Por: Katerin Erazo, Periodista En los verdes valles y montañas del Norte del Cauca, donde la tierra es fértil y la cultura ancestral se arraiga profundamente, se levanta la voz de un pueblo que ha sufrido demasiado y que clama por la paz y la justicia. Es en este escenario que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Cxhab Wala Kiwe, dirige una carta de nueve páginas al comandante del bloque occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, alias Andrés Patiño. Esta carta, tejida con el dolor y la esperanza de un pueblo que se niega a ser silenciado, es un testimonio de resistencia y dignidad en medio de la adversidad. En cada página de esta extensa misiva, se relata la historia de un pueblo marcado por la violencia y el despojo. Se habla de líderes indígenas asesinados, de comunidades enteras desplazadas, de niños reclutados a la fuerza para luchar en una guerra que no es la suya. Se denuncian los crímenes atroces cometidos por el grupo armado ilegal en la región, desde asesinatos selectivos hasta ataques indiscriminados contra la población civil. Cada palabra es un testimonio de dolor y resistencia, pero también de esperanza y determinación. La carta no solo denuncia los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el grupo armado ilegal en el departamento, sino que también cuestiona su compromiso real con la paz y la comunidad indígena. Se plantean interrogantes sobre la sinceridad y la voluntad de negociación del Estado Mayor Central, señalando contradicciones y ambigüedades en su discurso y sus acciones. La participación en actividades ilegales y el incumplimiento de los compromisos adquiridos ponen en duda la seriedad y la credibilidad de la organización insurgente en el proceso de paz. Pero más allá de las denuncias y los cuestionamientos, la carta es un llamado a la acción y la solidaridad. Es un recordatorio de que la paz no puede construirse sobre la impunidad y la violencia, sino sobre el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de todas las personas y comunidades afectadas por el conflicto. Es necesario avanzar hacia una paz integral que aborde las causas profundas del conflicto y promueva la convivencia pacífica y la prosperidad para todos. La asociación destaca la importancia de defender los territorios indígenas y exigir el respeto a la autonomía y la autodeterminación de las comunidades. Denuncia la presencia y las acciones del grupo armado ilegal en estas zonas, que vulneran los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. La protección de la tierra y los recursos naturales es esencial para la supervivencia y el bienestar de las comunidades, y cualquier amenaza o agresión contra estos territorios debe ser enfrentada con determinación y firmeza. Además, la carta es un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que apoyen y acompañen los esfuerzos de las comunidades indígenas en su lucha por la justicia y la paz. La solidaridad y la colaboración son fundamentales para enfrentar los desafíos y obstáculos que enfrentan las comunidades en su búsqueda de dignidad y derechos. En esta carta franca y directa, también líderes indígenas del Cauca cuestionaron el rumbo y las acciones de las disidencias, planteando dudas sobre la verdadera naturaleza de su lucha. En un llamado sincero, expresaron su desconcierto ante la falta de claridad en los objetivos de esta organización, contrastando las acciones violentas con el legado proclamado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Las cifras presentadas son estremecedoras: en solo cuatro años, se han registrado 374 asesinatos, 42 ataques explosivos, 214 hostigamientos a viviendas y escuelas, 225 amenazas individuales y 112 indiscriminadas, además del reclutamiento de 785 menores de edad y 25 desapariciones forzadas. Un total de 1.777 acciones violentas contra las comunidades nasa del norte del Cauca, cifras que generan alarma y preocupación. Mientras tanto, señalaron que los enfrentamientos con las fuerzas estatales representan una fracción mínima de estas cifras, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero objetivo de las disidencias. Criticaron la participación del Estado Mayor Central en el proceso de paz, denunciando intereses oscuros que van en contra de los principios de una verdadera reconciliación. La carta también destacó la falta de protección para la población civil durante los ceses al fuego, evidenciando la necesidad de un compromiso real con la seguridad y el bienestar de las comunidades. Además, desmintieron las acusaciones de nexos con el ELN, calificándolas como intentos de desviar la atención de los verdaderos problemas. En un tono de advertencia, exigieron respuestas claras y acciones concretas por parte de las disidencias. Como autoridades ancestrales en el territorio, esperan ser escuchados y considerados en la búsqueda de soluciones que realmente beneficien a las comunidades. La incertidumbre y la preocupación son palpables, pero también la determinación de defender su tierra y su gente. En resumen, la carta de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca es un poderoso testimonio de resistencia y esperanza en medio de la adversidad. Es un llamado a la acción y la solidaridad en defensa de la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas y de todas las personas afectadas por el conflicto. Es un recordatorio de que la paz es posible, pero requiere el compromiso y la voluntad de todos los actores involucrados. Es un grito de justicia en un mundo marcado por la injusticia y la desigualdad, y una luz de esperanza en la oscuridad del conflicto y la violencia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Congreso visible Miguel Uribe Turbay ha sido uno de los críticos más duros que ha tenido este gobierno. Su cercanía ideológica con Álvaro Uribe es innegable. Pasó de ser un turbayista pura sangre a un uribista incondicional. Su madre, Diana Turbay, fue una de las mártires de Pablo Escobar y uno de los símbolos de la libertad de prensa. Sin embargo, a 46 años del inicio de su gobierno, el legado de su abuelo como presidente es al menos cuestionable. Con la distancia de los años se le pueden criticar decisiones que derivaron en abusos. Uno de ellos fue el estatuto de seguridad. En los años en los que estuvo mandando, que fueron entre 1978 y 1982, ser líder estudiantil se convirtió en Colombia en un trabajo de alto riesgo. Al igual que ser sindicalista, asistir a marchas, ejercer la democracia. Todo por el Estatuto de Seguridad. Los menores de cuarenta años no lo deben recordar demasiado, así que acá les contaremos qué es. En 1977 se realizó un paro nacional de proporciones monumentales. Entre el 14 y 15 de septiembre las calles se llenaron de gente, un estallido popular que no se veía desde el 9 de abril de 1948 cuando la gente salió a pedir venganza por la muerte de Gaitán. En ese momento López Michelsen era el presidente y se considera que su decisión de recortar el gasto público, una medida completamente neoliberal, hizo