Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Colombiano El Gobierno Nacional confirmó el inicio del quinto ciclo de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a partir del 20 de junio de 2024. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión y violencia, especialmente en el departamento del Cauca, generando tanto expectativas como preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad. Desde la instalación de la mesa de negociación en octubre de 2023, el proceso ha enfrentado múltiples desafíos. En marzo de 2024, una significativa fragmentación dentro del EMC complicó aún más las negociaciones. Mientras una parte del grupo permanece en la mesa de diálogos, otras facciones, especialmente en el Cauca, han continuado con actividades violentas, siendo combatidas por el Estado. El jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, subrayó las dificultades del proceso de paz. “Es un contraste entre lo que va en la mesa -con observancia de cese al fuego, transformaciones territoriales como apuesta, una construcción de agenda- y lo que está sucediendo en el Cauca y en esta zona del sur de Colombia con acontecimientos de escalamientos de conflicto y acciones violentas que perturban a la población y le restan credibilidad a un propósito de paz. Pero la paz, a pesar de todos estos retos, es una tarea impostergable”, afirmó González Posso. En el departamento de Caquetá, donde se desarrollan algunas de las negociaciones, el Gobierno ha llevado a cabo reuniones con más de 3.000 delegados de Juntas de Acción Comunal. Estos encuentros buscan construir una agenda de paz inclusiva y avanzar en la observancia del cese al fuego. Similares eventos están programados en los departamentos de Meta y Antioquia a principios de junio, demostrando un esfuerzo continuo por mantener el diálogo y buscar soluciones pacíficas. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para aplacar todas las inquietudes. En la cuenta oficial del EMC en la red social X, se publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, expresando descontento con las negociaciones. El grupo insurgente afirmó que los delegados presentes en la mesa de diálogos no representan sus intereses ni cuentan con el respaldo del Estado Mayor Central. “No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP”, declararon en la publicación. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este anuncio del EMC refleja las divisiones internas tras el inicio del quinto ciclo de diálogos. Marín explica que las facciones que negocian con el Gobierno contrastan notablemente con los enfrentamientos recientes en el Cauca y el sur del país, liderados por el bloque Jacobo Arenas, que ha declarado no estar en la mesa de negociación. Marín destaca que, según el seguimiento de la Fundación Pares, actualmente hay dos bloques que continúan en el proceso de negociación: el bloque Jorge Suárez Briseño y el bloque Magdalena Medio, con presencia en aproximadamente ocho departamentos. Por otro lado, el bloque Amazonas, el bloque Occidental Jacob Arenas, el bloque Centraliza, Aspardo y el Comando Conjunto de Oriente no participan en la negociación y tienen presencia en aproximadamente 13 departamentos. En efecto, la mayoría de los bloques del Estado Mayor no están negociando, y solo alrededor del 30% de la estructura participa en las negociaciones. Ante la ruptura del Estado Mayor Central, el Gobierno ha implementado una estrategia contundente contra los bloques que no participan en la mesa de negociación. Esta estrategia incluye capturas de cabecillas en el Cauca, incautaciones y combates. El Gobierno ha adoptado una postura firme contra estos bloques, motivados principalmente por economías ilegales. Simultáneamente, el Gobierno sigue comprometido con los bloques interesados en el proceso de negociación, como lo demuestran las actividades en Caquetá, donde se llevan a cabo acciones con juntas de acción comunal, así como en el norte de Santander. La posición del EMC ha generado una respuesta contundente por parte de González Posso, quien expresó preocupación por las acciones violentas que las estructuras del EMC han cometido en varias regiones del país, incluyendo el Cauca. Según el jefe negociador, estas acciones no solo dificultan el avance en las negociaciones, sino que también perturban a la población local y socavan la credibilidad del proceso de paz. El EMC también ha acusado al Gobierno de no cumplir con sus compromisos, especialmente en relación con la erradicación de cultivos de coca en el Cañón del Micay. El grupo insurgente sostiene que la falta de asistencia a las reuniones con los campesinos involucrados en esta actividad ilícita ha impedido avanzar en soluciones efectivas. Además, el EMC ha destacado sus supuestas “acciones humanitarias” en el suroccidente del país, mencionando la liberación de más de veinte militares y policías como prueba de su “compromiso” inicial con el Gobierno Nacional. El conflicto en el Cauca se ha intensificado desde marzo, cuando el presidente Gustavo Petro anunció el fin del alto el fuego en esta región en respuesta a los ataques del EMC. El 4 y 5 de mayo, las partes retomaron las negociaciones en un contexto de profundas dudas y desconfianza mutua. Uno de los principales escenarios de confrontación es el Cañón del Micay, una de las mayores zonas de cultivo de coca en Colombia, que alberga el 70% de la producción del departamento del Cauca. La situación en el Cañón del Micay es particularmente tensa. El EMC sostiene que la persistencia de los cultivos ilícitos no se debe a una falta de voluntad por su parte, sino a la inacción del Gobierno, que, según ellos, no ha ofrecido alternativas reales a los campesinos que dependen de esta actividad para su subsistencia. “Hambre o guerra. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”, criticó el EMC, señalando la falta de políticas efectivas y sostenibles para la erradicación de los cultivos de coca. El EMC es una de las disidencias más significativas de las FARC surgidas tras los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016, en los que la histórica guerrilla renunció a la lucha armada. Esta disidencia, que se considera la FARC original y no una escisión, se ha consolidado como un grupo de gran relevancia tanto por el número de efectivos como por su presencia en varias regiones del país. Las tensiones dentro del EMC se han hecho evidentes durante los ciclos de negociaciones. En el cuarto ciclo de diálogos en Guaviare, Sebastián Martínez, vocero del Bloque Occidental, mostró desacuerdo con varios puntos aprobados por otros líderes del EMC. Su principal objeción fue la entrada de la Policía a la región del Cañón del Micay. Martínez se retiró del ciclo sin firmar los acuerdos, alegando un procedimiento médico, lo que evidenció aún más la fragmentación del grupo. La crisis se intensificó cuando el presidente Petro suspendió el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, tras el asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca. Esta decisión fue un punto de inflexión en las negociaciones, generando mayor desconfianza y recrudeciendo la violencia en estas regiones. En una reunión de emergencia en San Vicente del Caguán el 5 de abril, solo participaron los Bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez, quienes acordaron seguir en diálogos sin representar al EMC como una colectividad. A medida que se acerca el quinto ciclo de diálogos en Bogotá, del 20 al 26 de junio, el Gobierno enfrenta el reto de un proceso de paz en medio de una profunda fragmentación del EMC y una escalada de violencia en varias regiones del país. Las negociaciones se llevan a cabo en un ambiente de incertidumbre, con un sector del EMC participando activamente mientras otros continúan las hostilidades. Finalmente, Paola Marín menciona que se espera que en junio se realicen actividades relacionadas con espacios de diálogo en Meta y Antioquia. De cara al quinto ciclo, esto sugiere que lo que podría ocurrir con el Estado Mayor Central es más bien un enfoque hacia el diálogo territorial, donde los bloques tienen influencia, con el fin de continuar con un proceso de paz y una agenda de construcción de paz en estas regiones.

