Por: Redacción Pares John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye,  a comienzos de diciembre del 2017 era mucho más que “el sicario de confianza de Pablo Escobar” como él mismo se presentaba. Era un youtuber con cientos de miles de seguidores que cobraba por saludar a quien se lo pidiera y servía de guía a los turistas de otras partes del mundo que visitaban Medellín con el anhelo de encontrarse con el fantasma del capo del Cartel. En ese momento no se tenía certeza de que siguiera delinquiendo desde que fue dejado en libertad. Pero un cumpleaños torcería su historia. La fiesta fue en la vereda El Guamito del municipio del Peñol, uno de los sitios turísticos más representativos de Antioquia, en una finca llamada La Casona de Biata. Como si no manejara en ese momento el 80% de la delincuencia en Medellín llegó burlando retenes en una Mitsubishi verde de placas APH 710. Cumplía cincuenta años y, como era diciembre, Tom se relajó. Los vecinos de la finca donde se realizaba la fiesta reportaron a las autoridades una inusual actividad que incluía grupos vallenatos y mujeres que llegaban en racimos. Tom quería botar la casa por la ventana. La actividad delictiva la arrancó muy joven, a los 21 años en Bello, el municipio donde creció. Allí formó y lideró la banda conocida por el nombre de “Los amigos de mi barrio”. Era sanguinario. Don Berna, entonces chofer de Kiko Moncada, se lo recomendó a su patrón. En ese entonces Moncada era uno de los hombres que llenaban de plata las arcas del Cartel de Medellín. Habían montado lo que se conocía en ese momento como “La oficina de Envigado” que no era una oficina ni quedaba en Envigado, era una especie de “Fiscalía” de narcos creada por Pablo Escobar en donde se aseguraba que cada uno de los cabecillas que traficaba en Medellín le pagara al capo 300 mil dólares por cargamento de cocaína enviado al exterior. Si no pagaban pues La oficina iba y pagaba con sus sicarios. El control de la oficina estuvo en manos de Kiko Moncada y de su amigo, el negro Galeano hasta 1992 cuando Pablo Escobar los mandó a llamar a la Catedral porque sus hombres habían encontrado una caleta con 20 millones de dólares que Moncada y Galeano le habían negado a su patrón. La orden de Escobar fue asesinarlos dentro de la cárcel que él había mandado a construir a gusto suyo. Esto rebozó la copa del gobierno de César Gaviria quien ya venía siendo cuestionado por la permisividad que tenía Escobar en su sitio de reclusión. Escobar fue asesinado en diciembre de 1993 pero la oficina pervivió en parte por la mano de Tom y de su jefe Don Berna. Hasta su extradición en el 2008 Diego Murillo, quien además fue un poderoso comandante paramilitar, llevó el pulso de la organización que controlaba el crimen en Medellín. Según In Sight Crime, a comienzos de este siglo el poder de Don Berna era tal que existía en Medellín lo que se consideraba una Don Bernabilidad: él era el que regía el curso de las cosas en la capital de Antioquia. “A principios del nuevo siglo, Don Berna, trabajando en conjunto con las élites de la ciudad, comenzó una pacificación de Medellín. Sus unidades de la Oficina, disfrazadas de paramilitares, aniquilaron a las milicias guerrilleras, sofocaron la rebelión de una de las redes de sicarios más temidas de Medellín —La Terraza— y destruyeron una facción rival de las AUC —el Bloque Metro— que desafió su hegemonía en la segunda ciudad de Colombia. Después de tomar el control total de Medellín, Don Berna ordenó a la Oficina reducir los asesinatos al mínimo, por lo que hubo una fuerte disminución en las tasas de homicidios y un período de la ciudad conocido como «donbernabilidad». Una vez se va Don Berna el que queda mandando es alias Tom. Su imperio criminal si cimentó con sangre. En el 2012, los últimos reductos de resistencia que tenía dentro de la organización fueron exterminados en una masacre de 10 personas en una finca en Envigado. Uno de sus socios, apodado Sebastián, quería quedarse con el control de la Oficina. Pero esto se acabó cuando, en el 2013, Sebastián fue extraditado a los Estados Unidos. La Oficina en el 2017 ya no tenía la misma importancia que en los tiempos de Don Berna. Había sido desplazada por el Cartel del Golfo quien se convierte en el grupo armado más poderoso en todo el país. Ese día de diciembre del 2017 Tom bajó la guardia. Tenía tres anillos de seguridad y se creía inexpugnable. Veinte años estuvo burlándose de la policía. Era intocable. Pero no. A las alertas que empezaron a dar los vecinos del Peñol estaba también la inteligencia de la policía quien venía rastreando sus llamadas. Una de ellas fue clave para llegar hasta él. La que le hizo a su hombre de confianza, Iván Suárez Muñoz, alias Barbas. El gobierno norteamericano se había obsesionado con Tom. Le habían puesto precio a su cabeza: dos millones de dólares. Cuando lo encontraron, además de estar con Popeye, estaba con doce de sus hombres más cercanos y contaba con 14 mil dólares en efectivo. Tom fue condenado a 16 años de prisión, aún paga esa condena en la cárcel de la Picota en Bogotá. Alias Tom es clave para La Paz Total que se ha trazado como bandera el gobierno de Gustavo Petro. Según Nicolás León de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación “Tom es muy importante para la Oficina, él está recluido pero no impide esto que siga siendo una de las principales cabecillas, la Oficina se articula en alianzas con grandes bandas del Valle de Aburrá”. Tom comparte mando con José Leonardo Muñoz alias Douglas, también recluido en La Picota y quien fue nombrado en diciembre del 2022 por el presidente Petro como Gestor de Paz, “Existen organizaciones más cercanas a Tom, como los Chatas, Niquia, Camacol, y esto le da una centralidad mayor en su ejercicio como cabecilla”. En la mesa de negociación ha sido muy importante los dos líderes para sentarse a hablar de paz con el gobierno. “Tanto para la articulación del crimen como para el desarrollo de la mesa, Tom es muy importante. Se conversa con la Oficina del Valle de Aburrá porque es la que artícula y reúne el mayor número de grupos del crimen organizado en donde el máximo líder es Tom”. La oficina ya no es lo que alguna vez fue con Don Berna a la cabeza, pero la condena que paga Tom en La Picota no es ningún impedimento para que su influencia, tanto en las calles de Medellín, como en la mesa de negociación con el gobierno, sea indiscutible.

