Por: Iván Gallo Hubo uno en especial que se comprometió de lleno en la cruzada. El cuentista Milciades Arévalo. Lo conoció en su época de actor. Raúl Gómez Jattin era un animal bello, alto, poderoso. Era 1968 y tenía 23 años. Acababa de llegar a Bogotá a estudiar derecho en el Externado. Pero no iba a clases, iba era a los ensayos. Ese año el Teatro Colón adaptó Los funerales de la mamá grande y Raúl interpretaba a un soldado. Era apenas el primer paso de una carrera que podría haber sido prominente. Pero era absolutamente contradictorio que Raúl pudiera estar encerrado en los rígidos horarios del teatro. Lo intentó igual. Le gustaba. Otro de sus amigos, Roberto Burgos Cantor, fue a otra de sus presentaciones, una adaptación del cuento de Álvaro Cepeda Samudio Las muñecas que hace Juana no tienen ojos. Una experiencia alucinada. Fue el debut y también fue el final de la temporada. Recuerda Burgos Cantor: “Al momento de acabar, el telón abajo, los aplausos en el aire, el asombro en los rostros, una nutrida ráfaga de bolas de naftalina se desgaja sobre los espectadores, rebotan en el cuerpo, golpean las sillas, ruedan por el suelo. Un olor de encierro preservado inunda el ambiente. En ese instante los espectadores quedamos encerrados en el armario en el que el director convirtió al mundo, él pone un candado y se pierde del escenario”. Con la misma determinación con la que Rimbaud se fue al Saer, Raúl regresa a Cereté. Se encierra en su vieja casa paterna ubicada en la calle Cartagenita. Su papá, Joaquín Pablo Gópez Reynero es un abogado que adoraba a su hijo. Lo dejó ser. Tenía lo más bello que un niño puede encontrar en Cereté: una biblioteca llena de novelas. Salgari, Verne, una edición de Las mil y una noches que él nunca volvió a ver pero que lo transformaría para siempre. Cuenta, en este documental que publicamos a continuación, dirigido por Roberto Triana en 1995, que se metía debajo de la cama a leer un libro que había sido prohibido por su exuberancia erótica. Miedos pendejos. Gómez Reynero adoraba que su hijo leyera. Nunca incluso le hizo un reproche por haber abandonado sus estudios de derecho en Bogotá. Que ha de ser lo que fuera. Cuando su padre murió, en el entierro, Raúl tuvo uno de sus ataques y se aferró al féretro y no lo quería dejar bajar Su mamá se llamaba Lola Jattin, también la quiso “a pesar de que lo trajo al mundo”. A la que odió fue a su abuela. El poema está en la primera parte de sus Retratos, se llama Abuela oriental A esa abuela ensoñada venida de Constantinopla A esa mujer malvada que esquilmaba el pan A ese monstruo mitológico con un vientre crecido como una cabeza gigante Yo la odié en la niñez A esa casa en Cereté regresa Gómez Jattin después de que todos han muerto. Una casa llena de fantasmas. Hasta allá va Milciades Arévalo a mediados de los años ochenta a rescatarlo. Muchos afirman que fue Milciades el que descubrió a Gómez Jattin pero él mismo, honesto practicante, aclara que fue Juan Manuel Ponce quien en 1980 publicó sus primeros poemas en una edición que hoy debe valer oro. Gómez Jattin sólo publicó por primera vez a los 35 años y eso que su padre le había dicho cuando tenía seis años que estaba claro que su destino iba a ser escribir. Milciades toca la puerta y sale el gigante en sandalias, con su cara de árabe ya sin pelo en la cabeza. La casa está completamente vacía e incluso se le ha arrancado algunos tablones al piso. En las paredes aparece compulsivamente escrita el nombre una y otra vez de Lola Jattin. Está lúcido. Hablan de poesía. Gómez Jattin quiere regresar a Bogotá. Salen. Caminan por las calles de Cereté, las mismas donde el poeta, en sus desvaríos, ha sido detenido por hacerlo desnudo. Compran una botella de vino. Milciades se sube al bus de regreso a la capital. Lleva un cataparcio con la obra del poeta. Promete regar por el mundo su evangelio. Lo hace. Antes de despedirse Gómez Jattin, como si fuera un niño, le hace una confesión: “Yo quisiera ser tan popular como Celia Cruz”. En la capital Milciades, como un apostol adicto, cumple con enviarle los versos a los principales periódicos. En entonces cuando Santiago Mutis incluye su obra en Panorama inédito de la nueva poesía colombiana, 1970-1986, salió una reseña del propio Milciades sobre su obra en el Magazín dominical. Gómez Jattin regresa a Bogotá. Sufre otra crisis, se recupera en una clínica en la calle 100 con autopista norte. Sale otra vez, se siente fuerte, ahí está Beatriz Vélez Cobo, la pintora, cuidando sus pasos. María Mercedes Carranza le da una oportunidad para que trabaje en la Casa de poesía José Asunción Silva pero los demonios son traicioneros. Una tarde se encuentra allí con Milciades, sin razón alguna le pega un puño, lo alza y lo estrella contra el andén. Tres costillas rotas. “Raúl, ¿por qué me haces esto?” Le pregunta. Y Raúl no puede contestar. Al otro día, después de insultar a María Mercedes, le rompe a piedra los vidrios de la casa de poesía. En los breves momentos de lucidez puede construir una de las obras mas bellas de la poesía colombiana. Retratosen donde cuenta su cotidianidad en Cartagena y el Valle del Sinú, sus reinos e Hijos del tiempo, en donde no teme contarnos donde pasan las noches los jaguares con los que se divierte Moctezuma, se revela como un poeta universal. En esos breves momentos de calma es aclamado en televisión por el ex presidente López Michelsen, afirmando que es el mejor poeta vivo, muy a pesar de Álvaro Mutis, Darío Jaramillo Agudelo, otro de sus amigos incondicionales, le da la oportunidad, después de regresar de una cura de reposo en Cuba, en 1995, de hacer talleres de poesía en el Banco de la República de Cartagena. Hernán Vargascarreño lo deja quedar unos días en su apartamento en Santa Marta. Pero la locura se ha ensañado contra él. Y aunque diga en esta entrevista que le hacen en una clínica San Pablo en Cartagena que la locura es su inspiración, se puede afirmar que Raúl Gómez Jattin escribió a pesar de esa enfermedad horrible. El 23 de mayo de 1997 se levantó contento. Se bañó y se puso sus mejores ropas. Dejó escrito en un papel el que sería su último poema, y caminó por el sector de la India Catalina. Un repartido de periódicos pudo ver como el poeta se le arrojaba a un bus. Tenía 52 años. Esta entrevista de 1992, muestra al poeta en un intervalo entre la lucidez y la locura. Allí siempre lo trataron como lo que era: un ángel caído al que no se le podía juzgar, tan sólo darle amor:

Por: Guillermo linero Montes Es bastante evidente que el expresidente Uribe sigue siendo en Colombia el supremo líder de la derecha y de la extrema derecha. No en vano, a la gente que se manifiesta afín a su línea política, así no tengan nada que ver con el expresidente, ni con el Centro Democrático, se les denomina peyorativamente “uribistas”. De hecho -exceptuando al Centro Democrático, y por cuenta de las confesiones de miembros de las fuerzas militares acerca de los 6.402 jóvenes asesinados por la espalda- los seguidores de los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y César Gaviria; tanto como los militantes de los partidos Cambio radical, De La U, y Conservador, venían negando sus nexos lacayos con el expresidente Uribe, cuando lo cierto es que, desde el 2002, nunca le han desconocido su condición de líder de la derecha. Por eso, al expresidente Uribe, no le ha preocupado que lo hayan dejado solo, o que lo nieguen sin aspavientos, pues entiende que eso es parte de una estrategia de tales partidos para no contaminarse con todo lo atroz que la mayoría de los colombianos y colombianas dicen acerca de él. De hecho, estos partidos citados están conectados visceralmente a los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, y han sido beneficiarios conscientes de tal contexto político, donde robarse las arcas del estado era parte de las reglas de juego y, para conseguirlo, la corruptela era una regla de oro en las contrataciones estatales. La idea falaz de que cuando se roba al estado se roba a un ente abstracto, dio pie a una moral política rapaz que, sólo y únicamente resultaba rentable para los clanes políticos y sus familias, si la ignorancia del pueblo se mantenía como otra regla de oro. Cuando algunos valientes politólogos o pensadores libres, empezaron a denunciar que Colombia era un “narco estado”, o una “narco-democracia”, se referían, sin precisarlo, no sólo a los vínculos de políticos y gobernantes con el narcotráfico (pues eso ha sido igualmente un recurso financiero de las guerrillas y de las bandas criminales), sino se referían, también, a la corrupción política. Dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción, que hoy están siendo fuertemente afectadas por las acciones de las fuerzas militares al mando del presidente Gustavo Petro. De hecho, los estertores de la agonía de estas dos maneras del crimen organizado, se visualizan en los erizamientos de la oposición, cuyo único y real interés es no perder los poderes políticos y económicos, obtenidos precisamente gracias a esas dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción. Lo cierto es que los partidos de derecha, hasta hace muy poco -con vergonzante hipocresía- se mostraban distantes del expresidente Uribe; pero hoy vuelven a mostrarse alineados a sus perversidades, sin duda movidos por el odio que le profesan en común al presidente Petro y por la fobia que le tienen a las prebendas sociales. En efecto, los partidos de derecha coinciden con el expresidente en esta barbaridad: que a falta de verdades jurídicas y de hechos políticos negativos -con los cuales acusar y derrocar al presidente- y después de haber fracasado con las estrategias del golpe blando (con falsas noticias, guerra legal y desprestigio infundado) no queda otra opción que pensar en darle al presidente un golpe fuerte, un golpe militar. Sería muy descabellado e irresponsable, exponer esto así, como lo estoy haciendo, de no ser porque el expresidente Uribe, ha convocado públicamente a las fuerzas militares para que desobedezcan las órdenes del presidente, que es constitucionalmente el jefe máximo de las fuerzas militares. Ha dicho Uribe que: “Las fuerzas militares no pueden quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras que ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN, para que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular, finalmente armada, y de otro lado las fuerzas armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia, por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la república”. En lógica consecuencia, la alineación a la cual me he referido, toma forma con la actitud de estos partidos mentados que, frente a estas declaraciones temerarias del expresidente, han preferido guardar un silencio cómplice, del cual se traduce una suerte de implícita aceptación. Y, desde luego, tal postura resulta bastante coherente, si consideramos que, ya en mitad del mandato de Petro, comienza la lucha electoral y es apenas natural que estén visualizando la victoria de otro progresista, o de cualquier candidato que asegure la continuidad de las políticas del presidente Petro. De tal suerte, es apenas lógico deducir que, para impedir que ello ocurra, hayan decidido cambiar de estrategia, pasando del fallido libreto del golpe blando, al libreto de un golpe fuerte, de un golpe militar. Si lo expresado por el expresidente Uribe en la Universidad de la Sabana, lo hubiera dicho Pedro, Martha, Miguel, Clara, Esteban, Nicolás, o cualquier ciudadano común y corriente -bien en una cafetería, en una cancha de futbol o en cualquier lugar de menor importancia que un estrado universitario- sería desproporcionado amenazarles con la cárcel, recordándoles los artículos 467 y 468, del código penal colombiano, que castigan la sedición. Y juzgarlos por ello, sería en verdad una pérdida de tiempo y de dinero para la justicia; porque, los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes, con ese lenguaje de rebelión no pondrían en riesgo la seguridad nacional por falta de una audiencia que se les sume. Pero, si quien lo expresa es alguien que ha estado al mando de las fuerzas militares por casi 20 años -como lo estuvo el expresidente Álvaro Uribe en un periodo de atroces delitos- y además lleva las riendas de un partido político opuesto al gobierno; entonces es de temer, y hay que recordarle al expresidente que las leyes colombianas, igual que todas las leyes del mundo civilizado, tienen la función teleológica de advertir -o de amenazar si prefiere interpretarlo así- acerca de que las conductas tipificadas como delictuosas en nuestro código penal, ocasionan sanciones y castigos.