Por: Isabela puyana Santa Marta será la sede de la Primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe de Turismo Sostenible Global. El evento, que está organizado por el Consejo Global De Turismo Sostenible, el Ministerio de Industria y Comercio, Fontur, y que se hará en alianza con la Alcaldía Distrital de Santa Marta, iniciará el lunes 27, hasta el miércoles 30 de mayo. Además contará con la presencia de 20 países, sus delegaciones y diferentes autoridades nacionales y distritales. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, celebró que “Santa Marta haya sido elegida como sede de la primera reunión que el Consejo Global de Turismo Sostenible decide hacer en Latinoamérica. Significa que Colombia, el país de la belleza, lidera las iniciativas de turismo sostenible en la región, al ser uno de los pocos países que implementan una política pública en esta materia y para demostrar que es posible hacer del turismo una alternativa para la transición económica y la protección de la naturaleza”. El gerente general de Fontur, Álvaro Balcázar, aseguró que "Santa Marta, como la sede de la Primera Cumbre Latinoamericana y del Caribe, es sin duda el escenario perfecto para promover la participación de los actores del sector turístico que le apuestan a la sostenibilidad y responsabilidad a través de estrategias que puedan mejorar las conexiones tanto nacionales como internacionales". Segûn el Consejo Global de Turismo Sostenible (GCTC), Santa Marta es protagonista de grandes panoramas que fomentan la sostenibilidad y la ciudad fue escogida para realizar la primera cumbre por sus actores y experiencias en el área del turismo que  convergen en el territorio, como los parques nacionales naturales más importantes: Sierra Nevada, Minca, el Tayrona, y sus importantes comunidades indígenas como  los Arhuacos, Kogis y Kankuamos que habitan en la Ciudad Perdida y la Sierra Nevada,acreditada como Patrimonio Histórico de las culturas ancestrales. “Una vez más nuestro destino nos hace saber que es el idóneo para organizar eventos que conectan con las invaluables bellezas naturales, el mar, bahías, ríos, ciénagas, espejos de agua, y una amplia diversidad que emerge desde las montañas costeras más altas del mundo; como la icónica Sierra Nevada, las estribaciones donde se encuentra el imponente Parque Tayrona, sus cuatro emblemáticos pueblos indígenas, sus tradiciones, y conocimientos ancestrales.” Concluyó Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena. A este evento asistirán actores que contribuyen al turismo nacional e internacional, conformados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza; el director general de GSTC, Randy Durband; la directora de Misión de Usaid,  Anupama Rajaraman; el director del Programa Destino Naturaleza de Usaid Eric Mayoraz, el Embajador de Suiza en Colombia Eric Mayoraz y a la iniciativa se une el Sector Hotelero y Turístico en cabeza de Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena en representación de la hotelería y el turismo en Santa Marta y el Magdalena. “Las actividades programadas incluyen paneles de discusión sobre turismo sostenible, con la participación de países como Suecia, Suiza y Colombia, así como talleres sobre conservación, cambio climático y turismo con enfoques prácticos de casos de éxito como Colombia, Ecuador y la República de Palau. Las conclusiones y la hoja de ruta establecida en la Cumbre serán fundamentales para las futuras políticas y estrategias en el sector dentro de Latinoamérica y el Caribe”, aseguró Randy Durband, CEO del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC). Para el director de Indetur, José Domingo Dávila, este tipo de eventos representa un posicionamiento del distrito de Santa Marta como un destino de turismo de naturaleza y ecoturismo, que ratifica el compromiso de la ciudad con el desarrollo sostenible de cara a la celebración de sus 500 años. El 29 de mayo se realizará una visita al Parque Nacional Natural Tayrona y a la Reserva Natural Katanzama. Estos destinos, situados en el norte de Colombia, son una extensa área protegida que cubre las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con la costa del Caribe. Los participantes tendrán la oportunidad de explorar su rica biodiversidad y la cultura de los pueblos indígenas. Esta excursión brindará a los asistentes una visión única de los esfuerzos de conservación en la región y la importancia de proteger estos valiosos ecosistemas, y se tendrá una experiencia de acercamiento a los valores culturales y a la sabiduría de las comunidades indígenas.

Por: Daniela Bernier Pacheco “La Guajira es una dama reclinada,bañada por las aguas del Caribe inmenso,y lleva con orgullo en sus entrañas sus riquezas guardadas,orgullo pa’ mi pueblo. […]Viene un heredero a reclamarla, porque hoy sí tiene plata,porque ahora sí vale. […]Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaurey su carbón de piedra” Hernando Marín La Guajira es uno de los departamentos que conforman la región Caribe colombiana y limita con Venezuela, cuenta con 15 municipios (gobernación de la guajira) y es conocida por su riqueza cultural, pues en el mismo se encuentran asentados los indígenas Wayuu y el municipio de Uribia; es la capital indígena de Colombia, y es reconocido por su riqueza en recursos como el carbón, el gas y la sal marina, que se explotan actualmente[i]. Los dos primeros son recursos no renovables, pero, sin duda han contribuido al desarrollo de la Nación porque se estima que por concepto de regalías se han recibido cuantiosos recursos provenientes del Carbón y el Gas; pese a ello, el departamento se encuentra sumido en una pobreza extrema del 40, 4%, convirtiéndose en el departamento con mayor pobreza extrema del país[ii]. La Guajira además no se salva del fantasma de la corrupción, pues de acuerdo a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia desde el 2010 hasta el año anterior, se presentaron 922 delitos contra la administración pública, de los cuales el 86% corresponde a hechos de corrupción. Todo lo anterior sumado a fenómenos naturales como el fenómeno del niño, se han convertido en el caldo de cultivo para el analfabetismo, el no acceso a servicios como la energía eléctrica, el agua, entre otros. Lo paradójico de esto es como se mencionaba en un inicio, que el departamento no cuenta solo con recursos no renovables, si no que también, posee una alta radiación solar y una potencia de vientos única en el país, que le permiten ser una potencia en materia de fuentes no convencionales de energía, no obstante, este aún no ha sido explotado[iii], de igual manera, es una región estratégica respecto a la producción de hidrógeno verde[iv]. Y es que la potencia de vientos en La Guajira es vista como una de las mejores a nivel de Suramérica pues en ella, se concentran los mayores regímenes de vientos alisios que recibe Colombia en el año[v]. Para el presente año, se decía que iban a entrar en funcionamiento 12 proyectos de energía eólica, sin embargo, se espera que varios de estos proyectos se retrasen por factores como el licenciamiento ambiental, entre otras dificultades. Un ejemplo de ello, fue lo que sucedió con el parque eólico Windpeshi (205 MW) en la Guajira, en el que Enel Green Power decidió suspender de manera indefinida la construcción del mismo, luego de señalar que no podían garantizar los ritmos constructivos del proyecto, por las constantes vías de hecho y las altas expectativas que superan el marco de acción de la empresa. Además de los recursos asociados a la consulta previa, En el señala que las inversiones en proyectos encaminados a educación de calidad, acceso al agua y desarrollo económico va más allá de $ 7.100 millones de pesos[vi] . Por su parte, indígena Zairybeth Velásquez Bonivento Líder Wayuu del Eiruku Ipuana, defensora de derechos humanos -DDHH manifestó que la explotación de los recursos naturales en La Guajira ha traído consigo una serie de problemáticas en los territorios Wayuu.  