Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en 2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia. La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuantas páginas —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las miembros de la  Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes. Imagen 1. Fuente: tomada de El Espectador. (2012). Instantes de paz. El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las Farc-ep se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego. Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el país” (punto 1 del Acuerdo). También, en el punto 2, las Farc-ep se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que atenten “contra la libertad y la dignidad humana”. Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto. El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las Farc-ep podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”. Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros de las Farc-ep. Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República. Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación. Está, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país. Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las Farc-ep, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Saravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo). En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz (ver imagen 2). En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado. Imagen 2. Fuente: tomada de El Espectador (2012). De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Centro de Pensamiento - Oficina Caribe Fuente: CVC. Situación actual y proyecciones del sistema regional eléctrico regional. Cali, Corporación Autónoma Regional del cauca 1983. La central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá está ubicada en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de Buenaventura y Dagua, a 95 km al oeste de Cali y a 2 km de la población de El Danubio. Esta central inició operaciones en 1955 y se encuentra en el Cañón del río Anchicayá. Desde su construcción, la central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá ha enfrentado diversos conflictos con las comunidades locales, principalmente debido a la gestión inadecuada del embalse y la falta de mantenimiento de las máquinas para la remoción de sedimentos. En 2001, la acumulación de sedimentos putrefactos en el embalse llevó a la apertura de las compuertas, provocando una avalancha de lodo que devastó el río Anchicayá aguas abajo.[1] Esto resultó en la destrucción de la flora y fauna acuática, afectó gravemente los cultivos y eliminó la principal ruta de navegación de la comunidad, además de causar enfermedades en las mujeres que trabajaban con la piangua. Tras la destrucción medioambiental, la autoridad medioambiental estatal, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), declaró estar impedida para investigar al ser accionista de la empresa de energía. Por ello, el caso se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente que, tras verificar los daños, impuso a EPSA una multa de 200 millones de dólares, así como la obligación de duplicar el número de especies de acuáticas y proporcionar alimentos diarios a la población afectada. La comunidad no se conformó con estas sanciones e inició una batalla judicial para obtener una mayor compensación monetaria. En 2009 hubo dos fallos, el primero ante el Tribunal Administrativo Primero de Buenaventura el 20 de mayo, después pasó a segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del valle quien fallo a su favor el 7 de septiembre. [2] En ese mismo año, Unión Fenosa condenada a pagar 169 mil millones de pesos, vendieron los derechos al sindicato antioqueño y dejaron en reserva la plata para pagar esa indemnización. Pero las acciones del sindicato fue impugnar el fallo en lugar de acatarlo, aun cuando se contaba con el dinero. Luego la Corte Constitucional lo tomó para revisión eventual, echando para atrás los 10 años de lucha judicial de las comunidades, y pasó mucho tiempo hasta que se declaró la nulidad del proceso con la sentencia T – 274 de 2012 [2]. En la sentencia, le ordenan al Tribunal Administrativo del Valle que vuelva a realizar las pruebas, pero esta vez a una "organización con formación técnica y científica para establecer los daños y la cuantía de los mismos". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un capítulo para investigar el asunto, el fallo se considera una decisión perversa que omite muchos de los aspectos clave de la primera y segunda instancia. Cabe señalar que la maquinaria de mantenimiento de la planta no se ha vuelto a poner en marcha desde 2001. En 2021 había más sedimentos de los que se vaciaron hace 20 años y la central colmada de sedimentos. La preocupación de las comunidades es que haya una dilación en el cumplimiento de la sentencia y se pueda repetir la historia. [1] En palabras de Benjamín Mosquera asesor del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá “Durante estos veinte años la comunidad ha estado movilizada por el país, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, haciendo marchas, denuncias. La plata es importante, pero lo que nos ha movido más es la defensa de los recursos naturales y el derecho a la vida de la gente y la comunidad, que ha sido vulnerado”.[1] Los conflictos no se han limitados a ser de carácter social, ambiental y cultural, en el tiempo transcurrido desde que la comunidad interpuso la demanda hasta el día de hoy, se ha producido la masacre de Zabaletas, la ocupación de la central hidroeléctrica por parte de la guerrilla, la ruptura de las relaciones entre la comunidad y la empresa por exigir el cumplimiento de los fallos, además de existir  amenazas y propuestas de sobornos a líderes de la comunidad, también existen casos de desplazamiento como consecuencia de las amenazas de los grupos ilegales. Incluso el abogado que lleva el caso Germán Ospina ha sufrido extorsiones y tuvo que abandonar Buenaventura. [1] En febrero del 2024 la Corte Constitucional dejó en firme una condena contra varias entidades públicas por el daño ocasionado a las comunidades aledañas al Río Anchicayá, en el año 2001. Esta condena cobija a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente por el daño causado por el vertimiento de sedimentos al río durante las labores de mantenimiento realizadas a la hidroeléctrica del bajo Anchicayá. [3] La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 74 MW. Utiliza un caudal de 104 m³/s del río Anchicayá y del río Dagua, abarcando una superficie de 241 km² con un caudal medio de 9,8 m³/s y un área de drenaje de 777 km². El embalse tiene una capacidad total de 5 Mm³ y una capacidad útil de 3 Mm³, con una longitud de 2,5 km. La presa, construida con concreto macizo tipo arco de gravedad, tiene una altura de 60 metros y una longitud de estribos de 206,5 metros. La casa de máquinas está equipada con cuatro turbinas tipo Francis, dos de 17 MW y dos de 28 MW. Según XM, operador del sistema de interconexión nacional (SIN) y administrador del mercado eléctrico mayorista colombiano, las empresas hidroeléctricas suministran 11.834,57 megavatios (MW).[5] Esto corresponde al 68% de la oferta energética del país, que proviene de centrales hidroeléctricas como la de Bajo Anchicayá. Estas cifras demuestran la dependencia de energía hidroeléctrica en Colombia. No sólo es una de las formas más limpias de generación de energía en el mundo, representando para el gobierno la alternativa más viable para la generación de energía renovable en Colombia debido a larga vida, sino que también es una importante perspectiva para el futuro, ya que alrededor del 80% del potencial hidroeléctrico del país aún no se ha explotado. Desde la Pares oficina caribe, pensamos que es crucial implementar y seguir estrictos planes de manejo ambiental desde el inicio del proyecto e incluir a las comunidades locales en el proceso de planificación y operación de estos proyectos de energías renovables, lo que permitirá mitigar los conflictos y asegurar que los derechos los habitantes y sus medios de vida sean respetados. REFERENCIAS [1]       Colombia +20, “La historia de cómo una hidroeléctrica acabó con el río Anchicayá, en Buenaventura,” El Espectador. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-historia-de-como-una-hidroelectrica-acabo-con-el-rio-anchicaya-en-buenaventura/ [2]       A. Marín Correa, “Río Anchicayá, a empezar de cero,” El Espectador, Dec. 23, 2012. Accessed: Apr. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/rio-anchicaya-a-empezar-de-cero-article-376966/ [3]       M. C. Idrobo Munevar, “Confirman condena a varias entidades públicas por daños al río Anchicayá,” RTVC Sistema de Medios Públicos. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.radionacional.co/actualidad/medio-ambiente/confirman-condena-por-dano-al-rio-anchicaya [4]       “PIS - Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá,” ANLA. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.anla.gov.co/proyectos-de-interes-en-seguimiento/pis-central-hidroelectrica-bajo-anchicaya#:~:text=Capta%20un%20caudal%20de%20104%20m3%2Fs%20del%20r%C3%ADo,energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20a%20la%20zona%20suroccidente%20de%20Colombia [5]       “Hidroelectricidad, la mayor fuente de energía renovable” La Republica, Feb. 19, 2020. Accessed: May. 18, 2024. [Online]. Available: https://www.larepublica.co/especiales/colombia-potencia-energetica/hidroelectricidad-la-mayor-fuente-de-energia-renovable-2966269#:~:text=Estos%20datos%20demuestran%20la%20importancia%20de%20la%20hidroelectricidad,aprovechar%2C%20lo%20que%20genera%20grandes%20oportunidades%20a%20futuro.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Razón Pública Una jornada de terror está viviendo el Valle del Cauca este 20 de mayo. A los ataques perpetrados en la mañana del lunes en el municipio de Morales, que dejó destruida la estación de policía, la muerte de dos agentes, y la destrucción de un cajero automático de la Caja Agraria, además del robo de 50 millones de pesos, se suman ataques en Suárez y, en las últimas horas, los hostigamientos por parte del Estado Mayor Central han desatado el pánico en un colegio en Dagua. Se trata de la Institución Educativo Dagua. Un funcionario de la alcaldía habló con la fundación Pares y relató la situación: “Tenemos una oficina dentro del colegio y a las 11:30 de la mañana de este 20 de mayo presentamos hostigamiento. Tenemos miedo sobre todo por los estudiantes. Hay desespero de los niños y de la comunidad en general. Esta es una zona montañosa donde los grupos al margen de la ley aprovechan para hacer sus cometidos”. La Tercera Brigada, sobre las diez de la mañana, ya había anunciado que las EMC estaban atacando la estación de policía de ese municipio. Dagua está ubicado un cañón y tienen muchas entradas y salidas del pueblo. “Se dicen que están en la loma de las cruces, y allá queda la estación de policía. Estamos muy cerca de los combates, siempre han hecho esas tomas hacia la policía” Nos dice una fuente desde ese municipio. El hostigamiento en la cabecera municipal duró cerca de 20 minutos. Una emisora local criticó la poca reacción del ejército que duró mucho tiempo para hacer presencia y apoyar a la policía que resistió el ataque. Desde la emisora les aconsejó a las personas que se mantengan en sus casas y no caer en la tentación de salir a la calle a hacer videos de los ataques. Se dice que el avión fantasma del ejército estaría sobrevolando la zona. Dagua es una de las zonas de Valle del Cauca históricamente más martirizadas por el conflicto. Las FARC hicieron presencia a comienzos de este siglo generando un desplazamiento de 10 mil personas en el año 2000. Según el portal Verdad Abierta, las FARC, en los años noventa, “sostuvo una alianza con el Cartel de Cali: a cambio de jugosas tajadas de dinero, llamadas gramaje o impuestos a la pasta coca, los guerrilleros les garantizaban la protección de los cultivos y el insumo para producir el alcaloide para su respectiva comercialización. Así, esta guerrilla fue creciendo en número de combatientes pese a que al finalizar la década prometían llegar a un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana”. Acá operó durante mucho tiempo el frente 30 de las FARC, rebautizado como Alfonso Cano. Después de la firma de paz el EMC sigue teniendo influencia en una zona tradicionalmente explotada por sus minas. Aún no se tiene información sobre heridos en el combate que se viene presentando en la cabecera municipal de Dagua. En este video, enviado desde ese municipio, se ve el ataque desde la estación de Bomberos de Dagua.

Por: Redacción Pares A las 6:30 de la mañana de este lunes 20 de mayo se escuchó de nuevo el traqueteo de las balas en Morales, Cauca. Una escena que no se veía desde hace más de dos décadas. Un grupo armado disparaba sobre la estación de policía de este municipio que apenas se despertaba para afrontar una semana más. Lo dramático es que el ataque del Estado Mayor Central ocurrió mientras padres de familia llevaban a sus hijos al colegio, la gente que iba al trabajo o abría sus negocios se encontró con el horror. El Frente Dagoberto Ramos que opera en esta zona, fue la responsable del hostigamiento. Además de atacar a la estación de policía el grupo, disidente de las FARC, hizo explotar un cajero electrónico de la Caja Agraria llevándose 50 millones de pesos de ese lugar. Este frente pertenece al Bloque Occidental de la estructura armada comandada por Iván Mordisco y que no está dialogando de paz con el gobierno. El pasado 17 de marzo, después del asesinato de tres autoridades indígenas, el gobierno Petro decidió levantar el cese al fuego con el EMC que operan en el occidente del país. Sin embargo las EMC que operan en departamentos como Caquetá, Catatumbo, Arauca y Putumayo. En Suárez, también se reportaron enfrentamientos este lunes, además de una explosión que se reportó en Jamundí, Valle del Cauca. Pero la situación del Cauca parece empeorar con el paso de los días. El pasado viernes en la carretera que une a los municipios de Miranda y Corinto se presentó una explosión. En este hostigamiento murieron dos personas, un menor de edad y un hombre de 67 años. Desde abril a mayo se han presentado en Miranda, Cauca, tres atentados. La guerra en el Cauca, según el historiador Medófilo Medina, arrancó en toda su crudeza con la masacre en 1986 de 160 personas pertenecientes al Comando Ricardo Franco Frente-Sur, una fracción disidente de las FARC, ordenada por uno de sus dos líderes, Hernando Pizarro León Gómez, en lo que se conoce como la masacre de Tacueyó. En un ataque de paranoia, Pizarro creyó que sus hombres eran informantes del ejército y los asesinó sin juicio previo. Esto causó su expulsión de esa guerrilla. Varios de esas personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas del Cauca. El 16 de noviembre de 1991, según el portal Rutas del Conflicto, 12 paramilitares, que contaron con ayuda de la policía, llegaron a la hacienda El Palo, ubicada en el corregimiento de El Nilo, cerca a Santander de Quilichao. Querían desalojar a sangre y fuego a indígenas que habían tomado la hacienda y sus quinientas hectáreas desde 1986. Los paras y los policías llegaron al lugar afirmando que querían dialogar. Lo que hicieron fue asesinar a veintiuno de ellos. El 11 de abril del 2001, un miércoles de semana santa, el Bloque Calima de las AUC asesinó a 23 personas, entre los que se contaban varios miembros de etnias indígenas. La brutalidad fue explicada por Carlos Castaño, quien habría dado la orden de asesinar a estas personas, supuestamente influencias por el ELN para  “generar impacto y hacerse sentir cuando ingresaran por primera vez a una región”. Las masacres “aleccionadoras” de los paramilitares se completaron con las que ocurrieron en San Pedro, cerca también a Santander de Quilichao La población civil, como acaba de suceder en Morales, Cauca, es la principal afectada. Siempre lo será en esta guerra cruzada entre guerrilleros y paramilitares, sobre todo a la población indígena. En ese ataque a la estación de policía de Morales resultaron muertos dos agentes. En las últimas horas el incendio se ha intensificado en el Cauca. Ya se presentan hostigamiento en Dagua, según reportaron a Pares “ Desde las montañas hay fuego cruzado que está llegando a la cabecera municipal”. Cauca parece estar condenado a una guerra que completará próximamente 40 años. Esta es una de las imágenes del horror que se vive este 20 de mayo enValle del Cauca

