental". Esta medida, firmada por la presidenta Dina Boluarte y publicada en mayo, contradice las directrices de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que en 2019 eliminó las condiciones de identidad de género de la categoría de "trastornos mentales y del comportamiento". Las identidades trans y de género diversa no son condiciones de mala salud mental y reconocerlas como tal profundiza la estigmatización contra las personas trans. La clasificación impuesta por el gobierno peruano ha generado protestas de defensores de los derechos LGBTIQ+ en Lima. El Ministerio de Salud ha defendido la medida, alegando que de esta manera se facilitará el acceso a tratamiento psicológico gratuito para las personas trans. Sin embargo, esta justificación es profundamente regresiva. Patologizar a las personas trans de manera oficial legitima las prácticas de tortura, mal reconocidas como “tratamientos de conversión” y afecta gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género diversa. A diferencia de Perú, en Colombia hemos dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, si bien se debe reconocer que aún falta mucho por lograr, en marzo se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que prohíbe las "terapias de conversión" dirigidas a cambiar la identidad u orientación sexual de las personas. Este proyecto, que debe pasar por dos debates más en el Senado, y que ha sido reconocido en redes sociales a partir de la frase “Nada que Curar”, es un ejemplo de cómo las políticas inclusivas pueden avanzar hacia el respeto de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de las personas LGBTIQ+. Las organizaciones internacionales y la movilización social juegan un papel central en la vigilancia y presión sobre los gobiernos para que respeten los derechos humanos. La reciente medida en Perú resalta la necesidad de que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantengan una atención constante y ejerzamos presión para enfrentar las políticas que retroceden. La movilización social, tanto a nivel local como global, es crucial para defender y promover los derechos de todas las personas. La patologización de las identidades LGBTIQ+ tiene profundas implicaciones negativas tanto en Perú como en toda la región. Históricamente, etiquetar a las personas como enfermas debido a su orientación sexual o identidad de género ha sido una de las principales causas de violaciones de derechos humanos. La violencia, el acoso y el bullying transfóbico, lesbofóbico, bifóbico y homofóbico son consecuencias directas de acciones como estas categorizaciones, que impactan severamente la salud mental y seguridad física de las personas LGBTIQ+. Ser lesbiana, gay, bisexual o trans es parte de la diversidad de la naturaleza humana. La OMS y otras organizaciones internacionales han avanzado en la despatologización de las identidades LGBTIQ+, pero la lucha continúa. Los estados tienen que adoptar medidas para prevenir, investigar y procesar todas las formas de tratamientos y procedimientos forzados dirigidos a personas LGBTIQ+. Asimismo, deben asegurarse de que los servicios de salud se proporcionen basados en el consentimiento informado y libres de discriminación y estigmatización. La celebración del Orgullo LGBTIQ+ no es solo un momento para festejar, sino también para recordar la importancia de seguir avanzando en la protección y reconocimiento de los derechos. Este es un llamado a la comunidad internacional y a la movilización social para mantenernos alerta. No podemos permitir que se den pasos hacia atrás en la lucha por la igualdad. * ¡MAS MAR!CA EL QUE NO AMA!

Paola Andrea Marín Molano Investigadora Nacional- Línea de Paz territorial y DDHH Por parte del Gob Nacional, aparece el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para asuntos de paz, junto a representantes del gobierno. Del lado de la Segunda Marquetalia, estuvieron presentes Iván Márquez y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, líder de la delegación de paz. Por medio de una fotografía divulgada por la delegación de Paz del Gobierno Nacional en la que aparecen el líder de la autodenominada Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez y el comisionado de Paz Otty Patiño, se confirma el inicio de la instalación de la Mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia, la cual será instalada el próximo 24 de junio y donde se espera dar inicio al  primer ciclo de negociación, que se realizaría entre 25 y el 29 de este mes, en la Ciudad de Caracas, Venezuela. A través de un comunicado de nueve puntos, las dos delegaciones, trazaron los ejes principales de lo que sería el proceso de negociación. Dentro de este se resalta de manera positiva, la iniciativa de la Segunda Marquetalia sobre la no realización de retenciones con fines económicos, frente a lo cual el Gobierno Nacional, se compromete a “adoptar medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto en zonas de presencia” de esta estructura. Bajo el principio de “Acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye la fase de deseño, implementación y verificación de cumplimiento, también se acordaron los puntos básicos de la Agenda de Diálogos y Negociación, dentro de los cuales se resalta: 1)    Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de la Paz 2)    Construcción de territorios de Paz. 3)    Victimas como sujeto social transformador. 