Por: María Valentina Ortiz Prada, Nicolás Andrés Bohorquéz, Iván Gallo En las cárceles de la Modelo de Bucaramanga y Palogordo de Girón, los guardias en las garitas observan con frecuencia una escena peculiar: dos hombres llegan en moto, el parrillero se baja y, como si de un beisbolista se tratase, lanza algo que parece una naranja. De hecho, técnicamente, sí es una naranja. Estas ‘pelotas’ están hechas de cáscara de naranja secas envueltas en cintas; no existe un material más barato y eficaz para amortiguar el contenido de estas pelotas. Dentro, pueden encontrarse bolsas de cocaína, moños de marihuana, chips o celulares. El INPEC teme que grupos con un alcance transnacional, como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua, manejen o sostengan alguna relación con estas complejas redes de abastecimiento que se conforman a través de una línea de labores, que incluye desde los ‘campaneros’, hasta quienes lanzan las pelotas. Desde las garitas, los guardias no pueden hacer nada: a los funcionarios del INPEC solo les atañe lo que sucede en los muros del centro penitenciario, la facultad de detención frente a cualquier cosa que salga del entorno perimetral es de la Policía Nacional. Los “peloteros” son sólo una pieza dentro de una estructura criminal organizada, no un grupo en sí. Esta estructura involucra toda una cadena de producción que va desde la persona que envuelve y embala las pelotas, hasta quienes las reciben dentro de las cárceles. No se trata de individuos que actúan al azar, sino de un mercado sistematizado cuyo modo de operación responde a una motivación económica. Sin embargo, podría argumentarse que, de cierta manera, este conjunto carece de un mando jerárquico convencional. Su naturaleza operativa se basa en la subcontratación para disponer de tareas del sistema productivo criminal. Este modelo permite flexibilidad y reduce la exposición de los líderes a la acción policial, al tiempo que asegura un flujo constante de suministros hacia las cárceles. La tecnificación de estos métodos de abastecimiento ilegales ha llevado a un salto en las entregas, a las artesanales bolas forradas hechas con cáscaras de naranja se han sumado artefactos tecnológicos como drones y hasta entregas con palomas. Como mencionó una funcionaria de la cárcel de Palogordo en una entrevista con PARES, la cual reservamos su identidad por seguridad: “Esto no lo hace cualquier chirrete”. Una vez el paquete está dentro, se captura a la persona que lo recibe y se realiza el procedimiento con la policía judicial. Muchas veces no se puede determinar quién es el principal responsable y solo se logra decomisar la mercancía. Sin duda, para que estos insumos se manejen dentro de la cárcel, no solo se requiere la acción de los "peloteros"; debe haber una voluntad por parte de algunos guardias o funcionarios para que esto fluya en los patios. El pasado 16 de mayo, vimos lo que pueden hacer las agrupaciones criminales ante funcionarios del INPEC que no se someten a sus exigencias, con el asesinato del director de La Modelo. "Por lo general, al agente del INPEC que decomisa o al director que ordena una investigación penal, le llueven amenazas". Por otro lado, vale la pena pensar sobre la posición de quienes se encuentran dentro de los centros penitenciarios, ya que son estos quienes solicitan las mercancías. Por tal razón, no sería descabellado suponer que ellos también podrían estar implicados en la coordinación de las actividades ilegales, siendo aún miembros operantes de las estructuras criminales dentro de las cárceles que articulan el ingreso de insumos ilegales con otros delitos como la extorsión y las amenazas. La extorsión es el delito que más ha crecido en Colombia en el último año, y la mayoría de estos hechos delictivos se perpetran desde dentro de las cárceles. No necesitan otra arma que los celulares; a través de llamadas, acorralan a comerciantes y civiles para obtener las sumas que requieren. Videos como los difundidos del Negro Ober, líder de los Rastrojos Costeños, en los que amenaza con asesinar comerciantes en represalia por el arresto de su pareja, llevaron a las autoridades a tomar medidas como la Operación Dominó, con redadas y requisas en las celdas. Esto desató la ira de delincuentes como Pedro Pluma del Patio 4D de la Modelo, quien amenazó con matar al director de ese penal y a su familia si las redadas continuaban. Por eso en noviembre de 2023 se habilitó en Palogordo el pabellón de máxima de seguridad en donde albergan a delincuentes como Digno Palomino Rodríguez, alias El Viejo, ex comandante de los Costeños, Otón Alfredo Peralta, líder extorsivo de Los Costeños, Jesús Olivares Guzmán, mano derecha del temible Negro Ober. Hasta diciembre estaba en ese lugar uno de los peces gordos de la extorsión en el país, José Manuel Vera Sulbarán, mejor conocido como Satanás. Además, 13 de enero del 2024 salió de la cárcel de Girón un audio en donde este criminal amenazaba con hacer un “baño de sangre” con los comerciantes bogotanos si no se ponían al día con sus dos principales cobradores, alias Moisés y alias Pedro. Sin embargo, en Palogordo, al igual que en otros seis establecimientos penitenciarios donde se está llevando a cabo la Operación Dominó, las amenazas a los funcionarios han aumentado. Gracias a estos operativos, se han identificado modalidades de crimen como el “Multicrimen” del Clan del Golfo, que financia el envío de drogas a Venezuela, Perú y México. En esta modalidad también participa el Tren de Aragua, que se ha subdivido en clanes como el de Satanás. Además, La Inmaculada y las disidencias de las FARC, junto con el ELN, son algunas de las culebras con las que deben lidiar en Palogordo y otras cárceles. “Nosotros para ellos somos trabas en ese proceso. Cuando hacemos la operación Dominó los aislamos en patios sin comunicación alguna y eso los enfurecen y nos amenazan con denunciarnos porque le estamos coartando el derecho a la comunicación”. Otra de las grandes preocupaciones del INPEC es la instrumentalización de las cárceles, los grupos delincuenciales usan los centros penitenciarios como medios para presionar políticamente al gobierno en las negociaciones que avanzan en el marco de la Paz Total con estos grupos. Los funcionarios quedan expuestos entre la lucha que cada vez más escala en violencia entre los grupos delincuenciales y el gobierno. “Uno vive todos los días con una incertidumbre. Estar en una cárcel es como estar en un país pequeño”. En la cárcel de Palogordo se vive los rigores del Plan Pistola.  La situación, como se ha visto en otras partes del país, es cada vez más insostenible.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador El país conoció a Vera Grabe cuando fue una de las delegadas del M-19 para dialogar de paz con el entonces presidente Virgilio Barco. Además, fue una destacada constituyente, antropóloga de la Universidad de los Andes y una de las pocas mujeres que alcanzaron grados de mando dentro de las guerrillas de la época. Su fuerte y decidida personalidad la llevó a ser vocera del grupo. En medio de las conocidas dificultades de la Paz Total y tras el nombramiento de Otty Patiño como Alto Comisionado de Paz, el presidente Gustavo Petro designó a Vera Grabe como jefa negociadora del gobierno en los diálogos con el ELN. Su tarea no ha sido fácil. Este grupo guerrillero ha intentado negociar con el Estado colombiano desde 1974, pero una serie de inconvenientes ha hecho que estos esfuerzos fracasen. Las divisiones internas han sido decisivas para estos fracasos. En 1994, hubo una escisión con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y, treinta años después, el acercamiento del Frente Comuneros del Sur con el gobierno Petro, sin autorización del COCE, ha generado serias tensiones. La guerrilla ha criticado la voluntad de los negociadores y del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de dialogar con el líder de ese frente, Gabriel Yepes Mejía, alias H.H. Este conflicto y el anuncio del ELN de retomar el secuestro, debido a la tardanza en la implementación del Fondo Multidonante, han minado la confianza de las partes y de la sociedad colombiana. Sin embargo, Vera Grabe no ha perdido la fe. En diálogo con El Espectador, comentó sobre la inconveniencia del pesimismo: “Las miradas apocalípticas no son muy útiles; se trata de ver cómo vamos caminando sobre las dificultades y lo que surge cuando uno asume el camino de la paz”. Reconoció que es inaceptable retomar el secuestro, y mencionó la postura de José Félix Lafaurie, quien advirtió que, si un solo colombiano más fuera secuestrado, él se levantaría de la mesa. En medio de la tensión, surge una buena noticia: entre el 20 y el 25 de mayo se llevarán a cabo reuniones extraordinarias donde se entregarán a las partes los documentos que explican la metodología para la participación amplia de la sociedad civil y las comunidades, que será el primer y más determinante punto en la agenda de diálogos con esta guerrilla. No obstante, el borrador filtrado a los medios no ha estado exento de polémica. Al no estar completo, no son claros los mecanismos para las mesas regionales ni cómo se logrará una participación realmente amplia y abierta a todos los sectores sociales, especialmente a mujeres y jóvenes. Varias voces han señalado que la amplitud temática podría derivar en conversaciones sobre todo y nada. Sin embargo, nada estará claro hasta que se hagan públicos los documentos oficiales. El avance del mecanismo de participación podría, en un escenario virtuoso, ayudar a recuperar la confianza en el proceso, corregir errores de comunicación y en el diseño de la agenda e implementación. Además, podría generar presión sobre el ELN para mantener una política de cero secuestros, recuperando la legitimidad ante los países garantes y la comunidad internacional dispuesta a contribuir a la paz, pero preocupada por la complejidad de compromisos como la creación del Fondo Multidonante. Vera Grabe ha afirmado que este fondo no será en ningún caso una contraprestación para la suspensión del secuestro. Por las características del ELN y los antecedentes del proceso, los avances en la participación de la sociedad civil son cruciales. Germán Valencia, académico y columnista de la Fundación Paz y Reconciliación, señala que el reto de la sociedad civil es la fase de diseño, proponiendo metodologías y escenarios para una participación activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz (Acuerdo No. 9). La segunda labor es realizar un diagnóstico de los problemas del país en la fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, definiendo los problemas sociales, políticos y económicos que deben abordarse para construir una propuesta de cambio. Lo fundamental será saber qué hacer con estos diagnósticos, considerando que el Estado colombiano no ha tenido un buen desempeño en la implementación de compromisos en acuerdos de paz previos.

