Por: Nicolás Bohórquez e Iván Gallo Foto tomada de: Semana y Centro de Memoria Historica Mientras la mayoría de medios señalan la cercanía de Sneyder Pinilla, el exvice director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con clanes políticos de Santander como los Aguilar -durante su campaña a la alcaldía de Sabana de Torres aparece en varias fotos abrazado con el patriarca familiar Hugo Aguilar- los Tavera o el ex alcalde de Floridablanca, el cuestionado Héctor Mantilla, a quien se le atribuyen delitos de corrupción durante su gestión, han olvidado un pequeño detalle: Sneyder Pinilla expandió su red con un super poderoso de Norte de Santander, su actual gobernador William Villamizar y además tuvo una importante relación con el clan emergente de Jhon Abiud Ramírez. Con Villamizar desarrolló su vida como contratista. Sus conexiones en Cúcuta son fuertes. Gracias a Villamizar, Sneyder conoció al contratista Germán Alberto Berbesí Barroso, quien, en palabras del portal La Silla Vacía “Es un recurrente contratista de la gobernación de Norte de Santander”. Berbesí está implicado en un escándalo que tiene que ver con el proyecto del Faro del Catatumbo, cuyos millonarios recursos han estado manejados por el gobernador Villamizar y sus amigos. Este proyecto pudo costar cerca de 80 mil millones de pesos salidos del erario público. Los lazos con Berbesí son claros. Durante su desastroso paso por la alcaldía de Sabana de Torres -está investigado por la Contraloría General de la República por un detrimento fiscal de más de 826 millones de pesos- Pinilla recurrió a la empresa Consorcio Constructora Cúcuta SA, propiedad de Berbesí Barroso, para suscribir varios contratos. Según una investigación de Oscar Jahir Hernández Rugeles, “Los sobrecostos de la obra en el municipio de Sabana de Torres son tan absurdos y descarados, que a pesar de haberse contratado en el año 2019, los precios unitarios del proyecto se encuentran en el mercado actual más baratos que cuando los cotizaron para el momento de contratar”. Es que Pinilla llegó a la subdirección del UNGRD precedido de un oscuro historial. En su mandato las irregularidades en contratos fueron una constante. W Radio entrevistó a Deiver Parra, líder de la Colombia Humana en Sabana de Torres y este afirma que Pinilla suscribió contratos para pavimentar las calles de su municipio por un valor de 13 mil millones de pesos. Aunque hubo un desembolso de 9 mil millones, las calles siguen destapadas, arenosas cuando hace sol, barrosas cuando llueve. Dice Parra a la W Radio: “Nos dejó únicamente elefantes blancos y sobrecostos. En el caso del contrato de pavimentación 259 de 2019, se presentaron varias irregularidades; parece que Pinilla adjudicó el contrato a la UT que ofreció el mayor valor, aunque el trabajo debía completarse en seis meses, y ya han transcurrido seis meses sin avances”. En ese contrato está implicado Berbesí. Este contratista también tiene conexiones con otro controvertido personaje que ha tenido participaciones en el gremio de las constructoras gracias a su cuñado, Wilder Pacheco. El representante a la Cámara Wilmer Carrillo, quien fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la contratación mientras fue secretario de infraestructura de Norte de Santander. La relación con John Abiud Ramírez probablemente empezó gracias a la cercanía inicial de Pinilla con los Tavera, sin embargo, la conexión con el clan emergente que ha mantenido el poder de Girón en los últimos periodos fue más fuerte que con los Tavera. En 2022, tres días después de renovar su contrato en INVIAS, Pinilla recibió un contrato en la secretaría de vivienda, ciudad y territorio mientras seguía la casi diarquía de Carlos Román y Yulia Rodríguez en Girón. La relación mutualista no murió tras el nombramiento de Pinilla, poco antes de las elecciones regionales de 2023 la UNGRD entregó 400 mil millones de pesos en contratos en Santander, casi 350 mil millones fueron exclusivamente para obras en Girón. Otra de las investigaciones que tiene en curso Pinilla, durante su alcaldía en Sabana de Torres, es la de haber privatizado a la brava, con la ayuda de siete concejales, la secretaria de Tránsito y Transporte de ese municipio, además de contratos que buscaban rehabilitar el Jarillón de una vereda llamada Barraneo Colorado. Pinilla fue el designado por su jefe en la UNGRD, Olmedo López, para entregar los cuarenta carrotanques que estaban destinados a calmar la sed en La Guajira, de estos vehículos sólo nueve funcionaban a cabalidad. La empresa que se ganó el contrato para hacer los carrotanques se llama Impoamericana, propiedad de un joven veterinario nacido en Pasto llamado Roger Pastas Fuertes. Tanto Pinilla como Olmedo López le han pedido a la Fiscalía un principio de oportunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre un escándalo que suma 46 mil millones de pesos. La UNGRD, en gobiernos anteriores, también ha sido foco de corrupción y escándalo como sucedió con la ayuda a la emergencia invernal que recibirían municipios de Gramalote -destruido por el invierno en diciembre del 2010- y Mocoa y sus inundaciones del 2016. En el escándalo podrían salir salpicados el presidente del Senado Iván Name -quien presuntamente habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo entregados por la ex consejera presidencial Sandra Ortíz- y el de la cámara Andrés Calle. El escándalo está encendido.

