Por: Isabela Puyana Foto tomada de: RTVC Noticias La situación actual de los embalses en Bogotá es crítica debido a la prolongada sequía causada por el Fenómeno de El Niño. Según los datos más recientes, los niveles de los embalses del Sistema Chingaza, que abastece el 70% del agua potable de la ciudad, están en un 27.75%. Este sistema, junto con los embalses Tominé y Neusa del Sistema Norte y los embalses Tunjos, Chisacá y La Regadera del Sistema Sur, es crucial para el suministro de agua a más de 10 millones de personas en Bogotá y municipios aledaños​​. Aunque la Alcaldía de Bogotá ha implementado varias medidas para enfrentar esta crisis, incluyendo el racionamiento de agua por turnos que empezó el 11 de abril de 2024, en el que se le solicitó a la población reducir el consumo de agua, con el objetivo de ahorrar 2 metros cúbicos por segundo, lo que representa un 11% del consumo total de la ciudad, no se ha cumplido el propósito de establecer niveles esperados. La Alcaldía de Bogotá aseguró estar haciendo esfuerzos para aumentar los niveles de reserva de agua, con la meta de alcanzar un 75% de capacidad en los embalses para fin de año​, sin embargo, expertos y organizaciones ambientalistas han anunciado que con el manejo que se ha dado hasta ahora y teniendo en cuenta que El Fenómeno de la Niña tendrá alteraciones en su ciclo, puede que a final de año se mantenga la crisis hídrica. Diego Restrepo, Ingeniero Civil, experto en gestión de riesgos de inundación, asegura que las anomalías en la temperatura del océano están haciendo cada vez más difícil disminuir la incertidumbre de estos pronósticos, principalmente porque se basan en información histórica y esa información es distinta a la actual. “Si no se consolida la niña es probable que la próxima temporada seca, que comienza en diciembre, también sea fuerte y nos agarre mal preparados y con los embalses en niveles bajos , lo que podría poner a Bogotá en una situación más complicada que la que vivimos a inicios de 2024” aseguró Restrepo. Por otro lado, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que se han logrado avances con las medidas asumidas, sin embargo que estas deben mantenerse. “Del 11 de abril a hoy, hemos alcanzado varias metas: reducir el agua que traíamos del Sistema Chingaza en un 20%, Reducir en un 10,59% el consumo de agua en Bogotá y el ahorro de los bogotanos y las medidas de restricciones han contribuido en un 28% en la recuperación de los embalses”, afirmó Carlos Fernando Galán en su último comunicado. En el mismo informe el alcalde afirmó que aún estamos por debajo de los niveles que tenía el Sistema Chingaza en la misma fecha del año pasado y que se debería estar en un nivel mayor para afrontar el resto de 2024 y 2025 de la mejor manera. Por eso es necesario mantener las medidas al menos hasta el mes de octubre.

Por: Maritza Acuña. Coordinadora de Educación.  Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA) En el año 2018, el 4 de marzo exactamente, América Latina y el Caribe hacían historia cuando adoptaron, en Escazú (Costa Rica), un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero que también es un tratado de derechos humanos; siendo sus principales beneficiarios la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables, como es el caso de los Pueblos Indígenas. Este Acuerdo Regional con el cual se pretende luchar en contra la desigualdad y la discriminación, garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano, atender en especial a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y poner la igualdad como el foco del desarrollo sostenible, ha ido sumando logros en tan solo 5 años. La necesidad de emprender acciones que frenen la acción humana en desmejora del ambiente y los derechos fundamentales, ha puesto en acción a los estados del continente suramericano. “La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella… Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado sigue adelante.”[1] Estas sabias palabra del jefe Indio de Seattle al Presidente de EEUU en 1854 cada día cobran más vigencia. Esta carta es catalogada en los años 70 como la mejor explicación de lo que significa cada pedazo de tierra a los pueblos indígenas, hoy la analizamos y es una declaración a la defensa de los DDHH de los pueblos originarios. En el ánimo de esta carta, consideramos que el Acuerdo de Escazú, enaltece estos principios y es deber de los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, hacer su mejor esfuerzo por prevalecer la defensa de estos derechos. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Desde que se iniciaron las discusiones sobre la necesidad de concretar este acuerdo, en el cual se daba  continuidad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)  donde se firmó el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, la participación de Venezuela no se hizo presente, vulnerando los derechos de la nación a ser parte protagónica de estas acciones histórica. Los pueblos indígenas venezolanos se sienten cada día más vulnerables.  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO)[2], nombrado así por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», es un área de explotación irregular y trabajos precarios de recursos minerales y personas en Venezuela desde 2017, gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, el declarado Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional Canaima y, en menor proporción, el noreste del estado Amazonas. Venezuela cuenta con gran cantidad de toneladas en reservas de riquezas mineras, la cuales se encuentran ubicadas principalmente en las zonas donde habitan la población indígena: Amazonas, Bolívar, Monagas, Anzoátegui,  Zulia, Apure, entre otros. Minerales tales como cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, aluminio, torio etc. 3 Ante la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional» para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones. [4] En este sentido, la periodista y ambientalista Minerva Vitti, señala al respecto que: “La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y habitantes de la zona.” En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet[5], denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.​ La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos". "A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", subrayó Bachelet. Por su parte Provea señala en su último Informe de la Situación de los DDHH en Venezuela año 2023[6] “Las condiciones de vida de los 52 pueblos indígenas de Venezuela continuaron deteriorándose durante 2023, principalmente por la falta de políticas públicas, la presión de las actividades extractivas y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. Lo anterior se evidencia en la deforestación acelerada, la contaminación de los ríos, el colapso de los servicios públicos, el aumento de la pobreza, la invasión de territorios, la consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados y el asesinato y persecución de líderes y defensores indígenas o de la causa indígena”. Es evidente que los pueblos más vulnerables necesitan las acciones que se enmarcan en el Acuerdo de Escazú. En la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- realizada en Santiago, Chile, del 22 al 24 de abril de 2024, en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reforzó el compromiso de reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En la reunión de tres días, los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú. ¿Y Venezuela para cuándo? Durante el año 2023 y primer trimestre de 2024 ODEVIDA[7] como parte del Proyecto “Rostros y luchas de la Venezuela Profunda” realizó visita a los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, en los cuales se comprobó la afectación de los pueblos indígenas asentados en estas zonas por la explotación mineras, del deterioro de la salud, la educación, la persecución a los líderes y lideresas indígenas[8], los cuales adhirieron sus firmas a un pronunciamiento al Estado venezolano exigiendo su adhesión al Acuerdo de Escazú. Durante el primer día de la conferencia, Dominica se convirtió oficialmente en el 16 Estado Parte del Acuerdo de Escazú, al confirmar el depósito de su ratificación ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por el momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son ahora 16 los Estados parte que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Dominica. Venezuela no ha firmado siquiera el Acuerdo de Escazú. Desde Provea, a través del Observatorio de la Vida (ODEVIDA) en el marco de este Día Mundial del Ambiente, exhortamos a gobierno de Nicolás Maduro Moros, que  asuma la responsabilidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, para garantizar y preservar los territorios habitados por nuestros pueblos originarios y se respete la totalidad de sus derechos, así como para garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y que adoptar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones, como lo establece el Artículo 9 del Tratado. [1] https://culturainquieta.com/estimulante/la-carta-que-el-jefe-indio-seattle-envio-al-presidente-de-estados-unidos/#:~:text=%22La%20Tierra%20no%20nos%20pertenece,nosotros%20pertenecemos%20a%20la%20Tierra.