Por: Redacción Pares Una de las periodistas que más se acercó al coronel retirado Elmer Fernandez Velasco fue Jineth Bedoya, la principal víctima que ha tenido esta cárcel. Su tragedia ha sido ampliamente difundida y ella misma se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Velasco acompañó a Bedoya en la reconstrucción que ella vivió en el infernal patio 4. Desde este lugar habría salido la orden de asesinar al director de la Modelo y en el año 2000 ocurrió una masacre de dimensiones dantescas. En diciembre, la legendaria editora de El Tiempo le había pedido al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la dejara pintar dentro del penal un gran mural de memoria. Ella trabajó durante cuatro meses al lado del artista Nats Garu quien dirigió una obra en donde participaron presos, guardias y hasta el propio coronel Velasco. La periodista ha dicho en varios videos y artículos lo impactante que fue para ella recibir la noticia de su asesinato. El estaba entusiasmado con su trabajo. No era fácil, había que organizar a los 3.800 reclusos, garantizarles seguridad, cobijo y controlar a los extorsionistas que pululan en este lugar. Pedro Pluma era uno de ellos. El mural era una buena excusa para el desestrés. Una obra creativa que hacía volar la imaginación en un lugar donde todas las ilusiones mueren. El mural era un ejercicio de memoria. Fue Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, quien ordenó su construcción en una zona que para esa época estaba despoblada en el sector de Puente Aranda. Sus puertas se abrieron en 1960 cuando llegan los primeros reclusos. Tenía una capacidad de 1.800 cupos pero ya en los años noventa se presenta una primera gran crisis: el hacinamiento. En ese momento el porcentaje era del 300%. En un espacio de 2.200 personas habían 8.000. Entonces ocurrió la peor de las tragedias. El monstruo que mandaba en La Modelo John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lo contaría todo diez años después del horror. Entre abril y agosto de 1999 Jaime Garzón se entrevistó varias veces con Ángel Custudio Gaitán Mahecha. Él era el puente entre el periodista y el comandante paramilitar Carlos Castaño. La idea era reversar la orden que ya había caído con la determinación mortal de una guillotina: Garzón tenía que morir. El ex jefe de inteligencia del DAS, José Miguel Narváez, había incluido su nombre en una lista de colombianos que presuntamente colaborarían con las guerrillas. Castaño se mostró dubitativo después de pagarle a los sicarios. Cuando por fin habló con Garzón le dijo, según contó Popeye, que no podía hacer nada, que mejor se cuidara porque los sicarios ya habían asumido la misión y era imposible echarla para atrás. Gaitán incluso se lamentaría tiempo después de esa muerte. Eso lo contó Popeye en una audiencia ante la Fiscalía en el 2008. Popeye no sólo había sido testigo de las súplicas de Garzón sino de la peor masacre que se recuerde en la cárcel Modelo de Bogotá. Sólo existía una persona con más poder que Gaitán en esa cárcel en 1999. Se trataba de J de J Pimiento, ideólogo neonazi y mano derecha de Víctor Carranza. Sin conocerse exactamente el crimen por el que estaba encerrado en la cárcel, Pimiento fue el ungido por la casa Castaño para quitarle el poder a los guerrilleros de las FARC en el penal. Ellos estaban ubicados en el ala norte en los patios 1 y 2, pero su influencia se hacía sentir incluso en donde estaban encerrados los paramilitares, los patios 3,4 y 5 del ala sur del penal. La idea era controlar la cárcel y por eso se rumora aún que Pimiento fue puesto ahí sólo para ejercer su mano dura. La misión de Pimiento era crear el Bloque Interno capital de las AUC. Él no era el único cabecilla, estaba acompañado por José Miguel Arroyabe, que era el narco que oficiaba como financiador y, sobre todo, de Ángel Custodio Gaitán, temible comandante general. La vida de Gaitán fue un completo misterio. En 1989 su nombre apareció por primera vez en los medios nacionales. En una falsa operación del ejército en el edificio de apartamentos Altos del Portal, al norte de Bogotá, Gaitán salió ante las cámaras de televisión suplicando porque no lo mataran. En la operación fueron asesinadas cuatro personas a mansalva. El único que pudo sobrevivir fue Gaitán Mahecha. En esa época ya era cercano al esmeraldero Víctor Carranza, muerte de causa natural en el año 2013. De hecho hizo una fortuna comercializando esmeraldas en la década del ochenta. Pero también tenía contacto con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, jefe de finanzas del Cartel de Medellín quien, en ese momento, ya estaba cercado por la policía nacional. En la cárcel Gaitán logró un acuerdo con las autoridades y, según el diario El Tiempo, aportó información vital contra el Mexicano ya que se había enterado que este narco estaba pagando miles de dólares por su cabeza. Durante muchos años no se supo nada de él. Después de haber sido detenido en la Modelo resultó siendo extraditado a los Estados Unidos en donde tenía que responder por delitos relacionados con el narcotráfico. La verdad es que las amenazas en Colombia se cernían sobre él por haber hablado sobre la organización que comandaba el Mexicano. Por eso, voluntariamente, se presentó en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí lo ubicaron en una cárcel en Miami. La revista Semana en septiembre de 1989 ironizó sobre este hecho de la siguiente manera: “Todo indica que a diferencia de lo que sugiere el slogan del grupo de "Los Extraditables", Gaitán prefirió una cárcel en Estados Unidos a una tumba en Colombia”. Al país regresó en 1995, el año en los que las AUC empezaban a galopar en el campo colombiano. Su nombre fue clave para que los paras incursionaran en los Llanos. Su casa, en el norte de la capital, fue el escenario en el que se realizó una reunión para entrar a donde más les dolía a las FARC, lugares como Mapiripán o Caño Jabón, en donde se realizaron unas de las peores masacres que recuerde el conflicto colombiano. La reunión se realizó en 1997 y tenía como fin unir a la Casa Castaño con Victor Carranza, el esmeraldero mayor. A la reunión asistió Martin Llanos, líder de la Autodefensas del Casanare y el propio Pimiento, al que ya le decían en ese momento Juancho Pimiento. Un año después Gaitán fue detenido por el CTI mientras estaba reunido con los ex congresistas Carlos Herney Abadía y Jaime Lara Arjona, ambos condenados por el proceso 8000. Con el ingreso de Gaitán a la Modelo empezó el horror. Entre 1998 y el 2001 se asesinaron dentro del penal a 150 personas, hubo 500 fugados y 35 desaparecidos. Cortar en pedazos a los muertos fue una práctica que se hizo común. Según le contó a la Comisión de la Verdad un antiguo miembro de las AUC que estaba preso en La Modelo así sacaban a los muertos de ese lugar: “En los carros donde llevaban los alimentos, unos carros bien importantes que había como de a 3 o 4 canecas de comida, ahí sacaban los muertos; otros lo enterraron. Se citaban: ‘venga Felipe es que usted tiene una deuda con Santiago, venga a la cárcel y hablamos’; ¿qué sucedía?, si usted no cuadraba esa deuda o le daban tanque, donde le metían electricidad, y dentro del sur había un sitio para retenciones que era como una cueva; dejaban la gente que entraba ahí retenida. El vicio