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Espectador El 6 de agosto del 2020 la Nación fue condenada por haber chuzado a Petro. Esto parece haberse olvidado con relativa facilidad. En medio del intercambio de mensajes entre el actual presidente y Álvaro Uribe, Petro recordó estos hecho a través de su cuenta en la red social X: “No hay, sino que recordar cuando, después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. "Pregúntele al DAS", dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril”. Por eso es oportuno publicar este capítulo incluido en el libro Parapolítica: historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, recientemente publicado por la editorial Planeta. En él se cuenta la estrecha relación que tuvo Uribe con Noguera, quien sería condenado por las interceptaciones telefónicas que hizo desde el DAS, entidad que dirigía, hacia los principales enemigos del gobierno Uribe. Este es el capítulo: Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia pero sólo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002 siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario -tenía 39 años en ese momento- como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que en ese momento tenía 7.000 funcionarios a su cargo. Noguera le calzó como un guante al poderoso presidente. En el año 2004 entró a hacer un revolcón en ese organismo y lo ajustó de acuerdo al llamado estatuto antiterrorista con el que Uribe pensaba descabezar a las FARC. Una de las determinaciones que asumió Noguera fue nombrar a José Miguel Narvaez como subdirector del DAS, cargo en el que duró sólo cinco meses. Durante una década -como lo comprobaría la justicia años después- entre 1995 y 2005 Narváez llevaba una doble vida. Era un académico distinguido, un padre de familia respetable, con una fuerte afinidad con el ejército y con algunos industriales. También era un impulsor de políticas de seguridad tan cuestionables como las CONVIVIR de Antioquia. Además está documentado que visitaba a comandantes paramilitares como Carlos Castaño en sus fincas en Córdoba y le llevaba listas de posibles aliados de la guerrilla. Uno de esos nombres al que él aconsejó matar fue a Jaime Garzón. La orden de asesinar al comediante le terminó pesando en la consciencia a uno de los creadores de las AUC. Pronto esa relación de Narváez con los paracos terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. El acucioso periodista Julián Martínez explicó en su momento cómo Noguera instigó la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis en el 2004. La caída del director del DAS empezó con la incautación del computador de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Se llamaba Edgar Ignacio Fierro. Entre los años 2003 y 2004 comandó el frente José Pablo Diaz. Fierro conocía esa parte de la Costa porque había estado allí cuando fue teniente del ejército. Fierro conoció a Jorge 40 cuando él empezaba a ser conocido como un comandante paramilitar de los duros. Por él llega a las AUC. Se especializaron en el Atlántico, a matar y a extorsionar. Según Verdad Abierta  “las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos”. El CTI lo capturó en un conjunto residencial cerca al aeropuerto de Santa Marta llamado Villa Canaria. Recién, cinco días atrás, se acababa de desmovilizar. Incluso cuando lo agarraron creyeron que con la versión libre que había dado se había salvado. Los crímenes que había cometido habían sonado como la caída de una caja de hierro, el asesinato de Andreis, del expresidente del sindicato de Tele Caribe Adán Pacheco, del defensor de derechos humanos Pedro Orozco, hasta el líder de los desplazados en Atlántico Miguel Espinosa Rangel. Todos los crímenes de Don Antonio, todos los políticos que habían comprado las AUC en el Caribe, todo reposaba en su computador personal. En él había una carpeta que se llamaba “Amigos del DAS”. El nombre era una ironía: eran 116 personas con diversas profesiones y actividades que tenían una cosa en común, combatir ideológicamente a los paramilitares. Uno de ellos era Correa de Andreis, un profesor con una experiencia de 23 años cuyo único delito había sido ayudar a las poblaciones desplazadas de Atlántico y Bolívar. Ese apoyo a los que no tenían nada le valió ser acusado como ideólogo del frente 59 de las FARC, calumnia por la que pagó cárcel. Jamás tuvo tiempo para militar en guerrilla alguna. De Andreis estudió ingeniería agrónoma y sociología- Estudió una maestría en Francia y uno de sus amigos, el columnista Alvaro Camacho, lo describió de este manera: “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”. Lo terminó condenando sus estudios sobre el desplazamiento forzado en el Magdalena. El viernes 17 de septiembre del 2004, mientras caminaba por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla, dos sicarios lo mataron. “Ey loco, no dispare”. Alcanzó a decir. Pero la orden estaba dada. Y la orden había provenido de Jorge Noguera como determinaría la justicia en el 2011. A este crimen se le sumaba a uno de los consentidos de Uribe los señalamientos del ex jefe de sistemas del DAS, Rafael García, quien afirmó que, mientras Noguera era su jefe, le ordenó borrar antecedentes de personas que le debían a la justicia. Muchos de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, mejor conocido como Jorge 40. Además, fue el hombre detrás de las famosas chuzadas del DAS, crimen por el que también pagó María del Pilar Hurtado Noguera saldría del DAS por la puerta grande. Fue nombrado por Uribe como cónsul en Milán, Italia. No duraría mucho tiempo en el cargo. El 8 de mayo del 2006 renunció a su cargo. El Fiscal Mario Iguarán incluso había viajado a Italia para escuchar su versión sobre los señalamientos que tenía encima por su colaboración con los paramilitares. Lo capturaron en el 2009 y en el 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto. Además se determinó que había sido el hombre que dio la orden contra Correa de Andreis. Incluso le había ordenado a un funcionario del DAS a que siguiera durante todo un año al profesor, haciéndole tomar fotos y tener toda su rutina en una carpeta para saber cuando accionar. En el 2017 la Corte lo condenó a 7 años de cárcel por el escándalo de las Chuzadas, el nombre con el que se conoció la red de espionaje que se descubrió durante el segundo mandato de Uribe y que iba dirigida contra periodistas, políticos de oposición y otros personajes de la vida pública. Desde octubre del 2020, en plena pandemia, Jorge Noguera goza de libertad condicional.