%22&text=Nosotros%20tal%20vez%20lo%20entender%C3%ADamos,ellos%20puedan%20desear%20el%20ma%C3%B1ana. [2] http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/febrero/2422016/2422016-4514.pdf#page=4 [3] https://mapa-venezuela.blogspot.com/2013/04/mapa-de-grupos-indigenas-en-venezuela.html#gsc.tab=0 [4]https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/justicia/venezuela-nuevo-informe-de-la-onu-detalla-las-responsabilidades-por-crimenes-de-lesa-humanidad-para-reprimir-a-la-disidencia-y-pone-la-lupa-en-la-situacion-en-las-zonas-mineras-remotas/ [5] https://www.dw.com/es/la-onu-denuncia-explotaci%C3%B3n-y-abusos-en-el-arco-minero-de-venezuela/a-54185782 [6]https://provea.org/wp-content/uploads/2024/04/08-Pueblos-Indigenas-Provea-2023.pdf [7] Observatorio para la defensa de la vida, cuyo objetivo es promover el derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela por medio de la investigación y la comunicación estratégica, para aumentar los costos políticos y sociales frente a actos violentos que atenten contra la vida de líderes y lideresas sociales. [8]https://acsinergia.org/category/boletin/

Por: Redacción Pares Semana 20 al 24 de mayo a iniciado en Caracas la reunión entre la delegación del Gobierno Colombiano y la delegación del ELN, no sabemos a ciencia cierta si es el VII Ciclo o una reunión extraordinaria, reunión que sigue en el clima tenso por la situación con el Frente Comuneros del Sur y la decisión del ELN, de volver a la censurable práctica del secuestro, no es el mejor clima para avanzar y veremos los logros de este encuentro, donde gobierno y ELN, han dicho que se debe firmar el primer punto de la agenda pactada en marzo del 2023 en México y que es la guia de estas negociaciones. Se ha concluido la fase de formulación del Plan Nacional de Participación y los otros documentos solicitados al Comité Nacional de Participación y ya hay un debate sobre lo construido, luego de conocerse un documento donde hay un borrador del diseño del proceso, se critica aspectos de lo que significa vinculante, y se relaciona este proceso con el proceso constituyente, esas voces vienen del mundo gremial empresarial, y son parte de una discusión sobre este proceso de participación, a estas voces críticas del proceso de participación y su carácter transformador y sus alcances se ha sumado con una carta pública José Felix Lafaurie, integrante de la delegación de gobierno, quien no asiste a la reunión y ha propuesto posponer las definiciones sobre participación. Igualmente hay debate sobre los temas incluidos en este borrador de diseño, tema curioso de una agenda entre gobierno y el ELN, donde se afirma que la participación para pactar transformaciones busca cambios en el régimen político y el modelo de desarrollo, lo cual está en consonancia con la agenda de transformaciones que lidera el presidente Gustavo Petro, vamos a ver que sale de la reunión en curso. Hemos presenciado la fase final de los encuentros regionales del proceso del Comité Nacional de Participación y sin duda ha sido un proceso muy interesante donde ha participado un mundo social organizado y de manera muy tímida y ahora con abiertos cuestionamientos del mundo empresarial, lo cual muestra los enormes retos para lograr una participación y una concertación entre diferentes. Buena noticia que el Gobierno de los Estados Unidos, ha sacado a Cuba de la Lista de paises patrocinadores del terrorismo y que el gobierno Colombiano ha saludado esta decisión por la que tanto ha sufrido el pueblo Cubano. Hay expectativa por los resultados de la reunión en curso, de un proceso que requiere aprovechar al máximo el tiempo e ir a la participación para acordar las transformaciones que desarrollen el punto 2 de democracia para la paz y el punto 3 sobre transformaciones para la paz. Comunicado de prensa del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, acerca de la reunión que se adelanta en Caracas, entre la delegación del Gobierno nacional y el ELN. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-es-el-borrador-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-en-el-proceso-con-eln/ ASÍ ES EL BORRADOR DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO CON ELN Documento del ELN se excede y sustituye la Constitución: Instituto Hernán Echavarría Olózaga Se Inició nuevo ciclo de diálogos con el Eln en Caracas | El Tiempo Carta pública de José Felix Lafaurie. En esta carta que envié en las últimas horas a la jefe del Equipo Negociador del Gobierno Nacional con el #ELN, Vera Grabe Loewenherz, reitero que no podré participar en la ronda de #Caracas (#Venezuela) y expreso mi posición respetuosa, pero firme, sobre el desbordamiento de competencias del Comité Nacional de Participación. Debate EN VIVO HORA 20: Violencia en Cauca: futuro de diálogos y participación con el ELN La triple frontera, el cuidado del río #Amazonas como eje de la vida y cuenca más biodiversa del mundo, la superación de economías ilegales relacionadas con la tala de bosques y la minería, se suman a las propuestas de transformación que los participantes del encuentro territorial #Amazonía plantean para la construcción de #paz. La Delegación de Paz del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN se pronuncia sobre la decisión de los Estados Unidos de América de excluir a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. Diálogos con ELN: qué hay detrás de la crisis por reactivación de secuestros | El Espectador Voces de Reexistencia: Trayectorias y perspectivas dialogo de paz con el ELN - Juan Muñoz Santofimio

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: encolombia y Portafolio En un violento enfrentamiento entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central de las FARC, once cuerpos de combatientes fueron encontrados el pasado domingo 26 de mayo, según informaron las autoridades. Los fallecidos pertenecían a los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia y a la Estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central. El Ejército confirmó que habría desplegado personal militar en la zona para salvaguardar la seguridad de los habitantes locales y continuar con las operaciones ofensivas contra estos grupos armados ilegales que han causado un gran daño a la población de Caquetá. En palabras de un portavoz militar, estas acciones buscan "brindar seguridad en el sector y continuar con las operaciones militares ofensivas en contra de estas estructuras armadas ilegales." La situación ha generado una grave crisis humanitaria, con 500 familias de la vereda Palmeiras, en el municipio de San José del Fragua, confinadas en sus hogares por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, señaló que "las comunidades reportaron que no han podido salir de sus viviendas por temor a la agudización de las acciones armadas y por la presencia de cuerpos sin vida en las vías rurales". Las autoridades locales han respondido convocando un consejo de seguridad con la participación de figuras clave como el comandante del Batallón de Infantería Número 34, el alcalde de San José del Fragua, la Defensoría del Pueblo, el comandante de la Estación de Policía y el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz. La violencia en la región escaló después de que miembros del frente Carolina Ramírez del EMC capturaran a varios integrantes de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, nueve de los cuales fueron encontrados muertos al costado de una carretera. Los enfrentamientos, algunos de los cuales fueron capturados en video por la comunidad, han continuado en esta zona limítrofe con el Cauca, otro departamento afectado por la violencia entre la Fuerza Pública y los disidentes del EMC. La Defensoría del Pueblo ha advertido que de continuar estos enfrentamientos, es probable que se produzca un desplazamiento masivo de las comunidades atrapadas en medio de la disputa. "En nuestro oficio del pasado 13 de febrero, enviado al Ministerio del Interior, dimos cuenta de los riesgos para líderes sociales, comunales y campesinos, debido al reacomodamiento y recuperación de los territorios por parte de los grupos armados ilegales en el sur del Caquetá", agregó Camargo. Mientras tanto, la población de San José del Fragua espera con incertidumbre el desarrollo de los acontecimientos, esperando que las medidas de seguridad y las operaciones militares logren restablecer la paz y la seguridad en la región.