Por: Redacción Pares En Estados Unidos los venezolanos montaron un frente de apoyo a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Creían que sería lo mejor para seguir haciendo presión al régimen de Maduro. Lo que no sabían era que los venezolanos que están en Estados Unidos con un Estatus de Protección Temporal EPT, que suman 348.202 personas, iban a ser expulsados de este país. En el 2023, bajo el gobierno de Joe Biden, consiguieron ese estatus migratorio. El trato que le ha dado Trump a los venezolanos desde el pasado 20 de enero, fecha en la que arrancó su segunda presidencia, ha sido tildado de inhumano. Así lo afirmó este lunes una jueza de un tribunal de apelaciones quien se refirió al traslado de 238 presuntos pandilleros a una megacárcel en el Salvador. La jueza le dijo lo siguiente a la BBC: “ Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí".   Es que el 16 de marzo un avión con doscientos venezolanos aterrizó en El Salvador a pesar de que un juez norteamericano aconsejó a Trump no hacerlo. Bukele, una vez llegaron a El Salvador, informó que los detenidos habían sido trasladados al Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT en donde estarán durante un año.   A esto se suma la decisión de Trump de revocar el Parole, otro permiso migratorio que les había sido otorgado Joe Biden. Los venezolanos en Miami habían sido entusiastas de Trump en campaña. Hubo un suburbio de esta ciudad conocido como Doralzuela en donde la gente se organizó para votar por el candidato republicano. Es justamente de este lugar en donde más gente ha sido deportada. Fue gracias a los venezolanos de la Florida por la que el margen porcentual de la votación de Trump subió 20 puntos entre el 2020 y el 2024.   Un hombre llamado Noel Ginestra vio esta semana como su hermana había sido deportada sin atenuantes. En una entrevista a CNN dijo lo siguiente: “Lo apoyé, pero nos decepcionó que decidiera cancelar el TPS”. En el Doral la comunidad venezolana tiene su base de operaciones en un restaurante llamado “El arepazo”. Allí la preocupación es enorme, nadie se siente a salvo. El TPS también beneficiaba a ciudadanos de 17 países, algunos africanos, como de Camerún y otros del Caribe como Haití. Venezuela era el único país sudamericano en esa bolsa. Se les otorgaba a personas que corren riesgo por su condición política en sus países de origen, por eso es que cada persona que es devuelta a Venezuela corre el riesgo de ser encarcelado por el régimen de Maduro. Tal y como lo recuerda la BBC la TPS contempla cuatro escenarios para que una persona pueda ser cobijado por esta medida, conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para ser recibidos.   Estos venezolanos quedaron en el peor de los mundos. Las últimas medidas demuestran la decisión de Trump de irse con todo contra los venezolanos y el régimen de Maduro. Este fin de semana Trump anunció la imposición de aranceles del 25% para países que les compren gas o petróleo. La estrategia es cercarlos hasta la asfixia.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Tres veces le han cerrado el caso y tres veces se lo han vuelto a abrir. Las tres veces han dicho que Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente, es inocente de haber creado Los doce apóstoles, una organización supuestamente creada en una de sus fincas, La Carolina, en pleno Yarumal. La última vez que afirmaron que el hombre no tenía nada que ver con eso fue en noviembre del 2024. La Fiscalía, que ya no es amiga de la familia, inmediatamente apeló este fallo. Los cargos de los que se le acusa a Santiago son graves, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Hay un testigo de peso en todo esto, un testigo que, como ha sucedido con todos los hombres que han intentado testificar contra los Uribe Vélez, ha sido sistemáticamente calumniado y acorralado.   Se llama Juan Carlos Meneses y fue el comandante de la policía de Yarumal desde 1994. En ese momento los Uribe Vélez ya eran una leyenda en Antioquia. Su hermano mayor, Alvaro, estaba a punto de ser gobernador de Antioquia. Eran cinco los hijos de un tipo muy poderoso, multimillonario, duelo de 26 fincas, llamado Alberto Uribe Sierra quien fue asesinado en extrañas circunstancias en 1983 mientras se bajaba de un helicóptero en las Guacharacas, una de sus haciendas más queridas. En ese operativo, que se le atribuyó durante mucho tiempo a las FARC, resultó herido Santiago. La leyenda uribista cuenta que Alvaro, apenas supo del incidente, voló en otro helicóptero hasta el lugar de los hechos e incluso repelió a los asesinos de su padre a punta de bala, pero nada de esto ha podido ser comprobado. Circularon rumores en Medellín -nunca comprobados- que no fue la guerrilla sino un ajuste de cuentas lo que provocó el asesinato del padre del expresidente pero esto nunca pudo ser comprobado. Políticamente Alvaro Uribe si ha resaltado haber sido una víctima de las FARC.   Meneses se sentó durante años con la rigurosa periodista Olga Behar y contó todo lo que vio en sus años como comandante de la policía en Yarumal. Habló de que en la Carolina, Santiago Uribe prestaba esta espaciosa finca -en donde incluso se criaban toros de lidia, actividad en la que los Uribe Vélez son expertos y fanáticos- para entrenar hombres que conformarían comandos paramilitares. Ese grupo de Yarumal, que, según Meneses, se había hecho no sólo para repeler a las FARC y al ELN, quienes extorsionaban a los hacendados “de bien” de la zona, sino para ejercer labores de “limpieza social” matando a consumidores de droga y potenciales ladrones, se hizo llamar Los doce apóstoles y estaba compuesto por dueños de criaderos de cerdos, comerciantes y hasta por el cura del pueblo que usaba su biblia para guardar su nueve milímetros. A los doce apóstoles, grupo activo desde 1992, se le atribuyen 533 asesinatos. La alianza con la fuerza pública fue fundamental para la expansión de este grupo en 1995 que luego se convertiría en el poderoso Bloque Mineros de las AUC.   Meneses llegó a reemplazar en 1992 al comandante Benavides quien fue sustituido luego de que se comprobara su apoyo a los Doce apóstoles de manera descarada. Una vez asesinaron a un señor de apellido Varela en la hacienda La Carolina. Después de asesinarlo lo pusieron en el capó de un jeep en donde le colgaron el letrero de “extorsionista de la guerrilla” y lo pasearon por todo el pueblo para que la gente entendiera como le iban a los guerrilleros en Yarumal. Tal acto provocó un escándalo y por eso lo destituyeron. Meneses cuenta que uno de los primeros que lo recibió en Yarumal fue Santiago Uribe Vélez, le puso a la orden sus hombres y sus recursos, además de la información que poseían con tal de darles duro a la guerrilla.   Meneses tiene encima una condena de 27 años de prisión por homicidio y lleva más de una década siendo testigo contra Santiago Uribe Vélez. El año pasado ratificó ante la JEP la acusación contra el hermano del expresidente. Los testimonios de Meneses han sido respaldado por otros testigos como el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y un trabajador de la finca llamado Eunisio Pineda Luján.   En la JEP se encuentra una resolución, la 2114 que reza lo siguiente: “Además de esta información conocida por mí y entregada por el Capitán BENAVIDES al momento de recibirle el puesto de Comandante de Distrito,  este dejó en evidencia también una estrecha relación de amistad con SANTIAGO URIBE VÉLEZ y demás ganaderos y comerciantes del sector auspiciadores del grupo de “limpieza social ”.   En el documento queda claro como era la interacción entre la SIJIN y los paramilitares “ El objetivo primordial de generar vínculos con la Policía Nacional era que ellos tuvieran tranquilidad en su actuar delictivo y que sus hombres al cometer los homicidios no fueran capturado s y al final, estos ganaderos, agricultores y comerciantes pudieran tener la tranquilidad que no les iban a ser extorsionados ni secuestrados y así disminuir la actividad delincuencial en la zona”.   Hasta el año pasado Meneses intentaba salir del país, con sus respectivas medidas de seguridad teniendo en cuenta su situación judicial -el homicidio de Camilo Barrientos en Yarumal, en 1994-, para encontrarse con su familia en Venezuela donde se encuentran refugiados debido a las amenazas que le ha implicado a Meneses ser testigo de Uribe Vélez.   La Fiscalía sigue recogiendo pruebas para abrirle una vez más el caso al hermano menor del expresidente. El testimonio de Meneses nunca ha presentado grietas y sigue manteniéndose sólido todo lo que dice. Sólido y coherente.