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Fundación PARES ha dado un paso significativo hacia la construcción de un futuro más esperanzador en Colombia con el arranque de un programa dirigido a fortalecer las capacidades de jóvenes líderes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia. Las Escuelas de Liderazgo Juvenil para la Participación e Incidencia en la Construcción de Paz Territorial, es un programa que no solo representa un compromiso con la juventud colombiana, sino también un firme paso hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. El objetivo primordial de estas escuelas es empoderar a los jóvenes como agentes activos en la construcción de la paz en sus respectivos territorios. Esto se logra a través de un enfoque pedagógico participativo y contextualizado que busca promover el liderazgo juvenil, fomentar la participación ciudadana y estimular la incidencia en políticas públicas orientadas hacia la paz y la reconciliación. Es un programa que no solo busca formar líderes, sino también inspirar un cambio positivo arraigado en la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura de paz sostenible. Este esfuerzo transformador ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dentro del marco de la focalización territorial de la Cooperación Española para el período 2020–2024. Con un enfoque especial en la Zona del Pacífico colombiano y las zonas de frontera del país, el programa busca llegar a donde más se necesita, donde los desafíos de construcción de paz son más demandantes. Los beneficiarios de este programa son 64 jóvenes seleccionados de entre 31 organizaciones y procesos sociales y colectivos que representan la diversidad y amplitud de enfoques y agendas en Colombia. Desde organizaciones juveniles hasta corporaciones de comunicación, estos colectivos abordan una amplia gama de enfoques, incluyendo derechos humanos, equidad de género, cultura, medio ambiente, liderazgo y participación ciudadana, entre otros. Este diverso grupo de jóvenes, distribuidos en municipios como Buenaventura, Tumaco, Cúcuta y Tibú, refleja la riqueza de perspectivas y experiencias que enriquecen el tejido social del país. Es notable la diversidad presente entre los becarios del programa, no solo en términos de edad, género y origen étnico-cultural, sino también en cuanto a los grupos poblacionales a los que pertenecen, pues la priorización de grupos históricamente subrepresentados es indispensable para lograr una transformación real de las comunidades y de las historias de vida de estos jóvenes. Los primeros pasos de este programa ya están dando frutos con logros tangibles en cada municipio. En Buenaventura, por ejemplo, se ha establecido una base sólida para la implementación de la Escuela de Liderazgo Juvenil, con propuestas de jóvenes presentadas en espacios de construcción de planes de desarrollo municipales. En Tumaco, se ha trazado una ruta clara de incidencia que ha llevado a alianzas significativas con la Alcaldía Municipal y otras entidades público-privadas. Mientras tanto, en Cúcuta y Tibú, se estableciendo alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior y organizaciones locales. La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO y la Fundación para la Participación Comunitaria - PARCOMUN se han unido a este esfuerzo, brindando acompañamiento técnico y académico para la certificación del programa en Cúcuta, Tibú y Buenaventura. Este compromiso conjunto fortalece y cualifica aún más la capacidad de los jóvenes para liderar el cambio en sus comunidades y contribuir activamente a la construcción de un futuro más prometedor. El programa continúa su marcha con el primer módulo centrado en Planeación e Incidencia Territorial, con el objetivo de capacitar a los becarios en estrategias de incidencia ante autoridades locales para la inclusión de propuestas en los planes de desarrollo. Este módulo culminará con encuentros ciudadanos en cada municipio, donde actores clave del territorio se reunirán para gestionar alianzas e incidir en los planes municipales y departamentales de desarrollo. Es un paso indispensable hacia la transformación de nuestras comunidades, donde la voz y el liderazgo de la juventud inciden en el desarrollo territorial.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de:RCN En un giro significativo para el proceso de paz en Colombia, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió, el pasado jueves 2 de mayo, una orden histórica. Esta orden, dirigida a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y la Registraduría Nacional, exige la eliminación de los antecedentes judiciales de 9,600 signatarios de paz de las extintas FARC-EP. Estas personas fueron beneficiarias de amnistías de iure concedidas mediante decretos de la Presidencia durante el mandato de Juan Manuel Santos, por delitos políticos cometidos en el contexto del conflicto armado. Este acto, aunque técnico en su naturaleza, tiene profundas implicaciones para la reconciliación nacional y la reintegración efectiva de excombatientes a la sociedad civil. La medida busca concretar los efectos de los beneficios jurídicos otorgados a los firmantes de paz, asegurando su reintegración sin obstáculos a la vida cotidiana. Es importante resaltar que estos individuos, de acuerdo con la JEP, no tienen vínculos con crímenes de guerra o de lesa humanidad, siendo su compromiso exclusivamente político, enmarcado en los términos del Acuerdo de Paz. El contexto de esta orden revela una compleja realidad post-conflicto en Colombia. A pesar de los avances en el proceso de paz, muchos exguerrilleros se enfrentan a barreras significativas para su reintegración social. Uno de los obstáculos más prominentes es la persistencia de sus antecedentes judiciales, que actúan como una marca indeleble impidiendo su plena participación en la sociedad civil. La eliminación de estos registros representa un paso crucial hacia la normalización de sus vidas, ofreciéndoles una segunda oportunidad libre de estigmas del pasado. La magistrada de la SAI, Diana Vega Laguna, destacó la importancia de esta medida al subrayar que las amnistías de iure, originalmente concedidas en 2017, no habían sido completamente implementadas. Esto dejó a muchos excombatientes en un limbo legal, enfrentando dificultades para dejar atrás su pasado y avanzar hacia un futuro pacífico y productivo. La eliminación de sus antecedentes judiciales no solo les otorga un nuevo comienzo, sino que también restablece su dignidad y les brinda la oportunidad de construir vidas libres de la sombra del conflicto armado. Sin embargo, esta decisión trasciende lo puramente legal. Refleja el compromiso de Colombia con la reconciliación y la construcción de una paz duradera. La eliminación de los antecedentes judiciales no solo beneficia a los exguerrilleros, sino que también contribuye a la reconciliación nacional al romper con el ciclo de estigmatización y exclusión que ha perpetuado décadas de conflicto armado. Al reconocer la capacidad de transformación y reinserción de los excombatientes, Colombia envía un mensaje poderoso al mundo sobre su compromiso con la justicia transicional y los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que las amnistías de iure se concedieron exclusivamente para delitos políticos, como rebelión y sedición, según lo establecido en la Ley 1820 de 2016. Esta ley, diseñada para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil, busca extinguir cualquier acción penal relacionada con estas conductas delictivas. Esto significa que los beneficiarios de estas amnistías no solo están exentos de sanciones penales, sino también de cualquier condena civil o indemnización. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, el proceso de reintegración sigue enfrentando desafíos significativos. La violencia persistente en algunas regiones del país ha puesto en peligro la seguridad de los excombatientes que buscan reintegrarse a la vida civil. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, decenas de exguerrilleros han sido asesinados en los últimos años, lo que subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que han optado por el camino de la paz. Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha expresado su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre estos crímenes. La impunidad prevaleciente no solo socava la confianza en el proceso de paz, sino que también pone en peligro la seguridad de los excombatientes y sus comunidades. Es fundamental que las autoridades colombianas redoblen sus esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación. Además, esta decisión de la JEP ha sido recibida con críticas por parte del antiguo secretariado de las FARC, quienes han cuestionado la eficacia del tribunal especial y han expresado su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de crímenes contra excombatientes. Estas críticas subrayan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la justicia transicional y la protección de los derechos humanos en Colombia. La orden de la JEP de eliminar los antecedentes judiciales de los firmantes de paz de las FARC-EP podría estar marcandobh un hito en el camino hacia la reconciliación en Colombia. Esta medida no solo ofrece una oportunidad única para los excombatientes de dejar atrás su pasado y construir un futuro pacífico, sino que también refleja el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos. Sin embargo, para que este proceso sea verdaderamente exitoso, es fundamental que las autoridades colombianas continúen trabajando para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación.

