Por: Redacción Pares En la mañana del martes 4 de junio del 2024 la Brújula Minera celebró sus 10 años de existencia con un conversatorio sobre la necesidad de la minería en la transición energética justa. La conversación central estuvo a cargo de Claudia de Francisco, ex ministra de comunicaciones, Carlos Julio Lemoine, investigador y reconocido matemático, el periodista y economista Silverio Gómez y el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia. Este último recalcó la necesidad de que el país empieza a pensar seriamente en la explotación de otros tipos de minerales que ayuden a una transición energética justa. La idea es impulsar la minería que ayude a producir energía con cero emisiones de carbono. Como afirma Daniela Quintero en su artículo publicado en el portal Climatetracker, “Aunque el mundo va por el mismo camino, en Colombia los minerales considerados estratégicos para la transición aún están en definición. Además, la manera de impulsar su extracción se mueve, por ahora, en los terrenos de la incertidumbre”. El gobierno Petro está comprometido con la transición energética, pero ya va por la mitad de su mandato y aún no se ven luces claras sobre la manera como se extraerán los minerales que se necesitan para ayudar a este cambio. Actualmente sólo el 0.6% de la energía se mueve a través de paneles solares o energía eólica. Mientras tanto el 30% de la energía proviene de plantas que operan con gas y carbón. Con casos como el Cerrejón sabemos de los prejuicios ambientales que pueden traer estas minas. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo está estipulado la necesidad de buscar minerales alternativos que no contaminen tanto, aún no se ha trazado una manera de hacerlo. A pesar de que la entonces ministra de energía, Irene Vélez, insinuó que el país tendría que dejar de explorar nuevos yacimientos mineros, no se puede negar la realidad, Colombia es un país minero. Según el artículo de Daniela Quintero, titulado Minerales para la transición en Colombia, un camino inciertola minería deja cerca del 9% del PIB y el 12% de ingresos a la nación. Así que no se puede vivir de espalda a esta realidad, desconocerla es entrar en una nebulosa que desencadenaría una profunda crisis económica. A pesar de la intención del actual presidente de hacer este cambio, aún no se definen cuales serían los minerales necesarios para hacer la transición. Aunque hay suficientes estudios, a nivel mundial, para determinar cuales son estos minerales. Uno de ellos es el cobre, esencial para la elaboración de paneles solares. Colombia apenas produce nueve mil toneladas al año, lejísimos del principal extractor de este mineral en la región, Chile, con 5 millones de toneladas anuales. La principal mina de este mineral queda entre Chocó y Antioquia y se llama El Roble. A continuación se presentará una lista de los minerales que son necesarios para la transición energética tanto en energías renovables como para el consumo de vehículos. Estos son: cobre, niquel, menganeso, cromo, zinc, molibdeno, silicona, litio, cobalto, grafito, entre otros. En esta necesidad de ampliar los minerales necesarios para mover la tecnología y los países, coincide León Valencia y los demás palestines que asistieron a la conversación. Incluso Silverio Gómez resaltó que, a pesar de los cuidados que tiene con el medio ambiente, Noruega está listo para buscar minerales en el mar que ayuden a mejorar su producción de energía y su búsqueda de la transición energética. El gobierno Petro no puede desaprovechar la oportunidad de empezar a hacer ese cambio ya.

Por: Redacción Pares En 1997 no había un gobernador más carismático y querido que Álvaro Uribe. En ese momento tenía 46 años y se forjaba como un futuro presidenciable. Los ganaderos en Antioquia lo querían. Sus políticas, según ellos, habían ayudado a repeler el influjo de las guerrillas en sus departamentos gracias a la implementación de las cooperativas de seguridad llamadas CONVIVIR. Eso sí, los defensores de derechos humanos veían a leguas los problemas que esto traería. Uno de ellos era Jesús María Valle, un abogado aguerrido que le recalcó a Uribe el peligro que traía sobre la población de dos municipios, el Aro y la Granja, el auge de las CONVIVIR y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe desestimó la advertencia de Jesús María Valle quien, tiempo después, sería asesinado en su oficina. Desde entonces el expresidente a cargado el pesado morral de no haber podido hecho algo más contundente para frenar estas dos masacres. Actualmente al expresidente se le está siguiendo un juicio por falsificación testimonios de testigos, pero hay otras investigaciones en donde el nombre del expresidente ha salido. Las masacres del Aro y la Granja ocurrieron mientras él era gobernador. Incluso se habló de la utilización durante estos hechos de un helicóptero de la gobernación. Hay un testimonio del 2009, dado por el ex paramilitar Francisco Villalba Hernández, publicado por el Nuevo Herald y después por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la Fiscalía General de la Nación en donde afirma “que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia”. Villalba declaró ante la CIDH y ante ese tribunal no nombró a los Uribe Vélez. Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en una sentencia que “Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’. En un nuevo capítulo que se abre en este escabroso hecho, la sala de reconocimiento de la JEP acaba de citar a nueve ex paramilitares del Bloque Mineros de las AUC para que den sus testimonios. Según el diario El Tiempo las personas citadas son: Luis Guillermo Ángel, conocido como 'Guillo Ángel’; Rigoberto Belalcázar, alias Negro Pepe; Eucario Macías Mazo, conocido como 'NN'; Roberto Porras Pérez, alias La zorra; Luis Alfonso Díaz Pinto, alias Yoli; José Higinio Arroyo, a quien llamaban 'Caballo' o 'Julián'; Orlando de Jesús Mazo, alias Junior; Gilberto Antonio Tamayo, conocido como 'El Gato’; y Rolando de Jesús Lopera. Estos testimonios son adicionales a los que dará el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso. Otra de las masacres que podría ayudar a aclarar este testimonio, sobre la participación de civiles y oficiales del ejército es la de las Juntas, ocurrida en 1996. Estas dos masacres fueron episodios de violencia salvaje. Del 22 al 31 de octubre de 1997, bajo el mando de Isaías Montes, 150 hombres del Bloque Mineros empezaron una serie de asesinatos y torturas desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta el Aro en Ituango, Antioquia. Fueron 12 las víctimas pero el terror contribuyó a que 1472 personas fueran desplazadas. Los paras quemaron además 60 casas. Además del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, una mujer,  José Milagros López, advirtió, semanas antes,  sobre lo que vendría a la gobernación de Antioquia y también a la IV Brigada del Ejército. Pero, como documenta el portal Rutas del Conflicto, no se tomaron las debidas medidas. Esto comprobaba “La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”. El testimonio de los nueve ex paras será fundamental para esclarecer esta vinculación entre la sociedad, la fuerza pública y los paramilitares. Más de un ex dirigente debe estar temblando.