4)    Condiciones para la convivencia pacifica 5)    Implementación y Verificación. En el comunicado, se mencionan las razones para el alzamiento en armas, por parte de la Segunda Marquetalia. Aludiendo al entrampamiento y el incumplimiento del Acuerdo de Paz 2016.  Frente a este punto, es importante resaltar, el papel que tuvo la publicación del informe de investigación[1] de la experta internacional en Derechos Humanos: Antonia Urrejola, sobre los obstáculos de la implementación el Acuerdo de Paz, donde se confirmó que se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Santrich y se confirmó como la Fiscalía en cabeza de Nestor Humberto Martínez cometió diversas irregularidades, autorizando “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína”, lo cual tuvo como consecuencias el rearme de esta organización.  (Urrejola, 2024) ¿Cómo se encuentra la Segunda Marquetalia? Actualmente, de acuerdo, con el monitoreo de presencia de Estructuras Armadas Ilegales, realizado desde la Fundación Paz & Reconciliación, para el 2024 la Segunda Marquetalia, registra presencia en 65 municipios del país (11 más que en el 2023) en 12 departamentos, especialmente en el sur y el oriente del país. Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2024. Fuente: Fuente: Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones La Segunda Marquetalia cuenta con 3 estructuras: El “Ala FARC-EP”[1], la Coordinadora Guerrillera del Pacifico y Comandos de Frontera, que se consolidan como uno de los actores dominantes en el pacífico nariñense y los Comandos de Frontera, que tienen influencia en departamentos de la región Amazónica, especialmente en Putumayo. Aunque la actividad armada y la presencia de la Segunda Marquetalia ha sido baja si se le compara a la de otros grupos armados, un posible Cese al Fuego con este grupo, podría generar importantes impactos humanitarios en zonas de disputa y presencia. Departamentos como Nariño (en los municipios como Roberto Payán, Olaya Herrera, Magüí Payan, Mosquera y Tumaco), Putumayo (en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán), podrían ser laboratorios y ejes principales en la construcción de los llamados Territorios de Paz. Por ahora, es importante destacar, que la Segunda Marquetalia a logrado fortalecer su presencia en territorios como el Pacifico Nariñense, gracias a las alianzas y articulaciones, que ha generado la Coordinadora Guerrillera del Pacifico con el Frente Comuneros del Sur (recientemente desvinculado del ELN), es por ello, que el Gobierno Nacional, tendrá que pensar en nuevas estrategias en lo que respecta a un posible Cese al Fuego, que se pueda realizar en paralelo con otras estructuras. ¿Qué sigue para la Paz Total? Tras un periodo de crisis en las mesas del Ejército Nacional de Liberación Nacional- ELN y Estado Mayor Central -EMC, que se encuentran negociando en el marco de la Paz Total, la instalación de la Mesa de Dialogo y el inicio de los ciclos de negociación entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno Nacional, generan un nuevo aire y un avance significativo para lo que supone el proceso de Paz Total. Sin embargo, a pesar de que los acercamientos con esta organización se han generado, aparentemente de forma armónica, esta nueva mesa, supone diversos retos para el Gobierno Nacional, especialmente en lo que respecta a la planeación metodológica y el cubrimiento legal y jurídico que se le pueda dar a este proceso de negociación. El Gobierno Nacional, en primer lugar, deberá conformar un equipo integro con capacidad técnica que respalde la negociación, pero que a su vez pueda trazar y tener claridad frente aquellas “líneas rojas”, que han sido tan controversiales en las otras mesas de dialogo. Así, puntos como el seguimiento y monitoreo de cese al fuego, el proceso de dejación de armas, y tratamiento socio jurídico para integrantes de esta organización, serán cruciales para la construcción de un nuevo Acuerdo de Paz. Hoy, con dos frentes de negociación, no hay cabida para el error, más aún cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro, se encuentra atravesando la mitad de su periodo de gobernó. Es por esto, que esta nueva negación se tendrá que realizar de forma ágil, poniendo el foco, en zonas donde esta estructura se ha fortalecido y en donde más allá de generar alivios humanitarios, se tienen dar fin a las causas generadoras de violencia y conflicto. [1] Urrejola, A. (2024). Informe de la Experta Internacional en Derechos Humanos. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session55/advance-versions/A-HRC-55-18-sp-AdvanceUneditedVersion.pdf [2] El ala “FARC-EP” de la SM, recibe este nombre, porque se encuentra conformada principalmente por miembros que hacían parte del antiguo Secretariado de las FARC-EP. Entre ellos se reconocen a “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”