Por: Jacob Garzón Guevara, línea de Paz Territorial y derechos humanos Foto tomada de: El Tiempo El pasado 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro manifestó su interés en negociar con el Clan del Golfo, o recientemente autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), para la construcción de la Paz Total en nuestro país. El Clan aceptó la invitación del presidente, con la anotación que se les denomine grupo armado organizado con estatus político, contrario a la argumentación de Petro, de tacharlos como “traquetos”.[1] Esta posible negociación conlleva un desafío gigante para el gobierno, en vista que el Clan del Golfo no acepta negociar si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia, a pesar de que el gobierno no cataloga al Clan como un grupo armado con estatus político. Por lo cual, el gobierno tendrá que reflexionar entre el dilema de seguirles la cuerda y otorgarles estatus político para dialogar sobre la base de una negociación política, o seguir con la misma argumentación, en tanto son una estructura criminal que se financia del crimen organizado transnacional y por ende negociar desde el sometimiento a la justicia. Las implicaciones de una posible negociación política entre el Clan y el gobierno son bastante relevantes, ya que, si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia los beneficios son menores que en una negociación política, debido a que desde un eventual sometimiento a la justicia existen penas de entre 6 hasta 8 años de cárcel y 4 años de libertad condicional para aquellos cabecillas de alto rango responsables de delitos de lesa humanidad, adicional a esto, el Clan se sometería a entregar casi la totalidad de los bienes, quedándose con nada más que el 6%. En cambio, en una posible negociación política las penas, exigencias y beneficios se negociarían entre las dos partes, por medio de consensos y acuerdos. La decisión de otorgarle estatus político el Clan del Golfo es de suma delicadeza, por las grandes diferencias que supone la elección de un mecanismo de negociación en específico. Frente a este debate, los profesores Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos Rosero argumentan que al Clan del Golfo se le debería catalogar como un grupo armado politizado. Aun cuando la organización armada no nació con una clara intención política, con el tiempo se ha construido una ideología política que se caracteriza por justificar su existencia como una respuesta al sistema político.[2] Esto se argumenta a partir que desde el 2013 se han distanciado de su influencia de las AUC, a nivel discursivo cambiaron el carácter anti insurgente y se proclaman como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”[3], así mismo, el Clan habla de “combatir a grupos generadores de violencia y minimizar o neutralizar las acciones violentas de los grupos armados contra la población civil” [4]. Inclusive argumentan que se comprometen a respetar el DIH y no desplazar a la población civil.[5] Sin embargo, distintas acciones armadas y sus métodos de financiamiento no corresponden con sus banderas políticas, el Clan del Golfo se ha consolidado como la estructura armada más poderosa del país, en la que cuentan con 9000 integrantes[6] y se le considera la organización criminal más rica de Colombia, debido a que, controlan gran parte de las zonas rurales en el golfo de Urabá, bajo cauca antioqueño y el caribe colombiano. La Defensoría del Pueblo estima que tienen presencia en más de 350 municipios,[7] también se deduce que manejan la mayor parte del narcotráfico, minería ilegal y supervisan un extenso tráfico de migrantes[8]. Es más, el Clan de Golfo implica un riesgo a la Paz Total, ya que sus constantes enfrentamientos con los distintos grupos armados como el ELN y el EMC acarrean una dificultad para la dejación de armas.[9] Con base en esto, se puede inferir que el Clan ha instrumentalizado la discursividad política para conseguir reconocimiento y legitimidad que le otorgue un estatus político que pueda serle beneficioso ante eventuales negociaciones de paz, a pesar de que sus prácticas criminales contradicen constantemente los valores que afirman defender.[10] En aras de la Paz Total, el gobierno tiene que actuar rápido, ya que este grupo armado supone una  gran amenaza para varios sectores de la población y al propio Estado por su amplia presencia armada en el país, además que comprometen las políticas de paz con sus constantes enfrentamientos con otros grupos armado, en consecuencia el gobierno tendrá que resolver la encrucijada: ¿Será mejor ser pragmático y realizar una negociación política, o no otorgarle legitimidad al Clan del Golfo y seguir con el sometimiento a la justicia, a pesar de lo difícil que esto ha supuesto en el gobierno actual? [1] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/clan-del-golfo-o-agc-acepta-invitacion-de-presidente-petro-para-sentarse-a-una-negociacion-de-paz/ https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/el-clan-del-golfo-acepta-invitacion-del-presidente-gustavo-petro-para-negociar-3325867 [2] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 329) [3] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 335) [4] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 336) [5] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 337) [6] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [7] https://www.defensoria.gov.co/-/la-expansión-y-consolidación-de-los-grupos-armados-ilegales-son-la-principal-amenaza-para-el-país [8] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [9] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [10] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 330-331)

Por: Redacción Pares En el último informe de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, se hizo un balance del comportamiento delictivo en Colombia durante el 2023. Los delitos que han aumentado son el hurto, la extorsión y el secuestro. El homicidio se mantiene en una meseta y aumentó un poco más allá del 1% este aumento se dio en los últimos 4 años. Esto se explica, según este informe que presentaremos a continuación, por la consolidación de algunos grupos en lugares como el Valle de Aburrá donde el control de La Oficina es total, incluso en el caso de Itagui los homicidios bajaron a un 45%. Si ya no se tiene con qué disputarse el territorio ¿Para qué se mata? Lo mismo pasa en Quibdó, uno de los lugares del país en donde el homicidio ha bajado dramáticamente, en parte gracias a la Paz Urbana a la que han decidido escuchar. En Chocó mandan dos bandas, los Locos Yam y los Mexicanos. Desde julio del 2023 han decidido sentarse a hablar con el gobierno nacional llegando a algunos acuerdos desde que se instaló una mesa de negociación el 18 de agosto del 2023. Al evento asistieron La Diócesis de Istmina, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, la Gobernación de Chocó, la Alcaldía de Quibdó y representantes de Noruega, Suecia y España. Desde los acercamientos entre gobierno y estas bandas, que arrancó en diciembre del 2022, se presentaron índices de que las cosas iban por buen camino, como que en Quibdó se redujera en un 54% los homicidios. Pero, además de esto, el hecho de que no hayan disputas territoriales con otras bandas por la consolidación de bandas como los Mexicanos y los Locos Yam, podría ser también una razón de la reducción. Los mexicanos están conformados por jóvenes chocoanos, ya sean indígenas o afrocolombianos, víctimas del conflicto armado en Colombia, sin oportunidades, arrasados por la