Por: Redacción Pares El pasado jueves, en medio de una indagatoria al testigo número 16 que se presentaba en el juicio que se le sigue a Alvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, llegó el fallo de la Corte Suprema aceptando la tutela interpuesta por Jaime Granados para suspender el juicio que se le sigue al expresidente, un ataque más que ha recibido la jueza Sandra Liliana Heredia quién ha demostrado imparcialidad durante el juicio. Jaime Granados no podía ocultar su felicidad. La estrategia estaba planteada desde el principio, dejar que se dilate tanto el proceso que llegue hasta el 8 de octubre, fecha de su prescripción. Hay que aclarar que Granados fue quien reformó, en el 2004, el sistema penal acusatorio creando estos vacíos jurídicos en los que se han beneficiado varios de sus defendidos. Toda persona tiene derecho a una buena defensa y por eso vemos que Granados no se deja inclinar por prontuarios tan contundentes como los que lucen algunos de sus defendidos, este es el caso de el ex alcalde Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado por asesinar al asesor jurídico de su alcaldía, al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien en su momento fue condenado -aunque después fue absuelto- por la sangrienta retoma al Palacio de Justicia, o a los parapolíticos Jorge Manzur, ex gobernador de Córdoba, y al ex senador Luis Eduardo Vives.   Granados es un abogado mediático desde hace casi cuarente años. La primera vez que defendió a un famoso fue al presentador Jorge Barón. Por eso sabe cómo moverse en las cámaras. El pasado jueves uno de los afectados por el proceder de Uribe, Iván Cepeda, se quejó de la suspensión del juicio y apuntó a la maniobra de dilatar hasta prescribir. Granados, ante la presión no sólo de Cepeda sino de algunos senadores como Wilson Arias de que, para demostrarle transparencia al país lo mejor es que renuncie al derecho de prescripción, respondió de la siguiente manera, siempre provocador: “Como diría nuestra vicepresidenta, de malas”.   Granados y Uribe son amigos desde 1996 cuando, siendo gobernador de Antioquia, Oscar Iván Zuluaga le presentó a este penalista graduado de la Universidad Javeriana. Desde entonces se convirtió en la voz que lo aconseja, que lo mide, que lo asesora. En la década del noventa vivió varios años en Puerto Rico en donde aprendió de la mano de sus maestros, las reformas que se estrenaban en Puerto Rico y que favorecían siempre al poderoso. Una de esas reformas al sistema penal acusatorio podría favorecer a Uribe, la de la prescripción, la de hacer juicios contrarreloj y si no hay fallo el acusado simple y llanamente sale libre.  Desde el 2004 y de manera ininterrumída ha defendido los intereses del presidente en los casos más espinosos que se le han seguido, como las chuzadas del DAS, la defensa del ex consejero presidencial Bernardo Moreno, y muchos casos más.   A Granados lo unen con Uribe la pasión por los boleros y en contadas ocasiones se han reunido a disfrutar de unos tragos y la música. Desde que lo defiende, hace exactamente veintiun años. Las razones que ha dado Granados para no cobrarle un peso a Uribe por su defensa, que por lo general siempre ha sido exitosa, es que a los próceres de la patria no se les debe cobrar un peso porque él, como colombiano, está obligado a hace patria.   Sólo este martes 25 de marzo sabremos si la apelación que hizo la jueza Heredia pudo destrabar un juicio que cayó en las telarañas con las que Granados acostumbra a enredar a los que van por su cliente estrella y amigo, Alvaro Uribe Vélez.