estallar la indignación. Antes del gran paro los diversos sindicatos del país realizaron 100 huelgas. El entonces ministro de gobierno, Rafael Pardo Buelvas, empezó a usar términos como “subversivos” para descalificar la protesta lo que endureció aún más el movimiento popular. En Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se cerraron calles, se hicieron barricadas, la gente se defendió mientras exigía un aumento salarial del 50%, Congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades, derogación del Estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades, abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por el INCORA, jornada de trabajo de 8 horas y salario básico para transportadores, suspensión de decretos de reorganización del ICSS. El gobierno de López adoptó una figura que se venía manejando en los años del Frente Nacional y fue el Estado de Excepción. Esto, según la Comisión de la Verdad consistía en “Bajo su normatividad, las garantías y libertades constitucionales quedaban suspendidas mientras la autoridad reestablecía la normalidad y el orden público, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes en diferentes regiones”. Así el ejército actuó a sus anchas. El saldo no pude ser más trágico: 33 personas perdieron la vida, hubo 3.000 heridos y se capturó a tanta gente que se tuvo que usar en Bogotá la Plaza de Toros de la Santamaría y el propio estadio El Campín para retenerlos. Un mes después de que asume Julio César Turbay la presidencia, el 6 de septiembre de 1978, se expide el Decreto 1923 que terminaría tomando el nombre de Estatuto de Seguridad. Para la Comisión de la Verdad esta medida “se constituyó en la expresión máxima del estado de sitio. En los ejercicios de memoria y búsqueda de la verdad realizados por la Comisión en las diferentes regiones durante el último año, el Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social”. Este Estatuto generó allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, vimos como los militares se atrevían a hacerles juicios a civiles, Hubo magistrados de la Corte que demandaron y se enfrentaron con fiereza ante, lo que Gustavo Gallón llamo en su momento, una “dictadura constitucional”. Es que además del poder que se les entregaba a los militares había que sopesar la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, la imposición de la censura. Hubo dos hechos que servirían al gobierno para aumentar su pie de fuerza. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de gobierno de López Michelsen y el robo de cinco mil armas por parte del grupo guerrillero M-19 al Cantón Norte. Uno de los primeros jóvenes que cayó fue el reconocido actor de teatro y televisión Carlos Duplat quien fue llevado a las famosas caballerizas de Usaquén y fue torturado durante horas. Así también fue detenida y torturada la actual jefe de negociación del gobierno con el ELN, Vera Grabe, la famosa pianistas Teresita Gómez, sacerdotes jesuitas valientes como Jorge Arango y Luis Alberto Restrepo, además del famoso poeta de izquierda Luis Vidales, que todo el mundo debería conocer porque uno de sus versos está plasmado en el billete de 100 mil  y hasta el hoy presidente, Gustavo Petro. Todos los que alcanzaron a sobrevivir a violaciones, ultrajes, tortura con aparatos eléctricos, métodos copiados de la vileza de la dictadura argentina, concuerdan en que estas caballerizas estaban completamente llenas. Hubo periodistas valientes como Guillermo Cano que hicieron encendidas críticas desde la editorial de El Espectador para frenar la babarie, por primera vez Amnistía Internacional visitó el país. La situación que se vivía en Colombia tuvo ribetes internacional cuando, en 1981, el escritor Gabriel García Márquez tuvo que empacar e irse exiliado porque le revelaron un plan para matarlo, supuestamente por ser parte de una de las guerrillas. Él simplemente participaba del comité editorial de la Revista Alternativa, un medio de izquierda, que, por supuesto, no toleraba a Turbay. Las críticas no sólo estuvieron a cargo de la prensa. El político liberal Darío Echandía salió del ostracismo a denunciar El dictador de este país es el general Luis Carlos Camacho Leyva”, comandante del ejército, quien actuaba como “el dueño del gobierno y el mentor de la política dura”. La sociedad civil se fortaleció. Según el informe de la Comisión de la Verdad “Nació el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) creado después del primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas, organizado en Bogotá en 1979, como respuesta al Estatuto de Seguridad y encabezado por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, prestigioso internacionalista y diplomático”. Turbay, lejos de ser juzgado por estos hechos, fue nombrado embajador después de terminar su periodo presidencial en el Vaticano. La imagen de Turbay fue revitalizada unos años después por Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno. Bautizó el Centro de Convenciones de Cartagena con su nombre. La cercanía de Uribe, quien es un tipo agradecido, con Miguel Turbay, el cariño que se profesan, tiene que ver con la memoria del abuelo del senador. Una memoria que, sólo por la implementación del Estatuto de Seguridad, debería revisarse.

Por: Oficina Pares Pacífico El sábado 10 de febrero del 2024 el país quedó atónito ante las imágenes: a Tuluá, corazón del Valle del Cauca, se lo había tomado una banda delincuencial, La Inmaculada. La detención de Mauricio Marín, mejor conocido como Nacho, había desencadenado el caos. Esto era apenas el síntoma de una situación que Tuluá vive desde el 2021. Es tal el descontrol que no existen ni siquiera elementos para establecer datos que podrían servir para dimensionar el panorama: no se pueden conocer ni siquiera, con fiabilidad, cuántos homicidios ocurren al mes. Con los pocos elementos que hay si se puede afirmar que la extorsión, como en el resto del país, va en alza. Tuluá es el tercer municipio, detrás de Cali y Buenaventura, con mayores casos de extorsiones.  Los homicidios, las amenazas, y las desapariciones también están a la orden del día. Al terror no se escapa el alcalde de la ciudad quien ha sido amenazado por La Inmaculada, además del acoso sistemático que sufren funcionarios de la secretaría de tránsito. Incluso algunos han sido asesinados. La situación se complica aun más por las disputas entre “La Inmaculada” o también conocida como “La Oficina de Tuluá” con otras bandas urbanas como “Los de la Cruz”. ­ Mientras en la ciudad llueve en el área rural no escampa. Las disidencias de las extintas FARC, además de la avanzada del Frente 57, generan terror entre la población. La Defensoría del Pueblo le ha puesto el ojo a la situación y ha hecho énfasis en los riesgos que está corriendo Tuluá. Desde la oficina Pares Pacífico se lanza este informe, una radiografía descarnada sobre una ciudad sumida en la anarquía por culpa de los violentos. Este informe  no se queda en la mera descripción del horror, también, al final, da unas claves para salir por fin del fango. Este es el informe:

Por: Katerin Erazo, Periodista El calendario avanza inexorablemente, marcando el límite temporal para una serie de reformas fundamentales que han sido el centro de intensos debates y controversias en Colombia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura del Congreso, la presión sobre los hombros de los legisladores y el Gobierno del presidente Gustavo Petro se hace cada vez más palpable. En el escenario político colombiano, la urgencia de aprobar reformas significativas se hace evidente. La transformación del sistema de pensiones y las mejoras en las condiciones laborales son imperativos que demandan atención inmediata. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de estas reformas está plagado de obstáculos y desafíos que amenazan con retrasar su avance. La reforma pensional, en particular, ha sido objeto de un intenso escrutinio y debate en el Congreso. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Petro, busca revolucionar el sistema de pensiones en Colombia, garantizando un acceso equitativo y digno a la jubilación para todos los ciudadanos. Sin embargo, las diferencias ideológicas y políticas han generado divisiones y obstáculos en el proceso legislativo. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma pensional es el umbral de cotización a Colpensiones. El presidente Petro ha propuesto elevar este umbral a cuatro salarios mínimos, argumentando que esto garantizará una mayor protección para los trabajadores y una distribución más equitativa de los recursos del sistema de pensiones. Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupaciones entre los analistas y legisladores, quienes temen que pueda generar una carga fiscal insostenible para el Estado a largo plazo. Además, la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional ha sido objeto de debate y controversia. Mientras que algunos defienden la necesidad de implementar los cambios de manera inmediata para garantizar una transición fluida, otros argumentan que se necesita más tiempo para preparar adecuadamente a las instituciones y los ciudadanos para los cambios propuestos. En medio de estas tensiones, los representantes designados han comenzado a trabajar en la redacción de la ponencia, buscando consensos y abordando los puntos de discordia. Se han llevado a cabo audiencias públicas y consultas con expertos para recabar opiniones y sugerencias sobre el proyecto de reforma. Sin embargo, el tiempo apremia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura, el reloj está en marcha para el Congreso de la República de Colombia. La pregunta que queda en el aire es si los legisladores podrán superar las divisiones y los obstáculos políticos para aprobar las reformas necesarias para el país. En última instancia, el destino de la reforma pensional en Colombia está en manos de los líderes políticos y los representantes del pueblo. El pueblo colombiano espera con ansias una decisión que garantice un futuro más seguro y próspero para todos. La cuenta regresiva ha comenzado, y el tiempo corre. A medida que nos acercamos al final de la segunda legislatura, la urgencia de tomar medidas concretas se hace más evidente. El impacto de no aprobar estas reformas podría ser devastador para la economía y el bienestar social del país. Es imperativo que los líderes políticos pongan de lado sus diferencias y trabajen juntos en pro del interés común. En este sentido, es importante destacar el papel crucial que juega la sociedad civil en este proceso. La presión y el escrutinio público son herramientas poderosas que pueden influir en las decisiones de los legisladores y el Gobierno. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el debate público sobre estas reformas. El reloj está en marcha para el Congreso de la República de Colombia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura, la presión sobre los legisladores y el Gobierno del presidente Gustavo Petro es palpable. La reforma pensional, en particular, enfrenta desafíos significativos que deben ser superados para garantizar un futuro más seguro y próspero para todos los colombianos.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Infobae y Red+Noticias Desde comienzos de mayo la tensión en la cárcel Modelo de Bogotá se podía cortar con un cuchillo. Las amenazas se hacían sentir ante cada requisa, cada aislamiento. Se sabía que el mayor foco de extorsión en el país sucedía en las cárceles. Según el último informe de la fundación Paz y Reconciliación En Colombia la extorsión creció entre el 2022 y el 2023 un 7.9%. Pasó de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3% completan las modalidades de extorsión. Cabe resaltar que el 40% de las extorsiones se realizan en el país desde centros carcelarios. Desde la Fundación advertimos sobre las amenazas que venía sufriendo el entonces director de La Modelo, Elmer Fernandez, asesinado el pasado 16 de mayo en el norte de Bogotá. Una semana antes de estos hechos había circulado un panfleto advirtiéndole al sargento retirado que, si proseguía con las requisas y traslados de patios a reclusos, lo matarían a él y a su familia. Incluso se realizaron disparos dentro del penal para que se tuviera claro que estaban hablando en serio. Después de la muerte de Fernández asumió la dirección del centro carcelario su subdirector, el coronel Oscar Alejandro Tovar. Pero el viernes en horas de la tarde se presentó un motín dentro del penal, lo que obligó a la renuncia de Tovar. Así que la dirección cayó a cargo de una mujer, se trata de Nancy del Socorro Pérez, quien hasta ese viernes oficiaba como la mayor de prisiones del cuerpo de custodia y vigilancia. Pérez nació hace 58 años en Medellín de los cuales 38 años se los ha entregado en cuerpo y alma al INPEC. A pesar de lo difícil de la coyuntura que está pasando La Modelo, no es la primera vez que lidia con un problema de estas dimensiones. Ha estado al frente de la cárcel La Picaleña de Ibagué. Tiene título de abogada y se ha especializado en derechos humanos y competencias ciudadanas. No le temblará el pulso a la hora de endurecer medidas contra gente tan peligrosa como Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la Inmaculada, la temible banda que se apoderó de esa ciudad del valle el pasado 10 de febrero, asesinando a dos agentes de tránsito, quemando nueve vehículos y un supermercado. En el patio 4 de La Modelo también está Pedro Nel Caro, alias Pedro Pluma, quien fue el hombre que había amenazado previamente al anterior director de La Modelo. En las últimas horas Pipe Tuluá denunció que la circular que venía difundiéndose a través de redes sociales en donde La Inmaculada decretaba plan pistola contra funcionarios del INPEC, era falsa. También se ha revelado como fue el plan para asesinar a Elmer Fernández. El funcionario, que apenas completaba 42 días en el cargo, iba camino hacia su residencia cuando los sicarios que iban en una moto le dispararon en una sola oportunidad. Con esto tuvieron para asesinarlo. Al parecer dos motocicletas estuvieron implicadas en estos hechos. Una iba adelante “marcando el camino”. Se habría usado una Pulsar color verde para cometer el homicidio. Mientras tanto la emergencia carcelaria continúa en todo el país.