Por: Redacción Pares Esta semana se ha acrecentado aún más las diferencias de Juan Manuel Santos con Gustavo Petro. El pasado lunes 3 de junio Juan Manuel Santos le envió una carta al secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestando su inconformidad por lo que el considera una mala utilización del acuerdo de paz que él firmó con las FARC, por parte de Gustavo Petro, para convocar una constituyente. En la carta Santos también le echó directamente una pulla al ex canciller Álvaro Leyva, quien afirmó el pasado fin de semana que el acuerdo de Paz que firmó Santos con las Farc lo “obliga” a hacer una nueva constitución. Santos dijo al respecto:  “Lo resalto, porque funcionarios y exfuncionarios le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”. En la carta que envió el expresidente Santos a la ONU se afirma lo siguiente: “El sentido de esta carta es dejar claro que el acuerdo de paz no se puede utilizar bajo ninguna modalidad como la excusa para convocar una constituyente. El acuerdo es claro. No menciona, ni exige a Petro la convocatoria de una constituyente. Quise hacer un recuento de cómo se fue generando una infraestructura jurídica, que no permite que el acuerdo vaya en contra de cualquier norma constitucional. El acuerdo tenía que enmarcarse dentro de los tratados de derechos humanos y la constitución”. Santos dice en la misiva estar tan seguro de lo que firmó que se blindó jurídicamente pidiendo respaldo en los acuerdos de paz a dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia “No sé por qué el gobierno está diciendo que hay una obligación para convocar la Constituyente” En el Reporte Coronell del pasado martes 4 de junio el expresidente volvió a mostrar su molestia con Petro y Leyva, por quien, según él, siente “tristeza” por estar, a estas alturas de su vida, metido en estos berenjenales. Petro respondió ante Santos de la siguiente manera: “la paz de Santos hoy está en discusión, él mismo la ha puesto, confundido un poco (…) Pareciera que Santos no entendió una palabra que él mismo firmó en la fase final, la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”. Aunque el Centro Democrático intentó en su narrativa juntar ideológicamente a Petro con Santos por las afinidades que tuvieron en su momento por el proceso de paz con las FARC ambos no pueden estar más distanciados. En el 2021, durante la creación del Pacto Histórico, Gustavo Petro intentó varias veces convencer a Juan Manuel Santos de unirse a su campaña, todas las reuniones terminaron en naufragios. Algunos ex ministros de Santos como Alfonso Prada se unieron, al igual que viejos escuderos del ex presidente como Roy Barreras, Zulema Jattin o Armando Benedetti se unieron al Pacto Histórico. Pero el grueso del petrismo se mantuvo al margen. Santos se mantuvo muy activo este martes 4 de junio y, a la entrevista que le dio a Daniel Coronell, complementó su periplo en medios en una entrevista que le dio a El Tiempo en donde afirmó que “Petro puede hacer el ridículo ante la ONU”. Lo cierto es que, incluso desde los lados más afines al gobierno Petro, se desaconseja cualquier intento de constituyente. Este es un nuevo round entre dos ex presidentes cuyas orillas parecen estar cada vez más lejanas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En momentos como este, cuando se habla de los serios problemas de desfinanciamiento y déficit estructural de la educación superior en Colombia y se piensa en el diseño de un plan de austeridad que haga frente a esta problemática, es necesario identificar los avances en derechos sociales ganados y señalar los irrenunciables, es decir, en ponerle límites a las medidas que posiblemente se tomarán en tiempo de crisis financiera, pues ellas afectarían considerablemente los progresos alcanzados. Es común escuchar entre profesores, personal administrativo y egresados que la acción más indicada para atender la problemática de los recursos faltantes es, por ejemplo, congelar los salarios del profesorado, reducir los viáticos o ir decreciendo paulatinamente las actividades de docencia, investigación o extensión. Lo que significa, en otras palabras, parar en los progresos ganados, durante tantos años, en la necesaria y valiosa educación superior en el país. Entre las propuestas para bajar los gastos están aquellas dirigidas a parar el crecimiento de la regionalización universitaria. Una de las apuestas más significativas que han tenido las Instituciones de Educación Superior (IES) en el último medio siglo; y con la que se ha logrado avanzar significativamente en el cierre de brechas en el desarrollo social entre el campo y la ciudad, y en el acceso a la educación que debe existir para toda la ciudadanía. Propuestas como estas, me recuerdan a un colega de la Facultad de Ciencias Económicas que, hace un par de décadas, me decía —cuando la regionalización en la Universidad de Antioquia apenas comenzaba— que para la institución resultaba más barato traer a un estudiante a la sede central en Medellín y alojarlo en un buen hotel, con todo pago, que llevar la educación a regiones apartadas como Caucasia o Sonsón en el departamento. Y es que algunas personas toman las decisiones considerando solo el corto plazo y las ganancias monetarias que dejan las inversiones con rapidez. No consideran que los grandes proyectos tienen un tiempo de madurez, que exigen hundir costos y esperar a que vayan produciéndose las ganancias sociales, económicas y culturales. Son personas que piensan en la inmediatez de la ganancia y que están dispuestos a renunciar a una activo cuando hay problemas de iliquidez. Esto no puede ocurrir con la regionalización de la educación universitaria. Desde hace décadas, las IES en Colombia le han apostado a esta clase de inversión social. Universidades públicas tan importantes como la Nacional de Colombia, la de Antioquia o la Industrial de Santander, incluso privadas como la San Buenaventura, la Libre o la Pontificia Javeriana, han tomado la decisión de ir a los territorios y descentralizarse. Con esta importante decisión han logrado que la educación terciaria llegue a la zona rural, de baja densidad poblacional y alejadas de las capitales, como lo hace la Universidad Nacional de Colombia en San Andrés isla o en Leticia, Amazonas. Logrando formar en estos territorios a los maestros y maestras que demanda la sociedad y que se quedan en estos lugares apostando por mejorar las condiciones de vida. Las IES se han convertido en un importante actor del desarrollo en las regiones más apartadas del país. Basados en el principio de responsabilidad social universitaria estas organizaciones trabajan en ofrecer servicios que estén a la mano de las comunidades y en construir programas académicos pertinentes y de calidad. Finalmente, acciones que aportan, a reducir las brechas de desigualdad y la presión en los grandes conglomerados poblacionales. Está presencia universitaria descentralizada ha exigido grandes inversiones y requiere fondos para su mantenimiento. Universidades como la de Antioquia han recurrido a sus fondos patrimoniales, incluso a endeudarse. También a los aportes que la nación, los departamentos y los municipios le hacen. Igualmente, a acciones filantrópicas de organizaciones empresariales que entregan terrenos o instalaciones usadas para construir campus regionales. Desafortunadamente llegan momentos como los actuales, donde los recursos escasean y se hace urgente pensar colectivamente en un plan de gastos e inversiones que permita el sostenimiento de estos importantes avances en colectividad. Las décadas en las que se ha gestado y desarrollado la regionalización en Colombia nos dejan grandes enseñanzas con las que se puede  seguir gestionando los escasos recursos. Algunas de ellas son: Seguir entregando mayor autonomía a las sedes o campus subregionales. En lugar de retroceder, para administrar desde el centro, lo más conveniente hoy es continuar avanzando gradualmente en el proceso de entrega de responsabilidades académicas, administrativas y financieras a las sedes regionales. Con ello se fortalece las capacidades de planeación y gestión de los procesos académico-administrativos, para que sean más ágiles y oportunos. Hay que aprovechar más las economías de escala, aglomeración y cercanía que tienen las sedes en las regiones. Hay universidades que tienen varias instalaciones en el mismo territorio —por ejemplo, la Universidad de Antioquia en la región de Urabá, donde tiene sedes en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa—, el objetivo es seguir avanzando en la gestión educativa regionalizada, para unir recursos y aprovecharlos, como los humanos, tanto administrativos como académicos. Los gestores de la regionalización saben que tienen que recurrir de manera más ágil en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la docencia en programas de pre y posgrado híbridos. En el uso del capital humano —profesionales y egresados— que tienen disponibles en las regiones. Y el fortalecimiento de los vínculos con los empresarios y sectores sociales del territorio, para construir programas más pertinentes. En síntesis, ante los problemas financieros que hay y habrá para las instituciones de Educación Superior en el país la idea es atenderla con la buena planeación y gestión de los recursos; con la entrega de ideas creativas para aumentar los ingresos y permitir que en lugar de quitar derechos sociales se entreguen dineros para expandirlos. La meta no es desesperarse y tomar malas decisiones, como las de acabar con los progresos que con décadas de esfuerzos se han alcanzado. La regionalización ha permitido a la universidad convertirse en un eje de desarrollo territorial. Ha servido para fortalecer la cultura, la investigación y la formación profesional. Ha posibilitado llevar el desarrollo y la justicia social a los territorios que  más han sufrido la violencia, el conflicto armado y el abandono del Estado y la sociedad. En conclusión, este proyecto educativo territorial ha permitido mejorar la gobernanza y la equidad y debe convertirse en uno de los irrenunciables ante los problemas de financiamiento. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares En agosto del 2017, mientras era senador, Álvaro Uribe hizo unas declaraciones que medios como Semana calificó de “cinismo”: en un encuentro en Bucaramanga, con líderes del Centro Democrático, el ex presidente afirmó lo siguiente: aquí en Colombia han buscado minería donde hay agua, agricultura o zonas verdes y eso causa enormes dificultades. Tenemos que entender que el país necesita la minería pero sin afectar los recursos naturales. Es un tema que no se puede tratar con irresponsabilidad y tampoco dejar al país sin minería” Sin embargo, en sus ocho años de gobierno, entre el 2002 y el 2010, Uribe entregó 8.53 millones de hectáreas a empresas mineras. Muchas de esas hectáreas incluso estaban en páramos y en lugares de reserva natural. En su momento esto se conoció como “La piñata de títulos mineros”. Esto lo recordó el analista y director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia durante un encuentro en el club del Nogal en donde se celebraban los 10 años de Brújula minera, un estudio sindicado del sector minero en Colombia. Valencia, quien compartió mesa con Carlos Lemoine, Silverio Gómez y Claudia de Francisco, hizo un llamado a la calma, después de que se compartieran durante el evento datos como el que sólo el 14% de las empresas mineras con inversiones en el país estarían pensando en expandir sus actividades y enfatizó que, aunque hay preocupación, en territorio no existe tanto este temor como el que hay en Bogotá. Incluso hay empresas mineras españolas que están pensando en aterrizar en Colombia. Valencia recordó que es evidente que las reglas de juego han cambiado ya que la propuesta que ganó en el 2022 fue la de un gobierno de izquierda que iría a priorizar, por sobre todas las cosas, el medio ambiente. Pero una de las intervenciones que llamaron más la atención fue recordar los ocho años de Uribe y su entrega compulsiva de títulos mineros. “Uribe fue un desastre entregando títulos mineros a diestra y siniestra”. Se estima que en los ocho años que duró su gobierno se concedieron 7.869 títulos mineros, casi 984 anuales. Muchos de estos títulos se dieron en el suroeste antioqueño, en donde Uribe sigue siendo admirado con fervor. La invitación a León Valencia en el panel de Brújula Minera es una muestra clara de que este sector está interesado en escuchar voces que controvierten la indiscriminada explotación minera y abogan por un uso responsable de estas prácticas. Valencia invitó al sector a concretar una acción urgente: establecer un diálogo con el gobierno, un diálogo abierto y no de oídos sordos. Afirmó que, contrario a lo que se cree, la izquierda, cuando llega al poder, deja a un lado sus propuestas anti extractivistas y siempre serán conscientes de la importancia de la minería para la salud de sus economías. “Las grandes empresas deben formalizar la pequeña minería”. Es consciente, desde su labor de defensor del medio ambiente, que hay empresas comprometidas en este cambio, en el de formalizar mineros e implementar políticas para apostarle a las energías renovables. Las empresas mineras deben ser conscientes que no se puede regresar a los años en los que Uribe, sin importarle para nada el medio ambiente, realizó esta “piñata de títulos mineros”, poniendo en peligro fuentes de agua y ecosistemas que, acaso, se perdieron para siempre.

Por: Laura Bonilla La teoría de que el mundo está en un escenario de cooperación cero fue creada por el periodista Ian Bremmer para describir cómo el liderazgo global cambió de 7 países (G-7) a 20 (G-20) y, después de la pandemia, a ninguno (G-0).  Incluso en plena Guerra Fría, el hecho de que las grandes potencias depusieran sus ánimos en pro de un beneficio común era considerado un acto de grandes estadistas. Hoy, cuando los grupos políticos son cada vez más pequeños y centrados en sí mismos, la cooperación entre distintos es vista con muy malos ojos por la opinión pública. Algunos, no pocos, la perciben como incoherencia. Los peores, como traición. Colombia no es ajena a esta tendencia global. Sin embargo, como es habitual, creemos que somos únicos. En parte, ese rasgo de nuestra personalidad nacional nos inhabilita para concebir o implementar grandes proyectos, o siquiera mínimas soluciones: somos tan únicos que nada tiene solución. Es decir, que ninguna evidencia probada puede proveernos aprendizaje. Una actitud que genera tal situación de aislamiento y autosuficiencia que rechaza la colaboración. Y seamos honestos. No hay solución ni proyecto posible sin colaboración. Esto le pasa al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también a la oposición, cada vez más desencajada y aislada de los hechos. Es muy claro que estamos hoy en un escenario muy criollo de cooperación cero. Si alguna lectora tiene dudas, solo mire la precariedad del debate anticorrupción, donde todo el mundo quiere echar a la cárcel a su opositor, pero nadie asume responsabilidades o trabaja en la prevención de comportamientos corruptos. O revise las últimas noticias, donde cualquier palabra mal puesta de cualquier ministro se escala a crisis de Estado. Intente siquiera pensar en una solución que esté en el debate público que no sea anular por completo al otro, llámese petrismo, centro u oposición. Es difícil, ¿verdad? Pues esa es justamente la primera característica de un ambiente de cooperación cero: Detalles, palabras o minucias son fácilmente escalados en disputas ideológicas o identitarias. Así, las legítimas diferencias de opinión se llevan al extremo por la mayoría de los políticos, ya que, por otro lado, la ciudadanía parece consumir más contenido de aquellos que gritan más fuerte. Piensen en cuando el presidente Petro dijo poder constituyente y más de uno anunció la caída del Estado de Derecho. Así, sin más. La segunda característica es la carencia de objetivos globales que puedan generar consensos o que presionen a los tomadores de decisiones a ceder su posición inicial. Esto es aún más grave porque las partes más extremas dinamitan sin ninguna evidencia las opciones de consenso. Nuevamente puede que el llamado al poder constituyente del presidente Petro sea vago y confuso para un amplio sector de la población. Pero esto no significa que nuestra carta no necesite reflexiones para resolver, por ejemplo, los graves problemas de corrupción en el sistema político o la ineficiencia en la administración pública. Una mirada a la descentralización, que podría perfectamente ser un objetivo global, se sacrifica porque es imposible cooperar con el contrario. Otro ejemplo, terriblemente doloroso es la paz. En un momento donde debiera ser un objetivo global, un sector se ha dedicado a negar cualquier posible beneficio colectivo de la misma y a obstruir que llegue la cooperación y la ayuda necesaria para desbloquear muchos compromisos que hoy no tienen cómo cumplirse, pero en el gobierno también se han cerrado a ver errores de diseño, de criterio y de enfoque y aceptar que sus consecuencias han sido negativas en las poblaciones que necesitan protección inmediata. La tercera característica es el incremento de acusaciones de culpabilidad y la negación de beneficios compartidos,un clásico colombiano que se evidencia nuevamente en la posición actual frente a la paz. Mientras la oposición ataca la idea misma de la paz, sin evidencia suficiente, el gobierno niega realidades evidentes. En este marco de desconfianza y culpabilidad, ni siquiera los grupos armados en la mesa consideran que la paz trae beneficios suficientes y muchos piensan que el Estado es incapaz de cumplir lo que acuerda. La paz, que debería ser nuestro propósito común, está dolorosamente empantanada. La cuarta característica es la hipervigilancia en función de las acusaciones mutuas. Esto contribuye a crear un clima generalizado de desconfianza y exacerba la situación de cooperación cero. Las partes, tanto gobierno como oposición, junto con sectores de la sociedad civil, la academia y el periodismo, incrementan su esfuerzo para vigilar cada movimiento del contrario. Esto no debe confundirse con la función de buscar la verdad y controlar al poder. Pero hace parecer que estamos ante un incremento sin medida de casos de corrupción cuando en realidad estamos monitoreando más sectores que jamás se vigilaron, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o el Ministerio de Deportes, alejando cualquier pacto o consenso ante el problema. Seré franca en el cierre de esta columna: no existe en el mundo ninguna crisis importante que se haya resuelto sin concesiones. Es una tontería pensar que es mejor ver el mundo arder que mejorar. No vamos a resolver ni la crisis de la salud, ni la paz, ni la seguridad, ni superar la pobreza o la corrupción, o adaptarnos al cambio climático bajo este marco. No se "construye" Estado en las regiones agudizando las crisis. Lo único que se cosecha es más crisis y más pobreza. La polarización que nos venden no es real, pero quienes la promueven sí quieren que lo sea. No les interesa ninguna solución. Su objetivo es reinar en el caos.