Laura Bonilla analiza la estrategia de seguridad en Bogotá Por:Redacción Pares En un debate sobre seguridad en Bogotá, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, cuestionó la reciente propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán de crear los Guardianes del Orden , una iniciativa que busca liberar a la Policía de la gestión de conflictos menores—desde disputas entre vecinos hasta problemas de acumulación de basuras. Durante su participación en un espacio de Cuestión Pública , dirigido por el periodista José Marulanda, Bonilla desestimó la medida como un simple ejercicio de mercadeo, una nueva etiqueta para una función que ya desempeñan los gestores de convivencia.   Bonilla fue tajante al señalar que la propuesta no aborda el problema real de seguridad que enfrenta la capital. “Bogotá está registrando un incremento de homicidios que no veíamos en décadas—170 en los dos primeros meses del año—y esto no puede seguir así. Hay un problema de gobernanza urbana del crimen y esto no va a ayudar”, afirmó. Según Bonilla, lejos de fortalecer la respuesta institucional, la estrategia del alcalde corre el riesgo de crear una estructura paralela sin atribuciones claras, más cercana a una fuerza parapolicial que a un cuerpo de apoyo a la convivencia.   “El programa parece diseñado para liberar pie de fuerza, pero termina generando un vacío de funciones y una duplicidad con los frentes de seguridad ciudadana. En el mejor de los casos, es un esfuerzo ineficaz. En el peor, abre la puerta a problemas más graves de coordinación y control”, advirtió Bonilla. Además, la iniciativa no garantiza una reducción en los delitos que afectan el día a día de los bogotanos—hurto, extorsión y homicidio—y deja sin resolver una pregunta clave: ¿estos Guardianes del Orden  reforzarán a la Policía o, por el contrario, se convertirán en otro factor de caos dentro de un esquema de seguridad ya frágil? “Esto es como intentar apagar un incendio con gasolina”, sentenció.   Bonilla también destacó una contradicción preocupante: mientras la administración de Galán impulsa esta estrategia de seguridad, su Secretaría de Seguridad ha tratado el feminicidio—uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres en la ciudad—como un simple asunto de convivencia familiar. “Esto es un retroceso alarmante. Se están desmontando avances logrados por administraciones anteriores en la lucha contra la violencia de género, justo cuando el problema se intensifica”, señaló.   Para Bonilla, el alcalde está apostando por medidas populistas a costa de soluciones reales. “El populismo en seguridad es peligroso porque vende la ilusión de control mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse. No podemos permitirnos más parches cuando está en juego la vida de los ciudadanos, y particularmente, la de las mujeres en Bogotá”, concluyó.   Aquí la entrevista completa para quienes deseen verla:

Por: Redacción Pares Unas dos veces por año suele suceder en la plataforma Netflix que el mundo parece paralizarse para que sólo hablemos de una producción. Esta vez le tocó a una miniserie de apenas cuatro capítulos, filmada con atrevimiento estético, en largos planos secuencias de una hora que exigen que el realizador tenga el control casi que militar de una escena. A pesar de sus complejidades técnicas que retan al espectador de hoy, acostumbrado a formatos como el del realiti, a estar concentrados, a pensar, la serie ha sido un éxito arrollador.    Cuando la forma además tiene un fondo actual, que habla de un problema que está surgiendo en todo el mundo y que hasta hace poco no tenía nombre -o la mayoría de padres no lo conocían- la conección es absoluta. Adolescencia es un clásico inmediato y está número uno en todo el mundo. La trama ha preocupado a cientos de miles de padres que, a pesar de que ellos creen haberle dado el suficiente amor a sus hijos para mantenerlos alejados de la maldad, en el universo de las redes sociales nadie escapa al odio.   No vamos a dar spoilers por si no ha visto la serie. Es cruda, es dura como un puñetazo en el estómago y pone en el tapete el término incels: ¿Qué son? Según la BBC este es un término que se viene usando desde la década del noventa y que describe a los célibes involuntarios, personas que no han mantenido relaciones sexuales a pesar de su intención de hacerlo. Los incels empiezan a crear un odio contra las mujeres porque las acusan directamente de no querer tener relaciones con ellos. Las razones con las que ellos explican el rechazo de las mujeres es porque “ellas quieren dinero” tal y como lo han explicado en foros que mantienen entre ellos “porque son materialistas” y justifican su fracaso sexual afirmando que las mujeres son proclives a la promiscuidad.   El primer Incel reconocido se hacía llamar Alana y tenía un blog que tituló El proyecto de Celibato involuntario de Alana. Esto ocurrió en 1997. Desde entonces se han creado más de 13 mil foros activos en donde el tema es sólo uno: el odio a las mujeres.   Así lo asume el protagonista de Adolescencia, James Miller, un británico de 13 años que no es capaz de asumir un no como respuesta por parte de la chica que le gusta. Stephen Graham, quien escribió, produjo y protagoniza esta película se basó en un caso real para exponer una realidad que afecta a miles de hogares en el mundo. Lo cierto es que no son tiempos fáciles para educar a un hombre. La misoginia, que tiene a sus máximos exponentes en dirigentes con alta influencia como Donald Trump, presidente de Estados Unidos o el argentino Javier Milei, es un tema que se impone en redes sociales. Los ataques a mujeres crecen y el odio hacia ellas también. El estreno este fin de semana de la nueva versión de Blancanieves vino de la mano de una polémica enorme centrada en la apariencia de la protagonista, juzgada por muchos como “fea” o “demasiado latina”.   Hay que recordar que los incels suelen pasar de expresar su odio hacia las mujeres en redes sociales a salir a la calle y empezar a asesinar. Así sucedió precisamente en el norte de Inglaterra y el protagonista fue un reconocido “incel” llamado Jake Davidson quien asesinó a cinco mujeres.   Adolescente es un éxito porque logra conectar con una situación cada vez más real: la misoginia cabalga en los lomos de la ascención de la ultraderecha.

Por: Laura Bonilla La política colombiana no se entiende sin los operadores. A veces son funcionarios electos, a veces no. Si están en el escalafón más alto del sistema serán senadores o ministros; los más avezados no necesitan figurar. Su rol no es conquistar a la opinión pública, sino garantizar que la maquinaria nunca se detenga. Y la maquinaria, al final, es el arte de traducir plata, contratos, favores y puestos en votos. Hace años, algunos analistas y politólogas acuñamos el término para describir a esta figura clave que se mueve con fluidez entre partidos, ideologías y gobiernos. La expresión caló porque refleja una realidad ineludible: en Colombia, ningún presidente ha llegado al poder sin operadores políticos. Ni siquiera Gustavo Petro. En buena parte del país, no son los partidos ni las campañas los que definen el resultado, sino la capacidad de estos intermediarios para negociar burocracia, votos y alianzas. Cargan con la logística electoral, los fondos de campaña y los riesgos de la compra de votos. Son, en esencia, empresas unipersonales que hacen lo que antes hacían los partidos políticos. Han estado en todos los gobiernos, sobreviviendo a crisis y cambios de lealtades. Armando Benedetti es el más famoso en este gobierno, pero cada uno tuvo los suyos. La ñoñomanía, la musapolítica  y todas sus variantes no son más que etiquetas para lo mismo de siempre. Mientras los políticos van y vienen, ellos permanecen. Son, parafraseando una expresión anglosajona, los hacedores de reyes. Y saben exactamente cuánto valen. Pero ser un buen operador no es para cualquiera. Hay reglas no escritas, códigos que garantizan la permanencia y la rentabilidad en el oficio. Para quienes aspiran a dominar este arte, aquí va un decálogo imprescindible. 1. Un buen operador sabe su lugar. Nunca pretenderá ser o verse más que el líder (o lideresa) en cuestión. Un operador exitoso sabe que está detrás del poder y que un paso al frente le puede costar, a él y al líder de turno, grandes problemas reputacionales. Un operador debe moverse en las sombras, pero su nombre debe sonar en todas las mesas de negociación. No necesita estar en la foto oficial, pero cuando alguien pregunte ¿quién arregló esto?, la respuesta debe ser inequívoca.   