Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Justicia Néstor Osuna, firmó la Ley 2356 de 2024. Esta nueva legislación marca un hito en la lucha contra el feminicidio en el país al eliminar beneficios penales y endurecer las medidas para los condenados y detenidos por este delito. La Ley 2356, que entra en vigor de inmediato, tiene como objetivo principal garantizar que las penas por feminicidio sean cumplidas en su totalidad en centros penitenciarios, sin posibilidad de beneficios o subrogados penales. Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a la creciente preocupación por la violencia de género y el alarmante aumento de feminicidios en Colombia. La Ley 2356 de 2024 consta de cuatro artículos esenciales. El primer artículo modifica el segundo inciso del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, también conocido como el Código Penal. Esta modificación establece que el feminicidio se excluye de beneficios penales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esto significa que las personas condenadas por feminicidio no podrán acceder a ninguna forma de reducción o alteración de su pena, excepto en casos de colaboración regulados por la ley. El segundo artículo modifica el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, indicando que no se permitirá la sustitución de la detención preventiva en un establecimiento carcelario por detención domiciliaria para aquellos acusados de feminicidio. Esta medida se aplica tanto a los condenados como a los imputados que están bajo detención preventiva, asegurando que cumplan su detención en centros penitenciarios. El tercer artículo modifica el artículo 38G del Código Penal, el cual normalmente permite que una persona cumpla la pena en su lugar de residencia tras haber cumplido la mitad de su condena y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la nueva ley excluye específicamente a los condenados por feminicidio de esta posibilidad, obligándolos a cumplir toda su pena en prisión. Finalmente, el cuarto artículo de la ley establece que esta normativa entra en vigor desde el momento de su promulgación, asegurando una aplicación inmediata y sin dilaciones. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2024, se registraron 90 feminicidios en Colombia. De estos, en 61 casos los agresores fueron presuntamente parejas o exparejas de las víctimas. Las estadísticas subrayan la gravedad de la situación, con Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Bogotá siendo los departamentos con mayor incidencia. Un caso que ejemplifica la urgencia de esta ley es el reciente feminicidio de Stefanny Barranco, quien fue asesinada por su expareja en el Centro Comercial Santafé de Bogotá. Este y otros casos recientes resaltan la extensión de la violencia de género más allá del ámbito familiar, afectando a las mujeres en sus lugares de trabajo y espacios públicos. La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación ante la alarmante cifra de feminicidios, destacando que "dieciocho mujeres por mes han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas sentimentales en lo que va del año". Esta situación refleja una problemática sistemática que requiere medidas contundentes y eficaces. La aprobación de la Ley 2356 ha sido recibida con aplausos por diversos sectores que abogan por los derechos de las mujeres. Carol Rojas, analista del Observatorio de Feminicidios Colombia, señaló que esta ley representa un paso crucial hacia la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. "Es fundamental que la sociedad entienda que los feminicidios no son problemas personales, sino un riesgo para la vida de todas las mujeres", afirmó Rojas. Por su parte, las congresistas de la Comisión para la Equidad de la Mujer han reiterado la necesidad de implementar políticas y programas que promuevan la equidad de género y eduquen sobre la no violencia. Además, han solicitado a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes llevar a cabo investigaciones rigurosas y brindar apoyo a las mujeres y familias afectadas. Cabe destacar el informe de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), titulado "Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género 2022-2023",publicado el pasado 7 de marzo, que destaca una preocupante escalada en la violencia de género en Colombia. El informe no solo subraya la necesidad de medidas legales efectivas, sino también una transformación profunda de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Según el documento, en 2023 se emitieron 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones de violencia intrafamiliar, y 848 alertas por amenazas de feminicidio. Estas cifras reflejan un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres, especialmente aquellas entre 18 y 59 años, quienes representaron el 88% de los casos de feminicidio en 2023. Bogotá lidera el lamentable ranking de feminicidios con 149 casos en 2023, un incremento del 31.8% respecto a 2022. Le siguen Valle del Cauca con 82 casos y Antioquia con 73. Sin embargo, la lentitud judicial es alarmante: el 54% de los casos están en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en juicio y solo el 7.3% en ejecución de penas, fomentando así un entorno de impunidad. La falta de unificación de datos sobre feminicidios es otro gran desafío señalado por el informe. Esta deficiencia impide una comprensión completa y precisa de la situación, dificultando la implementación de soluciones efectivas. En dicho informe de Pares se recuerda que la administración del presidente Gustavo Petro introdujo iniciativas como el Ministerio de la Igualdad y la Patrulla Púrpura, pero aún no existen indicadores claros sobre su eficacia. Por lo tanto, el informe de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares es un llamado urgente a la acción. Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para no solo fortalecer el marco legal, sino también cambiar las prácticas y actitudes que perpetúan la violencia de género. La seguridad y el bienestar de las mujeres en Colombia dependen de ello. La Ley 2356 de 2024 podría ser una respuesta necesaria y urgente a la crisis de feminicidios en Colombia. Al eliminar los beneficios penales para los condenados por este delito, el gobierno busca garantizar que las penas se cumplan íntegramente en centros penitenciarios, enviando un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia de género. Esta normativa podría representar un paso significativo hacia la justicia y la protección de las mujeres en Colombia, aunque queda mucho por hacer para erradicar completamente esta problemática. Recordamos que en Colombia existen líneas de ayuda para víctimas de violencia de género. La línea 155 es un número telefónico gratuito disponible las 24 horas del día, que ofrece orientación psicosocial y jurídica, así como asistencia en la presentación de denuncias. La Línea Púrpura, habilitada por la Alcaldía de Bogotá, también proporciona atención especializada para mujeres en situaciones de emergencia. Línea Púrpura Distrital: El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Se puede contactar marcando el número 018000112137, enviando un mensaje al WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo lpurpura@sdmujer.gov.co. Profamilia: Se puede acudir a cualquiera de las clínicas de Profamilia a nivel nacional para recibir apoyo e iniciar la ruta de atención integral. Fiscalías: Se puede presentar la denuncia de forma verbal o escrita en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Por: Redacción Pares El asesinato de Josué Castellanos prendió las alarmas en Arauca, que realmente nunca se han silenciado del todo. Fue el 4 de marzo de 2024. Castellanos había sido amenazado previamente por el Frente 10 de las disidencias de las FARC, conocido en el país como Estado Mayor Central y cuyo hombre fuerte en el departamento es Antonio Medina. También es el principal sospechoso de la bomba que estalló frente a la oficina de Centro Oriente en enero de 2022, mientras se realizaba una reunión con líderes sociales de ese departamento. Castellanos cultivaba plátano. Líder innato, acompañó varios procesos sobre este cultivo en Tame. El día de su muerte, estaba en el sector de Santa Helena. Allí se había reunido con directivos y docentes de la zona para discutir temas como el Plan de Alimentación Escolar, que había sido saqueado por políticos locales, y hacer una evaluación de la Mesa de Crisis Escolar instalada desde 2023. Al terminar la reunión, salió del lugar en su camioneta cuando fue interceptado por desconocidos. Lo obligaron a bajar del automóvil mientras desarmaban a su esquema de seguridad. A Castellanos se lo llevaron y luego apareció muerto muy cerca del lugar donde se había efectuado la reunión. En su momento, el hijo del líder asesinado, Jaider Castellanos González, dio estas declaraciones al periódico El Espectador: "Apagan la historia y una propuesta de desarrollo del departamento... seguiré su legado y, como él bien decía, no se le llamará muerto al que muere por la vida". Josué Castellanos Pérez era importante por su valentía al denunciar violaciones a los derechos humanos y actos violentos contra civiles perpetrados por las disidencias. Nunca le tembló la voz. El asesinato de Castellanos Pérez, ocurrido frente a autoridades, fue un mensaje claro a la población civil: si podían matarlo a él, podrían hacer lo mismo con cualquiera que hablara contra el EMC. Aunque, en honor a la verdad, hoy en Arauca cualquiera puede ser asesinado únicamente por no someterse a la disciplina social y la expansión del control territorial de grupos armados cada vez más agresivos contra los civiles. Esta característica del ciclo de violencia hoy no ocurre únicamente en este departamento, donde confluyen más de cinco décadas de presencia armada de la guerrilla del ELN con un grupo armado reciente, pero influido por las disputas previas con la guerrilla de las FARC. Graves fallas en la reincorporación y en la implementación del acuerdo con las FARC, que suman tanto errores de diseño como de ejecución en los últimos ocho años, hicieron que la paz vivida entre 2015 y 2018 se viera frustrada poco a poco, sin que nadie interviniera. Hoy hay muchas denuncias en Arauca contra el EMC, pero cero investigaciones. Hubo un atisbo de ilusión con el proceso de Paz Total en sus inicios, pero hoy únicamente uno de los grupos armados, el ELN, está sentado en una mesa de diálogo, que si bien tiene un cese al fuego activo, carece de un mecanismo de verificación que permita a las personas en el departamento simplemente contar lo que les sucede y encontrar ayuda y apoyo. De la otra parte, el Frente 10 de las disidencias forma parte de las estructuras que rompieron con la mesa de negociación y, junto con el resto de la facción liderada por alias Iván Mordisco, está en confrontación tanto con el ELN como con el gobierno nacional. Pero la expansión de estos grupos y la guerra de hoy no se desarrollan como antes. No es una población atrapada entre dos combates con personas uniformadas que se identifican en uno u otro bando. Es una violencia selectiva contra liderazgos sociales, comunales y de derechos humanos, y la imposición violenta sobre la población que consideran afín a su contraparte. Es como si tres ejércitos distintos dispararan a civiles al mismo tiempo. La pérdida total del principio de distinción que, según el DIH, tendría que humanizar la guerra, al menos en sus mínimos. Desde la sociedad civil se ha pedido acompañamiento al gobierno para proteger la labor de los líderes y crear espacios para profundizar más en esas denuncias que se presentan en el departamento, y el análisis geopolítico de lo que ya se considera una masacre a cuentagotas de la población más vulnerable. Desafortunadamente, la velocidad a la que operan los grupos armados triplica la burocracia estatal, que no ha logrado poner en marcha políticas de prevención de violación de derechos humanos ni de protección colectiva de las comunidades. Aún como sociedad no pasamos del "¿por qué los matan?" al "¿cómo los protegemos efectivamente?". Después del asesinato de Castellanos, el EMC se pasea por el casco urbano de Tame. No son pocos los casos en que se oyen voces que acusan a uno u otro bando de paramilitares por considerar que existe connivencia con la fuerza pública. Una de las pocas voces que hoy se atreve a denunciar los desafueros del Estado Mayor Central y otros grupos armados es Juan Carlos Villate. A través del programa 6 AM de Caracol Radio, advirtió al gobierno sobre el tema de reclutamiento de menores: "El tema del reclutamiento está tan crítico que hemos identificado nuevas formas de reclutamiento. Están trayendo niños de otras regiones y los están desarraigando, del Cauca, de Nariño, Caquetá, y los están trayendo a Arauca para que este conflicto continúe en el territorio. Es un escenario que por supuesto rechazamos y que le hemos pedido al Gobierno que ponga sobre la mesa de una manera prioritaria". Alertó, además, sobre los enfrentamientos cada vez más constantes entre el ELN y el EMC en el departamento. Las alarmas están encendidas y el gobierno está obligado a actuar con firmeza para detener la violencia organizada. En este caso, a las disidencias del EMC, que tampoco han tenido empacho en violentar sistemáticamente la generosidad de los colombianos para recibirlos en la paz. La vida de los líderes y lideresas sigue en peligro. La respuesta no debe seguir siendo el silencio.