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: BBC En las últimas semanas más de un millón de refugiados a llegado a Rafah, ciudad que, se suponía, no estaría en el radar de los misiles israelitas. Los palestinos, acosados por la ofensiva de Israel desplegada desde el pasado 3 de octubre, habían llegado hasta esta ciudad, limítrofe con Egipto, creyendo estar a salvo. Pero en los últimos días el gobierno de Netanyahu, ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por sus crímenes de guerra, declaró la ciudad como objetivo militar con la excusa de que allí estaba el último enclave de Hamás. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Gaza es “el infierno en la tierra” y aseguraron que ningún lugar de este territorio es seguro. El bombardeo que envió el gobierno de Netanyahu a esta ciudad impactó sobre un campamento de campesinos desplazados en Rafah y dejó un saldo de 45 personas muertas. La mayoría de estos muertos son mujeres y niños. La Fuerza de Defensa de Israel confirmaron el ataque y dijeron que este había causado la muerte de dos miembros de Hamás. De esta manera se justificaron. El repudio internacional hacia Israel crece con los días. A pesar del rechazo del gobierno Biden se pudo comprobar que este ataque se hizo con municiones fabricadas en Estados Unidos. En las imágenes que se han podido observar sobre el ataque a Rafah hay unas que paralizan el alma: en ellas se ve, en medio de un gran incendio, a mujeres y niños intentando escapar de este infierno. Las fotos de los cuerpos calcinados de los niños palestinos dan muestra de la magnitud de la tragedia, del holocausto. El campo de desplazados se llama “Campo de paz Kuwait 1”. Biden, quien ha cambiado su discurso varias veces, a dado un nuevo bandazo a favor de Israel. Después de que se hablara incluso de una orden de captura contra Netanyahu por sus crímenes de guerra, el presidente norteamericano le bajó decibeles a la acción de Israel en Rafah y afirmó que esta acción “aún no había cruzado una línea roja que forzara cambios en el apoyo estadounidense”. Las bombas que se usaron en este lugar se llaman GBU-39 y son fabricadas por Boeing, está diseñada para atacar objetivos puntuales y son conocidas por su alta precisión y por su alto poder de destrucción. Los ataques a Rafah continuaron el martes, al menos se contaron una veintena de ellos. Según denunció la organización Médicos sin fronteras  “algunos de los ataques tuvieron lugar cerca de su centro de estabilización (donde atienden los casos más severos) en este barrio, lo que impidió al personal médico tanto entrar como abandonar el recinto donde atendían a pacientes”. Cerca de un millón de gazaties han huido de Rafah a la que parece la última zona segura: Jan Yunis, pero todo parece indicar que las bombas de Israel caerán en donde esté un palestino. Para ellos no hay ningún lugar seguro.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano Se acaban de prohibir las corridas de toros en el país. Algunos celebran, unos pocos lo lamentan. Esto que es llamado por sus seguidores como “arte” es una tradición que empieza a morir en todo el mundo. En Colombia era uno de los pocos lugares en donde aún se mantenía en pie, con cierta afición. El lugar donde se enfocaba toda la atención y que era considerado el último reducto de la tauromaquia en el país era Manizales y su feria. Los que han ido a una corrida saben -a pesar de que muchos lo nieguen, es un espectáculo en donde la violencia es protagonista. Algunas han tenido la violencia no precisamente en la arena sino en sus gradas o afueras de ellas. Mucho antes de que existiera la Santamaría, el 20 de julio del 1911, se presentó el primer hecho de violencia en Colombia durante una corrida de toros. Estaba una placita modesta, un pequeño circo de madera llamada San Diego, construida en 1906. Cinco años después los asistentes, disgustados e intoxicados de aguardiante, no soportaron más a unos toros mansos que tímidamente embestían al torero que los provocaba. Entonces empezaron a desmontar el tablado de la plaza y se fueron lanza en ristre contra los policías que custodiaban el lugar mientras gritaban “muerte a los chapetones”. El saldo fue de 3 personas muertas y más de 20 heridos. La Santamaría, construida en 1931, es la gran plaza de toros de Colombia. La primera corrida estuvo a cargo de los toreros Manolo Martínez, Ángel Navas ‘Gallito de Zafra’ y Mariano Rodríguez y estuvo presidida por el entonces presidentes de Colombia, Enrique Olaya Herrera. El primer gran episodio de violencia que vivió esa plaza fue en la última semana de marzo de 1948. Los bogotanos que llenaron la plaza se desconcertaron ante la mediocridad de la corrida. Desilusionados, aguardientosos, saltaron en masa a la arena y allí lincharon el toro. Lo despedazaron. Muchos de los que participaron en este acto tan bárbaro fueron los que salieron a romperlo todo dos semanas después, el nueve de abril de 1948, después de que Roa Sierra disparara sobre Jorge Eliecer Gaitán. La violencia llegaría a la Santa María con todo su poder. Lo peor estaría por venir durante la dictadura de Rojas Pinilla. El domingo 29 de enero de 1956 se iniciaba la temporada grande en la Santamaría. Se cumplían las bodas de plata de la inauguración de la plaza así que se contó con un cartel de lujo. Las grandes estrellas, César Girón, Chicuelo II y Joselillo de Colombia. Pero la verdadera corrida ocurriría en las tribunas. La dictadura vivía sus horas más bajas. Al espectáculo asistieron Alberto Lleras Camargo, quien se constituía en el principal crítico del régimen, también apareció quien en ese momento era el director de El Tiempo, Roberto García-Peña. Rojas llegó con Samuel Moreno, su yerno y su hija Maria Eugenia a quien chiflaron con saña. El dictador, ofendido, juró desquite. Ocho días después y a pesar de los rumores que circulaban la gente volvió a ir a la plaza a ver las corridas. Rojas ni su familia asistieron. Los detectives del régimen golpearon, amenazaron e incluso asesinaron dentro de la plaza a una persona como escarmiento. Incluso los encerraron después de terminar el certamen. Sobre estos hechos se ha especulado y se ha hablado mucho. No existe una verdad oficial. Pasaron los años, vinieron los ochenta, la guerra contra el Cartel de Medellín y la necesidad de desestabilización por parte de Pablo Escobar quien empezó a implementar el terror a partir de sus corrobombas. Uno de ellos estalló el sábado 16 de febrero de 1991 frente a la plaza de toros de la Macarena, justo bajo al puente de San Juan en Medellín. Sobre las 6 de la tarde detonó un carro con 200 kilos de dinamita. Los que ejecutaron esta acción que dejó 27 muertos y más de 60 heridos fue ejecutada por la banda Los Priscos, al servicio de Pablo Escobar. El último hecho violento que ocurrió cerca a una plaza de toros o antes de una corrida fue en el 2017, cuando el ex alcalde Enrique Peñalosa levantó por unos meses la prohibición de las corridas de toros en Bogotá y un petardo, cerca a la Santamaría explotó matando a un policía. En este recuento no hemos incluido los innumerables hechos de violencia que han ocurrido en corralejas en Cordoba en donde incluso las estructuras de estos escenarios han colapsado matando a decenas de personas. Estos espectáculos también deben ser intervenidos desde la ley.