Por: Guillermo Lineros Denunciar al presidente Gustavo Petro, por la existencia de supuestos indicios acerca de que sobrepasó los topes electorales, es democrático y lícito; pero no lo es que, fundado en tales hallazgos, cualquiera abra a la topa tolondra una investigación contra él, excepto que se trate de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Y esto es así, porque investigar al máximo administrador del Estado pone en riesgo la seguridad nacional, ya que esto implicaría: vigilancia y seguimientos, intervenciones, capturas, registros, incautaciones y pericias, que afectarían directamente al presidente, a su núcleo familiar y a la gobernabilidad. Aun menos podría alguien, o alguna institución estatal, juzgar al presidente por cualquier hecho punible que se le impute, excepto que se trate de la Corte Suprema de Justicia, que puede hacerlo, única y estrictamente, si el presidente es acusado por la Cámara de Representantes y por el Senado. El artículo 199 de la Constitución Política de Colombia es tajante en eso: “El presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”. De modo que, si el Concejo Nacional Electoral, CNE, o alguno de sus magistrados, recibió información documental de un tercero anónimo, sobre indicios o pruebas contra el presidente de la república, ha debido trasladarlas inmediatamente a la Comisión Tercera de la Cámara, sin necesidad de ponencias ni declaraciones públicas. De hecho, cualquier estudiante de V semestre de Derecho, entiende que eso es así. Por tal razón, que los magistrados del CNE -la mayoría de ellos anti petristas- desconozcan ese procedimiento tan elemental, permite aseverar sin vacilaciones que se trata de una maniobra política de persecución y prejuzgamiento que, por inconstitucional, está destinada a un fin distinto muy claro: confundir malvadamente a la población ingenua y debilitar al presidente Gustavo Petro. En efecto, pretenden confundir a la población con la instrumentalización de los medios de comunicación tradicionales -hoy todos al servicio de la inescrupulosa oposición al gobierno- haciéndole creer a la ciudadanía que el presidente va a ser juzgado por el CNE, tras descubrirse, supuestamente, que en su campaña a la presidencia lideró actos de corrupción. Y pretenden a la par, debilitarlo, manteniéndolo ocupado en un asunto jurídico que, siendo burdamente engañoso (un lawfare), la oposición propaga como verdadero, y podrían usarlo para tumbar al presidente, si echan mano de sus modos delincuenciales y si reciben el respaldo del régimen, que como hoy se sabe, es una maquinaria de corrupción que tiene compradas o secuestradas a la prensa, a la radio, a la televisión y a la justicia. No obstante, luego de ser cuestionados por distintos expertos en derecho constitucional, algunos representantes de la oposición terminaron diciendo que lo hasta ahora realizado por el CNE, es recibir una ponencia de dos magistrados, y que la mayoría de los otros integrantes de dicho concejo, ni siquiera la han discutido ni validado con fines de investigar al presidente. Empero, han objetado que el presidente Gustavo Petro, haya denunciado públicamente que se está promoviendo una ruptura institucional, o que se está fraguando un golpe blando. Incluso, han calificado sus manifestaciones como un absurdo modo de victimizarse. Piensan o imaginan, esos opositores, que el presidente y la ciudadanía ignoran que todo golpe, blando o militar, es disimulado y engañoso. Si bien, distinto a como ocurría con los golpes militares, los golpes blandos evitan los propósitos violentos -pues no buscan el asesinato de los presidentes, como hicieron con Salvador Allende- pero son conspirativos y sus motivadores se reúnen a puertas cerradas -como quienes planean el robo de un banco- para encontrar o fabricar maneras de llevar a la cárcel al gobernante que no satisface sus intereses. En consecuencia, hacen acusaciones temerarias y buscan realizar juicios sumarios enmarcados en el llamado lawfare (una guerra legal) que consiste en un acoso judicial, para el cual utilizan abusivamente las instancias judiciales. Los golpes blandos no se mueven con verdades jurídicas -en tal caso no serían golpes- y para llevarlos a cabo, sus gestores deben cumplir con varias etapas que deben cometerse bajo una coraza de secretismos. Eso distingue a los golpes blandos de los golpes militares que se forjaban supliendo apenas dos etapas: planeándolo y ejecutándolo. Los golpes blandos, como lo hemos dicho, no aplican métodos violentos, siendo conspirativos tejen estrategias de debilitamiento y desprestigio de los presidentes, en una secuencia de acciones y procesos legales o inmorales, todas conducentes a su derrocamiento. Comparando la pertinencia de cada una de esas etapas y relacionarlas con hechos políticos contra el gobierno, puede cada lector por su propia cuenta sopesar si en efecto se está fraguando un golpe blando contra el presidente. Ablandamiento (chismes y calumnias donde el target es su propia familia), deslegitimación (lo acusan de castrochavismo, de consumidor de drogas, de comunista e incumplido, y lo acusan de cortar la libertad de expresión), inquietud social (le organizan marchas, plantones y cacerolazos, y lo culpan, como si los colombianos fueran idiotas, de todos los males que heredó de los expresidentes), desestabilización (guerra sicológica), fractura institucional (la intervención inconstitucional de la CNE en asuntos que le corresponden a la Cámara de representantes). Cinco pasos que, no fructificarían de no ser por el uso de estas armas puntuales: el arma de la falsedad y la calumnia (periodistas incitadores, que construyen y propagan falsas noticias); el arma sicológica (como la violenta captura de su hijo Nicolás por la fiscalía y las ofensas a su hija Antonella que conllevan elementos de tortura sicológica); las armas económicas (como, entre otras, la desaprobación de las emergencia para la Guajira, desmonte del ministerio de la igualdad y el freno a las reformas sociales) las armas políticas (las decisiones de las cortes y de la procuraduría que le han quitado ya seis curules al Pacto Histórico); las armas sociales (las marchas surrealistas de la oposición con gente que no sabe ni donde está parada); y las armas legales (como la ya citada intromisión del CNE en asuntos que no le corresponden). Así las cosas, no es descabellado, sino por el contrario de alta responsabilidad, que el presidente denuncie que la extrema derecha prepara un golpe blando, pues esto se deduce de algunos indicios que por inútiles o insignificantes que parezcan sus protagonistas -piensen en el concejal Guri Guri y en los marchantes que cargaron ataúdes para enviar mensajes sicariales de terceras personas en la marcha del 21 de mayo- no deben desestimarse, aunque el avasallante respaldo del pueblo a su presidente nos haga pensar, razonablemente, que tumbar al presidente Gustavo Petro, sería igual de difícil que tumbar al pueblo.