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Semana El 26 de marzo del 2024 Nelson Enrique Ríos, alias Gafas, fue el encargado de cortar la cinta para la entrega de una ambulancia en la zona limítrofe entre el Tambo y Argelia. Era la zona del Cañón del Micay, que ha sido uno de los focos de la guerra en el Cauca. Era un gesto con el que Iván Mordisco y sus tropas querían mantener viva la apariencia de que ellos sí piensan en la gente. El acto suscitó polémica. Las EMC ejercían un papel que le correspondía al Estado. El vehículo incluso les fue entregado a líderes de la junta de acción comunal de la zona. Gafas oficiaba como si fuera un ministro de un presidente llamado Mordisco. Además de la ambulancia, completamente dotada, el EMC entregaba un puesto de salud en la zona. En la entrega se difundió este comunicado: “Al corte de la cinta inaugural, fue invitado el integrante de las Farc-EP, Nelson Enrique Ríos, conocido como 'Gafas', delegado desde la mesa de dialogo, entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP para el Plan de transformación del Micay. Su presencia obedeció a los aportes que esta organización guerrillera hizo para cristalizar el sueño de mejorar las condiciones de atención en salud en la región”. Los líderes le agradecieron a las disidencias el gesto. Tres meses después de esta entrega se sabe que la ambulancia les ha servido a los heridos de las EMC en esta zona que se cuentan por decenas. El lunes 20 de mayo fue particularmente sangriento para el occidente del país. Se presentaron enfrentamientos en Morales, Cauca, donde las EMC destruyeron la estación de policía, asesinaron a dos agentes, le pusieron un bombazo al cajero electrónica de la Caja Agraria y se llevaron de allí cincuenta millones de pesos. Pusieron un bombazo en Jamundí, arremetieron en la cabecera municipal de Dagua, Valle del Cauca e hicieron ataques en Suárez. El cese al fuego con las EMC que funcionan en el occidente del país se rompió en marzo del 2024, por decisión del propio presidente de la república, después del asesinato de una líder indígena. En julio del 2023 el país volvió a saber de alias Gafas. En ese momento se anunció que formaba parte de la delegación de paz con la que las EMC buscaban llegar a acuerdos negociado con el gobierno Petro. Su última aparición en público fue el pasado 24 de abril. Ese día Andrés Patiño, el comandante del Bloque Occidental de las EMC, sacó un video respondiendo los rumores que se han difundido en medios como La Silla Vacía, sobre divisiones dentro de las disidencias. En ese video también se criticó la decisión del gobierno de romper el cese al fuego: “el ministro de defensa llevaba más de 3 meses buscando justificaciones para romper el cese al fuego con las Farc”. En ese video se ve a alias Gafas a la izquierda de Andrés Patiño. Gafas es uno de los voceros del Bloque Occidental. En el momento de la entrega de la ambulancia Ingrid Betancourt se pronunció indignada por estos hechos: Con plata untada de sangre de los niños reclutados a la fuerza por las FARC, del narcotráfico y de los secuestrados, inaugura Alex Farfan, alias gafas, quien fuera mi secuestrador, carcelero y verdugo, un puesto de salud. Están preparando las elecciones del 2026. Antes los politiqueros repartían mercados, ahora los criminales inauguran puestos de salud.Ese es el Cambio de Petro.” Alias Gafas, junto a alias Cesar eran los custodios de la ex candidata presidencial en el momento en el que miembros del ejército, disfrazados de cruz roja, rescataron a ella y a otros 11 secuestrados en lo que se denominó la Operación Jaque. El verdadero nombre de Gafas es Alexander Farfán. Según un reportaje del periodista suizo Frederich Blassel, el rescate habría sido negociado por alias César quien habría recibido en ese momento 20 millones de dólares. Gafas había sido uno de los firmantes de la paz con Santos pero después abjuró de ella y se unió a las disidencias de Mordisco. El Bloque Occidental es el que más terror está llevando a departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Por: NASHRY ZAHGUI IBN MUCKTAFI Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia “En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro mas grande que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos”, se narra en Cien Años de Soledad; pero las claves se las están llevando, entre politiqueros y promesas incumplidas; y la memoria se esta acabando, solo están quedando sentimientos de pobreza y desesperación en la Macondo real, Aracataca Magdalena, en donde la soledad ya completa mucho mas de cien años. Se pensaría que Aracataca con su fama, en estos tiempos, sería una población próspera y abundante, con calidad inigualable en el arte y las letras, haciendo dignidad a Gabo, y que por supuesto, el acueducto, del cual tanto insistió en vida nuestro Nobel, ya estaría funcionando a las mil maravillas. Pero no deja todo esto estar mas alejado de la realidad, por que parece que Aracataca nunca encontró desarrollo y vida digna, ni con los inventos de los gitanos de Melquiades. Bajo los 36 grados de calor que oscilan en un territorio de 1755 km2 y una población de 42.930 habitantes, trata de sobrevivir una comunidad olvidada, en donde se ve pasar el desarrollo del carbon por la carrilera, pero que solo pasa. No se queda. Aunque el nombre de Aracataca es conocido mundialmente, por historias, letras y un nobel; poco se sabe de que también es la cuna del talentoso fotógrafo y caricaturista Leo Matiz; de quien poco o nada se conoce allí, pero se codeo con figuras del mundo artístico internacional como Rivera y Frida en México. Este municipio que pare artes y cultura, tiene actualmente deficiencias en atención en salud, con un Centro de Salud con no muy buenas condiciones; problemas con la cobertura de servicios de agua y luz, no hay un sistema de alcantarillado para todo el municipio (pero si ha habido inversiones) y,   en medio de una crisis de altas tarifas y muchas averías en la infraestructura eléctrica, ademas con una sola empresa prestadora, Electrecaribe; Aracataca no cuenta con espacios de recepción de residuos sólidos, la calidad en la educación, irónicamente y como cuento macondiano, no es la mejor; y sin contar los conflictos entre agroindustrias y campesinos por problemas ambientales, y el hecho de que Aracataca ha estado en medio de combates entre las Autodefensas Gaitanistas y las Autodefensas Conquistadoras; hacen un panorama desolador. Pero el cuento no termina allí, y el Macondo, que por si se creía, era parte del realismo mágico del Nobel, es una especie arbórea de la familia de Malvacea, de una madera blanda, que puede alcanzar los 30 metros de altura y hasta dos diámetros de anchura en su tronco. Tiene