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Centro de Memoria Historica- fotografía Ayda María Martínez. El número es un golpetazo en la boca del estómago. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1984 y el 2018, en el Magdalena Medio, han sido víctimas de desaparición forzada más de 12 mil personas. Estas fechas coinciden con el auge de los grupos paramilitares en la zona a cargo de feroces campesinos como Ramón Isaza y Henry Pérez. En Puerto Boyacá, hasta hace muy poco tiempo, había un letrero en la entrada del municipio: Bienvenidos a la capital antinsurgente de Colombia. Incluso tenían un político al que querían hacerle una estatua, el Representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, quien apoyó abiertamente la creación de las Autodefensas y que tuvo entre los discípulos más aventajados a Ernesto Baez, futuro ideólogo del paramilitarismo. Hubo un sector de esta región que fue particularmente golpeado: el magdalena caldense quien tuvo que soportar la pérdida, entre los años 1998 y el año 2000, 2.500 desaparecidos. La gran mayoría de ellos fueron jóvenes campesinos entre 18 y 25 años. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de las 59.203 víctimas de este delito el 87.8% son hombres y el 12.2% son mujeres. Esto quiere decir que la búsqueda ha recaído sobre las mujeres. Colombia es un país de madres, hermanas, esposas buscadoras. El drama de una buscadora en Colombia arranca desde el mismo anuncio de la desaparición del ser querido. Cuando lo hacen lo más común es que se burlen de ellas. Tienen que vivir en carne propia la humillación de ser mujer y pobre en Colombia. Los costos de esa investigación, ante el desinterés estatal, lo asumen ellas mismas. Sin embargo se organizaron, se conocieron entre ellas, sabían que unidas podrían aspirar a la verdad. En el 2010 consiguieran que se aprobara la ley 1408 que constituye el Plan Nacional de Búsqueda. En el 2016 lograron que en los Acuerdos de Paz entre el gobierno Santos y las FARC se creara la Unidad de Búsqueda. Así como en la Argentina existen las Madres de Plaza de Mayo, en Colombia el colectivo de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, MAFAPO. Desde el 2008 llevan denunciando la muerte de 19 de sus hijos quienes fueron asesinados en Soacha y aparecieron en una Fosa Común en Ocaña, Norte de Santander. Gracias a la lucha de estas mujeres se ha logrado condenar a los siguientes miembros de la Fuerza Pública: el teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, comandante del Batallón Rafael Reyes; el teniente Villani Realpe, el sargento José Eduardo Ñiámpira Benavides y los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tavarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros. Los delitos imputados fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Además, los dos oficiales y el suboficial, por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, por haber reportado ante sus superiores como legal un falso positivo. Además condenaron a  Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, Sargento Medardo Ríos Díaz, Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo, Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas, SLP: José González Ceballos, SLP Nixon Cubides Cuesta, SLP Kevis Jiménez Escalante, SLP Luis Alirio López, SLP Mauricio Cuniche Delgadillo, SLP José Fernández Ramírez, Cabo Manuel Zorrilla Gámez, SLP Ricardo Eliud Gónzalez Gómez, SLP Ferney Gijalba Flor, SLP Eider Guerrero Andrade, SLP Geiner Fuertes Billermo, SLP Pedro Hernández Malagón, SLP Juan Ramón Marín Ramírez, Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín, SLP John Anderson Díaz, Cabo Ricardo Coronado Martínez. Sin embargo su labor no ha terminado con la justicia que han recibido por la muerte de sus hijos sino que buscan a otros colectivos de madre que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Las investigaciones que han obtenido las madres en el Magdalena caldense han establecido que los grupos paramilitares que operaban en la zona para generar más terror y, sobre todo, para que no se encontrara nada de las personas, desmembraban a punta de moto sierra. Así fue en 100 de los 187 casos documentados y entregados a la Comisión de la Verdad. En Samaná, Caldas, las FARC también estuvieron implicadas en desapariciones de niños. Los MASETOS, creados por los carteles de la droga a principios de los años ochenta, después de que fuera secuestrada Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa también tiene una gran cantidad de víctimas en el Magdalena Medio. Como lo cuenta la Comisión de la Verdad, las madres buscadores se han encontrado en el camino, entrelazando sus vínculos y han ayudado a la justicia a esclarecer y encontrar a desaparecidos que estaban condenados a ser humo para siempre. En Colombia, según la UBPD hay 111.640 personas desaparecidas desde que inició el conflicto. Esa red de madres, creada a partir de la desesperación, ha ayudado a desentrañar casos en los que la justicia se ha visto impotente.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: La X Tras un año y medio de intensos diálogos, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron un acuerdo histórico al firmar el primer punto de la agenda del proceso de paz el pasado sábado 25 de mayo en Caracas. Este importante avance se centra en la participación de la sociedad en la implementación de los acuerdos finales. Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en las negociaciones, subrayó la complejidad y el esfuerzo detrás de este logro. “Nadie dijo que iba a ser fácil”, afirmó, destacando el trabajo conjunto y meticuloso realizado “página por página” para concretar este acuerdo. El acuerdo enfatiza la inclusión y participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz, definiendo claramente quiénes estarán involucrados en los diálogos y de qué manera podrán contribuir. Grabe explicó que el texto acordado “recoge el espíritu” del proceso y establece las bases para la colaboración ciudadana en la ejecución de las transformaciones necesarias. Aunque el documento completo aún no se ha hecho público, Grabe adelantó que los principales ejes del acuerdo abarcan temas económicos, políticos, ambientales, educativos y culturales. Este enfoque integral busca abordar diversas dimensiones de la realidad colombiana para cimentar una paz duradera. En un contexto de polémicas y desafíos, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de no abandonar la mesa de diálogo. Esta decisión se mantiene firme a pesar de recientes controversias, como el anuncio del ELN sobre la posible reanudación de secuestros con fines extorsivos. Grabe señaló que el acuerdo contempla “enfoques diferenciales de género, étnico y para personas con discapacidades”, y destacó la importancia de promover una “cultura de paz” y enfrentar la “cultura patriarcal”. El acto de firma contó con la presencia del expresidente Ernesto Samper, quien ha sido un ferviente defensor del proceso de paz. “Estamos aquí por la paz y con el pueblo colombiano”, reafirmó Grabe. Desde la delegación del ELN, Pablo Beltrán describió el acuerdo como “una propuesta de paz a las buenas” y exhortó a aquellos que se oponen a los cambios a reconsiderar su postura. “El ELN está dispuesto a cambiar. Necesitamos más gente participando en este proceso, que haya un gran acuerdo, que la gente participe y se comprometa con los cambios”, expresó Beltrán, subrayando la importancia de la inclusión social en el camino hacia la paz. Este primer acuerdo marca un paso significativo en el complejo camino hacia la reconciliación en Colombia, abriendo la puerta a una mayor participación ciudadana y un compromiso renovado con la paz.