Por: Redacción Pares Tenía seis años cuando escuchó por la radio la noticia: una protesta de estudiantes contra la organización de los Juegos Olímpicos del 68, terminó en una matanza indiscriminada por parte del ejército. Los muertos podrían haber llegado a 500. La mamá de Claudia Sheinbaum en ese momento era profesora de la UNAN. Conocía a muchos de los estudiantes caídos y los que habían llevado presos a la terrorífica prisión de Lecumberri. Allí visitaban a dos de los líderes más aguerridos del movimiento estudiantil, Raúl Álvarez Garín y a Salvador Martínez de la Roca. También conversaban con la escritora Elena Poniatowska quien escribía un libro sobre esa cárcel desde los años en los que fue detenido su amigo Álvaro Mutis. Desde esa época la recién elegida presidente mexicana forjó su camino a la política. Por eso, cuando un periodista cualquiera le pregunta, quién es la persona a la que ella le debe todo en la política esperan que responda que es el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pero no es así, ella responde que es uno de los amigos de sus padres, Raúl Álvarez Garín. Fue uno de los líderes de las protestas del 2 de octubre del 68 y duró muchos días desaparecido hasta que sus padres lo encontraron hecho un guiñapo de sangre en el suelo de Lecumberri. Al salir de la cárcel se convirtió en un político activo de México, creó el partido de la Revolución Democrática y a partir de sus columnas en el periódico La Jornada ayudó a forjar más de un espíritu inquieto. Murió de cáncer en el 2014. Sheinbaum, hija de académicos, empezó a estudiar física en la UNAM en los años ochenta. Su tesis dejó claro sus intereses: Estudio termodinámico de una estufa de leña para la comunidad rural en México. Si había estudiado física no era para acercarse a las estrellas ni a una teoría del universo, le interesaban los problemas reales de su gente. Por eso fue una activa militante, líder de protestas en los años ochenta, más cercana a una izquierda europea moderna, en donde el dato era lo más importante a la hora de emprender una acción. Empezó a admirar a AMLO y se vinculó con sus luchas mientras fue alcalde de México, en donde, ya convertida en doctora, lo acompañó en la cartera del Medio Ambiente. A AMLO le hicieron la guerra los políticos tradicionales durante su alcaldía y Sheinbaum mostró su fidelidad a toda prueba. El gran salto político ocurrió en el 2018 cuando llegó ella a ser alcaldesa de México. En ese momento ya era López Obrador presidente. Y entonces mostró independencia de su jefe política. Ocurrió durante la crisis desatada por el COVID 19 y fue por el tapabocas. Mientras ella, quien le cree los datos, a lo fáctico, sabía que tenía que usarlo, AMLO iba a manifestaciones públicas con la cara descubierta. En su momento, cuando le preguntaban a la entonces alcaldesa si esta decisión podría traer alguna ruptura ella era enfática en decir: "Podemos estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación; habrá cosas que él opina de una manera y yo de otra, pero estamos de acuerdo en el proyecto de transformación del país". Basta ver su programa de gobierno con el que ganó las elecciones para ver que su aplastante victoria significa que le dará continuidad a los programas sociales emprendidos por López Obrador pero que ella le dará aún más énfasis a sus políticas para contrarrestar el cambio climático y la transición energética. Ella está convencida en una Cuarta Transformación, el programa bandera de AMLO y que en enfocara en hacer de México un país más justo. Cerrar la brecha entre ricos y pobres. En los últimos 25 años han luchado juntos contra el neoliberalismo, pero tienen puntos que los alejan, empezando por la personalidad, tan abierta y a veces explosiva de AMLO, tan de bajo perfil la de Sheinbaum. Además, aunque López Obrador insiste con que se retirará después de entregar la cinta presidencial, en México saben que él es de esos políticos que no se apagan fácilmente. Él sentó sus bases en el PRI, curtido de calle, bebiendo el maná de la política tradicional, ella viene directamente de la academia. Sin embargo va a ser difícil que le de órdenes a alguien que ve como su par. Nadie duda en México que Sheinbaum le dará un sello propio a su gobierno. Pero, como se escribió hace poco en un artículo de la BBC “Lo mejor de Claudia es que no es AMLO y lo peor de Claudia es que no es AMLO". Le va a faltar el carisma que tiene el líder de MORENA. El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, celebró esta elección con un mensaje en X: “México, el gran México, ha hecho honor a una gran tradición humana que hunde sus raíces en la América precolombina y a una gran tradición de reformas y de izquierdas y ha elegido la primera mujer como presidente, Claudia Sheinbaum y le ha dado una victoria sin atenuantes al Partido Morena”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Español Hubo una época en la que los reconocimientos a escritores colombianos pululaban. El Rómulo Gallegos dado en 1972 a García Márquez arrancó una serie de premios para novelistas, poetas, incluso hasta periodistas. Pero de un momento a otro esa racha fue mermando. El premio recibido este lunes por Piedad Bonnet, el XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, concedido por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional conjuntamente, es el reconocimiento a un trabajo constante un rigor que se nota cada domingo en sus columnas en El Espectador. María Dolores Menéndez, gerente de Patrimonio Nacional, destacó la habilidad para manejar el lenguaje con profundidad y belleza permitiendo que su poesía aborde temas difíciles como el desamor, la guerra y el duelo. Escuchar a Bonnet es disfrutar de un viento tranquilo. No se nota que aún tiene las heridas abiertas. La literatura, más que vocación, es su tabla de salvación. En mayo del 2011 se enfrentó a la peor de las tragedias. Su hijo Daniel había tomado la decisión de acabar con su vida. Llevaba ocho años padeciendo un trastorno ezquizoafectivo que lo hizo lanzarse del apartamento en el que vivía en Nueva York. Dos años después, en el 2013, terminó Lo que no tiene nombre, una novela sobre Daniel. La poeta ha escrito una y otra vez que no se trata de un tratamiento terapéutico ni nada parecido. Cada palabra dolió. Lo que no tiene nombre se encumbra como una de las grandes obras sobre el duelo, a la altura de El año del pensamiento mágico, en donde Joan Didion cuenta como en unos pocos meses perdió a su esposo y a su hija. Pero, por más difícil que parezca, Bonnet no escribe desde el duelo. Escribe sobre la necesidad de seguir viviendo. La muerte de Daniel es uno de los actos azarosos que puede traer la vida. No hay auto condescendencia ni lágrima fácil en este relato breve, sólido, perfecto. Como ella, Daniel también era un artista. Quería ser pintor. Metódico, iba guardando cada boceto que hacía perfectamente clasificado. Nada la hacía sospechar que pudiera guardar dentro de si tanto dolor. No sabía, por ejemplo, que guardaba un diario llena de frases duras. Jamás pensó que las cosas pudieran desembocar en el peor escenario y dice que “uno como madre espera que las cosas mejoren”. Por eso, cuando se entera de la decisión de su hijo, Bonnet no puede dejar de sorprenderse. Se metió de lleno en un libro que la flageló. Un libro que cada tanto tenía que parar su marcha porque si no sentía “que me iba a volver loca”. Un libro que, aunque breve, es exhaustivo, respetuoso, perfecto, hecho a partir de los apuntes que encontró de Daniel. Un libro en el que, de cierta manera, inmortaliza el espíritu de un joven artistas que sufría no sólo por la enfermedad sino por la necesidad de controlar su arte hasta el punto de llevarlo a la perfección. El libro, escrito en seis meses, despertó la curiosidad no sólo de los amantes de la literatura sino de padres de familia que habían pasado por experiencias tan devastadoras como la suya. Recibía montones de cartas a diario y logró montar una exposición con la obra de Daniel. Piedad logró hacer una obra sólida, como la misma Didion, en donde pudo explorar otros sentimientos, otros temas. Pero todos los que leímos Lo que no tiene nombre sabemos que Daniel palpita adentro de ella. Que se ha transformado en un sentimiento y que no se irá jamás. Para nuestro director, admirador profundo de la obra de Piedad, este premio significa esto: “A veces, tantas veces, en Colombia, ocurren cosas maravillosas, ocurrió una ahora, le dieron el premio Reina Sofia de Poesía Iberoamericana a Piedad Bonnett, su narrativa y su poesía contienen trazos, trazos indelebles  de su vida misma,  yo la miro desde abajo y le veo luminosa”.

Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave 1 ●  Presentación La Justicia penal en Colombia es una justicia de perdedores, pierden todos: las víctimas, los ofensores, la comunidad, y también, los jueces, los fiscales, los operadores de las cárceles y los operadores de justicia, que al final del día ven que todo sigue igual, con tendencia a empeorar. Es una justicia de la impunidad, de la corrupción, del desgaste institucional y de la falta de confianza ciudadana, de ahí viene la justicia por propia mano, la “paloterapia” y la violencia en todos los niveles. En este escenario, el gobierno propone una reforma a la justicia, que tiene contenidos de justicia restaurativa, entendida como “… una respuesta flexible, participativa y orientada a la resolución de problemas ante el comportamiento delictivo, que puede proporcionar un camino complementario o alternativo a la justicia. Puede mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas del delito y las poblaciones vulnerables y marginadas, incluidas las situaciones de justicia transicional” ONU/2020. La Procuraduría General de la Nación, PGN, va a jugar en dicha propuesta de reforma un rol inusual, que queremos resaltar en este escrito, pero antes, mostraremos todo lo que dicha institución ha desarrollado en el tema, que bien valdría la pena ponerlo al servicio de dicha iniciativa de reforma a la justicia. La nueva cosmovisión de la justicia, es la Justicia Restaurativa, que es una filosofía, un movimiento social, pero también se aplica al sistema penal, ya no desde la criminología, sino también, desde la victimología, ciencia,  que prioriza al ser humano, a las víctimas y victimarios, donde éstos “estén en capacidad de generar, desde el conflicto mismo, nuevas formas de respuesta al fenómeno social del delito, que permita tratarlo, no para regresar y permanecer en él, sino para reconocer y a partir de allí visualizar el futuro”[2]. “Donde se otorga a las víctimas, como lo afirma Antonio Beristain Ipiña, el protagonismo en el iter procesal del encuentro dialogal para planificar, proyectar (determinación de la sanción, sentencing) una reconstrucción (recreación) social de la realidad perturbada por el delito”.[3] La Procuraduría General de la Nación, PGN, en aras de empoderar y visibilizar la importancia de las víctimas en el proceso penal, comparte lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia 979 del 2005, cuando afirma: que la Justicia Restaurativa “(…) se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. (…) Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica”// [4] El Magistrado Córdoba Triviño afirma que, ante la disfuncionalidad del Sistema Penal, que conserva una justicia represiva y retributiva, se debe complementar con una Justicia Restaurativa pues “El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituirá el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido”. [5] Si bien es cierto, que la Justicia Restaurativa, en el contexto general de la justicia, es complementaria y humaniza muchas prácticas de la justicia retributiva, también opera como una espiral ascendente incluyente, de abajo hacia arriba, que va desde el diálogo restaurativo en las prisiones entre victimarios, produciendo convivencia carcelaria; y también traspasa los muros de la prisiones, cuando se realizan prácticas restaurativas entre víctimas, victimarios y comunidad, lo que mejora las relaciones familiares y la convivencia barrial, reduciendo la inseguridad ciudadana y por ende aportando a la paz social (Claus, Roxín). Resultado de la Justicia Restaurativa. Ver diagrama: Elaboración propia ● Antecedentes La Procuraduría General de la Nación, PGN, haciendo uso de su función preventiva, toma la decisión de velar por lo que se hace en el país en el tema de la Justicia Restaurativa, con base en el artículo 277 de la Constitución Política, numeral primero que le ordena “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Esta función preventiva se reguló mediante la Resolución 132 del 30 de abril de 2014, bajo criterios como son: i) hacer énfasis en la vigilancia y control del cumplimiento de las políticas públicas, ii) la focalización en la garantía de los derechos, iii) la sólida capacidad anticipatoria, iv) la generación de valor en el sector público y v) la gestión y análisis de la información. La función preventiva, tiene dos propósitos estructurales fundamentales : a) la de anticipación, centrado en la identificación de los factores de riesgo para el adecuado desempeño del cumplimiento de las funciones públicas y para la garantía del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos y; b) de vigilancia, referida a la observación de la gestión pública para verificar cómo se planean, ejecutan y evalúan las políticas públicas y, cómo se protegen los derechos, se cumple el ordenamiento constitucional y legal, y se invierten los recursos públicos. Es esa línea de prevención,  el Decreto 262 de 2000, artículo 7, # 34 y 36, le permite al Procurador General de la Nación, crear comités asesores y grupos de trabajo y expedir las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas. La Procuraduría General de la Nación, reconoce el valor preventivo de la Justicia Restaurativa en diferentes niveles, como cuando en el proceso interviene la comunidad como actor fundamental en la prevención del delito y ante todo del desorden social.  Disminuye la reincidencia delictiva, pues el proceso restaurativo entre víctima y victimarios, tiene como resultado mejorar a futuro el comportamiento del delincuente; aporta a la prevención general para reducir el delito, pues provee de información a las autoridades para tomar correctivos a futuro. La Procuraduría General de la Nación, para incursionar en la Justicia Restaurativa, soporta su accionar en normas constitucionales y legales nacionales, como las siguientes: i) El Artículo 9º del Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del artículo 250 de la Constitución, dice: “La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.” ii) Los artículos 518 a 527 de la Ley 906 de 2004 que regulan lo referente a la justicia restaurativa para adultos. iii) El artículo 24 de la Ley 1826 de 2017 dispone que los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado... hasta antes de que se emita fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción de la acción penal. iv) El artículo 524 de la Ley 906 de 2004 permite acudir a dichos mecanismos desde la formulación de la imputación hasta antes del inicio del juicio oral. v)Los artículos 140 y 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia se consagra que el proceso deberá ́ garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño y las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa.” De otro lado, la Justicia Restaurativa acerca la administración de justicia a las comunidades, pues el condicionante a participar es voluntario y se les devuelve el conflicto a las partes para que lo resuelvan de manera pacífica(Howard Zehr. 2006), lo cual genera confianza en las partes y en las instituciones, se restaura el daño y por ende se mejoran las relaciones rotas, todo lo anterior redunda en el mejoramiento de la administración de justicia. Programa de Justicia Restaurativa El Procurador General de la Nación, creó el Programa de Justicia Restaurativa[6], el 30 de junio de 2017, a través de la Resolución 336 sustenta su expedición en la Ley 906 de 2004, en el Artículo 518, donde se define lo que es un Programa de Justicia Restaurativa[7]. La Resolución afirma que…“Que ante la crisis carcelaria por la que atraviesa el país y dada la necesidad de explorar nuevos mecanismos de justicia que garantice a las víctimas reparación y que contribuyan a la construcción de una nueva política criminal, se hace necesaria la creación de un programa al interior de la Procuraduría General de la Nación que proponga líneas de trabajo que rescaten los mecanismos de Justicia Restaurativa que existen en el ordenamiento jurídico, como la conciliación preprocesal y la mediación”. [8] El objetivo del Programa