Y es que han sido objeto de señalamientos por exigir sus derechos como pueblo indígena; Los Wayuu están cansados de permitir que se sigan llevando los recursos y que eso no se vea en la mejora de sus condiciones de vida. La lideresa considera que toda esta problemática se ha dado por diferentes factores tales como: 1.     No se está realizando un debido proceso de caracterización de la comunidad 2.     Los procesos de consulta previa no se fundamentan desde el Wayuuwa y se realizan de una manera muy rápida sin tener en cuenta las dinámicas sociales del pueblo Wayuu. 3.     Se realizan certificaciones a personas que no son de Eirrúku dominante del territorio. En este punto, es necesario explicar a qué hacen referencia los Eirrúku, la cosmogonía Wayuu señala que en el principio de los tiempos se formaron los cuatros elementos: aire, tierra, fuego y agua. Aseyu (Espíritu) les dio vida y nacieron los dioses: Tierra, Mar, Estrellas, Sol y Luna. Después, el Sol se unió con Mar y nacieron Lluvia y Viento.  Después Lluvia se unió con Tierra y nació: El conocimiento ( Wuichii), el abuelo ancestral (Wuchii) y los Wayuu. Los Wayuu se organizaron a partir de la guía del conocimiento y el abuelo ancestral, en el territorio por Clanes (Eirrúku) y cado uno de ellos cuenta con un territorio ancestral. La organización territorial se da por Clanes (Eirrúku) que son ancestralmente dominantes, por lo que es de vital importar conocer cuál es ese Eirrúku para que se realice el relacionamiento del proyecto con esa comunidad y no se presenten dificultades con la misma. 4.     Los intermediarios (asesores) de las comunidades en muchas ocasiones no contribuyen a una asesoría objetiva basada en los principios y valores del wayuuwa. 5.      Las empresas ejecutoras de los proyectos cuando llegan al territorio para realizar la consulta previa ya poseen un tiempo establecido para las mismas, sin conocer el modo de vida y las dinámicas de la comunidad. La suma de todos estos factores, para la lideresa conlleva a que los proyectos eólicos no hayan fluido de la manera como lo tienen previsto las empresas. Por ello, considera que se requiere conocer el ordenamiento territorial del pueblo Wayuu y que desde la elaboración de las propuestas de los proyectos se requiere que la comunidad específicamente el Eirrúku dominante se haga parte de la construcción para evitar las coyunturas que se viven hoy en el territorio Wayuu. Se hace necesario entonces, que los diversos actores que confluyen dentro de los diversos proyectos en pro del desarrollo económico y energético del país, puedan articularse en aras de garantizar los derechos de quienes se encuentran involucrados; Deben existir garantías para las empresas explotadoras para que las mismas sientan confianza al momento de invertir, pero también para las comunidades, pues se deben garantizar su derecho a la autonomía, identidad cultural, entre otros. Pues la situación en la que se encuentra sumido el departamento no es la mejor y su gente se muere de hambre pese a tener múltiples riquezas. [i] Federación Nacional de Departamentos [FND]. (s.f.).  Departamento de La Guajira. https://fnd.org.co/departamentos/la-guajira [ii] Cabrera, M. (s.f.). Pobreza y corrupción en La Guajira. https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/pobreza-y-corrupcion-en-la-guajira-585678 [iii] Gobernación de La Guajira (s.f.). La Guajira. https://www.laguajira.gov.co/LaGuajira/Paginas/La-Guajira.aspx [iv] Rivera, A. (2024). Cámara de Comercio destaca las oportunidades del hidrogeno verde para el desarrollo económico de la Guajira. https://camaraguajira.org/camara-de-comercio-destaca-las-oportunidades-del-hidrogeno-verde-para-el-desarrollo-economico-de-la-guajira/#:~:text=La%20Guajira%20podr%C3%ADa%20desempe%C3%B1ar%20un,tecnolog%C3%ADas%20relacionadas%20con%20el%20hidr%C3%B3geno. [v] Caviedes, M. (2017). El departamento tiene una viabilidad de generar cerca de 15.000 MW de energía con sistemas Eólicos.https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-guajira-todo-un-potencial-energetico-123500 [vi] Enel Green Power (2023).  Enel Colombia suspende indefinidamente la construcción del Parque Eólico Windpeshi en La Guajira.  https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202305-suspension-indefinida-windpeshi.html

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. Cómo es posible que la reciente captura de dos menores de edad vinculados con la organización delincuencial La Inmaculada en Tuluá, haya sido presentada como un "duro golpe" a la criminalidad. Esta narrativa amarillista de los medios de comunicación es realmente lamentable. Revictimizan a los menores y sus familias y desvía la atención de los verdaderos responsables. Recordemos que el pasado 19 de mayo se conoció de la captura de dos menores de edad, de 16 y 17 años, señalados de pertenecer a La Inmaculada, y uno de ellos estaría relacionado con el homicidio de un concejal electo el pasado 31 de diciembre. Me parece crucial examinar cómo se están abordando este tipo noticias, cuál es el papel que instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF desempeñan en la protección de la niñez en articulación con otras entidades, y cómo está funcionando el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que, por cierto, según informes de la Defensoría del Pueblo, este sistema ha presentado sistemáticos incumplimientos a los estándares internacionales incurriendo en conductas violatorias de los derechos humanos. Los menores de edad reclutados para el crimen son víctimas de un sistema que los ha desprotegido. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2023 en Colombia se registraron 184 casos de reclutamiento forzado de menores. De los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes – NNA “110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos”. Además, hace sólo dos semanas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN reportó que durante los últimos cuatro años y cuatro meses 817 menores indígenas fueron reclutados. Reconociendo que lo anterior puede ser aún mas grave si se tiene en cuenta los subregistros. Estos niños, niñas y adolescentes son manipulados por estructuras criminales que los instrumentalizan para cometer delitos, perpetuando un ciclo de violencia del que es extremadamente difícil escapar. Claro que se debe capturar a todas las personas que cometan delitos, incluyendo los menores de edad, pero las noticias al respecto deberían estar guiadas por unos lineamientos que permita su protección y no su revictimización. Y es fundamental entender que la violencia y la criminalidad que rodean a estos menores se solucionan desmantelando las organizaciones criminales desde sus raíces. Preguntémonos ahora qué ocurre en la mente de quienes leen esa forma de exposición de la noticia. Estas narrativas terminan profundizando una mirada punitivista, alimentando sentimientos de rechazo y hostilidad y otras ideas preocupantes hacia jóvenes, que, en su mayoría, son de sectores empobrecidos. La narrativa debe cambiar y se debe reconocer a estos menores como víctimas. Es necesario que se adopte un enfoque de derechos humanos sólido cuando se reporta sobre menores involucrados en crímenes. Invito al periodismo nacional a reflexionar y a que se esfuércense por informar de tal manera que se visibilicen las realidades complejas que enfrentan los menores en situaciones de vulnerabilidad, y la necesidad de soluciones que realmente los protejan. ¿Qué tal si nos preguntamos por qué los menores de edad llegan a ser parte de actividades criminales? Esto incluye investigar y reportar sobre el reclutamiento forzado, la falta de oportunidades, y las condiciones en las que estos niños, niñas y adolescentes crecen. El “duro golpe” a estas estructuras criminales será cuando se capturen a los responsables del reclutamiento forzado.