se controlaba. Las fianzas que salían de La Modelo todos los lunes eran impresionantes, por el pago de vicio, por el pago de comida, por el pago de prostitutas, por todo. En micro, la cárcel fue lo que después fue el país en macro”. Ante la falta de control del estado los que mandaban eran los paras y los guerrillos. Cuando los paras asumen el poder empiezan a controlar todo, quien vive, quien entra, quien vende, quien es castigado dentro del penal. Se le cobraba a la gente por vivir. Si se pagaba se podía disfrutar dentro de la cárcel de discoteca, gimnasio y hasta acceso a restaurante italiano. Si no se pagaba se era condenado, como contó El Tiempo en su artículo “Desapariciones, homicidios y los otros horrores por los que condenaron a ex paras”, a estar durante semanas encerrados en los túneles que surcan La Modelo, sin luz y expuestos a las ratas y chinches. “Tenía como un metro de ancho y era muy largo el túnel. Metían allí hasta cincuenta presos”. Se torturaba, se desaparecía, se desmembraba. Se violaba. Una valiente periodista, que en ese entonces investigaba sobre estos hechos para una serie de artículos publicados en El Espectador, Jineth Bedoya, vivió en carne propia el horror por una decisión que tomó el propio Ángel Custudio Gaitán y que más de dos décadas después sigue dando escalofríos. La primera matanza ocurrió unas horas después de que presos de las FARC asesinaran a los paras Yema Duque Ospina y Carlos Alberto León. Esta fue la excusa que estaban buscando para entrar a los patios donde mandaban las FARC. El 8 de diciembre de 1999 ocurriría la primera masacre. Doce personas asesinadas en el ala norte de la Modelo. Lo peor estaría por venir. El 27 de abril del año 2000 durante 12 horas, usando revólveres, ametralladoras y granadas los paras mataron a un número indeterminado de personas. Según el INPEC fueron asesinadas 32 personas. Los victimarios después reconocerían 57 personas, pero hay testigos que aseguran que la cifra superó ampliamente los 100. Las denuncias empezaron a cobrar peso y a Gaitán Mahecha lo trasladaron a la Picota donde fue asesinado el 8 de septiembre del año 2001 por un guerrillero de las FARC llamado Luis Augusto Bernal, mejor conocido como Robinson. La venganza no paró ahí. El 22 de noviembre del 2004, después de salir de un supermercado en Chía, su viuda, Beatriz Mateus Pardo, fue interceptada por dos hombres quienes la mataron a tiros sin esperar a que saliera de su auto. La Fiscalía ignoró estos horrores durante 15 años. Sólo en el 2015 empezaron a investigar. Por lo ocurrido Jineth Bedoya fue declarada víctima del Estado colombiano. El director de la Modelo de la época, William Guacharná, fue aceptado por la JEP en diciembre del 2023 y su testimonio será clave para saber la verdad. El pasado miércoles 27 de marzo un juez condenó a 40 años de cárcel a dos paramilitares que participaron de este horror, se trata de Juan Carlos Cadavid, alias Pitillo y Alber Narváez, alias Belisario. Pero aún falta mucho trecho para reparar a las víctimas y dimensionar uno de los capítulos más oscuros de las cárceles de este país y que estuvo a punto de ser sepultado por el olvido. La matanza del COVID Los problemas de la Modelo no empezaron en este gobierno. En marzo del 2020, cuando empezaba la emergencia que surgió a raíz del COVID, se presentó un motín. La entonces ministra de justicia Margarita Cabello le anunció al país que los presos habían provocado un motín, un masivo “intento de fuga”. Acababan de morir dos presos por COVID y los reclusos entraron en pánico. El motín produjo 23 muertos y casi 100 heridos durante 6 horas de terror. El problema de La Modelo es otro de los elefantes en la sala que han tenido diferentes gobiernos que, simplemente, han visto para otro lado. La iniciativa de Jineth Bedoya es más simbólica, crear ese mural, terminarlo, sobre todo después del asesinato del Coronel Velásquez quien, además de perseguir y acorralar a las bandas que azotan al patio 4, buscaba convertir a este infierno en un espacio habitable, digno para las personas que por una u otra razón pagan sus condenas allí.

Por: Laura Bonilla No hay nada más doloroso en este oficio que advertir que algo va a pasar, hasta que ocurre. Y lidiar con la sensación de que no se hizo lo suficiente. Que faltó fuerza, comunicación. Siempre falta algo. La semana pasada publicamos en el portal de Pares las amenazas al director de la Cárcel Modelo. Era imposible que las autoridades competentes no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. Pese a que se decretó emergencia carcelaria en febrero de este año y se intentan hacer avances para recuperar el control de las cárceles, resulta absurdo que no se mueva un dedo para proteger a quienes están en la primera línea, lidiando día a día con la realidad. Sobre el INPEC se especula mucho. Entre otras cosas, se asegura que está indefectiblemente condenado a ser un ente corrupto, capturado por las mafias del crimen organizado y a juicio de muchos —entre otros algunos “bukelistas”— que mejor valdría acabar para ceder la administración penitenciaria a privados. Administrar un sistema carcelario no es cualquier cosa. No es como en las películas, donde la corrupción siempre se trata de unas pocas manzanas podridas. Implica saber que se está tratando con redes mafiosas que, así como están adentro, están afuera; tienen vasos comunicantes que a veces no es posible eliminar. Por ejemplo, en algunas cárceles del país es conocido que quienes administran la comunicación de los criminales más reputados son sus propios abogados. Algunas incluso manejan negocios con una “moneda” más sofisticada, como las rutas, que no son otra cosa que libretas de contactos, todos puestos en la nómina de la red criminal y que garantizan que cualquier cosa o persona se mueva a sus anchas dentro y fuera de Colombia. Mientras tanto, el funcionario de a pie del INPEC y todo el que participa del lado de la legalidad en el sistema carcelario tienen la tarea de hacerle frente a eso, con las uñas en muchos casos. Porque, además del reto de hacer frente a las cárceles, como cualquier entidad pública, tienen que usar su nómina y su presupuesto para pagar favores políticos. Después de eso, los guardianes tienen pésimos sueldos, turnos agotadores y un muy precario sistema de protección. Es un David contra Goliat, pero con un David que en vez de piedras tiene bolitas de algodón. En Pares, desde 2021, encontramos 17 gravísimos hechos de seguridad relacionados con los funcionarios del INPEC. La semana pasada publicamos una investigación sobre cómo los llamados “peloteros” ingresan todo tipo de mercancía en la Cárcel de Palogordo, en Bucaramanga. En febrero de 2024, el ministro de Justicia decretó emergencia carcelaria después del asesinato de dos dragoneantes en la cárcel de Cartagena. Hay 230 funcionarios del INPEC asesinados. Según la propia entidad, en los últimos cinco años, entre 70 y 80 servidores han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Pero ni siquiera los datos están claros. Lo que hay, cuando uno se asoma, es una profunda oscuridad. Es verdad que la prevención es algo que no se nos da bien a los colombianos. No actuamos hasta que algo realmente grave sucede, e incluso en ese momento preferimos tomar medidas temporales que no impliquen afectar demasiado el statu quo. No es únicamente en relación con los guardianes del INPEC que esto sucede. Por ejemplo, el decreto 660 para la protección colectiva está aprobado desde 2018 y su implementación da vergüenza. Hasta este año se ha logrado identificar las organizaciones que se protegerán, seis años y muchas muertes después. Ni hablar ahora que el EMC ha declarado objetivo militar al Consejo Regional Indígena del Cauca, o de las múltiples amenazas a líderes sociales que se quedan en un cajón en la Fiscalía. Pasa exactamente lo mismo, y en el mejor de los casos la respuesta estatal es un plan. Mientras el Estado anda a su ritmo, la criminalidad organizada va al suyo. Se adapta rápidamente a cualquier esfuerzo público. ¿No valdría la pena, entonces, tomar medidas racionales como incrementar los incentivos positivos para los funcionarios del INPEC, como mejores salarios, transporte seguro, seguros de vida para ellos y sus familias, formación en autoprotección y todo aquello que puede hacer contrapeso a la oferta criminal? Si es mucho pedir, por lo menos valdría la pena que de forma urgente le pongan seguridad al director de la cárcel Palogordo, en Bucaramanga, que también está amenazado de muerte.