vida. En un comunicado donde explicaban sus orígenes los mexicanos afirman “Desde muy niños nos convirtieron en los actores principales de una guerra absurda que no tuvimos por qué vivir”. Hasta el momento de la negociación con el gobierno los mexicanos tenían una estructura con 300 jóvenes que controlaban la extorsión en 192 barrios de la capital de Chocó. Chocó ha sido uno de los lugares de Colombia más martirizados del país por culpa de la desigualdad. Según el Dane el 66.7% de la población vive en situación de pobreza. Esto explicaría porque también los Locos Yam se consideren, más que víctimas, victimarios. Según el diario El Espectador “algunos de sus integrantes provienen del Medio Atrato, Bajo Atrato y San Juan, muchos de ellos llegaron a Quibdó a causa de desplazamientos forzados por el conflicto armado interno del país. Al llegar a la capital chocoana, no encontraron oportunidades para salir adelante y según ellos, esto los llevó a ser presa fácil de la delincuencia” La instalación de la mesa en Quibdó sirvió para conocer más de cerca a ambas bandas. Sobre los Locos Yam se conoció, a través de un video que enviaron, su visión sobre lo que esperaban para Chocó: “Me imagino un Chocó sin fronteras, sin barreras invisibles y que todos pongamos nuestro granito de arena, no solo nosotros sino todo, así podemos lograr la paz”. En el siguiente balance de seguridad explican un poco más a fondo las razones por las que en Chochó los homicidios están bajando. Aunque, según esta cifra, no hay muchas razones para echar las campañas al vuelo:

Por: Redacción Pares Foto Tomada de: X y Colombia Informa Horas convulsas ha tenido el proceso de paz con el ELN. En la noche del lunes 6 de mayo afirmaron que, al no aclararse como funcionaría el fondo multidonante que le permitiría a esta guerrilla recibir un incentivo económico para no retener de manera ilegal a las personas, ellos regresarían a la modalidad del secuestro. Inmediatamente uno de los negociadores del gobierno, José Félix Lafaurie, dio una declaración a Noticias RCN que crispó aún más los nervios: “Los diálogos tienen que ser suspendidos. No creo que se pueda seguir negociando con un grupo armado con secuestros de por medio”. Otty Patiño, alto comisionado de paz, le pidió al presidente suspender el cese al fuego en las zonas donde el ELN regrese al secuestro. Sin embargo esto no es tan fácil. El cese al fuego no puede romperse de manera parcial. Si se hace se haría en todos los frentes de guerra. La situación dentro del ELN es tan grave que no se veía desde 1994 cuando una fracción de la misma, la Corriente de Renovación Socialista, decidió salirse de esta guerrilla y firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente César Gaviria. Treinta años después la historia se repite con el frente Comuneros del Sur en Nariño. El gobierno ha escuchado atentamente el pedido de este grupo para negociar lejos de las toldas del Comando Central lo que ha generado resquemor dentro de la delegación oficial de paz. Antonio García incluso ha dicho que estos se tratan de infiltrados del ejército y, a través de la red social que usa, Telegraph, ha descalificado a su comandante alias H.H. Este martes 7 de mayo el grupo anunció su ruptura con el Comando Central, contradiciendo lo que había declarado un día atrás Antonio García, máximo comandante del ELN, quien reafirmó la unidad que supuestamente vive este grupo. Uno de los voceros del frente, alias Roberto, dijo "De manera unánime la asamblea define declarar la ruptura con el comando central y con la dirección nacional, lo anterior conlleva a no aceptar el trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político". Ya se habían encontrado varias veces con delegaciones del gobierno para reafirmar su compromiso con hechos, uno de ellos era ayudar al desminado en ese lugar del país. En el comunicado alias Roberto afirma "La asamblea manda a mantenernos en el proceso de negociación política entre el Frente Comuneros del Sur y el Gobierno nacional, bajo la política de 'paz total' del presidente Petro". El máximo dirigente de este grupo es Gabriel Yepes Mejía, alias H.H. Antonio García ha dicho sobre él que es un infiltrado del ejército, puesto allí para dinamitar los diálogos de paz. Su accionar es en Samaniego, Nariño. Aún no se revela el pie de fuerza de este grupo pero podría estar entre 200 y 300 efectivos. Yepes Mejía tiene 53 años, afirma haber conocido a Manuel “El Cura” Pérez. Su vida ha sido un trasegar por los frentes elenos. Estuvo en el Magdalena Medio, en el Sur de Bolívar y en el Catatumbo hasta llegar al sur del país. Esta escisión podría traer connotaciones muy graves para la mesa de diálogo. Según Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos “La mesa de negociación tomó la decisión de centralizar el proceso, lo que implica de toda iniciativa para hablar de paz con el ELN está supeditada a la decisión y avances que va a haber en la mesa, la primera, en clave del Frente Comuneros del Sur, hay que decir que el ELN se automutiló en Nariño, esto quiere decir que ante un eventual avance, y un eventual proceso de territorialización a través del comité nacional de participación en Nariño, no se ve virtualmente una representación del ELN, ósea que ¿En el mapa de presencia de grupos armados el ELN ya no existe en Nariño? Este es un llamado de atención interno del ELN sobre otros frentes que quieran separarse del COCE, esto puede suponer escenarios donde estén amarrados los bloques de guerra y que toda iniciativa de paz que se haya pensado en Arauca, Antioquia el Sur de Bolivar, Chocó, Catatumbo, no van a avanzar sin la aprobación del Comando Central”. Esto y el anuncio de reactivación de secuestros, sienta un mal precedente para el VII ciclo en Caracas que se va a hacer a mediados de mayo, el gobierno debe evitar que esto no se vuelva una bola de nieve con los otros grupos territoriales que querían avanzar en propuestas de paz con el gobierno pero que no tienen la bendición del Comando Central. La decisión de llevar al territorio la paz, está cada vez más lejana.

Por: Nicolás León - Investigador Nacional Santiago Medina – Asistente de Investigación Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana La Oficina es la estructura delincuencial más importante del Valle de Aburrá, y una de las más conocidas a nivel nacional debido a su amplia trayectoria criminal. En los años recientes, esta estructura ha ganado un lugar protagónico en la opinión pública por su participación en el proyecto de Paz Urbana del gobierno de Gustavo Petro, que busca generar diálogos con grupos delincuenciales en las principales ciudades del país, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y violencia. En este contexto, se ha mencionado que es la estructura que articula la mayor parte del crimen organizado en el Valle de Aburrá, que subordina y articula a una multiplicidad de grupos y combos, llegando a tener presencia y capacidad de control en una gran parte de Medellín y Bello, y otros municipios como Itagüí y Envigado. Ante esto, vale la pena profundizar en aspectos como su historia, la estructura y el funcionamiento de La Oficina, con el fin de esclarecer la verdadera magnitud de esta estructura, y la forma en la que opera y hace presencia en la capital de Antioquia y su área metropolitana. Breve historia de La Oficina del Valle de Aburrá A partir de un informe de la Fundación Pares, llamado “La Tenebrosa Radiografía de las Oficinas de Cobro en Medellín”, se puede reconstruir la trayectoria histórica que ha tenido esta