Por: Katerin Erazo, Periodista La región del nordeste antioqueño se sumerge cada vez más en una espiral de violencia y terror, donde la población civil se encuentra atrapada en medio de un conflicto armado que amenaza con desencadenar una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Las últimas noticias sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos criminales como el Clan del Golfo y una alianza conformada por disidencias de las FARC y el ELN han sembrado el temor y la incertidumbre en la zona. El gobernador Andrés Julián Rendón, consciente de la gravedad de la situación, encabeza una comisión destinada a desplazarse hacia la región este jueves, con el objetivo de evaluar la magnitud del conflicto y coordinar acciones para proteger a la población civil y evitar una catástrofe humanitaria. Los informes preliminares, aunque aún no confirmados por autoridades oficiales, señalan que entre 10 y 19 personas perdieron la vida el pasado miércoles en el área rural de Remedios, como resultado de los enfrentamientos armados. Estos combates, según relatos de la comunidad, habrían ocurrido cerca de la vereda Plaza Nueva, ubicada a varias horas de distancia del casco urbano de Remedios. Los enfrentamientos armados, además de cobrar vidas humanas, pueden resultar en desplazamientos forzados, confinamientos y otras afectaciones graves a las comunidades locales. La presencia de grupos armados en la región no es nueva, pero ha tomado un cariz preocupante desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016. El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha buscado expandir su influencia en el nordeste antioqueño, una zona estratégica por su riqueza en recursos naturales como el oro, así como por su importancia en rutas de narcotráfico y tráfico de armas. Este afán de expansión ha desencadenado una competencia feroz por el control territorial entre distintos grupos armados ilegales, exacerbando la violencia y el sufrimiento de la población local. Además, la disputa por el dominio de corredores de movilidad para actividades ilícitas ha agudizado aún más los enfrentamientos en la región. La comunidad del nordeste antioqueño ha vivido con el peso de la violencia durante décadas, siendo testigo de desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado y otras formas de violencia indiscriminada perpetradas por grupos armados al margen de la ley. A pesar de los esfuerzos de organizaciones locales y nacionales por garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos, la situación persiste y se agrava con el tiempo. La falta de una respuesta efectiva y oportuna por parte de las autoridades gubernamentales para hacer frente a esta crisis ha generado frustración y desesperanza en la población afectada. A pesar de las denuncias y alertas tempranas emitidas por organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, la violencia continúa cobrando vidas y sembrando el terror en la región. La llegada de la comisión encabezada por el gobernador Rendón es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un compromiso firme y sostenido por parte del Estado colombiano para abordar las causas subyacentes de la violencia y garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil en el nordeste antioqueño. Además de la presencia del Clan del Golfo, se han identificado nuevas subestructuras dentro de esta organización criminal, como la denominada "Carlos Mauricio García Fernández", que busca expandir su influencia en municipios clave del departamento. Estas subestructuras, lideradas por individuos con antecedentes delictivos y vínculos con el crimen organizado, representan una amenaza aún mayor para la estabilidad y seguridad de la región. La explotación de recursos naturales como el oro ha sido uno de los principales motores de la violencia en el nordeste antioqueño. La competencia por el control de minas y rutas de contrabando ha alimentado el conflicto y ha dejado a las comunidades locales atrapadas en medio de intereses criminales y económicos. La comunidad internacional también debe desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones a esta crisis humanitaria. La cooperación internacional y la asistencia humanitaria son fundamentales para apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz y la reconciliación en la región. El recrudecimiento del conflicto armado en el nordeste antioqueño exige una respuesta urgente y coordinada por parte de todas las partes involucradas. La protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos deben ser las prioridades fundamentales en cualquier estrategia para abordar esta crisis y construir un futuro de paz y prosperidad para la región.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La Republica Roberto Escobar Gaviria, mejor conocido como “El Osito” era el hermano mayor de Pablo Escobar. Cuando estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui, los PEPES, que estaban enfocados en la lucha para destruir el imperio del líder del Cartel de Medellín, le enviaron una carta bomba. El osito voló por los aires. Sobrevivió, pero, desde entonces, perdió el 70% de la visión. De la fortuna de su hermano no le quedó casi nada. Una de las pocas cosas que tenía era una casa, avaluada en 12 mil millones de pesos que acaba de ser recuperada por la SAE. Allí funcionó durante mucho tiempo una casa museo de Pablo Escobar. Cientos de turistas de todas partes del mundo iban a visitar. Cuando John Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como “Popeye” estaba libre, antes de caer en la fiesta de cumpleaños de alias Tom en una finca en Guarne, Antioquia, acompañaba los tours y contaba anécdotas macabras que reflejaban la crueldad de quien él llamaba “El Patrón”. El “Osito” en los últimos años se había quejado de no tener en donde caerse muerto. Pero la SAE acaba de develar la verdad. Poseía, por medio de testaferros, ocho propiedades. Nada más el lugr donde funcionaba la Casa Museo estaba escriturada a nombre de Hernando del Río Duque. Las otras, en las escrituras, figuraban hijastros y parientes del Osito. En los años setenta Pablo y Roberto Escobar Gaviria eran muy cercanos. Los unía una pasión, el ciclismo. Roberto fue reacio a participar, al principio Roberto vivía de una fábrica de bicicletas que él mismo había montado. Pero las montañas de dólares fueron socavando su moral. A principios de los ochenta ambos participaban no sólo de negocios turbios sino que compartían pasiones como el automovilismo y el ciclismo. Crearon un equipo llamado el Ositto que corrió profesionalmente. Incluso en 1981 Escobar estaba decidido a invertir la plata necesaria para que este fuera el primer equipo colombiano en correr en Tour de Francia. Eran los tiempos en los que Pablo Escobar iba al congreso, como suplente de un representante a la Cámara por el Partido Liberal. Consentía a senadores y periodistas en su imponente Hacienda Nápoles. En 1984 todo este esplendor empezaría a opacarse después de ordenar el asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar fue asesinado el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, sobre el tejado de una casa en Medellín. Desde entonces su tumba, edificios como el Mónaco -que fue demolido- los lugares en donde efectuó sus atentados, se convirtieron en lugares de peregrinación para extranjeros. Sucesivas alcaldías de Medellín han intentado acabar con estos sitios de memoria. La casa de Roberto Escobar era una de ellas. Otra de las propiedades que intervino la SAE fue una finca de 32 hectáreas ubicada en el municipio de Supía, Caldas. A sus 78 años el Osito recibió el que tal vez pueda ser el golpe que lo mandará a la lona.