2. La lealtad no se improvisa, se negocia. El buen operador sabe que la lealtad es un valor al alza en el mercado y se encarga de venderla en consecuencia. Sabe, por tanto, que es el fusible que se quema y que correrá con esos riesgos en caso de que se necesite un sacrificio. Pero valdrá la pena. 3. El partido es un pretexto, no una identidad. Tener partidos políticos colectivos donde hay que negociar posturas, ideologías y demás, significa doble trabajo. En la medida de lo posible, el operador tendrá un partido propio donde él tome todas las decisiones y, por ningún motivo, deje de ser el jefe. La ideología es lo de menos. Los mejores operadores colombianos han sido liberales, conservadores, uribistas, y si la coyuntura lo amerita, hasta progresistas. Lo importante no es la ideología, sino la operabilidad. 4. Gobernar con los amigos no es nepotismo, es eficiencia. El mantra del buen operador es simple: “uno gobierna con los suyos”. No hay tiempo para experimentos meritocráticos ni concursos de méritos. Si alguien debe ocupar un puesto clave, que sea alguien que ya te deba favores y que, por supuesto, esté dispuesto a pagarlos. Ubicar la burocracia correcta, en el gobierno que sea, es una virtud que solo los amateurs desprecian. 5. Caer bien es una inversión estratégica. El operador político nunca cae mal. Puede ser amable o irreverente, culto o callejero, sofisticado o campechano, pero siempre debe generar cercanía. El carisma utilitario debe permitirle siempre hablar con todas y cada una de las vertientes políticas. Siempre debe tener un amigo en cada sector y, para ello, debe estar dispuesto a tejer una red de favores lo más amplia posible. Invertir en favores es invertir en el futuro. 6. No hay operador pobre. Si después de dos gobiernos un operador sigue siendo clase media, algo hizo mal. La política no es solo poder, es movilidad social. El buen operador nunca depende de un solo ingreso: tiene negocios paralelos, financistas estratégicos y siempre, siempre, un contrato esperando en algún ministerio. El lobby es el negocio más rentable en Colombia, y mejor aún si es en efectivo: menos impuestos, más libertad. 7. Todo se vende, todo se compra. Favores, cupos, contratos, avales. Nada está escrito en piedra y todo puede cambiar si la oferta es la correcta. ¿Moralidad? Claro, pero solo la suficiente para no levantar sospechas. Al fin de cuentas, es el sistema político. Sin ello, no se gana (ver el punto 6). Hay que recordar que hay muchas formas de pago. En un país donde la única forma de entrada al Estado es la recomendación política, todos y todas debemos al menos un favor. Nadie puede levantar la primera piedra. 8. Los votos no se improvisan, se construyen. Un operador no gana elecciones, las garantiza. Cada votante que debe un favor, cada líder comunal que recibe una llamada en el momento adecuado, cada candidato presidencial que sabe que sin ellos no llega a segunda vuelta, hace parte de la operación. Pero también el operador sabe que, en la mayoría de las regiones, la gente no vota sin transporte, logística y alimentación. Después de todo, lo único que muchas comunidades reciben del Estado es lo que el operador esté dispuesto a entregarles. 9. Si caes, caes solo. En política, el operador es un fusible reemplazable. Si las cosas salen mal, los grandes nombres lo sacrificarán sin dudarlo. Por eso, se cobra por adelantado. 10. Los reyes gobiernan, pero los operadores los hacen. La historia la escriben los vencedores, pero la diseñan los operadores. Los presidentes cambian, los ministros van y vienen, pero el operador sigue ahí, moviendo los hilos. Mientras los políticos de opinión gastan todos sus recursos en engancharse en peleas, redes y escándalos mediáticos, el operador sabe que su estructura está intacta. Y cuando llegue la hora de la verdad, siempre sabrán a quién llamar. Si, llegado al punto 10, usted se sintió incómodo o incómoda, sepa que yo también. Nuestro sistema político informal, en la sombra, es lo que es porque, independientemente del nivel de involucramiento, abarca a la mayor parte de la sociedad. Es cínico negarlo, porque esta forma de ejercer la política no solo perpetúa privilegios, sino que también ha sostenido la violencia en el país y, probablemente, seguirá siendo el centro de la política colombiana por años. Pero sería igualmente ingenuo pensar que la política de influencers e indignados será diferente: un cambio de discurso no es un cambio de sistema. Esta conversación, que no pudo resolverse con una u otra reforma política—porque las reformas tocan el sistema formal, no el informal—, pasa por reconocer la realidad sin cinismo, pero también por decidir si nos conformamos con ella o la enfrentamos de verdad.

Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación El 13 de enero del 2025 Federico Gutiérrez ordenó borrar un mural en donde se le hacía un homenaje a las madres que duraron décadas buscando la verdad sobre lo que les había pasado a sus hijos. Una de ellas era Margarita Restrepo. Su hija, Karen Vanessa Restrepo, está desaparecida desde el 25 de octubre del 2002, unas semanas después de que Alvaro Uribe, como presidente de la república, ordenara la retoma de la Comuna 13 en la llamada Operación Orión. Como parte del caos de un país en conflicto, milicias urbanas del ELN se habían tomado ese sector de Medellín. Uribe, y su entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, ordenaron apagar con fuego el incendio. Está probado que Orión fue una de tantas operaciones en donde la fuerza pública se unió con los paramilitares para conseguir un fin. Fueron dos noches en las que nadie durmió en la Comuna 13. Los sobrevuelos de helicópteros, la gente sacada de sus casas, los gritos, los disparos y luego el silencio, los encapuchados vestidos de militar dando órdenes en sus calles.   Para el 25 de octubre de ese año Don Berna era el dueño de la Comuna 13. Ese día desapareción Karen Vanessa Restrepo. Desde ese día empezó una búsqueda incansable. En algún momento hasta dudó de su salud mental de tantas veces que le repitieron que estaba loca. Y se lo decían sicólogas, abogadas que tenían prestigio. ¿Cómo no dudarlo si ellas ni siquieran habían pisado una universidad? Porque Margarita no estaba sóla en su búsqueda. Luis Elena Galeano, por ejemplo, busca a su esposo, Luis Javier Laverde Salazar, desde el 9 de diciembre del 2008. Lo único que se supo de él es que unos hombres lo bajaron de un bus mientras regresaba a su casa.   Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación Las madres, hermanas, esposas, señalaban la Escombrera, afirmaban que debajo de esas toneladas de concreto estaban sus seres amados, buscados. Y las mujeres se unieron e iban cada día, con la foto del ser amado, a hacer guardia. Eran grupos de diez. Incansablemente, durante 13 años hasta que en el 2015 el Estado reconoció oficialmente que había que hacer una búsqueda en la Escombrera.   En Colombia la historia va en el caparazón de un caracol. Todo va lento, sobre todo cuando se trata de hacer justicia. En diciembre del 2024 la JEP encontró los primeros cuerpos en la Escombrera. Por el lugar donde estaban los orificios por donde entraron las balas se podría pensar en que fueron ejecutados. Se determinó que llevaban enterrados veinte años. Se formó toda una polémica entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP. Aún no se han revelado oficialmente los nombres, las identidades, lo único cierto es que las cuchas tenían razón. Alborozados los jóvenes de la ciudad quisieron homenajear a las señoras que, gracias a su persistencia, pudieron ser escuchadas. Hicieron un mural pero Federico Gutiérrez simple y llanamente decidió borrarlo lo que despertó el efecto contrario: por querer borrar la memoria buena parte del país quería saber más sobre Margarita Restrepo y las madres que lo han dado todo para saber la verdad. Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación   En esta entrevista Margarita Restrepo habla a fondo de sus años de búsqueda y no puede evitar dedicarle unos minutos al actual alcalde de Medellín quien está intentando hacer política con su dolor y el de los más de cien desaparecidos que posiblemente permanezcan debajo del concreto.