Por: Redacción Pares El día de la madre en Colombia suele ser el día más violento del año. Según cifras de la policía metropolitana durante el 2023 se registraron 12 homicidios, 308 lesiones por riñas y 255 casos de violencia intrafamiliar. El consumo de alcohol exacerba la brutalidad y, entre los hombres, los celos y el machismo. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió el 14 de mayo del 2023, pleno día de la madre,   en el centro comercial Unicentro al norte de Bogotá. Christian Camilo Rincón Díaz, empleado de una empresa de seguridad, ingresó al Domyno´s que está ubicado en el primero piso del centro comercial. Allí buscó a su novia, Erika Lugo, una joven de 26 que trabajaba en la pizzería. Ella tenía miedo. Las amenazas y los episodios de violencia se repetían en los últimos tiempos. La conversación, realizada en un local de Juan Valdez fue aumentando de tono. Después empezó una balacera. Luego de dispararle a la joven Christian Camilo se pegó un tiro en la sien. Las imágenes quedaron registradas en el celular de los clientes. Un año después mayo del 2024 vuelve a ser un mes violento para las mujeres. En sólo veinte cuatro horas han ocurrido dos feminicidios. El primero ocurrió, otra vez, en un centro comercial, el Santa Fe. Un hombre llamado Iván José de la Rosa entró al centro comercial Santa Fe. Buscó a su ex pareja, Steffany Barranco Oquendo, quien trabajaba en un almacén Imusa en ese lugar. Después de insultarla a los gritos la hirió de muerte con un objeto cortopunzante. El hombre intentó matarse pero fracasó en el intento y hoy está custodiado por la policía, y deberá responder por este crimen. La relación cumplía 10 años pero Barranco, candada del maltrato, quiso separarse. Pero no pudo. No tuvo esa opción. Era madre de dos niños. Unas pocas horas después, el 30 de mayo del 2024, Natalia Vásquez Amaya, 31 años, madre de un niño, caminaba frente a su casa en la localidad de Suba cuando su ex pareja empezó a atacarla, dos familiares intentaron defenderla pero también resultaron heridos. Después de asesinarla el hombre entra a la residencia y allí dentro se quita la vida. Mientras ocurría este asesinato en Suba, se efectuaba un plantó frente al centro comercial Santa Fe repudiando estos hechos. El hijo de la pareja, de apenas tres años, se encontraba en la casa cuando ocurrió el crimen. La Secretaría de la Mujer rechazó estos crímenes ocurridos en menos de veinte cuatro horas: "Repudiamos y rechazamos otra muerte violenta de una mujer, esto no se puede seguir repitiendo. Desde nuestra Entidad estamos trabajando para implementar estrategias urgentes de prevención y atención de las violencias contra las mujeres para que estos hechos no se repitan". Hay hechos preocupantes en torno a estos tres casos. Según mostró la revista Cambio las cifras de feminicidios en Bogotá no coinciden. La Procuraduría afirma que se han registrado seis casos en lo que va del 2024. La secretaría de la Mujer afirma que son tres. Según el Observatorio de feminicidios en Colombia 4.183 mujeres han sido asesinadas desde el 2017 hasta la fecha. En el año 2015 se aprobó la c que tipificó el delito de feminicidio en Colombia. Violada, torturada y brutalmente asesinada por un compañero de estudio, el 24 de mayo del 2012, su caso conmocionó al país. La joven madre duró desangrándose durante horas en el Parque Nacional, lugar donde ocurrió el crimen. Por la incompetencia de funcionarios de la Secretaría de Salud, el Estado fue condenado por este crimen. Colombia, como tantos otros países del mundo, no es un país seguro para las mujeres.

Por: Redacción Pares En los últimos años los indígenas de Venezuela han tenido que ver como la incursión de grupos armados en el territorio, algunos como el ELN quienes han acaparado la explotación del coltán, o de las propias disidencias FARC que se mueven con holgura a través de sus redes del narcotráfico. Hay voces que se han elevado no sólo ante esto sino al abandono, al silencio que existe por parte de Nicolás Maduro y del gobierno ante plagas que sufren las tribus indígenas venezolanas como el paludismo, la contaminación de sus ríos por culpa de la minería ilegal y la falta de escolaridad. Uno de esos líderes se llamaba Virgilio Trujillo Arana y lo mataron. Pertenecía a los Piora, que han poblado este territorio desde antes que los blancos construyeran a su Dios. En su comunidad era conocido por su defensa del ambiente y el territorio que tenían en el Amazonas. Era el coordinador de los guardianes Uwottüja del municipio de Autana. Se habían organizado para frenar la tala de bosques, la contaminación de los ríos, la desidia del Estado. La llegada constante de extraños a sacar la riqueza de sus tierras. Pero el 30 de junio del 2022 lo mataron en Puerto Ayacucho. Fue un crimen de odio. Le propinaron varios disparos en la cara. Era un crimen que traía un mensaje: los indígenas habían perdido la guerra contra los mineros ilegales, contra la maquinaria estatal, contra la vida y el medio ambiente. Habían asesinado a su guardián mayor. Antes de asesinarlo a Virgilio lo obligaron a subirse en un vehículo. Sobre el crimen no hay mayores detalles. La impunidad reina en el gobierno de Maduro. Según el portal Justicia-Verdad Venezuela, las acciones que se tomaron después del crimen no se caracterizaron por su efectividad. El director del cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y de Criminalísticas, anunció en un escueto mensaje en Twitter que enviarían, desde Caracas, a expertos para investigar el tema. Han pasado dos años y no hay nada sobre el crimen. Líderes y organizaciones indígenas han hecho plantones y han presionado para que den respuesta sobre el tema. El silencio es lo que contestan. Según los registros de Provea, al menos 47 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales. Este abandono se muestra en el informe que presentaremos a continuación. La valiente denuncia de ODEVIDA muestra la hipocresía del régimen de Maduro con respecto al medioambiente y al cuidado de los pueblos indígenas. El discurso y los hechos son completamente contradictorios. Mientras condena al capitalismo por su afán de acaparamiento y su deshumanización, vemos a un gobierno que ha sido incapaz -o acaso cómplice- con los grupos armados que han acumulado montañas de dinero explotando los recursos naturales venezolanos destruyendo buena parte de sus ríos, de sus selvas frondosos y pasando por encima de líderes como Virgilio Trujillo. Recomendamos, para un conocimiento a profundidad sobre este tema, la lectura del siguiente:

Por: Guillermo Linero Montes Cuando se trata de hablar de constituciones políticas -las llamadas cartas magnas- hay que tener en cuenta que estas son consideradas inamovibles, casi sagradas; lo cual es natural si consideramos que las constituciones -mientras funcionen bien y no sean violentadas, ni modificadas en favor de intereses políticos individualistas- garantizan indefectiblemente la convivencia pacífica, la equidad y el progreso. El carácter sagrado, implica que además de ser inalterables deben ser respetadas con especial exaltación jerárquica; porque al considerarlas sagradas no se les cuestiona ni se les toca, por ser creaciones de una entidad limpia y justa, y sólo este ser divino podría intervenirlas, y no los individuos ni los gobernantes. Pero, como en la realidad las constituciones son pura creación de los pueblos y no productos divinos; entonces, tampoco son los individuos ni los gobernantes, ni las divinidades, los llamados a modificarlas o remplazarlas; sino, única y estrictamente, el mismo pueblo; llamado “constituyente primario” precisamente por esta incuestionable potestad: hacer y mantener actualizadas las constituciones. Basándose en leyes de autoridad y en normas de conduta social, la humanidad ha probado a lo largo de la historia distintos modelos de gobierno; desde las primigenias autarquías draconianas, con reyes que cortaban cabezas respaldados por códigos como el de Hamurabi, hasta los regímenes autoritarios y dictatoriales de nuestro tiempo, que han hecho lo propio respaldados por cartas constitucionales distorsionadas a su favor. Esos modelos de gobierno, nos permiten inferir que las constituciones, por cuenta de su sola existencia no garantizan las libertades, ni la equidad, ni el progreso social, y algunas de ellas ni siquiera garantizan la vida. Por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos, que cuenta con un modelo de gobierno democrático, valida el porte de armas y la pena de muerte, dos licencias negativas que anulan la posibilidad de la convivencia. Pese a ello, cuando el modelo de gobierno escogido es la democracia, parecieran surtirse con mayor viabilidad las tres necesidades más importantes de una sociedad: las libertades, la equidad y el progreso, que en el caso de nuestra carta política están explicitadas tácitamente en puntuales y numerosos artículos. La democracia, entendida como la concentración del poder en el pueblo, y no en un solo individuo ni en una minoría selecta, ha sido una fórmula expedita para alcanzar esos propósitos de convivencia y progreso. Para ello se ha provisto de unas reglas de juego -digamos de una carta constitucional- que establecen inequívocamente, por ejemplo, que el presidente -como es el caso de Colombia- debe ser elegido por la mitad más uno de los votos, y que su periodo de mandato no debe sobrepasar los cuatro años. Dos reglas constitucionales que, igual a todas las demás de nuestra carta magna, debemos cumplir fielmente y guardarles un respeto rayano en lo sagrado. Sin embargo, porque las constituciones no pueden ser perfectas eternamente, mientras las sociedades evolucionen al ritmo del espíritu cambiante de los seres humanos, y siendo estas un negocio jurídico-político, como lo explicó Rousseau en El Contrato Social, no sólo es posible renegociarlas, sino también podría aplicárseles la conversión -que es una figura del negocio jurídico- transformándolas completamente en otras distintas. No obstante, si una constitución está funcionando bien, los pobladores, con o sin cultura política, lo percibirán fácilmente; y comprenderán que lo mejor para ellos es mantenerla y cuidarla, tal y como si en verdad fuera sagrada o impuesta por un dios. Y de ocurrir lo contrario -cuando una constitución está funcionando mal- la misma carta política prevé que esta puede ser intervenida o reemplazada siguiendo cualquiera de estos tres medios: por una Asamblea Constituyente, por el Congreso, o por un referendo. Ahora bien, como puede interpretarse de estos medios establecidos por la misma constitución, es el pueblo, y únicamente el pueblo, quien -directa o indirectamente- debe moverse para promoverla. Por eso, y sabiendo que la personalidad del presidente Gustavo Petro es de un talante benévolo, reflexivo y sensato, debemos creerle cuando dice que no le interesa la reelección, lo que sólo podría conseguir, legalmente, si interviniera la constitución. Lo cierto es que, así como debemos creerle al presidente su desinterés por la reelección, también podríamos arriesgarnos a visualizar, que ante un levantamiento popular pidiéndole su continuidad en el gobierno, ese mismo talante -benévolo, reflexivo y sensato- sin duda lo inclinaría a dar un sí, y lo tendríamos gobernando de nuevo, con incuestionable legalidad, de 2026 a 2030.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: People en español Treinta y cuatro veces se gritó la palabra Guilty en el distrito este de Nueva York. Era la primera vez, desde 1775, en el que un presidente norteamericano era declarado culpable en un tribunal. El juez colombiano Juan Merchán recibió el veredicto por parte de un jurado compuesto por 12 personas. Trump tiene el derecho de apelación pero Merchán podría rechazarlo. Los castigos a los que está expuesto Trump podría pagar, bajo ley, una pena máximo de cuatro años y es bastante improbable que vaya a la cárcel. Si lo hace podría estar apenas un par de meses. Tiene libertad de viajar internacionalmente, él está sin fianza y eso le permite viajar por el mundo si así lo quisiera. El expresidente fue condenado por ocultar un pago a cambio de silencio a la ex estrella porno Stormy Daniels. Esto lo hizo para no tener ningún problema de cara a la campaña del 2016 en donde le ganó la carrera presidencial a Hillary Clinton. Trump le habría pagado a la ex estrella de cine para adultos una suma cercana a los USD$ 130 mil para ocultar la aventura que tuvo con ella. Debido a su edad, 77 años, el expresidente podría obtener beneficios, entre ellos no pagar un solo día de cárcel. Su respuesta ante el veredicto fue la típica de él: no reconocer la derrota. “Este fue un juicio amañado y vergonzoso. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre, por parte de la gente, y ellos saben lo que pasó aquí y todos saben lo que pasó aquí”. El juicio duró siete semanas y en ese lapso se presentaron 20 testigos que se sostuvieron en los que comprobaron como Trump compró la consciencia de Daniels. Uno de los testigos fue un abogado que trabajó diez años para el ex presidente, se trata de Michael Cohen quien ha recibido cientos de insultos a través de sus redes sociales por seguidores de Trump quienes no lo bajan de traidor. La sentencia se hará pública el próximo 11 de julio. La sentencia podría traducirse en una multa, libertad condicional y hasta una pena de prisión. La estrategia de la defensa del ex presidente será la de la apelación lo que podría demorar el proceso durante años. En el caso extremo de llevar a ser puesto preso ocurriría un cargo único: en caso de ser elegido presidente el próximo 5 de noviembre las personas que lo custodiarían dentro del penal sería el propio servicio secreto. Frente a la pregunta de si Trump podría ser presidente de nuevo la respuesta es si. La constitución de los Estados Unidos así lo permite. Los requisitos en la carta magna son las siguientes: deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. No hay normas que impidan la participación de candidatos con antecedentes penales. A pesar de que es favorito para ganar las elecciones de noviembre, una encuesta de Bloomberg afirma que el 53% de los norteamericanos se lo pensarían dos veces a la hora de votar por Trump en caso de que resultara condenado. Viendo en el pasado la manera en la que ha sorteado y hasta burlado a la ley, es bastante probable que esta condena a penas sea una anécdota más en la historia de un multimillonario que toda la vida y de manera impune, ha hecho lo que ha venido en gana.

Por: Redacción Pares El pasado 21 de abril en la Feria del Libro de Bogotá León Valencia, Laura Bonilla y Claudia López, se subieron a una de las tarimas principales a presentar su nuevo libro: Parapolítica, el mayor asalto a la democracia colombiana. Era un reencuentro esperado en la academia, entre los grupos de investigación, con el ansia con el que se espera volver a tocar a los Beatles. Ellos tres, junto con Mauricio Romero Vidal, supieron quitarle la máscara en la primera década de este siglo a las fichas que Mancuso y las AUC pusieron en el congreso. En la conversación León Valencia recordó el momento en el que, mientras asistía como analista a un noticiero, para hablar sobre los resultados electorales del congreso del 2002, se quedó paralizado al ver en el monitor nombres que encabezaban las votaciones como Rocío Arias y Eleonora Pineda. Jamás había escuchado hablar de ellas. Laura Bonilla en ese momento era una joven que recién salía graduada de la Universidad Nacional. Tenía 23 años y la confianza de su maestro. Ambos empezaron a asociar ideas, a tejer una investigación y no les costó mucho tiempo sacar conclusiones: las votaciones más grandes de estos nuevos políticos se habían dado en zonas de alta influencia paramilitar. En el 2004 ya tenían listo una investigación en donde usaron por primera vez el término Parapolítica. Ese año, en los debates televisivos transmitidos por el Canal Institucional, el senador Gustavo Petro usó el término para referirse a senadores como Álvaro García o al todopoderoso Mario Uribe, primo hermano del que era en ese momento presidente. Bonilla se encargó de destapar las ollas podridas en el Magdalena Medio, una de las zonas más calientes del país, Claudia López lo hizo en Antioquia, Mauricio Romero, uno de los investigadores que con más rigor por primera vez estudió el fenómeno paramilitar, escribió un capítulo Nuevas guerras, paramilitares e ilegalidad: una trampa difícil de superar. El libro, que primero se movió entre círculos académicos, llegó a las manos de magistrados como Iván Velásquez, actual ministro de defensa. Velásquez fue a la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris y se lleva la información que se tenía para iniciar la investigación que, hasta el momento 187 políticos condenados entre los que se cuentan congresistas, alcaldes, gobernadores y políticos. Fue un trabajo que dejó huella y que les costó a los investigadores amenazas de muerte y, en el caso de León y Bonilla, el exilio. Pocas investigaciones ha dejado tanto huella como esta que se transformó en libro, Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Por eso la editorial Planeta, a manera de homenaje, sacó en la FILBO Parapolítica, la historia del mayor asalto de la democracia en Colombia, una puesta al día de lo que sucedió en el país después de este tsunami. Un país que ha cambiado tanto que el presidente actual es una persona de izquierda, que incluso perteneció a un grupo insurgente. Pero, Laura Bonilla, en los diferentes eventos que se han venido sucediendo desde abril para lanzar el libro, ha hecho una advertencia, aunque las condenas judiciales cayeron, las condenas sociales no han sido tantas. En ciertas partes del país siguen mandando los mismos que se hicieron poderosos con la plata de las AUC hace veinte años. Este es un libro necesario para todo aquel que quiera sumergirse en uno de los mayores escándalos de un país atribulado como este. El nuevo libro cuenta, además de los trabajos de los investigadores que vienen desde el 2004, con ensayos de Antonio Sanguino- quien se mete de lleno en el horror del Cesar- Ariel Ávila e Iván Gallo. Destapar estas prácticas de los paramilitares que constituyeron una afrenta a la democracia, ha sido uno de los logros de la sociedad civil contra la corrupción y el delito. Su papel, en un país con los índices de corrupción que tiene Colombia, ha sido fundamental a la hora de hacer justicia. Los autores de la investigación se jugaron su vida con esta denuncia y no dudaron a la hora de enfrentarse con enemigos poderosos. La labor de la sociedad civil no debería estar jamás en tela de juicio por ningún funcionario del Estado.