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo El respeto que siente Petro por Luis Gilberto Murillo se dejó ver no ahora, cuando decidió que fuera el reemplazo de Álvaro Leyva en el ministerio de Asuntos Exteriores. En plena campaña electoral lanzó varios puentes para que se uniera al Pacto Histórico. No le importaba al hoy presidente que su carrera política estuviera cimentada en sus antípodas, cercano en su momento a César Gaviria y luego a Juan Manuel Santos, Murillo le daría al Pacto Histórico un acercamiento más pronunciando al centro. Murillo escogió ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Una vez ganó las elecciones Petro, Luis Gilberto fue el escogido para ser el hombre de Petro en Washington. La labor como embajador no fue fácil. El ex gobernador del Chocó tuvo que calmar los ánimos en ese país quienes veían con desconfianza las políticas de un presidente que había sido guerrillero. Como canciller ha tenido que aguantar varios cimbronazos. Uno de ellos fue el cruce de trinos entre Petro y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la postura del gobierno con respecto a la guerra anti-drogas y la migración de personas hacia Estados Unidos que han tenido a Colombia y su tapón del Darién como uno de sus puestos de lanzamiento. Murillo, hace veinticuatro años vivió uno de los momentos más duros de su vida, se fue a los Estados Unidos como migrante. Nada es fácil para alguien que nace en Andagoya. Allí nació en 1967, una población condenada al olvido y a la violencia descarnada. Murillo sacó un ICFES impresionante por el que lo becaron y se pudo ir a estudiar ingeniería de minas En la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Moscú. Era el final de la URSS. En medio de una sociedad que se caía a pedazos Murillo pudo ver como la idea del comunismo se rompía para siempre. La caída del muro de Berlín en 1989 fue el inicio del fin de la cortina de hierro. Cuando regresa al país el presidente es César Gaviria y se pone a trabajar desde la Corporación para el desarrollo del Chocó. En ese departamento se lanzó a ser gobernador en 1997 y lo consiguió. Fueron años duros. Primero vino una acusación que tuvo que capotear un problema mayúsculo que salió después de ejecutar una plata en un proyecto ambiental. Eso fue parte del problema, el otro fue el que le proporcionaron los paramilitares. Las AUC llegan y se asientan en el Chocó entre 1996 y el 2005. Era el Bloque Pacífico y se movieron, sobre todo, en el sur de ese departamento. A este bloque se unieron otros grupos como  los frentes Mineros, Pacífico y Héroes del Chocó. El comandante máximo era Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo. Lo que les molestó a los paramilitares fue la determinación de Murillo. Fue el primer gobernador en cancelar las personerías jurídicas de las Convivir en 1998 cuando eran legales. Murillo las canceló todas. Lo intentaron secuestrar. Era la manera que tenían los paramilitares de entablar un diálogo. Un secuestro extorsivo, amenazarlo de muerte para que los gobernantes hicieran lo que ellos ordenaran. Así que se fue con Barno, su esposa rusa, primero para Chapinero y luego, antes de que se acabara el siglo, para Detroit, Estados Unidos, como uno de los millones de colombianos que deben probar suerte en ese país. De Detroit saltaron a Washington y desde ahí pudieron cimentar las relaciones que le serían tan útiles con el congreso de los Estados Unidos. Su historia de resiliencia, valentía, lo convirtió en una figura ampliamente respetable. En los dos años en los que fue embajador en Washington fueron plenamente exitosos. Ahora, como canciller, debe capitanear un barco que se ha movido en varias tormentas. Espera salir avante de todas ellas.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano En julio del 2021 Nicolás Rodríguez Bautista, con 71 años a cuestas, decidió renunciar a la guerra. Pocos han sido los alzados en armas que han podido jubilarse con el cuerpo entero. En marzo del 2018 el entonces presidente Juan Manuel Santos le concedió un permiso especial para que viajara a Cuba para someterse a un tratamiento médico. Gabino, como se le conoció en combate, vive desde ese año en Cuba. Durante el gobierno Duque se le pidió en extradición por su prontuario: se le señala de haber puesto la bomba en el año 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander en enero del 2019 que dejó 22 personas muertas y 66 heridas. En Colombia pesan 50 órdenes de captura contra él, uno de los peores crímenes por los que está sentenciado es por la masacre de Machuca en 1998. Un atentado a un oleoducto desató lenguas de fuego que mataron a 84 personas. Gabino coordinó golpes mediáticos como el secuestro de la iglesia de La María en Cali en donde se llevaron a 194 personas que salían de una misa. Por eso, en julio del 2021 sorprendió al afirmar que ya no se encontraba con la fuerza necesaria para seguir en una guerra. Un año después reapareció en un video, vestido de guayabera, en donde aparecía cantando unas coplas dedicadas a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque. Desde siempre tuvo esa intención de dedicarse a la música. En sus años de guerrillero duro sorprendía a sus compañeros entonando canciones viejas. La guerra siempre estuvo en el camino de este campesino nacido en San Vicente del Chucurí en 1950. A los 14 años, en 1964, cuando apenas se formaba este ejército, se vinculó al ELN. El nombre de su pueblo resonaría en todo el mundo tres años después cuando un comando del ejército mató en una fallida emboscada a Camilo Torres. Rodríguez Bautista se acercaría a la comandancia gracias a que se ganó la confianza de Fabio Vásquez Castaño, uno de los fundadores de este grupo. En esos años conoció a Manuel Pérez, uno de los sobrevivientes del combate en Anorí, en 1974, en donde el ELN estuvo a punto de desaparecer. Pérez era un sacerdote español recio, convencido de la lucha armada. Alguna vez fue separado del grupo guerrillero. Abandonado en el monte, despreciado. Pérez se salvó de ser fusilado en un consejo de guerra. Aún así, al cabo de los días, volvió a encontrar el campamento central y suplicó, magullado por la selva y sus espinas, porque lo dejaran regresar a esa guerrilla. Pérez revitalizó al ELN y Gabino aprendió todo lo que supo a su lado. Cuando éste murió, en 1998, asumió la comandancia de esa grupo. El ELN operó con más holgura en el departamento de Arauca de donde se han lucrado de la extracción de petróleo de compañías norteamericanas. El daño que le han hecho al medioambiente con sus continuos ataques a oleoductos y posteriores derramamientos del crudo son incalculables. Se ha sentado varias veces a conversar de paz con el gobierno pero estas conversaciones nunca han prosperado. En el 2018 se fue a vivir a Cuba en donde está, lejos de cualquier peligro personal. Después de su retiro Antonio García quedó convertido en el máximo comandante de esta guerrilla. A pesar de su retiro Gabino ha aparecido por la mesa de negociación. Lo hizo en el 2023 iniciando el III ciclo. Ahora reaparece en un video cantando una canción llamada A la bella diosa, grabada en Cuba y que tiene el logo del ELN. Gabino tiene 74 años. Este es el video.