Por: Por Juan Guillermo Sepúlveda A.[1] Los negociadores del gobierno no olviden, que deben desglosar el conflicto urbano de Medellín y su Área Metropolitana, sabiendo superar muy bien, Personas, Procesos y el Problema (Juan Pablo Lederach, 1985), y lo más importante que una cosa es Dinamarca y otra muy distinta Cundinamarca; una cosa es París (Francia) y otra muy distinta el barrio París (Bello); una cosa son los Peaky Blinders de Birmingham (Inglaterra) y otra muy distinta los Triana de Medellín (Colombia); y que una cosa es Chicago de Al capone y otra “Medallo” de Pablo Escobar; y,  que el libro guía de los “camisa blanca” es el Arte de la Guerra, de Sun Tzu. ¡ojo! La paz generacional La paz es el propósito de cualquier proceso de paz, como su contenido lo indica, pero si queremos una paz que dure en el tiempo, sea incluyente y que sea una paz generacional, debemos buscar una paz positiva. “Se entiende la paz como un proceso, “una dinámica constante” (Lederach, 2000, p. 33), en el que se persigue lograr un nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia social. Lo que nos lleva a incidir en la perspectiva de la paz positiva como un proceso dinámico (Trifu, 2018). La “paz negativa” es la ausencia de parar la guerra, la violencia los actos hostiles, el cese al fuego de las partes en confrontación, que se traduce en dejar de matar, extorsionar, ejercer control territorial, etc. En cambio, la “paz positiva”, es otro nivel de paz más avanzado,  va más allá de la ausencia de conflicto o cese al fuego, y se orienta hacia la reconciliación de las diferencias, la tranquilidad y la satisfacción (J. Galtung, 2003), y se traduce en brindar oportunidades a las  víctimas, victimarios y a la sociedad en general, en todos los desarrollos y seguridad humana, como salud, educación, empleo y oportunidades, que permitan el restablecimiento de derechos de todos, en especial de la población más vulnerable. El concepto del acogimiento, viene del latín:  accolligĕre, de colligĕre 'recoger'. Significa: * Dicho de una persona: Admitir en su casa o compañía a alguien. * Servir de refugio o albergue a alguien. * Admitir, aceptar, aprobar. * Recibir con un sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o de hechos. * Proteger, amparar. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Los procesos de paz, se caracterizan por la voluntariedad de las partes que los conforman, por lo que se inscriben en el área del acogimiento, a diferencia del sometimiento, que conlleva la coerción y la fuerza, que son conceptos antagónicos de la paz, y más cercano a la seguridad. El acogimiento es la esencia misma de la paz. De otro lado, no se entiende el acogimiento sin el concepto de justicia, pues las personas y/o grupos al margen de la ley, se acogen a la justicia de un Estado democrático, porque, ellos los que se acogen, han estado ejerciendo actos y actividades injustas (delictivas), provenientes de fenómenos multifacéticos que involucran aspectos éticos, sociales, políticos y económicos, además surgidas de relaciones de poder desiguales, discriminación, exclusión social, pobreza, corrupción, entre otros factores. (Reyes Mate, 2017). En Colombia cuando hablamos de una justicia que produzca paz, debemos buscar una justicia diferente a la justicia tradicional, retributiva y castigadora, pues la justicia penal tradicional, es injusta por la desigualdad que presenta para acceder a ella; por la parcialidad y sesgo a favor de ciertos grupos o intereses; porque las decisiones judiciales se fallan de forma inequitativa y parcializada y por la falta de reparación del daño a las víctimas y a la comunidad, lo que afecta la dignidad de las personas.  Además, porque dicha justicia no cumple con su misión resocializadora y reintegradora, a ofensores y víctimas (Sentencia T-762 de 2015). Aplicar esta justicia injusta, en un proceso de paz es defraudar a los que se acogen a la paz, pues vamos a reproducir en ellos, lo que queremos superar: la violencia, la victimización y la impunidad. Este nuevo paradigma incluye, ya no solo la atención al ofensor, desde la Criminología, sino a la víctima, emergiendo la victimología como nueva disciplina de interés, que tiene como prioridad principal al ser humano, a las víctimas, victimarios y al daño causado, donde éstos estén en capacidad de generar, desde el conflicto mismo, nuevas formas de respuesta al fenómeno social del delito, que permita tratarlo, no para regresar y permanecer en él, sino para reconocer y a partir de allí visualizar el futuro. El nuevo paradigma es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, es la justicia de la paz. La nueva cosmovisión de la Justicia en Colombia, es la Justicia Restaurativa, porque es una respuesta flexible, participativa y orientada a la resolución de problemas ante el comportamiento delictivo, que puede proporcionar un camino complementario o alternativo a la justicia. Puede mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas del delito y las poblaciones vulnerables y marginadas, incluidas las situaciones de justicia transicional. (Handbook on RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES SECOND EDITION. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES. Vienna. 2020). Naciones Unidas (2066)[2], ha elaborado una declaración de principios para un código de ética en justicia restaurativa, que perfectamente encajan en procesos de paz. Veamos algunos de esos principios: Principios relacionados con los intereses de las partes (necesidades y derechos); en la que se recalca de la voluntariedad en los procesos y el derecho a estar bien informado; el respeto de los derechos civiles y la dignidad de las personas, entre otras. Principios relacionados con las partes que tienen pérdidas; donde se recomienda tomarse en serio las necesidades y sentimientos de las personas; poder conocer lo que perdieron y activar los protocolos de compensación. Principios relacionados con los responsables de la pérdida; quienes tienen derecho a un proceso judicial justo (incluyendo la presunción de inocencia en cualquier procedimiento legal posterior). Principios relacionados con los intereses de la comunidad y la sociedad local; en la que se le da prioridad a la seguridad de la