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: UNR y BBC El 29 de febrero Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X sobre la masacre israelita en la Franja de Gaza. Ese día escribió: “Pidiendo comida, mas de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Hocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel”. Con el correr de los días hubo un rifi-rafe entre el presidente colombiano y el israelita. Este último llamó a Petro simpatizante de Hamás. Este le contestó con toda la fuerza y afirmó que Netanyahu pasaría a la historia “por ser un genocida” aseguró además que “lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa”. Las críticas a la desproporcionada respuesta de Israel en Palestina se han extendido a viejos aliados suyos como Estados Unidos y la misma Unión Europea. Sin embargo lo peor para Netanyahu estaría por venir este lunes 20 de mayo del 2024 cuando Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra Yahya Sinwar, máximo cabecilla de Hamás y contra el primer ministro israelita Benjamin Netanyahu, después de ser acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A Hamás se le juzga por los ataques a la frontera israelita a comienzos de octubre del 2023 y que dejó 1.200 muertos y a Netanyahu por la violenta reacción de Israel que ha dejado más de 30 mil palestinos muertos. Los ataques se han centrado en la población civil. Las imágenes de niños asesinados en bombardeos encogen cualquier corazón. Los misiles también han caído sobre hospitales y ambulancias. La CPI también emitió órdenes de captura contra el ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, y contra otros dos dirigentes de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, líder de las Brigadas Al Qassem y más conocido como Mohammed Deif, e Ismail Haniyeh, líder político de Hamas. Pero, ¿en qué consisten estas órdenes de captura del CPI? Ya hay suficientes elementos para la orden de captura, el fiscal solicita a jueces de primera instancia de la CPI diciendo que hay suficiente material para hacer la orden de captura, tanto para Hamás, sino también a los ataques contra civiles por parte de Netanyahu y su primer ministro. Lo que sigue es esperar que los jueces analicen la evidencia y decidan si ejecutan estas órdenes de captura. Hay suficientes testigos y pruebas contra Hamás y contra el primer ministro israelita que los calificaría como criminales de guerra. Especialistas afirman que esto, a priori, es un golpe durísimo para Netanyahu. Todo apunta a que la solicitud del Fiscal Karim Khan prosperará. La investigación apenas comienza pero el anuncio de esta probable detención ocupa ya los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Esto apenas es una solicitud que no impide que a Netanyahu le sea restringido movimientos hacia otros países. Netanyahu, quien no firmó el estatuto de Roma, podría alegar no cobijarse ante esta solicitud. Sin embargo, ante la gravedad de los ataques de Israel a la población civil, la CPI podría tener injerencia para intervenir.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Espectador Iván Cepeda recibió en el 2009 los testimonios de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra García, que en ese momento estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui y de Juan Guillermo Monsalve, que pagaba su condena en Cómbita. A Monsalve le decían Guacharaco porque había crecido justamente allí, en esa hacienda, un lugar que no debe ser el preferido del presidente Álvaro Uribe. Hay suficientes malos recuerdos como para que sea así. El papá de Monsalve se llamaba Oscar Antonio, y era el administrador de la hacienda Guacharacas cuando, en confusos hechos, el papá del expresidente fue asesinado. El 14 de junio de 1983 Alberto Uribe Sierra, acompañados de sus hijos Santiago y María Isabel, aterrizaron en la hacienda ubicada en el municipio de San Roque. Una vez el helicóptero tocó el suelo empezó un intercambio de disparos. En la versión oficial se habla de que fue un comando de las FARC, grupo que previamente había amenazado al ganadero. Uribe Sierra, quien estaba armado, se enfrentó a disparos con los hombres. En la balacera cayó asesinado. Desde entonces su hijo, Alvaro, inició una cruzada contra ese grupo guerrillero. Sin embargo, en el 2020, cuando las FARC ya había firmado la paz, uno de sus ex comandantes, Julián Gallo, le contó al periodista Gonzalo Guillén que ellos no habían tenido nada que ver en ese asesinato. Afirmó además que desconoce qué pruebas podría tener el ex presidente para atribuirle ese crimen a ellos. “Lo que le puedo decir al respecto es que sería muy importante conocer en qué va esa investigación en la Fiscalía, porque en este país ha sido costumbre atribuir a las Farc-EP la responsabilidad hasta de los desastres naturales, y por eso sería muy importante y muy interesante, conocer el estado de esa investigación, qué se sabe de los posibles responsables, qué pruebas se tienen”. Esta respuesta desató la ira santa del ex presidente. Lo cierto es que Guacharacas le trae malos recuerdos a Uribe. El testimonio que le dio Monsalve, testigo de excepción, a Iván Cepeda, fue lo que ha desencadenado, 15 años después, que Uribe esté en un juicio. Todos saben que, por ahora, la justicia lo tiene entre ojos fue por, supuestamente, haber intentado torcer el testimonio de Monsalve, usando a su abogado, el controvertido Diego Cadena. Pero la almendra de todo este lío podría ser la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro de las AUC. Los testimonios de Sierra y Monsalve apuntan a que Alvaro y Santiago Uribe, junto a Santiago Gallón Henao -quien compraría después Las Guacharacas y fue el autor del asesinato del futbolista Andrés Escobar- crearon el Bloque Metro inicialmente para enfrentar al bloque Bernardo López Arroyave del ELN, que estaba comandado por alias Juan Pablo. Este bloque del ELN se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los ganaderos por el continuo robo de ganado y extorsiones. El Bloque Metro habría ordenado varias masacres y no sólo apuntó sus fusiles contra la insurgencia. Según el testimonio de Monsalve habrían asesinado a dueños de carnicerías de San Roque que comprarían las reses robadas por la guerrilla. Según denunció en su momento Cepeda, Uribe, mientras fue gobernador, protegió a este Bloque en el negocio del narcotráfico. Aunque Monsalve nació en Yarumal, en 1986, con ocho años de edad, llegó a las Guacharacas de la mano de su padre. En ese lugar vivieron diez años. Monsalve trabajó varios años para Carlos Mauricio García Fernández, mejor conocido como Doble Cero, máximo jefe del Bloque Metro. García Fernández perteneció al ejército a donde llegó al grado de teniente. Fue miembro de los PEPES, la organización criminal que combatió a Pablo Escobar y era hombre de confianza de Fidel Castaño. Era sanguinario pero tenía principios. Uno de ellos era evitar que los paras se transformaran en un cartel de la mafia. Por eso se entrelazó en una disputa con alias Don Berna, en donde terminaría asesinado en Santa Marta. Monsalve, después de trabajar con Doble Cero, le sirvió a los Rastrojos, el grupo que creó Wilber Varela, alias Jabón, capo del cartel del Norte del Valle. En el 2008 Monsalve fue condenado a 40 años de cárcel. En el 2018, años después de haber acusado a Uribe de la creación del Bloque Metro de las AUC, Monsalve le contó a Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, que