Por: Redacción Pares Desde finales de julio la legitimidad de NIcolás Maduro en Venezuela está en su peor momento. Incluso un frente de presidentes progresistas, que en teoría debería haber sido su apoyo, Lula da Silva y Gustavo Petro, terminó de hundirlo. El puente que se establecería con ellos se hundió. Lo que exigían los dos presidentes era la presentación de las actas que corroborarían su victoria. Pero estas nunca han aparecieron. Es por eso que el gobierno de Joe Biden decidió el pasado 19 de noviembre declararlo presidente electo. Desde el 1 de agosto había reconocido su victoria en esas elecciones. Pero no se le había reconocido como presidente electo.   A través de su cuenta de X, el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo anunció de esta forma: El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo.  La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes ”   La respuesta de Venezuela no tardó mucho en hacerse oir. Lo hizo a través del canciller Yván Gil quien tildó la actitud de Estados Unidos como de ridícula. Desde comienzos de septiembre Edmundo González salió exiliado a España. Las preguntas se han sucedido como una avalancha. ¿Qué consecuencias tendría esta decisión? En dos meses comenzará el nuevo periodo presidencial de Donald Trump. Su posición sobre Venezuela es ambigua. Hay versiones que afirman que en privado, Trump se refiere a Maduro como “un gran hombre” ya conocemos la debilidad que tiene el magnate por los hombres fuertes. Maduro tendría que posicionarse para su nuevo periodo presidencial el 10 de enero. Trump lo hará el 20 de ese mismo mes.   Desde que Maduro se proclamó ganador de esas elecciones las manifestaciones se han hecho sentir en Venezuela. Por ahora la represión de las fuerzas del Estado han dejado 28 personas muertas, 200 heridos y 2.400 detenidos. La llegada al cargo de secretario de Estado de un duro opositor del régimen como es Marco Rubio, podria poner todo cuesta arriba para el chavismo. Independiente de la posición personal que pueda tener Trump con Maduro, queda claro que el no reconocimiento de Biden a su victoria le deja más complicado a los republicanos de reconocer al oficialismo.   La posición de Colombia ha sido de distancia y cuidado. La porosa frontera de más de 3.000 kilómetros, y el hecho de que Venezuela sea garante del proceso de paz con el ELN han hecho que el gobierno no sea muy contundente a la hora de expresar su posición. El que se ha pronunciado es el canciller Luis Gilberto Murillo quien si ha mostrado su contundencia: desde que no muestren actas no se puede reconocer esa victoria. Mientras tanto María Corina Machado, quien también ya salió de Venezuela, está haciendo una cruzada internacional para que condenen el régimen y reconozcan al legítimo ganador con más de 65% de la votación en las elecciones del 28 de julio: el señor Edmundo González.

Por: Isabela Puyana Durante meses los medios de comunicación han informado sobre una posible escasez de gas en Colombia. Algunos titularon entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre que habría un racionamiento de gas, lo que levantó las alarmas de Colombia y puso en el ojo público un tema del que poco se suele hablar: sobre el sistema energético y las tarifas del servicio del gas.   Aunque la palabra racionamiento comenzó a difundirse como una verdad, esto nunca ocurrió. La verdadera noticia es que en esta fecha se realizó el mantenimiento a la redensificadora, medida que se realizó durante cuatro días y que, técnicamente se utiliza para asegurar el abastecimiento de gas en el país.  Esto hace parte de las muchas medidas preventivas para preparar el sistema eléctrico para el siguiente año y que se hace desde el 2016.   El ministro de Minas y Energía, Andres Camacho, se pronunció al respecto: “ Sobre la declaración del “razonamiento”, hay que señalar que es una medida de priorización para lograr que el país pueda desarrollar el mantenimiento de la regasificadora del Caribe por cuatro días. Un procedimiento que es rutinario y que se hace anualmente como una medida preventiva para tener todo preparado para el sistema eléctrico colombiano de cara a la sequía del 2025, pero no se trata de un razonamiento de gas para hogares ni para el comercio, no tiene ningún impacto para la ciudadanía”. Mateo Vega, Investigador de la Fundación Polen Transiciones Justas, experto en Justicia Climática, afirma que esta medida no fue algo que se inventó este Gobierno y que este procedimiento siempre ha ocurrido, sin embargo, en esta coyuntura en que las plantas térmicas necesitan gas, sí o sí, porque han estado operando en su máxima capacidad, es posible que haya un miedo generalizado sobre la disponibilidad del recurso que expone discusiones como si habrá o no suficiente recurso para el 2025 o si es necesaria su importación.   Todo esto sumado a que Durante la presentación del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (Icpet) en Santander el pasado 1 de agosto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló que, a pesar de que el gas no faltará, sí sería necesaria su importación para asegurar el suministro. Por eso, advirtió que el precio de este recurso podría aumentar.   “Hemos importado gas desde los últimos ocho años y, dependiendo de la necesidad del recurso, evaluaremos si habrá más demanda en importación. Probablemente el precio del gas natural aumentará en los próximos meses, pero el Gobierno está haciendo un esfuerzo al focalizar los esfuerzos y garantizar la oferta” , aseguró Roa en sus intervenciones .   Sumada a esta intervención, la directora de Gas Natural, Luz Stella Murgas, intervino ante los medios de comunicación ese mismo día: “el déficit que hoy tenemos de gas obliga a la importación, lo que nos hace perder 45 años de autosuficiencia de gas natural, esto justamente es lo que ha garantizado que sea el servicio público más económico de todos, aún así, importarlo podría amenazar el precio” . Agregó Murgas para Mañanas Blu.   El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho respondió a esta afirmación para una entrevista a Pares: “Una cosa es que exista déficit de gas y otra es déficit en la contratación de gas. Al hacer los balances de producción encontramos que hay producción suficiente”   El ministro aseguró que al revisar el mercado se encontraron fenómenos que hay que corregir: “el déficit en contratación se puede estar presentando por diferentes causas, una es que algunos agentes estén sobre contratados, otra que podría existir es que haya algún tipo de acaparamiento o que teniendo gas disponible no haya herramientas suficientes para comercializar, sin embargo, para cada uno de estos casos estamos tomando medidas”.   Por otro lado y según cuentas de Naturgas, a partir del próximo año, Colombia enfrentará una brecha entre su suministro interno de gas natural y la demanda total. Se prevé que el déficit de este combustible arranque en el 12% y se amplíe al 30% en 2026, y siga aumentando hasta que los yacimientos de aguas profundas cubran las necesidades locales, todo esto mientras Ecopetrol empiece a sacar la molécula de gas del mar Caribe en 2029.   Sin embargo el ministro Andrés Camacho respondió que de acuerdo con los datos del gestor del mercado, en un escenario de hidrología baja, se tendrïa que gestionar en el mercado un faltante de 36GBTU que es menos del 5% de la demanda nacional: “En un escenario optimista vamos a tener sobrante de 18 GBTU, como conclusión, desde el Gobierno no vemos una crisis” Afirmó Camacho