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Espectador y El Colombiano Un mes después de su captura, Juan Castro Estupiñan, mejor conocido como Matamba, se fugó de la cárcel La Picota. Era uno de los jefes más buscados de la banda Cordillera Sur, uno de los brazos del Cartel del Golfo que más plata les llevaba a esta organización criminal a punta de narcotráfico. Tenían dos formas de sacar la droga del país hasta Europa, una, a través de las importaciones de productos que se dan en el Urabá y la otra a través de lanchas rápidas. A “Matamba” se le siguió durante cuatro años. Se le había visto en algunos videos en un concierto, celebrando echando balas al aire la llegada de algún cargamento de droga a un puerto europeo. Lo que más llamaba la atención es que, en esos videos, se veía custodiado por hombres vestidos de camuflados. Las investigaciones apuntaban a que había un alto oficial del ejército que tendría que estar ayudando a este narco en la logística y también reclutando hombres de las fuerzas armadas para que jugaran doble. La caída de una mujer llamada La Mona y de un celular evidenció esta colaboración y pudo develar el hombre del oficial que cuidaba al capo. Se trataba de Robinson González del Rio, coronel retirado del ejército. En el celular quedaba claro la ayuda que le prestaba a “Matamba” informándole sobre operativos contra él, cuidándole la espalda e incluso ayudándole a reclutar hombres y a entrenarlos. No era la primera vez que Gonzalez del Rio era noticia por sus crímenes. En el 2015 aceptó su responsabilidad en el asesinato de 32 personas entre ellos 2 menores de edad. 14 de estos casos formaban parte de los falsos positivos. Los hechos ocurrieron entre el 2007 y el 2008 cuando el coronel se encontraba al frente del Gaula de Antioquia y tiempo después en el batallón de contraguerrilla mártires de Puerres. Los mal llamados falsos positivos fue una práctica que se dio en el ejército durante los años de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El premiar a los soldados y comandantes de tropa a partir de las bajas en combate fue la motivación de oficiales y tropa de hacer pasar como guerrilleros a civiles. González del Río fue el primer oficial del ejército en someterse a la JEP. El Coronel iba a ser condenado a 40 años de cárcel pero por su supuesta colaboración a la justicia esta pena se rebajó a la mitad. “Matamba” no necesitó un intrincado plan para fugarse de la cárcel. Salió simplemente por la puerta vestido de guardia. Sólo hasta en la mañana del día siguiente los funcionarios de la cárcel se dieron cuenta de su fuga. Se habló después de un soborno de 2.000 millones de pesos repartidos entre la policía y funcionarios del INPEC para permitir su escape. El poder de este capo se cimentó en ocupar los espacios dejados por Gentil Duarte, ex comandante de las disidencias FARC después de su muerte. Esas zonas son tres, Policarpa, Leyva y el Rosario en Nariño. Desde allí sacaba la coca que exportaba. Estas zonas fueron recuperadas y controladas por hombres entrenados por miembros del ejército en activo y por el propio Robinson González del Río. Esta alianza con la banda Cordillera Sur implicaría incluso a generales del ejército, pero la investigación se estancó. Dos meses después de su fuga Matamba fue asesinado. Se ha manejado una versión de que la policía lo ultimó para que éste no hablara y contara sus verdades. En cuanto al Coronel González del Río, después de este escándalo, la JEP decidió este martes 28 de mayo expulsarlo del tribunal. La razón de su expulsión fue su probada colaboración con la banda de Matamba. En este documento queda consignada su expulsión.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de : Congreso Visible y Acción urbana En marzo del 2018 el país escuchó hablar por primera vez de Isabel Cristina Zuleta. En ese momento se le entregó a la organización que lideraba, Ríos Vivos, el premio nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. En ese momento esta socióloga de la Universidad de Antioquia de 36 años se había entregado con todas sus fuerzas a preservar el río Cauca, fuente de vida para municipios como Ituango, Valdivia, Toledo, Briceño, Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina, Nechí, Tarazá, Caucasia, Cáceres, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Santa Fe de Antioquia y Olaya, amenazados por la represa de Ituango. No sólo eran los evidentes problemas ambientales que traería la obra sino la estela de violencia que hubo detrás de ella Una investigación de la Corporación Jurídica Libertad demostró que en 12 municipios del área de influencia de Hidroituango hubo relación directa entre la violencia paramilitar y el avance de la hidroeléctrica. En 1990 entran los primeros paramilitares a la región. Entre 1995 y 2006 las AUC se asientan en la zona, entre el 2007 y el 2016 empieza a construirse la hidroeléctrica ya con el territorio completamente domado por los paras. Los grupos paramilitares que operaron en esta zona fueron las Convivir conocidas como Los doce apóstoles, en donde fue investigado Santiago, el hermano del ex presidente Álvaro Uribe, el Bloque Central Bolívar y el Mineros de las AUC. En este lugar habían batallones del ejército como el Girardot o el Pedro Nel Ospina pero nada pudieron hacer para detener las 110 masacres que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, ocurrieron en sus 17 municipios del área de influencia de la hidroeléctrica. La violencia paramilitar se centró en los líderes de juntas de acción comunal que se opusieron al proyecto. Isabel Cristina Zuleta puso el dedo en la llaga cuando fue entrevistada por el portal Hacemos Memoria “Para nosotros es clara la relación que hay entre el accionar paramilitar y el proyecto, porque desocupar el territorio era un beneficio para este. Ellos mismos lo dicen en su licencia ambiental cuando señalan que, debido al conflicto armado en la zona, era muy difícil que se presentara oposición a la construcción del megaproyecto. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, para ellos, el debilitamiento de la comunidad era un beneficio; que no haya gente que esté en contra y que no haya protesta, para ellos hacía más viable la construcción de la hidroeléctrica”. Uno de los problemas que tuvo Zuleta y otros líderes que intentaban frenar el horror fue el silencio de los medios de comunicación que decidieron callar lo que pasaba y no documentar las más de 600 víctimas que dejaron los paras en la zona durante los 10 años que duró su ocupación. En una entrevista al diario El Espectador Zuleta, quien nació en Ituango, Antioquia, contó de dónde había salido la idea de crear su movimiento en el 2008: “El Movimiento nace cuando nos enteramos del megaproyecto de Hidroituango, nace como ante la angustia de no saber qué iba a pasar en el territorio, en la comunidad. Primero no se llamó Ríos Vivos sino tuvimos un montón de nombres y cuando empezaron a darse los desalojos ahí fue cuando el Movimiento se cohesionó más porque entendimos que la situación era muy grave y que era un nuevo desplazamiento por el desarrollo”. La idea de crear una hidroeléctrica en este lugar nació en 1969 pero sólo hasta finales del gobierno de Uribe, cuarenta años después, logra conseguir la licencia ambiental. Esta licencia fue un golpe para todos aquellos que habían advertido los peligros que corría el lugar si se construía la hidroeléctrica. Para Zuleta, como lo dijo en su momento, fue como si esa empresa llegara a destruir una casa y también un lugar sagrado ya que en este suelo donde ahora hay sólo agua reposan los desaparecidos de los paramilitares. Por culpa de ese proyecto ya nunca se podrán reparar a sus familiares y se pierde el derecho a la verdad. Según el MOVICE hay cerca de 600 cuerpos enterrados en esta zona. Zuleta por esta labor recibió 21 ataques. Según Carlos Montoya, quien en el 2017 era el coordinador de la línea Paz y postconflicto de la fundación Paz y Reconciliación, los líderes están siendo amenazados conforme a su relación directa con los contextos en su territorio. De esta forma, pueden ser amenazados porque adelantan procesos desde la junta comunal, porque denuncian temas de minería ilegal o de cultivos de uso ilícito, porque abogan por los derechos de restitución de tierras o, como Isabel, por los derechos ambientales. Por su lucha el Pacto Histórico la incluyó en su lista al senado en donde ha defendido las propuestas de Transición Energética que han sido una de las banderas de este gobierno. Este 28 de mayo ha sido el blanco de las críticas de la oposición y de buena parte de los medios de comunicación al afirmar que “Nosotros si queremos la reelección, Petro debe estar más años en el gobierno”. Después de enfrentarse a un monstruo como Hidroituango, las críticas que puede recibir de un sector de la prensa y de la política colombiana no deben hacerle mella a una mujer ya curtida en el arte de la batalla política.