comunidad en general y a las víctimas en particular; se recomienda promover el respeto de la diversidad cultural; y la solidaridad social debe promoverse manteniendo la moral pública y el respeto por la ley. La Justicia Restaurativa es la esencia de los procesos de acogimiento que tengan como finalidad la paz social, pues la justicia restaurativa les devuelve el conflicto a las partes (Howard, Zehr, 2006); los infractores reconocen que han producido un daño y se hacen responsables y cuentan la verdad; reparan el daño causado, de manera real o simbólica, y prometen no repetir los actos que han dañado a la comunidad. Lo anterior, les posibilita avanzar hacia la reconciliación y reintegración social. Justicia responsable, es el buen resultado de la justicia restaurativa. Los procesos de acogimiento que se desarrollen dentro de la justicia restaurativa, permiten avanzar en una justicia responsable(John Rawls, 1971), que se basa en el papel y la responsabilidad ética del sistema de justicia en la sociedad, re-instalando así, el rol central de la teorización sobre la justicia en las ciencias sociales. La justicia responsable se puede presentar en la "pirámide de justicia responsable" representada en una jerarquía de respuestas ante el comportamiento antisocial o delictivo, priorizando las medidas menos intrusivas y más restaurativas en la base de la pirámide, y reservando las medidas más punitivas para los casos más graves en la cúspide. Este enfoque se alinea con los principios de la justicia restaurativa y busca promover una respuesta equilibrada y proporcional al delito, teniendo en cuenta tanto las necesidades de las víctimas como las del infractor, así como el bienestar de la comunidad en general. Esta sería la pirámide de una justicia responsable socialmente. Elaboración propia Lo complejo de la paz en Medellín. Pocos países en el mundo tienen la experiencia que tiene Colombia en procesos de paz. Desde el M-19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, Milicias Popular, MP, de Medellín, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Quintín Lame, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, entre otros. Todas estas experiencias de negociación cuentan como aprendizaje en relación a lo que se debe o no hacer en futuros procesos de paz. Claro está, que depende de cada gobierno tomar nota o no, para continuar a partir de dichas enseñanzas o empezar de cero, con los efectos negativo que ello conlleva. Pero en el caso de negociaciones de paz con grupos cien por cien urbanos, poco se sabe, con excepción de algunos intentos locales en la década de los noventa en ciudades como Medellín. (Ver Vivencia Urbanas de paz, Medellín década de los noventa, Sepúlveda, CIDOB. 2010.[3]) Una cosa es negociar con insurgentes o paramilitares en el monte, y otra muy distinta con los “combos”de Medellín, que cuando Pablo Escobar se sometió dijo, “…ahí les quedan 10.000 muchachos y 500 combos…pa´las que sean…pa´la buena, o pa´la mala” (para la guerra o para la paz), y 32 años después nadie sabe cuántos son. Lo cierto es que ya no les gusta que los llamen “combos”, y siguen esperando su proceso de paz, que por décadas les ha sido esquivo. Lo propusieron en la década de los noventa sin éxito, y de ello solo quedaron los “Pactos de Convivencia”, que luego fueron estigmatizados, y hoy en día nadie quiere saber de ellos, pero es lo único que los mantiene unidos y vivos, pues entre ellos aprendieron a pactar la vida. La primera propuesta de paz desde la cárcel se dio en la década de los noventa, con el proyecto “Cárceles para la Paz”[4], en la Alcaldía de Sergio Naranjo Pérez,  desde donde se trabajó desde la cárcel de Bellavista, por la Convivencia Carcelaria y la Seguridad Ciudadana. Programa que resulto siendo criminalizado. Pero las cosas han cambiado, desde aquella época, la de Pablo y “Popeye”, el “mugre” y el “angelito”, Medellín está más organizada en todo sentido como pocas, aún en su criminalidad. Una ciudad con un sentido de pertenencia, tan desarrollado que a veces produce miedo y exclusión, donde los grupos ilegales han avanzado en un control social / territorial como nunca antes, sin matar a nadie, pues en los barrios la orden es no matar, pues han aprendido que matar, no es que sea pecado o algo ilegal, es que el matar “calienta la vuelta”. Jóvenes urbanos que lo tienen todo: familia, amigos, vecinos, novias, esposas, llevan sus hijos al colegio, hacen deporte, van al Atanasio a ver al “poderoso” o al “verde”, manejan todas las tecnologías, tienen carros, motos, celulares y computadores de última generación; están en redes, hablan por zoom y teams; visitan la zona rosa cuando quieren y de vez en cuando se pisan pa´la USA (EEUU). “Trabajan” en “multi negocios” rentables, que van desde tráfico de armas, el “gota a gota”, microtráfico (con toda la tecnología), la extorsión en todas sus modalidades y un etc. interminable. Los Parceros, hacen parte de la vida comunitaria de sus barrios, tienen ONG, van a reuniones con los gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales. Se les reconoce por el conocimiento que tienen de sus comunidades y se hacen llamar defensores de DDHH. Estos mismos Parceros, se relacionan con todo el mundo del crimen, con los mexicanos, los “venecos”, los caleños, los costeños: Todos ganan, pues el negocio da pa”todos, siempre que respetemos las reglas del juego. Todo milimétricamente organizado y pensado. Trabajando 24/7, madrugadores, con responsables barriales, zonales, clientes