Por: Katerin Erazo, Periodista En el complejo entramado de la búsqueda de la paz en Colombia, cada paso hacia delante parece acompañado de retrocesos y obstáculos que ponen en tela de juicio la viabilidad misma de un acuerdo duradero. En este escenario, el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se erige como una pieza fundamental, pero también como un reflejo de las dificultades inherentes a la construcción de consensos en un país marcado por décadas de conflicto armado. El reciente comunicado del ELN, en el que reafirma el congelamiento de las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, arroja luz sobre las tensiones persistentes que impiden avanzar hacia una solución definitiva. La guerrilla, en su declaración, acusa al Gobierno de incumplir una serie de compromisos previamente establecidos, lo que ha llevado al estancamiento del proceso. Uno de los puntos más álgidos señalados por el ELN es el no retiro de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs), una medida que la guerrilla considera crucial para su legitimación como actor en el escenario político colombiano. Este punto, aunque puede parecer meramente simbólico, tiene profundas implicaciones para el ELN en términos de su reconocimiento como interlocutor válido en las negociaciones de paz y su transición hacia la vida civil. Además, la falta de un mecanismo efectivo de monitoreo y verificación del cese al fuego ha generado desconfianza en ambas partes, socavando los esfuerzos por mantener una tregua duradera. El ELN denuncia operaciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, así como presuntos vínculos entre el Gobierno y grupos paramilitares, lo que agrava la situación y dificulta la construcción de un clima de confianza mutua. En el ámbito humanitario, la situación no es menos preocupante. La ausencia de avances concretos en la materialización del fondo multidonante y los alivios para los prisioneros del ELN ha generado frustración y descontento en las filas guerrilleras. En este contexto, la reactivación de la mesa de diálogos parece cada vez más distante. A pesar de un intento reciente por parte de ambas delegaciones de firmar un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz, las discrepancias persisten y la voluntad política para superarlas parece menguar. El estancamiento prolongado de las negociaciones no solo alimenta la desesperanza entre la población colombiana, sino que también abre la puerta a la escalada de la violencia y el recrudecimiento del conflicto armado. La respuesta del Gobierno a las acusaciones del ELN ha sido ambigua y cautelosa. Si bien ha expresado su preocupación por la decisión de la guerrilla de retomar los secuestros, también ha reconocido la necesidad de abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones políticas inclusivas. Sin embargo, las acciones concretas para cumplir con estos objetivos siguen siendo esquivas, lo que genera incertidumbre y desconfianza en el proceso de paz. El ELN, por su parte, ha destacado la firma reciente del acuerdo referido al diseño de la participación ciudadana como un paso positivo hacia la construcción de una paz inclusiva y participativa. Sin embargo, este avance se ve empañado por la falta de claridad sobre su alcance y su impacto real en la resolución de las causas estructurales del conflicto. Además, la reticencia del Gobierno a abordar temas sensibles como el modelo económico o el régimen político añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones. En última instancia, la búsqueda de la paz en Colombia requiere un compromiso genuino y sostenido por parte de todas las partes involucradas. Esto implica no solo la voluntad política para superar las diferencias y llegar a acuerdos mutuamente aceptables, sino también la capacidad de abordar las causas profundas del conflicto y construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos. En este sentido, el ELN y el Gobierno Nacional tienen una responsabilidad compartida en garantizar que el proceso de paz avance de manera significativa y efectiva. Esto significa no solo cumplir con los compromisos adquiridos, sino también estar dispuestos a ceder en ciertos puntos y buscar soluciones creativas a los desafíos que se presenten en el camino hacia la reconciliación y la paz duradera. A pesar de los obstáculos y las dificultades, la esperanza de una Colombia en paz sigue viva en los corazones de millones de colombianos que anhelan un futuro mejor para las generaciones venideras. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para hacer realidad este sueño compartido y construir un país donde reine la justicia, la igualdad y la fraternidad.