Por: Iván Gallo En noviembre del 2012, cuando recién se instalaba en la presidencia, Enrique Peña Nieto consideraba que una de las principales amenazas que tenía México no era el Chapo Guzmán, ni el Cartel de Sinaloa sino los normalistas de Ayotzinapa. La escuela se llama Raúl Isidro Burgos y se creó en 1926 junto con otras 35 normales rurales que tenían como función principal formar profesores. Eran, más que escuelas, gobiernos estudiantiles, autónomos, con sus propias reglas. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1990) se introdujo en las normales rurales el marxismo-leninismo. Después de la represión vivida en lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en donde el ejército asesinó en la Plaza de las tres culturas a un número indeterminado de estudiantes que puede ir entre los 300 y los 500, estas escuelas se redujeron a la mitad. Ayotzinapa es la más activa de todas. En el estado de Guerrero un joven tiene tres opciones en la vida, o se mete a militar, se introduce en un grupo armado o se va para los Estados Unidos. También existe una cuarta posibilidad: ingresar a la escuela de Ayotzinapa e intentar ser maestro. No es fácil. Bueno, para un joven en guerrero nada es fácil. La semana de inducción es una prueba de resistencia. Pocos terminan la iniciación. Deben trabajar la tierra, raparse y entender que se les brindará educación de calidad a cambio de un servicio a la comunidad. Una de las materias que ven los muchachos es la política. Escuchar a estos campesinos es entender un modelo educativo único en Latinoamérica. Los muchachos entienden de los problemas del mundo y de su país. Son orgullosos de sus orígenes, del legado de sus mentores. En sus paredes hay murales de Lenin, Marx y el antiguo comandante Marcos, hoy conocido como Galeano. En las semanas previas al 2 de octubre los estudiantes de Ayotzinapa, para conmemorar la masacre de Tlatelolco tienen varios rituales, uno es el de expropiar por unas horas buses de transporte público para viajar las tres horas que hay hasta Ciudad de México y participar en las marchas que siempre son multitudinarias. Hasta el 2012 habían hecho esta actividad sin mayores sobresaltos. En ciudades como Iguala los conductores dejaban que los estudiantes hicieran la retención, sabían que una hora después los dejarían libres, con una nota y una sonrisa. Al fin y al cabo eran muchachos que, si tenían capucha, no eran por terroristas, sino porque si mostraban el rostro el Estado se los podía quitar. Las marchas por saber la verdad sobre los 43 estudiantes se repiten una y otra vez en México Pero de un momento a otro la represión se hizo una forma de gobernar. Desde que en el 2006 el gobierno mexicano decidió implementar “La guerra contra las drogas” las masacres se dispararon y los estudiantes pagaron su insolencia. En diciembre del 2011 los normalistas de Ayotzinapa bloquearon en protesta la autopista México-Acapulco. Llegaron 61 policías federales, 73 de la Seguridad Pública estatal y 34 ministeriales: 168 efectivos armados contra 300 estudiantes sin un arma. El resultado de la confrontación fue el asesinato de dos estudiantes de la Ayotzi y una docena torturados. Aunque la justicia encarceló por unas horas a nueve policías, unas horas después los dejaron libres. Un año después uno de los jefes de los carteles de la droga de Guerrero les advirtió a los normalistas “Los vamos a quemar vivos”. Así que, en el fondo lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014 ya estaba anunciado. Nadie hizo nada. Los normalistas no importaban o bueno, si importaban: eran una amenaza para el ejército, que los odiaba y para el propio presidente. Lo que sucedió ya todo el mundo lo sabe, sesenta normalistas tomaron cinco autobuses de la terminal de Iguala. Cuatro de ellos fueron detenidos a balazo limpio. La policía estatal, como si se tratara de un grupo armado, los abaleó. Los estudiantes grabaron la escena, les decían “No disparen, no llevamos armas” pero era como si los uniformados no escucharan. En esa escena murieron tres estudiantes, dos resultaron heridos -uno de ellos es Aldo Gutiérrez quien lleva diez años conectado a un respirador, en coma profundo- y se llevaron a 43. Los buses pertenecían a las siguientes empresas: dos de Costa Line, dos de Estrella Roja (En donde se llevaron a los 43 desaparecidos) y un bus Estrella Roja. Los muchachos que sobrevivieron tuvieron que subirse a un tejado en una casa y esperar a que amaneciera. Mientras tanto la policía estatal los buscaba para asesinarlos. Cuando amaneció empezó una pesadilla que no ha terminado. Las líneas de investigación tomadas por el gobierno nunca llegaron a ninguna parte. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en que fueron cinco y no cuatro los autobuses usados por los muchachos y que fueron atacados por la policía. Tuvo que venir una comisión de la CIDH, integrada entre otras por Ángela María Buitrago, quien estuvo en la terna de fiscales que presentó Petro para reemplazar a Francisco Barbosa, para constatar que el gobierno estaba haciendo todo mal. El Procurador Murillo Karam entregó una versión a la prensa dos meses después en donde cerraba el caso: se trataba de la retaliación de un ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, que sólo funcionaba en esa ciudad, contra los muchachos a los que asesinaron y luego incineraron en un basurero local. Incluso se detuvieron a tres personas que confesaron bajo tortura, como después se comprobó. No era un crimen de Estado, era la orden del alcalde de Iguala, un señor de apellido Abarca, que tenía contacto con carteles locales. La CIDH y forenses venidos de Argentina, tumbaron esta teoría. Incluso probaron que usaron restos humanos de una de las múltiples fosas comunes que rodean Iguala para hacerlos pasar por los restos de los estudiantes desaparecidos. La DEA además comprobó que desde la terminal de Iguala se enviaban grandes cantidades de heroína hasta Chicago usando buses de transporte público. El tráfico subía a los 120 millones de dólares al año. El gobierno de Peña Nieto encubría no sólo a este cartel sino al ejército. Este es el basurero de Colula donde aparecieron los supuestos restos incinerados de los estudiantes La CIDH juntó pruebas y mostró la ineptitud en la investigación. Ni siquiera pidieron ver las cámaras de seguridad dentro de la terminal de Iguala. Además intentaron tapar el papel que cumplió el ejército en esa noche del 26 de septiembre del 2014, patrullando calles, controlando la escena, no interviniendo. La calle Juan N Álvarez, donde ocurrió la primera balacera, estaba a unos pocos metros de uno de los dos batallones que estaban apostados en Iguala. Estaba claro que el ejército se había cruzado de brazos. En el 2018 Andrés Manuel López Obrador se hizo elegir prometiendo esclarecer la verdad. Estableció una Comisión de la Verdad y todo apuntaba a señalar a oficiales del ejército como uno de los culpables de la desaparición. Estaban a punto de destapar una olla podrida cuando AMLO dio un bandazo y protegió a los militares. Aún así dos generales fueron detenidos en una investigación que se hace eterna. Mientras tanto los familiares de los 43 desaparecidos se deshacen en la desesperación y empiezan a perder la fe. Es posible que los estudiantes, históricamente odiados por los militares, se hayan convertido en ceniza, incinerados en algún horno crematorio. La verdad no la trajo AMLO. La verdad está cada vez más lejos. Mientras tanto los sobrevivientes y los nuevos estudiantes de Ayotzinapa se mantienen firmes, más rebeldes que nunca y sabiendo que afuera de sus muros hay un mundo hostil, que quiere que los campesinos de México sean sumisos, obedientes, que no tengan voz. El sacrificio de los 43 estudiantes desaparecidos debe valer la pena para que la llama de las escuelas normales rurales de México sigan vivas, como están desde hace 90 años.