Por: Redacción Pares-Enlace territorial Catatumbo El 7 de febrero del 2025 el presidente Gustavo Petro decididó televisar un consejo de ministros que, para muchos de sus integrantes, sería el último. Con un informe detallado, hecho por Armando Benedetti, su nuevo jefe de despacho en ese momento, le endilgaba la responsabilidad del fracaso de varias de sus políticas banderas a sus asesores más inmediatos. Al regaño se sumaba la indignación que generaba que Benedetti, una figura que no tiene nada que ver con el progresismo y sobre la que pesan varias acusaciones de maltrato de género, estuviera sentado al lado del presidente. Estos encontronazos generaron la salida de varios ministros como el de cultura, Juan David Correa o la de ambiente, Susana Muhamad, además de la del director del DAPRE. En su afán por defender a Benedetti Petro también se fue con todo contra algunos de sus funcionarios más leales como Gustavo Bolívar. Lo que pocos recordaban era la razón de ser de ese consejo: hablar de la crisis que afectaba y sigue afectando al Catatumbo.   A partir de allí no sólo los medios tradicionales sino también el gobierno decidió pasarle página al capitulo y poner otro tipo de agendas. Pero el conflicto sigue vivo. La guerra entre el ELN y el Frente 33 de las FARC sigue causando muertos y desplazamientos. Según el boletín número 53 sacado desde el PMU del Catatumbo, con corte al 17 de marzo del 2024 -60 días después de que empezaran los conflictos- este es el balance de víctimas: 86 homicidios, de los cuales siete son firmantes de paz, 3 líderes sociales, 72 particulares y cuatro menores de edad. Los firmantes también tienen 6 de sus miembros desaparecidos.   Hay 58.052 desplazados, de ellos 30.093 están en Cúcuta. Al principio de la contingencia el epicentro de las ayudas que recibían estas personas era el estadio General Santander, conforme han pasado los días estas han sido repartidas en algergues, algunos improvisados en carpas como el del Trigal del Norte, en donde la gente sufre por la inclemencia climática, 12.081 están en Ocaña, una de las grandes ciudades que colindan con el Catatumbo. Los niveles de confinamiento también son preocupantes. Son 19.468 las personas que no pueden salir de sus casas en el Catatumbo. Su capital, Tibú, tiene el 48% de confinados con 8.510. Teorama cuenta con 6.000 confinados y El Carmen con 3.750. Se han entregado a la justicia de manera voluntaria 157 personas. Sólo del ELN se han entregado tres de sus miembros.   Las últimas noticias que llegan desde el Catatumbo gracias a nuestros enlaces territoriales hablan de una contraofensiva del frente 33 de las FARC en donde han podido recuperar algunas de las zonas que le quitó el ELN desde el 15 de enero. Este fortalecimiento del 33 tiene que ver con el apoyo que han recibido de otras disidencias que operan en el Magdalena Medio y Antioquia. El foco de los enfrentamientos se han centrado en el corredor terrestre entre Versalles y el kilómetro 19 vía Tibú. En este ataque ocurrido el pasado 19 de marzo se registraron tres personas muertas. A la ofensiva del frente 33 se suma la acción del ejército quien le ha venido propinando golpes al ELN. El ejército también se ha ido contra las disidencias FARC. El pasado jueves le incautaron un considerable arsenal de guerra.   En la contraofensiva del frente 33 de las FARC los civiles también se han visto afectados. El pasado 19 de marzo el enlace territorial de esta fundación en el Catatumbo informó la retención de un líder comunitario de Ascacamcat.   El ELN ha respondido a través de ataques con francotiradores. De esta manera asesinaron a soldados a finales de febrero en zona rural de Teorama e hirieron a otro uniformado en la base militar de la Esmeralda, municipio de Convención. También se registró el 14 de marzo el asesinato de dos hombres en el área urbana de Tibú. El ELN estaría detrás de la serie de asesinatos selectivos que se están dando en las últimas semanas en este municipio.   Es bueno recordar el hecho de violencia más escabroso que ha sucedido en el Catatumbo y que fue el disparador de este nuevo capítulo de guerra.   Se llamaba Miguel Angel López. Con su familia había creado hace cerca de una década una funeraria llamada San Miguel. La tenían en Tibú, corazón del Catatumbo. Desde comienzos de la década del noventa cuando las FARC llegaron a orillas del río que lleva el nombre de la región, con el fin de controlar las rutas de la coca, un negocio lucrativo que dejaba 36 millones de dólares trimestrales a esa guerrilla, los cadáveres suelen aparecer a lado y lado de las vías, flotando en el agua, arremolinados en sus propias casas. La arremetida paramilitar de finales de los noventa no trajo sino más muerte, más desolación. Por orden de la casa Castaño y de Mancuso se creó el Bloque Fronteras para instalarse en La Gabarra y Tibú y controlar los laboratorios y las rutas. Sacárselos a las FARC. En 1999 hicieron decenas de masacres pero las peores, las más contundentes fueron las de Tibú y la de la Gabarra en donde los muertos se contaban por decenas. La funeraria de López fue la que muchas veces, sin cobrar nada, le daba sepultura a los muertos que se agrietaban tirados al sol, sin dolientes, sin paz ni siquiera después de la muerte.   