bien atendidos, toda una empresa, en la que no se puede perder un peso. ¡Todo bien! Estos jóvenes/parceros, ¿por qué se van a acoger a la justicia, si nadie los está persiguiendo, ni son requeridos judicialmente y además, viven muy bien en su casa y barrio? Solo un número reducido de ellos, tendrá interés en acogerse a la justicia, los jefes y los que están en la cárcel, para arreglar sus cuentas con la justicia y no ser extraditados; pero el resto, una vez estos se acojan a la justicia, seguirán llevando la “vuelta”, pues el negocio sigue mientras sea rentable, como me lo decía alguien en la cárcel de Bellavista en 1996. “vea viejo juangui, mientras esa vuelta de billete, los que quedan la siguen”. Años después a finales del 2017 la Procuraduría General de la Nación acompañados por el INPEC, socializo con los jefes de bandas de la ciudad que estaban recluido en la Picota y en Cómbita, el Programa de Justicia Restaurativa diseñado para la delincuencia común, de acuerdo a la resolución 383 de junio del 2017. Producto de ello, el 13 de marzo de 2018 desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde estaban recluidos la mayoría de los jefes negociadores que hoy se encuentran en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, le dirigieron al Presidente de la República Juan Manuel Santos, con copia a la PGN, a la Fiscalía General de la Nación y al INPEC. El documento está radicado en la Procuraduría General de la Nación bajo el número de radicado: E-2018-115423, el 13/03/2018, a las 12:04:33. En el Asunto del documento dice: “Manifestación formal de voluntad de trabajar por la paz desde los centros de reclusión de Colombia.”. A esta iniciativa de paz ninguna institución respondió. Una cosa es Chicago y otra muy distinta, “Medallo” Medellín es otra “vuelta”, nada se le parece, pues la han construido a su imagen y semejanza los que la gobiernan, que no es ni el alcalde, ni la Policía. “Medallo” tiene una criminalidad urbana transformada y organizada, donde según la Defensoría del Pueblo[5], todos se coordinan desde una especie de “Cuerpo Colegiado”, con jefaturas únicas, que opera como una confederación en donde cerca de 15 estructuras de segundo nivel, controlan el Área Metropolitana, tienen representación de manera autónoma, sin mandos definidos y con libertad de alianzas. En todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado y ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio. La “Oficina” ya no es una estructura o un actor homogéneo; funciona como un modelo de criminalidad en red, donde prima las relaciones pacíficas entre las estructuras ilegales. Es a este “Cuerpo Colegiado” (C.C.), que el gobierno nacional quiere someter en una negociación de paz, para sumarlo a la paz total, pero los miembros de dicho C.C, prefieren hablar de acogimiento, pues eso de someterse no va con el orgullo paisa, y menos de unos parceros “paraos”, organizados …pa´las que sea: pa’ la paz o pa’ la guerra. Según la Alcaldía de Medellín, en datos suministrados por el Secretario de Seguridad del Distrito, en Colombia existen 16 grupos de delincuencia organizada (GDO), de las cuales el 62% el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que lo conforman 10 municipios. En esto 10 grupos de delincuencia organizados, trabajan directamente 3.000 personas,  y contacto los indirectos sería 5.000 en total. “Lo que pasa en Medellín no es delincuencia común, es puro crimen organizado”. Dichas organizaciones criminales, mandan en Medellín y tienen más gente que todas las guerrillas juntas. “Son empresarios del crimen”. Dice el secretario de Seguridad de Medellín.[6] “Nosotros tenemos presente que no vamos con una ley de sometimiento, nosotros necesitamos es una ley de acogimiento a un Estado social de derecho”. “…sea participado en la construcción de acueductos, vías, comedores comunitarios, se ha llevado transporte hasta donde antes no llegaba”. Sebastián Murillo, miembro de la mesa de negociación, recluido en la cárcel de Itagüí. [7] De otro lado, la “vieja guardia”, ya cincuentones,  con hijos universitarios y emprendedores, ya trabajan legalmente, “a lo bien” en cualquier barrio de la ciudad, da lo mismo Manrique que el Poblado, el 12 de octubre que Laureles. Son reconocidos por todos, pues generan empleo y dan ejemplo de resiliencia, pues siguen esperando la paz cuando amanece, y esquivan la guerra al anochecer, por eso siguen siendo “la voz”, que cuando se escucha… se obedece. El apoyo reintegrador Es la vergüenza de los ojos de los que te quieren, los que te puede hacer cambiar                                      (John Braithwaite) La Teoría de la Vergüenza Reintegradora de JOHN BRAITHWAITE propone, rechazar el acto delictivo, el daño causado, reprocharle al que lo cometido el haberlo realizado, pero sin rechazarlo, sin estigmatizarlo, sino al contrario, acogerlo en familia. Se trata de rechazar el delito, pero no a la persona que lo cometió. Este rol integrador lo cumplen las familias, que tienen ese poder del afecto que hacen que el hijo que cometió un delito se avergüence del hecho y prometa no volver a repetirlo, y así, combinando vergüenza con arrepentimiento, se logra el olvido y el perdón y por lo tanto la paz, a la que debe tender la organización social. (Langón Cuñarro, M. 2000). En el caso de Medellín debería funcionarias l Teoría de la Vergüenza Reintegradora, en el entendido que los muchachos de los barrios tienen dos amores: la cucha (la mamá) y el barrio. Los diez