una flor amarilla rojiza hermosa, que se convierte en su semilla; pero lo realmente hermoso y nostálgico es que cuando caen sus embarazadas flores al suelo, anuncian la llegada de la lluvia. Y Aracataca se esta quedando sin quién anuncie que viene el agua, ahora lo que está anunciando, es el olvido de Aracataca. Según la organización Cultural Casa Matiz, actualmente quedan alrededor de 89 árboles de Macondo en zona rural hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, pero ojo a esto, en Aracataca, solo quedan 3 árboles adultos y 7 jóvenes, así es, como cuento del realismo mágico, la Aracataca de Gabriel Garcia Marques se esta quedando sin sus Macondos. Y lo único que anuncian 3 viejos y 7 jóvenes son el olvido de un territorio que se nombra en el mundo, y que orgullosamente lleva en sus hombros figuras como Matiz y Garcia Marquez. Casa Matiz se ha convertido en una apuesta de jóvenes que creen que, desde la recuperación de la cultura y las tradiciones de Aracataca, se puede traer miradas, visiones, proyectos e inversión para el pueblo. Están desarrollando un proyecto de regeneración asistida de árboles de Macondo y esperan reforestar para no olvidar. PARES en medio de la apertura del Centro del Pensamiento para la Transición Energética, Gobernanza y Paz, Oficina Caribe; recibió un pequeño Macondo. Gran responsabilidad tener este árbol, pero cada institución en Colombia, que tenga en sus manos inversión, políticas, planes y programas, deberían recibir un pequeño Macondo; para que reconozcan esta responsabilidad, una pequeña vida que se convierte en la esperanza de un pueblo, de continuar un cuento, de tener vidas dignas en un territorio. Aracataca debe ser de nuevo mirada, no con los ojos de una víctima del tiempo, ni con la amargura de pueblo olvidado que se quedo en reconocimientos, si no como un territorio lleno de cultura, jóvenes y organizaciones que trabajan sin voces. “En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos”. Se narra en Cien Años de Soledad.  Que no olvidemos los sentimientos de orgullo por Aracataca, que memoricemos, en el marco de la conmemoración de los diez años de la muerte del Nobel, sus deseos por un final feliz en este cuento de Macondo, un final feliz para Aracataca.

Por: Iván Gallo El día que lo mataron, ese 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda se devolvió tres veces a su casa. Era uno de los hombres más perseguidos del país. Vivía en una casa cerca a la avenida de las Américas. Justo ese día, marcado no por el destino, sino por los paramilitares y oficiales del ejército que planearon su muerte, se devolvió en tres ocasiones. En ninguna de esas tres veces su hijo, Iván Cepeda, le pudo dar el beso de despedida. Iba en una camioneta blanca, eran las nueve de la mañana cuando le dispararon a unas pocas cuadras del lugar donde vivía. Iván vio el cadáver y sacó de su chaqueta la que sería la última columna que escribió para Voz, el semanario que dirigía con pulso firme desde hacía 20 años. La columna estaba dedicada a un hombre de teatro, muy cercano al partido comunista colombiano, que vivía exiliado en suelo ecuatoriano y que acababa de ser asesinado. Un aparte de la columna decía esto: “Leo, risa leonina, que bajo tierra parece decirnos: no dejen compañeros de alistar un acto de teatro, una canción, una pintura, que digan que Colombia y sueña”. Manuel Cepeda Vargas tenía 54 años. La narrativa oficial a querido dejar a Manuel Cepeda como un comunista radical, acaso un stalinista, que apoyaba la lucha armada, enfermo por la revolución cubana, un tipo serio, acaso intransigente. Nada más alejado que esto. Cepeda era un poeta. Un tipo de una sensibilidad que lo emparentaba más con un artista que con un stalinista. Escribía versos. Uno de ellos decía: ¿Cómo una tierra tan divinamente hermosa puede ser tan desdichada? ¿Cómo el éxtasis de los ríos costeños o las lagunas del páramo de las Delicias en lugar de formar dioses forman esclavos? Desde los veintinueve años Cepeda estuvo al frente de la JUCO. Se enamoró perdidamente de una joven diez años menor que él, Yira Castro, una periodista aguerrida cuyos reportajes denunciaban la brutalidad policial. Fue perseguida duramente durante el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. Una enfermedad la postró siendo muy joven. Murió en 1981. Iván Cepeda creció en un hogar en donde lo más importante era la justicia. Su padre pagó esto muchas veces con la cárcel. La primera vez que lo metieron preso fue en 1964, después de publicar un reportaje en el semanario Voz en donde mostraba a uno de los campesinos sobrevivientes del infame bombardeo a Marquetalia. Los hostigaron, los acorralaron. Se tuvieron que ir a vivir a lo que entonces se llamaba Checoslovaquia. Pie de foto: El joven Iván con su padre Manuel. Años felices De esos años Iván Cepeda no recuerda demasiado. Lo que si le quedan fueron las antigüedades que su papá fue coleccionando en los viajes que hizo en esos años por la cortina de hierro. Aún tiene un reloj del siglo XIX conseguido en Moscú, un cuenco tallado en Budapest, desde ese momento su interés por el arte se acrecentó. La familia Cepeda-Castro regresó a Colombia en 1969. Estaba más decidido que nunca a luchar por los que no tenían nada. Pero lejos de cualquier mamertería quería crear grupos de teatros en los barrios, convencía a escritores para hacer lecturas de poesía revolucionaria. Creía que podría ser más poderoso un verso que una consigna. Un joven que lo conoció en los años setenta le dijo al periodista Steven Dudley: “Nos enseñó que el artista debe estar comprometido con la gente. Nos enseñó que hay que ser revolucionarios honestos. La revolución comienza con nosotros, decía”. Apasionado por la historia, por las antigüedades, hay una anécdota que resume ese fervor. Un día Manuel encontró un hueso en un parqueadero. Llamó a sus hijos, empezaron a excavar, en una aventura que los metía en una atmósfera de Tin-Tin a los Cepeda. Cavaron tanto que los Cepeda encontraron un antiguo cementerio. La policía llegó e incluso hizo allanamiento. Fue una aventura inolvidable. Pero Manuel Cepeda era un tipo riguroso, por supuesto. Desde 1985, cuando la UP fue creada gracias a los acuerdos de paz de la Uribe. En esa época Iván veía todo desde la distancia que le proporcionaba estar viviendo en Bulgaria, en donde comprobó que el modelo soviético no era el más confiable. Cuando regresó en 1988 vio el desfile de entierros a los que estaban condenados el partido al que pertenecía su papá. Tenía miedo de que le fuera a pasar algo. Manuel, además de político, era un aguerrido periodista. Denunciaba el evidente plan de exterminio al que eran sometida esta colectividad. En 1991 es elegido representante a la Cámara. Como congresista descubre la existencia del “Plan golpe de gracia” con el que la cúpula militar, apoyado por grupos al margen de la ley, buscaban arrasar con lo que quedaba de la UP. Acompañado por Hernán Motta, Ovidio Marulanda y Carlos Lozano le hicieron una visita