estructura criminal. Comenzó siendo una oficina de cobro al servicio del Cartel de Medellín de Pablo Escobar en los años 80, denominada ‘Oficina de Envigado’ debido a que su centro de operaciones se encontraba en este municipio al sur del Valle de Aburrá. Sus funciones consistían principalmente en cobrar deudas y recaudos ligados a las economías ilícitas, así como de extorsiones o ‘vacunas’ en sectores específicos. Debido a la gran capacidad de influencia que adquirió el Cartel de Medellín, y la relevancia que empezó a ganar su Oficina de Envigado, esta logró penetrar a la institucionalidad, llegando incluso a mimetizarse en despachos de tránsito para acceder a matrículas y pases de conducción, generando una situación en la que “la institución le era favorable al crimen” (Pares, 2018, p. 20). En los años 90, tras la muerte de Pablo Escobar y el declive del Cartel de Medellín, pasó a ser liderada por Diego Murillo, alias 'Don Berna', quien fuera comandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, convirtiéndose posteriormente en un brazo de esta estructura paramilitar. La Oficina de Envigado se articuló con las dinámicas del paramilitarismo, pero se mantuvo en las lógicas específicas del crimen organizado en el Valle de Aburrá, enfocándose en los cobros y la extorsiones. En el inicio de los 2000 se da el proceso de la ‘Donbernabilidad’, que consistió en una consolidación de la hegemonía de alias ‘Don Berna’ sobre las actividades criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, llegando a tener la capacidad de dirimir las disputas violentas entre actores ilegales, y de reducir drásticamente las estadísticas de homicidios, con miras en participar favorablemente de los diálogos de paz entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y las estructuras paramilitares pertenecientes a las AUC para su desmovilización. Este proceso evidenció los altos niveles de control e influencia a los que llegó ‘Don Berna’ y la Oficina de Envigado. En el año 2008 con la extradición de ‘Don Berna’ -junto con otros jefes paramilitares-, la Oficina de Envigado comenzó a sufrir rupturas internas, principalmente por la toma del mando, así como enfrentamientos con otras estructuras, que vieron en la ausencia de ‘Don Berna’ un vacío de poder que podían ocupar. En este periodo se dio un recrudecimiento de la violencia en el Valle de Aburrá, y una reconfiguración de las dinámicas criminales (Pares, 2018). Desde la década de 2010, la estructura comenzó a cambiar su dinámica de funcionamiento. Su nombre pasaría a ser solo ‘La Oficina’, y figuras como la de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, y José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, empezaron a posicionarse como los principales líderes, que mantenían tensiones internas, generando así dos grandes frentes. Comenzó a dejar de ser una única organización con una estructura definida, y se convirtió en una especie de cuerpo colegiado que articularía una multiplicidad de grupos y ‘combos’ atomizados en todo el Valle de Aburrá, que seguían funcionando como oficinas de cobro, además de incursionar en otras actividades delictivas como el hurto, el secuestro y el microtráfico. Esta trayectoria histórica, en medio de un contexto de conflicto armado e influencia del narcotráfico, llevó a gestar la consolidación de una forma de operación basada en la coordinación y articulación de múltiples grupos de diferentes niveles territoriales, lo que la llevó a convertirse en la principal estructura delincuencial del Valle de Aburrá. Radiografía de la Oficina. La estructura de cuerpo colegiado, o confederación criminal, como se le ha llegado a denominar, implica la configuración de una red conformada por múltiples grupos delincuenciales y que, a pesar de tener mandos independientes cada uno, se mantiene un funcionamiento piramidal. Esto se da debido al grado de jerarquía que han alcanzado los dos principales líderes, ‘Tom’ y ‘Douglas’, considerados como ‘Patrones’. Desde estas posiciones jerárquicas, se articulan y coordinan las acciones de grupos delincuenciales (GDO) que operan a nivel territorial de manera autónoma entre sí. Estos, a su vez, se disgregan hacia abajo a niveles comunales y barriales, a través de ‘combos’ o pandillas, también denominados grupos de delincuencia común organizada (GDCO), mediante una figura de subcontratación. Así, La Oficina logra una capacidad de articulación que va desde los niveles más altos, estableciendo alianzas con carteles mexicanos para actividades de narcotráfico, hasta los más bajos, controlando el microtráfico, las extorsiones e incluso los hurtos. Es decir, tienen la capacidad de articular las dinámicas transnacionales con el entorno local e incluso barrial de la actividad criminal. Por otro lado, el carácter colegiado de la organización, así como el hecho de que existen dos grandes líneas articuladas a sus dos principales jefes, hace que dentro que las distintas estructuras reunidas en La Oficina mantengan relaciones tensas entre sí, en algunos casos generando disputas violentas por el territorio y las rentas ilícitas, como por ejemplo las ocurridas en 2019 en las comunas de Robledo, San Javier y Candelaria, que tendrían su raíz por disputas entre Los Pesebreros, de alias ‘Carlos Pesebre’, y los Chatas de alias ‘Tom’, con la participación de otras estructuras más pequeñas que hacían presencia en el territorio. Según investigaciones, se ha podido establecer cuáles estructuras hacen parte de la línea de ‘Tom’, y cuáles de la línea de ‘Douglas’. Los Chatas, Caicedo, Doce de Octubre, Pedregal y La Milagrosa, serían cercanos a ‘Tom’, mientras que La Terraza, Los Pesebreros, La Silla, Altos de Aranjuez, San Pablo, La Unión y Trianón, serían cercanos a ‘Douglas’ (El Colombiano, 2023). Además de estas, que serían estructuras más grandes y con mayores capacidades, existen una multiplicidad de estructuras más pequeñas, que responden a las lógicas de La Oficina y de los grupos que se articulan a ella, aunque es difícil establecer a qué bando se alinean, debido a la falta de información. Estructuras como Los Triana, El Mesa, Los Mondongueros, que tienen una gran capacidad de influencia en el Valle de Aburrá, serían independientes a La Oficina, aunque parecen tener relaciones pacíficas, mientras que con otras como La Sierra y Los Pachelly, presuntamente aliadas con el Clan del Golfo, mantiene disputas. Según datos de la alcaldía de Medellín, expuestos por CNN en 2023, esta organización criminal la componen al menos 3.600 personas y 39 Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO). Sin embargo, estas cifras podrían incrementarse si se tienen en cuenta las redes criminales que articulan a los grupos delincuenciales con los combos y pandillas a través de la subcontratación. En este sentido, se entiende que, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las estructuras que integran las mesas de diálogo sociojurídico del proceso de paz urbana, de las cuales la mayoría hacen parte de La Oficina, estarían conformadas por entre 12.000 y 14.000 miembros. Con base en el seguimiento que se ha hecho desde la Línea de Convivencia y seguridad Ciudadana de la Fundación Pares, se podría afirmar que La Oficina tiene influencia en las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de Bello. Comunas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de Medellín, y en el municipio de Itagüí. En síntesis La Oficina se ha posicionado como un actor fundamental para entender la configuración de la dinámica delincuencial del Valle de