Por: Diego Alejandro Pedraza Corredor Asistente de investigación Línea Gobernabilidad y Democracia En medio del agitado panorama político y social que se mueve en Colombia, se han generado muchas preguntas alrededor de la institucionalidad. Pero hay una que sigue descansando en los anaqueles del silencio y el olvido, como es el caso de la elección del contralor general. El caso, que puede ser considerado como el primer pulso legislativo que enfrentó la bancada del presidente Petro, sigue sin resolverse. Y aunque la Corte Constitucional entregó luz verde para que el proceso se reiniciara, hasta el momento, nada nuevo ha ocurrido y la interinidad continua en la entidad. La situación sigue sin definirse, pese a que desde el día 24 de abril, el Congreso tiene la orden del órgano de cierre, de reconfeccionar el proceso y dar origen a una última lista de la cual debe salir el contralor general. ¿Pero, que fue lo que pasó? El caso se remonta al 18 de agosto de 2022, cuando Carlos Hernán Rodríguez, logró el que hasta ese entonces sería el mayor triunfo de su vida pública. El Congreso en pleno lo escogió como contralor general para el cuatrienio 2022-2026. Sin embargo, el viento del éxito voló rápido y antes de cumplir el primer año salió del cargo al ser declarada nula su elección. Desde mayo de 2023 y hasta el día de hoy, Carlos Hernán Rodríguez ha utilizado cuanto mecanismo ha tenido para garantizar su regreso al ente de control sin tener éxito alguno. Su elección viciada por los movimientos políticos del momento, sigue dejando muchas dudas, dudas que se acrecientan cuando se ve la desidia del mismo gobierno por definir de facto la situación de uno de los entes de control más importantes que tiene el país. La historia se remonta al proceso que inició a principio de 2022 y que, con apego a la ley 1904 de 2018[1], sería el Congreso saliente el encargado de conformar la comisión accidental que escogería a los diez candidatos finales. Para garantizar la transparencia, el presidente del Senado para el periodo 2021-2022, el conservador Juan Diego Gómez, abrió la convocatoria pública para la cual se presentaron más de 200 aspirantes. Para completar el proceso, se seleccionó por medio de la secretaría general del Senado a la Universidad Industrial de Santander (UIS) como la encargada de ejecutar las pruebas de conocimiento y aptitudes y la revisión de las hojas de vida y antecedentes de todos los candidatos. Después de este proceso, es la universidad la que entrega una lista de preselección de 20 candidatos quienes, en amparo del proceso, habían sido los mejor calificados en las pruebas aplicadas por la UIS[2] con base en los criterios de formación, experiencia profesional y publicaciones indexadas. A continuación, el listado entregado por la UIS: Fuente: Senado de la República[3] Con los listados en mano, la mesa directiva del Congreso conforma una comisión accidental con miembros de todos los partidos políticos que tenían asiento en el capitolio. Dicha comisión efectuó su trabajo y por medio de un proceso de entrevistas en donde escuchó a los 20 candidatos deliberó y seleccionó los que consideraban eran los mejores diez. La primera lista de diez aspirantes finales quedó conformada de la siguiente manera, en orden alfabético: Causa curiosidad que de este primer listado no aparecen a hoy los resultados finales de ponderación por parte de la comisión accidental del congreso, tal y como se puede registrar en la página del repositorio de archivos de la entidad[4]. Primeros vicios del proceso Conformada la primera lista, comienzan los primeros problemas alrededor del proceso cuando la ciudadana Dalal Karime Dager Nieto interpone una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca para que se ordene la reconfección de la lista, argumentando que el congreso había violado el principio de equidad de género y de mérito. En la argumentación, Dager Nieto señala que la ley exige el cumplimiento de la llamada “ley de cuotas” que obliga a que el 30% del total deben ser mujeres[5]. Ante esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó medidas cautelares ordenando rehacer la lista final de elegibles para el cargo de contralor, advirtiendo que: "... Esta Magistratura advierte que la mencionada comisión, sin que mediara justificación alguna, seleccionó de dichos ciudadanos a 10 participantes, sin que estos fueran los que obtuvieran los mejores resultados, pues se dejó de lado, por ejemplo, a aquel que obtuvo el segundo lugar y tuvo en cuenta únicamente dos mujeres, cuando existía una tercera con un puntaje igual a uno de los incluidos"[6], dice el fallo del Tribunal. A este golpe jurídico que recibía el proceso, había que sumar que el nuevo congreso que había llegado en 2022 y que en su mayoría era afín al gobierno electo, exigía la reconformación de la lista por considerar que el anterior congreso no era el idóneo para conformar la comisión accidental que escogiera a los aspirantes finales. La historia de la segunda lista En medio de los vaivenes políticos y las disputas al interior del legislativo, el tribunal se vuelve a pronunciar argumentando que el cumplimiento del fallo no implica cambiar todos los nombres de la lista sino atender al criterio de la cuota de género y el principio de mérito[7]. En concordancia con esto, la nueva mesa directiva debía subsanar los errores del proceso sin desbaratar las etapas que ya habían sido surtidas de manera correcta. Se esperaba entonces que en la lista ingresara una mujer adicional y el candidato Julio César Cárdenas Uribe, quien en las pruebas de conocimiento había obtenido un puntaje de 84,5. Basado en eso, la mesa directiva, en cabeza del presidente del congreso 2022-2023, el entonces senador Roy Barreras, emitió la resolución 002 del 27 de julio de 2022[8], en la cual ordenaba subsanar el proceso a partir de la etapa 5 (que responde al momento en que la comisión accidental escoge los 10 candidatos finales de la lista de preseleccionados por la Universidad Industrial de Santander. Para dar cumplimiento a la resolución de la mesa directiva, se debía convocar una nueva comisión accidental que basados en el criterio y en atención al fallo del tribunal, debía conformar la nueva lista de 10 candidatos finales según los criterios de género y de mérito. Para esta convocatoria, se emite la resolución 001 del 1 de agosto de 2022, que convoca la nueva comisión accidental. De la primera selección varios congresistas renunciaron por temor a incurrir en prevaricato y los partidos Cambio Radical y Centro Democrático se apartaron del proceso. Con el nuevo conflicto, se recurrió a las vías políticas y sería precisamente el manejo de Roy Barreras el que lograría subsanar los puntos finales para llegar a conformar la comisión final, que quedaría de la siguiente manera: La convocatoria incluía a los senadores Jorge Benedetti y Carlos Jiménez de Cambio Radical y Honorio Henríquez y Enrique Cabrales del Centro Democrático, quienes desde el momento inicial se apartaron de la comisión accidental. En la Cámara, la comisión quedaría conformada de la siguiente manera: En respuesta a los fallos y a la convocatoria nueva, la comisión accidental escogió la lista de 10 finales según los criterios de paridad y mérito. Estos fueron los elegidos en la segunda lista, de acuerdo con la ponderación total de los puntajes: En detrimento de la primera lista, quedaron por fuera Luis Alberto Rodríguez quien para la fecha era el candidato del contralor Felipe Córdoba, por no cumplir con la edad de elección (35 años), Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón por orden de méritos. Aparece la tercera lista Cuando ya se veía una lista definitiva apareció una nueva traba al proceso, cuando la candidata Karol González renuncia a la lista y obliga según la mesa directiva a incluir un nuevo candidato. Para ese momento, de la lista de 20 que había presentado la Universidad Industrial de Santander ya habían renunciado 6 candidatos, que sumados a la renuncia de Karol González, obligaba a conformar una nueva lista con los 13 restantes. Esta lista nuevamente tendría trabas jurídicas, ya que dentro de los 13 candidatos restantes solo quedaban elegibles 4 mujeres. El presidente del congreso se movió por las quínelas políticas y logró subsanar el nuevo impase para sacar la lista definitiva que quedó conformada de la siguiente manera: De esta lista final, fue que se escogió a Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General. Causa curiosidad pensar que el contralor electo no había entrado en la primera lista porque la calificación que arrojó la Universidad Industrial de Santander fue de 78 puntos, los cuales se incrementaron cuando el entonces candidato, Rodríguez Becerra, se sometió a la entrevista del nuevo congreso. La suspensión Con el periodo marchando y con las mil y un voces que ya alertaban sobre los juegos burocráticos del contralor Rodríguez, en junio de 2023 el Consejo de Estado por medio de la sección quinta falló en contra indicando que en el trámite de la elección “se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación”.