Desde entonces el Catatumbo y su gente no han parado de tener miedo. Los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y Rodrigo Londoño, máximo comandante de las FARC, trajo por unos años algo parecido a la tranquilidad, a la esperanza. Pero no se implementaron bien los acuerdos en el cuatrenio que mandó Duque. La paz se hizo trizas. Además el Estado fue incapaz de copar el terreno dejado por los ilegales. En el 2024 la cifra de muertos se disparó: fueron 514 las personas asesinadas. Pero se sabía que desde cualquier momento volvería el horror en todas sus dimensiones. La orden del COCE había sido, desde agosto del 2024, empezar a darse plomo con las disidencias FARC que están comandados por Andrey Avendaño. En el Catatumbo todos se conocen, hay empatía, incluso entre bandos. Por eso el Comando Central del ELN, según versiones que han circulado desde enero, ordenó el traslado de hombres desde Arauca para Norte de Santander y así poder usar el gatillo sin tanta mente. Este traslado de hombres se ha confirmado y se teme que el canal por el que se movieron hubiera sido por Venezuela.   En enero se instalaría la muerte. El ELN empezó a llegar a las casas de los firmantes de paz, tumbaban la puerta, los sacaban y los mataban. Y entonces otra vez la gente salió de sus casas como en la época de los paras. Dos meses y medio después se cuentan por más de ochenta mil las víctimas entre desplazados, confinados y asesinados.   Pero lo peor fue lo que le pasó a la familia de Miguel Angel López. Miguel Ángel López tenía una funeraria en Tibú, Catatumbo pleno. En el 2024 fueron asesinadas 515 personas en esa región. En la última semana es probable que los muertos se cuenten por docenas. Son muchos y algunos no se pueden enterrar. Los dejan en la vera del camino hasta que el sol los ponga verdes. El ELN manda y el desobediente las paga, dicen con los puños cerrados. López no hizo caso. López sacaba su carro fúnebre y se llevaba a los muertos y los embalsamaba y los sepultaba. El jueves pasado mientras iba con su esposa, Zuley Duran y sus dos hijos por la vereda Las Sillas, zona rural de Tibú, los detuvieron y les dispararon. Miguel, Zuley, y su hijo de 10 meses murieron ahí, en el carro fúnebre con el que se ganaban la vida. Al hijo mayor no le pasó nada.   En Bogotá esta historia se conoció en su momento. La indígnación duró poco. Ahora Catatumbo sigue olvidada, un punto más en el mapa manchado de rojo. El 20 de febrero el ELN atacó con todo a Villa del Rosario y a un peaje en plena frontera con Venezuela. Se le volvió a pedir ayuda al presidente quien ha desplegado fuerzas especiales del ejército a este lugar de conflicto y ayuda material a sus víctimas. Pero se necesita algo más, por ejemplo un concejo de ministros en Tibú, algo que les ayude a recordar a los colombianos que en el Catatumbo la guerra sigue ardiendo.

Por: Redacción Pares Los paramilitares movieron su maquina de muerte gracias, en parte, a la financiación que recibieron por parte de algunos empresarios o de multinacionales como Chiquita Brands. Sobre esta última la justicia norteamericana la ha condenado dos veces por financiar paramilitares. Pero en Colombia 10 de sus empresarios están a punto de salvarse a pesar de haber pruebas contra ellos. Todo porque el próximo 17 de septiembre el caso prescribirá. La estrategia de la defensa de estos empresarios ha sido la de dilatar al máximo el juicio que se les sigue. Por eso la fundación Forjando Futuros en cabeza de su lider, Gerardo Vega, están llevando una campaña para que impunidad no gane en este caso. Las víctimas serían las principales perjudicadas. Pero, recordamos de qué se trata el escándalo de Chiquita Brands.   Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron la United fruit company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca donde nació un premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos.   La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no sólo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad su perniciosa influencia se vio no sólo en el país sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa norteamericana en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en el 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización, Carlos Castaño. Recientemente Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda.   La noticia pintaba muy buena para las víctimas en Colombia. 16 demandantes habían obligado a pagar a la multinacional bananera 38 millones de dólares. Eso abría una puerta para que cientos de colombianos que habían sido víctima de despojo, desplazamiento y asesinato pudieran cobrar una jugosa tajada de indemnización. Una inyección económica que recibiría uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia. El cálculo que se hizo en el Reporte Coronell del pasado 26 de junio era claro: si las víctimas de Chiquita en Colombia recibieran una indemnización parecida a la que recibieron los 16 demandantes del fallo de West Palm Beach llevarían a la empresa a la bancarrota. Tendrían que pagar 16 mil millones de dólares.   Es acá donde aparece la figura del abogado Paul Wolf. Hace unos años este norteamericano logró ser el apoderado de 2.000 demandantes contra Chiquita Brands y les prometió hacerles justicia. Al parecer jugaba doble y se convirtió, según el Reporte Coronell en “el as bajo la manga” de la multinacional bananera. El pasado viernes 21 de junio apareció con un plan para resolver el problema de 2.500 demandas contra Chiquita. Según el abogado Pablo Rueda esto que presentó Wolf no es propiamente un acuerdo, para que sea, debe ser aceptado por las víctimas. En este plan las víctimas deberán aceptar, apenas, cinco millones y medio de pesos por persona asesinada.  Esta plata debe repartirse entre todos los dolientes del fallecido. Para esto realizó una compleja maniobra jurídica.   Esto le permite a Chiquita Brands pasar de pagar una multa que sobrepasaría los 4.000 millones de dólares a poco más de tres millones. Esta es una verdadera infamia. Las víctimas podrían apelar pero el argumento que les dará el abogado Wolf es que es mejor aceptar esa plata a seguir esperando una indemnización que se tardaría años en llegar. Esta decisión sólo afectará a las 2.000 personas que le dieron el poder a Wolf para ser representadas. Las otras deberán seguir luchando por la justicia.