Por: Laura Bonilla El gobierno nacional publicó una infografía que muestra un incremento del 28% en la incautación de cocaína, medida en toneladas. Esta cifra positiva desmiente la percepción común de que la fuerza pública ha estado inactiva en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el aumento de incautaciones no es tan positivo si se considera que se esperaba que presionara significativamente al crimen organizado en Colombia al crear menos condiciones favorables de mercado. O tal vez no. Lo que sí es cierto es que el mercado de la cocaína está viviendo una crisis, principalmente debido a un incremento importante en la oferta del alcaloide. Esto se debe, en gran medida, a la entrada de nuevos actores como Perú y Honduras, así como al aumento del uso de hoja de coca para la producción de cocaína en Bolivia, en contravía de la tendencia de los últimos veinte años, que mostraba una disminución del uso de la hoja de coca en la producción de cocaína a favor de los usos tradicionales y culturales. Ya no es el mercado donde Colombia tenía el monopolio de laboratorios y exportación. En Ayacucho (Perú), durante 2023, se han desmantelado laboratorios con capacidad de alrededor de una tonelada, según datos de la Policía Nacional del Perú. Si a esto se suma la capacidad de deforestación de áreas amazónicas, la crisis política y la aparición de cultivos de coca que conviven con la deforestación, es lógico advertir que ya no somos indispensables en el mercado, y que, por ende, el precio del insumo primario – es decir, la hoja de coca y la subsecuente pasta base – está por los suelos. Así que, en un escenario ideal, esta presión económica, sumada a una adecuada intervención estatal en sustitución, un marco normativo favorable, avances en la formalización de predios rurales y un impulso decidido a las obras que requiere la economía rural para ser rentable, sería una oportunidad de oro. Por primera vez, cuando se está pagando la carga de hoja a 30,000 pesos en el Catatumbo, hay un amplio portafolio de productos que le harían una buena competencia, con mejores rentabilidades y menores riesgos. Pero eso no es lo que está pasando. Por una parte, varias comunidades tienen la esperanza de que la crisis va a continuar. Por otra, una porción importante y cada vez mayor de cultivos industriales puede resistir la crisis manteniendo un precio bajo y sin perder capacidad de producción. Además, la fracasada implementación de los PNIS se suma a la frustración y bajas expectativas de las comunidades campesinas que subsisten de la economía de la coca y encuentran mejor mover la frontera agraria una vez más, talar y tratar de ampliar la producción para contrarrestar el menor precio. En síntesis, la gente puede llegar a creer profundamente en que se tienen intenciones de cumplir promesas, pero hoy no creen que el gobierno sea capaz. Y la verdad es que es una encrucijada. Una de las razones por las que el gobierno no ha podido llevar recursos y capacidades al territorio es que los instrumentos para atender a los municipios más pobres no son coherentes entre la necesidad y la solución. El contrato-plan, por ejemplo, que es una de las pocas figuras que se podría usar y con la que de hecho el gobierno pretende cumplir el llamado Pacto Catatumbo, implica que las entidades territoriales pongan el 40% de la inversión total. Esto, para un municipio de categoría seis, que a duras penas paga la nómina y sin capacidad de recaudo propio, es prácticamente un imposible. Es lógico que la estructuración de un proyecto así tarde por lo menos un año, tiempo que no se tiene. Así que, si no se encuentra una fórmula práctica para aprovechar este momento y lograr transiciones económicas en las zonas más afectadas por esta crisis de la coca, el esfuerzo de la incautación no servirá. Finalmente, los grupos armados y la criminalidad organizada tienen los recursos para diversificar sus ingresos a través de un férreo control territorial que les permite extraer rentas de cualquier economía en sus zonas de influencia, sea minería, extorsión, explotación y tráfico de personas, entre otras. La gente no tiene esa posibilidad. Hay que nivelar la cancha.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los empresarios en Colombia —o al menos los gremios que enviaron las dos cartas a la jefa de negociaciones del Gobierno, la señora Vera Grave— no se sienten representados en los documentos que, la semana del 20 de mayo de 2024, le presentó el Comité Nacional de Participación (CNP) a la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En las dos misivas, los gremios que representan a los industriales, comerciantes y sector financiero —Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Minería (ACM), Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— expresan que no están de acuerdo con el contenido de los documentos. Según los firmantes —Bruce Mac Master, Natalia Gutiérrez, Juan Camilo Mariño, Frank Pearl, Germán Arce, Jorge Bedoya  y Julián Domínguez— este escrito no los representa por varios motivos. Primero, porque en el contenido no se encuentra su voz, no están sus preocupaciones, allí “no se recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros” y claramente tiene un sesgo con el que no se identifican. Segundo, porque el documento fue elaborado por un grupo de organizaciones que se tomaron atribuciones que no le correspondían. Según los empresarios, el CNP no atendió el propósito para el que fueron encomendados. En el modelo de participación propuesto se hacen también propuestas de transformación que afectan a los gobiernos municipales y departamentales; además, se exige que “las agendas de transformación se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en políticas de Estado”, lo que  exige un carácter vinculante y que va en contra del “principio de separación de poderes”. Ante estas críticas, la recomendación de los empresarios a la Mesa fue que estos documentos “no pueden ser sometidos a aprobación”. A pesar de este llamado, el 24 de mayo las partes sentadas en la Mesa —por su afán de mostrar resultados a la opinión pública y dinamizar la el congelado espacio— firmaron en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el Acuerdo No 28, llamado: “Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, con el que se cumple el Punto 1 del Acuerdo de México. Es decir, a pesar de la respetuosa recomendación de los empresarios de “aplazar la discusión”, los representantes del Gobierno y de la guerrilla aceptaron las recomendaciones del CNP. Reconocen y acatan el contenido del Diseño de Participación, del Plan Nacional y las Recomendaciones. Según el Acuerdo No 28, página 1, “el conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta y han sido la base para la elaboración de este Acuerdo”. Un texto estructurado en 9 puntos y presentado en 10 páginas. Un acuerdo en el que la Mesa reconoce la importancia del Comité Nacional de Participación y de su esfuerzo por construir un documento colectivo. El cual fue elaborado con los insumos de “78 pre-encuentros y encuentros de orden nacional y regional, con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa” (pág. 1 del Acuerdo No 28). A pesar de esta masiva participación de las organizaciones de la sociedad civil, que incluso supera la participación que se tuvo en los encuentros sobre los seis puntos del Acuerdo Final con las Farc-ep entre 2012 y 2016,  lo