alcaldes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, deben asumir el liderazgo de la Teoría de la Vergüenza Reintegradora, desde la teoría del ser, acoger, reintegrar, no estigmatizar a los que han manifestado la voluntad de paz desde las cárceles y barrios, pues son “hijos” de la ciudad, y los alcaldes representan a esos “padres” que deben reprocharles los actos delictivos que hicieron, pero sin negarles un abrazo de reconciliación y perdón,  y asumir compromisos a futuro de parte y parte, que permita la convivencia ciudadana. Dejando que, desde la teoría del deber ser, la fiscalía, los jueces, investiguen y juzguen, y el gobierno nacional, desde la política de paz, haga lo suyo. No olvidar la lección que nos dejó la vida de Carlos Ledher, que cuando salió por primera vez de una cárcel de los EEUU, siendo aún un adolescente, llegó a su casa en Armenia, toco la puerta, el padre le abrió y le negó la entrada, diciendo que en esa casa no vivirían delincuentes. Con este acto el padre lo rechazó, lo estigmatizo y lo desintegró del hogar. Ledher, sin saber a dónde ir, recordó que tenía conocidos en Medellín, a donde se dirigió y al llegar lo recibió Pablo Escobar, quien lo integró al Cártel de Medellín, el resto de la historia ya la sabemos. Alcaldes del Área Metropolitana, abrámosle la puerta a los que quieren entrar y vienen arrepentidos, démosles otra oportunidad. De otro lado, los Alcaldes del Área Metropolitana y el Gobernador deben dar un apoyo institucional mayúsculo a estas dicha iniciativa de paz, que pasa por la inclusión en sus Planes de Desarrollo 2024/2027, allende de colores partidistas y preceptos ideológicos. Aprovechar esta oportunidad que el actual gobierno nacional brinda, y es el hecho de tener en la misma cárcel y en sentados en la misma mesa a los representantes (los “camisas blancas”) de las 10 estructuras criminales más grande del país. Esa oportunidad no se volverá a tener. ¡¡Aprovéchenla!!, no pasen la vergüenza de dejarla pasar, por egos e ideología políticas. Las próximas generaciones no lo van a perdonar. El país y Antioquia lo necesitan y merecen. De otro lado, el gobernó nacional debe estar preparado para atender todo lo anterior. Designar equipos humanos de diálogo interdisciplinarios flexibles, bien informados y formados; con actitud, aptitud y vocación; conocedores del conflicto urbano y de los actores con los que van a dialogar. Además, tener en cuenta que, los interlocutores de esos diálogos son representativos de una sociedad civil que llevan décadas esperando este momento, y que han pasado por las manos de muchos Alcaldes, Gobernadores y Presidentes promeseros, vendedores de humo…y nada de paz, lo que los ha llevado a fortalecerse en la criminalidad en todas sus manifestaciones. Finalmente, que los negociadores del gobierno no olviden, que deben desglosar el conflicto urbano de Medellín y su Área Metropolitana, sabiendo superar muy bien, Personas, Procesos y el Problema (Juan Pablo Lederach, 1985), y lo más importante que una cosa es Dinamarca y otra muy distinta Cundinamarca; una cosa es París (Francia) y otra muy distinta el barrio París (Bello); una cosa son los Peaky Blinders de Birmingham (Inglaterra) y otra muy distinta los Triana de Medellín (Colombia); y que una cosa es Chicago de Al capone y otra “Medallo” de Pablo Escobar; y,  que el libro guía de los “camisa blanca” es el Arte de la Guerra, de Sun Tzu. ¡ojo! El articulo está escrito en clave de no repetición, para que no fracase una vez más, un proceso de paz como sucedió en la década de los noventa en Medellín, cuando nos tocó escribir desde el exilio: Esta experiencia que rápidamente se lee, que fue duro escribirla y hacerla mucho más, pues costó muchas vidas de jóvenes que en sus noches de euforia, cuando soñábamos con la paz de Medellín, me decían, casi con un sentimiento de advertencia: «viejo Juangui, no nos ilusiones con la paz, no nos hagas soñar con la paz», está dedicada a todos ellos: a los que se quedaron insistiendo en la ilusión de la paz y ya no están; a los que se tenían que quedar y tuvieron que sumarse a otra idea de la paz; e incluso, a los que ya no sueñan… con la paz.[8] ¡¡La buena pa’ todos!! [1] Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, fue Procurador de Antioquia en 1990. Dirigió la Oficina de Paz y Convivencia entre 1995 y 1998. Es el creador de la Metodología Espiral de Paz. Autor del libro, "Vivencias Urbanas de paz, Medellín, década de los 90a”. Radicado en Barcelona por más de una década. De nuevo en Colombia, trabaja para promover e implementar la Cultura y la Justicia Restaurativa para la gente del común. [2] Manual sobre programas de justicia restaurativa SERIE DE MANUALES SOBRE JUSTICIA PENAL. NACIONES UNIDAS Nueva York, 2006. Pág. 37 [3] Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, “Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los noventa” https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz [4] Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, “Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los noventa” https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz Pág. 125. [5] Defensoría del Pueblo. ALERTA TEMPRANA N° 032-2020 Fecha: 17 de julio de 2020 [6] Jefes de la Oficina de Envigado hablan de las negociaciones de paz con el gobierno - Los Informantes. https://www.youtube.com/watch?v=eHHa08xFEl0 [7] Ibidem [8] Sepúlveda A Juan Guillermo.” VIVENCIAS URBANAS DE PAZ, MEDELLÍN DECÁDA DE LOS NOVENTA”, CIDOB, Barcelona, 2010. Pág. 156.