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: Centro democratico y Caracol Radio Le escuché a León Valencia en la presentación de su último libro decir que el más perjudicado con la parapolítica fue Horacio Serpa. El candidato liberal, en diciembre del 2001, era el favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarían unos meses después. Se había formado un gran bloque liberal para apoyarlo. Uno de esos políticos que habían decidido respaldar al santandereano era Álvaro Uribe Vélez. Aunque terminó con una significativa imagen positiva su gobernación de Antioquia, Uribe era poco conocido en el país. En el año 2000 estaba en Inglaterra, tomando cursos en la universidad de Oxford, pero decidió regresar para apoyar a Serpa. Pronto cambiaría de planes. Su paso como gobernador no estuvo exento de críticas por decisiones como darle vía libre a las CONVIVIR o no escuchar la súplica que le hizo en su momento el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien le alertó sobre las masacres del Aro y la Granja que después ocurrirían. Pocos meses duró Uribe apoyando a Serpa hasta que decidió poner sus tiendas en otra parte y aspirar a la presidencia. Las opciones eran pocas en diciembre del 2001. Apenas marcaba un 1% de favorabilidad. En ese momento se rompía en mil pedazos los diálogos del Caguan, la gente le pedía resultados al entonces presidente Andrés Pastrana pero la zona de despeje sólo sirvió para fortalecer a las FARC. Serpa respaldaba estos diálogos, Uribe no. Y así fue haciendo campaña, prometiendo una confrontación directa con esa guerrilla y devolverle las carreteras a los colombianos. En pocos meses arrasó. Ganó en primera vuelta con un 53.1% de la votación. Era la primera vez que un presidente colombiano ganaba una elección en primera vuelta. A Uribe, en esa carrera presidencial, lo apoyaron partidos que estaban metidos de lleno en la parapolítica. Uribe había tenido amplias votaciones en zonas de influencia paramilitar. Esto le serviría años después a analistas para sacar sus conclusiones. En la mañana que se está escribiendo este artículo arrancará el juicio a Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Esta historia arrancó diez años atrás. Uribe, adicto al poder, se lanzó al senado y ocupó una curul obteniendo una votación histórica. Encontró en Iván Cepeda un contradictor de peso, como nunca lo había tenido en su carrera política. En un debate en el senado del 2014 Iván Cepeda señaló que Uribe había recibido apoyo de los paramilitares. Dio cinco razones para argumentar su acusación. Presentó documentos que comprobarían que Uribe se había sentado a negociar con los comandantes paramilitares apoyo para esa campaña del 2002, respaldo económico, distribución de volantes coerción a otros candidatos y hasta movilización de votantes. Mancuso fue uno de los jefes paramilitares que habló con Cepeda. Mancuso afirmó en el 2012, ante jueces de Justicia y Paz, que las AUC simpatizaban “con los planteamientos ideológicos y las políticas de Uribe”. En una entrevista con Caracol Radio dijo, poco después, que los paras financiaron su campaña a la reelección en el 2006. En una diligencia, frente a la Corte Suprema de Justicia confesó, en el año 2010, que los paras también estuvieron ahí en la primera elección, la del 2002: “Nosotros para ese momento, el año 2002 e incluso desde 2001, hicimos una conferencia nacional de autodefensas donde acordamos, dentro de esa reunión de comandantes, cesar acciones con objetivos múltiples porque eso perjudicaba la campaña del presidente Uribe”. Y completaría su afirmación diciendo “Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la Presidencia en ese momento”. El ex mandatario en ese momento desplegó su acostumbrada ira santa, pero estas declaraciones no venían solas, estaban respaldadas por las de Freddy Rendón Herrera, El Alemán. Sobre el apoyo a Uribe en su primera campaña presidencial dieron declaraciones los siguientes nombres: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y hasta la recientemente desaparecida empresaria del chance Enilce López. Cepeda, en ese debate del 2014, cuestionó incluso la reducción de masacres de los paras desde el año 2001 como parte de la estrategia para posicionar a Uribe. Afirmó que, a través de la congresista Eleonora Pineda, caso emblemático de la parapolítica, envió una respuesta positiva de apoyo a Uribe. El senador del Polo Democrático habló del constreñimiento electoral que hicieron los paras en la Costa Caribe y la presión que hicieron para que en las elecciones del 2002 al congreso ganaran los candidatos ungidos por ellos. Esto, que desembocó en el escándalo de la Parapolítica, fue la pita que haló León Valencia y sus investigadores en el año 2004 y que comprobó cómo los paras se tomaron el congreso. Veinte años después esta investigación ha arrojado los siguientes resultados: 187 políticos condenados entre los que se cuentan congresistas, alcaldes y gobernadores. La mayoría de estos políticos pertenecían a la órbita de Uribe. Incluso su primo, Mario, terminó condenado por esos hechos. León Valencia cuenta al principio de sus memorias, Mis años de guerra, como en un juzgado en Medellín Mario Uribe estuvo a punto de golpearlo. Jamás un presidente de la República estuvo metido en un escándalo de esas proporciones, siendo acusado de haber sido favorecido y tener el apoyo de un grupo armado ilegal. En su afán por defenderse quiso torcer el curso de la justicia, meterse en un lío sobre manipulación de testigos para atacar a Cepeda, y terminar en un juicio que arranca hoy. Al expresidente se le podrían empezar a caer varias máscaras. Una de ellas puede ser la de la parapolítica. ¿Cómo no se dio cuenta que había un elefante morado con pepas y luces de neón sentado en su sala?

Por: Redacción Pares Foto tomada de: RTVC Noticias Mario Calderón nunca tembló ante nada. En 1989 la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía, le encomendó una misión: regresar a Colombia a coordinar el programa por la Paz al Magdalena Medio. Tendría que vivir en una zona de alta presencia paramilitar, Tierralta Córdoba. Antes que ser sacerdote era un intelectual con doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de París. Estaba convencido de su vocación. Si había que dar la vida pues así lo haría. En Tierralta era visto con desconfianza. Los jesuitas no son curas común y corrientes. Mario pertenecía al Centro de Investigación y educación popular CINEP, creado en 1988 por Javier Giraldo, su amigo y compañero en la orden. Alvarado se involucró en la comunidad. Sabía y denunciaba el horror. A la parroquia llegaban las noticias. Era seguido que aparecieran cuerpos tirados al lado de la carretera de campesinos. Alvarado usaba el jeep de la parroquia para irlos a recoger. Vinieron las amenazas. Estas se cumplieron el día en el que mataron, al pie de la iglesia al sacerdote y también investigador Sergio Restrepo Jaramillo. Calderón entró en una crisis profunda que lo llevó a dejar de un lado sus votos y convertirse en un civil. Eso sí, el interés por el otro nunca cesó. Se fue al Sumapáz a defender el agua, una actividad que puede llevar a la muerte en un país como Colombia. Elsa trabajaba en el CINEP. Periodista acuciosa, comprometida, se metía de lleno a indagar los hilos detrás de los medios de comunicación. En 1997, su último año de vida, trabajó con el ministerio de comunicaciones del gobierno Samper. Elsa y Mario eran una pareja muy conocida en Bogotá. Eran una fuerza de la naturaleza. Y los mataron. Una semana antes de su asesinato Elsa y Mario regresaban de la pequeña finca que tenían en Sumapaz cuando un retén del ejército los detuvo. El investigador se dio cuenta que los oficiales del ejército sabían demasiado sobre él y sus actividades en el Sumapaz. La defensa del páramo afectaba a gente poderosa. Ese retén, las preguntas, alertaron a Mario: había que exiliarse, no tenían otra posibilidad. Pero el tiempo no les dio. El 19 de mayo de 1997, pasada la medianoche, cuatro hombres se apostaron frente a su apartamento en el edificio Quintas de la Salle en Chapinero. Iban en un Renault 9 de color blanco. Vestían con overoles negros. Ante las preguntas del portero del edificio respondieron que eran hombres del CTI, cuando el portero los deja pasar, los hombres lo ponen en el piso y lo amarran. Luego suben al apartamento de Elsa y Mario.  