Aburrá. Este actor influye en la composición del mapa criminal de la región, la fortaleza de las gobernanzas criminales en los niveles locales y microterritoriales, y la utilización de repertorios de violencia en clave de disputas y alianzas por el control de las economías ilícitas. En este sentido, por su trayectoria criminal, fue y continúa siendo el principal actor criminal en la región. Actualmente, cuenta con una capacidad de articulación y organización que permite conectar desde los niveles transnacionales del crimen, hasta los niveles barriales. De esta manera, es una organización criminal que se ha adaptado con éxito a las dinámicas del crimen y la violencia, lo que le ha permitido la supervivencia y hegemonía del entorno urbano del Valle de Aburrá. Gracias a esta alta capacidad adaptativa actualmente se ha venido configurando como un actor estratégico para el desarrollo y articulación con el Crimen Organizado Transnacional. A pesar de esto, La Oficina no debe asumirse como un actor homogéneo. Es clave entender su organización a partir de las alianzas con otros grupos locales y la subordinación de combos barriales; es esta estructura descentralizada la que les ha permitido mantener un nivel de consolidación de gobernanzas criminales en los niveles microterritoriales, como también lo que ha generado disputas y fragmentación en su estructura. Del mismo modo, las conflictividades internas también se representan en los líderes y cabecillas de la organización, lo que da cuenta de la alta complejidad para definir su estructura, sus miembros y la cadena de operación que permite su funcionamiento. Dada la relevancia de este grupo en las dinámicas del crimen en el Valle de Aburrá, los escenarios de conversaciones de paz urbana (de los que hace parte La Oficina en este momento) son de suma relevancia para la región. Sin embargo, por las mismas complejidades al interior de su organización, es un desafío llegar a un acuerdo que cobije a todos los miembros que se le atribuyen, en particular, a los que operan y dinamizan sus actividades en el nivel barrial. El escenario se complejiza aún más considerando la ausencia de un marco jurídico que delimite las expectativas de este proceso de diálogo. Por esta razón es necesario hacer un diagnóstico acotado a la trayectoria y capacidad criminal de esta estructura. Dicho diagnóstico permite acotar las expectativas de futuros acuerdos en el marco de la paz urbana, como también prever los escenarios de riesgo del éxito o fracaso que devenga de estos diálogos. Referencias -   Fundación Paz y Reconciliación (2018). La Tenebrosa Radiografía de las Oficinas de Cobro en Medellín. https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_96698da48cbb42a581daebe698024730.pdf -   Matta, N.R. (2023). Cómo opera “La Oficina”, máquina de guerra que ahora pide paz. Periódico El Colombiano, consultado el 29 de abril de 2023. https://www.elcolombiano.com/colombia/la-oficina-la-maquina-de-guerra-que-ahora-pide-paz-AG20157340 -   Matta, N.R. (2023). ¿Quién es quién en el crimen organizado del Valle de Aburrá? Periódico El Colombiano, consultado el 29 de abril de 2023. https://www.elcolombiano.com/colombia/estos-son-17-cabecillas-bandas-crimen-organizado-paz-total-medellin-JG21720779 -   Velásquez, M (2023). Dejar de "torturar, desaparecer y asesinar", el compromiso por la paz de grupos delincuenciales de Medellín, según el gobierno. Diario CNN en Español, consultado el 29 de abril de 2023. https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/27/paz-total-bandas-delincuenciales-medellin-colombia-crimen-organizado-orix/#:~:text=La%20prensa%20local%20reporta,Terraza%2C%20Robledo%2C%20La%20Sierra

Por: Katerin Erazo, Periodista En el complejo entramado de las disidencias de las FARC, el frente Dagoberto Ramos emerge como una fuerza desafiante y despiadada. Conocidos por su violencia desmedida, este grupo ha sido la pesadilla de las comunidades en varios municipios clave del país. Desde los primeros intentos de alcanzar la paz, el frente Dagoberto Ramos se ha negado obstinadamente a poner fin a sus acciones terroristas contra la población civil. Compuesto por exmiembros del antiguo sexto frente de las FARC, junto con las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el frente Dagoberto Ramos ha consolidado su presencia principalmente en el departamento del Huila. Se ha observado un aumento significativo en su capacidad de acción, como indica el registro de incidentes en los municipios de Neiva, Campo Alegre, La Argentina, La Plata, Natagá y Tesalia. Su modus operandi es tan brutal como efectivo: ráfagas de fusil, secuestros, asesinatos públicos y torturas son moneda corriente en su accionar. En palabras de un habitante local, las conversaciones con ellos giran exclusivamente en torno a la violencia, mientras que las palabras de conciliación o negociación son ajenas a su vocabulario. El frente Dagoberto Ramos ha dejado una estela de violencia a su paso. A pesar de los intentos por establecer ceses al fuego, sus acciones solo se han intensificado. Tras la muerte de cuatro menores en Putumayo en mayo de 2023, se desató una ola de violencia que incluyó secuestros, asesinatos y la instalación de carros bomba en varios municipios. ¿Cuál es su objetivo principal?: Proteger y controlar los vastos campos de cultivos ilícitos, así como supervisar la producción de drogas en laboratorios clandestinos. Además, reclutan a menores en los resguardos indígenas bajo su control, perpetuando así su ciclo de violencia y reclutamiento forzado. La reciente muerte de la líder indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca, quien intentaba rescatar a un menor reclutado por el grupo, fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro levantara el cese al fuego en varias regiones clave. En cuanto a su liderazgo, las autoridades identifican a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, como el principal cabecilla, quien está implicado en delitos como extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores, seguido de cerca por alias Fito y alias Maicol, quienes controlan zonas específicas y son responsables del reclutamiento y la seguridad de los cargamentos. Con más de 245 miembros armados y una red de apoyo que supera los 100 colaboradores, el frente Dagoberto Ramos se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades. El ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa sustancial para quien brinde información que conduzca a la captura de estos delincuentes, en un esfuerzo por poner fin a su reinado de terror. El frente Dagoberto Ramos ha estado involucrado en disputas no solo con otros actores armados, como el ELN, sino también con fuerzas estatales. Como parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, la estructura opera en el suroccidente del país, abarcando regiones como Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima y Nariño. Los enfrentamientos históricos con el ELN han tenido lugar principalmente en los municipios de Florida y Pradera en el Valle, así como en el norte del Cauca, incluyendo localidades como Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Calondo y Corinto. Sin embargo, el Estado Mayor Central ha emergido como un actor hegemónico en el norte del Cauca, lo que ha desencadenado una serie de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la ruptura del cese al fuego. El accionar del frente Dagoberto Ramos se caracteriza por su extrema violencia, especialmente en el Cauca, donde se han reportado homicidios y amenazas dirigidas a organizaciones sociales, particularmente comunidades indígenas y afrocolombianas. Ver: (Silvia, Cauca, una población condenada al horror de la guerra) En términos económicos, el frente ejerce un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico en el Cauca, imponiendo impuestos a las transacciones de pasta de coca y cocaína, e incluso comprando directamente estos productos. Este control económico se extiende a través de los territorios donde operan, destacando lugares como el Cañón del Micay.