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: Colombiano y Zona Cero Alirio Uribe arrancó en el Colectivo de abogados José Alvear en la década de los noventa. Ya el CAJAR había soportado épocas muy convulsas como la persecución que vivieron los defensores de derechos humanos desde 1978 a 1982 por culpa del Estatuto de Seguridad, en donde le entrega a los militares las llaves del país. El aporte de Alirio Uribe fue fundamental para recopilar los primeros datos sobre la creación de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y, también, sobre la penetración de estos grupos en organismos de seguridad del Estado como el DAS. Bumangués, nacido en 1960, le interesa Barrancabermeja. En los años ochenta viaja con frecuencia al puerto petrolero. Le interesa mucho el movimiento social allá. La capacidad que se tenía era impresionante. A los políticos les interesaba la gente, si llegaban de otras partes del Magdalena personas en condición de desplazamiento y se instalaban en un terreno baldío era inmediata la capacidad para ponerle servicios públicos a la gente. Una de las razones de visitar Barranca era atender los continuos atropellos que sufrían líderes barriales, gente de los sindicatos de Ecopetrol. A medida que pasa el tiempo las agresiones por parte de agentes del Estado contra el movimiento social se recrudecen. Arrecian las masacres, los asesinatos selectivos. El 16 de mayo de 1998 ocurriría la peor de todas. En una tarde de sábado los paramilitares entraron al barrio El Campín y durante tres horas -sin que interviniera la Fuerza Pública- asesinaron a veinticinco personas. El centro de operaciones de Alirio Uribe pasa a ser Bogotá. Con el colectivo José Alvear ayuda a senadores como Gustavo Petro a recoger pruebas que evidenciaran la infiltración de los paramilitares en la clase política tradicional de departamentos como Córdoba o Sucre. Desde el colectivo Alirio empieza a ganar renombre ya que se involucra en procesos como el asesinato de Jaime Garzón, instigado por José Miguel Narváez, quien fue nombrado por Álvaro Uribe subdirector del DAS, defiende a la familia del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, asesinado en plena calle en Barranquilla al lado de su escolta en el año 2002, en este hecho estaba implicado otro de los consentidos de Uribe, Jorge Noguera, director del DAS y un hombre defendido pública y enconadamente por el entonces presidente, Alirio ayudó a esclarecer el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado por orden de Carlos Castaño y quien habría contado con el apoyo de la cúpula militar. Todos estos casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso de las Chuzadas lo enfrentó directamente con Álvaro Uribe. Este gobierno, quien veía subversivos hasta debajo de las piedras, se ensañó con uno de sus abogados, Reinaldo Villalba, quien en la actualidad es el hombre que representa a Iván Cepeda en el juicio que se le sigue al expresidente por manipulación de testigos. Villalba tenía sus comunicaciones interceptadas por orden de María del Pilar Hurtado, quien sería la mujer que reemplazaría a Jorge Noguera en la dirección del DAS y al secretario de presidencia de Uribe, Bernardo Moreno. El colectivo encontró además un seguimiento exhaustivo a Villalba y al propio Alirio Uribe evidenciado en fotos saliendo de sus casas, recogiendo a sus hijos al colegio. El gobierno les seguía sus pasos. Moreno y Hurtado, como Jorge Noguera y Narváez, fueron condenados gracias a la labor del colectivo de abogados José Alvear. En el año 2011 Alirio Uribe le pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia compulsar copias para investigar al expresidente por la infiltración de los paramilitares en el DAS. Lo implicaron directamente como coautor de las chuzadas. El jurista fue mucho más allá: “El asesinato de la periodista Zully Codina y del sociólogo Alfredo Correa Andreis ocurrieron en el marco de ataques y señalamientos a periodistas opositores y defensores de derechos humanos por parte del mandatario”. El DAS necesitaba encontrar pruebas para demostrar el CAJAR pertenecía a las FARC o a otra guerrilla. Los militares, aupados por Álvaro Uribe, llamaron al CAJAR  “brazo jurídico de la subversión”. Las acciones de Alirio Uribe y el Cajar despertarían a un poderoso enemigo. El expresidente, de rencores largos, empezó a defenestrar al colectivo desde sus redes sociales. En trinos llamaba al CAJAR “Colectivo de abogados de las FARC”. Después de hacerle una visita en la cárcel a Maria del Pilar Hurtado, Uribe acusó al CAJAR de robarle un computador a la ex directora del DAS. Tal vez el primer ataque que recibió el CAJAR por parte de Uribe fue el 8 de septiembre del 2003, cuando apenas tenía un año como presidente. Sus palabras fueron las siguientes durante la transmisión de mando del Comandante de la Fuerza Aérea: colectivos de abogados, bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo”. En esos años se desarrolló una campaña de desprestigio contra el colectivo de abogados, se llamaba Operación Transmilenio, que consistía en en realizar seguimientos ilegales, tortura psicológica, amenazas e intimidaciones a integrantes del Cajar y sus familias, con el objetivo de “neutralizar” su labor, como quedó consignado en documentos del DAS que hacen parte del proceso judicial por estos hechos. Alirio, quien renunció al CAJAR en el 2013 para ser congresista, y estar al frente del Polo y luego meterse de lleno en la candidatura presidencial de Gustavo Petro que terminaría en victoria, sigue teniendo en Álvaro Uribe a un enemigo de cuidado. El país jamás olvidará que fue uno de los pocos que decidió ponerle una barrera cuando el país lo adoraba como si fuera un ídolo. Sin él la democracia Colombia hubiera quedado aún más mutilada después de los ocho años de Seguridad Democrática.