Era el 702, irrumpen tumbando la puerta. En ese momento están en ese apartamento los dos investigadores, Iván, el pequeño hijo de ellos y los padres de Elsa. Los hacen arrodillar y les disparan a mansalva. La madre de Elsa sobrevive de milagro y es la que cuenta detalles de lo que sucedió. Poco a poco y no precisamente por las pesquisas judiciales se supo los determinantes del crimen. Después de su desmovilización Ever Veloza, alias H.H afirmó que la muerte de los investigadores empezó a gestarse en 1996, en una reunión entre Mancuso y Carlos Castaño en la hacienda San Nicolás. Ellos, según H.H, le dieron esta misión a la banda La Terraza. En el año 2021 la Fiscalía declaró este crimen como de lesa humanidad para que no prescribiera. Sin embargo le faltó rigor a este ente para dejar claro que se trataba de un crimen hecho con método y que correspondía al mismo tipo de crimen en el que cayeron Jaime Garzón, el abogado Eduardo Umaña Mendoza y el defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Su amigo Javier Giraldo, a quien aún le duele la muerte, le dijo hace unos a El Espectador que él no cree en que los paramilitares tuvieron algo que ver. Que todo fue un tema montado y perpetrado por el ejército: “Meses antes del crimen, Mario me contó que el Ejército pasaba y les preguntaba a los campesinos de Sumapaz de quién era la finca, cuándo iban, cómo se llamaban, dónde vivían, sus números de contacto (…) La teoría de los paramilitares es un montaje de la Fiscalía. El crimen va a quedar impune, la investigación sigue abierta, pero no avanza. Si la muerte de Gaitán no se descifró, imagínense qué va a pasar con este caso”. Sobre este caso sólo hay una condena. Se han absuelto a diez personas. En su compromiso con la paz Salvatore Mancuso podría ser una pieza clave para develar la verdad sobre un crimen que sigue pesando. La voluntad del ex comandante paramilitar es innegable. Esta semana anunció que se reunirá con otros ex comandantes de las AUC para dar con los lugares donde están enterrados más de doscientas personas en la frontera con Venezuela. Está listo además para entregar algunas de las propiedades que despojó de manera ilegal. Dar luz sobre el crimen de Elsa y Mario sería un gran paso a la verdad y a la justicia. Es una deuda que se tiene con Iván Calderón, el hijo que sobrevivió en esa noche aciaga y que vive en el exilio desde hace veinte años.

Por: Isabela Puyana Es cada vez más frecuente el término Transición Energética Justa. Se menciona en todas las alocuciones presidenciales, las siglas TEJ hacen presencia en redes sociales y hoy todo lo relacionado con medio ambiente, hidrocarburos o escasez de agua es imposible apartarlo del discurso de la Transición Energética. Esta es una breve explicación sobre la Transición Energética Justa y cuáles son los mitos y realidades que existen detrás de estas palabras que dicen ser un compromiso de todos, pero que pocos entienden. ¿Qué es la Transición Energética? Transición es pasar de un punto ‘a’ a un punto ‘b’. La transición energética implica el cambio de una forma de producción de energía a otra e incluye fuentes de energía renovables y no renovables. Entre los cambios se encuentra el reemplazo de combustibles fósiles (como el carbón y el petróleo) por fuentes renovables (como la Energía solar y eólica). ¿Por qué es justa? La transición energética no puede verse sólo como el cambio de una fuente de energía por otra. Una transición energética, para ser justa, debe asegurar que se salvaguarden (es decir, que se garanticen) la protección y respeto de aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, y que los beneficios sean distribuidos equitativamente. Ahora, en un proceso de transición hay múltiples actores y, por tanto, visiones sobre qué constituyen los costos y los beneficios. Establecer reglas de juego claras y espacios de participación que permitan llegar a unos mínimos aceptables para todas y todos los actores es fundamental. Definiciones de la Guía Periodística para narrar la Transición Energética Justa de Consejo de Redacción Frente a un panorama global en el que es cada vez más necesaria y urgente la Transición Energética Justa, adicional a que este sea uno de los principales objetivos del gobierno actual y las confusiones que pueden generar los términos especializados detrás de este debate, ha abundado la desinformación sobre el tema. Estas son algunas de las ideas que se repiten en redes sociales, discursos políticos y medios de comunicación: Mito La Transición Energética Justa es un capricho del Gobierno de Gustavo Petro. verdad Aunque este gobierno ha puesto de manera prioritaria en la agenda el tema y la necesidad de adaptación y mitigación o reducción de las emisiones de carbono (descarbonización), la transición energética más que un capricho del presidente de turno es, desde 2015, un compromiso internacional que se alinea con acuerdos como el Acuerdo de París. Mito Colombia no debería asumir un compromiso en la transición porque no es un país contaminador. Verdad Colombia emite menos del 1% de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo que ha llevado a la percepción de que no es tan urgente hacer una transición energética. Sin embargo, la contribución de los países que emiten alrededor o menos del 1% de CO2 a la atmósfera suma alrededor de 22%. Colombia ocupa el puesto 41 en cantidad de emisiones contaminantes en el mundo, pero en Centro y Suramérica es el tercer mayor emisor. Otra razón por la que urge la Transición Energética Justa es porque aunque el país no es un gran contaminador, si es uno de los países más vulnerables ante los efectos. Un informe de la oficina del director nacional de inteligencia de Estados Unidos, incluyó a Colombia dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, junto con Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, Afganistán, Birmania, Pakistán, India, Irak y Corea del Norte. Verdad hallada en el informe de Colombia Check, Aunque Colombia no sea un gran contaminador, sí es necesaria la Transición de Tomás Tello Monroy Mito La Transición energética justa aplica únicamente para el sector minero energético. Verdad En el caso de Colombia, el Programa Estratégico para la Transición Energética incluye la expansión de energías renovables en las que tiene en cuenta la energía solar, eólica, bioenergía, pequeñas centrales hidroeléctricas e hidrógeno verde como un despliegue para la interconexión nacional. Así mismo plantea una movilidad sustentable a través de transporte masivo terrestre por vías férreas e incluye al gas natural en su estrategia para la transición. Conocer el sector minero energético y darle un apoyo en la transición es solo uno de los muchos puntos que se plantean para lograr esta finalidad. Mito La Transición Energética Justa es una obligación del gobierno Verdad Aunque el gobierno debe conformar programas estratégicos con el fin de lograr sus acuerdos internacionales y compromisos hacia el 2030 en búsqueda de la disminución de la huella de carbono, así también, con proyectos como los que se han planteado como las comunidades energéticas, que busca llevar a más de 20.000 comunidades aisladas energía y democratizar el servicio, Esta puede ser una  de muchas oportunidades para involucrarse en el proceso de la transición con la que todos nos vemos beneficiados.