Por: Lizeth Serrato Contreras  A propósito de la ultima resolución emitida por el Gobierno en el marco de la reglamentación de las auditorias energéticas, surge una duda ¿es esta una acción nueva o antes se había puesto sobre la mesa el interés de estos monitoreos?                                              Muchas son las leyes y artículos que establecen los deberes y derechos de los ciudadanos sobre el servicio eléctrico en Colombia, por ello, en el artículo 2 de la Ley 143 de 1994 está reflejado que el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de sus funciones de regular, planean y coordinar el sector debe también hacer seguimiento a los procesos relacionados con la electricidad como servicio público en el país, especialmente sobre las grandes industrias que figuran como consumidores significativos; esta Ley también le asigna al MME establecer los puntos y/o criterios para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos energéticos; además de impulsar el uso eficiente y racional de la energía por parte de los consumidores.                                                                             Teniendo esto como partida se entiende entonces que el Ministerio de Minas y Energía (MME) en el ejercicio de sus funciones debe también auditar los espacios en los que la electricidad es un servicio público que beneficia a la población. A partir de la Ley 697 del 2001 se crea el PROURE, el cual se define como el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, pero también de las demás formas de energías no convencionales; dicho programa responde a la necesidad del Ministerio de revisar si toda la cadena energética cumple con los criterios de eficiencia y de uso racional. Una vez establecido, el 30 de diciembre de 2016 por medio de la resolución No. 41286 el MME adopta el Plan de Acción Indicativo para el desarrollo del PROURE PAI 2017-2022, el cual contó con el objetivo principal de definir las acciones estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética; de manera que se contribuya a la seguridad energética y al cumplimiento de compromisos internacionales en temas ambientales; generando impactos positivos en la competitividad del país y en el incremento de la calidad de vida de los colombianos. (MME, 2022. Pag,7). Desde entonces las acciones, tanto grandes como modestas, con relación a estos monitoreos han continuado, una de las más recientes fue la que el Ministerio de Minas y Energía realizó por medio de USAENE – OPTIM durante el periodo 2020-2021 en donde se realizó un estudio para establecer lineamientos políticos y técnicos para el cumplimiento en eficiencia energética, estudio que arrojo la ineficiencia de grandes consumidores, tecnologías ineficientes, falta de inversión, falta de regulación, en fin, un sinnúmero de ausencias que conllevan directamente a tener mayores ineficiencias, brechas en el ahorro y la optimización del servicio, lo que a efecto colateral complica el proceso de mitigación del cambio climático y coloca a Colombia mas lejos de cumplir su compromiso ambiental adquirido en la COP26: reducir un 51% las emisiones de CO2 a 2030.                           Con lo anterior se concluye entonces que el Ministerio de Minas y Energía en definitiva tiene su brújula direccionada asertivamente, porque a la hora de publicar la resolución 40412 de 2024 vuelve a poner sobre la mesa la necesidad imperativa de auditar a los altos consumidores y evaluar el deber que estos tienen por Ley, además de reafirmar el compromiso con la eficiencia energética, con la protección medio ambiental y con la Transición Energética de Colombia por medio de un seguimiento a las dinámicas de la energía en los sectores con alto índice de consumo.                                 Bibliografía Ministerio de Minas y Energía. (2022). EFICIENCIA ENERGÉTICA: AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN GRANDES INDUSTRIAS . Obtenido de https://www.minenergia.gov.co/documents/6104/220203_An%C3%A1lisis_de_Impacto_Normativo-_Auditorias_energ%C3%A9ticas_Industria_Version_final.pdf

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En medio de choques entre el bloque de gobierno y el bloque de independientes y opositores en Senado, se levantó la sesión que elegía al nuevo magistrado de la Corte Constitucional que entrará a reemplazar al saliente Alejandro Lizarazo, luego de que se diera un empate improbable de 50 votos cada uno entre las candidaturas de Miguel Efraín Polo, apoyado por el gobierno, y Claudia Dangond, apoyada por la mayoría de los partidos tradicionales y opositores. Tras ello, apareció un voto “fantasma” que descuadró las cuentas y generó un manto de sospecha de presunto fraude en el proceso electoral. No obstante, la disputa por la magistratura de la Corte Constitucional ha venido calentándose desde al menos un mes atrás. Con 3 candidatos de tendencia conservadora y de posiciones independientes frente a la defensa de la institucionalidad y de la constitución, el Consejo de Estado sentó posición en la disputa que tienen las Altas Cortes contra el gobierno, marcada por el ambiente de un presunto “lawfare”  y de desplantes de uno y otro lado. Para la mañana de hoy está convocada una nueva votación, que podría decantarse hacia Dangond, en medio de los llamados de los sectores políticos tradicionales de mantener la independencia de la Corte ante una posibilidad de que el gobierno quiera poner a su candidato para movilizar su idea de Constituyente, esta vez, bajo decretos. La mesa está servida para romper el desempate, más cuando algunas fuentes del Congreso que hablaron con prensa indicaron que la mayoría de Dangond es frágil. La terna con la que el Consejo de Estado contestó al gobierno El 22 de octubre de 2024 el Consejo de Estado publicó la terna final de candidatos para reemplazar al magistrado Alejandro Lizarazo en la Corte Constitucional. Se decantó por 3 nombres, que tienen en común compartir posturas conservadoras en su lectura del derecho y por sostener tesis que respaldan la independencia y el respeto a la división de poderes y la supremacía de la Constitución como defensa de la institucionalidad colombiana. No obstante, la inclusión de Miguel Efraín Polo  como candidato generó ruido , especialmente por la exposición de motivos y justificación para su candidatura ante el Consejo de Estado, que generó ruido en la misma Corte Constitucional. Polo enfatizó su capacidad de tomar decisiones independientes, sugiriendo que no estaría alineado automáticamente con el gobierno de turno ni con intereses específicos. Para reforzar esta postura, citó un precedente: su propuesta de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1277 de 2023, relacionado con restricciones a los contratos de concesión minera en el marco de la emergencia social en La Guajira, una medida impulsada por el Ejecutivo. Fuente:  El Tiempo. También cuestionó la práctica de la Corte Constitucional de revisar tutelas dirigidas contra otros tribunales. Afirmó que entre 2016 y 2024, el 69% de las acciones de tutela adoptadas en Sala Plena tenían como objetivo decisiones de otras cortes, una situación que calificó como insostenible y que, según él, requería una revisión estructural. Este punto caló demasiado para que el Consejo de Estado se terminara decantando por él, y motivó que la Corte Constitucional publicara un comunicado señalando que la cifra real era 50.5%. Según El Tiempo , Polo Rosero, abogado con especialización en Derecho Financiero por la Universidad del Rosario, cuenta con un posgrado en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y otro en Derecho Comparado de la Universidad Complutense. Actualmente, ejerce como conjuez del Consejo de Estado y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Rosero ha construido una carrera sólida en el ámbito jurídico, destacándose como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional, donde trabajó junto a Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Vladimir Fernández Andrade, este último exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro. Además, fue asesor en el Senado para Germán Vargas Lleras y Rodrigo Lara entre 2008 y 2009. Su perfil cuenta con el respaldo del Pacto Histórico, algunos de los votos del Partido de la U, sectores liberales y el apoyo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Estas alianzas parecen estar movidas por su percepción como el candidato menos conservador de la terna, aunque realmente no existen muchas certezas sobre su posición, debido a que es magistrado auxiliar y no puede sentar posturas públicas sobre ciertos temas. Se sabe que tiene posiciones conservadoras en términos de derechos sociales, pero le hace atractivo para el gobierno su defensa de una corte