Por: Katerin Erazo, Periodista La ciudad de Cali se encuentra en estado de alerta tras la denuncia del presidente del Concejo, Carlos Andrés Arias Rueda, sobre amenazas dirigidas a líderes sociales de la comuna 16. Un panfleto con logos del ELN ha intimidado a miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y concejales del partido de la U. Arias Rueda exigió a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el origen de estas amenazas y la protección inmediata de los líderes comunitarios. "Es esencial que los órganos de inteligencia y seguridad protejan a los líderes de este territorio, ya que la amenaza pone en riesgo el ejercicio democrático de participación", enfatizó el concejal. En respuesta, la Secretaría de Seguridad de Cali activó la ruta de protección para personas en riesgo, tras conocer las amenazas contra los presidentes de la JAC en los barrios Brisas del Limonar, Mariano Ramos, La Unión y Ciudad 2000. La Policía Metropolitana de Cali está verificando la autenticidad del panfleto, y unidades de inteligencia están a cargo de esta tarea. Alexander Camacho Erazo, secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, expresó su solidaridad con los líderes amenazados. "Toda mi solidaridad con los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Potrero Grande y ahora los de la comuna 16, en el oriente de Cali", manifestó. La situación es especialmente tensa tras un incidente similar en la comuna 21. Hace menos de una semana, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó medidas urgentes para proteger a los integrantes de la JAC del barrio Potrero Grande. Estos líderes recibieron amenazas de muerte y una caja fúnebre con flores, lo que aumentó la preocupación por su seguridad. Mendoza Castrillón hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de los líderes comunales y realicen una investigación a fondo sobre las amenazas. "Es fundamental que la Administración Distrital, la Fiscalía y las fuerzas del orden protejan a estos líderes y aseguren que se respete algo tan sagrado como es la vida", concluyó el personero. La comunidad de Cali espera respuestas rápidas y acciones concretas para proteger a sus líderes sociales y asegurar que puedan continuar su labor sin miedo a represalias. La situación subraya la necesidad urgente de medidas de seguridad más robustas y una investigación efectiva para desmantelar las amenazas contra la democracia y la paz en la región.

Por Isabela Puyana En 2022 el diario El Espectador entrevistó a varios trabajadores de la mina, entre ellos a Luis Fernando Ramírez, de La Jagua, de Prodeco, quien llevaba más de dos años sin entrar a la mina. Primero fue por la pandemia del coronavirus y, después, “porque nos enteramos, antes de que la empresa nos notificara, que renunciaron a tres títulos mineros”, comenta. “Antes de salir, en marzo de 2020, nos habíamos reunido con la gerencia de la empresa porque escuchábamos que se hablaba del Acuerdo de París, sobre el cambio climático y la transición energética, y queríamos saber qué iba a pasar. Pero nos dijeron que no existían riesgos, que la operación iba a durar por muchos años más”. En septiembre de 2021, sin embargo, Prodeco renunció a las minas. A partir de la renuncia de Prodeco los empleados de las minas han salido por dos modalidades: el despido masivo autorizado por el Ministerio de Trabajo del 5 % de la nómina y el plan de retiro voluntario que ha diseñado Prodeco, pero como lo relató el diario El Espectador, los empleados han sentimos que fue una trampa, porque quienes salieron voluntariamente se les dio una liquidación que estaba un 30 % por encima de la liquidación legal, entonces la gente la toma, pero eso no le da ninguna estabilidad financiera a futuro. Paula Andrea Arias, investigadora de la Universidad Católica de Colombia cuenta en su publicación de la Revista Ambiente que a pesar de que las minas a las que renunció Prodeco tienen planes de manejo ambiental, puede que sus impactos perduren a largo plazo. En un ejercicio que hizo AIDA, por ejemplo, calculaban que una mina como Calenturitas, en la que se han intervenido más de 2.700 hectáreas y cuyo contrato inicial terminaba a 2035, sus impactos continuarán a perpetuidad, incluso más allá de 2090. En el 2021, mediante un comunicado oficial, Senadores de ese momento como Ivan Cepeda, Victoria Sandino, Jesús Alberto Castilla, entre otros le solicitaron al entonces Gobierno Nacional de Iván Duque y al Ministerio de Trabajo en Particular, urgente atención tras el anuncio de renunciar a los títulos mineros de Las Jaguar y Calenturitas en el César, solicitud que dejaría sin ingresos a más de 4.000 familias de la región. Foto del Sindicato de Trabajadores de la Indistria del Carbón Según lo confirmó La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a El Espectador en el 2022, el proceso de renuncia de minas ha sido inusual. “Es la primera vez que recibimos un caso de estos”, aseguró Ana Mercedes Casas, quien era la subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA. Nuestro director León Valencia participó en la entrega del Estudio Brújula Minera realizado por la Asociación Colombiana Minera, la ANDI y el Centro Nacional de Consultoría en el que fue invitado para hablar de la importancia de la Minería en la Transición Energética Justa y durante la charla se habló sobre Prodeco. “No solo es necesario comenzar a transitar a energías alternativas, teniendo en cuenta que el carbón es el principal contaminador para el cambio climático, pero para que se logre hacer una transición justa hay que hacerlo teniendo en cuenta a las comunidades y la huella que deja a largo plazo”, mencionó León. Foto de: Isabela Puyana Lo que ocurrió con Prodeco es una muestra de cómo no se hace una transición energética justa y este gobierno debe aprender y hacerle seguimiento a las empresas que pretenden guiar para que transite a energías renovables, agregó en medio de la jornada. Según León Valencia, quien hace poco hizo anuncio de la aventura del Centro de Pensamiento de transición energética de la Fundación Pares aseguró que debemos empezar a hacernos preguntas sobre cómo hacer diálogos entre las empresas y el Gobierno para que la minería sea compatible con la transición energética, con un Gobierno justo, para que los minerales necesarios para la transición comiencen a explorarse y las minas que están contaminando comiencen a transitar sin que la economía ni el ecosistema de aquellos que allí habitan terminan por pagar.