Por: Isabela Puyana La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), que se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, es el espacio de discusión y negociación más importante de las Naciones Unidas sobre la protección de la biodiversidad. La ministra Susana Muhammad fue quien consiguió que Colombia fuera elegida como la sede después de que Turquía renunciara a su papel como anfitrión tras el terremoto ocurrido el 6 de febrero del 2023. “Fue gracias a la delegación de Brasil durante la convención en Dubái que decidimos poner el nombre de Colombia para ser elegida como el reemplazo de Turquía. Brasil será el otro año sede de la COP internacional sobre el clima y si Colombia tuviera el de la biodiversidad, serían dos años de visibilidad para América Latina. Entre ambas delegaciones nos pareció una muy buena idea.” Aseguró Muhammad durante una entrevista para BluRadio. A diferencia de la Convención Climática, la COP de biodiversidad, a la que asisten más de 190 países, se realiza cada dos años y en las conferencias se busca tomar medidas determinantes para la protección de la biodiversidad a nivel mundial. Por ejemplo, en la COP15 en Montreal, se acordaron cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030. Para el final de esta década los países se comprometieron a la conservación del 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, de zonas costeras y océanos. También a una restauración de al menos el 30% de los ecosistemas degradados, así como acercar a cero la pérdida de áreas de gran importancia para la biodiversidad. Otra de las metas planteadas fue la de reducir a la mitad el exceso de nutrientes y el riesgo general que provocan los plaguicidas y los productos químicos altamente peligrosos. Estas metas tendrán su primera evaluación en la COP16. Dentro de las expectativas para el evento estará la revisión de la actualización de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción en Biodiversidad, que son los instrumentos que los países llevan a cabo para planificar la implementación del Marco. El ministro de Ecología y Medio Ambiente de China y presidente de la COP15, Huang Runqiu, dijo: “Como presidente de la COP15, agradezco la oferta de Colombia para ser la sede de la COP16. Esperamos trabajar con ellos para continuar el impulso hacia la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Global Kunming-Montreal y asegurarnos de acelerar nuestro movimiento desde el acuerdo hacia la acción para lograr la visión de 2050 de la Convención”. Uno de los principales temas que la ministra Muhammad asegura que deberán ser tratados es el marco de beneficios para los países con biodiversidad dentro del sistema económico. Esto debido a los negocios que se producen en distintos sectores como el de las farmacéuticas que replican cadenas genéticas a base de organismos que le pertenecen a un país, que nunca ve una ganancia o garantía de protección. Esta también será una cumbre étnica dada la preocupación que ha manifestado este gobierno por los conocimientos tradicionales, que son también codificados y utilizados económicamente sin el pago justo hacia las comunidades que los entregan. “Ya no solamente estamos enviando el mensaje al mundo sobre nuestra prioridad que es la del cuidado de la biodiversidad, sino que el mundo va a venir aquí a tomar decisiones. Doscientas delegaciones, jefes de Estado, ministros de ambiente, esto es histórico, nunca antes lo habíamos tenido, pero asimismo va a haber presencia de comunidades, porque esta COP va a ser también de la gente, de las bases y una excusa para unir al país. Tenemos que trascender porque este es un evento no solamente de Colombia, sino que nos pondrá en el radar para hacer propuestas sobre el futuro a nivel global”. Aseguró Luis Gilberto Murillo ministro de Relaciones Exteriores durante la alocución presidencial que anunció a Cali como sede de la COP16. PARES hará un aporte a la COP16 desde El Centro de Pensamiento de Transición Energética Justa y la Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos. Estaremos presentando investigaciones y lecturas territoriales sobre la Amazonía en clave medioambiental y de paz. Buscaremos situar a esta región en el ojo público por su valor estratégico en biodiversidad, así como, por su posibilidad de acercamiento a conversación por la paz, negociaciones y salidas humanitarias conformadas por poblaciones de la zona.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Espectador La semana pasada se respiraba miedo entre los funcionarios del INPEC que trabajan La Modelo de Bogotá. Circulaba un pasquín en donde se amenazaba de la peor forma al sargento retirado Elmer Fernández, quien, hasta este jueves 16 de mayo, día en el que fue asesinado, fue el director de esa cárcel: “De parte de Pedro Pluma del patio cuarto para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia”. En la noche del 9 de mayo se produjeron tres disparos que salieron de la parte externa del establecimiento carcelario y se estrellaron contra la pared. Quedaba clara que la amenaza fácilmente podría pasar a los hechos. Al otro día de estos hechos, la fundación PARES alcanzó a hablar con el dragoneante Johan Pardo quien trabaja en La Modelo. Con preocupación veía que las medidas tomadas por el ministro Néstor Osuna, a raíz de las amenazas que venían sufriendo en cárceles como ésta donde trabajaba o La Tramacúa eran insuficientes. Hoy jueves, 16 de mayo, se comprobó de la peor manera que esta prevención era real. Se empezó a escuchar hablar de represalias desde la semana pasada cuando las directivas de La Modelo empezaron a hacer requisas contra La Oficina de Tuluá, conocida también como La Inmaculada.  Las primeras investigaciones apuntan a que el tal Pedro Pluma pertenecería a este grupo delincuencial. La Inmaculada se dio a conocer en el país el pasado 10 de febrero. Ese día decidieron atacar con todo a la oficina de Tránsito de la ciudad. Primero asesinaron al agente César Augusto Hernández, quien en ese momento se encontraba en la sala de su casa. Luego fueron contra otro agente, Johny Castaño. Cobijados por la impunidad, incineraron en plena vía pública a nueve vehículos y un supermercado. Todo esto era la represalia por haber sido capturado uno de sus líderes, Mauricio Marín Silva, alias Nacho quien había caído un día antes, el nueve de febrero, en la vereda Guayabal en Tuluá. Su traslado a una cárcel desató la ira de la Inmaculada. Desde cárceles como La Tramacúa y la misma Modelo, bandas como la Inmaculada o los Rastrojos manejan la extorsión a placer. Desde el 2022, cuando apareció el Negro Ober, líder de los Rastrojos Costeños, amenazando con matar a comerciantes del Atlántico, como represalia después de que fuera detenida su esposa, se sabe del poder que tienen estas bandas dentro de la cárcel. Tal y como lo dice el investigador Nicolás León, de la línea de Convivencia y Seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, después de la muerte del director de La Modelo: “Esta es una pequeña muestra de la crisis carcelaria. Los centros de reclusión y carcelarios no son espacios de resocialización. Al día de hoy son espacios dinamizadores del crimen organizado.” Las amenazas son una constante. En marzo de este año en la cárcel de la Tramacúa, en donde está encerrado alias Pipe, otro de los líderes de La Inmaculada, circuló este pasquín: “Estamos dirigiéndonos a ustedes dragoneantes del Inpec, cuadros de mando, director de Palogordo, director regional, presidentes de sindicatos. Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado”. Después se comprobó que no sólo pedían el traslado de alias Pipe sino también de otro de los duros de la organización encerrados en esa cárcel, se trata de Andrés Hernández Salazar, alias “Care gallo” quien ha sembrado el terror en el Quindío. Las amenazas se deben al aumento de intensidad en los operativos contra La Oficina de Tuluá donde están presos sus cabecillas. En la cárcel de Girón, donde están presos los cabecillas de la Inmaculada hay temor. En un programa de Alerta Santanderes el dragoneante Sánchez Banderas se desahogó y habló claramente sobre la angustia que les da el abandono y la desprotección estatal en la que viven: “Lo que nos preocupa es que se hagan efectivas estas amenazas porque lo que quieren es presionar el traslado de esta persona privada de la libertad, dan 24 horas, es decir hasta el día de hoy, o si no somos su objetivo tanto los presidentes del Sindicato, directivos, cuadros de mando, entonces es bastante preocupante, porque esta es la prueba reina al igual que otras oportunidades, que efectivamente no tenemos garantías para ejercer nuestra profesión estamos abandonados, no tenemos acompañamiento de parte de la Policía Nacional ni el Ejército”. El director de La Modelo se encontraba en un carro del INPEC en el sector de Barrios Unidos al norte de Bogotá. El ministro Osuna lanzó un escueto comunicado: “lamento ser portador de una terrible noticia, acaba de ser asesinado el coronel (r) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, cuando iba en su carro en la carrera 30 con calle 80 en la ciudad de Bogotá". Además decretó la emergencia carcelaria por la situación que se vive en el país: En apenas dos meses ya se llevaban registradas cinco atentados y 10 amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Las investigaciones sobre quien pudo estar detrás de este asesinato están en curso.