un miembro del Centro Democrático, del departamento del Huila- el ex congresista Álvaro Hernán Prada está siendo investigado por estos hechos- lo había buscado para que torciera su versión y afirmara que Iván Cepeda le habría tratado de sobornar para hundir al expresidente. A la presión de este supuesto miembro del CD se suman las visitas que le hizo el abogado de Uribe, Diego Cadena, en donde lo habría presionado para que firmara un documento para exonerar al expresidente y a cambio recibiría beneficios carcelarios. Por estos hechos Diego Cadena fue suspendido durante tres años para ejercer su cargo como abogado. La defensa de Uribe ha intentado desacreditar a Monsalve como testigo ya que, afirman, ni siquiera estaría en listas de Justicia y Paz, lo que harían poco creíble su pasado como paramilitar. El propio Álvaro Uribe, semanas antes de que arrancara el juicio contra él por manipulación de testigos, se quejó en la red social X de un posible montaje contra él del que el ex paramilitar sería protagonista. Además se quejó de supuestas interceptaciones de la Corte Suprema a su teléfono y de unos pagos de Iván Cepeda a una ONG que habría servido de puente para entregarle recursos a Monsalve. Por ahora la defensa de Uribe, comandada por el abogado Jaime Granados, a pedido la nulidad del juicio basándose en la poca credibilidad que podría tener un testigo como Monsalve. Sin embargo es poco probable que este pedido llegue a buen puerto.

Por; Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País El retorno a escena de Luciano Marín Arango, conocido en los círculos guerrilleros como Iván Márquez, ha generado un revuelo político en Colombia que no se limita solo a las fronteras del país sudamericano. La figura emblemática de las FARC, quien fue parte fundamental en los históricos Acuerdos de Paz del 2016, ha vuelto a dar señales de vida en un momento crucial para la nación, desafiando los rumores de su presunta muerte que han circulado desde un atentado en 2022. Su reaparición en un video compartido por El País de España durante el Foro Binacional de Paz en Puerto Carreño, Vichada, ha avivado tanto la esperanza como la incertidumbre en un país que aún busca consolidar la tan anhelada estabilidad tras décadas de conflicto armado. El vídeo, que dura casi 17 minutos, muestra a un Márquez con problemas de dicción, evidenciando las secuelas físicas de aquel ataque que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, su voz resuena firme al expresar sus opiniones sobre el actual panorama político de Colombia y su apoyo a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente liderada por el presidente Gustavo Petro. En un país donde la polarización política es moneda corriente, las palabras de Márquez han desatado un debate en torno a la legitimidad de sus planteamientos y su influencia en la opinión pública. Para comprender el impacto de esta aparición, es necesario remontarse a los orígenes de Iván Márquez en el escenario político colombiano. Como uno de los líderes históricos de las FARC, Márquez desempeñó un papel crucial en los diálogos de paz que llevaron al acuerdo histórico de 2016, un hito que prometía poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en el país. Sin embargo, su regreso a la lucha armada en 2019, junto con otros excombatientes descontentos con la implementación del acuerdo, representó un duro golpe para el proceso de paz y una señal de los desafíos pendientes en la construcción de una paz duradera. La aparición de Márquez en el Foro Binacional de Paz ha sido interpretada por algunos como un intento de revitalizar su agenda política y reclamar su lugar en la escena nacional. Sus declaraciones en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Gustavo Petro reflejan su posición como una voz disidente en un país marcado por la desigualdad y la exclusión social. Al mismo tiempo, sus palabras han sido recibidas con escepticismo por aquellos que cuestionan su legitimidad para hablar en nombre del pueblo colombiano, dada su trayectoria como líder guerrillero. El contexto en el que se produce esta aparición es igualmente relevante. Colombia se encuentra en medio de una profunda crisis política y social, agravada por la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país. El gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia de Colombia, ha generado tanto esperanzas como resistencias en un país acostumbrado al predominio de fuerzas políticas de derecha. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido uno de los pilares de su plataforma política, presentada como una vía para impulsar reformas estructurales y ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones. En este contexto, la intervención de Iván Márquez cobra una relevancia especial. Como líder de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, Márquez representa una voz discordante en el escenario político colombiano, una voz que reclama atención y reconocimiento en un país marcado por la polarización y la violencia. Su llamado a defender los derechos del pueblo y a rechazar la privatización de los servicios públicos resuena en un país donde la desigualdad social y la exclusión son moneda corriente. Sin embargo, las circunstancias de su aparición han suscitado interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y su capacidad para influir en el curso de los acontecimientos políticos en Colombia. El hecho de que su reaparición se produzca en un evento organizado por la Asamblea Departamental de Vichada, una región afectada por la violencia y el abandono estatal, ha llevado a algunos a cuestionar sus motivaciones y su legitimidad como líder político. En medio de las especulaciones y las interpretaciones divergentes, una cosa parece clara: la vuelta de Iván Márquez al escenario político colombiano añade un nuevo elemento de complejidad a un panorama ya de por sí convulso. Su presencia despierta tanto esperanzas como temores en un país que busca desesperadamente una salida a décadas de conflicto y violencia. La pregunta que queda en el aire es si Márquez será capaz de canalizar esas esperanzas en un proyecto político viable y sostenible o si su regreso solo contribuirá a profundizar las divisiones y las tensiones que aún persisten en Colombia. El futuro de Iván Márquez y su papel en la política colombiana dependerá en gran medida de su capacidad para articular una visión coherente y convincente que resuene con las aspiraciones y las necesidades del pueblo colombiano. Su regreso a escena plantea desafíos y oportunidades que no pueden ser ignorados en un país que aún busca consolidar la paz y la reconciliación después de décadas de conflicto y sufrimiento. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reciente resurgimiento público de Iván Márquez, antiguo comandante de las FARC, subraya una serie de indicios que ya se vislumbraban desde el año pasado. El excomisionado de Paz, Danilo Rueda, reveló en una entrevista múltiples encuentros con Márquez, situándolo en el contexto previo a los diálogos con la denominada Segunda Marquetalia. Este acontecimiento, junto con los comunicados conjuntos firmados por Márquez durante los acercamientos para la negociación, generaron dudas sobre su supuesta muerte en un atentado en Venezuela. La especulación se alimentaba también de la desaparición de otros líderes de la Segunda Marquetalia, como Jesús Santrich, Romaña y El País, quienes, en su caso, fallecieron en enfrentamientos armados. Marín enfatiza la relevancia de la figura de Márquez, no solo como líder máximo de la Segunda Marquetalia, sino también como una voz con experiencia y trayectoria dentro de las antiguas FARC. Aunque no figure en los listados de personas con órdenes de captura, su reaparición pública mediante un video confirma su influencia y participación en los procesos de diálogo y negociación en curso. Esta presencia, según Marín, es fundamental para el desarrollo y la legitimidad de dichos procesos.