Por: Redacción Pares La estrategia de Jaime Granados es más que clara: dilatar el juicio que se le lleva al expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos hasta que el caso prescriba el próximo siete de octubre. El método esta vez fue entutelar a la jueza Sandra Heredia. Desde comienzos de febrero el experimentado abogado intentó anular a la jueza quien ha demostrado en todo el juicio una imparcialidad que resultó siendo incómoda para el expresidente y su defensa. La tutela fue declarada como improcedente pero este 20 de marzo, mientras declaraba Fabio Rojas, abogado y exintegrante de la UTL de Alvaro Uribe en el Congreso, el juicio se interrumpió por este fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia: “Precisar que el proceso penal con radicado (...) que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez queda suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación”.   Rojas era el testigo número 16 que ha prestado declaración en el juicio que se le sigue al expresidente. En él han declarado personajes como el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien dio declaraciones explosivas como afirmar que sin la ayuda de las AUC la Seguridad Democrática, una de las banderas del gobierno Uribe, no habría sido tan efectiva.   Una vez se conoció el fallo de la Corte la jueza Heredia ordenó suspender el juicio de manera inmediata. El fallo llegó vía correo electrónico. Los que seguían la transmisión vía streaming vieron como la jueza leía lo siguiente: “Debo poner en conocimiento que en este momento está llegando una providencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde  revocan la decisión de primera instancia de una acción de tutela y me ordenan dar trámite a la recusación  en un término improrrogable de 48 horas”   Así que Heredia tendrá dos días para enviar el caso a su colega, el juez 45, quien deberá determinar si la tutela es improcedente o no. Con esto la defensa de Uribe se anota un gol de significativa importancia. Cobijado por el sistema penal, Granados y su defendido claramente le han apostado a la figura de la prescripción del caso. Es decir, si el próximo 8 de octubre no hay fallo en el juicio el expresidente saldrá completamente libre de culpa. El proceso judicial contra Uribe arrancó el 8 de octubre del 2019. En ese momento era senador y tuvo que renunciar a su investidura para que lo juzgara la Fiscalía. En ese momento el fiscal era Francisco Barbosa, íntimo amigo de su pupilo Iván Duque quien era el presidente de la república.   Personajes de la vida política nacional como el congresista Wilson Arias le han pedido al presidente que, si es inocente y quiere limpiar su nombre, renuncie a la figura de la prescripción y enfrente a la justicia de frente. Uribe no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que Granados en este momento se está frotando las manos.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Si, existen testimonio arrasadores sobre el Holocausto. El documental Noche y Niebla le mostró al mundo el horror que desataron los nazis. El realizador francés Alain Resnais, once años después de que los soviéticos descubrieran Auschwitz, abre el ojo del mundo y enseña las montañas de cadáveres, los rasguños en el techo, los pelos apilados en montículos, las latas de Zyklon vacías. Noche y niebla es el decreto por el que el Tercer Reich convirtió en política el exterminio de judíos. En apenas 32 minutos Resnais arrasa contra los negacionistas. ¿Cómo volvemos a creer en la civilización después de esto? Noche y niebla la pueden encontrar en la plataforma de Mubi    Otro francés, el exhaustivo Claude Lanzmann recogió testimonios de los sobrevivientes de los campos de exterminio y sin mostrar una sóla imágen de archivo nos regresa al infierno en Shoah, un megalito de diez horas. Este no sé donde se puede ver completo. Ninguna de las plataformas en Colombia lo ofrecen.   Fuera del circuito del cine comercial se ofrecen películas realmente significativas como El hijo de saúl o la inigualable Zona de interés, que se puede ver en nuestro país por Prime Video. Pero sin duda las dos películas fundamentales sobre el holocausto filmadas en Hollywood son la Lista de Schindler y El Pianista. Ambas, hasta diciembre del 2024, las podíamos ver en Netflix. Ya no están.   La primera de ellas fue realizada en 1993 por Steven Spielberg. Era un proyecto que estuvo a punto de realizar Stanley Kubrick pero su ambiciosa producción quedó varada como los ejércitos alemanes en el invierno ruso. Spielberg era resistido en ese momento por la crítica especializada. Creador del blockbuster con Tiburón en 1975, era visto como un cineasta de masas -como si Eisenstein no lo hubiera sido- y con mucha desconfianza creían que no iba a estar listo para un reto de ese tipo. Con un presupuesto de 22 millones de dólares Spielberg demostró su eficacia, recaudó 323 millones de dólares en todo el mundo y puso a hacer fila en el cine a jóvenes que jamás habían escuchado hablar del Holocausto. Sus tres horas y media no fueron un impedimento para que se convirtiera en un acontecimiento de multitudes. Ojalá el conflicto colombiano pudiera tener un narrador con la solidez de Spielberg para que no se nos olvide jamás la sangre que ha caído sobre esta tierra martirizada.   Entre los numerosos aciertos de la película se cuenta la elección de usar cámara al hombro, lo que le da a la película un tono documental que la hace aún más terrorífica -esto no sólo pasó, sino que está pasando, piensa el espectador- y un casting poderoso en donde descubre a dos estrellas que aún, tres décadas después, están muy vigentes: Liam Nesson y Ralph Fiennes.   Nueve años después Roman Polanski, quien era un niño polaco de 9 años cuando su madre murió en el campo de exterminio de Auschwitz, contó la historia de Wladyslaw Szpilman, quien en 1939 era considerado el intérprete más preciso de Chopin que eso, para un polaco, es como ser rey vallenato. Sus conciertos los transmitía en directo la radio polaca pero, apenas llegaron los nazis a Varsovia, todo se derrumbó para él. Sus padres fueron exterminados en campos de concentración y él pudo huir de ese horror refugiándose en una Varsovia completamente arrasada. Los recuerdos de Szpilman y los del propio Polanski se amalgaman en esta película monumental.   Como todos saben Polanski no sólo es un genio sino que también es un monstruo. Fue condenado por violar a una niña de 13 años en la casa de Jack Nicholson. Jamás pudo volver a los Estados Unidos desde su fuga en 1977. Aún así la academia le dio el Oscar en el 2002. Esta joya estuvo en Netflix hasta el pasado viernes. ¿Cuándo volveremos a ver estas películas? ¿Será que serán tragadas como nosotros en el río del tiempo?