al entonces ministro de defensa, Rafael Pardo, para denunciar, con pruebas, el plan. La respuesta de Pardo les mostró que estaban condenados “No les creo”. En una intervención realizada el 9 de octubre de 1993 Manuel Cepeda demostró que no le tenía miedo a la muerte: “Hay una serie de altos mandos poderosos, el general Emilio Gilberto Bermúdez, el Comandante de las Fuerzas Militares y general Harold Bedoya, el comandante de la II división, el comandante de la IX Brigada, el coronel Rodolfo Herrera Luna, al mando de potentes destacamentos militares que se oponen al curso de las negociaciones, y que se destacan por su anticomunismo profesional”. Pie de foto: Yira Castro y su esposo Manuel Cepeda En efecto, el Plan Golpe de Gracia se ejecuta. Cae Manuel Cepeda y su familia, sabiendo lo que le espera con la justicia colombiana, decide emprender la lucha ellos solos, oficiando incluso como investigadores. Un año después de los hechos reciben una llamada. Van a la cárcel de Neiva junto con su esposa, Claudia Girón, ´quien respetada profundamente a su suegro y se involucró de lleno en esta arriesgada investigación. Allí un policía que estaba detenido por una masacre les cuenta que conoce a los dos suboficiales que oficiaron como sicarios en ese crimen. Se trataba de Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuñiga Labrador. Unas semanas después de los hechos los asesinos estaban borrachos en un bar en Neiva y comenzaron a alardear del asesinato de Manuel Cepeda. Pero no sólo tenían a un testigo sino que también tenían, por una serie de hechos fortuitos, el arma que fue disparada, una Walther 9 milímetros que había usado incluso en varias masacres. Pero nadie hace nada. Los oficiales que mataron a su papá continúan activos. Empiezan las amenazas. Cepeda y Girón se van del país. Regresan en el 2002. En el 2005 crean el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Pie de foto: Iván Cepeda lleva la foto de su padre el día en el que los paras fueron aplaudidos en el congreso Ese año la Corte condena a los dos oficiales. Pero Iván Cepeda busca que caigan las cabezas que dieron las órdenes. Estaba convencido de la participación del general Rodolfo Herrera Luna, quien murió de un infarto durante la investigación. Hacen llamada en el apartamento de Iván y Claudia. Ya no tienen miedo de las amenazas, incluso algunas les dan risa. A veces los criminales improvisan rap para improvisar. Una, dirigida a Claudia, decía el siguiente estribillo: “Sí, como no, no me diga como no, nena malparida, cuídese que la voy a matar, y a Iván también”. No eran Residente pero echaban para adelante con sus versos mal hilvanados. Igual, Claudia e Iván sabían que jugaban con fuego. En mayo del 2009 Iván Cepeda, acompañado de Piedad Córdoba y de Danilo Rueda viajan a Nueva York y hablan con Don Berna quien estaba recluido en el Metropolitan Correctional Center. El ex comandante paramilitar vio a la cara a Iván Cepeda y le pidió perdón por la muerte de su padre. Don Berna señaló a José Miguel Narvaez, nombrado subdirector del DAS por Alvaro Uribe en el 2005, como uno de los instigadores del asesinato. Pero ahí no puede terminar la cadena. Cepeda reunió suficientes pruebas como para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al estado colombiano por acción y omisión del derecho a la vida de Manuel Cepeda Vargas. El 9 de agosto del 2011, acompañado por su hermana María y su esposa Claudia Girón y del colectivo de abogados José Alvear quienes lo acompañaron fielmente y sin esperar nada a cambio en este proceso, recibía la expresión de perdón por parte del entonces presidente Juan Manuel Santos en el Capitolio Nacional. A penas se empezaba a hacer justicia. Iván Cepeda, igual, quiere que quede claro, en la historia oficial, que no sólo Don Berna, Carlos Castaño y dos oficiales estuvieron detrás del plan Golpe de Gracia. Que en este asesinato estuvieron vinculados generales, los mismos que denunció su papá en el congreso. No descansará hasta que la verdad sea única. Irrefutable y dura.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un ambiente cargado de expectativas y tensiones, este lunes dio inicio en Caracas la esperada reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este encuentro, proyectado hasta el próximo sábado 25 de mayo, marca un hito en la búsqueda de soluciones pacíficas en un conflicto que ha marcado a Venezuela y a la región durante décadas. El propósito de esta reunión, según lo expresado en un comunicado previo emitido por ambas partes, es recibir el informe ejecutivo del Modelo de Participación, Plan Nacional de Participación y Recomendaciones. Se espera que este sea el primer paso hacia la firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos, que se refiere específicamente a la participación de diversos sectores en el proceso de paz. Sin embargo, a pesar de la voluntad declarada por ambas partes, el ambiente en la mesa de diálogo se mantiene tenso, principalmente debido a los recientes diálogos que el Gobierno ha llevado a cabo con Comuneros del Sur, un frente que se separó del ELN y opera en Nariño. Esta situación ya ha provocado el aplazamiento del séptimo ciclo de negociaciones, inicialmente programado para el 12 de abril. La reactivación por parte del ELN de los secuestros de tipo extorsivo también ha generado preocupación y ha añadido complejidad al proceso. Aunque la guerrilla justificó esta medida por un supuesto incumplimiento del Gobierno en la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz, las autoridades han dejado claro que no se destinarán recursos a esta organización mientras mantenga las armas. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó la importancia de la reunión programada del 20 al 25 de este mes. Este encuentro, en primer lugar, sirve como espacio para ratificar los acuerdos previamente alcanzados por el Comité Nacional de Participación, siendo el primero de los puntos establecidos en los Acuerdos de México. Marín explicó que este comité es crucial, ya que representa el primer foro en el que están presentes delegados de diversas organizaciones sociales a nivel nacional, así como representantes del ELN. Asimismo, señaló que han estado llevando a cabo encuentros a nivel local y regional, y a través de esta secretaría técnica han logrado elaborar el documento del Comité Nacional de Participación, el cual fue publicado recientemente. Marín también resaltó la importancia de la reunión que se lleva a cabo en Caracas, Venezuela. Además de servir como momento para ratificar acuerdos, se espera que sea una oportunidad para abordar las crisis recientes, especialmente relacionadas con el tema del secuestro. La decisión del ELN de retomar esta práctica con fines extorsivos, así como la fractura ocurrida con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, son temas de gran relevancia. Se espera que este encuentro sea un escenario propicio para retomar las discusiones sobre el tratamiento de las comunicaciones entre las delegaciones del