Por: Lizeth Serrato Contreras. Investigadora social – Centro de Pensamiento para la Transición Energética Justa. La ubicación geográfica del Caribe colombiano es uno de los puntos a favor de esta zona del país, ya que le permite contar con un conjunto de condiciones ecosistémicas que favorecen en gran medida a actividades de producción, dinámicas económicas y lo convierten en un epicentro propicio para la Transición Energética Justa en Colombia. La región Caribe se distingue, principalmente, por contar con extensas fuentes hídricas que bañan sus departamentos, asimismo, goza de distintos ecosistemas que le permite tener diversidad en su fauna y flora, tales como: sabanas, serranías, costas, golfos, depresiones, valles, llanuras, planicies, entre otros; además, de la variedad de sus suelos en cuento a las riquezas y recursos; Físicamente, el Caribe Continental colombiano está formado por una llanura que cuenta con un relieve que va de ondulado a plano, muy cerca al nivel del mar. Solo sobresalen la Sierra Nevada de Santa Marta, con alturas hasta los 5.775 m, y las serranías de Perijá y de los Motilones, en los departamentos de Cesar y Guajira, en un territorio que en general no supera los 500 m de altitud. En términos de la zonificación climática el Caribe Continental se clasifica en promedio como cálido y seco. En esta región del país es donde se presentan los mayores índices de radiación solar y de horas promedio de brillo solar del país, por lo que no es de extrañar que las altas temperaturas sean pues una constante por casi todo el territorio. (Galvis, 2009.pg.7). Particularmente, cada departamento cuenta con ciertas características naturales que los distinguen entre sí a partir de las cuales podemos deducir las principales fuentes de energía renovable que aplican en dicho departamento: Fuente: Creación Propia 2024 Según estudios realizados recientemente por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) el Caribe colombiano cuenta con cuatro departamentos potencialmente aptos para el desarrollo del hidrogeno verde: Córdoba, La Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar; además, dicho análisis propone que, a excepción del Magdalena, los cinco departamentos restantes poseen un conjunto de características esenciales para ser punto de exportación de dicho vector energético. Siendo el hidrogeno verde la energía renovable nueva en términos de análisis e implementación, este debe contar con licenciamiento ambiental y puntos que regulen el desarrollo del hidrogeno. Bibliografía. Galvis, L. (2009). Geografía económica del Caribe Continental. Centro de Estudios Económicos Regionales –CEER-, Banco de la República.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Justicias en las Ámericas El jefe de propaganda de la Unión Patríótica, Jaime Salazar, asistió a una reunión en diciembre de 1986 en un lujoso hotel de Medellín. Estaba acostumbrado a la muerte, pero esa tarde le temblaban las piernas.Un año llevaba el partido político al que pertenecía. Se había creado a raíz de los acuerdos de paz a los que había llegado el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. La UP sería la prueba de que era innecesaria la lucha armada para llegar al poder en un país con supuestas garantías democráticas como era Colombia. La mayoría de sus militantes jamás pertenecieron a la guerrilla. Eran comunistas convencidos de que la salida a los problemas de Colombia no las tenía la élite tradicional. Pero había gente como el ex ministro de Defensa, el general Fernando Landazabal, que veían con desconfianza a la Unión Patriótica. Las señaló de formar parte de las FARC. Esta era la excusa que necesitaban matones como Rodríguez Gacha para declararles la guerra. La destrucción sistemática de sus laboratorios de coca y el saqueo de alguna de sus fincas por parte de esa guerrilla, tenía a Gacha encolerizado. Quería venganza, y llevaba un año matando dirigentes del naciente partido. En diciembre de 1986 estaba dispuesto a llegar a acuerdos para detener la matanza. Así que el delegado de la UP fue Salazar. Primero se encontró con el abogado del capo y de ahí se fueron al hotel. Salazar, mucho tiempo después le diría al periodista Steven Dudley, creador del portal In Sight crime y autor del libro Armas y Urnas, que Gacha “parecía un tipo normal”. Ese día el Mexicano, como se le conocía por su pasión por las rancheras, le hizo una operación matemática: él exportaba dos mil kilos de cocaína por semana y vendía a 16 mil dólares el kilo. Eso era, en plata blanca, 32 millones de dólares a la semana, más de 120 millones de dólares al mes. Gacha lo amenazó, con ese billete podía armar un ejercito de dos mil hombres y exterminar cualquier vestigio de las Farc y, de paso, del partido comunista que hubiera. En ese momento, en el Magdalena Medio, Gacha y el paramilitar Henry Pérez tenían listo un ejército para darles con todo a la guerrilla. Era el germen de las Autodefensas Unidas de Colombia. Gacha era impredecible. A diferencia de Pablo Escobar -quien disfrutaba de la marihuana-le gustaban los efluvios de la coca. Era delirante y megalómano. Famoso fue su pasión por los caballos. Su semental favorito, Tupac Amarú, tenía hasta apartamento propio en Bogotá. Fue portada de Forbes y se estimaba que su fortuna llegaba a los USD$1.300 millones de dólares. En Pacho, Cundinamarca, era un monarca. La gente le hacía fila para pedirle favores y a diferencia de un Cristo de yeso él si los hacía: regalaba desde neveras hasta becas, pasando por fajos de plata. Esa supuesta bondad con el pueblo entraba en contradicción con su crueldad. A Gacha le encantaba la tortura, la sangre. Salazar escuchó con paciencia a Gacha. Le envió una razón con él al secretariado de las FARC, le pidió que “lo dejaran trabajar”, estaba seguro que llegarían a un acuerdo con esa guerrilla. Pero al frente de ella estaba Jacobo Arenas, viejo militante que, en 1986, y a raíz de los acuerdos de la Uribe, vivía una inusitada popularidad. Había sacado un libro de ideas enrevesadas en donde explicaba por qué se había alzado en armas. Se convirtió en un Best-sellers. Manuel Marulanda Vélez, con quien compartía la comandancia de las FARC, no se opuso cuando Arenas rechazó la propuesta de Gacha. El único que no estuvo de acuerdo del secretariado fue Alfonso Cano quien dijo, de manera profética: “Estamos empujando al Mexicano para que termine aliado con el Ejército y se puede volver un problema”. Las promesas que hacía Gacha las cumplía. Unos días después del rechazo de las FARC asesinó al senador de la UP Pedro Nel Jiménez mientras recogía a su hija del colegio. Empezó la matanza, el genocidio de más de cinco mil miembros de esta colectividad. Gacha murió en diciembre de 1989, en Barú, su cuerpo quedó irreconocible después del ataque que recibió desde un helicóptero. Su muerte no cesó la muerte sistemática de gente de la Unión Patriótica. Es obvio que radicales de derecha y de las Fuerzas Armadas estuvieron detrás del exterminio. Pero Gacha fue determinante para iniciarlo. La UP hoy en día renació en jóvenes líderes como Gabriel Becerra y ayudó a que Gustavo Petro fuera presidente. Pero nadie podrá olvidar el horror que tuvo que soportar. Afortunadamente siempre para de llover.