Por: Nicolás León Rodríguez El 2025 no ha sido un buen inicio de año en materia de seguridad para Bogotá. De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, es decir, 10% más que en 2024, situación que ya venía en aumento cuando se evidenció un incremento superior al 11%. Otros delitos como la extorsión (3,9%), el secuestro (125%) y las lesiones personas (8,2%) también continuaron en aumento. El crimen gana terreno en Bogotá Al menos desde el 2019, la Defensoría del Pueblo ha venido alertando de manera reiterada la expansión y fortalecimiento de grupos de delincuencia organizada en Bogotá (Defensoría del Pueblo AT 023 – 19; 046 -21; 010 -21; 004 – 2024). Estas alertas evidencian la reaparición de acciones violentas de grupos desarticulados, la exacerbación de los reportorios de violencia por parte de estos para el control territorial y el control de las rentas ilegales y la consolidación de los santuarios criminales. Asimismo, la consolidación de gobernanzas criminales a través de los que se ejerce control de la vida de los pobladores en localidades como Mártires, Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Suba, Kennedy Bosa, Ciudad Bolívar entre otras. Asimismo, en estos documentos se alerta sobre la utilización de repertorios de violencia que generan mayor impacto en el orden público de la ciudad. Es el caso de los hallazgos, incautaciones y/o activaciones de artefactos explosivos, los cuales se utilizan como muestra del interés de estructuras armadas demostrar el poder han ganado estos grupos en la capital (AT 004-24). Extraído de Defensoría del Pueblo. AT 004-24. En consideración, los recientes hechos de activación de artefactos explosivos en el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe ya habían venido siendo advertidos como parte de una dinámica de expansión de los grupos que hacen presencia en las UPZ La Sabana y Santa Isabel (en los Mártires) y Las Nieves y Sagrado Corazón (En Santa Fe), zonas aledañas a este barrio. En este sentido, es importante destacar la ubicación geográfica de San Bernardo como corredor estratégico para los barrios del sur al norte de la ciudad, así como un expendedor de estupefacientes para los barrios del centro y oriente de la ciudad. Los homicidios, por su parte, se han concentrado en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme y Santa Fe. Localidades estratégicas en las que organizaciones como Tren de Aragua, Los Camilos, Los Paisas, Los Venecos, Los Costeños, entre otras tienen presencia presencia y control territorial. En tal sentido, la evolución de la amenaza de las organizaciones delincuencias en la ciudad viene en aumento. Por un lado, por la intención de expandirse y controlar corredores estratégicos para la captación de rentas ilícitas, por otro, por la utilización de repertorios de violencia cada vez más cruentos que les permitan ganar ese control. ¿Incendiar el tablero? La estrategia de Galán  “ Implementar 125 Acción(es) conjuntas de intervención en áreas identificadas como críticas por la presencia de estructuras criminales ” es una de las macrometas del plan de gobierno “Bogotá Camina Segura”. Esta meta resume el accionar de la Alcaldía conntra de las estructuras delictivas en los últimos meses: intervenir en puntos estratégicos en donde se focaliza las actividades delincuenciales de estas organizaciones. Operativos, capturas, incautaciones. Hacer sentir que la institucionalidad manda. De acuerdo con el Alcalde Galán, en los últimos meses se han incrementado este tipo de intervenciones. El hecho más reciente intervención se dió en el barrio María Paz el pasado 17 de marzo, pero también destacan el gran operativo hecho en el barrio San Bernardo hace apenas una semana. Los problemas con este tipo de intervenciones son básicamente dos: por un lado, las respuestas por parte de las organizaciones pueden generar picos o nuevos ciclos de violencia; por otro, a costa de este riesgo, los resultados no son necesariamente efectivos si no están acompañados de una acción integral. Según la misma Alcaldía estas intervenciones habrían ocasionado la activación de artefactos explosivos en estas localizaciones. Desde Pares , ya se había alertado sobre la utilización de estos artefactos en 2024 en barrios como Claret en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el oriente de la ciudad en la Av. Circunvalar y en el barrio El Amparo y el barrio María Paz en la localidad de Kennedy. La mayoría de estas zonas habían tenido intervenciones de la Alcaldía con anterioridad. En entrevista con El País América,  el Secretarío de Seguridad Cesar Restrepo, reconoce los posibles efectos que tienen este tipo de intervenciones: “Hay dos formas de bajar la tasa [de homicidios]: acordar con los criminales para que no sean violentos [a cambio de dejarlos mantener sus negocios delictivos] o desmantelando el crimen, golpeándolos.  Nosotros no vamos a hacer acuerdos criminales, así que fuimos a la ofensiva ”. En tal sentido, barrios como San Bernardo, Santa Fe, Las Nieves, y otros barrios aledaños que asisten a la reconfiguración del control territorial por parte de estructuras criminales y de captación de rentas ilegales, se les suma las intervenciones recientes de las Alcaldías, generando un escenario que predispone el recrudecimiento de los repertorios de violencia. Asimismo, es necesario enfatizar que aunque se dé en el contexto de una competencia criminal, las víctimas no son únicamente pertenecientes a estas organizaciones. Contrariamente, la población de los barrios suele convertirse en escudo o ser fácilmente instrumentalizada por parte de los grupos, generando mayor riesgo de victimización. Desde el año 2019, la Defensoría lo ha venido alertando sobre esto en el contexto bogotano: “Este escenario complejo insta a las autoridades a evaluar los impactos de sus acciones para no aumentar la vulnerabilidad de la comunidad que habita, trabaja o visita estas localidades” (AT 046 de 2019). Por otro lado, aunque las intervenciones llegan a desestabilizar el desarrollo de la actividad delictiva, no garantizan una pérdida sobre el control de los negocios ilícitos por parte de estas organizaciones. Todavía más en barrios y cuadras de la ciudad que poseen un férreo control por parte de las organizaciones delincuencial. Para no ir tan a lejos, a casi un año del megaoperativo en Kennedy en el que participaron más de 500 uniformados de Policía , 90 hombres del Ejército , acompañados de helicópteros, drones y vehículos militares, realizaron numerosas incautaciones de estupefacientes, objetos cortopunzantes, armas de fuego y artefactos explosivos. Al día de hoy, María Paz y El Amparo, continúan siendo nodos de la criminalidad en la ciudad. En tal sentido, vale la pena preguntarse si desde el Distrito está haciendo uso de herramientas suficientes para la recuperación del control en estas zonas, o por el contrario (y como ocurre en El Amparo), a pesar de las intervenciones las organizaciones conservan su capacidad de para gobernar allí. Cabe mencionar igualmente, que el plan de Gobierno estipulo como meta la reducción de la tasa de homicidios a 8 puntos. lo que se traduce en reducirlos casi a la mitad de lo reportado en 2024 (15.1). En vista de lo expuesto en la estrategia de Galán, este objetivo parece cada vez más difícil de alcanzarse. Finalmente, durante 2025 la Alcaldía ha afirmado que se meterá de lleno con la recuperación del espacio público, sin embargo, no es clara la ruta a seguir luego de desarrollarse este tipo de intervenciones. Si se trata de una suerte de acontecimientos esporádicos, como ha sucedido en el barrio María Paz, o efectivamente hay una estrategia que permita acompañar la intervención policial para que las demás instituciones lleguen de manera integral a estas zonas. Hasta el momento, y con las consecuencias referidas, la criminalidad continúa aventajando a la Alcaldía de Galán.