Por: ODEVIDA Está claro, después de presentar el informe sobre Derechos Humanos en Venezuela el pasado 30 de abril, que el estado venezolano ha venido incumpliendo en sus políticas de medio ambiente y de protección a los pueblos indígenas. La minería lega o ilegal, están acabando con la naturaleza en Venezuela. El gobierno de Maduro ha permitido extracción de recursos incluso en áreas de reserva o parques nacionales. Uno de los lugares más maltratados en Venezuela es el parque nacional Yapacana en pleno Amazonas. Acá circula, impunemente, la guerrilla colombiana. Según este informe de Provea, el derrame de petróleo y otras alteraciones al medio ambiente siguen siendo una constante en los últimos siete años. Otro de los aspectos que preocupa en este informe es que el acceso al agua siga siendo muy deficiente en todo el territorio venezolano, siendo el estado Lara uno de los lugares donde este problema es más profundo. En Barquisimeto se cuentan por miles las familias que deben abastecerse del líquido usando el río Turbio. La falta de información por parte del Estado venezolano con respecto a niveles de contaminación preocupa y este informe es una alerta a este descuido deliberado. La deforestación es otro de los males que azotan el país. Se desforesta para obtener carbón vegetal. Estas acciones ilegales ponen en riesgo la existencia de ecosistemas vulnerables, sin que exista una respuesta institucional a la altura del problema y poniendo en duda los compromisos internacionales de velar por la biodiversidad y evitar la desertificación. El Arco Minero del Orinoco, que es una de las iniciativas que ha llamado el gobierno Maduro la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, ha sido una debacle para los indígenas del Amazonas. En el Informe se advierte y señala que “La mayoría de las zonas donde se practica minería son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como reservas de biósfera, monumentos naturales y parques nacionales; además de poseer las mayores reservas de agua dulce del país”. En todas las formas el gobierno de Maduro ha traicionado a los pueblos indígenas que dijo defender. La entrega de tierras a estos pueblos es apenas del 13%. A la lucha contra grupos ilegales, algunos venidos desde Colombia, los indígenas venezolanos deben enfrentarse también ante la probada incompetencia estatal. Los datos son escalofriantes, entre el 2019 y el 2023 fueron asesinados veinte indígenas. Todos los homicidios tuvieron que ver con actividades de minería ilegal. ODEVIDA registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal. Este informe que leerán a continuación además denuncia las actividades de explotación de coltán del ELN y de narcotráfico por parte de disidencias FARC dentro del territorio venezolano sin que sean combatidos seriamente por el ejército venezolano. La situación de los pueblos indígenas se agrava cuando se miden otros indicadores de bienestar como la alimentación, la salud o el derecho a la educación, ambos están en números rojos. El paludismo, a estas alturas del siglo XXI, sigue causando estragos. Provea, en este informe, le exige al estado venezolano una serie de puntos que deben resueltos a la mayor brevedad. Las necesidades de los pueblos indígenas no dan espera.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia Hace una semana Olmedo López se convirtió en una especie de rock star para algunos medios de comunicación. La directora de la revista Semana Vicky Dávila anunció con bombos y platillos una entrevista con el ex director de la UNGRD, Olmedo López en donde este no dejaría títere con cabeza. De corrupto, López pasaba a ser una especie de héroe. Hiperbólica, Dávila decidió titular de esta manera su entrevista “Olmedo López prende su ventilador y aterroriza al petrismo: 10 frases demoledoras para el gobierno del cambio”.  Sin embargo, al leerla, es imposible no sentir algo parecido a la decepción. Para el director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, a pesar de que la entrevista se viralizó como un incendio “el tipo no dice nada de nada, al único al que acusa directamente sin mayores datos es al ministro del interior, Luis Fernando Velasco, pero con el socorrido título “Olmedo López prende el ventilador” logran que mucha gente esté diciendo pobrecito López y Sneyder Pinilla, los van a matar, hay que protegerlos, son en realidad víctimas….” Otro de los periodistas que resisten con más vehemencia a Petro, Luis Carlos Vélez, cabeza de la F.M, sugirió en su columna, Ojo con Olmedo, que tenían que cuidarlo porque, con lo que sabía, podía destruir al gobierno y su vida podría correr peligro. Todo este ambiente se preparaba antes de que el ex director de la UNGRD diera sus pruebas a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Olmedo López pasó a ser conocido en todo el país por uno de los casos más aberrantes de corrupción: robar al más pobre. El 19 de enero del 2024 los bosques de los cerros nororientales de Bogotá arden. El fenómeno del niño eleva las temperaturas del país a techos históricos. Si en Bogotá hace calor en La Guajira hay sed. Por eso el presidente Petro anuncia la entrega de 40 carrotanques para abastecer a una de las regiones históricamente más secas del país. López encarga a su mano derecha, Sneyder Pinilla, para hacer entrega de los carrotanques y aparecer en las fotos. Unas semanas después estallaría el escándalo. La Contraloría General de la República encuentra sobrecostos de $ 7.760 millones en la compra de los carrotanques y abre proceso de responsabilidad fiscal a exdirectivos de la Ungrd. Además, para rematar, de los 40 tanques, sólo 10 sirven. El 29 de febrero Olmedo López escribe su renuncia: “He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”. Tanto López como Pinilla, quieren pasar súbitamente del desprestigio a ser héroes. Piden acogerse a un principio de autoridad y contarán toda la corrupción que se cocina dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Pinilla incluso habla de que la consejera de presidencia, Sandra Ortiz, le entregó 3.000 millones de pesos al presidente del senado, Iván Name, para que apruebe las reformas de Petro. Esta plata sale de la UNGRD. 