ELN y el gobierno. A pesar de estos desafíos, delegados del Gobierno, representantes de los países garantes, acompañantes y delegados de la Misión de Verificación de la ONU se han reunido este fin de semana en Caracas con la esperanza de alcanzar un acuerdo histórico. El senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno ante la mesa de diálogo, ha reiterado el compromiso de su país con el proceso de paz. "Aspiramos a que el próximo 25 de mayo por primera vez se pueda firmar un punto de la agenda con el ELN", afirmó Cepeda en declaraciones al medio de comunicación W Radio. En el corazón de esta negociación se encuentra el papel de la sociedad civil, cuya participación activa será fundamental para construir un futuro de paz duradera en la región. Con el acuerdo que se espera firmar, se abrirá formalmente la puerta a la participación de la sociedad civil en el proceso hasta mayo de 2025. A partir de los aportes de los participantes, se elaborará un plan de transformaciones que aborde los cambios necesarios para superar el conflicto armado. A medida que se desarrollen los próximos días de negociaciones en Caracas, la mirada de la comunidad internacional estará puesta en el avance de este histórico encuentro, que podría marcar el inicio de una nueva era de paz y reconciliación.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en 2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia. La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuantas páginas —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las miembros de la  Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes. Imagen 1. Fuente: tomada de El Espectador. (2012). Instantes de paz. El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las Farc-ep se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego. Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el país” (punto 1 del Acuerdo). También, en el punto 2, las Farc-ep se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que atenten “contra la libertad y la dignidad humana”. Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto. El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las Farc-ep podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”. Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros de las Farc-ep. Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República. Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación. Está, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país. Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las Farc-ep, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Saravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo). En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz (ver imagen 2). En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado. Imagen 2. Fuente: tomada de El Espectador (2012). De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Centro de Pensamiento - Oficina Caribe Fuente: CVC. Situación actual y proyecciones del sistema regional eléctrico regional. Cali, Corporación Autónoma Regional del cauca 1983. La central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá está ubicada en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de Buenaventura y Dagua, a 95 km al oeste de Cali y a 2 km de la población de El Danubio. Esta central inició operaciones en 1955 y se encuentra en el Cañón del río Anchicayá. Desde su construcción, la central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá ha enfrentado diversos conflictos con las comunidades locales, principalmente debido a la gestión inadecuada del embalse y la falta de mantenimiento de las máquinas para la remoción de sedimentos. En 2001, la acumulación de sedimentos putrefactos en el embalse llevó a la apertura de las compuertas, provocando una avalancha de lodo que devastó el río Anchicayá aguas abajo.[1] Esto resultó en la destrucción de la flora y fauna acuática, afectó gravemente los cultivos y eliminó la principal ruta de navegación de la comunidad, además de causar enfermedades en las mujeres que trabajaban con la piangua. Tras la destrucción medioambiental, la autoridad medioambiental estatal, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), declaró estar impedida para investigar al ser accionista de la empresa de energía. Por ello, el caso se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente que, tras verificar los daños, impuso a EPSA una multa de 200 millones de dólares, así como la obligación de duplicar el número de especies de acuáticas y proporcionar alimentos diarios a la población afectada. La comunidad no se conformó con estas sanciones e inició una batalla judicial para obtener una mayor compensación monetaria. En 2009 hubo dos fallos, el primero ante el Tribunal Administrativo Primero de Buenaventura el 20 de mayo, después pasó a segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del valle quien fallo a su favor el 7 de septiembre. [2] En ese mismo año, Unión Fenosa condenada a pagar 169 mil millones de pesos, vendieron los derechos al sindicato antioqueño y dejaron en reserva la plata para pagar esa indemnización. Pero las acciones del sindicato fue impugnar el fallo en lugar de acatarlo, aun cuando se contaba con el dinero. Luego la Corte Constitucional lo tomó para revisión eventual, echando para atrás los 10 años de lucha judicial de las comunidades, y pasó mucho tiempo hasta que se declaró la nulidad del proceso con la sentencia T – 274 de 2012 [2]. En la sentencia, le ordenan al Tribunal Administrativo del Valle que vuelva a realizar las pruebas, pero esta vez a una "organización con formación técnica y científica para establecer los daños y la cuantía de los mismos". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un capítulo para investigar el asunto, el fallo se considera una decisión perversa que omite muchos de los aspectos clave de la primera y segunda instancia. Cabe señalar que la maquinaria de mantenimiento de la planta no se ha vuelto a poner en marcha desde 2001. En 2021 había más sedimentos de los que se vaciaron hace 20 años y la central colmada de sedimentos. La preocupación de las comunidades es que haya una dilación en el cumplimiento de la sentencia y se pueda repetir la historia. [1] En palabras de Benjamín Mosquera asesor del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá “Durante estos veinte años la comunidad ha estado movilizada por el país, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, haciendo marchas, denuncias. La plata es importante, pero lo que nos ha movido más es la defensa de los recursos naturales y el derecho a la vida de la gente y la comunidad, que ha sido vulnerado”.