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia En las últimas semanas el país ha seguido atentamente la reanudación de los diálogos de paz entre los Shottas y Espartanos, los dos grupos que, al menos en apariencia, dominan el microtráfico y la delincuencia en Buenaventura. Sin embargo la alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo da un dato que corta el aliento: el 82% de los barrios de Buenaventura tiene presencia de grupos armados o de delincuencia. A las dos bandas que surgieron después de que se disolviera La Local, la temible organización que estuvo capitaneada por Diego Optra hasta su detención en el 2019, se suman, según se verá en la infografía que aparecerá al final de este artículo, la presencia del ELN con su Frente de Guerra Occidental y el Frente Ernesto Che Guevara. Estos disputan palmo a palmo territorios con las Facciones disidentes de las antiguas FARC, como el Bloque Occidental Jacobo Arenas, por medio de su columna móvil Jaime Martínez. En el último año apareció también la Segunda Marquetalia. El Clan del Golfo, a través de las Autodefensas Gaitanistas, también es otro factor de violencia en esta ciudad del Pacífico. Desde 1999, cuando las FARC aparecieron en el puerto haciendo el secuestro masivo en la represa de Anchicayá, llevándose a más de cien personas, la tensión de la guerra no ha desaparecido. A comienzos del siglo XXI, según el relato de la Comisión de la Verdad, Buenaventura era una zona de guerra en donde se usaban de armas hasta bombas pitadoras. La violencia de las guerrillas fue ripostada por el horror de los paramilitares. Tristemente célebre es la reunión que sostuvo Vicente Castaño con empresarios de Buenaventura para tomarse el puerto. Entre los años 2000 y 2003 se cometen 19 masacres que dejan un saldo de 118 víctimas. Se desplazan más de 36 mil personas.  Detrás de este horror estaba el frente Calima de las AUC. La desmovilización paramilitar no significó otra cosa que la fragmentación en otros grupos que derivaron en estos, los Shottas y los Espertanos, que en medio de una desconfianza mutua intentan cumplir sus treguas. La alerta temprana de la Defensoría, que hemos transformado en la siguiente infografía, arroja datos escalofriantes. Entre el 2018 y el 2023 han sido víctimas de desaparición forzada 206 personas, números que dejan claro que acá el leño de la guerra sigue encendido. 19.340 personas han sido desplazadas, y se han cometido 787 homicidios selectivos en donde los principales blancos son los líderes sociales. Como hemos visto en el último informe de la línea de Seguridad y convivencia ciudadana, la extorsión, como en todo el país, se ha disparado en los últimos años. En Buenaventura, entre el 2018 y el 2023 se presentaron 951 casos de este delito. Intentar sentar en una mesa de negociación a los Shottas y Espartanos es importante, y significó que durante unos meses el ruido de los fusiles no retumbara tanto en el puerto, pero hay otros factores, como la presencia de los grupos armados que están reactivando la guerra en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista Las tensiones en el suroeste de Colombia han alcanzado niveles alarmantes, con una escalada de violencia que ha sacudido los municipios de Morales en Cauca y Jamundí en el Valle del Cauca. En la mañana del pasado lunes 20 de mayo, nuevas explosiones sacudieron estas áreas, marcando la presencia y la acción de las disidencias de las FARC. Trágicamente, estas explosiones han cobrado la vida de dos valientes oficiales de policía, recordando el peligro constante que enfrentan quienes luchan por mantener la paz en estas comunidades. Sin embargo, la amenaza no se limita a estos dos municipios. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que abarca un espectro más amplio, señalando la preocupante inseguridad en varias comunidades en Argelia, Cauca. Esta alerta resalta la presencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y una reactivación del ELN en la región. La situación descrita por la Defensoría es sombría, advirtiendo sobre violaciones continuas a los derechos humanos debido a la presencia de estos grupos armados. La consolidación del Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, plantea un riesgo significativo para la población civil. Además, se señala una posible reactivación de facciones del ELN en el sur del Cauca, con el objetivo de retomar el control de áreas estratégicas y fortalecer lazos con la Segunda Marquetalia. Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ha subrayado la importancia de abordar esta crisis con urgencia. Los recientes informes de presencia armada del Frente José María Becerra del ELN en varios corregimientos subrayan la necesidad de medidas preventivas para proteger a la población civil. La alerta también destaca un aumento en los casos de amenazas, estigmatización y homicidios dirigidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. Estos actos son denunciados como represalias por supuestos vínculos con los grupos armados en conflicto. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro ha solicitado la instalación de un consejo de seguridad permanente en el departamento del Cauca. Este llamado a la acción busca evaluar la situación de orden público en la región y coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades afectadas. Con la presencia de las Fuerzas Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa, encabezados por Iván Velásquez, se espera que se tomen medidas concretas para abordar esta crisis y restaurar la paz en estas áreas vulnerables. En los últimos días, esta ola de violencia desatada por las disidencias de las FARC ha sacudido los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, sumiendo a diversas poblaciones en un estado de intranquilidad y zozobra. La escalada de agresiones ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de estas regiones frente a los embates de grupos armados ilegales. Además, recientemente, un video circula en las redes sociales ofreciendo recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo actuar en situaciones de orden público, reflejando el temor latente que se vive en estos territorios. Los ataques perpetrados por estos grupos armados han puesto en jaque la seguridad y la estabilidad de los municipios del sur del país. Entre los episodios más lamentables se encuentra el ataque al cabildo indígena en Toribío, donde la líder Carmelina Yule Paví perdió la vida hace aproximadamente un mes. Además, en los últimos días, las disidencias han perpetrado ataques con explosivos y ráfagas de fusil contra la estación de policía en Morales, Cauca, así como contra el Banco Agrario, evidenciando una estrategia de hostigamiento hacia la Fuerza Pública y la población civil en general. Ante esta alarmante situación, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su voluntad de continuar el diálogo de paz con la mayor disidencia de las FARC. Sin embargo, ha suspendido el cese al fuego con los militantes en tres departamentos gravemente afectados: Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esta decisión ha generado un deterioro en las conversaciones con los grupos armados, desencadenando un recrudecimiento de la violencia que ha cobrado vidas y ha dejado graves daños materiales en el Cauca y otras regiones del país. La respuesta del Gobierno frente a esta situación ha sido contundente. El presidente, en un comunicado oficial, expresó: "No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz". Sin embargo, la realidad muestra la persistencia de los ataques violentos, como lo evidencia el reciente atentado que cobró la vida de cuatro soldados en el Cauca. En este contexto de violencia creciente, la población civil se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La presencia y el accionar de las disidencias de las FARC continúan representando un desafío para la seguridad y la paz en Colombia, exigiendo respuestas urgentes y coordinadas por parte de las autoridades gubernamentales y la sociedad en su conjunto.