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Colombiano y Corrillos Los carrotanques que estaban destinados para calmar la sed de La Guajira fueron entregados por la mano derecha de Olmedo López, Sneyder Pinilla. En las últimas semanas este nombre ha provocado un verdadero terremoto político. Acusó a altos funcionarios del gobierno e incluso al presidente del senado, Iván Name, de recibir 3.000 millones de pesos de parte de la consejera presidencial Sandra Ortiz. Esta plata habría salido de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y, según Pinilla, tenían como objeto ganarse votos para aprobar las reformas sociales de este gobierno. Desde entonces se ha conjeturado de dónde salió este funcionario. En su hoja de vida aparece como alcalde del municipio de Sabana de Torres en Santander. Como sucede con buena parte de la política de este departamento, su vida se cruza con el clan Aguilar. En la campaña que lo llevó a la alcaldía de ese municipio en el año 2015 se ven fotos de Pinilla con el ex gobernador Hugo Aguilar, condenado a nueve años de prisión por concierto para delinquir. Según reveló el diario El Tiempo aparecen grabaciones en donde Aguilar grita, en medio de una caravana "Agradecidos, ver el empuje, el entusiasmo que hay por el señor Sneyder, confiamos en Dios y Sabana de Torres que vamos a ganar”. En la pieza audiovisual revelada por este diario se les ve a ambos políticos abrazándose. No había duda que Pinilla era una ficha más del engranaje de los Aguilar. La esposa del ex vicedirector de la UNGRD es la actual gerente del hospital regional del Magdalena Medio. El nombramiento lo hizo Mauricio Aguilar, ex gobernador del departamento. Pero no sólo el clan Aguilar ha estado apadrinando a Pinilla. El clan Tavera también tiene hilos en esa marioneta según lo reveló en una columna en Vanguardia Liberal Miguel Ángel Pedraza. Durante la alcaldía se acercó a Didier Tavera, ex gobernador y ex director de la Federación Nacional de Departamentos quien no sólo enfrenta un proceso penal por parte de la Corte Suprema de Justicia por desvío de dineros del Programa de Alimentación Escolar en Santander sino que tendría 22 registros de noticias criminales de las cuales, según W Radio, “ocho están activas ante las fiscalías segunda, cuarta y decimoprimera delegadas ante la Corte suprema de justicia, la fiscalía especializada contra la corrupción y la fiscalía delegada ante el tribunal de Bucaramanga”. Todos los delitos los cometió mientras prestaba servicio como funcionario público. Sneyder habría beneficiado al clan Tavera en algunos contratos en Bucaramanga Además de Tavera, Pinilla tuvo acercamientos con el ex alcalde de Floridablanca Héctor Mantilla. Su paso por esta alcaldía fue, como mínimo, polémica. Él es ahijado de la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez quien incluso, según el medio Infobae, fue madrina de su matrimonio. Mantilla ha sido señalado en varios escándalos que tienen que ver, como señaló una investigación de la revista Cambio, con lo que se denominó como el Cartel de Ruitoque, al convertir su alcaldía en un “contratadero” para beneficiar al megacontratista Fredy Anaya, el excongresista Bernabé Celis y el condenado Alirio Villamizar. Sobre él giran rumores terribles de amenazas, enriquecimiento ilícito, contrataciones a dedo y coimas. Pinilla ha pedido acogerse a un principio de oportunidad a cambio de aportarle a la Fiscalía información valiosa sobre cómo han usado la Unidad de Gestión de Riesgos como una caja menor. Los escándalos, en diferentes gobiernos, han sido una constante en esta entidad. Basta con repasar lo que sucedió con el cartel de las marionetas liderado por el congresista Mario Castaño, lo que ocurrió con los recursos para hacer casas en Mocoa y Gramalote después de la emergencia invernal de los años 2010 y 2016 y lo que sucedió con los recursos durante la emergencia del COVID. El jefe de Pinilla, Olmedo López, ha sido cercano al partido conservador a través del ex alcalde de Itagui y actual senador Carlos Trujillo.

Por: Álvaro Martínez Foto tomada de: El Nuevo Siglo Reuters – La empresa más importante del país, Ecopetrol, de propiedad mayoritariamente estatal, está evaluando la posibilidad de participar directamente en la primera subasta costa afuera (offshore) de energía eólica en el país. El anuncio lo hizo la empresa en un comunicado a la agencia de prensa Reuters. Desde el inicio del gobierno Petro, Colombia comenzó a posicionar con mayor fuerza el discurso de los beneficios de las energías renovables y la implementación de proyectos con energías alternativas a las fuentes fósiles. Esto, como una estrategia esencial para impulsar la transición energética. Con la designación del ministro Andrés Camacho en la cartera de Minas y Energía y de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, los anuncios respecto a la necesidad de depender menos del petróleo (principal producto de Ecopetrol desde su fundación) y transitar hacia fuentes de generación de energía más limpias también se han incrementado, en concordancia con la línea política en materia energética del primer gobierno de izquierda en el país. Desde septiembre de 2023, otros comunicados de Reuters habían incluido a Ecopetrol como un actor fundamental en la participación y ejecución de megaproyectos de energía eólica, incluso vinculándolo como un socio obligatorio para las firmas interesadas en participar en la subasta. Pero, a la fecha, no se sabía si Ecopetrol estaría interesado en ser parte de dichos proyectos. Este lunes en entrevista a Reuters, Roa aseguró que la regulación de las energías renovables se ha venido desarrollado poco a poco para permitir que la compañía se convierta eventualmente en un gran actor de generación energética en el país. Algunos beneficios, señalados en el comunicado, del involucramiento de Ecopetrol en dichos proyectos serían: la reducción del riesgo en nuevos proyectos y consolidar la autosuficiencia energética del país. En este sentido, la empresa “está realizando los análisis técnicos, económicos y jurídicos de su potencial participación en el proceso de subasta de energía eólica costa afuera”, indica el comunicado. Los participantes de la subasta incluyen una amplia variedad de agentes. Sin embargo, los agentes públicos o de participación mixta que se unan a propuestas de compañías privadas no están sujetos a evaluación o calificación. Reuters indica que Ecopetrol estaría buscando su propio proceso de calificación y ya está hablando con algunas compañías sobre posibles alianzas para desarrollar este tipo de proyectos, aunque no ha mencionado el nombre de dichas compañías. En conjunto con los anuncios de participación en hidrógeno verde y derivados, el comunicado de este lunes confirma la intención de Ecopetrol en participar en proyectos de energía eólica y diversificar su portafolio de productos hacia las energías renovables. El proceso de subasta será supervisado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y su fecha límite de registro es junio 21 de 2024.