[1] Los conflictos no se han limitados a ser de carácter social, ambiental y cultural, en el tiempo transcurrido desde que la comunidad interpuso la demanda hasta el día de hoy, se ha producido la masacre de Zabaletas, la ocupación de la central hidroeléctrica por parte de la guerrilla, la ruptura de las relaciones entre la comunidad y la empresa por exigir el cumplimiento de los fallos, además de existir  amenazas y propuestas de sobornos a líderes de la comunidad, también existen casos de desplazamiento como consecuencia de las amenazas de los grupos ilegales. Incluso el abogado que lleva el caso Germán Ospina ha sufrido extorsiones y tuvo que abandonar Buenaventura. [1] En febrero del 2024 la Corte Constitucional dejó en firme una condena contra varias entidades públicas por el daño ocasionado a las comunidades aledañas al Río Anchicayá, en el año 2001. Esta condena cobija a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente por el daño causado por el vertimiento de sedimentos al río durante las labores de mantenimiento realizadas a la hidroeléctrica del bajo Anchicayá. [3] La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 74 MW. Utiliza un caudal de 104 m³/s del río Anchicayá y del río Dagua, abarcando una superficie de 241 km² con un caudal medio de 9,8 m³/s y un área de drenaje de 777 km². El embalse tiene una capacidad total de 5 Mm³ y una capacidad útil de 3 Mm³, con una longitud de 2,5 km. La presa, construida con concreto macizo tipo arco de gravedad, tiene una altura de 60 metros y una longitud de estribos de 206,5 metros. La casa de máquinas está equipada con cuatro turbinas tipo Francis, dos de 17 MW y dos de 28 MW. Según XM, operador del sistema de interconexión nacional (SIN) y administrador del mercado eléctrico mayorista colombiano, las empresas hidroeléctricas suministran 11.834,57 megavatios (MW).[5] Esto corresponde al 68% de la oferta energética del país, que proviene de centrales hidroeléctricas como la de Bajo Anchicayá. Estas cifras demuestran la dependencia de energía hidroeléctrica en Colombia. No sólo es una de las formas más limpias de generación de energía en el mundo, representando para el gobierno la alternativa más viable para la generación de energía renovable en Colombia debido a larga vida, sino que también es una importante perspectiva para el futuro, ya que alrededor del 80% del potencial hidroeléctrico del país aún no se ha explotado. Desde la Pares oficina caribe, pensamos que es crucial implementar y seguir estrictos planes de manejo ambiental desde el inicio del proyecto e incluir a las comunidades locales en el proceso de planificación y operación de estos proyectos de energías renovables, lo que permitirá mitigar los conflictos y asegurar que los derechos los habitantes y sus medios de vida sean respetados. REFERENCIAS [1]       Colombia +20, “La historia de cómo una hidroeléctrica acabó con el río Anchicayá, en Buenaventura,” El Espectador. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-historia-de-como-una-hidroelectrica-acabo-con-el-rio-anchicaya-en-buenaventura/ [2]       A. Marín Correa, “Río Anchicayá, a empezar de cero,” El Espectador, Dec. 23, 2012. Accessed: Apr. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/rio-anchicaya-a-empezar-de-cero-article-376966/ [3]       M. C. Idrobo Munevar, “Confirman condena a varias entidades públicas por daños al río Anchicayá,” RTVC Sistema de Medios Públicos. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.radionacional.co/actualidad/medio-ambiente/confirman-condena-por-dano-al-rio-anchicaya [4]       “PIS - Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá,” ANLA. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.anla.gov.co/proyectos-de-interes-en-seguimiento/pis-central-hidroelectrica-bajo-anchicaya#:~:text=Capta%20un%20caudal%20de%20104%20m3%2Fs%20del%20r%C3%ADo,energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20a%20la%20zona%20suroccidente%20de%20Colombia [5]       “Hidroelectricidad, la mayor fuente de energía renovable” La Republica, Feb. 19, 2020. Accessed: May. 18, 2024. [Online]. Available: https://www.larepublica.co/especiales/colombia-potencia-energetica/hidroelectricidad-la-mayor-fuente-de-energia-renovable-2966269#:~:text=Estos%20datos%20demuestran%20la%20importancia%20de%20la%20hidroelectricidad,aprovechar%2C%20lo%20que%20genera%20grandes%20oportunidades%20a%20futuro.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Razón Pública Una jornada de terror está viviendo el Valle del Cauca este 20 de mayo. A los ataques perpetrados en la mañana del lunes en el municipio de Morales, que dejó destruida la estación de policía, la muerte de dos agentes, y la destrucción de un cajero automático de la Caja Agraria, además del robo de 50 millones de pesos, se suman ataques en Suárez y, en las últimas horas, los hostigamientos por parte del Estado Mayor Central han desatado el pánico en un colegio en Dagua. Se trata de la Institución Educativo Dagua. Un funcionario de la alcaldía habló con la fundación Pares y relató la situación: “Tenemos una oficina dentro del colegio y a las 11:30 de la mañana de este 20 de mayo presentamos hostigamiento. Tenemos miedo sobre todo por los estudiantes. Hay desespero de los niños y de la comunidad en general. Esta es una zona montañosa donde los grupos al margen de la ley aprovechan para hacer sus cometidos”. La Tercera Brigada, sobre las diez de la mañana, ya había anunciado que las EMC estaban atacando la estación de policía de ese municipio. Dagua está ubicado un cañón y tienen muchas entradas y salidas del pueblo. “Se dicen que están en la loma de las cruces, y allá queda la estación de policía. Estamos muy cerca de los combates, siempre han hecho esas tomas hacia la policía” Nos dice una fuente desde ese municipio. El hostigamiento en la cabecera municipal duró cerca de 20 minutos. Una emisora local criticó la poca reacción del ejército que duró mucho tiempo para hacer presencia y apoyar a la policía que resistió el ataque. Desde la emisora les aconsejó a las personas que se mantengan en sus casas y no caer en la tentación de salir a la calle a hacer videos de los ataques. Se dice que el avión fantasma del ejército estaría sobrevolando la zona. Dagua es una de las zonas de Valle del Cauca históricamente más martirizadas por el conflicto. Las FARC hicieron presencia a comienzos de este siglo generando un desplazamiento de 10 mil personas en el año 2000. Según el portal Verdad Abierta, las FARC, en los años noventa, “sostuvo una alianza con el Cartel de Cali: a cambio de jugosas tajadas de dinero, llamadas gramaje o impuestos a la pasta coca, los guerrilleros les garantizaban la protección de los cultivos y el insumo para producir el alcaloide para su respectiva comercialización. Así, esta guerrilla fue creciendo en número de combatientes pese a que al finalizar la década prometían llegar a un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana”. Acá operó durante mucho tiempo el frente 30 de las FARC, rebautizado como Alfonso Cano. Después de la firma de paz el EMC sigue teniendo influencia en una zona tradicionalmente explotada por sus minas. Aún no se tiene información sobre heridos en el combate que se viene presentando en la cabecera municipal de Dagua. En este video, enviado desde ese municipio, se ve el ataque desde la estación de Bomberos de Dagua.