de Justicia Restaurativa, que quedó adscrito a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. (Art.1º), es: “//…establecer líneas de trabajo para impulsar la implementación de los mecanismos de Justicia Restaurativa contemplados en el ordenamiento jurídico como lo son: la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. // De la misma forma el Programa se orientará al análisis en temas de política carcelaria y penitenciaria y brindará propuestas sobre problemáticas tales como hacinamiento, infraestructura, programas de resocialización y modernización del sistema penitenciario.” (Art. 2º) La Resolución, crea una Secretaría Técnica (Art. 3º) para instrumentalizar el desarrollo del Programa; autoriza a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, para el cumplimiento del objetivo del Programa, poderse apoyar en otras Delegadas de la institución. (Art. 4º). Finalmente, en el Art. 5º de la Resolución, propone presentar un proyecto de Plan Piloto que busque establecer los alcances de las prácticas de Justicia Restaurativa con la población privada de la libertad. ● Plan Piloto Para el desarrollo del Programa de Justicia Restaurativa, la Procuraduría, formo un equipo inter-delegadas, conformados por profesionales voluntarios de diferentes delegadas, que quisieran apostarle al nuevo desafío que implica la Justicia Restaurativa. A partir de la conformación de este equipo se capacitó y se le dio formación, en todo lo relacionado con los orígenes, principio, desarrollo a nivel nacional e internacional; además, en la creación de competencias y habilidades para enfrentar el reto que significa en Colombia, apostarle a una nueva visión de la justicia. El Plan Piloto desarrolló alguna iniciativa, en aras a que las instituciones competentes para ello, se sensibilicen y apropien de la Justicia Restaurativa, de cara a dar humanidad a la justicia retributiva tradicional. A continuación, se relacionan iniciativas llevadas a cabo entre 2017 y 2019.[9] Pacto por la Humanización de los centros de privación de la libertad, a través de la Justicia Restaurativa. Firmado por Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, ICBF, entre otros. RestauraVidas. Proyecto consistente en desarrollar prácticas restaurativas en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá (la Picota), CPAMSM-BOG - Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá (el Buen Pastor), CPAMSEB - Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad EL BARNE, Cárcel de Varones y anexo de mujeres de Bogotá y Centro de Atención Especial (CAE) Bosconia en Bogotá. Diplomados en Cultura y Justicia Restaurativa, en Bogotá con la Universidad Nacional, en Medellín, con la Universidad de Antioquia y en Quibdó, con la Universidad Tecnológica de Chocó, dirigidos a funcionarios públicos como jueces, fiscales, procuradores, defensores, personeros, funcionarios de prisiones, entre otros. Visita al Gobierno de Madrid y Cataluña en España, donde se presentó el Programa de Justicia Restaurativa y se adquirieron compromisos para desarrollarlos de manera articulada. Reforma a la Justicia, proyecto. La Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, convocada por el Ministerio de Justicia y del Derecho,  presentará al Congreso de la República el 20 de julio el proyecto para reformar la justicia en cinco temas fundamentales: i) Justicia inclusiva y diversa: promover una justicia cercana a la ciudadanía, que promueva la igualdad; así como contar con jueces especializados; ii) Asuntos penales y penitenciarios: para que sea más ágil y cercano, y cumpla un rol resocializador; iii) Reformas procesales y métodos de resolución de conflictos: es decir, ajustes al código general del proceso y al procedimiento administrativo y laboral; iv) Reforma judicial: creación de más juzgados y  v) Reformas constitucionales. Luego de hacer una primera lectura del borrador, quedan muchas dudas que serán objeto de otros estudios de análisis que están en camino, pero de momento nos ocuparemos del rol de la Procuraduría General de la Nación, PGN, en la Ley de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica. Lo primero a resaltar es que el borrador del proyecto sin definir qué es Justicia Restaurativa, entra de lleno a indicar que esta justicia se desarrolla por mediante: “prácticas”, “procesos”, “enfoques” y “programas”, que llevan a una confusión de conceptos que no permiten dar claridad. “La justicia restaurativa se desarrolla mediante prácticas, procesos, enfoques y programas orientados a la reconstrucción de las relaciones sociales y familiares afectadas por conflictos entre dos o más personas, la reparación integral de los daños causados a las víctimas, la prevención y la transformación positiva de las relaciones sociales mediante la responsabilización de los ofensores y la determinación de las necesidades de las víctimas.” Las entidades autorizadas para intervenir en el desarrollo de la Justicia Restaurativa, son: La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, los centros de mediación de las facultades de derecho, los centros de conciliación de las Cámaras de Comercio y las Casas de Justicia, quienes deberán contar con programas de justicia restaurativa. Los Programas de Justicia Restaurativos son definidos por el proyecto como: “el conjunto de prácticas restaurativas que se ofrecen en el marco de los procedimientos y procesos judiciales por entidades públicas, instituciones privadas o redes de apoyo social, las cuales, de manera planificada y metodológicamente organizada, buscan un resultado restaurativo acorde a las necesidades de las víctimas, los ofensores y la comunidad.” Las Prácticas Restaurativas son:  i) Mediación; ii) Círculos restaurativos; iii) Conferencia familiares y comunitarias; iv) Paneles de impacto y v) Escucha empática, declaraciones y preguntas afectivas o restaurativas. La Procuraduría General de la Nación, en la nueva reforma a la justicia tienen señalada varias obligaciones, entre las que están: El deber de representar a las víctimas indeterminadas en los Procesos Restaurativos, sin perjuicio de que las comunidades hagan parte del proceso. Tener Programas de Justicia Restaurativa. Contar con personal calificado para promover y realizar estas prácticas, como son los mediadores. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación, tiene una gran oportunidad de aportar a la justicia, desde la Justicia Restaurativa, pues ya tiene un Programa de Justicia Restaurativa creado desde junio 30 de 2017, dentro del cual hay experticias en formación de mediadores y realización de pilotos de prácticas restaurativas realizadas en centros de privación de libertad, del que quedó una Caja de Herramientas para ser aplicadas con adolescentes o adultos en detención. Además, tiene una serie de directivas, resolución, entre otras, que promovió ante las instituciones nacionales encargadas de la ejecución de Programas de  Justicia Restaurativa, como las siguientes: Circular No CIR18-0000080-DMA-2100 Dirigido a Coordinadoras, Coordinadores del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana; Alcaldes municipales y Secretarios de Gobierno. En la que se recomienda llevar a cabo prácticas de justicia restaurativa en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Resolución 383 del 11 de mayo de 2022. Fiscalía General de la Nación. Manual de Mediación Penal. Resolución 447 del 30 de agosto de 2023. Fiscalía General de la Nación. Por medio del cual, se hacen ajustes a la Resolución anterior. El Pacto por la Humanización de los Centros de Privación de la Libertad, a través de la Justicia Restaurativa. Procuraduría General de la Nación. Diciembre 15 de 2017. Directiva 006. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 16 de abril de 2018. Directiva 013. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 26 de marzo de 2019. Documento de propuesta para el análisis de los programas y procesos de Justicia Restaurativa en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas. Análisis de resultados y recomendaciones del Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres- Bogotá D.C. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Diciembre 2018. Como se pudo demostrar, la Procuraduría General de la Nación, tiene un recorrido considerable en prácticas restaurativas, que le permite ponerse a la vanguardia en un tema tan importante para la paz social en el país, si no lo hace es por falta de voluntad política. Nota Final. La Procuraduría General de la Nación, fuera del resultado de la reforma a la justicia, que de todas maneras es incierto, debería estar trabajando en Justicia Restaurativa, pues desde hace siete años tiene el Programa de Justicia Restaurativa, en la Delgada para la defensa de los DDH, que se trabajó conjuntamente con la delegada penal y la de adolescentes, además, en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP, reposan las investigaciones en los centros de privación de libertad y la formación en cultura y Justicia Restaurativa. [1] Sepúlveda, Arroyave en 1999 fue reconocido por la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA, como EXPERTO EN MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA Y DE LA SEGURIDAD. De acuerdo al REGISTRO DE EXPERTOS EN MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA Y DE LA SEGURIDAD al 11 de noviembre de 2010. DOCUMENTO DE REFERENCIA CP/CSH-146/98, add. 3, Original: español, publicado el 27 de enero de 1999. Es abogado, criminólogo, estudioso de la Justicia Restaurativa penal y ambiental. Es el director de la Fundación Colombia Restaurativa  www.colombiarestaurativa.com   y del bufet interdisciplinario Justicia Reintegradora [2]  Julio Andrés SAMPEDRO ARRUBLA, LA RE-HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENAL. Una Propuesta desde las víctimas y la justicia Restaurativa; Colección Criminología y Victimología, Segunda Edición, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2019. [3] Citado por Julio Andrés SAMPEDRO ARRUBLA, LA RE-HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENAL. Una Propuesta desde las víctimas y la justicia Restaurativa; Colección Criminología y Victimología, Segunda Edición, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2019.P.202, numeral 3º. Antonio Beristain Ipiña, Criminología y Victimología-Alternativas Recreadoras al delito. Pp. 201/202. [4] Sentencia C-979 de septiembre 26 de 2005. CORTE CONSTITUCIONAL. Ref.: Expediente D-5590 Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599204210a4f034e0430a010151f034 [5] Ibidem [6] El Programa tiene como sustento legal entre otros, la potestad que le confiere la Constitución Nacional (Art. 277) y la ley  (Dcto. Ley 262 de 2000, artículos 2, 7 y 8) al Procurador General de la Nación de delegar sus funciones entre sus distintas dependencias o funcionarios [7] Ley 906 de 2004,Artículo 518: “Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.” [8]Resolución de la Procuraduría General de la Nación, 336 del 30 de junio de 2017 , p.3. [9] El desarrollo de estas iniciativas del Plan Piloto de Justicia Restaurativa, de la PGN, se presentarán en escritos apartes a éste.

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética y la Paz oficina Caribe Fundación Paz y Reconciliación El robo de energía, la cultura del no pago, y las fallas en la prestación del servicio han sido la razón del problema energético que vive el Caribe desde hace décadas. Después de los abusos e ineficiencia de Electricaribe se intervino en el año 2016. Tres años después se estableció en el Caribe un régimen tarifario para frenar las facturas cada vez más desbordadas. En el presente informe se hablará de por qué este régimen no pudo frenar las escandalosas tarifas. La empresa Electricaribe S.A. E.S.P. es liquidada e inicia la odisea para los habitantes de la región Caribe y es que en la misma opera el “ oligopolio energético del Caribe”  conformado por tres grandes empresas encargadas de la distribución y administración de la energía eléctrica en los ocho departamentos de la región son: Afinia del grupo EPM,  EEDAS S.A. y Air-e S.A.S. E.S.P. Tales  empresas han llevado a límite las tarifas, la intermitencia y la paciencia de los usuarios,  pues, durante sus años de servicio, estas compañías se han visto envueltas en múltiples críticas por parte de los usuarios debido a los altos costos de la energía, la prestación de servicios ineficientes, los altos costos de energía injustificados, los cobros estimados sin razón, los daños masivos en electrodomésticos, la flagrante vulneración de los derechos a los usuarios, entre otras situaciones. Para definir el comportamiento de la energía en la Costa bastan estas palabras: la intermitencia, escasez y fallas. Este informe intenta resolver uno de los enigmas más grandes del Caribe: si es tan malo el servicio y las tarifas están reguladas, ¿Por qué sigue llegando tan caro el servicio? Un servicio que viene aquejado por cánceres como el contrabando, y las alteraciones a la infraestructura. Por año hay 5.600 denuncias por hurto de energía eléctrica, este hecho se identifica por conexiones irregulares y alteraciones en los medidores, cables, postes de luz y en la red eléctrica. El hurto de energía puede tener consecuencias, daños en la infraestructura eléctrica, incendios, electrocución, interrupción en el servicio eléctrico. La inconformidad de la gente con el servicio se ha reflejado en marchas y protestas como las del pasado 11 de abril. El Presidente a tomado algunas medidas pero, como termina el informe que presentaremos a continuación: “Mientras se espera que estas medidas continúen su curso, el Caribe sigue al son de “Apagando focos”, un vallenato protesta escrito por Julio Oñate Martínez e interpretado por Iván Villazón que dice: “(...) Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar(...)”.

Por: Redacción Pares Robert Durst tenía su hinchada. Le gustaban los medios. Cuando se enteró que HBO haría una serie sobre su vida, se animó. Había sido absuelto dos veces de la desaparición de su esposa, Kathleen McCormack Durst y de su mejor amiga Susan Berman. Y la verdad le hacía falta aparecer en televisión. La serie fue dirigida por Andrew Jarecki y se emitió en seis capítulos. Fue un éxito absoluto. Su último capítulo fue visto por 20 millones de personas y Bob, completamente sicópata, disfrutaba con el reconocimiento. En el documental, llamado The Jinx, se veía claramente cómo Durst había usado todo su poder para no ser condenado por tres muertes. Además de las dos mujeres asesinó y desmembró a un hombre. Este crimen incluso es confesado por él mismo. Pero se había embolsillado, a punta de dólares, a uno de los jurados en un juicio que se realizó en el 2003. En el 2015 Jarecki le tiende una trampa y él termina confesando. En la última entrevista se lleva por equivocación un micrófono de solapa al baño. Entonces, mientras abre la llave del lavamanos, murmura “Me atraparon, los maté a todos”. Esto se emitió en el último capítulo de la temporada y generó una conmoción en todo el país, sobre todo en Nueva York. Es que la familia Durst tiene poder. Robert nació el 12 de abril de 1943, en un pueblo cercano a Nueva York llamado Scarsdale. Era el primogénito del patriarca Seymour Durst, dueño de una inmobiliaria llamada National Debt Cock. El patrimonio de esta compañía está avaluado en 8.000 millones de dólares. El papá de Bob lo intentó introducir en el mundo inmobiliario pero era demasiado indomable. Sus hermanos no lo querían y no dudan en afirmar que siempre fue un monstruo. Su mamá se suicidó frente a sus ojos cuando tenía 6 años, lanzándose del tejado de su casa. A los 12 años lo vio un siquiatra y diagnosticó la enfermedad mental que padecía: “descomposición de la personalidad y posiblemente incluso esquizofrenia”. Durst y su amiga Susan, a quien asesinó en la noche vieja del 2000 Bob se casó con Kathleen MacCormack, una joven de clase media. Pronto ella se dio cuenta de su oscuridad. Despreciaba abiertamente a su familia por un asunto de clasismo, la golpeaba y eran constantes sus infidelidades. El 29 de enero de 1982 Kathy, quien era estudiante de medicina, desapareció. La versión de Durst