Por: Centro de pensamiento TEJ Oficina Caribe El infierno que se vive en el Caribe hace que Inevitablemente la gente gasta más luz que en cualquier otra región del país. Varios lugares llegaron a tener una sensación térmica de entre 45 y 50 °C. Con ese calor el aire acondicionado, las neveras y otros equipos gastan más energía para enfriar las cosas, pero la infraestructura eléctrica existente no es confiable ni suficiente para cubrir esa demanda. (Radio nacional, 2024). Otro factor que ha incidido es el crecimiento poblacional y el desarrollo económico, estos han generado un aumento en la demanda de energía, lo que ha puesto presión sobre el sistema eléctrico nacional. La devaluación frente al dólar ha encarecido los costos de importación de algunos insumos necesarios para la generación de energía, provocando el alza en los precios del carbón y el gas natural, utilizados para la generación térmica de energía, impactando así en los costos de producción. ¿CÓMO SE CALCULA LA TARIFA DE ENERGÍA? Se tienen en cuenta 6 costos: 1.     Lo que cuesta generar la energía. 2.     Lo que cuesta transportarla por cables a su ciudad o municipio. 3.     Lo que cuesta llevar la energía hasta cada una de las casas. 4.     Lo que cuesta llevar la energía por otro lado porque hubo alguna falla 5.     Lo que cuesta que un intermediario le compre energía a la compañía y luego le llegue a usted. 6.     lo que cuestan las pérdidas. Este último es lo más importante, porque por las pérdidas es que la gente de la costa Caribe paga mucho más que el resto de Colombia. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PÉRDIDAS? Hay pérdidas técnicas, es decir que dependen de la infraestructura, de la red eléctrica, de que las empresas inviertan en hacerle mantenimiento a todo esto. Y las pérdidas no técnicas, que tienen que ver con la mano humana: Como cuando la gente se conecta ilegalmente a la red o contrata “marañeros” para engañar al contador de energía. “Gracias al expresidente Duque y a los congresistas que aprobaron su plan de desarrollo, donde Air-e y Afinia tienen libertad para cobrarles las pérdidas a los usuarios como más les convenga. Y además les cobran por inversiones que todavía no han hecho. A lo anterior, hay de agregarle que el expresidente dejó endeudada a la gente. No a las ciudades, sino a las personas, porque aplicó durante la pandemia la “opción tarifaria” que básicamente congelaba o bajaba el precio que las personas pagaban por la luz. Pero con un detalle crucial, como las empresas estaban cobrando menos de lo que en verdad costaba la luz, la gente eventualmente iba a tener que pagar esa diferencia.” (La pulla, 2024). Hoy las empresas no han terminado de cobrar esa deuda y para el Caribe el faltante es de 2,5 billones de pesos. Para terminar de empatar, todo esto coincidió con un fuerte fenómeno de El Niño. Como hay sequía, los embalses están bajísimos y las hidroeléctricas no pueden generar tanta energía. Ahí entran a funcionar las termoeléctricas, que son mucho más caras y la gente está necesitando más energía. Entonces tenemos la mezcla perfecta, de poca energía disponible para mucha demanda lo que de por sí sube los precios. Pero hay más razones por las cuales la gente en la Costa paga más. Por ejemplo, en Barranquilla y en todo el Atlántico les dio por incluir en el Impuestos a la Luz recibo de la luz unos impuestos de alumbrado público y seguridad. (El espectador, 2024). Por último, falta un factor más para que el precio sea tan alto, después de tanto desastre y abuso, la gente está cansada, hay muchas personas que llevan meses o años sin pagar, y hay otros que contratan marañeros, es decir, personas que hacen conexiones ilegales o manipulan el medidor para que la factura llegue más bajita. Creando así un círculo vicioso. la luz está muy cara y eso hace que mucha gente no pueda pagarla o se la robe. Esto, a su vez, hace que se suban las pérdidas, y como las asumen los usuarios, el recibo termina llegando aún más caro para quienes sí están pagando. (La silla vacía, 2024) FUENTES BIBLIOGRÁFICA La luz está impagable en el Caribe y nadie hace nada | La Pulla https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/la-pulla/la-pulla-la-luz-esta-impagable-en-el-caribe-y-nadie-hace-nada/ ¿Por qué suben tanto las tarifas de energía en la región Caribe? https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/por-que-suben-tanto-las-tarifas-de-energia-en-la-region-caribe/ En Medios – ¿Qué Está Pasando Con El Servicio De Energía En La Región Caribe? https://www.ccenergia.org.co/en-medios-que-esta-pasando-con-el-servicio-de-energia-en-la-region-caribe/ El círculo vicioso de robo de luz y tarifas impagables en el caribe EL CÍRCULO VICIOSO DE ROBO DE LUZ Y TARIFAS https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-circulo-vicioso-de-robo-de-luz-y-tarifas-impagables-en-el-caribe/ Consumos de energía han incrementado por ola de calor en el Caribe https://www.radionacional.co/noticias-colombia/ola-de-calor-genera-incrementos-en-consumos-de-energia-en-el-caribe

Por: Centro de pensamiento TEJ Oficina Caribe Foto tomada de: Colombia Inteligente Por estos días empieza la discusión a lo largo y ancho del país de los Planes de Desarrollo municipales, distritales y departamentales. Se inicia así una discusión clave para que las apuestas de intervención social y política pública de los mandatarios que fueron elegidos el 29 de octubre de 2023 se materialicen en una serie de programas, proyectos e indicadores. Y en esa discusión no solo deben ser protagonistas las Corporaciones Públicas, es decir, los Concejos y Asambleas; además, la ciudadanía debe velar porque las discusiones se caractericen por su transparencia, por concitar una deliberación verdaderamente pública, y lo más importante, porque recojan las principales problemáticas, retos y posibilidades de las comunidades. Ahora bien, los eventuales Planes de Desarrollo Territoriales deberán articularse, desde una perspectiva de planeación e intervención compartida, con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo -PND- Colombia, potencial mundial de la vida, 2022-2026, que, como uno de sus objetivos centrales, plantea: “impulsar la penetración de energías renovables en la matriz de generación y la respectiva disposición de infraestructura y tecnología avanzada en el sistema energético (DNP, 2023)”. De esta forma, no pueden dejar de lado una de las principales banderas del Gobierno Nacional, que traza, sin temor a exagerar, una de las mayores transformaciones en la historia reciente del país. Porque la transición energética no es el “capricho” del Gobierno -como suelen afirmar sectores de la oposición-, desde su concepción original, es una política de planificación y reconversión energética, sustentable y permanente que requiere de una adecuada articulación a escala veredal, municipal y departamental. Sin la participación de los territorios, la transición energética no tendrá futuro. De ahí que los Consejos, las Asambleas y la ciudadanía que vienen participando activamente en las discusiones que darán vida a más de 1.000 Planes de Desarrollo Territoriales, deban tener presente que desde el PND se habilita a las comunidades para que se puedan constituir en Comunidades Energéticas con la finalidad de generar, utilizar y comercializar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales; así como la diversificación energética a partir de la promoción del hidrógeno, la biomasa, la geotermia, la energía eólica y solar. En el PND se pusieron las primeras cartas sobre la mesa y ya lo que sigue es que ningún municipio, distrito o departamento quede por fuera de las posibilidades que ofrece la transición, siendo este un proceso que va más allá de la voluntad de un Gobierno, porque compromete, sin lugar a dudas, el esfuerzo de varias generaciones. Todos y todas nos debemos sentir convocados en esa apuesta trascendental por la transición energética. Por eso, las discusiones que actualmente se están dando en todos los rincones del país, desde el municipio más grande al poblado más pequeño, representan un importante punto de partida no solo para integrar los objetivos del PND a los esquemas locales de planeación, sino que, además, permiten aterrizar y profundizar las posibilidades de la transición. Porque de algo sí podemos estar seguros, habrá transición energética para rato, y los Planes de Desarrollo Territoriales, como aquellas cartas de navegación que se renuevan al vaivén de los diversos gobiernos cada cuatro años, deberán dar cuenta de ello.