cierto es que los gremios —Andi, Acolgen, ACM, ACP, Asofiduciarias, SAC y Confecámaras— no se sienten incluidas. Lo cual resulta un gran vacío para el histórico logro alcanzado en este nuevo proceso. Un hueco que de no llenarse podría afectar seriamente la legitimidad del proceso, perder un valioso aliado para la paz y continuar avivando el conflicto armado. En este sentido, uno de los mayores retos que tiene el proceso con el ELN es incluir a este importante actor. Hacer realidad la primera frase del Acuerdo No 28: “La paz en Colombia requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación”. Es prioritario que la Mesa de Negociación, el Comité Nacional de Participación y los responsables de ejecutar el modelo de participación para avanzar en la propuesta de transformación logre incluir a los empresarios y escucharlos. Recordemos la experiencia en la refrendación del Acuerdo Final con las Farc-ep. En aquella ocasión fueron los partidos políticos de derecha, encabezados por el Centro Democrático, quienes cuestionaron el Acuerdo Final y exigieron su inclusión. Ahora son los representantes de la industria, del comercio, de la minería y del sector financiero los que exigen que su voz sea escuchada, que su opinión se incluya también. Para algunos esto es un despropósito y un sin sentido, pues entre esos 30 sectores que participaron estaban los empresarios; sin embargo ellos no lo consideran así. Los empresarios están habituados a que se les piense como un sector por fuera de la sociedad civil. En el juego de las políticas públicas es habitual que a los empresarios se les mire como un tercer actor que se diferencia y está en conflicto con el Estado y la Sociedad Civil (ver figura 1). Figura 1. Las empresas en el ciclo de las políticas públicas En esta lógica no debe existir dificultad para la Mesa en reconocer que los empresarios están por fuera de la sociedad civil. Que ellos representan otros intereses, la mayoría de ellos basados en la libertad económica, la protección de la propiedad privada y la búsqueda de la ganancia. Principios que pueden discrepar con los que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que quedaron contenidos en el numeral 3.2. Modelo Económico del Acuerdo No 28, el cual dice: “Impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico, que permitan y promuevan una transición hacia un modelo económico no depredador del ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional” (pág. 4 del Acuerdo No 28). Es necesario tomar conciencia que los intereses que defiende la sociedad civil pueden ser muy distintos a los que defienden los empresarios. Una cosa es las transformaciones que exigirán las comunidades étnicas e indígenas y otras los grandes empresarios. La recomendación a la Mesa de Negociaciones es que permita que, como pasa recientemente en el campo del conflicto armado, se permita la inclusión de todos los actores en la construcción de la Paz Total. Lo importante es que todos los actores en el proceso sean escuchados, aportando con sus ideas y consensuando las transformaciones. Que a los empresarios se les permita el autorreconocimiento y ocupar el puesto que deseen. Como pasó con las disidencias de las Farc-ep, que ahora se llaman Estado Mayor Central (EMC) o con el Clan del Golfo, que decidió autonombrarse recientemente Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La idea es que se respete al empresariado y que sí desean llamarse fuerza empresarial colombiana (FEC) o simplemente M, de Mercado, como ocurre en el campo de las políticas públicas, se lo permitamos. Este camino sería muy adecuado para el proceso de paz con el ELN. Lo que permitiría aprovechar un valioso actor que históricamente ha aportado en la construcción de la paz. Una participación que, como la de José Félix Lafaurie —presidente de Fedegan y delegado del Gobierno en la Mesa—, ha mostrado ser muy importante para el actual proceso de paz. Una experiencia significativa y valiosa que yo mismo he documentado en textos como “Cuarenta años de activismo empresarial antioqueño en los procesos de paz en Colombia (1980-2020)”(https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/342251). Lo fundamental es que el empresariado logre vincularse en el proceso de paz con el ELN. Que haga parte de la firma de los acuerdos y se convierta en un actor incidente en la implementación de los mismos. El reto del Plan Nacional de Participación es pulir la metodología para que la participación de “todas las voces” sea posible y eficiente. De tal forma que se avance en las  transformaciones estructurales que requiere el país y la sociedad;  que se dejen sentadas las bases de un gran acuerdo nacional para la reconciliación. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Fotot tomada de: Infobae Fue un muchacho que vivía en la calle a quien escogió John Jairo Alias Tascón, alias Pinina, sicario de confianza de Pablo Escobar, para que condujera un bus, robado previamente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cargado con 500 kilos de dinamita, para hacerlo estrellar al frente de la sede principal del DAS. Pablo Escobar y sus socios tenían en la mira al director de esa entidad, el general Maza Márquez, y si tenían que volar un edificio entero lo harían. El saldo no pudo ser más trágico: murieron 63 personas, algunos funcionarios, otros bogotanos que tuvieron la suerte de estar en el lugar y el momento equivocado. El cráter que dejó fue de cuatro metros de profundidad por trece de diámetro. Quedaron arrasados 300 locales comerciales del sector de Paloquemado. Por la violencia del impacto algunos cuerpos fueron pulverizados. En ese momento, 6 de diciembre de 1989, ser colombiano era un acto de fe. Del muchacho que condujo el bus no quedó nada. Ni siquiera le pagaron el anticipo prometido. Ese fue el año en el que el Cartel de Medellín decidió declararle la guerra al Estado. La modalidad que usaron fue la de los suizos. Así los puso el circulo de confianza de Escobar a todos esos “peladitos que no valían nada” “Desechables de comuna” que querían hacer cualquier cosa con tal de dejarles algo a su familia o de poder disfrutar, así fuera por unos minutos, de unos Nike de última generación. De adolescentes estaban compuestos los ejércitos formados por Pablo Escobar, sacados de los barrios más pobres de Medellín. A uno de esos pelados también lo engatusaron para hacer otro de los peores ataques que perpetró el Cartel de Medellín. El 27 de noviembre de 1989 un avión de Avianca haría la ruta Bogotá-Cali. Se sabía que César Gaviria, quien había tomado la posta dejada por Luis Carlos Galán después del asesinato, se subiría a la aeronave. Por eso, Dandeny Muñoz, alias la Quica, encargado de hacer el operativo, le recomendó a un muchacho que acababa de conocer llevar un maletín, un portafolio, y abrirlo cuando el avión hubiera despegado. A cambio le pagaría un montón de billetes. César Gaviria nunca se montó al avión pero la orden no fue reversada. El avión explotó sobre el cielo de Soacha. Murieron 110 colombianos. Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación. La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro. Yerry tenía otra misión. Matar a Pizarro. El candidato presidencial por el M-19 abordó un avión Bogotá-Barranquila. El verdadero nombre de Yerry era el de Germán Gutiérrez Uribe. Cuando el avión llevaba 15 minutos de vuelo, el joven sicario se levantó al baño, sacó una Mini-Ingram 380 y le pegó 13 balas en el cuerpo y la cabeza del ex comandante del M-19. Los miembros del DAS que formaban parte del cuerpo de seguridad de Pizarro le dispararon a Yerry sin mediar palabra. No quedaron testigos. Los suizos fueron uno de los capítulos más oscuros de la guerra del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y mostró hasta qué punto se degradó. La vida no valía nada.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo El 24 de junio de 1935, desde su finca Otraparte, el filósofo Fernando González vio un fulgor restañando el cielo de Medellín “Dos aviones se han chocado en la pista del Olaya Herrera”, Le dijeron. El corazón se le arrugó. Sabía que ese día viajaba a Bogotá su amigo Estanislao Zuleta Ferrer. Pronto comprobó que sus peores temores se harían realidad. Se había quedado sin su contertulio favorito, sin el intelectual rebelde que dejaba además un hijo de cuatro meses de nacido. El niño se llamaba Estanislao como su padre. La noticia se conoció en todo el mundo. En el avión de la aerolínea SCADTA iba el cantante Carlos Gardel. Su cuerpo chamuscado por el incendio tenía placas doradas: las monedas de oro que siempre llevaba en sus alforjas se habían derretido. Fernando se convirtió en el primer maestro del joven Estanislao. Otraparte fue la catedral donde se forjaría su espíritu indomable. No podría estar en mejores manos. Margarita Velásquez, su mamá, para no morirse de depresión, abrió un taller de moda en la casa de sus padres en el barrio El Prado. La alta sociedad de Medellín se convirtió en su cliente. Mientras tanto Estanislao, asmático, taciturno, se refugiaba en los libros y el ajedrez. Un poeta que pretendió -sin éxito- a su madre, le regaló un libro que le terminaría cambiando la vida: La Montaña Mágica de Thomas Mann. Sumido en el ahogo perpetuo, se sentía identificado en ese mundo de enfermos que buscaban, acaso sin éxito, restañar la salud en ese sanatorio entre las montañas. Las conversaciones intelectuales de sus personajes se le convirtió en una obsesión a Estanislao. Entonces supo que su vida serían los libros. Y no hay nada más contrario al placer de la lectura que el sistema educativo colombiano. Por eso abandonó el colegio en cuarto de bachillerato. Sus profesores serían Dostoyevski, Freud, Kafka y Cervantes. Aprendió a rajatabla la frase de Voltaire: “El que lee sin un lápiz sueña que lee”. No existió en Colombia un lector más juicioso que Estanislao Zuleta. A partir de su experiencia con los novelistas del siglo XIX, con la filosofía de Kant, con la pedagogía de Lacan, se lanzó a ser profesor. En Medellín coincidió con un momento de esplendor cultural. En los cafés del centro se encontraba a la joven Débora Arango, al prometedor Fernando Botero, al futuro presidente Belisario Betancur, a Alberto Aguirre y a una caterva de monstruos sagrados que cambiarían al país. Estanislao fue un educador completamente diferente a todos los que pisaron un aula. Sus clases eran acontecimientos multitudinarios. Así sucedió en la Universidad de Antioquia y después en la del Valle. Como otro pensador, Michael Foucault, no escribió ninguno de sus ensayos. Bueno, cuando recibió el doctorado Honoris Causa en la U del Valle, iniciativa del rector Álvaro Escobar Navia, escribió en tres cuartillas el Elogio de la dificultad, uno de los textos más lúcidos que se han escrito jamás sobre el oficio del lector. Pero sus grandes ensayos fueron apuntes tomados por sus alumnos que lo siguieron como si fuera un ídolo. Como no tenía título profesional siempre estuvo en lo más bajo del absurdo escalafón de las universidades. Además, no creía en las calificaciones. Decía que calificar a un alumno era cerrarle en la puerta el placer más grande al que podría tener derecho una persona: la lectura. Esto le trajo problemas constantes con las universidades. Acostumbraba a decir, en broma, que si alguna vez no tuviera otro remedio que calificar a sus alumnos lo haría de esta forma “tres por existir, cuatro por asistir y cinco por insistir”. Y mientras tanto los viejos demonios lo devoraban. La botella de vodka diaria, los cincuenta cigarrillos mentolados, una dieta despiadada, fueron mermando su salud. María del Rosario y Yolanda, sus dos grandes compañeras, no pudieron hacer nada ante el espectáculo de su propia destrucción. Los estudiantes no tenían problemas con que no los calificaran, pero si empezaron a quejarse de que Zuleta, el admirable profesor, se ausentara de las aulas de clase. Desde 1982 su salud empezó a resquebrajarse. Una vez incluso le dieron una incapacidad de un mes. La llegada a la presidencia de su amigo Belisario Betancur le dio mayor notoriedad. Entre 1984 y 1987 Zuleta fue consejero del Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República. Vivía la mitad del tiempo en Bogotá, en un hotel de cuatro estrellas llamado el Continental que ya no existe. Su salud se deterioró aún más. Zuleta luchó contra las adicciones. A veces duraba hasta nueve meses sin probar una gota de alcohol o fumarse una calada de cigarrillo. Pero recaía y lo hacía con todo. Se metió de lleno a la Defensa de Derechos Humanos, actividad por la que terminaría siendo amenazado de muerte. Angustiado, regresó a Cali en 1989. Su última esposa, Yolanda, decidió separarse. Se quedó solo en un apartamento en un estrecho apartamento del barrio Meléndez de Cali. La última vez que se ilusionó fue con una joven estudiante, que vivía atiborrada de libros, llamaba Noelba. La diferencia de edad terminó pesando. En Meléndez Zuleta sufrió toda su angustia. Los vecinos ponían sus vallenatos a todo volumen, los techos bajos concentraban aún más el calor. Su único consuelo era tener tan cerca a la Universidad del Valle y la lectura. El viernes 17 de febrero de 1990, mientras releía a Norberto Bobbio y desocupaba una botella de ron, le sobrevino un infarto. Su empleada, Vicky, lo encontró al otro día, tirado sobre la alfombra. Acababa de cumplir 55 años. Las críticas que le hacía Zuleta a la educación colombiana siguen teniendo una vigencia alarmante. Una educación que no invita a la imaginación, que no apasiona, en donde no ocurre una batalla de las ideas, es lo que se sigue respirando en los salones de clase. Volver a su pensamiento es imperioso. Releer sus discursos y abrir La Montaña Mágica, El Quijote, y descubrir los mundos que él supo comprender como ningún otro. Y vivir ebrios, ebrios a la manera que lo aconsejaba Baudelaire, uno de sus poetas amados: ¡Es hora de embriagarse! Para dejar de ser esclavos martirizados del Tiempo, ¡embriágate! ¡Embriágate sin cesar! De vino, de poesía, de virtud… de lo que quieras.