Por: Redacción Pares John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye,  a comienzos de diciembre del 2017 era mucho más que “el sicario de confianza de Pablo Escobar” como él mismo se presentaba. Era un youtuber con cientos de miles de seguidores que cobraba por saludar a quien se lo pidiera y servía de guía a los turistas de otras partes del mundo que visitaban Medellín con el anhelo de encontrarse con el fantasma del capo del Cartel. En ese momento no se tenía certeza de que siguiera delinquiendo desde que fue dejado en libertad. Pero un cumpleaños torcería su historia. La fiesta fue en la vereda El Guamito del municipio del Peñol, uno de los sitios turísticos más representativos de Antioquia, en una finca llamada La Casona de Biata. Como si no manejara en ese momento el 80% de la delincuencia en Medellín llegó burlando retenes en una Mitsubishi verde de placas APH 710. Cumplía cincuenta años y, como era diciembre, Tom se relajó. Los vecinos de la finca donde se realizaba la fiesta reportaron a las autoridades una inusual actividad que incluía grupos vallenatos y mujeres que llegaban en racimos. Tom quería botar la casa por la ventana. La actividad delictiva la arrancó muy joven, a los 21 años en Bello, el municipio donde creció. Allí formó y lideró la banda conocida por el nombre de “Los amigos de mi barrio”. Era sanguinario. Don Berna, entonces chofer de Kiko Moncada, se lo recomendó a su patrón. En ese entonces Moncada era uno de los hombres que llenaban de plata las arcas del Cartel de Medellín. Habían montado lo que se conocía en ese momento como “La oficina de Envigado” que no era una oficina ni quedaba en Envigado, era una especie de “Fiscalía” de narcos creada por Pablo Escobar en donde se aseguraba que cada uno de los cabecillas que traficaba en Medellín le pagara al capo 300 mil dólares por cargamento de cocaína enviado al exterior. Si no pagaban pues La oficina iba y pagaba con sus sicarios. El control de la oficina estuvo en manos de Kiko Moncada y de su amigo, el negro Galeano hasta 1992 cuando Pablo Escobar los mandó a llamar a la Catedral porque sus hombres habían encontrado una caleta con 20 millones de dólares que Moncada y Galeano le habían negado a su patrón. La orden de Escobar fue asesinarlos dentro de la cárcel que él había mandado a construir a gusto suyo. Esto rebozó la copa del gobierno de César Gaviria quien ya venía siendo cuestionado por la permisividad que tenía Escobar en su sitio de reclusión. Escobar fue asesinado en diciembre de 1993 pero la oficina pervivió en parte por la mano de Tom y de su jefe Don Berna. Hasta su extradición en el 2008 Diego Murillo, quien además fue un poderoso comandante paramilitar, llevó el pulso de la organización que controlaba el crimen en Medellín. Según In Sight Crime, a comienzos de este siglo el poder de Don Berna era tal que existía en Medellín lo que se consideraba una Don Bernabilidad: él era el que regía el curso de las cosas en la capital de Antioquia. “A principios del nuevo siglo, Don Berna, trabajando en conjunto con las élites de la ciudad, comenzó una pacificación de Medellín. Sus unidades de la Oficina, disfrazadas de paramilitares, aniquilaron a las milicias guerrilleras, sofocaron la rebelión de una de las redes de sicarios más temidas de Medellín —La Terraza— y destruyeron una facción rival de las AUC —el Bloque Metro— que desafió su hegemonía en la segunda ciudad de Colombia. Después de tomar el control total de Medellín, Don Berna ordenó a la Oficina reducir los asesinatos al mínimo, por lo que hubo una fuerte disminución en las tasas de homicidios y un período de la ciudad conocido como «donbernabilidad». Una vez se va Don Berna el que queda mandando es alias Tom. Su imperio criminal si cimentó con sangre. En el 2012, los últimos reductos de resistencia que tenía dentro de la organización fueron exterminados en una masacre de 10 personas en una finca en Envigado. Uno de sus socios, apodado Sebastián, quería quedarse con el control de la Oficina. Pero esto se acabó cuando, en el 2013, Sebastián fue extraditado a los Estados Unidos. La Oficina en el 2017 ya no tenía la misma importancia que en los tiempos de Don Berna. Había sido desplazada por el Cartel del Golfo quien se convierte en el grupo armado más poderoso en todo el país. Ese día de diciembre del 2017 Tom bajó la guardia. Tenía tres anillos de seguridad y se creía inexpugnable. Veinte años estuvo burlándose de la policía. Era intocable. Pero no. A las alertas que empezaron a dar los vecinos del Peñol estaba también la inteligencia de la policía quien venía rastreando sus llamadas. Una de ellas fue clave para llegar hasta él. La que le hizo a su hombre de confianza, Iván Suárez Muñoz, alias Barbas. El gobierno norteamericano se había obsesionado con Tom. Le habían puesto precio a su cabeza: dos millones de dólares. Cuando lo encontraron, además de estar con Popeye, estaba con doce de sus hombres más cercanos y contaba con 14 mil dólares en efectivo. Tom fue condenado a 16 años de prisión, aún paga esa condena en la cárcel de la Picota en Bogotá. Alias Tom es clave para La Paz Total que se ha trazado como bandera el gobierno de Gustavo Petro. Según Nicolás León de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación “Tom es muy importante para la Oficina, él está recluido pero no impide esto que siga siendo una de las principales cabecillas, la Oficina se articula en alianzas con grandes bandas del Valle de Aburrá”. Tom comparte mando con José Leonardo Muñoz alias Douglas, también recluido en La Picota y quien fue nombrado en diciembre del 2022 por el presidente Petro como Gestor de Paz, “Existen organizaciones más cercanas a Tom, como los Chatas, Niquia, Camacol, y esto le da una centralidad mayor en su ejercicio como cabecilla”. En la mesa de negociación ha sido muy importante los dos líderes para sentarse a hablar de paz con el gobierno. “Tanto para la articulación del crimen como para el desarrollo de la mesa, Tom es muy importante. Se conversa con la Oficina del Valle de Aburrá porque es la que artícula y reúne el mayor número de grupos del crimen organizado en donde el máximo líder es Tom”. La oficina ya no es lo que alguna vez fue con Don Berna a la cabeza, pero la condena que paga Tom en La Picota no es ningún impedimento para que su influencia, tanto en las calles de Medellín, como en la mesa de negociación con el gobierno, sea indiscutible.