siempre fue ambigua, gaseosa, contradictoria. Las amigas de Kathy intentaron hacer algo pero era tal su poder que al final le hizo el quite a la justicia. Había alguien que sabía todos sus secretos. Se llamaba Susan Berman. Era hija de un reconocido gánster de Las Vegas. Quedó documentado que Bob, a cambio de su silencio, le daba 20 mil dólares mensuales. El 31 de diciembre del año 2000 Susan amenazó a su amigo con revelar la verdad sobre lo que sucedió con su esposa. Bob decidió entonces entrar a su casa en Los Angeles y dispararle por la espalda. En la huida se refugió en un hotel en donde asesinó y descuartizó a un vecino de piso. Intentó deshacerse de los pedazos del cadáver en el mar. Fue detenido, encarcelado, llevado a juicio, confesó haber asesinado al hombre llamado Morris Black, a quien conoció en ese hotel de mala muerte en Gavelston, Texas. Fue llevado a juicio y, aunque confesó haber matado -de manera accidental, según su defensa- a Black, y haberlo descuartizado, fue dejado en libertad. Después se supo que había sobornado por lo menos a uno de los jurados. Una de las últimas imágenes de Durst antes de morir Jarecki, ante toda esta historia, hizo el documental, Durst, sediento de fama y convencido que su dinero lo hacía diferente a todos los mortales, accedió a dar entrevistas. La gente recordó el caso y además se dio cuenta de lo frágil que es la justicia en los Estados Unidos: si tienes recursos puedes hacer lo que quieras y ser invencible. Esa confianza terminó siendo su peor enemigo. Automáticamente terminó la primera temporada de The Jinx, la serie documental de HBO cuando la policía le echó el guante. Desde ese momento estuvo preso. Por fin se hizo justicia. Su defensa falló, y Durst se veía muy disminuido físicamente a sus 78 años. Fue condenado a cadena perpetua y en el 2022, por un cáncer de vejiga murió. La familia de Kathy se ha quedado esperando una reparación económica por parte de los multimillonarios familiares de Durst pero ni una disculpa pública han emitido. Al parecer ellos sabían la suerte que corrió la mujer a manos de su esposo. Los Durst siguen siendo los amos del sector inmobiliario en Nueva York.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Medellín Antiguo En 1890 Medellín tenía cuarenta mil habitantes. En las noches no había mucho qué hacer. Lo más bonito que podía tener la ciudad eran las mansiones de José María Amador y Tulio Ospina, reconocidos hombres de empresa. A veces llegaba una compañía de zarzuela o se realizaban unas corridas de toros para romper eso que llamó Tomás Carrasquilla como “el limbo de la monotonía”. Poco a poco llegaba la modernidad y también lo prohibido. En 1893, según el historiador Jorge Mario Betancur Gómez, apareció la primera estadística de criminalidad que se conoce en Antioquia. Entre 1889 y 1893 fueron asesinadas en ese departamento. La mal llamada “gente de bien” fue alejándose de la zona pantanosa, llena de enfermedades donde sería edificado en 1894 el barrio Guayaquil. Por ese año fueron llegando mendigos, aventureros y comerciantes que se asentaron en “ese lugar infecto”. Sobre el nombre del barrio, aclara el escritor Manuel Mejía Vallejo en uno de sus escritos, que tenía que ver con las condiciones insalubres que recordaba a una ciudad ecuatoriana, Guayaquil, que por esa época sufría una epidemia de fiebre amarilla “¿No conocían este Guayaquil? Así se llama el barrio porque fue un pantanero de zancudos, rumbaban las fiebres como en un tiempo en esa ciudá de los Ecuadores”. Todo lo que estaba mal se remitía a Guayaquil. Allí la gente sacaba sus vasijas llenas de excrementos y, como no había alcantarillado, simplemente sacaban sus miserias a la calle, específicamente en las cunetas. En relatos de la época se cuentan que, en edificios de cuatro plantas, habían vecinos que veía como el techo se les iba poniendo negro: había personas que no sacaban la mierda a la calle y, simplemente, la dejaban rebosar en sus pisos, filtrando la privacidad de los vecinos que vivían en la planta de abajo. Eran lugares donde la enfermedad, el trago, el juego y el placer sexual se mezclaban. En los primeros meses de 1899 aparecieron en Guayaquil lo que los vecinos llamarían, de manera despectiva “los primeros travestis”. En el periódico Novedades, en 1910, hay una primera referencia sobre ellos: “En estatuaria femenil, los viernes y martes salen a mostrar ciertas formas corporales, propias de una deformidad antropoforme, unos muchachos que escandalizaron a señoras y señores camino al mercado”. Con los mal llamados travestis aparecerían las primeras prostitutas. Siempre existió en las administraciones municipales la hipocresía de ocultar lo que ellos consideran feo, contranatura, depravado. Por más que intentaran llevarse de sus calles a las mujeres que se paraban en las esquinas, siempre aparecían ahí para escándalo de las mujeres casadas según lo ordenaba el sacramento y de los hombres que se tapaban la cara con sus manos abriendo con sigilo sus dedos. Ninguna campaña policial o eclesiástica sirvió para algo. En Guayaquil eran tan comunes las prostitutas en la calle como las peleas a cuchillo entre sus visitantes, los borrachos cantando canciones viejas o la propia mierda. Según el libro Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín 1894-1934, hubo alcaldes que quisieron prohibir la prostitución a punta de ley. Uno de ellos fue Alfonso Ballesteros quien firmó un decreto contra las pianolas “sitios de diversiones nocturnas, de libaciones eternas y caricias vulgares. De verificarse nuevos escándalos en estos establecimientos, ordenó un arresto de cinco días para las mujeres públicas de esos lugares”. El vicio, tal y como lo escribió Mejía Vallejo, rezumaba en las calles de Guayaquil: “La calle, las luces, las cantinas, los traganíqueles... El vicio va agarrando, y lo pior, uno se envicia al vicio, le hace falta seguir arrastrao”. Las leyes eran celosas con las prostitutas. Afortunadamente sólo eran letra muerta. La ley no les permitía a estas mujeres poseer casas cercas a templos, colegios o plazas de mercado. A pesar de estos cuidados Medellín, hace cien años, vivió una verdadera plaga de sífilis y gonorrea. Los esposos, que con devoción comulgaban en la misa del domingo, transmitían las enfermedades a sus fieles esposas. Hubo una campaña a comienzos de la década del veinte para obligar a las prostitutas a hacerse exámenes en profilácticos. Ninguna fue por voluntad propia, tuvo que intervenir la policía y ellas supieron defenderse de ese ultraje a punta de dentelladas y arañazos. La sociedad, sabiendo que había perdido su pelea contra las buenas costumbres, exigió, al menos, que la prostitución se reglamentara y que no saliera del barrio Guayaquil, al amparo de sus casas amplias convertidas en conventillos. Desde principios del siglo XX se pedía que las prostitutas se alejaran de los barrios donde vivían los ciudadanos de bien. El 7 de octubre de 1898, en el periódico Las Novedades, salió esta súplica: “Allá donde el rumor de las aguas y los vendavales de las vecinas selvas impidan escuchar a las personas honradas el ruido siniestro causado por el aleteo y los picotazos de los buitres de la orgía sobre el cadáver de la moral cristiana”. Ya en los años treinta Guayaquil era conocido como el barrio de la prostitución. Allá iba el papá con su hijo, esperando iniciarlo en el tortuoso camino del machismo, los soldados sedientos de caricias y los maridos cansados de tanto rosario. Guayaquil fue el gueto donde vivieron ya entrados los años sesenta, cuando el oficio se dispersó por toda la ciudad. En los años ochenta del siglo XX planeación municipal ordenó derrumbar buena parte del barrio que hoy es conocido en la ciudad como El Hueco. La prostitución ha llegado a sitios antiguamente encopetados como el parque Lleras y Medellín, muy a pesar de la falsa moral de sus alcaldes, se ha convertido en el foco del turismo más aberrante de todos: el sexual, el que pervierte a niños y niñas para complacer a gringos obesos y viejos. Medellín se está transformando en su peor pesadilla.