Por: Juan David Roldán Álvarez* Mucho se ha dicho sobre los resultados de la reforma agraria en el gobierno del presidente Petro. Sobre todo, con los últimos cambios de dirección en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad que tiene la principal responsabilidad de entregarle tierra a los campesinos/as y comunidades étnicas que no tienen tierra o que tienen de manera insuficiente y entregar los títulos de propiedad a las personas que llevan más de diez años sobre su predio, pero no tienen una escritura que les reconozca el derecho como propietarios. Entregar títulos equivalentes a 7 millones de hectáreas y comprar 1.5 millones de hectáreas es la meta que se ha propuesto este gobierno. Sin embargo, la ANT era una entidad que no estaba preparada en términos organizativos, administrativos y gerenciales para esta tarea urgente. De tal modo, el exdirector de la ANT, Gerardo Vega, se dispuso a rediseñar y fortalecer esta entidad desde septiembre de 2022 (puedo hablar con detalle y conocimiento sobre este proceso, debido a que hice parte del equipo primario del exdirector y lo acompañé en esta brega todos los días desde que se posesionó en el cargo), todo con el objetivo de cumplir el mandato de la reforma agraria que le había encomendado el presidente, pero en especial de cumplirle a las comunidades rurales que por años han esperado la materialización de su derecho. El grueso de lo que ha hecho la ANT desde septiembre de 2022 a hoy mayo de 2024, es básicamente lo que dejó el exdirector Vega. Es decir, 290.000 hectáreas de tierra adquiridas para la reforma agraria, 1.700.000 hectáreas en titulación de tierras, seis Zonas de Reserva Campesina constituidas, trece predios recuperados y puestos a disposición de la comunidad raizal y palenquera en Islas del Rosario, 32 oficinas regionales; una por cada capital de departamento. Todos estos resultados han sido reconocidos y presentados por el propio presidente Petro, en la instalación del Congreso el 20 de Julio de 2023, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2023 y en la rueda de prensa con el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2024. A pesar de estos resultados concretos, a Gerardo Vega se le solicitó la renuncia y dejó la ANT desde el 7 de febrero de 2024. Lo reemplazó el exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman, un advenedizo con nula experiencia en el sector agricultura y que tiene a cuestas múltiples denuncias penales en la Fiscalía derivadas de su gestión en la alcaldía de la capital del departamento del Meta. De tal manera, pareciera que, con esta movida en la Agencia de Nacional de Tierras, el gobierno nacional apostó por un cambio que impulsara la reforma agraria en el país. Sin embargo, el impulso a la reforma agraria no se ha visto en estos ya casi cuatro meses desde la llegada del nuevo director a la máxima autoridad de tierras en el país. Lo que se conoce de su gestión, ha sido más bien una campaña mediática dedicada a desprestigiar con declaraciones y denuncias infundadas la administración del exdirector Vega. Cosa bastante extraña, pues se esperaba que la transición fuese tranquila y el director Harman llegara con un plan para ejecutar rápidamente los 1.330 millones de dólares que tiene asignados para comprar tierra y sacar adelante la reforma rural. Pues nada de eso se ha visto y la parálisis es total con la llegada de Harman; no se compra tierra a los ganaderos, no se contrata personal para ejecutar las obligaciones de la entidad, no se dan directrices claras sobre las metas, el 80% del equipo que llegó con el nuevo director no tiene experiencia en temas de tierras y no se ejecuta el presupuesto (al punto que el Ministerio de Hacienda ha castigado a la entidad en los últimos tres meses por no ejecutar el presupuesto asignado para la compra de tierras). Ejemplo de ello es la peinada que le pegaron a Harman hace unas semanas en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en la que salió a flote que la entidad no va ni en un 2% de ejecución. Ante el embolate de la reforma agraria, La ministra de Agricultura y el director Harman han salido desesperadamente a presentar dos acuerdos en los que aparentemente ejecutarán 900 mil millones de pesos, uno es con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 600 mil millones y el otro es con el Fondo de La Unidad para las Víctimas por 300 mil millones. A primera vista es una gran alianza para la reforma agraria entre entidades del Estado. Lamentablemente lo que no se cuenta, es que tanto los predios de la SAE, como los del Fondo para las Víctimas no están disponibles de manera inmediata, ni cumplen las características necesarias para entregarlos rápidamente a los campesinos. Con el exdirector Vega ya transitamos ese camino y el diagnóstico es simple: muchos de estos predios no están saneados jurídica, ni materialmente, tienen problemas de seguridad, deben impuestos, son costosos y tienen bienes suntuosos. Pero todo mundo tiene derecho a un tiempo de aprendizaje, lo que no sabemos es cuánto le van a dar Harman ¿el mismo que le dimos al expresidente Duque? Así las cosas, el futuro de la reforma agraria se vislumbra incierto y a la deriva. Si el director Harman no toma decisiones gerenciales efectivas para ejecutar el presupuesto y comprar las tierras fértiles disponibles y la ministra no deja las vanidades académicas, muy probablemente uno de los programas bandera del Gobierno del Cambio fracasará. Cada día que pase sin comprar tierra y entregarla a los campesinos -como ha pasado en los últimos cuatro meses-, es fatal para la reforma rural integral en Colombia. *Politólogo (egresado UdeA), estudiante maestría en Asuntos Internacionales - Universidad Externado de Colombia. He sido asesor en el Congreso de la República de Colombia, asesor en temas de paz, DDHH y estrategias políticas electorales. Escribo sobre asuntos internacionales, agenda global, seguridad y defensa. También sobre la actualidad política en Colombia.

Por: Redacción Pares La policía llevaba meses acorralando a los muchachos. Primero mataron a Jesús León, un estudiante de odontología, quien era conocido por su trabajo en Bienestar Universitario, que protestaba sobre la carrera 30 el 7 de octubre de 1983. Lo acusaron de haber pertenecido a un grupo guerrillero. La reacción de los estudiantes fue, unos meses después, el 16 de mayo de 1984, encapucharse y quemar un bus dentro de la Plaza Che. La reacción del rector fue permitir que la policía entrara y les diera bala a los estudiantes. De ese horror se cumplen cuarenta años. Nadie podrá olvidar este día. Nadie contó los muertos. Días antes de estos hechos ya se venían presentando hechos que ponían en alerta a la comunidad universitaria. Uno de ellos fue el asesinato el 9 de mayo de 1984 del líder estudiantil Jesús Chucho León, en Cali. Al principio dijeron que lo habían asesinado dizque por robarle la moto. Nada de esto es cierto. En la autopsia que se le hizo al cuerpo del joven quedó evidenciada la tortura que le hicieron antes de asesinarlo. Ya se habían presentado acoso, provocaciones, como la ocupación en septiembre de 1982 de las residencias estudiantiles y que permanecieron ocupadas de manera ilegal hasta la semana santa de 1984. En cada tropel a los policías se les empezó a hacer fácil acosar y disparar sobre estudiantes. Así también mataron a Yesid, un estudiante de arqueología. El día que quemaron el bus en la Plaza, después de la una de la tarde, después del estallido de una papa creada por los estudiantes, la Fuerza Pública, incluidos los policías de civil, se tomaron la universidad nacional y empezaron a reprimir. El rector, Fernando Sánchez Torres, afirmaron que hicieron un rastreo y que no encontraron muertos pero los estudiantes si vieron todo el horror. Asesinados a mansalva, rematados en el piso. Pisoteados por la bota militar. Se cumplen 40 años en los que la verdad ha intentado salir a flote pero la han ahogado impunemente. Después de ese suceso la universidad duró cerrada durante 11 meses. Cuando se reabrió la universidad los servicios de Bienestar Universitario, que le permitió a tantos estudiantes que no tenían nada pudieran comer, desapareció, así como también desapareció las residencias universitarias. Hay una investigación de archivos el Búho de la Universidad Nacional cuyos resultados fueron publicados en su momento por el diario El Espectador. El número de estudiantes detenidos y posteriormente torturados, incluso adentro del plantel, fue de 80. En marzo del 2021 un grupo de estudiantes le entregó a la Comisión de la verdad una investigación sobre este fatídico día. En ella se explica la transformación que venía teniendo la universidad quien pasó de ser un centro de estudios para clases privilegiadas en los años sesenta, a recibir a estudiantes de provincias, pertenecientes a estratos bajos. Esto politizó la universidad y produjo una intensidad en los paros como se vio en el año 1976 cuando hubo una activa protesta por el cierre de las residencias universitarias, o las continuas protestas que hubo en la universidad en contra de las políticas represivas del gobierno Turbay entre 1978 y 1982. Esa activación del pensamiento crítico universitario fue ripostado por los gobiernos con toda su brutalidad. La universidad no olvida. Cuarenta años después está sumida en una crisis institucional. Prácticamente hicieron un golpe de estado los administrativos para imponer como rector a un funcionario que es rechazado por la comunidad estudiantil. Esto generó un paro que ya lleva dos meses y ya hay rumores de cancelación de semestre. La elección de Ismael Peña no tiene contento a nadie, ni siquiera a trabajadores de la universidad que se sumaron al paro. La coyuntura, la conmemoración de los cuarenta años del mas violento ataque de la policía a la comunidad universitaria, hará que los estudiantes salgan  a la calle en este día. Se harán sentir con toda su fuerza.