mucho más “cercana al ciudadano” y con un enfoque fuerte frente a minorías y poblaciones subalternas, como lo relató Cambio en este artículo . Esta terna también la conforma Claudia Dangond , quién según el diario El Tiempo , es abogada y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con una segunda maestría en Políticas de Desarrollo para América Latina del London School of Economics (LSE). Actualmente, ejerce como docente en la institución donde se formó. Dangond Tiene una relación bastante cercana con el Partido Conservador. Trabajó como consultora interna y fue su candidata al Senado en 2014, campaña en la que abanderó la equidad y las garantías para el acceso a la educación. Sin embargo, no logró una curul, quedándose a poco más de 2.000 votos. Desde entonces, su candidatura ha contado con el respaldo activo de Efraín Cepeda, presidente del partido, quien ha hecho lobby en su favor. Fuente: El Espectador. Dangond también ha sido columnista  en El Nuevo Siglo y en El Tiempo, donde ha plasmado y tirado línea sobre la mayoría de los temas que ha regulado la Corte Constitucional y con los que no se encuentra de acuerdo, como el aborto, la eutanasia y el consumo recreativo de drogas. Asimismo, se ubica en el mismo espectro de abogados y juristas que considera que la Corte Constitucional se extralimita en sus funciones al tomar decisiones sobre temas que deberían ser legislados por el Congreso, así como también sobre el alcance de las tutelas sobre sentencias judiciales, argumento similar al que sostiene Polo. El último ternado fue Jaime Humberto Tobar , abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y con una maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien es actualmente magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su especialización en derecho privado, administrativo y arbitramento, áreas donde ha concentrado la mayor parte de su experiencia. Fuente: X (anteriormente Twitter). Aunque contaba en un principio con el respaldo de Germán Vargas Lleras y de una facción de Cambio Radical que no apoyaba a Dangond, junto con el apoyo aislado de algunas figuras como Alejandro Carlos Chacón, su perfil es percibido como el menos político de los candidatos. No obstante, su apoyo se cayó en los últimos días, aun cuando organizaciones como Causa Justa por el Aborto lo consideran el menos conservador y el que mayores posibilidades tenía de defender decisiones sobre autonomía personal y asuntos de género en la Corte. Un voto “fantasma” y un empate improbable: crónica de la primera elección en el Senado Fuente:  El Tiempo. Desde la mañana, la elección del sucesor de Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional se perfilaba como una contienda apretada y polarizada. Los tres candidatos, Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar, expusieron sus propuestas  frente a un Senado dividido que inició la sesión mucho más tarde de lo planeado, excusándose en que no había quórum suficiente porque una buena parte de los senadores estaba en una de las audiencias públicas sobre la Jurisdicción Agraria, que se extendió hasta esa hora. Cerca de medio día inició la sesión. Dangond destacó la independencia institucional que debería tener la Corte Constitucional, mientras que Polo apeló a su trayectoria jurídica como carta para venderse, y Tobar resaltó su experiencia académica y en el derecho privado. Sin embargo, las apuestas estaban decantadas desde antes de iniciar la sesión entre Dangond, impulsada por la oposición (Centro Democrático, Cambio Radical) y los partidos independientes (un bloque del Partido Liberal, Conservador); y Polo, apoyado por sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro (Pacto Histórico, un bloque del Partido Verde, Partido de la U y otro bloque del Partido Liberal). Tras la exposición de los candidatos, los senadores comenzaron a votar con tarjetones en un proceso que aparentaba ser un trámite normal. No obstante, al momento de escrutar los votos, surgió la sorpresa : había 103 papeletas depositadas en la urna, pero solo 102 senadores registrados en el recinto, debido a que estaban 3 ausentes: José David Name (P. de la U); Alfredo Deluque (P. de la U) y Richard Fuelantala (AICO). El resultado, además, fue un empate improbable: 50 votos para Dangond y 50 para Polo, con dos votos en blanco. Este "voto fantasma" desató una tormenta política de inmediato, con acusaciones cruzadas entre los bloques y demandas de transparencia, incluyendo la revisión de las grabaciones de seguridad dentro del hemiciclo del Senado. La anomalía opacó el empate entre los dos principales contendientes y dejó en el aire la legitimidad del proceso. El hallazgo del voto adicional generó una oleada de reacciones dentro del Congreso. Senadores como Antonio Correa, del Partido de la U y cercano al Ejecutivo, y Jonathan Pulido —“JP” Hernández—, del Partido Verde, denunciaron la irregularidad como un “ataque a la democracia”. Mientras declaraciones de indignación iban y venían , María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, comenzó a moverse para recoger firmas y obligar a la presidencia del Senado a realizar la votación. Del mismo modo, Ariel Ávila demandaba garantías para que se repitiera el proceso. Por otro lado, otros sectores, liderados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sugirieron suspender la sesión. La tensión escaló con acusaciones de fraude entre ambos bandos. A pesar de los intentos de conciliación, los ánimos se caldearon. Sostenido sobre lecturas y conceptos jurídicos que solicitó, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, optó por suspender la sesión, argumentando que era necesario aclarar el origen del voto de más antes de continuar. Según un congresista que dio declaraciones a El Espectador, Cepeda levantó la sesión presuntamente porque se dio cuenta que había perdido los votos para que Dangond rompiera el empate. Al cierre de la jornada, Cepeda aceptó la apelación para que la sesión no se levantara. Con el quórum roto, debido a que no estaban los 53 senadores mínimos para votar de nuevo —solo habían 47—, 44 senadores votaron porque se reanudara la sesión y 3 votaron en contra. No obstante, Cepeda se mantuvo en su postura y convocó la nueva sesión para el día de hoy, martes 19 de noviembre, a las 10:30 am. Lo que nadie se esperaba es que Polo tuviera un amplio apoyo en el Senado, especialmente por la operación que montó Cepeda y los partidos opositores para lograr que Dangond se quedara con la nominación de la magistratura. De hecho, los intentos por repetir la votación garantizaban que Polo conservara sus 50 votos, la suspensión, permitiría que en una futura sesión Dangond rompiera el empate con los votos de los ausentes. Ganó la segunda postura. Lo que se viene: ¿es legal la convocatoria a una nueva elección? Fuente: Página del Senado de la República de Colombia. Algunos congresistas están apelando  al artículo 135 de la Ley Quinta, que reglamenta al Congreso de la República, en la que se indica que cualquier convocatoria para una elección debe realizarse con 3 días de antelación, por lo que llamar a nuevas votaciones (sin siquiera tener claro si el proceso debe repetirse desde el inicio o solo en su fase decisoria) tal como lo ordenó Cepeda en la tarde del lunes sería irregular. El temor de la mesa directiva del Senado es que sea demandada la elección por esta irregularidad y se caiga cualquier nombramiento. Con respecto a los 3 votos ausentes de José David Name, Alfredo Deluque y Richard Fuelantala, es probable que, siguiendo sus tendencias de votación frente a proyectos de gobierno y sus declaraciones, terminen decantando la decisión hacia Dangond. Deluque y Name hacen parte del bloque del Partido de la U que es distante al gobierno, mientras que Fuelantala ha votado a favor de los principales proyectos del gobierno. No obstante, en emisión de W Radio de la mañana de hoy, Julio Sánchez Cristo ha señalado que lo que puede terminar decantando la votación hacia Miguel Efraín Polo es su amistad con Germán Vargas Lleras, que tiene dividido el voto de su partido entre el nombrado candidato y Dangond.