Por: Redacción Pares El Zulia es un municipio que queda a 20 minutos del centro de Cúcuta. El paisaje cambia dramáticamente desde el río hasta el casco urbano. La aridez del paisaje cambia a un verde intenso, verde de arrozales, de pasto para el ganado. Es una zona muy rica. Tradicionalmente este ha sido el lugar en donde las familias cucuteñas han pasado un fin de semana haciendo sancochos al lado del río. Todo esto empezó a cambiar a principios de este siglo. El Bloque Catatumbo se asentó en este lugar. El 30 de noviembre dieron un golpe sobre la mesa: el asesinato, en la vereda El Salto, donde habían puesto un retén, bajaron a cinco personas de un alto y las mataron con tiros de gracia. Desde entonces El Zulia y su zona rural, han sido el blanco de los grupos armados. La situación, veinte años después, sigue siendo oscura. En marzo del 2023 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana debido a la proliferación, en este municipio, además del de Bucarasica y Sardinata, de grupos armados como el Estado Mayor Central, ELN, EPL y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El nivel de riesgo es Alto según el informe. Entre el 2018 y el 2023 en el municipio de El Zulia se han presentado 61 homicidios en el Zulia, 74 en Sardinata, y 20 en Bucarasica. Otro de los indicadores que han despertado las alarmas son los desplazamientos. En ese mismo lapso en Sardinata 453 personas tuvieron que salir corriendo de sus casas debido a los enfrentamientos entre grupos armados. La Defensoría lleva cuatro años divulgando alertas con recomendaciones específicas para cada una de las dependencias estatales que deben atender estos problemas. El problema que han tenido estos municipios, como sucede en los lugares a donde azota la guerra, es su riqueza. El auge del carbón en el Zulia, por ejemplo, habría disparado los intereses de las estructuras armadas para disputarse la zona. La minería artesanal y la ilegal también han aumentado en los últimos años. Los civiles son los que pagan el precio de la guerra. Los líderes sociales son los que más sufren. En el 2022 un líder en Bucarasica fue abaleado. Se trataba de un miembro de la mesa departamental de víctimas, Arquimides Rivera, reconocido agricultor de 49 años que recibió tres disparos en la espalda. Otro de sus compañeros en la mesa de víctimas, Jesús Emel Ochoa, saldría herido. En el municipio de Sardinata un ganadero fue secuestrado en el 2023 y los campesinos en ese municipio tienen vetado el paso por ciertas zonas debido a la instalación de minas antipersonas. El reclutamiento forzado es otro de los fantasmas que han reaparecido. En el Zulia, según la alerta temprana de la Defensoría, se presentó uno, en Sardinata se denunciaron cinco casos.. En la infografía que Inspirapaz, y el programa de Prevención y Protección de USAID, presenta a continuación se ven como otros delitos aberrantes, como la violencia sexual, presentan indicadores preocupantes. Acá un paneo al horror:

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Informador El 21 de mayo, Colombia se unió en conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, un día que marca la abolición de la esclavitud para las personas negras afrocolombianas, raizales y palenqueras desde el año 1851. Esta fecha, reconocida por el Congreso de la República mediante la ley 725 de 2001, no solo celebra la libertad, sino que también honra la diversidad étnica y cultural del país. La afrocolombianidad representa una parte fundamental del tejido social colombiano. Con una población que supera los 4.6 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población total del país, su influencia y legado se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en regiones como el Pacífico, Atlántico, Antioquia y Risaralda. La importancia de este día va más allá de la mera conmemoración histórica. Es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, reconocer las injusticias sufridas durante más de 400 años de esclavitud y reivindicar el papel crucial que desempeñan las comunidades afrodescendientes en la construcción de la identidad colombiana. En el marco de esta conmemoración, el Gobierno Nacional dio un paso significativo hacia la justicia social y la equidad. A través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, se formalizó la titulación colectiva de más de 3.173 hectáreas de tierra a comunidades negras en siete departamentos del país. Esta ceremonia de titulación representa un hito en la lucha por los derechos de las comunidades afrocolombianas, beneficiando a más de 1.046 familias de 19 consejos comunitarios. La Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, enfatizó la importancia de este logro como un paso hacia la reparación histórica y el reconocimiento de la contribución de las comunidades afrodescendientes a la sociedad colombiana. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, destacó el compromiso del gobierno en ampliar los territorios de comunidades negras, reivindicando su derecho ancestral a la tierra y su legado cultural. Las áreas tituladas beneficiaron a habitantes de La Guajira, Córdoba, Putumayo, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, fortaleciendo así la presencia y el arraigo de las comunidades afrocolombianas en sus territorios ancestrales.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación a través de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana acaba de presenta un balance de la seguridad en Colombia durante el año 2023. El delito que más ha crecido es la extorsión. Los patios de las cárceles se han convertido en los lugares donde se desarrolla este delito. El asesinato del director de La Modelo, a cargo probablemente de grupos que se dedican a la extorsión, plasma una situación que se vuelve cada vez más crítica. Entre el 2019 y el 2023 este delito aumentó en Colombia un 33.5%. Las razones que da el Balance de Seguridad presentado por pares, de la disparada de la extorsión son las siguientes: Los grupos delincuenciales han transitado hacia la captación de las rentas ilegales de la extorsión como una forma de diversificación de sus economías ilícitas, principalmente a partir del bajo flujo generado por la actividad de la pasta base de cocaína en los últimos años. La extorsión es un delito sumamente rentable para organizaciones delincuenciales de diferentes niveles. Es un delito que implica bajos costos de operación, bajos riesgos de judicialización y altas ganancias económicas (Agencia IPC, 2017). Atlántico es el departamento que más sufre este aumento. Hay una banda que es la que lidera la extorsión en Barranquilla y Soledad. Estos son los Rastrojos Costeños. En marzo del 2023 el país supo del Negro Ober. Horas después de que en un operativo de la policía fuera detenida su esposa, el temible cabecilla de la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños, viralizó un video que grabó desde su celda en la cárcel de Girón, a donde estaba desde su captura en octubre del 2021. Era la principal pesadilla de los dueños y conductores de buses urbanos en Barranquilla, a quien extorsionaba, al igual que a empleados de negocios como Uniapuestas ubicados en la Arenosa, Sincelejo y Cartagena. La recompensa que ofrecían por su captura era de 100 millones de pesos. Pero ni estando detrás de una reja dejó de amedrentar a sus víctimas. En el video anteriormente mencionado Ober, visiblemente ofuscado por la detención de su esposa, lanzó grabes amenazas a comerciantes de la Costa Atlántica mientras se fumaba lo que parecía un cigarrillo de marihuana: “Lo que está quieto se deja quieto, si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, los comerciantes me la van a pagar