1.000 millones de pesos irían para el presidente de la cámara Sneyder Pinilla. Los medios que están en contra del gobierno se frotan las manos. Paralelo a esto Olmedo, quien intentó huir, deja circular un audio en donde afirma que todo lo había hecho no por corrupto, sino porque recibió órdenes. Prometió contar un torrente de verdades que develaría un episodio de corrupción que pondría a tambalear al gobierno. El 24 de mayo soltó otra perla: Wadith Manzur, quien preside la comisión de acusaciones que eventualmente tendrá que juzgar a Petro, también habría sido tocado por estas coimas. Así estaba el panorama este 29 de mayo. La mesa estaba servida. Pero este fue el día en el que quedó comprado que el señor Olmedo López podría chocarse de frente con las autoridades colombianas. Como dicen coloquialmente “se le acabó la guachafita”. Ante el silencio de Olmedo, quien tendría que sentarse en una la sala de instrucción de la Corte Suprema frente a Wadith Manzur y darle la cara, el magistrado Héctor Alarcón ordenó la conducción de López de manera inmediata a la sala de inducción. Por medio de su abogado, José Luis Moreno, explicó las razones de su silencio: “Sí, hoy ejerció su derecho a guardar silencio u no auto incriminarse, por cuando debe esperar, porque es la ley 906, la que rige en su procedimiento, no la ley 600, sino la ley 906, la que rige en su procedimiento, que establece el marco de un principio de oportunidad y las reglas y la normatividad procesales y procedimentales del principio de oportunidad”. Además Moreno dijo que su defendido temió por su vida después de estar encerrado durante horas en cuarto con cuatro policías. La defensa también alegó que a López le habían quitado súbitamente su esquema de seguridad. El argumento del silencio fue que Olmedo se sintió intimidado. Se espera que, una vez firme su principio de oportunidad, Olmedo López presente las pruebas. Por ahora su silencio evidencia que en vez de tener pruebas contundentes lo único que tiene es puro humo.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Nuevo Siglo No han sido años fáciles para Patricia Ariza. En el 2020 pierde a su maestro y compañero de buena parte de su vida, Santiago García, dos años después se embarca en una tarea para lo que creyó estar preparada, pero no hay nada más sinuoso que la política y la tecnocracia, sobre todo para un artista. Ser Ministra de Cultura de Petro al principio fue un honor y luego se convirtió en un lastre. Regresó a su casa, el Teatro la Candelaria, el lugar que ella misma ayudó a crear en 1966. Para celebrar estos 58 años Ariza volverá a montar la versión que escribió Santiago García sobre el Quijote. A diferencia de La Castellana o Casa Ensamble, en la Candelaria no hay concesiones al público. Nada más lejos de ese teatro del humor que creó Fanny Mickey en los años ochenta en donde la gente va a una sala a dejar atrás sus problemas. A través de su historia este teatro a montado obras políticamente activas como la entrañable Guadalupe años Sin Cuenta o, en el 2015, su versión completamente original de la vida de Camilo. Nacida en Vélez Santander, de padre gaitanista, Patricia Ariza ha sido protagonista de buena parte de la vida cultura y política de Colombia en los últimos sesenta años. Fue nadaísta, novia de Gonzalo Arango, discípula de Martha Traba, compañera de Santiago García, acaso uno de los genios más grandes que ha tenido la cultura colombiana pero, ante todo, Ariza es una enamorada de las causas perdidas. Fue sobreviviente de la UP, trabajó al lado de los aún llorados Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y José Antequera. Pero entonces la Casa Castaño, respaldada por oficiales del ejército y la extrema derecha, empezó a matar senadores, concejales, líderes comunitarios, todo lo que llevara la marca de la Unión Patriótica. A Patricia Ariza también la amenazaron. Incluso tuvo que sacar a su hija del país. La matanza de cinco mil dirigentes de ese movimiento la sumó en una depresión profunda, de la que casi no sale. Según le contó a la revista Bocas, en una de sus más recordadas entrevistas, Ariza salió de este pozo depresivo gracias a los habitantes de la calle con los que se puso a hacer teatro. La ayudaron a levantar del piso. En esa entrevista referenciada en Bocas dice que un verso de Bertol Brecht también la ayudó a ese renacimiento: “Esclavo, ¿quién te liberará? Los que están en la sima más honda te verán, compañero, tus gritos oirán. Ellos te liberarán”. En julio del 2022, después de que por primera vez en la historia un candidato de izquierda ganara unas elecciones aceptó la propuesta de ser ministra de cultura. Es difícil para una artista pasarse al lado de los tecnócratas. No estaría tranquila si al menos no lo hubiera intentado. Patricia, esa fuerza de la naturaleza, invita a través de este video publicado en sus redes sociales, invita a ver la adaptación del Quijote creada por el gran Santiago García quien ya hace cuatro años dejó esta dimensión.

Por: Redacción Pares A medida que pasan las horas las condiciones en la Franja de Ganza se agravan. Las imágenes de un campo de refugiados en Rafah ardiendo conmocionó al mundo. El ataque, que hasta el momento ha dejado más de sesenta personas muertos, fue perpetrado con bombas norteamericanas. A pesar de que Biden ha reprobado públicamente el contraataque desmedido de Benjamín Netanyahu y su gobierno, por el patio trasero el presidente de los EEUU sigue apoyando a uno de sus principales aliados internacionales. En Latinoamérica se ha visto como, el presidente de Argentina Javier Milei, ha viajado a Israel a principios de año e incluso se apoyó contra el muro de los lamentos, con lágrimas en los ojos. Pero Petro se ha mantenido firme. Su repudio público contra el presidente israelíta y la decisión de romper relaciones con Israel lo ha convertido en un referente mundial de la protección de Palestina. Su imagen incluso apareció en un lugar tan remoto como Túnez. Fue durante la final de la Liga de Campeones de África que enfrentaba al  Espérance Sportive de Tunis y al Al-Ahly. En las tribunas se vio una pancarta de la hinchada de local en donde aparecía la imagen de Petro. En la pancarta también aparece uno de los líderes de la hinchada del Celtic de Escocia que ha repudiado públicamente a Israel, y a estudiantes de la Universidad de Columbia en Estados Unidos que han tenido las agallas de condenar los ataques a la franja de Gaza que han dejado más de 30 mil muertos y un número de desplazados que supera el millón de personas. Ese liderazgo asumido por el presidente colombiano ha sido reconocido por el propio gobierno palestino. Este miércoles 29 de mayo, durante un evento académico llamado ‘Realidades y retos situación actual en Gaza’, Raouf Amik, anunció que Petro recibirá una condecoración especial por parte de ese país. El canciller de Palestina, Riyad Al Maliki, aterrizará en Bogotá para condecorar al presidente. La razón de esta distinción tiene que ver con el apoyo que ha mostrado Petro ante lo que se presenta en Gaza. Los ataques israelitas arrancaron el 7 de octubre. Ese día hombres de Hamás atacaron un evento musical y mataron a un número indeterminado de jóvenes que disfrutaban de un concierto. Después de asesinarlos se llevaron a varios rehenes. Uno de ellos fue, justamente, un israelita casado con una colombiana. Desde cancillería este gobierno ha intentado interceder para su liberación, pero después de la crisis generada entre Netanyahu y Petro esta conversación se congeló. La respuesta desmedida de Israel se ha centrado en bombardeos a la población civil. Las bombas han caído sobre hospitales, conjuntos residenciales y hasta contra ONG’s que están allí sólo para prestar ayuda humanitaria. La Corte Penal Internacional estudia la posibilidad de emitir una orden de captura contra el primer ministro israelí.