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Opinión Caribe La persistencia de las  minas antipersonal en Colombia es un problema de larga data que ha dejado una huella indeleble en la historia del país y en la vida de sus ciudadanos. A pesar de los esfuerzos concertados de múltiples gobiernos y la comunidad internacional para abordar este desafío, la nación continúa luchando por cumplir con su compromiso de ser libre de minas antipersonal, como lo exige el Tratado de Ottawa, al que se adhirió en 1997. Desde 1990, estas trampas explosivas han cobrado un elevado tributo humano, con 2.358 vidas perdidas y 10.096 personas heridas, según informes oficiales. Sin embargo, estas cifras, impactantes por sí mismas, apenas reflejan el sufrimiento y la devastación completos causados por las minas antipersonal en Colombia. Cada víctima tiene una historia personal, familias destrozadas y comunidades enteras afectadas por la violencia indiscriminada de estos artefactos mortales. Recientemente, el caso de Valdemar Ordóñez, concejal de Argelia en el departamento del Cauca, ha vuelto a poner de manifiesto la continua amenaza que representan las minas antipersonal en las zonas afectadas por el conflicto armado. Ordóñez resultó gravemente herido mientras intentaba reconectar el suministro de agua cortado por disidentes armados en una vereda local. Desafortunadamente, su experiencia no es única. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido sobre la detección de nuevas áreas contaminadas con minas antipersonal en Colombia durante el año 2023. Municipios que antes se consideraban libres de estos peligrosos dispositivos ahora enfrentan una realidad desgarradora. Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Putumayo, Meta, Chocó y Caquetá son solo algunas de las regiones afectadas por este problema. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido 270 alertas tempranas en los primeros meses de 2024, señalando escenarios de riesgo relacionados con la contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. El Cauca, junto con otras regiones como el Catatumbo, ha sido uno de los lugares más golpeados por la siembra de minas antipersonal por parte de grupos armados ilegales. Estos grupos utilizan estas trampas explosivas como una táctica para controlar territorios estratégicos, proteger rutas de narcotráfico y evitar la incursión de fuerzas militares. Esta realidad convierte a comunidades enteras en zonas de riesgo constante, donde cada paso puede ser potencialmente fatal. En el Catatumbo, por ejemplo, el ELN es señalado como el principal responsable de la siembra de minas antipersonal. La presencia de este grupo armado en la región ha generado un clima de temor y peligro para los habitantes locales, especialmente aquellos que dependen de la tierra para subsistir. La historia de Leidy Lázaro Pava, una mujer de 38 años que murió en marzo de 2024 en el municipio de La Playa mientras buscaba señal para su celular, es un recordatorio doloroso de los riesgos diarios que enfrentan las personas que viven en estas áreas afectadas por el conflicto. La situación en el departamento del Cauca es igualmente preocupante. Las disidencias y otros grupos armados ilegales han utilizado trampas explosivas para controlar territorios clave para el narcotráfico y el conflicto armado. El hecho de que municipios enteros se vean obligados a vivir bajo la sombra constante de la violencia y el peligro ilustra la urgencia de abordar este problema de manera integral y efectiva. El compromiso de Colombia con la eliminación de las minas antipersonal se remonta a la firma del Tratado de Ottawa en 1997. Sin embargo, los plazos establecidos para la erradicación de estas armas mortales no se han cumplido, y el país ha tenido que solicitar prórrogas en múltiples ocasiones. La última prórroga, fijada hasta el 31 de diciembre de 2025, parece ser inalcanzable dadas las condiciones actuales. El incumplimiento de estos plazos no solo representa una violación de los compromisos internacionales de Colombia, sino que también tiene consecuencias graves para las comunidades afectadas. La presencia continua de minas antipersonal no solo impide el acceso seguro a la tierra y los recursos naturales, sino que también obstaculiza los esfuerzos de desarrollo y pacificación en estas áreas. A pesar de los desafíos, se han logrado algunos avances en la lucha contra las minas antipersonal en Colombia. La desmovilización de las FARC en 2016 redujo significativamente el número de víctimas militares, pero la población civil sigue siendo altamente vulnerable, especialmente en áreas rurales y conflictivas donde persisten otros grupos armados y municiones sin explotar. Por esta razón, es fundamental que el gobierno colombiano y la comunidad internacional redoblen sus esfuerzos para abordar este problema de manera integral. Esto incluye aumentar la inversión en desminado, fortalecer la educación en riesgos de minas, brindar asistencia a las víctimas y coordinar acciones con todos los actores relevantes, incluidas las comunidades locales y los grupos armados ilegales. Además, es necesario abordar las causas subyacentes del conflicto armado en Colombia, incluida la pobreza, la marginalización y la falta de oportunidades económicas en las áreas afectadas. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá lograr un futuro libre de minas antipersonal para todos los colombianos. El actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, enfrenta el desafío de solicitar una nueva extensión del plazo, esta vez hasta 2030. La realidad es desalentadora: los esfuerzos por descontaminar el territorio se ven obstaculizados por la acción de grupos armados ilegales, que continúan sembrando minas para proteger sus intereses y controlar territorios estratégicos. La urgencia de actuar es innegable. La coordinación entre actores gubernamentales, la inversión en desminado y la cooperación internacional son clave para avanzar hacia un país libre de minas antipersonal. Pero, sobre todo, es necesario un compromiso real por parte de todos los actores involucrados, para poner fin a una tragedia que ha marcado a Colombia durante demasiado tiempo.