Por: Laura Bonilla, Iván Gallo En 1988 Carlos Castaño Uribe, entonces director de Parques Naturales, quería visitar Amacayu, una población en el extremo sur del país. Tomó una avioneta muy pequeña y en el aire la tormenta lo sorprendió. Se tuvieron que ir desviando, hacerle la gambeta al aguacero, de pronto entraron en un claro y descubrieron un mundo perdido. Era Chiribiquete. Carlos no era un vulgar marinero caza fortunas y despojador como Cristóbal Colón. Carlos era una antopólogo-arqueólogo con vasta experiencia. El hombre ideal para dimensionar la maravilla que se acababa de descubrir. Nadie estaba preparado para ver esos tepuyes, esas formaciones rocosas en medio de la llanura del Amazonas que tuvieron su formación hace 200 mil millones de años en el escudo guayanés. Parecía que hubieran sido puestos ahí, como huevos de un animal prehistórico. Lo primero que habría pensado Carlos Castaño-Uribe es que éramos más viejos de lo que pensábamos. Lo mejor es que todo estaba intacto. No sólo había descubierto América, también había descubierto la tumba de Tutankamón para la ciencia. Se hicieron varios sobrevuelos antes de ser declarado parque natural en 1989. Un año después hizo su primera expedición. Viajaron por uno de los ríos que lo surcan, el Ajaju y entonces descubrieron algo que cambiaría para siempre la concepción del hombre americano: los grabados que están en los tepuyes. Algunos, en sus paredes de 150 metros de alto, tienen 19.000 años. Esto cambiaba para siempre la concepción que teníamos de cultura. Eramos más antiguos que los propios egipcios, que a su vez ya eran antiguos para los antiguos. En las expediciones Castaño se dio cuenta, además, que a los alrededores de los tepuyes no habían asentamientos humanos. Desde hace 50 siglos han estado viniendo a este lugar miembros de tribus del Amazonas a rendirle culto a unos dioses que no entendemos y que los blancos hemos ido matando sin que tiemble el pulso: los jaguares. Las formaciones naturales más antiguas del planeta eran la maloka de los hombres jaguar. La prensa empezó a ponerle epítetos. Decían que era “La gran capilla sixtina del Amazonas” como si se pudieran comparar ambas cosas. Castaño-Uribe empezó a convertirse en el gran profeta de Chiribiquete y nos enseñaba algo: la mejor forma de preservarlos es no conociéndolo. Todo era muy frágil. Sobre todo lo que lo rodeaba. Flora, fauna y recursos hídricos que le traerían a la humanidad la seguridad de tener aire durante varios siglos más si esto se preservaba. Por eso una de las tareas de Castaño-Uribe fue ampliar el parque natural. En 1989 su extensión era de 1.250.000 hectáreas. Esta superficie se localiza entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Los cascos urbanos más cercanos y los que podrían afectar directamente a la zona son San José del Guaviare, Miraflores, Calamar, San Vicente del Caguan, Solano y Cartagena del Chairá. La lucha de Castaño -Uribe era poder ampliar esta zona para aumentar su protección. Porque a pesar de que la mano del hombre ya la estaba rodeando, aún, en el año 2018, seguía siendo la zona de extensión de selvas, humedales y recursos hídricos más grande del planeta. Estaba preservada también por la guerra. Este era un territorio FARC y la guerrilla se ocupó  de impedir que multinacionales mineras no llegaran a destruirla. El área se amplió en los últimos años. En el 2013 Santos decide que el parque tendrá 2.7 millones de hectáreas y en el 2016, después del boom que causó Colombia Magia Salvaje, se amplió a más de cuatro millones. Pero la gente quería ir. Sobre todo después de que terminó el conflicto con las FARC. Para ellos una selfie era más importante que el equilibrio de un ecosistema.  Algunos su único motivo fue el ego y tomarse fotos con las huellas de nuestros antepasados. Otros simplemente querían llevarse la riqueza. Hasta el 2.017 se tenían estos datos sobre su flora: había 2.138 especies de plantas, pertenecientes a 143 familias. 16 de estas familias sólo se dan en el área del parque. Si se destruyen jamás volveríamos a ver una. Este lugar además alberga el 15% de los mamíferos que hay en Colombia, 82 especies distribuidas en ocho órdenes, 18 familias, 10 subfamilias y 63 géneros. Este es el territorio del jaguar y el puma, considerados sagrados, este es el reino del mono araña, el cotudo y chucuco, de edentados como osos hormigueros, armadillos, pero además hay venados, marsupiales, murciélagos, 374 especies de ave y sus tres ríos, entre los que se cuenta el emblemático Apaporis tienen 63 especies de ave. Y todo esto está en peligro. Hace unos días nos llegó a la fundación Paz y Reconciliación una denuncia. A comienzos de esta semana la FDSC realizó un sobrevuelo por la zona y encontraron la evidencia que los apropiadores de tierra, quienes son en su mayoría pertenecientes a grupos armados, ya están desforestando muy cerca a los tepuyes de Chiribiquete. Las advertencias de Castaño-Uribe están lejos de haber sido escuchado. En Colombia se desforestan alrededor de 200 mil hectáreas, con el gobierno Petro se bajaron estas cifras a 160 mil. El gobierno celebró pero no hay muchas razones para hacerlo. Estas fotos demuestran lo cerca que están del Chiribiquete, el corazón de la Amazonía, el más protegido que hay en Colombia. Es vital para el tema del agua y para conectarse con la Orinoquía. Pero los aparadores de tierra ya están acá y sería el final de este paraíso. Según un funcionario de la Contraloría las acciones que ha tomado el gobierno han sido insuficientes: “Las últimas operaciones que se llamaban las burbujas donde la Fuerza Pública coordinaba con otras instituciones para parar la desforestación no se han vuelto a hacer y ya en la Amazonía hay evidencia de siembra de palma africana y eucalipto además de presencia de ganadería”. El fin estaría más cerca de lo que pensamos. Para Laura Bonilla, subdirectora de Pares, “detrás de la desforestación, de mover la frontera agraria, es que la gente, pese a la crisis del precio de la coca, extiende los cultivos de coca porque considera que ahorrar en pasta de coca es una especie de salvamento para cuando mejore el precio. Los grupos armados ilegales vienen detrás de esto y del comercio ilegal de madera que se suma a las ya fuertes economías que alimentan la guerra hoy”. Estas fotos demuestran el horror en el parque natural Tinigua: Fotos de parque natural Tinigua