Por: John Correa Romero Fuente: MI DIARIO CESAR En un país donde la desigualdad energética ha marcado diferencias significativas entre regiones, la puesta en marcha de las Comunidades Energéticas  en el departamento del Cesar  representa un avance crucial hacia la democratización del acceso a la energía . Este proyecto, que ya está beneficiando a instituciones de salud clave como el Hospital Rosario Pumarejo de López , se perfila como una iniciativa que no solo mejora la eficiencia energética, sino que también transforma la vida de las comunidades. Energía renovable, equidad y sostenibilidad El programa Comunidades Energéticas, lanzado recientemente, forma parte de una estrategia nacional más amplia para transitar hacia energías limpias y sostenibles , abarcando una inversión de $75,150 millones . En el Cesar, esta iniciativa está dirigida a instituciones de salud de gran importancia, como el Hospital Rosario Pumarejo de López, el Hospital Eduardo Arredondo Daza  en Valledupar, y el Hospital Jorge Isaac Torres en La Jagua de Ibirico. Uno de los impactos más visibles de este proyecto es la instalación de 1,534 paneles solares  en el hospital Rosario Pumarejo de López, junto con 24 inversores y la modernización de 133 sistemas de aire acondicionado. Esta inversión permitirá reducir el consumo energético de la institución en un 60% , generando un ahorro anual estimado en 5,626 MWh , lo que equivale a $3,376 millones . Sin duda, estas cifras ponen de manifiesto no solo la relevancia económica de esta iniciativa, sino también su compromiso ambiental , al apostar por una generación de energía más limpia y sostenible. Una transición energética inclusiva Fuente: MI DIARIO CESAR La importancia de este proyecto radica en su capacidad para hacer frente a la crisis energética  que afecta a muchas regiones del país. Durante años, el Caribe colombiano ha sufrido las consecuencias de tarifas energéticas desproporcionadamente altas, afectando tanto a los servicios públicos como a la población en general. Sin embargo, gracias a proyectos como este, se empieza a vislumbrar una solución que garantiza un acceso más justo a la energía, particularmente en áreas como la salud, donde los altos costos energéticos representan un obstáculo para la mejora de los servicios. Como señaló el Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho , durante el lanzamiento del programa: "Estamos listos para desarrollar inversiones concretas que permitan superar la crisis energética y poner fin a las tarifas injustas que han afectado a la región". Este compromiso del gobierno con la transición energética no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también empodera a las instituciones  locales, permitiéndoles reducir deudas y reinvertir los recursos ahorrados en mejorar la atención a sus usuarios. Energía limpia y mejor calidad de vida Además de los beneficios económicos y ecológicos, el impacto de las Comunidades Energéticas se siente también en el bienestar de las personas . La modernización de los sistemas de aire acondicionado ha generado un entorno más confortable tanto para los pacientes como para el personal de las instituciones de salud. "Este es un paso transformador que mejora nuestras instalaciones y proporciona un ambiente más agradable para todos", señaló Carmen Sofía Daza , agente interventora del hospital Rosario Pumarejo. Pero los beneficios no se detienen en el ámbito hospitalario. Este modelo energético también se extiende a instituciones educativas  de la región, contribuyendo a crear condiciones óptimas para el aprendizaje en entornos más sostenibles y eficientes. De esta manera, la democratización de la energía  no solo se limita al acceso a los recursos, sino también a la mejora del bienestar y las oportunidades de desarrollo  de los habitantes del Cesar. Un modelo replicable El éxito de estas Comunidades Energéticas  en el Cesar posiciona a esta región como un modelo a seguir en el proceso de transición energética que se está llevando a cabo en Colombia. Proyectos como este no solo son necesarios para enfrentar el cambio climático, sino que también redistribuyen los beneficios de la energía  de manera más equitativa entre las diferentes comunidades. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán , expresó su satisfacción por el avance de estos proyectos, calificándolos como un hito en la búsqueda de una transición energética justa . "Es un día de orgullo y esperanza para nuestro municipio", afirmó, destacando el papel que estos programas juegan en la promoción de una mayor equidad energética para todos. El camino hacia una transición justa Fuente: MI DIARIO CESAR A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos del cambio climático, proyectos como el de las Comunidades Energéticas en el Cesar subrayan la importancia de democratizar el acceso a las energías renovables . No solo representan una solución eficaz para los problemas energéticos locales, sino que también marcan un paso decisivo hacia un futuro más justo  en el que todos puedan beneficiarse de una energía asequible y limpia. Con una potencia instalada de 2,868 kWp  y el respaldo de las autoridades locales y nacionales, estas Comunidades Energéticas representan el futuro de la gestión energética  en Colombia, promoviendo no solo la sostenibilidad, sino también la equidad y el desarrollo comunitario.