todito, se mueren, se mueren, ahí es donde van a llorar ustedes". Ante el escándalo el Inpec procedió a hacer un allanamiento en su celda en donde encontró celulares y algunos accesorios que están prohibidos en las cárceles. Su nombre completo es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez y desde el 2010, luego de que asesinaran, en un operativo de la policía, a Víctor Carlos Pérez de Alba, mejor conocido como La Máquina del mal. Él, junto a Ober y otro criminal conocido como el alias de Chapú, no sólo se enfrentaron a la Fuerza Pública sino que lograron desplazar al Clan del Golfo de algunas zonas de la Costa. En videos que datan del 2013 se muestran desafiantes diciéndoles al peligroso cartel dirigido en ese entonces por Otoniel  "aquí lo que manda es la gente de los Costeños, el Over y El Chapú sepan que aquí lo que manda es la gente de la costa, aquí no copiamos del Clan del Golfo ni una mon$%" Los Rastrojos Costeños es una división de los Rastrojos Vallunos, creados en el 2002 por Wilber Varela, alias Jabón, uno de los líderes del cartel del Norte del Valle. Él le dio la responsabilidad de armar y formar a esos hombres a Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Tenía como fin cuidar las rutas y los laboratorios de coca del capo. Intentaron desmovilizarse como Autodefensa pero el gobierno Uribe en el 2006 los bajó de ese bus. “Jabón” poco a poco fue perdiendo poder en este grupo. Terminaría asesinado por dos de sus hombres, Javier Antonio Calle Serna alias “Comba” y el propio Diego Rastrojo. Se fueron expandiendo hasta la frontera con Venezuela, Nariño y La Guajira. Bastaron unos años para que ellos, según Insight Crime, operaran en un tercio de los 32 departamentos de Colombia y contaran con 1.500 hombres. “El grupo colapsó en 2012 con la caída de tres de sus principales líderes. Javier Calle Serna, alias “Comba”, se entregó a Estados Unidos en mayo de 2012, y Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, fue capturado el mes siguiente. En septiembre de ese mismo año, el Loco Barrera fue capturado en Venezuela y en octubre de 2012, el hermano de Comba, Luis Enrique, también se entregó a las autoridades de Estados Unidos, dejando al grupo sin un liderazgo claro.” Se estableció una guerra entre la fracción de los rastrojos costeños y los vallunos. Los primeros ganaron. Después de la muerte de La máquina del Mal, Ober quedó campeando. Delinquió durante once años hasta que fue detenido. Desde allí habría seguido delinquiendo a pesar de pagar una condena cercana a los 50 años de cárcel por los delitos de extorsión y homicidios. Según el coordinador del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, la decisión del INPEC de trasladarlo a la cárcel de la Dorada en Caldas, no logró frenar los privilegios que hacía gala en su celda en Girón Santander en donde “empezó a hacer exigencias para tener las comodidades que precisamente tenía y que deja en claro el nivel de corrupción que impera en el INPEC y alcance criminal que puedan llegar a tener personajes como este”. En febrero los Rastrojos estuvieron en la palestra pública por supuestos apoyos al actual presidente del Senado Iván Name. Para tener una completa visión de lo que sucede con la extorsión y el panorama del delito en Colombia recomendamos ver el balance de seguridad recientemente presentado por la fundación Pares y su línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano Cuando Nestor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco supo en el 2016 que los acuerdos de La Habana llegarían a buen puerto supo cuál era su destino: seguir en la lucha armada. Tenía ascendencia sobre la guerrillerada. Desde el 2011 le había encomendado el frente “Armando Ríos”. Por eso, cuando decidió seguir en armas pudo tener a su mando 400 hombres. Como buen bandolero su nombre poco a poco se convierte en leyenda, sobre todo por la torpeza de algunos mandatarios de turno. En julio del 2022 Iván Duque anunció su muerte. En los grandes periódicos, confiando en la palabra de un presidente, se hicieron grandes perfiles sobre un hombre dedicado a la guerra. Todo era mentira. En ese momento su cabeza costaba 3.000 millones de pesos. El ejército realizó cuarenta bombardeos sobre su campamento. No encontraron más que una boina con una estrella roja. Eso fue suficiente para que el gobierno Duque diera su parte de victoria. Pero estaba vivo. A comienzos de este siglo Vera se unió a las FARC. La zona donde se movía era San Vicente del Caguan. Tenía una virtud, era un francotirador implacable. Tenía dos responsabilidades bastante desagradables dentro de la guerrilla, cuidar los cultivos ilícitos y encargarse del reclutamiento forzado. Eso le dio ascendencia sobre la tropa. Por eso en el 2016, cuando se anuncian los acuerdos de paz con el gobierno Santos, Iván Mordisco escribe un comunicado dirigido a los guerrilleros de las FARC en donde se les invitaba a seguir “la lucha insurgente” Esto era una excusa para seguir devengando carretadas de dólares a costa del narcotráfico y la extorsión. Desde el 2012, cuando estaba en la comandancia del Frente I de las FARC, se dedicaba a extorsionar comerciantes y agricultores. Su desprecio hacia el pueblo raso es más que evidente. La zona donde se mueve y lleva el terror son Guaviare, Vaupés y Vichada. Hay dos municipios en donde su influencia es absoluta, Miraflores y San José del Guaviare. Además ha convertido a municipios del occidente del país, como El Plateado, en el Cauca, en un fortín inexpugnable de las EMC. Se financia no sólo de la extorsión sino también a punta de coca. Según Insight Crime a abierto corredores de coca en Guaviare, Vichada, Vaupés y el sur del Meta, departamento desde el que se conecta con Venezuela. Lo paradójico es que uno de los criminales más buscados del país estuvo preso en el 2015. La Brigada Especial contra el narcotráfico lo detuvo en ese año. Según El Espectador fue liberado “En circunstancias que siguen siendo un misterio”. En el 2016 se alió con Gentil Duarte, cinco años después, en el 2021 se afirmaba que esta disidencia tenía presencia en 133 municipios del país, tenían dos comandos coordinados y 28 frentes. Mordisco, feroz, empezó a amenazar a firmantes de paz. Es conocido que se acercaba a los firmantes y les ofrecía un sueldo a cambio de retomar las armas y si se negaban los mataban. Después de la muerte de Gentil Duarte, Mordisco se convirtió en el duro de las EMC. Cuando anunciaron su muerte el general Vargas, entonces comandante de la policía, no pudo explicar dónde estaba su cuerpo. El cuerpo aparecería vivo en octubre del 2022, en un video, donde anunciaba, casi que con sorna, que los objetivos de las ex FARC se mantenían encolumnes. A mediados del 2023 aceptaron entrar en un proceso de negociación con el gobierno Petro. Pero sus continuos actos de violencia, que incluyen el asesinato de autoridades indígenas en Cauca, han puesto en entredicho estos diálogos. Sus grandes enemigos son la Segunda Marquetalia. Según Insight Crime Mordisco fue quien pudo estar detrás del asesinato de Jesús Santrich y hasta del atentado contra Iván Márquez. La negociación con el gobierno está en suspenso. Los dichos de Mordisco contra Petro no invitan a una reconciliación. En marzo del 2024 dijo esto sobre el presidente: "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo". Esta semana los hostigamientos constantes en municipios como Suarez, Morales en Cauca y Dagua en el Valle del Cauca, dejan ver que los métodos de este grupo armado nada tienen que ver con un grupo que tiene concepciones políticas. Mordisco está a años luz de ser el comandante de una guerrilla que tuviera en su agenda algún tipo de ideología.