[9] Y señalando, que adicionalmente: “Se encontró que la sesión plenaria en que el señor Rodríguez Becerra resultó elegido, no fue convocada con la antelación establecida en la ley. En suma, se declaró la nulidad de su elección y se ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de designar contralor general de la República, para lo que resta del período constitucional”[10]. Con la suspensión en firme y la designación como contralor encargado del vice contralor, Carlos Mario Zuluaga, Rodríguez comenzó un litigio que ha tenido varias partes y que hasta el momento, lo sigue teniendo alejado del cargo. La primera maniobra fue interponer una acción de tutela ante el Consejo de Estado alegando que sus derechos habían sido vulnerados, destacando entre esos, la violación de su derecho constitucional de elegir y ser elegido, a acceder a cargos públicos y al acceso efectivo a la administración de la justicia. El Consejo de Estado por medio de la sección segunda se pronunció y desestimo las medidas propuestas por el ex contralor, al no encontrar probado ninguno de los defectos probados en la tutela. Debido a que el equipo defensor de Rodríguez impugnó el fallo del Consejo de Estado, el proceso fue trasladado a la Corte Constitucional a finales de septiembre de 2023 cuando fue seleccionado por la Sala de Selección número nueve[11]. En noviembre de ese mismo año fue entregado a la Magistrada Cristina Pardo. Para el 31 de enero de 2024, la Corte Constitucional solicitó la suspensión del proceso de escogencia y convocatoria que adelantaba el Congreso de la República mientras define la situación de la tutela. Para esto, emitió medidas cautelares por dos meses para la recolección de pruebas, las cuales fueron solicitadas a la secretaría general del Congreso el día 12 de febrero de 2024. La entrega del expediente con las pruebas las hizo la secretaría general el día 19 de febrero de 2024. La sentencia El 24 de abril de 2024, la Corte Constitucional en su actuación como órgano de cierre, determinó que en el proceso de Carlos Hernán Rodríguez sí se estaba violando el derecho del accionante para “elegir y ser elegido”. Pero a la vez decretó que el proceso de nulidad sobre el cual se accionó a Rodríguez contaba con toda la validez dado el alcance que tuvieron los fallos previos y los errores que se cometieron en el Congreso de la República para confeccionar y reconfeccionar la lista final de diez elegibles. Sin embargo, la Corte deja en claro que el proceso no puede seguir prorrogándose y debe subsanarse desde la parte en la que se cumplió con el trámite previsto legalmente. Es decir, reformular la lista de diez elegibles basados en mérito y paridad de género, según los puntajes obtenidos por cada uno de los 20 elegidos por la UIS, lo que debe dar como resultado una lista final de 10, con 5 hombres y 5 mujeres. Todas las actuaciones que ocurrieron antes de la confección de la última lista que fue la que dio a Carlos Hernán como vencedor quedan anuladas y el proceso debe dar paso a una constatación de candidatos habilitados e inhabilitados al día de hoy[12]. El nuevo cronograma Acatando la sentencia de la Corte Constitucional, el Congreso de la República en cabeza de la mesa directiva convoca el proceso final con el cual se espera se subsanen los errores y de como resultado la elección definitiva del contralor general. Según el calendario el 27 y 28 de mayo la nueva comisión accidental, definirá quienes son los últimos 10 aspirantes que saldrán de la siguiente lista de 20 totales: Estos 20 candidatos, son aquellos que lograron los mejores resultados en el proceso que llevó a cabo la Universidad Industrial de Santander. La lista de diez saldrá de la ponderación final que haga la comisión accidental y según el mérito por el resultado que hayan obtenido en las pruebas de conocimiento. Con los die nombres finales la mesa directiva del Congreso convocará el 5 de junio a la elección de contralor, la cual está programada para el 12 de junio con el congreso en pleno. Sin embargo, no todo está tan claro, ya que de los diez candidatos finales que se cree que van a salir hay varios que ya no harán parte del proceso, bien sea porque están inhabilitados, tal y como es el caso de Andrés Castro Franco quien en la actualidad ejerce como Personero de Bogotá, lo que lo deja fuera de carrera de manera inmediata. De igual manera, otro candidatos como María Fernanda Rangel, quien en las primeras listas sonó como la candidata más opcionada, no se sabe si decidirá aspirar y desgastarse una vez más en un proceso lleno de baches y pantanos jurídicos que pueden arriesgar la legitimidad del mismo candidato que resulte ungido. La importancia de los organismos de control Dentro de todas las conclusiones y suspicacias que caen sobre el fallido proceso de la contraloría queda en el aire el tema de la importancia que tienen los organismos de control. La interinidad o las dilaciones en los procesos de selección de las direcciones se ha convertido en un común denominador dentro del andamiaje institucional. Si bien es cierto, que para el caso puntual de la contraloría, es la primera vez que hay una interinidad en la cabeza de la entidad, si se piensa en clave de la descentralización, la interinidad y la destitución en los departamentos y municipios se ha convertido en el pan de cada día. Debido a que este organismo de control fiscal se ha convertido en un fortín político a nivel nacional y a nivel regional, son los políticos y los partidos los que determinan quién, cómo y cuándo escogen al contralor de turno que se encargue de la vigilancia fiscal. Es cierto que ha sido la ley y la Constitución las que ordenan que sean esas corporaciones las que elijan a los entes de control, sin embargo, la situación constante y permanente alerta sobre la nocividad de que sean los políticos los que elijan a aquellos que los vigilarán. Sin lugar a dudas, la elección del contralor general ha dejado abierto el debate del carácter electoral que está en manos del Congreso y de las Asambleas y Municipios. Su descentralización garantizaría una independencia que es tan necesaria para el órgano fiscal, dejando de un lado los padrinazgos y los intereses personales que se mueven dentro de este tipo de procesos. Por lo pronto, todo indica que el nuevo contralor será nuevamente Carlos Hernán Rodríguez Becerra quien cumplirá su periodo después del truculento proceso que dejó al país con un contralor interino y con un cisma dentro del órgano de control fiscal. El debate sigue abierto y se espera que el 12 de junio concluya definitivamente el proceso que empezó por allá en 2022 y que hasta ahora sigue siendo uno de los grandes pantanos políticos que ha rodeado al gobierno del presidente Petro. [1] https://senado.gov.co/images/Archivospdf/4.1._Comunicación_Mesa_Directiva_14_-_3_-_22.pdf [1] http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1904_2018.html [3] https://senado.gov.co/images/Archivospdf/4.1._Comunicación_Mesa_Directiva_14_-_3_-_22.pdf [4] https://senado.gov.co/index.php/component/content/article/10-anuncios/3577-convocatoria-para-elegir-al-contralor-general-de-la-republica-para-el-periodo-2022-2026odo-2022-2026 [5] https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie/ley-de-cuotas [6] Auto interlocutorio No 2022 – 07 – 306 AP [7] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/comision-accidental-rehara-listado-de-elegibles-para-contralor [8] Resolución 002 del 27 de julio de 2022: https://twitter.com/RoyBarreras/status/1552477130675691520/photo/2 [9] https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/volvera-carlos-hernan-rodriguez-la-contraloria [10] https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/volvera-carlos-hernan-rodriguez-la-contraloria [11] Auto 498 de 2024: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2024/A498-24.htm [12] Sentencia Corte Constitucional SU 138/24