Por: Redacción Pares Estados Unidos esta semana autorizó a Ucrania a usar misiles de largo alcance. Eso quiere decir que si uno de los misiles llega a caer en territorio ruso o bielorruso, el gobierno de Putin podría atacar con toda su ferocidad e incluso podría hacer uso de armas nucleares. Así lo firmó en un decreto el presidente ruso este martes 19 de noviembre en donde amplías las posibilidades de usar armas nucleares. Desde septiembre Putin venía barajando la posibilidad de hacer este tipo de respuestas si se presentaban ataques masivos contra Rusia o Bielorrusia, país que es practicamente un protectorado de esta potencia. En el decreto también se señala que cualquier ataque de un país sin armas atómicas como Ucrania, pero, si tiene el respaldo de una potencia militar como Estados Unidos, podría sentir el rigor de un contraataque ya que se consideraría “acción conjunta” contra Rusia.   En el documento queda estipulado a los drones como elementos de ataque lo que ampliaría aún más el rango de respuesta por parte del Kremlin. En el documento también se remarca que las armas nucleares son un “elemento de disuasión” de carácter defensivo y cuyo empleo es una medida “extrema y forzoza”.   El anuncio llega justo cuando se cumplen 1000 días del ataque de Rusia a Ucrania. Hay tensión mundial por este decreto. No es la primera vez que Rusia amenaza al mundo con un ataque nuclear. Hay que recordar que a comienzos de los sesenta el gobierno soviético de Nikita Krushev puso en Cuba unos cascos nucleares cuyo poder arrasador significó para el mundo la inminencia de una guerra nuclear. Se vivieron momentos de verdadero terror. Esto se llamó en la historia la Crisis de los misiles. La amenaza de una respuesta nuclear por parte de Rusia sería devastadora para la humanidad.   Se espera que, una vez Donald Trump sea oficialmente presidente de los Estados Unidos exista un desescalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania debido a la cercanía que tiene con Putin. El presidente electo norteamericano afirmó en su momento que jamás hubiera permitido que las cosas escalaran hasta el punto en el que están ahora. Aún no hay respuesta oficial de los Estados Unidos ante esta respuesta de Putin.

Por: Redacción Pares En el último año populistas de derecha como Donald Trump y Javier Milei han ganado elecciones en países como Estados Unidos y Argentina haciendo Fake News, negacionismo, misoginia, desprecio por las libertades. Han hecho además largas diatribas contra la izquierda en el continente. Por eso, lo que pasó ayer en el G-20 fue tan importante que el frente del progresismo en América Latina se estrechara la mano. En el primer día de la cumbre del G20, el presidente Petro se reunió con Lula Da Silva, presidente del Brasil, Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Gabriel Boric, presidente de Chile, quien representan la resistencia, la muralla contra el oleaje de la derecha que amenaza a Latinoamérica. El tema fue uno sólo: Integración regional. El lugar de la reunión fue Rio de Janeiro, los puntos a tratar fueron el de intercambio regional para evitar la dependencia económica con los Estados Unidos, el impulso de proyectos que se enmarquen en las energías limpias. Como dirigentes de izqueirda están comprometidos con detener el cambio climático y ofrecerle a la humanidad nuevas opciones para sus combustibles. Petro se vio animado a construir lo que él llamó el Pacto por las Américas, que sería vital para frenar el hambre en el continente.   Con la presidenta de México se habló concretamente del tema ferroviario, Colombia le apunta a revivir definitivamente este medio de transporte, con Brasil de la colaboración de energías limpias, al igual que con Chile pero, en general, se piensa es en hacer una gran integración Latinoamericana.   Algo tienen estos mandatarios en común, a pesar de compartir ideas de izquierda no representan la radicalidad, un tanto anacrónica, de otros gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Parece ser que la reunión que tuvo Petro con Lula Da Silva se trató del tema de Maduro y la posición parece cada vez más firme: sin actas será imposible que se reconozca su victoria, lo que dificultaría la posesión del presidente venezolano en enero próximo. Los indicios de que la victoria en esa elección presidencial fue para el dirigente opositor Edmundo González son cada vez más fuertes.   El canciller Luis Gilberto Murillo, quien también está en Rio de Janeiro, dio más detalles sobre la importancia de esta reunión: "Esa integración está muy focalizada en inversión, comercio, infraestructura y también se tocaron los desafíos que tiene la región en términos de lucha contra redes criminales transnacionales".   Entre otros temas se tocó el de la utilización de la Inteligencia Artificial que debería ser un medio para ayudar a cerrar la brecha entre los más pobres y los más ricos y no profundizarlas. La foto de los mandatarios es histórica y es una declaración de principios: sólo la integración de los países progresistas de América podrán blindarlos de la oleada del populismo de derecha que tanto daño podría hacerle a la democracia y a las instituciones.

Por: Redacción Pares La semana pasada Miguel Polo Polo, en su afán por ganar clicks en redes sociales entre sus seguidores, hizo un video mostrando como recogía las botas de una instalación dentro del congreso en donde se simbolizaba el horror de los Falsos Positivos. “A la basura es donde pertenecen” dijo el congresista mientras recogía una a una las botas. Esto le costó no sólo el repudio de las madres de los falsos positivos sino de la opinión pública en general. Pero unos días después de este bochorno Polo Polo empieza a medir y de pronto a pagar sus actos.   MAFAPO, la Asociación de Madres de Víctimas de los Falsos Positivos, junto con el senador Iván Cepeda, denunciaron este 18 de noviembre del 2024 radicaron una denuncia contra el representante a la cámara Miguel Polo Polo que empieza a sentir pasos grandes a su espalda. Cepeda, quien se ha enfrentado a políticos de la talla de Alvaro Uribe, afirmó, antes de radicar su denuncia, lo siguiente: “En situaciones de crímenes masivos y de extrema crueldad perpetrados por estados criminales, las madres de las y los jóvenes asesinados y desaparecidos han sido quienes con gran dignidad se han enfrentado al terror y la impunidad”.   Cepeda comparó en importancia de lo que están haciendo por la memoria las de MAFAPO con las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y a Polo Polo, quien la semana pasada incluso recibió una cachetada de una de las madres, como “cobarde”.   Ojo, a Polo Polo le puede salir carísimo su insolencia contra las madres de los falsos positivos, su negacionismo, su grosería. El es servidor público y se debe a su cargo, que fue elegido por los colombianos. La demanda contenía este párrafo:  ”utilizó medios masivos de comunicación para difundir sus declaraciones. Se argumenta que sus actos tuvieron la intención de discriminar y estigmatizar a las víctimas,  promover el negacionismo y afectar la dignidad y memoria de quienes sufrieron estas ejecuciones extrajudiciales”   Los delitos por los que denuncia Cepeda, MAFAPO y también la senadora María José Pizarro son los siguientes: injuria, discriminación y hostigamiento que incluso podría costarle medidas que le privarían de la libertad. Las partes contrarias a Polo Polo afirmaron que se trata de un representante “mediocre” que no se caracteriza por sus iniciativas en el congreso. Así que podría venir la mala hora para el Representante a la Cámara.

Por: Redacción Pares Sí, es cierto, la crisis ambiental está afectando a 3.200 millones de personas en todo el mundo. Pero no hay que poner Discovery Chanell para constatar que las cosas están mal. Bogotá está a punto de registrar su año más caliente desde que existen mediciones. El racionamiento de agua afecta a un hogar de la capital cada diez días, y el mismo alcalde Carlos Fernándo Galál anuncia que si los embalses siguen bajando esta restricción se hará cada cinco días. En el Amazonas la crisis climática se ha traducido en una sequía que ha convertido, en largos trachos del rio Amazonas, en un camino arenoso. Barro donde los peces mueren lentamente. Ciudades como Leticia, que necesita del rio para comunicarse, para vivir, están asiladas. Estamos pagando la destrucción de las multinacionales de la selva amazónica, de los páramos, de la deforestación y las quemas irresponsables. La necesidad de acaparar fortunas por parte de un puñado de empresarios podría llevarnos, a largo plazo, a la destrucción final.   La esperanza está en los valientes, heróicos líderazgos ambientales que se la han opuesto a las ruedas del progreso irresponsable. Fue el asesinato de un hombre que le puso el lente a una situación que, en la segunda década del siglo, es una preocupación global. El asesinato en 1988 del activista Chico Méndes en Brasil, quien fue abaleado al frente de su casa por cuestionar los métodos de los caucheros y la minería en el Amazonas, fue lo que terminaría encausando el Acuerdo de Escazú, que en Colombia este año fue aprobado. Esto puede ser un paso para revertir una situación que en el país, ya tiene visos de pandemia.   Colombia, según Global Witness, ha encabezado en los últimos años las estadísticas globales de asesinatos a personas líderes y defensoras del medio ambiente. En 2023, el país representó el 40% de los casos registrados a nivel mundial, lo cual refleja un complejo panorama enmarcado por la reconfiguración de los actores armados ilegales y el impacto de las industrias extractivas en el territorio nacional.   Desde este 21 de octubre arranca en Cali la Cop 16, el evento en donde los líderes mundiales toman decisiones para revertir los efectos que la industria y los anhelos de progreso del hombre han tenido con el medio ambiente. La fundación Paz y Reconciliación estará allá presentando, precisamente, la situación en la que se encuentran los líderes ambientales. Este informe es un homenaje a los que lo han dado todo, hasta la vida, por defender ciénagas, páramos, bosques, ríos y especies que están a punto de desaparecer. El periodo que mostraremos es el que va entre el 2018 y el 2024. Además presentaremos el alto grado de impunidad, el estancamiento de las investigaciones que han tenido estos asesinatos que se convierten en una revictimización. Hay un dato que hiela la sangre: el 66% de los responsables de estos asesinatos no han sido descubiertos.   Es para la Fundación Pares una obligación no olvidar a los que lo han dado todo para revertir lo que al parecer es el destino de la humanidad: el calentamiento global.

Por: Redacción Pares Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera. Mucho de ese espacio ha sido usado en los últimos cuarenta años por grupos al margen de la ley como corredores para el narcotráfico, el contrabando y hasta el tráfico de personas. Arauca y Norte de Santander han sido escenarios de la guerra. Masacres, como las que vivió el Catatumbo a finales del siglo XX y las que ha sufrido Arauca desde los años ochenta, son signos de una guerra que sofoca. Dos de los rasgos que ha traído esto han sido las violencias basadas en género y el reclutamiento de menores. En el presente informe, titulado  Cuerpos para la guerra, violencia basada en género y reclutamiento en la frontera colombo-venezolana, la fundación Paz y Reconciliación se adentra en dos de los flagelos más desgarradores que ha traído el conflicto.   Nos focalizamos en dos departamentos, Arauca y Norte de Santander. Durante 2024, Arauca se consolidó como el tercer departamento del país con la mayor tasa de notificación de casos sospechosos de VBG, con 108.3 por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en un total de 588 casos reportados. Asimismo, en 2023 el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) documentó 410 casos de lesiones no fatales, mientras que en el primer semestre de 2024 registró 193, evidenciando una tendencia similar a la del año anterior. A esto se suman las cifras de la Fiscalía General de la Nación, que documentó el reclutamiento de 39 menores de edad durante el presente año. No obstante, fuentes de prensa local indican que esta cifra podría ascender a 64. Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirma que Arauca es el segundo departamento del país en 2024 con más casos de reclutamiento, solo por debajo de Cauca.   En cuanto a Norte de Santander, durante 2024 se registraron 331 casos de VBG atendidos por la Defensoría del Pueblo, mientras que el INML documentó 466 casos durante los primeros seis meses del año. El fenómeno de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ha dejado un saldo de 56 víctimas, de las cuales el 60% pertenecen al municipio de Tibú, que registra los mayores índices de violencia. El 80% de los casos ocurrieron en la subregión del Catatumbo.   Las cifras de reclutamiento forzado son preocupantes en ambos departamentos. Durante el 2024 la Defensoría del Pueblo  informó que en el primer semestre del año se registraron 159 casos de reclutamiento de NNA, de los cuales el 51% pertenecen a pueblos indígenas, el 31% a ningún grupo étnico, el 5% a comunidades afrocolombianas y un 13% del cual no se cuenta con información. En el caso del departamento de Arauca y la zona fronteriza del alto Apure venezolano, la información que proporciona la Defensoría, indica que es el segundo departamento con más casos de reclutamiento con un total de ocho casos reportados en lo que va del año solo después del Cauca con 125, el cual lidera las estadísticas con amplio margen sobre el resto del país. Se precisa que entre 1990 y el 2017, por lo menos, 16.238 menores de dieciocho años fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales; siendo las extintas FARC-EP el grupo armado ilegal que más utilizó está estrategia para aumentar el número de combatientes La incorporación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) a grupos armados organizados tuvo dos etapas: La primera entre 1964 y 1989 donde se registraron 528 víctimas, siendo el reporte más bajo de la investigación, y la segunda etapa ocurrió entre 1990 y 2017, que se caracteriza por el subregistro que se presenta y que indica que hubo entre 27.101 y 40.828 NNA reclutados.   El siguiente es la radiografía más actual que se puede encontrar sobre dos de los temas más escabrosos de la guerra en Colombia, la violencia de género y el reclutamiento forzado.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La Universidad de Antioquia (UdeA) está pasando por una de las etapas más difíciles en sus 221 años de historia. Se encuentra en un momento de crisis financiera, pero también en medio de una disputa política entre el Gobierno nacional y el departamental y local. Ambos tipos de actores la están usando como instrumento político para aumentar su poder regional y nacional. Una disputa que de no resolverse rápidamente terminará por afectar seriamente a uno de los patrimonios intelectuales y culturales más importantes del país.   Como todos saben, la crisis de la UdeA es la misma por la que están pasando la mayoría de las universidades públicas del país. Desde hace tres décadas, el dinero que le transfiere el Gobierno nacional, vía Ley 30 de 1992, no es suficiente para cubrir todos los gastos e inversiones necesarias para su apropiado funcionamiento. Estas transferencias estatales equivalen hoy a tan solo el 45% del presupuesto de la Universidad, lo que la obliga a conseguir el restante porcentaje con la venta de servicios educativos.   Debido a esta situación, desde hace años, la UdeA viene realizando esfuerzos diarios para poder pagar cumplidamente la nómina a sus empleados y a proveedores de servicios. Pero desde mediados de 2024 se encontró, por primera vez en los últimos tres decenios, con la dificultad de pagar cumplidamente los intereses a las deudas, la nómina de sus empleados y realizar las inversiones en infraestructura. De allí que haya tenido que salir al espacio público a manifestarle al Estado y a la sociedad sus problemas financieros, pues a ellos se debe.   En este contexto es que tanto el Gobierno nacional —de Gustavo Petro— como el regional y local —la gobernación en cabeza de Andrés Julián Rendón y la municipal con el alcalde de Medellín y excandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez— están aprovechando este momento crítico para instrumentalizar a la Universidad de Antioquia y convertirla en un artefacto para ganar mayor poder. Ambos tipos de gobiernos se encuentran en una dura disputa por acumular poder y llegar fortalecidos a las elecciones de 2026.   A pesar de que falta más de un año y medio para conocer quién se queda o no con la Presidencia, en Antioquia parece que desde el primer día de 2024 comenzó la disputa política por el poder regional y nacional. Tanto el gobierno Petro como los de Gutiérrez y Rendón están aprovechando el difícil momento de la UdeA para ganar poder electoral. Se presentan como los benévolos salvadores de la universidad o como los defensores críticos de las acciones que uno u otro bando hagan alrededor del problema.   Desde que apareció en escena la crisis a mediados de año, ambos tipos de gobierno han seguido la misma lógica. Parten por advertir que hacen lo que las normas les permiten; que la Ley 30 de 1992 estableció un sistema de contribuciones que ellos siguen y respetan. Pero que, a pesar de ello, están dispuestos a hacer sacrificios y ofrecer alternativas para paliar la crisis. Eso sí, esperando que la UdeA realice unas acciones enmarcadas en un plan de austeridad, como reducir los contratos hora-cátedra, aumentar la docencia de los profesores vinculados o bajar los salarios, entre otras medidas.   La Gobernación de Antioquia, debido a que preside el Consejo Superior Universitario y sabe las dificultades que tiene el plantel educativo, se le ha visto muy activa ofreciendo a la UdeA adelantar las transferencias financieras que le hace anualmente para que pague una quincena o presentándole la opción de gestionar un préstamo con bajo interés, a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), para que cubra sus gastos hasta el 31 de diciembre.   Lo mismo hace el Gobierno nacional. En varias ocasiones se le ha visto diciendo que ha elevado las transferencias del Estado a las universidades públicas, que la compensación por aumentar la cobertura es considerable, y que ningún gobierno anterior ha realizado tantos esfuerzos por pasar más recursos a estas instituciones públicas de educación. Se ufana de estar tramitando ante el Senado una propuesta de ley que cambie definitivamente los artículos 86 y 87 de la Ley de Educación Superior.   Incluso, el mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien de manera reiterada reconoce que no tiene ninguna responsabilidad financiera con la Universidad de Antioquia, pues ya hace lo suficiente con las tres organizaciones locales de educación —ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor—, se le ve buscando opciones para ser el protector de la educación superior pública. Está buscando aprovechar el momento para luego capitalizarlo como futuro candidato a la Presidencia.   Lo problemático de toda esta situación es que ninguno de los tres gobiernos ofrece soluciones definitivas y de largo plazo. Todos ellos, que fácilmente podrían presentar soluciones más profundas y comprometidas para atender el problema, lo único que quieren es mantener el problema financiero vivo. Han comprendido la utilidad política que tiene mantener a la UdeA en crisis y a los estudiantes y profesores manifestándose en la calle, pues de todo este movimiento ganan los tres cada día.   Gana el presidente Petro cuando logra que los jóvenes furiosos salgan constantemente a la calle a protestar y muestren su inconformismo; esta fue la estrategia que le sirvió para llegar a la Presidencia y está será la bandera que desea seguir manteniendo durante el tiempo que esté en el poder. Por tanto, espera que la juventud y los profesores lo apoyen y con sus acciones muestran el inconformismo de un modelo educativo en crisis que él puede cambiar. De allí que el ministro de Educación le ofrezca a los jóvenes, en las asambleas universitarias, acompañarlos a la calle a exigir más recursos.   Ganan el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín cuando la gente ve a unos jóvenes universitarios protestando y violentando las calles. Con ello se abre la posibilidad de insistir en sus discursos lo importante que son las propuestas represivas y lo conveniente que resulta para el país resucitar el modelo de seguridad democrática. Incluso, ven en estas manifestaciones una oportunidad para pensar en el cambio del actual rector, para que llegue “por fin” la tranquilidad a la UdeA y se permita instaurar otra cabeza que esté alineado con ellos.   En conclusión, la Universidad de Antioquia se encuentra en medio de una confrontación política, entre el poder nacional y los regionales, por llevar uno u otro bando a la Presidencia de la República. Una pelea que ha convertido a la UdeA en un campo de batalla o si se quiere un instrumento para acumular poder político. Una pelea que durará mucho tiempo, al menos 18 meses mientras se hacen las elecciones presidenciales. Pero en la que, al final, todos perdemos.   Pierde el Gobierno nacional, al poner en riesgo la segunda institución educativa más importante del país, quien hoy, a pesar de la crisis, sigue aportando a la investigación. Y pierde los gobiernos departamental y municipal, pues se está afectando seriamente la calidad y cobertura de la educación, en un departamento donde la UdeA hace presencia con el multicampus en todo el territorio paisa y, además, donde más de la mitad de sus estudiantes son de Medellín.   Pero, en especial, perdemos todos como sociedad, al permitir que, por un lado, se critique y ponga en cuestionamiento la importancia de la educación pública para el desarrollo, la equidad y el cambio social; y por el otro, que se perdone al Estado por no cumplir con su responsabilidad de ofrecer a todos los ciudadanos una educación pública y gratuita, responsabilidad que se la entregan a la misma universidad al tener ella que conseguir el dinero para que se amplíe y mantenga el derecho a la educación en los territorios.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista La cumbre del G20, inaugurada este lunes en Río de Janeiro, ha marcado el inicio de un espacio clave para abordar algunos de los desafíos globales más urgentes. Bajo el liderazgo de Brasil, la cumbre de este año se ha centrado en la lucha contra el hambre, la pobreza y el cambio climático, temas que no solo afectan a las principales economías del mundo, sino que también impactan profundamente a los países más vulnerables. En este contexto , el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa ambiciosa que cuenta con 147 miembros fundadores, incluidos 81 países y 24 organizaciones internacionales. El lanzamiento de esta alianza subraya la importancia de la cooperación global en la resolución de problemas que afectan a miles de millones de personas en todo el planeta. Este esfuerzo colectivo busca establecer un marco para combatir la desigualdad y garantizar la seguridad alimentaria en un mundo donde, según datos de la ONU, millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. La alianza es un claro reflejo de la urgencia de enfrentar los retos sociales y medioambientales de manera conjunta, especialmente en un contexto donde el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las principales economías del G20. A pesar de los esfuerzos por centrar la atención en estos temas cruciales, la situación geopolítica mundial sigue siendo compleja. Las tensiones por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio ocupan un lugar importante en las conversaciones globales. Sin embargo, el presidente Lula ha hecho un llamado para que la cumbre se enfoque en los problemas que afectan a aquellos que no están involucrados en guerras, pero que sufren las consecuencias de la pobreza y la exclusión. “Si nos centramos solo en las guerras, no vamos a discutir lo que realmente importa a aquellos que no están en guerra, pero sí sufren de pobreza”, señaló Lula en su intervención, insistiendo en que los temas de inclusión social no deben ser eclipsados por las crisis bélicas. En paralelo, la ciudad de Río de Janeiro se ha transformado en un escenario de alta seguridad, con más de 25,000 uniformados y 5,000 cámaras de seguridad vigilando los espacios públicos. Las medidas excepcionales de seguridad son una respuesta al clima de tensión que ha prevalecido en Brasil, especialmente tras un atentado en Brasilia, donde un hombre intentó ingresar a la corte suprema con explosivos. Este incidente elevó la preocupación por la seguridad en el país, lo que llevó a la instalación de tanques militares y un dispositivo de protección que garantiza el desarrollo ordenado de la cumbre.   Uno de los momentos más esperados para Colombia de esta cumbre fue el primer encuentro bilateral entre los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente. Este saludo, que fue transmitido en vivo por los medios de comunicación brasileños, estuvo marcado por la efusividad de ambos mandatarios, quienes se mostraron cercanos y conciliadores. El gesto simboliza una relación que, a pesar de los desacuerdos pasados, especialmente en torno a la ausencia de Lula en la COP16 en Cali, sigue avanzando. Petro, quien había calificado previamente la ausencia de Lula de “decepcionante”, parece haber dejado atrás las tensiones, buscando una cooperación más estrecha entre los dos países. Durante su visita, Petro ha expresado su intención de posicionar a Colombia como un líder global en la lucha contra el cambio climático y la inclusión social. En su agenda destacan encuentros con importantes figuras internacionales, incluidos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y representantes de la comunidad internacional, con quienes discutirá temas clave como la acción climática, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Además, Petro ha subrayado la importancia de una mayor inclusión de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en las discusiones globales del G20, buscando fortalecer la representación de América Latina en las grandes decisiones del foro. En sus conversaciones con líderes internacionales, Petro también ha impulsado la necesidad de transformar la gobernanza global, haciendo un llamado a una reforma en las Naciones Unidas que permita una mayor equidad en la toma de decisiones internacionales. Estos temas de gobernanza también estarán en el centro de sus intervenciones durante las sesiones de la cumbre, donde hablará sobre la necesidad de una transición energética justa, la inclusión social y la reducción de las desigualdades. Petro, quien ha sido un firme defensor de la lucha contra el cambio climático, también discutirá la transformación energética global en el contexto de los acuerdos climáticos internacionales. En sus reuniones con figuras clave como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, abordará temas cruciales de cooperación ambiental y la necesidad de mantener la protección de la Amazonía brasileña como un eje central en la agenda global. La cuestión del cambio climático, especialmente en América Latina, es fundamental, y las discusiones sobre cómo los países pueden colaborar para alcanzar una transición energética limpia y sostenible dominarán la agenda del G20. Uno de los puntos más destacados de la participación de Colombia en la cumbre será su propuesta de inclusión en el selecto grupo de países del G20. En sus redes sociales, el presidente Petro hizo una fuerte declaración: “Colombia entrará al club del G20, con un progresismo que busca paz, equidad y oportunidades para todos”. Esta afirmación refleja no solo una visión para el futuro de Colombia, sino también un compromiso con el progreso global, centrado en la paz, la reducción de la pobreza y la justicia social. Nashry Zahgui Ibn, Coordinador de la Línea de Transición Energética y la Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destaca que, tras la COP 16, la cumbre del G20 se ha convertido en un espacio clave para avanzar en la toma de decisiones y generar alternativas hacia un desarrollo sostenible. Según Zahgui Ibn, es fundamental que Colombia participe activamente en estos espacios de decisión con potencias financieras, especialmente cuando se trata de alcanzar las metas de desarrollo sostenible, cambio climático y transición energética, que requieren presupuestos y apoyo internacional. En estas cumbres se discuten temas cruciales como los préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que resalta la importancia de que Colombia esté presente para poner sobre la mesa los compromisos asumidos en la COP 16 de Cali. Además, subraya que Colombia, gracias a su participación en la COP 16, ha logrado posicionarse globalmente como líder en la promoción de reformas urgentes frente a la crisis climática, destacándose aún más con el reconocimiento a la ministra Susana por su liderazgo mundial. Finalmente, Nashry enfatiza que el principal reto sigue siendo la financiación de las iniciativas necesarias para frenar la crisis climática, lo cual exige recursos económicos sustanciales. La presencia de Colombia en la cumbre del G20 también puedes ser una oportunidad para consolidar relaciones con África y otras regiones, en línea con los esfuerzos de la vicepresidenta Francia Márquez para fortalecer los lazos comerciales, tecnológicos y educativos con el continente africano. Esta iniciativa busca ampliar la influencia de Colombia en un contexto global cada vez más interconectado y donde las alianzas estratégicas son fundamentales para avanzar en los desafíos que enfrenta el planeta.