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: ALI info El senador Robert Daza, perteneciente al Polo Democrático, ha sido objeto de una prolongada investigación desde el año 2020, relacionada con supuestos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de este escrutinio, la Corte Suprema de Justicia ha optado por no imponer medidas de aseguramiento en su contra mientras el proceso judicial sigue su curso. La determinación de la Corte Suprema fue anunciada a través de la cuenta oficial del alto tribunal, donde se explicó que la Sala de Instrucción resolvió no aplicar ninguna medida cautelar contra el senador Daza mientras avanza la investigación por el presunto delito de rebelión agravada. Ahora, ¿quién es realmente Robert Daza? Nacido el 6 de julio de 1964 en El Rosario, Nariño, es un destacado senador del Polo Democrático y miembro activo de la Comisión Sexta del Senado. Posee una sólida formación académica como ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Nariño y licenciado en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Universidad Santo Tomás. Su trayectoria está marcada por una incansable labor como líder campesino en la defensa de los derechos de las comunidades rurales. Desde su presidencia en el consejo estudiantil de la Universidad de Nariño en 1980, ha sido un destacado vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano y del Congreso de los Pueblos, abogando por los intereses de las comunidades del país. A lo largo de su vida, Daza ha enfrentado numerosos desafíos y adversidades debido a su compromiso social. Fue desplazado por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003, y detenido en tres ocasiones por su activismo, en 2008, 2012 y 2020. Esta última detención, relacionada con acusaciones de rebelión agravada y vínculos con el ELN, fue considerada por él y por diversas organizaciones como un caso de injusticia y estigmatización contra los líderes sociales. Además de su trabajo en el ámbito social, Daza ha participado activamente en movimientos como el Paro Agrario entre 2013 y 2014, y formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador del Polo, Alberto Castilla, en 2019. En las elecciones legislativas de 2022, Daza ocupó el puesto número 13 en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado, obteniendo un escaño en el Congreso gracias al respaldo de más de dos millones de votos, reflejando así su arraigo y respaldo en la coalición de gobierno. La investigación en la que se encuentra Robert Daza fue iniciada por la Fiscalía General de la Nación en 2020, después de hallar supuesta información incriminatoria en equipos incautados durante operaciones militares. Aunque el senador asumió su cargo en abril de 2023, trasladando la competencia del caso a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no se impusieron medidas de aseguramiento en su contra. La Corte Suprema concluyó que no había razones procesales para imponer dichas medidas, permitiendo que el senador continúe en libertad mientras se desarrolla la investigación. Daza, a través de su cuenta personal en una red social, celebró la decisión judicial y aseguró que podrá enfrentar el proceso sin que su libertad se vea afectada. No obstante, es importante resaltar que este caso ha captado la atención pública debido a las acusaciones de vínculos con el ELN. El senador ha enfrentado también acusaciones públicas, como la del senador Jota Pe Hernández, quien lo señaló como guerrillero. Daza ha negado estas acusaciones, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los campesinos y anunciando acciones legales contra quienes difundan información difamatoria en su contra. Asimismo, Daza está vinculado a una lista que señala a varios congresistas, incluyéndolo a él, como receptores de fondos estatales para gasolina y viáticos de seguridad. Estas acusaciones, sumadas a las relacionadas con sus presuntos vínculos con el ELN, continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

Por: Redacción Pares Eran tres hermanos. Vivían en Irra en Risaralda. Se llamaban Diego Fernando, Milton Alexis y Edwin Felipe Tabarquino. La vida los había obligado a tener un trabajo de alto riesgo. Una mina de oro llamada El Bosque, en Neira, población ubicada entre los departamentos de Risaralda y Caldas. Nunca se preguntaron si podían jugarse la vida cada día. Había necesidades apremiantes. Sostener una casa, una familia. Ese era el futuro. Pero la mina de oro colapsó el 26 de marzo. Se inundó por completo. El oro, por su peso, hasta siempre al fondo del río. Los mineros deben jugar con su vida para sacarlo. La presión del río siempre es poderosa como sucedió en este lugar. A pesar del esfuerzo, de la desesperación, no pudieron sacarlos sino hasta 24 días después. Fueron 11 mineros muertos. De ellos tres eran los hermanos Tabarquino. Doña Rosa, la madre de los muchachos, se había quedado completamente sola. La mina no contaba con los mínimos requerimientos de protección. Para el rescate se usaron 14 socorredores mineros de la zona y 75 personas de la comunidad distribuidas en tres turnos de 25 personas. En ese momento Iván Duque era el presidente quien ordena tomar medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir. La de Neira era una más de las fatalidades con las que se ha enfrentado la explotación minera en Colombia. Entre el 2005 y el 2019 esta actividad cobró la vida de 61 personas nada más en el departamento de Caldas. Uno de ellos es encontrar una alternativa para el método de explotación del oro. Luis Fernando Cardona, CEO de HPSG Colombia S.A.S., una empresa dedicada a formalizar proyectos mineros y de hidrógeno verde, propuso una solución que activaría y de qué manera la economía minera garantizando además la seguridad de sus operarios. Según el ministerio de minas 5249 personas ´son mineras de las cuales el 65% trabajan sin las condiciones para garantizarles su vida. La propuesta de Cardona, con la que ha estado de acuerdo Aris mining, es establecer un modelo sostenible de explotación aluvial en Marmato que involucre a los más de 2000 mineros informales asentados en la zona. A punta de planchones sobre el río Cauca por lo que reduciría la intervención del río. Con esto se busca bajar los riesgos que corren los mineros, hacer excavaciones que no atenten contra el medio ambiente. Este proyecto además contribuiría a mejorar las condiciones socio-económicas de la población que colinda con la mina. Esta iniciativa, que deberá hacerse a través de una alianza pública-privada, resolverá el problema histórico de los peligros que conlleva la explotación minera. Con la creación de una cooperativa los mineros automáticamente estarán legalizados y además tendrán una participación sobre las utilidades que deja el proyecto. La figura propuesta es mediante modelos de subcontratos de formalización minera a lo largo del recorrido del río Cauca por el departamento de Caldas, haciendo partícipes a los mineros no regularizados presentes en el sector, vinculándolos laboralmente y en utilidades del proyecto. Pero las trabas burocráticas han empezado a llegar. Cardona se reunió primero con el ministerio de minas, le presentó la propuesta y afirmaron que, aunque es un proyecto que podría cambiar la nefasta historia de la explotación minera en Colombia, el tema le concernía más al ministerio de medio ambiente. Es un proyecto que interfiere en las prácticas de los mineros ocasionales, por lo que podrían buscar frenarlo. Se efectuaron reuniones con la directora de formalización minera para que el proyecto no se pare y sacarlo adelante. Además se iniciaron conversaciones con la gobernación de Caldas para materializar la propuesta y buscar alternativas de replicar el proyecto para vincular el mayor número posible de mineros no regularizados. Se hará un censo riguroso y se intentará hacer una cooperativa fuerte en esa zona del Rio Cauca. Después de tantas vidas arrebatadas este proyecto parece una luz de esperanza para que nunca más un minero vuelve a morir ahogado por culpa de los que aún están ciegos por la avaricia, el delirio y las fiebres del oro. En estos videos se ve como un proyecto de minería ilegal en Nariño: